Diez historiadores rebaten los mitos del “revisionismo” profranquista

Rechazan los argumentos utilizados por Stanley Payne y Jesús Palacios en “Franco. Una biografía personal y política”


Una onda de revisionismo historiográfico recorre Europa. Pretende modificar las interpretaciones con las que tradicionalmente los historiadores han explicado los regímenes nazi-fascistas. En el estado español forma parte de esta corriente el libro de 800 páginas del historiador Stanley Payne y el periodista Jesús Palacios, “Franco. Una biografía personal y política”, editado en 2014 por Espasa. Para contrarrestar las ideas de este volumen, diez especialistas, coordinados por el historiador y economista Ángel Viñas, han publicado en la revista digital de Historia Contemporánea “Hispania Nova” un número extraordinario titulado “Sin respeto por la historia. Una biografía de Franco manipuladora”. La edición de esta réplica coincide con el 40 aniversario de la muerte del dictador.

Payne y Palacios presentan su texto como novedoso, profesional, serio, riguroso y no politizado, frente a los trabajos que, según estos autores, realizan muchos de los historiadores españoles. Sin embargo, los autores de “Franco. Una biografía personal y política” hacen “juicios políticos y nada fundamentados”, opina el catedrático de Historia Contemporánea Ismael Saz, que ha participado en la presentación de la revista “Hispania Nova” en la Universitat de València. “Hay una serie de pseudos-historiadores, entre los que también se hallan Pío Moa o César Vidal, que se presentan como neutrales o más liberales que nadie, cuando sus juicios están cargados de connotaciones políticas y escriben en revistas de extrema derecha”.

¿En qué contexto se publica la biografía franquista de Payne y Palacios? “Vivimos un momento muy serio, en el que se está produciendo una ofensiva para transmitir una idea benévola de la dictadura, a lo que se añade una voluntad de destrucción retrospectiva de la II República y la democracia”, explica Ismael Saz. En el fondo de este “revisionismo” historiográfico late una reacción contra el movimiento por la recuperación de la memoria histórica. Mientras, más de cien mil personas continúan enterradas en fosas como consecuencia de la represión franquista, según ha reiterado Naciones Unidas. El catedrático destaca algunos “mitos” revisionsitas que el número especial de “Hispania Nova” desmonta, como que Franco aceptara la legalidad republicana o que no ordenara directamente bombardear ciudades. Palacios y Payne también relativizan la oposición del dictador a la masonería, pero “Franco murió refiriéndose a conspiraciones judeo-masónicas en sus discursos”, recuerda Saz.

Uno de los artículos de la revista “Hispania Nova” que desmonta con rotundidad las tesis de “Franco. Una biografía personal y política” es el del historiador José Luis Ledesma, centrado en la represión y las investigaciones sobre la misma. Ledesma señala que, como resultado de numerosos estudios basados en metodologías diversas, la historiografía española considera que en la zona republicana la represión se tradujo en la muerte de unas 50.000 personas durante la guerra civil, mientras que la cifra se eleva a 130.000 fallecidos (40.000 de ellos durante la posguerra) en el caso de la España franquista (algunas fuentes la incrementan hasta 150.000 personas). Sin embargo, Jesús Palacios y Stanley Payne establecen el cálculo de muertos por la “violencia revolucionaria” en 55.000 personas, mientras que reducen los efectos de la represión por parte del bando “nacional”, que habría afectado a unas 80.000 personas (30.000 en la posguerra).

En otro apartado de la publicación, Ángel Viñas rebate la interpretación de Franco como gobernante y militar austero. Muchos de los argumentos ya los utilizó el historiador, economista y diplomático en el libro “La otra cara del caudillo. Mitos y realidades en la biografía de Franco”, publicado por la editorial Crítica en 2015. Viñas sostiene que Franco se hizo durante la guerra civil con una “fortunita”, que consiguió agrandar durante la posguerra en medio de la pauperización general. Ya como jefe de estado, el dictador hizo uso de la “ingeniería jurídica” de la época para embarcarse, por ejemplo, en inversiones inmobiliarias que enmascaró “con la complicidad de su señora esposa y de un notario flexible”. En agosto de 1940 Franco contaba con una fortuna de 34 millones de pesetas (388 millones de euros del año 2010). El historiador detalla asimismo de qué manera el dictador se lucró con la llamada “Operación Café”. Viñas refuta, por otro lado, que Franco fuera un “hábil” y “prudente” diplomático, frente a lo que sostienen las tesis filo-franquistas.

A partir del artículo del profesor de la Universidad de Salamanca, Francisco Rodríguez Jiménez, titulado “Stanley Payne: ¿una trayectoria académica ejemplar?”, Ismael Saz recuerda que durante un tiempo, y por los férreos controles de la dictadura, los hispanistas –Hugh Thomas, Paul Preston, Raymond Carr, entre otros- cobraron un notable prestigio por sus investigaciones y libros sobre la Historia de España. Payne escribió una obra pionera sobre la historia de la Falange (“Falange. Historia del fascismo español”), publicada además en 1965 por una editorial antifranquista, “Ruedo Ibérico”. El texto no era pro-falangista, señala Saz, “aunque contenía elementos un tanto extraños”. Con los años, el trabajo historiográfico de Payne se ha ido deslizando hacia una historiografía de carácter “filo-franquista” y con un sesgo cada vez más conservador, en los que incluso “se justifican algunas dinámicas de la dictadura”. Uno de los argumentos utilizados por este historiador es que el levantamiento del 18 de julio de 1936 no se produjo contra la democracia, pues entonces ésta ya no existía en España. En cuanto a Palacios, llegó a participar en la organización neonazi Cedade, además de publicar en 1999 el libro “La España totalitaria: las raíces del franquismo 1934-1946”, “donde los malos eran los antifranquistas”, apunta Saz.

El catedrático de Historia Contemporánea y profesor emérito de la Universidad de Alicante, Glicerio Sánchez, destaca que la interpretación de Stanley Payne y Jesús Palacios sobre el franquismo responde a un “acendrado conservadurismo”, de hecho alineado con los políticos y periodistas europeos –sobre todo británicos y franceses- que en los años 30 criticaban a la II República. “Todas estas críticas se endurecieron a partir de febrero de 1936”, apunta. Cuando los dos autores conservadores se refieren a la violencia de esos años, se dice que ésta es “casi siempre provocada por la izquierda”, apunta Sánchez.

Además, se pueden apreciar en “Franco. Una biografía personal y política” contradicciones lógicas en el discurso. Cuando los autores se refieren a la posición política de Esquerra Republicana de Catalunya (ERC) en 1934, se le atribuye el propósito de la “independencia total en el seno de una república federal ibérica”, cuando los dos términos resultan incompatibles y además el entonces presidente de la Generalitat de Catalunya, Lluís Companys, proclamó en 1934 el federalismo, no la secesión. Tal vez la identificación se explique porque anteriormente Palacios y Payne han connotado a ERC como partido “separatista catalán y de extrema izquierda”. Por el contrario, al dictador se le valora con una suerte de “profesionalidad apolítica”, aunque unas páginas antes los mismos autores destaquen las simpatías de Franco por Primo de Rivera, la monarquía o su condición de militar anticomunista.

A lo largo de su libro, Payne y Palacios reproducen tópicos como que Franco sólo se sumó a la asonada del 18 de julio de 1936 tras el asesinato del dirigente derechista Calvo Sotelo, pues esta muerte vendría a constituir “la gota que colmó el vaso de la indignación moral”. Sin embargo, según los estudios del historiador Juan Carlos Losada, en aquel momento el golpe militar estaba ya preparado y se hubiera producido de igual modo. Otro lugar común en el que se insiste es en señalar al presidente Negrín como un “agente de Moscú”.

El profesor de Economía Aplicada en la Universitat de València, Manuel Sanchis, analiza en detalle el pensamiento económico de Franco que Payne y Palacios retratan en su libro. Sanchis niega que pueda calificarse al dictador de “regeneracionista”, pues su doctrina –“un dirigismo económico cuartelero adobado con la propaganda fascista de la época”- nada tiene que ver con autores como Costa, Ganivet o Unamuno. Las políticas autárquicas de Franco tampoco tienen puntos de conexión con el keynesianismo. La conclusión a la que apuntan los dos autores derechistas es que Franco dejó tras su muerte “una sociedad más feliz, próspera y moderna, y esto es mucho más de lo que se puede decir de Stalin”. Por lo demás, según los autores de “Franco. Una biografía personal y política”, el ministro de Trabajo falangista Girón de Velasco habría sentado en 1941 las bases del Estado del Bienestar en España, sin embargo, responde Sanchis, “el país permaneció oficicalmente en Estado de Guerra hasta 1948”. “El libro es realmente un ejercicio de contorsionismo histórico”, concluye.

Enric Llopis

La ONU reprende a España por el “trato inhumano” a las víctimas del franquismo.

Fabián Salvioli, presidente del Comité de Derechos Humanos, pide además que el Estado no se ampare en la amnistía


El presidente del Comité de los Derechos Humanos de la ONU, Fabián Omar Salvioli, pidió ayer a España que dé “una respuesta inmediata” en materia de Memoria Histórica al considerar que se somete a las víctimas del franquismo a “un trato inhumano y degradante continuo” y no se ampare en la Ley de Amnistía.

