Héctor García Barranco
Rebelión
"La muerte de Franco significa la caída del último de los signos del totalitarismo nazi-fascista que envuelve toda una etapa en la vida de la humanidad en el siglo XX. Franco había sido un símbolo [...] impuesto por la fuerza de los ejércitos nazifascistas y como producto de una sublevación militar en España " [1].
Luis Echevarria, Presidente de la República de México, 20 de Noviembre de 1975.
Hay muy pocos acontecimientos en la historia de España que se encuentren al margen de la interpretación historiográfica o del debate político. El 27 de Septiembre de 1975 el franquismo decidió morir asesinando. Y este es un hecho fuera de cualquier discusión. La ejecución de las condenas a muerte de los jóvenes militantes del FRAP, Xose Humberto Baena, Ramón García Sanz y Jose Luís Sánchez Bravo, así como de los militantes de ETA, Juan Paredes Manot (Txiki) y Ángel Otaegui, representó la última gran expresión del totalitarismo fascista iniciado en Julio de 1936.
Durante los meses de Agosto y Septiembre de 1975, la comunidad internacional denunció con rotundidad la oleada de detenciones masivas, la falta de garantías en los juicios-farsa, la brutalidad de las torturas y el sadismo de los asesinatos. Los pueblos de Europa y otras partes del mundo protagonizaron manifestaciones sin precedentes, para defender la vida de los jóvenes luchadores antifranquistas. Las acciones multitudinarias de solidaridad y la presión diplomática al más alto nivel, significaron un auténtico golpe de efecto internacional en el proceso de agonía del Régimen de Franco.
La comunidad internacional en defensa de las libertades democráticas.
La conmoción, generada por los asesinatos en el conjunto de la comunidad internacional, produjo acontecimientos parcialmente conocidos por la opinión pública interior, pero de máxima relevancia política en el exterior: el llamamiento a la expulsión de la ONU de España por parte del Presidente de México, Luis Echevarría; o la mayor retirada de Embajadores en Madrid de la historia en 4 días, con la participación de nada menos que 17 Estados como Alemania, Francia, Italia, Bélgica, Suecia, Noruega, Reino Unido, Portugal, Holanda o Canadá. Así mismo, también fueron mundialmente conocidas las imágenes del Primer Ministro socialdemócrata sueco, Olof Palme, pidiendo en las calles de Estocolomo, hucha en mano, el apoyo económico por la “libertad en España” [2] ; o los ruegos y llamadas telefónicas del Papa Pablo VI en la noche del 26 de Septiembre, desoídos por el Dictador.
Estos episodios fueron consecuencia directa de importantes movilizaciones internacionales antifascistas, en defensa de la libertades políticas y por la Democracia, en un contexto mundial de lucha masiva anti-imperialista (con la Guerra de Vietnam recientemente acabada en Abril de 1975). En los días 26 y 27 de Septiembre las movilizaciones llegan a congregar a 100.000 personas en París, con acciones multitudinarias constantes en Marsella, Hendaya, Perpignan, Lyon, Burdeos, el corte de la línea férrea en Ciboure o el rodeo permanente del Consulado en Toulouse; se organizaron concentraciones y manifestaciones en todo el territorio alemán: Frankfurt, Colonia, Bremen, Berlín, Hannover, Bonn o Dusseldorf. Las protestas en Italia toman una dimensión desbordante con 50.000 personas recorriendo Roma, el Consulado de Florencia es asaltado y 20.000 manifestantes bloquean Milan, donde también se fija un piquete permanente en el Consulado; en Utrecht salen 15.000 personas a la calle con la participación del Primer Ministro holandés y varios miembros del Gobierno; además, se movilizaron 8.000 personas en Estocolmo y 2.000 manifestantes rodean la Embajada en Atenas. La respuesta en Portugal a los asesinatos es masiva y contundente: con las emisoras de radio más importantes emitiendo mensajes de solidaridad en castellano, y después de atacar el Consulado, 30.000 personas asaltan y queman la Embajada franquista de Lisboa [3].