Salvioli impartió en Bilbao una conferencia con el título “El Comité de derechos humanos: Control de la aplicación del Pacto Internacional de derechos civiles y políticos. Especial referencia a las reclamaciones contra España”, organizada por el Ararteko y el Colegio de Abogados de Bizkaia. En su intervención recordó que España fue examinada en julio de este año. Según explicó, el Estado argumentó que, “al no haber una Ley que establezca que hay que aplicar las decisiones de los órganos internacionales, no se pueden aplicar”. “Es un gran error decir eso porque viene la pregunta inmediata. ¿Y, si usted es el Gobierno, por qué no propone la Ley?”, se preguntó.

Fabián Omar Salvioli destacó que el comité señaló a España “cuestiones relativas a la preocupación por el tema de la Memoria Histórica” porque “no puede ser que no se avance en ese sentido”. “No puede ser que no se avance en procesos de memoria, de verdad, de justicia y de reparación a las víctimas de violaciones de derechos humanos cometidas durante la dictadura de Franco”, añadió. Salvioli también destacó que se observó en el Estado español “una falta de investigación debida” de las denuncias de torturas y malos tratos, además de la carencia de “una normativa adecuada para hacer frente a estos hechos”. También consideró que se ha condenado en España “muy poco” por estos hechos, “y de lo poco que se ha condenado, se ha indultado”, lo que “marca una preocupación fuerte en relación a la impunidad y a un clima que favorece la comisión de hechos parecidos en el futuro”. “Viola el derecho y el deber de garantía de no repetición que tiene el Estado”, puntualizó.

Además, recordó que la responsabilidad de proteger derechos humanos no es solo del poder ejecutivo”. “Es de todos los órganos del Estado. El poder legislativo puede, por acción o por omisión, generarle responsabilidad al Estado y el Poder Judicial igualmente”, apuntó. - E. P. Sábado, 12 de Diciembre de 2015. Deia.

Reprimenda de la ONU a España por no extraditar a cargos franquistas. Una juez argentina los reclama para interrogarlos por crímenes de lesa humanidad, pero el Gobierno alega que les ampara la ley de amnistía de 1977

La ONU vuelve a reprender a España por desatender a las víctimas del franquismo. Cuatro expertos de Naciones Unidas -el presidente del Grupo de Trabajo sobre las desapariciones forzadas, Ariel Dulitzky; el relator especial sobre las ejecuciones extrajudiciales o arbitrarias, Christof Heyns; el relator especial sobre la tortura, Juan E. Méndez, y el relator especial sobre la promoción de la verdad, la justicia y la reparación, Pablo de Greiff- han redactado un duro comunicado contra la decisión del Gobierno español de no extraditar a Argentina a los 17 ex cargos franquistas a los que la juez Maria Servini de Cubría reclama para interrogar en Buenos Aires. La magistrada les imputa posibles crímenes de lesa humanidad cometidos durante la dictadura.

"La denegación de la extradición deja en profundo desamparo a las víctimas y a sus familiares, negando su derecho a la justicia y a la verdad", afirman los cuatro expertos. "Reconocemos que cabe entre las competencias del Estado español la posibilidad de denegar esa solicitud de extradición, pero si no extradita, el Estado tiene la obligación de garantizar, ante las jurisdicciones nacionales, el acceso a la justicia para las víctimas de violaciones graves de los derechos humanos", añaden. Es decir, para la ONU, España debe enviar a esos 17 excargos franquistas a Argentina o juzgarlos en su territorio.

Los cuatro expertos rebaten, además, los argumentos presentados en el Consejo de Ministros para denegar la extradición de los 17 ex cargos franquistas, entre los que figura José Utrera Molina, suegro del exministro de Justicia Alberto Ruiz-Gallardón. "Carecen de base, pues parecen ignorar y contradecir las normas y estándares internacionales de los derechos humanos. El Estado español no puede escudarse en los principios de prescipción y extinción de la responsabilidad penal [la ley de amnistía de 1977] para no extraditar o juzgar a los responsables de violaciones graves de derechos humanos. La tortura, las ejecuciones sumarias y la desaparición forzada pueden constituir crímenes de lesa humanidad, que son imprescriptibles. Es decir, que no vence la obligación del Estado de investigar y sancionar a los responsables"...
http://politica.elpais.com/politica/2015/03/27/actualidad/1427485906_256091.html

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(Foto: Botas de un fusilado cuyos restos fueron exhumados el verano pasado gracias a la donación de un sindicato noruego de electricistas. / ÓSCAR RODRÍGUEZ. Internet, El País)

El exterminio en Navas del Madroño. En enero de 1937, 68 venteros fueron fusilados en Cáceres sin saber por qué los mataban

Una de las cosas peores que te pueden pasar en esta vida es que te maten y no sepas por qué. Esto les sucedió hace ahora justamente 78 años a 68 vecinos del pueblo cacereño de Navas del Madroño. En su mayoría, tenían entre 30 y 50 años, habían formado una familia y trabajaban en el campo o en la cantería, aunque no faltaban los carreros, los pescadores ni los comerciantes.

Entre el 27 de diciembre de 1937 y mediados de enero de 1938, los 68 venteros, que así se llaman los de Navas, fueron detenidos sin explicaciones y trasladados a la cárcel de Cáceres. El 9 de enero de 1937 fue especialmente kafkiano: llegaron varios camiones cargados de guardias y de falangistas, detuvieron a medio centenar de vecinos y se los llevaron. Los presos tranquilizaban a sus mujeres y a sus hijos. Es una equivocación, decían. No pasará nada. Pero pasó.

Antes de que acabara aquel terrible mes de enero del 37, los 68 venteros habían sido fusilados. Solo el día 15, los pelotones acabaron con la vida de 54 hombres de Navas. Y murieron sin saber por qué morían.

«Manuel Conde Paz, Antonio Conde Paz, Benigno Corchado Canales.». Mediodía del sábado 17 de enero de 2015. Unas 60 personas rodean a Ana María García Cava. Es la presidenta de la Asociación de Familiares de Víctimas del Franquismo en Navas del Madroño, constituida en 2012 y formada por representantes de 30 familias que padecieron aquel exterminio sin explicación. Ana lee la lista de los 68 fusilados ante el monumento erigido en su honor en el cementerio del pueblo. Hace un frío que congela hasta las palabras. Menos mal que, cada 10 o 15 nombres, Flora Talavera lee un poema dedicado a las víctimas y pone un poco de calor en el ambiente. Flora es ama de casa y nieta de Juan Canales, uno de los fusilados sin saber por qué.

«La mañana estaba clara, ella estaba blanqueando», recita Flora y los presentes vuelven a imaginar aquel inexplicable 9 de enero, que tantas veces les contaron sus madres y sus abuelas en la clandestinidad de la lumbre de invierno. «Gracias, señor Chaves, por habernos dado voz», declama otro verso. Entre los presentes, el historiador Julián Chaves, que ha investigado el exterminio de Navas y lo ha referido en varios libros.

Del camposanto a la Casa de Cultura. Conferencia del profesor José Hinojosa, que aporta nuevos datos para entender lo que los fusilados no comprendieron. El desencadenante del exterminio en Navas fue la famosa lista de Máximo Calvo, que sería como la de Schindler, pero al revés: los que en ella aparecían, no se salvaban. Este activista comunista fue muerto tras un tiroteo en Almoharín el 27 de diciembre de 1937. Llevaba unos papeles cifrados en su cartera. El 28 se descifraron. En ellos aparecía una relación de vecinos de Navas susceptibles de ser convencidos para la causa. Ni Máximo los conocía ni los vecinos sabían quién era Máximo. Pero fueron exterminados. Por si acaso.

Espinosa matiza la explicación de la lista como único desencadenante. Entre 1931 y 1936, Navas fue un pueblo particularmente luchador, muy azotado por el paro, con episodios de tensión social que no se dieron en el resto de Extremadura como un conato revolucionario en octubre de 1934, al tiempo que los mineros se levantaban en Asturias. «Esto sí pudo marcar los fusilamientos», resume el historiador.

Los venteros interiorizaron aquel intento de exterminio hasta bien entrada la democracia. Solo se exteriorizaba en síntomas como que las películas que siempre triunfaban en Navas, según me contaba un empresario cinematográfico que proyectaba filmes por las cárceles y los pueblos de España, eran las que acababan con una venganza. Pero el drama 'La taberna de Cadalso' de Miguel Murillo, sobre la vida de Máximo Calvo y los sucesos de Navas, tardó años en representarse en un pueblo al que le costaba enfrentarse cara a cara con su tragedia. Ahora, por fin, empieza a conocerse la verdad del exterminio.
Fuente: Diario Hoy. J. R. ALONSO DE LA TORRE.
http://www.hoy.es/hemeroteca/Exterminio%20en%20Navas%20del%20Madro%C3%B1o.html?