Las movilizaciones dentro y fuera del Estado español no pudieron impedir los asesinatos de los 5 luchadores antifranquistas, pero las acciones y las protestas internacionales se mantuvieron activas hasta la muerte de Franco. El exilio político, el fenómeno de la migración económica y la solidaridad internacionalista de los pueblos del mundo, organizados en Partidos Políticos, Sindicatos, Asociaciones o Colectivos de la sociedad civil, explican la fortaleza de aquel movimiento antifascista global desatado entre Octubre y Noviembre del `75. Este movimiento internacional masivo desgastó, aislando políticamente al Régimen, hasta la muerte del dictador. El día 28 de Septiembre, la manifestación en Ginebra contra la delegación franquista en la ONU, congrega a 5.000 personas y se salda con 60 policías heridos; ese mismo día 2.000 personas recorren Quebec en una manifestación histórica, se realizan simultáneamente mítines en ciudades noruegas como Oslo o Bergen y es quemada la Embajada de España en Bruselas. Al día siguiente, en el acto institucional de apertura del curso político en Roma, con la Embajada asaltada y quemada dos días antes, el Presidente del Senado Italiano rinde homenaje a los militantes demócratas del FRAP y de ETA, asesinados por el franquismo.
Incontables acciones de solidaridad en Octubre y Noviembre se reproducen en Suiza, Reino Unido, Dinamarca, Suecia, Venezuela, México, Australia, Turquía, Malta o Colombia, donde es atacado el consulado de Medellín [4] . El libro “27 de Septiembre. Cinco Héroes del Pueblo”, editado en la clandestinidad en enero de 1976, señala que el día 2 de Octubre la Federación Sindical Mundial llama a una “Jornada Mundial de Boicot al Franquismo”. En esta convocatoria, articulada por el sindicalismo internacional, participaron millones de trabajadores con especial incidencia en Europa y América Latina. En Francia, Inglaterra, Suecia, Noruega, Holanda o Italia el Boicot a barcos, trenes, aviones, así como a las comunicaciones postales, telegráficas y telefónicas fue generalizado. En Grecia, Italia y Bélgica, se produce un Paro General de 15 minutos en todas las empresas. En Ankara los trabajadores cortan los suministros de agua y electricidad de la Embajada española de Turquía. Mención especial merece la acción en Suecia, por la cual se cancelaron más de 15.000 viajes turísticos a España en un solo día.
El 17 de Octubre 3.000 personas se manifiestan en Londres, a modo de “reclaim the streets”, tras la finalización de un Acto Público exigiendo la libertad de todos los presos políticos y las libertades para los pueblos del Estado español. La Marcha Internacional de París del 1 de Noviembre, con la participación de numerosas personalidades de toda Europa, reúne a 15.000 personas. Las iniciativas antifranquistas se suceden cada semana en Bélgica (Bruselas), en Holanda (Rotterdam), en Suecia (Goteborg), en Suiza (Ginebra) o en Italia (Roma). El 19 de Noviembre, un día antes de la muerte del dictador, se celebra un mitin en Nueva York en memoria del Presidente del FRAP Julio Álvarez del Vayo (ex Ministro durante la Segunda República). Aquel día, una serie de senadores liberales del Partido Demócrata firman una carta dirigida al Presidente de los EEUU protestando por el apoyo prestado a la España franquista.
Entre Octubre y Noviembre de 1975 otras personalidades como el Primer Ministro de Dinamarca Anker Joergensen, el Alcalde de Frankfurt Rudi Arndt, o el Arzobispo Cardenal Dopfner de la Archidiócesis de Berlín, entre otros, manifiestan su repulsa al Régimen franquista. Además, instituciones de considerable relevancia como el Ayuntamiento de Génova, la Bienal de Venecia, la Asociación Nacional de Magistrados de Italia, la Organización Internacional de Periodistas o la Comisión Internacional de Juristas se posicionan mostrando su solidaridad con los 5 asesinados. Numerosos comités de Amnsitía Internacional denuncian los crímenes y en la reunión de la Internacional Socialista, Willy Brandt, Olof Palme, François Mitterand y Harold Wilson protestan públicamente contra las penas de muerte de los militantes del FRAP y de ETA.