Los nueve del balandro. Un grupo de vascos se fabricó su propio bote en 1950 para escapar a México y huir de la represión franquista. Sus descendientes recuperan su memoria

"Jueves 24 de agosto 1950. Día 40. Amaneció, salvo en cine, nunca había visto un espectáculo como el que se me presentaba. Dicen que las islas del Pacífico son bonitas, pero esta era maravillosa, eso me parecía". Félix San Mamés Loizaga veía tierra y lo escribía en su diario. Un mes después de partir de Santurtzi (Bizkaia) en un balandro fabricado a escondidas, él y otros ocho vascos atracaban en Trinidad y Tobago. Todavía quedaban 51 días para alcanzar México, tierra prometida donde habían depositado todas sus esperanzas para escapar del franquismo.

El barco de vela de casco pequeño se llamaba Montserrat y acababa de cruzar el Atlántico. Los propios tripulantes lo habían construido encubierto en el taller de embarcaciones Alsa, al lado de un cuartel de la Guardia Civil. "¿Es ese su balandro?" preguntaron dos agentes una noche. San Mamés, pálido, contestó que sí. "Allí han olvidado un saco". Avisaron y se fueron. Nadie sospechó nada hasta que meses después notaron su ausencia.

El balandro fue desguazado hace décadas. 64 años después su espíritu regresa a casa a bordo de una réplica hecha por el propio Félix y donada por sus hijas y nietas al Museo Marítimo de Bilbao. Allí,  los descendientes han dedicado a la epopeya una exposición donde recopilan toda clase de objetos: el diario original (publicado en La Travesía del Montserrat), fotografías, una carta de compromiso firmada por los nueve antes de la partida y la misiva de Gobernación de México que concedía a Félix cobijo político y trabajo como técnico de marina en Veracruz son algunas de las joyas.

El grupo fue elegido con sumo cuidado por los hermanos Algorri. Como si prepararan un golpe cinematográfico. Los dueños de Alsa no buscaban amistades, sino trabajadores especializados. Los nueve del balandro eran profesionales del mar. San Mamés, con 24 años, era carpintero y remero. Manuel Barinagarrementería, modelista naval. Agustín Palacios, herrero. José Ramón Bilbatúa, mecánico y encargado del motor. Buscaban huir de la represión franquista. Trataban, en muchos casos, de evitar una cárcel segura.

Pero no todo salió como esperaban. La bobina ardió al llegar a Canarias y un mes de viaje se transformó en tres. Como Colón, hicieron su viaje sin radio, y los aparejos se les rompieron, además, tratando de pescar pesados bonitos oceánicos.

"Tenían suerte. Rodearon los siete huracanes con los que se cruzaron. Lo malo es que no me llevaron", bromea su sobrino Juan José San Mamés, que repitió décadas más tarde la travesía para huir del servicio militar español. Lleva txapela y la ikurriña en el pecho, pero su acento suena a mezcla de vasco e inglés. Se casó con su prima, hija de Félix, y con ella vive en San Francisco, donde produce vainilla ecológica. La exposición vuelve a poner en contacto a las nueve familias. Algunos visitan la tierra de sus ancestros por primera vez.

Félix regresó en 1974. Lo que más le sorprendió a su hija Carmen entonces fue que los vecinos todavía lo reconocieran al pasar. Su única pena: no haber visto a su madre, que murió en 1966, por última vez. Era vasco sin dejar de ser mexicano, y mexicano sin dejar de ser vasco, decía.

El balandro Montserrat desapareció, pero el nombre sigue vivo en su nieta, que, con su acento mexicano, vuelve a casa. Ha dominado el baile del aurresku, aprende euskera y se ha echado novio en Bilbao. Las aguas vuelven a traer a los San Mamés a su origen. Montserrat echa anclas en el puerto de salida. http://ccaa.elpais.com/ccaa/2014/11/11/paisvasco/1415734003_625967.html

El gobierno de España se resiste a juzgar el franquismo. Dos enviados de la ONU piden al Estado que colabore con la justicia argentina. El Supremo y el Parlamento se oponen a dejar sin efecto la ley de amnistía

• La ONU reclama a España juzgar el franquismo

... Dos enviados de la ONU a España, un argentino y una bosnia, del Grupo de Trabajo de las Naciones Unidas sobre las Desapariciones Forzadas, acaban de pedir al Gobierno que deje sin efecto la ley para juzgar aquí la desaparición de más de 114.000 españoles y 30.000 niños robados durante la Guerra Civil y la dictadura.

El grupo pide, además, que España ratifique la Convención sobre imprescriptibilidad de los crímenes de guerra y de lesa humanidad. Desde el Ministerio de Justicia prometen “estudiar con detenimiento” sus peticiones. Pero todas las iniciativas presentadas hasta ahora para atender a ese llamamiento, que ya en anteriores ocasiones había hecho la ONU, han sido sucesivamente rechazadas en el Congreso. La mayoría del Parlamento (PP y PSOE) rechaza tocar la ley.

Las 204 páginas que ha redactado la juez María Servini de Cubría para pedir la detención de los torturadores españoles, acusados de crímenes contra la humanidad, colocan a España en el mismo lugar que Garzón puso a Argentina en 1996. Es decir, obliga al Estado a tomar postura sobre un asunto que allí, en su día, se intentó zanjar con dos leyes (de obediencia debida y punto final) y aquí por dos vías: la administrativa (la ley de Memoria Histórica) y la judicial (la sentencia del Supremo sobre la causa de Garzón y el auto de marzo de 2012 que cerró la vía para la investigación penal de esos crímenes en España).

Allí, tras un largo y accidentado proceso, que incluyó medidas para impedir la colaboración con la justicia española, finalmente, optaron por derogar sus leyes de amnistía. “Cuando España pidió la extradición de ciudadanos argentinos por delitos cometidos en nuestro territorio en función del principio de justicia universal, los jueces nos encontramos en la disyuntiva entre enviarlos a que los juzgase una jurisdicción extranjera o juzgarlos nosotros”, recordaba a EL PAÍS, tras la muerte en prisión de Videla, Raúl Zaffaroni, uno de los siete juristas que anuló las leyes de amnistía argentinas. “En el primer caso, estaríamos dejando al país en la situación de una tribu y a todos sus ciudadanos en riesgo de ser procesados por cualquier país. La única solución era asumir la jurisdicción y juzgarlos conforme a nuestras leyes, por nuestros tribunales”.

Aquí, de momento, el Gobierno ha hecho todo lo que ha podido por desanimar a la juez argentina, y la justicia tampoco se ha dado prisa en complacerla. El fondo del asunto, como lo fue en otros países, es la ley de Amnistía. Argentina derogó las suyas con la llegada al poder de Néstor Kirchner. Chile y Guatemala la adaptaron de forma que se pudieran investigar las desapariciones forzadas de las víctimas. Perú tampoco aplica la suya. Brasil la mantiene.

Fue precisamente el auto por el que Garzón abrió, en 2008, una investigación sobre los crímenes del franquismo, el que resucitó el debate sobre la ley y provocó un juego de sillas entre partidarios y detractores de la norma: quienes con más ahínco la defendían en 1977 eran los que más empeño ponían tres décadas después en que se modificara o derogara y viceversa. Así, en 1977, era el diputado de Alianza Popular Antonio Carro quien se oponía a la ley: “No es buena medicina la amnistía. La única medicina que aplican las democracias más genuinas y consolidadas es una estricta aplicación de la ley”, decía. Y casi 36 años más tarde, el pasado 25 de septiembre, era el ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón (PP), quien defendía en el Congreso la vigencia de la ley, tomando prestadas las palabras de un comunista, Marcelino Camacho: “La amnistía es una política nacional y democrática, la única consecuente que puede cerrar ese pasado de guerras civiles y cruzadas”. El suegro del ministro, José Utrera Molina, es, por cierto, una de las imputaciones que solicitan los querellantes. ¿Qué ha pasado en 36 años para que un diputado del PP termine parafraseando a un comunista precisamente para responder a otro, Cayo Lara, quien acababa de decir que “ninguna ley de amnistía puede ser utilizada como ley de punto final”? Estas son las distintas posiciones y argumentos.

Garzón: “No afecta a crímenes de lesa humanidad”.
El juez argumentó que los hechos denunciados por las víctimas del franquismo no entraban dentro de la ley de Amnistía porque esta norma amnistiaba “actos de intencionalidad política” y él, explicaba, estaba investigando crímenes contra la humanidad, que no prescriben. Garzón apoyaba su argumento en la jurisprudencia de tribunales internacionales (el especial para Sierra Leona, Estrasburgo, o la Corte Interamericana de Derechos Humanos).

El Supremo: “La ley de amnistía está vigente”.
El juez del Supremo Luciano Varela calificó de “imaginación creativa” la argumentación de Garzón y en abril de 2010 abrió un caso contra él por prevaricación. El alto tribunal terminó absolviéndole, pero en la misma sentencia quiso zanjar el debate jurídico sobre la ley de Amnistía y la posibilidad de juzgar el franquismo. La sentencia recordaba que la fiscalía calificó los hechos de “delitos comunes” y prescritos. Y argumentaba que, aunque en otros países existían los llamados “juicios de la verdad”, en España ese papel corresponde “a los historiadores”, no a los jueces, ya que solo es posible realizar una investigación cuando existe un responsable vivo. La ley de Amnistía, destacaban, “tuvo un evidente sentido de reconciliación” en la transición española, “tan alabada nacional e internacionalmente”, y “ningún juez puede cuestionar la legitimidad de ese proceso. Se trata de una ley vigente cuya eventual derogación correspondería, en exclusiva, al Parlamento”.

El Parlamento: la ley de amnistía no se toca.
El Congreso ha rechazado en varias ocasiones iniciativas para modificar la ley de forma que los crímenes del franquismo se puedan juzgar en España. El pasado septiembre, Ruiz-Gallardón recurría a Marcelino Camacho para justificar ante Cayo Lara la vigencia de la norma. Unos meses antes, en abril, el Gobierno respondía a otra pregunta parlamentaria de Gaspar Llamazares con la misma idea: “Ha sido un instrumento fundamental de reconciliación entre los españoles. El Tribunal Constitucional se ha manifestado a favor de la misma”.

El PSOE tampoco es partidario de tocarla.
“Fue una ley necesaria y no creemos conveniente revertirla”, explica a EL PAÍS Ramón Jáuregui, exministro del segundo Gobierno de Zapatero. “Comprendemos los sentimientos. Estamos mucho más cerca de los torturados que de los torturadores, pero seguimos convencidos de que la ley estuvo bien hecha. Algunos perdonamos mucho más que otros, pero el perdón fue colectivo. Y esa decisión es la base de una convivencia reconciliada”. Preguntado por la posibilidad de que el franquismo se juzgue en Argentina, responde: “Yo acepto la justicia universal, pero creo que siempre tiene que ser sometida a los criterios de la soberanía popular. El proceso argentino está cargado de buenas intenciones, pero en España decidimos hace mucho tiempo que no nos íbamos a pasar factura de lo que hicimos antes de 1976”.

Gaspar Llamazares, por lado, insiste: “No hace falta derogar la ley, basta con modificarla para impedir cualquier interpretación de impunidad de los crímenes del franquismo. Si no, haremos el mismo papel que hizo Chile con Pinochet. Sería una vergüenza que el franquismo se termine juzgando en Argentina. Demostraría que somos unos hipócritas que hace años dábamos lecciones a los demás”.

La ONU: “España está obligada a investigar”.
La declaración sobre la protección de todas las personas contra las desapariciones forzadas, aprobada por la Asamblea General de la ONU en 1992 y la convención internacional para la protección de todas las personas contra la desaparición forzada, que España ratificó en 2009, “impide expresamente la aplicación de la ley de Amnistía para estos delitos”, explica Ariel Dulitzky, uno de los enviados de la ONU. “España está obligada internacionalmente a no aplicar los efectos de la ley que impiden una investigación judicial. El poder judicial no puede presumir que han muerto sin investigar, y la prescripción no empieza a contar hasta que los familiares de la víctima saben su paradero”. Dulitzky cree que, tarde o temprano, España tendrá que enfrentarse al problema. “La demanda de justicia de las víctimas no va a cesar. Han pasado 70 años y las familias siguen ahí, pidiendo justicia, verdad y reparación”.
Fuente: El País.

La ONU insta a España a juzgar las desapariciones del franquismo. Enviados de Naciones Unidas piden al Gobierno un plan estatal de búsqueda de fusilados

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Fuente: El País.

Víctimas del franquismo piden a la ONU investigar los crímenes de la dictadura

Unos 150 afectados se concentran en Madrid antes de reunirse con el Grupo de Desapariciones Forzadas de la ONU

"Fosas cerradas, heridas abiertas". Esa era una de las consignas que gritaban las 150 personas reunidas el martes por la tarde en la plaza de Neptuno de Madrid, frente al hotel NH. Era el grito de Gregorio Rodrigálvarez, que quiere encontrar los restos de su padre, fusilado en 1936. También el de Víctor Díaz, encarcelado nueve años por haber participado en una huelga en 1962. Hasta el del historiador británico Ian Gibson, a quien los asistentes no dejaban de saludar y de felicitar por sus obras publicadas sobre la Guerra Civil y la dictadura franquista.

La concentración se ha organizado con motivo de la visita del Grupo de Trabajo sobre Desapariciones Forzadas de la ONU, cuya intervención fue solicitada en 2012 y que, un año después, se encuentra alojado en el céntrico hotel madrileño para entrevistarse con los juristas y víctimas de crímenes franquistas y familiares de bebés robados. Este martes ha sido el turno de los afectados, representados por la Plataforma Comisión de la Verdad, una agrupación que aglutina un centenar de asociaciones de afectados. Sus principales reclamaciones son que se cree una Comisión de la Verdad y que las Naciones Unidas insten a España a abrir las fosas comunes e investigar los casos de bebés robados. A día de hoy, se calcula que existen entre 130.000 y 150.000 desaparecidos, según datos de la Plataforma. Los niños robados, según la estimación que el juez Garzón dio en su momento, asciende 30.000.

"Las comisiones de la verdad son instrumentos que la ONU ha desarrollado en más de 40 países que han vivido situaciones de conflicto durante mucho tiempo y ha habido miles de víctimas", explicaba Jaime Ruiz, representante de la Plataforma Comisión de la Verdad, en medio de una algarabía en la que se distinguen eslóganes como "Tenemos memoria, queremos justicia" y "Hay que juzgar el franquismo criminal". "Estas facilitan que se pueda encontrar una vía de solución como ya ha ocurrido en Chile, Argentina, Sudáfrica y, el último caso, en Guatemala con Rios Montt".

Con un grueso mamotreto entre las manos, Ruiz explica que ese es el dossier que van a entregar a la comisión, que en los próximos días visitará Barcelona, Sevilla y Bilbao, con información sobre 2.500 fosas comunes que hay en España. "Hubiera sido preferible que la justicia española hubiera afrontado este asunto, pero esas puertas hoy están cerradas. El Gobierno ha dejado sin presupuesto la ley de memoria histórica, ha cerrado las oficinas de atención de las víctimas y desde que se dictó la condena contra el juez Garzón, todos los juzgados han archivado las querellas que hemos interpuesto, que han sido más de 70", denuncia. "El Estado no está haciendo su deber con los muertos de la guerra, y es una vergüenza. Si desde fuera puede venir alguna ayuda para que se reconozcan los derechos de las víctimas, será miel sobre hojuelas", añade Gibson.

La concentración tiene lugar el mismo día en que la Fiscalía anuncia que no tiene intención de detener a los tres torturadores de víctimas franquistas que la justicia argentina reclamó la semana pasada porque, según ha justificado, son crímenes prescritos y sus autores se acogieron a la Ley de Amnistía de 1997. La decisión ha inflamado los ánimos de los manifestantes. "Es una falacia", critica Ruiz. "La ley de amnistía es preconstitucional, no hace referencia a esos delitos, y además los crímenes de guerra nunca prescriben ni están limitados al territorio nacional. No se puede decir que han prescrito delitos de desaparición forzada porque estos solo se resuelven cuando aparece la víctima o cuando se identifica, se averigua qué le ocurrió y quién pudo ser el responsable de su desaparición y muerte", argumenta....

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Argentina abre sus consulados para las víctimas del franquismo

La fundación de Garzón lanza un vídeo sobre los desaparecidos

Justicia a 10.000 kilómetros del crimen

La policía espera la orden para detener a los torturadores que reclama Argentina

Argentina pide la detención de cuatro torturadores del franquismo

MÁS INFORMACIÓN FFuente: El País.

Dictan orden de detención contra cuatro torturadores del franquismo

La jueza Servini de Cubría pidió a través de Interpol, la extradición de funcionarios policiales y de la Guardia Civil, en la causa abierta para juzgar los crímenes del franquismo.

En un día histórico para las víctimas del franquismo, la magistrada María Servini de Cubría ha dictado una resolución por la que dicta orden internacional de detención preventiva, con fines de extradición, para cuatro ex funcionarios de seguridad acusados de torturas: el ex guardia civil Jesús Muñecas Aguilar, el ex escolta de Francisco Franco y de la Casa Real Celso Galván Abascal, el ex comisario José Ignacio Giralte González; y ex inspector José Antonio González Pacheco, alias "Billy El Niño".

Es decir, que en la causa abierta en Argentina para juzgar los crímenes del franquismo, han pasado a ser imputados estos cuatro ex funcionarios, que deben ser extraditados "a efectos de recibir declaración indagatoria".

Es decir, que en la causa abierta en Argentina para juzgar los crímenes del franquismo, han pasado a ser imputados estos cuatro ex funcionarios, que deben ser extraditados "a efectos de recibir declaración indagatoria". "Se procede que esta magistratura curse específicamente a las autoridades españolas esta orden de detención", dice textual la resolución de la magistrada. El texto especifica que se debe comunicar "el arresto preventivo de los nombrados con fines de extradición a efectos de recibir declaración indagatoria a la Organización Internacional de Policía Criminal (INTERPOL)".

La resolución, entonces, será enviada tanto a INTERPOL como a las autoridades españolas para proceder a la detención de los primeros cuatro procesados de la causa, abierta en abril de 2010, tal y como acaba de confirmar a Público uno de los abogados que ha recibido en mano la resolución de la jueza, el argentino Carlos Slepoy.

Los abogados solicitaron por escrito a la jueza, en marzo de este año, que emitiera órdenes de captura internacional contra nueve responsables del régimen franquista: tres ex ministros, José Utrera Molina (suegro del ministro de Justicia Alberto Ruiz-Gallardón), Rodolfo Martín Villa y Fernando Suárez; y dos ex jueces, además de los cuatro exfuncionarios de seguridad que ahora han pasado a estar procesados en la causa. La magistrada ha decidido proceder, por ahora, contra estos últimos.

La ley procesal argentina prevé que, si existen indicios de criminalidad en una persona, se la llame para que preste declaración indagatoria, cuyo efecto es la orden internacional de detención si el acusado se encuentra fuera del país. Ésta es la victoria más importante que consiguen las víctimas del franquismo en el marco de una causa que comenzó hace más de tres años. El proceso ha sufrido varios escollos que ahora comienzan a disiparse.

Siguientes pasos
La jueza recibirá el próximo 20 de noviembre, aniversario de la muerte de Francisco Franco, a víctimas de la dictadura y a funcionarios españoles para que presten su testimonio en el marco de la causa. Se espera la llegada de parlamentarios de BNG, IU, Amaiur, y quizás alguno del PSOE. Es probable que se adelante el diputado de ERC Joan Tardà, para interponer en octubre una querella por el asesinato durante la dictadura de Lluis Companys, presidente de la Generalitat durante la II República, y que también lo acompañen varios concejales y alcaldes de su partido.

Diputados de BNG, IU, Aralar y PSOE irán con las víctimas que testificarán en Buenos Aires el 20-N

A ello se le suma el creciente apoyo institucional que en Argentina otorga cada vez más relevancia a la causa. Además de la resolución de apoyo del Congreso Nacional a la causa judicial, el alcalde de de la ciudad de La Plata ha declarado de interés municipal la querella argentina contra los crímenes del franquismo, y lo mismo está estudiando la legislatura provincial de Buenos Aires. La última en mostrar su respaldo ha sido la legislatura porteña (el Parlamento de la ciudad de Buenos Aires), que acaba de aprobar por unanimidad una declaración de apoyo a la querella y de condena al franquismo. Hace unos días, se constituyó la Plataforma Argentina de Apoyo a la Querella contra los Crímenes del Franquismo, a la que se adhirieron casi 100 organizaciones, y uno de sus objetivos es el de sumar el apoyo de más instituciones a la qerella, en sintonía con lo que está sucediendo en España con la Coordinadora Estatal de apoyo a la Querella Argentina (CeAQUA).

"Este apoyo es fundamental", resalta Slepoy. Los abogados se han reunido con prácticamente todas las fuerzas del Congreso, y con el director de Derechos Humanos de la Cancillería, Federico Villegas Beltrán, para garantizar que las próximas videoconferencias que realice la jueza con víctimas del franquismo no vuelvan suspenderse, como ya sucedió en tres ocasiones. Los querellantes también estuvieron con Mario Fera, presidente de Consejo de la Magistratura, órgano encargado de la tramitación técnica de las querellas, para dejar asegurado nuevos problemas.

Estado de la causa
Hasta ahora, la jueza había enviado a España dos comisiones rogatorias. En la primera, solicitaba que le informaran sobre si había investigaciones en curso sobre el franquismo, en qué juzgado estaban, en qué estado se encontraban. También pedía información sobre el plan sistemático de exterminio de la dictadura, y en específico, sobre el plan deliberado, planificado y legalizado del secuestro de niños. Varios meses después, contestó la Fiscalía General de Estado que encabezaba Cándido Conde-Pumpido, cuando por entonces el PSOE estaba en el Gobierno. La Fiscalía alegó que en España estaba investigando el franquismo, y advertía que el principio de jurisdicción universal es subsidiario, es decir, que podía aplicarse cuando no había investigaciones en el país donde se cometió el crimen, por lo se entendía que Argentina no tenía competencia para investigar.

La única causa judicial abierta en el mundo sobre los crímenes del franquismo es la que se impulsa desde Argentina

Los abogados de la querella replicaron con un escrito, aclarando que todos los procesos abiertos en distintos juzgados del país a raíz de los testimonios que había enviado el juez Baltasar Garzón, habían sido archivados en su inmensa mayoría, y que sólo quedaban tres abiertos, pero relacionados con la existencia de fosas comunes y exhumación de cuerpos, sin que hubiera una investigación penal. La jueza reaccionó inmediatamente y mandó una segunda comisión rogatoria a España, pidiendo la identificación de muchos responsables. La Fiscalía General volvió a contestar cuando ya estaba el PP en el Gobierno, con Eduardo Torres-Dulce como nuevo fiscal general, en donde reiteraban que Servini de Cubría no tenía competencia para juzgar los crímenes franquistas. Para entonces, Garzón ya había sido condenado en febrero de 2012 por el Tribunal Supremo.

La magistrada decidió entonces viajar a España, pero el viaje fue cancelado porque la Corte limitó el número de funcionarios con los que podía viajar. Para su llegada se había creado un movimiento con una lista de 100 declarantes. La suspensión de su viaje generó una enorme frustración.

Pero con la actual resolución de la jueza, con la que dicta la primera orden internacional de detención contra los primeros representantes del franquismo, la magistrada ha dado un paso que puede marcar un hito en la historia española.

La única causa judicial que hay abierta en el mundo en relación a los crímenes del franquismo es la que se impulsa desde Argentina. La Constitución argentina reconoce desde 1853 el principio de justicia universal, por el que este país tiene jurisdicción para perseguir los crímenes franquistas al haberse negado España a investigar por sí misma los crímenes cometidos entre el 17 de julio de 1936 y el 15 de junio de 1977. Según los autos de Garzón, la represión franquista dejó al menos 113.000 desaparecidos y unos 30.000 niños apropiados por el régimen que fueron sustraídos a las familias republicanas.

Nota: Podemos decir lo mismo que en otra entrada del blog, Mario Amorós dice de Chile y su dictadura, "La represión dejó una huella muy marcada en España (Chile). Primero porque eliminó a varias generaciones de dirigentes políticos y segundo porque el daño que ha dejado en la sociedad ha sido terrible".
Fuente: http://www.diariopanorama.com/seccion/nacionales_16/dictan-orden-de-detencion-contra-cuatro-torturadores-del-franquismo_a_155771 Más aquí. Y en El País.
(Foto tomada de El País, internet)
Leer aquí relatos de las victimas de estos torturadores. “Disfrutaba torturando. Al pegarte, tenía un gesto de placer” Víctimas de Billy El Niño y de los otros tres torturadores describen cómo eran sus interrogatorios. El País.

LAS VÍCTIMAS SE ENCOMIENDAN A LA ONU. La Plataforma por la Comisión de la Verdad está ansiosa de contarle la historia de los crímenes del franquismo al Grupo de Trabajo sobre Desapariciones Forzadas o Involuntarias de la ONU, que visitará España por primera vez la semana que viene. Ayer presentaron en un acto ante el Congreso, al que asistieron diputados de IU, PSOE y ERC, el informe que darán a los enviados de Naciones Unidas. / ULY MARTIN. Fuente: El País.

Lo que no puede ser visto debe ser mostrado. (That which cannot be seen must be shown) -

Contempla aquí el vídeo en este enlace: http://vimeo.com/34218157

Lo que no puede ser visto debe ser mostrado. Es un documental sobre la memoria de la Transición construido a partir de ciertas producciones del cine militante que contradicen las imágenes oficiales que han elaborado nuestra memoria del final del franquismo y del inicio de la democracia.
"Desde el deber de la memoria", en palabras de Primo Levi, María Ruido aborda la construcción de la memoria histórica del estado español, pero su aproximación no se basa en los testimonios registrados, sino en la constatación de la falta de imágenes sobre determinados acontecimientos o problemáticas.

La oficina de la Alta Comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Navi Pilay, ha pedido al Estado español la derogación de la ley de amnistía de 1977 porque incumple la normativa internacional en materia de derechos humanos. "España está obligada, bajo la ley internacional, a investigar las graves violaciones de los Derechos Humanos, incluidas las cometidas durante el régimen de Franco, y a procesar y castigar a los responsables si todavía están vivos", ha afirmado el portavoz de Pillay, Rupert Colville, durante una rueda de prensa en Ginebra.
Además, según la Oficina de Derechos Humanos de la ONU, existe un deber hacia las víctimas, que tienen "derecho de reparación". Colville ha recordado que, conforme a una recomendación de 2009 de la Comisión de Derechos Humanos de la ONU, "España debe derogar su ley de amnistía, puesto que no es conforme con las leyes internacionales de derechos humanos". Dicha recomendación, elaborada por 18 expertos de la organización internacional, toma como base el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Político, ratificado por el Estado español en 1985.

Josefina Piquet, una mujer del 36

Exiliada tras la Guerra Civil, dedicó sus últimos años a contar sus experiencias durante el conflicto y el franquismo

Su lema: “Si la vida te da limones, añádales agua y azúcar y prepara una buena limonada”.

Josefina Piquet se consideraba una mujer afortunada, a pesar de haber quedado sepultada bajo los escombros de las bombas de la Guerra Civil en Figueres, camino del exilio, con solo cuatro años; a pesar de haber vivido su infancia y juventud exiliada en Francia, repudiada por sus compañeros de clase que le tiraban piedras y la insultaban; a pesar del miedo, el hambre y la soledad que vivió allí y del insomnio y la angustia que padeció una vez instalada en su ciudad, Barcelona. Pero Josefina, fallecida el pasado lunes, decía que el victimismo paraliza a las personas y que se debe transformar en algo positivo. Y así cambió su vida cuando decidió abrir la puerta del pasado.

Nacida en Barcelona en el año 1934, Josefina Piquet era hija única de una familia de tradición anarquista, el padre formó parte de la Columna Durruti. Por este motivo, y con solo dos años, a Josefina la nombraron mascota del lado republicano. El 9 de febrero del 1939 pasaba la frontera con su madre, mientras su padre quedaba en el campo de concentración de Saint Cyprien. Se encontrarían dos años más tarde, pero su progenitor continuaría jugándose la vida luchando contra el nazismo y acogiendo a refugiados españoles. Es estremecedor el relato de estos 11 años de exilio en Francia, hasta que, en 1950, los Piquet regresaron a Barcelona.

Tampoco sería fácil la vida en plena dictadura, pero Josefina estudió en el Liceo Francés y enseguida trabajó de secretaria de dirección con solo 16 años. Hasta que se casó en 1958 y dejó la empresa porque una mujer casada no podía trabajar. Tuvo dos hijos.

A finales de 1997 conoció a un grupo de mujeres que empezaban a hablar de su experiencia en la Guerra Civil y la posguerra. Ella no era miliciana, ni había estado en prisión ni en la clandestinidad, como muchas de ellas, pero contaría la experiencia de una niña a quién el trauma de la guerra había cambiado la vida.

Así entró Josefina Piquet en el colectivo Les dones del 36, mujeres que rondando los ochenta años se iban a escuelas, institutos o a centros cívicos a hablar de su experiencia. Ella era la más joven y la llamaban La Nena. Muchas de ellas no habían hablado jamás en público, y mucho menos a estudiantes, que salían emocionados y se preguntaban por qué les habían escondido ese tramo de la historia. En 2005, a raíz de una de las crónicas que publicaba entonces en EL PAÍS, les propuse escribir un libro con la biografía de cada una de ellas. El grupo se disolvió en el 2006 porque muchas ya no podían seguir aquel ritmo. Se despidieron con otro libro editado por ellas: Les dones del 36, un silenci convertit en paraula.

Pero Josefina tenía claro que continuaría divulgando su mensaje. Su discurso era claro y sincero, no le importaba hacer kilómetros y habló ante todo tipo de público, incluso en Francia, en los mismos escenarios que la habían ninguneado. Y en uno de ellos le otorgaron hace poco la Medalla de Oro de la ciudad. Colaboró en el Memorial Democràtic y en el Museu d’Història de Catalunya. A raíz de la exposición Les presons de Franco se integró en el grupo de voluntarios Consell de savis, una actividad oral que aporta la experiencia de la vida de estas personas a grupos de estudiantes.

En los últimos ocho años, Josefina colaboró con la Fundació Congrés Català de Salut Mental, dirigido por la psicóloga clínica Anna Miñarro, que la ha llevado a cursos, jornadas y congresos relacionados con la palabra y la reflexión sobre los traumas de la guerra. Josefina responde al modelo de mujer fuerte, valiente, positiva, que no se rendía ante nada. Su lema: “Si la vida te da limones, añádales agua y azúcar y prepara una buena limonada”.
Isabel Olesti es escritora.

Cinco familias recuperan 70 años después los restos de víctimas del franquismo

Fallecieron, de hambre y frío, en una cárcel de exterminio. Entre los cinco dejaron 18 hijos

Lucía, de 10 años, nieta de un superviviente del penal: "La Guerra Civil no pasó hace tanto tiempo"

Cinco familias de presos fallecidos en la cárcel de Valdenoceda (Burgos), una prisión franquista donde se dejaba morir de hambre y frío a los reclusos, recibieron este sábado los restos identificados de sus padres y abuelos, exhumados e identificados ahora gracias a una muestra de saliva de las personas que nunca les olvidaron. Muy emocionados, los hijos y nietos subieron al escenario del Ateneo de Madrid a recoger el pequeño cofre con los restos, que ahora podrán enterrar cerca de sus familias y de sus pueblos.

Los cinco presos que ahora regresan a casa son Roque González Bueno, Pedro Blanco Cobo, Teófilo Gordillo, Miguel Carretero y Pedro Medina Lozano. El más joven tenía 38 años, y el mayor, 61. Entre los cinco dejaron 18 hijos. Casi todos murieron, según su expediente, de "colitis epidémica", un eufemismo para los estragos que causaban el hambre y el frío. en el penal, una antigua fábrica de sedas reconvertida, como tantas otras fábricas o conventos durante la posguerra, en prisión para albergar a decenas de miles de perdedores de la guerra.

José María González, presidente de la Agrupación de Familiares y amigos de Represaliados en Valdenoceda, explicó que todo empezó cuando su padre, después de 50 años de silencio -"de miedo", aclaró- le contó cómo había muerto su abuelo: hecho preso por sus ideas y enviado a la cárcel de exterminio de Valdenoceda. A finales de 2005, solicitaron la primera subvención estatal para exhumar a su abuelo y los presos que le habían acompañado hasta la muerte. En 2006 se la concedieron y la sociedad de ciencias Aranzadi recuperó, tras cinco meses de trabajo, los restos de 114, de los que de momento, han podido ser identificados y entregados a sus familias 26, incluidos los cinco de este sábado. En 2009, la agrupación solicitó una nueva subvención estatal para poder identificarlos a todos genéticamente. "Pero no conseguimos todos los permisos en plazo y perdimos la subvención. En 2012, el Gobierno nos exigió la devolución de la subvención y el pago, además, de 3.927,55 euros en concepto de intereses de demora. Fue humillante", denunció González. "El Gobierno ha reducido las subvenciones a la memoria histórica a cero mientras destina mucho dinero a la rehabiltación del Valle de los Caídos", lamentó. "No entiendo cómo un Gobierno puede dejar pasar la oportunidad histórica de acabar de una vez con las dos Españas".

Francisco Etxeberria, el forense que más fosas del franquismo ha ayudado a abrir en los últimos 12 años, declaró: "Puedo entender incluso a los que son indiferentes, pero no a los que se oponen a que se abran las fosas para que los familiares de las víctimas los entierren dignamente. En este tiempo, hemos abierto unas 300 y recuperado los restos de más de 6.000 víctimas. Pero muchas fosas no las hemos podido encontrar y muchos restos no han podido ser identificados. Por eso, cada uno, como los cinco que entregamos a sus familias hoy aquí, representa a otros muchos que no hemos podido recuperar".

Lucía, 10 años: "La Guerra Civil no pasó hace tanto tiempo"
Lucía Sempere, de diez años, nieta de Ernesto, uno de los pocos presos de aquel penal de exterminio que logró sobrevivir, explicó: “Hay personas que dicen que la guerra pasó hace mucho tiempo y que tenemos que olvidarnos de todo; que lo que hoy estamos entregando a las familias son solo unos pocos huesos, y que estamos abriendo heridas. Y yo digo que eso no es así. Yo solo tengo diez años. No sé todavía por qué unas personas son capaces de hacer tanto daño a otras. pero lo que sí sé es que todo aquello no sucedió hace mucho tiempo. Mi abuelo lo sufrió y cuando yo nací, me cogía en brazos. No pasó hace tanto tiempo. Yo he estado con mi abuelo. Él siempre decía: ‘Yo perdono, pero no olvido'. Y yo le quiero decir a todas a esas personas que dicen que tenemos que olvidarnos de aquello, que se equivocan. Porque si nos olvidamos, quizás los mayores cometan los mismos errores. Tengo 10 años. Soy una niña y quiero mirar al futuro.Sé que el futuro es lo que tengo delante de mí. Por eso quiero aprender de las personas que han vivido muchos años. Y para aprender, tengo que conocer todo lo que sucedió en el pasado. Así que para mirar adelante, primero tengo que saber lo que pasó y lo que vivieron nuestros abuelos. Y aprender de los errores".

Julián de la Morena, nieto también de un represaliado de Valdenoceda, declaró, al recoger los restos de Pedro Blanco Cobo: "Desgraciadamente, aún hoy, más de 70 años después, sigue librándose otra batalla de las dos Españas. Es la batalla de la dignidad, en la que los del bando de Pedro presentan las armas de la razón y de la libertad y el bando oponente, sus monstruosos tanques de la mezquindad y la indecencia. Un puñado de euros pueden ayudar a sanar las heridas de las familias con la recuperación de los restos de sus seres queridos represaliados, como los de Pedro, que siguen rastreramente perdidos por la piel de esta patria que debería ser común, digna y justa para todos".

Un acto recuerda a los 65 emigrantes lusos que los franquistas mataron en la guerra. Atila también aplastó portugueses

El rastro portugués en la Guerra Civil se perdía, hasta no hace mucho, en el bando rebelde. La columna militar de los Viriatos a modo de brigada internacional fascista, el apoyo logístico a los golpistas, corresponsales de prensa empotrados con los nacionales o la extradición de los republicanos escapados conformaban la huella lusa en el 36. Pero un grupo de investigadores —gallegos— han comenzado a destapar la historia del otro lado de la barricada. El balance, provisional, cifra en 65 los portugueses asesinados por el franquismo en Galicia en el período que va del golpe de Estado al año 1940. “Es un episodio totalmente desconocido”, afirma el historiador Dionisio Pereira. Hoy a partir de las tres, la villa de Monção, enfrente a Salvaterra de Miño, acoge un homenaje a las víctimas del fascismo al que asistirá el expresidente de la República portuguesa Mário Soares. Es la primera vez que, en Portugal, se convocan actos para recordar a sus ciudadanos muertos a manos de Franco.

Pereira, autor junto a Lourenzo Fernández Prieto de un ensayo pionero sobre la materia todavía inédito, explica como el trabajo de campo del proyecto interuniversitario Nomes e Voces ha servido para excavar en la vida y muerte de los republicanos gallego-portugueses. “La base de datos de Nomes e Voces registra, entre 1936 y 1939, más de 4.600 asesinados y 14.000 represaliados”, relata, “entre ellos, detectamos a 159 portugueses, 65 de ellos muertos”. Hay más, eso es seguro. “Los números siempre son de mínimos”, dice. De los 4.600 cadáveres que Atila dejó en Galicia, solo la tercera parte pasaron por tribunales militares. Para contrastar a los demás, los historiadores tiran de registros civiles, aunque son conscientes de que un porcentaje de las víctimas ni siquiera están ahí. Y es en el centro de todas estas incertidumbres donde se encuentran los 65 portugueses asesinados.

Pero la historia también establece conexiones, reconstruye contextos, procura causas y consecuencias de manera no mecánica. Por eso Dionisio Pereira y Fernández Prieto no olvidan remitirse al origen de la presencia portuguesa al norte del Miño. La describen así: “El trabajo de los canteros portugueses adornando con fuentes barrocas villas, pazos y ciudades gallegas en el siglo XVII o la diseminación de numerosos jornaleros por el interior de Galicia un siglo más tarde”. Esta corriente migratoria, continua hasta la guerra, no resulta demasiado visible. Y eso también dificulta la localización de las víctimas del franquismo. “Los portugueses se han integrado con la población local hasta incluso castellanizar sus nombres”, anota Pereira, “por eso tampoco es fácil ver hasta qué punto sufrieron la represión”.

Cuando los militares africanistas deciden poner fin a la democracia de la II República, los portugueses que viven y trabajan en Galicia ya son, sin embargo, otros. Mano de obra barata para el incipiente desarrollo industrial de la comarca de Vigo, peones camineros, obreros de cantera o del ferrocarril, mineros o incluso huidos para no ir a la Primera Guerra Mundial —en la que Portugal participó al lado de los ingleses. “La mayoría son”, puntualizan por escrito Pereira y Fernández Prieto, “emigrantes económicos originarios de un entorno rural”.

Y algunos de ellos, añaden, organizados en los dos grandes sindicatos de la época —el anarquista CNT y el socialista UGT— y en los partidos de izquierdas, hasta el punto de involucrase activamente en la Revolución de 1934. No todos, por supuesto. El dumping laboral funcionaba y el empresariado gallego, cuentan los historiadores, “prefería contratar mano de obra más barata y sumisa procedente de Portugal, antes que los afiliados de los sindicatos”. Incluso hubo secciones sindicales que adoptaron “actitudes apartadas del internacionalismo proletario” y defendieron restricciones a la contratación de portugueses.

Los investigadores descartan características específicas en la represión al proletariado luso. El otro, para la cruzada fascista, no era el que hablaba portugués: era la conjura judeo-masónico-comunista. “Los portugueses que sufren persecución la sufren en el mismo paquete que la anti-España, el marxismo o el poder demócrático republicano”, escriben. Solo Carlos Méixome, del Instituto de Estudos Miñoranos y una de las pocas personas que han trabajado antes sobre el particular, había detectado “indicios de xenofobia y desprecio en los registros civiles de la comarca de Vigo referidos a asesinatos”. Quedan en el aire varias incógnitas, con las que Dionisio Pereira y Lourenzo Fernández Prieto cierran su estudio: ¿la violencia contra portugueses demócratas tiene que ver con el posterior apoyo a la guerrilla del norte del país vecino o con la agitación social de la zona? ¿Las persecuciones de retaguardia en la Guerra Civil demuestran que la frontera en Galicia es más teórica que práctica.

http://ccaa.elpais.com/ccaa/2012/05/11/galicia/1336761925_945059.html

Historiadores contra revisionistas. Una treintena de especialistas en el siglo XX participan en una obra que enmienda el sesgo ideológico del polémico "Diccionario Biográfico Español"

Presentar En el combate por la historia (Ediciones Pasado y Presente) como un contradiccionario, una réplica corregida de las fallidas reseñas del siglo XX incluidas en el Diccionario Biográfico Español de la Real Academia de la Historia (RAH), es un astuto ardid comercial, pero le hace un flaco favor a la causa que les animó a todos, editor e historiadores, a sumarse al proyecto.

Sin quererlo, fomenta esa visión de que la historia española del siglo XX puede ser contada desde dos puntos de vista y que los historiadores están parcelados en los mismos bandos que en la Guerra Civil. Y en verdad los únicos bandos posibles son obvios: historiadores buenos e historiadores malos.

La mayoría de los 33 especialistas reunidos para este proyecto llevan años investigando el siglo XX y gozan de reconocimiento. Hay, además, algunos que participaron en el Diccionario como Fernando Puell o Carlos Barciela. “Yo no estoy ni con unos ni con otros, pero lo que no puedes es justificar el golpe de Estado. Un golpe es un golpe y no el Glorioso Alzamiento, y tampoco puedes llamar solo ‘bando nacional’ a unos porque igual de nacionales eran unos que otros. El problema de aquella obra es que unas cuantas voces han contaminado el resto, es un libro que salió tarado”, sostiene Fernando Puell, profesor de Historia Militar en el Instituto Universitario Gutiérrez Mellado de la UNED y coronel retirado, que aportó 40 biografías a la colección de la RAH y que analiza las operaciones militares durante la Guerra Civil y el papel del Ejército durante el régimen franquista en el libro de Pasado y Presente.

A Carlos Barciela, catedrático de Historia e Instituciones Económicas de la Universidad de Alicante, le disgusta la etiqueta de contradiccionario. “Yo no he hecho contrainvestigación nunca. He hecho investigación y lo que se va a publicar es la labor de muchos años de trabajo”, puntualiza. Aportó al Diccionario unas 200 biografías de ingenieros agrónomos, recopiladas durante ocho años, y dos entradas para En el combate por la historia. En la que dedica a la reforma agraria demuestra que fue un aspecto capital para los sublevados: “Resulta llamativo que desde agosto de 1936 empiezan a promulgar decretos que tienen como finalidad paralizar la reforma agraria de la República y devolver las tierras a sus propietarios”.

El sesgo ideológico y el escaso rigor que impregnaban algunas biografías sobre el siglo XX encargadas por la Real Academia de la Historia indignaron el año pasado a Gonzalo Pontón, histórico editor de Crítica que ahora ha fundado la editorial Pasado y Presente. Le pidió a Ángel Viñas que coordinase una obra que sintetizase con rigor lo ocurrido entre 1931 y 1975, con la actualización de lo investigado en los últimos años, y que ha derivado en un volumen de casi 1.000 páginas. “Aquí hay una escuela historiográfica muy sólida y sensata, y no podíamos permitir que los historiadores españoles fuesen los representados por la RAH”, expone Viñas.

Casi nadie le dijo no. Entre los 33 firmantes figuran algunos de los máximos especialistas en ese periodo: Paul Preston, Julio Aróstegui, Julián Casanova, Enrique Moradiellos, Ricardo Miralles, José-Carlos Mainer, Josep Fontana y Eduardo González Calleja. “Están representadas tres generaciones: una de mayores como Elorza o Fontana; la intermedia con gente como Casanova y la más joven que está haciendo un trabajo muy riguroso como Jorge Marco, Gutmaro Gómez Bravo o José Luis Ledesma”, afirma el coordinador de la obra, que arremete contra el revisionismo —y algunos exponentes del mismo— en un duro epílogo.

El volumen incluye las biografías de 12 protagonistas del periodo ...
...señala Josep Fontana, catedrático de Historia Económica y autor de una treintena de obras. “Personalmente, cuando se desataron las iras por el Diccionario, tampoco acepté criticar la obra en conjunto. Lo que es imperdonable es que se haya montado sin control y que una parte anule la validez de la obra entera. Yo espero que este libro sea una ayuda para poner las cosas en su sitio”, confía Fontana.

Franco, por Paul Preston...
Decir que Franco fue una figura mediocre no explica cómo llegó al poder absoluto (...) al compararle con Hitler y Mussolini, y tuvo mucho en común con ambos, se tropieza con el hecho de que Franco tenía la afición de jugar a las quinielas y que ganaba de vez en cuando.

La falta de escrúpulos en bombardear pueblos asturianos y el uso de mercenarios marroquíes revelaron que Franco sentía por los obreros de izquierdas el mismo desprecio racista que le habían despetado las tribus del Rif.

Llevó a cabo una guerra de terror, en la que la matanza de tropas contrarias se vería acompañada de una represión despiadada de la población civil. Se propuso realizar una inversión en terror para establecer los cimientos de un régimen duradero.

A partir de 1953, empezó a forjar una nueva imagen: la de padre del pueblo. Fue el momento en que en la práctica se retiró del puesto de Jefe del Ejecutivo (...) se quedó con obligaciones rutinarias que cumplía al estilo de un monarca.

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Dar gato por liebre o el fin de la guerra civil y la traición de Casado

Mentiras y traiciones envuelven la historia de la sublevación del general Segismundo Casado en marzo de 1939, en contra del Gobierno de la República dirigido por el Dr. Juan Negrín. Engañó a los historiadores y “confirmó” los mitos esenciales de los vencedores.

En estos días tan tumultuosos políticamente el Ministerio de Defensa publica un libro cuya carencia se hacía sentir agudamente. Bajo la dirección y coordinación del catedrático Javier García Fernández aparece un grueso tomo titulado 25 militares de la República. Son biografías, escritas por otros tantos historiadores de primera fila, de una selección de generales o almirantes y jefes que permanecieron leales al Gobierno republicano en o después de la sublevación militar de 1936. Entre ellos figuran Aranguren, Asensio Torrado, Batet, Buiza, Casado, Cordón, Escobar, Gámir, Hernández Saravia, Hidalgo de Cisneros, Mangada, Martínez Cabrera, Menéndez, Miaja, Núñez de Prado, Pozas y Rojo. La lectura será imprescindible tras tantos años de desfiguración y desvirtuación de su papel en la guerra civil, acrecentadas en algunos casos por el malhadado  Diccionario Biográfico Español que en la nueva legislatura probablemente no tardará en distribuirse.

No se recupera el honor de todos los biografiados. Para uno al menos, y que el Diccionario ha tratado de salvar por todos los medios, la evidencia primaria documental de época lo hunde en las simas del embuste y de la traición. A muchos españoles de las generaciones más jóvenes su nombre no les dirá nada. Se trata del general Segismundo Casado, el hombre que el 5 de marzo de 1939 se levantó en armas contra una República a punto de colapsarse, que creó un sedicente Consejo Nacional de Defensa, que aglutinó en torno suyo a un pequeño arco de figuras de segundo o tercer nivel (salvo Miaja, el anciano socialista Julián Besteiro y el exsubsecretario de Gobernación y destacado miembro del PSOE Wenceslao Carrillo).

La sublevación casadista ha dado origen a discusiones sin cuento. También abrió inmensas heridas en las filas del exilio. Profundizó hasta límites infranqueables las divisiones entre socialistas, comunistas, anarquistas y republicanos. Estuvo basada en una patraña de Casado y en una estrategia política de Franco.

La patraña consistió en acusar a Negrín de hacer el caldo gordo a los soviéticos y sus sicarios españoles y de prolongar la guerra sirviendo exclusivamente el interés de Stalin. De aquí la subpatraña que la sublevación se llevó a cabo para impedir que Negrín y los comunistas se hicieran con el control de los mandos de lo que quedaba de Ejército Popular.

La estrategia de Franco consistió en engañar a Casado haciéndole ver que una rendición inmediata no provocaría represalias entre los mandos militares que no hubieran cometido delitos de sangre. Lo que había detrás es fácil de identificar: Franco deseaba evitar cualquier evacuación de dirigentes políticos, militares y sindicales. Para ello necesitaba que alguien hundiera, desde dentro, las pequeñas posibilidades de resistencia. Así podría liquidar fácilmente la flor y nata republicana.

Casado se tragó el anzuelo. Engatusó a sus compañeros haciéndoles ver que no tendrían que temer demasiado de la victoria franquista y buscó aliados para su golpe en unidades próximas a Madrid. Las encontró en el Cuerpo de Ejército de Cipriano Mera, probado líder anarquista y políticamente analfabeto. Aprovechó el sordo rencor contra los comunistas y manipuló a la Agrupación Socialista Madrileña.

Franco terminó la guerra en beauté, gracias a una operación político-estratégica que le permitió copar a una inmensa cantidad de dirigentes republicanos. También a la masa combatiente. Todos formaban parte de aquella Anti-España cuya eliminación física, política y psíquica había constituido el alfa y el omega de la rebelión de 1936. Casado se escapó a Inglaterra tras una serie de proclamas preconizando la resistencia numantina si no se recibían condiciones satisfactorias de paz. No las obtuvo.

En Londres, Casado escribió unas autojustificativas y falaces memorias, nunca traducidas al español. El manuscrito lo entregó el 21 de julio. Era profundamente anticomunista pero no ponía en solfa a las democracias occidentales que tan poco habían hecho por la República. Hay que sospechar que alguna mano foránea le ayudó en su concepción. Como tras el final de la Segunda Guerra Mundial y en el comienzo de la guerra fría los servicios secretos británicos le hicieron algunas ofertas, es posible que en 1939 ya estuvieran a favor de una labor de intoxicación.

Se conserva el borrador de una carta a Franco que Casado agregó a una misiva fechada el 9 de marzo de 1940 y dirigida al duque de Alba, a la sazón embajador en Londres. No se sabe si este la remitió a su destinatario, pero en ella Casado dejó constancia de la decepción que le había producido el comportamiento de Franco. El motivo de la carta fue el fusilamiento del general Escobar por quien Casado debió de tener un gran respeto. Acusó al Caudillo/ Generalísimo/ Jefe del Estado de haber faltado a la palabra dada. Una terminología dura entre militares.

Casado trapicheó como pudo, con trabajitos en la BBC, uno de los lugares en que los servicios especiales británicos solían aparcar a personajes y personajillos que pudieran ser útiles. Cuando terminó la Segunda Guerra Mundial, emigró a América Latina. Allí pasó más de 15 años, en parte tratando de volver a España. Cuando lo hizo, en septiembre de 1961, nadie le molestó, pero dos años más tarde se le ocurrió solicitar el reconocimiento de sus derechos pasivos y la máquina judicial militar se puso en movimiento. Se le trató con guante blanco hasta cierto punto, pero no obtuvo lo que quería.

Enfermo, encerrado en su piso madrileño durante años y años, fue apañándose con sus ahorros hasta que amenazaron con agotarse. Entonces entró en contacto con el Ministerio de (Des)Información. Se prometió un gran éxito económico de una nueva versión de sus memorias. El problema es que no se acordaba de los hechos de 1939. Tampoco podía ir a hemerotecas. No sabemos si desde el Ministerio, entonces regentado por Manuel Fraga Iribarne, alguien le echó una mano. Sí sabemos que le ayudó uno de los subordinados de Cipriano Mera, también anarquista, un tal Liberino González.

En consecuencia, la nueva versión acentuó hasta extremos delirantes la presunta conspiración comunista, la vesania de Negrín y la larga mano de Stalin sobre la República. Todo muy en consonancia con el furibundo anticomunismo anarquista y franquista y, en particular, las necesidades de la guerra fría. Ya se habían expresado en términos similares renegados comunistas tan caracterizados como Jesús Hernández, Enrique Castro Delgado y Valentín González, el Campesino. También los inevitables poumistas, a la cabeza de los cuales se situó Julián Gorkín.

Casado no quedó muy contento con el resultado, una indicación tal vez de que la nueva versión no era únicamente de su propia pluma, pero no tenía escapatoria. Enfermo y sin dinero, se sometió. Cuando se almuerza con el diablo conviene manejar una larga cuchara. Casado no la tuvo. Jugó con los hechos, engañó a historiadores, “confirmó” los mitos esenciales de los vencedores, encubrió la gran operación político-estratégica de Franco, fue corresponsable de la hecatombe final republicana y, como buen traidor, hizo todo lo posible por desfigurar sus huellas en la historia. Un historiador anglo-norteamericano, Burnett Bolloten, le creyó y sentó escuela. Sus colegas pro y neo-franquistas se frotaron de gusto las manos durante años.

Al final, si se encuentra la evidencia primaria relevante de época, los hechos del pasado quedan iluminados bajo nueva luz.

La pregunta es: ¿por qué ha habido durante tanto tiempo un segmento de la literatura que ha hecho caso a la versión de Casado, que siempre fue en sí inverosímil? La respuesta se encuentra, a nuestro entender, en la conjunción entre las necesidades ontológicas del franquismo, su dependencia de una mitología ad hoc y la ideología de la guerra fría.
De Ángel Viñas, El País 10-12-2011. Seguir la lectura aquí.

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Gabriel Jackson. 2008. JUAN NEGRÍN. Médico, socialista y jefe del Gobierno de la II Républica española. Edt. Crítica.

Enrique Moradiellos. Negrín. Biografía de la figura más difamada de la España del siglo XX. Barcelona: Península, 2006.

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