La intelectualidad internacional, comprometida con la Democracia
Otro elemento de interés relacionado con las iniciativas solidarias internacionales que los crímenes de Septiembre de 1975 produjeron, fue el apoyo de múltiples intelectuales de prestigio internacional a la causa antifascista y por la libertad de los pueblos.
El 12 de Septiembre, Jean Ziegler, Consejero Nacional en Ginebra y miembro de la Comisión de Exteriores, hace llegar una carta al Embajador español en Berna dando a conocer el informe de la Comisión Internacional de Juristas. En la misiva, se denuncian las torturas y las vulneraciones de derechos humanos de los “jovenes militantes demócratas” y manifiesta su deseo de “protestar vigorosamente, interpretando el sentimiento de repulsa de numerososo ciudadanos y ciudadnas suizas, contra las torturas que han soportado los cinco acusados, según testimonios irrefutables, durante la fase de instrucción del proceso”.
Multitud de personalidades internacionales con gran prestigio como el historiador hispanista francés Pierre Vilar, el poeta suizo Georges Haldas, el director de cine Pier Paolo Pasolini o sociólogos y profesores de la Universidad de Frankfurt, entre los que destacan el historiador Ernest Bloch, el filósofo Johannes Ernst Seiffert , el escritor y periodista de investigación Günter Wallraff o la profesora Elisabeth Siegel, envían mensajes solidarios condenando al franquismo. El filósofo y profesor de la Sorbona Olivier Revault D’Allones, impulsó un conocido “Manifiesto de Solidaridad con los Revolucionarios de la Península Ibérica”.
Además, el Régimen expulsa de Madrid al cineasta Costa Gavras, al actor Yves Montand y al escritor Regis Debray en el marco del viaje ex profeso realizado para presentar el célebre “Llamado a los antifascistas en Francia” [5] ; la acción de denuncia, firmada por 400 intelectuales entre los que se encuentran Jean Paul Sartre, Bernard Clavel, Michel Foucalt, Yves Deschelles o André Malraux, concluye con un categórico “llamamos al pueblo francés, a todos los antifascistas, a mostrar activamente su solidaridad con el pueblo español y a utilizar todos los medios para detener el brazo de los verdugos franquistas”.
43 años después de los acontecimientos del Otoño de 1975, es de justicia reconocer el enorme sacrificio realizado por las personas defensoras de las libertades que lo dieron todo, incluyendo sus vidas, en la lucha contra la Dictadura franquista [6] . Es de justicia, así mismo, reconocer y agradecer la tenacidad del exilio político, la valentía de la emigración en Europa y la solidaridad del conjunto de la comunidad internacional, por el papel desempeñado en desenmascarar y denunciar la brutalidad y la crueldad de la Dictadura. A pesar de la impunidad del “borrón y cuenta nueva” que supuso la Transición, en lo que se refiere al reconocimiento pleno de las miles de personas que lucharon dentro y fuera del Estado español contra el fascismo, reparar a todas las víctimas de crímenes de lesa humanidad sigue siendo una asignatura pendiente y una obligación democrática. A día de hoy, las víctimas del tardofranquismo no han sido derrotadas y, paradojicamente, continúan encontrando en la comunidad internacional respaldo y apoyo para seguir luchando por la Verdad, la Justicia y la Reparación.
Notas:
[1] Carlos Sola Ayape, De Cárdenas a Echeverría: los 12 puntos de la política exterior de México hacia la España de Franco (1936-1975), Scielo Mexico, 2016.
[2] https://www.elperiodico.com/es/opinion/20160228/la-hucha-de-olof-palme-4935178
[3] Autor@s Anónim@s, 27 de Septiembre, Cinco Héroes del Pueblo, Agencia de Prensa España Popular, Francia, 1978.
[4] Grupo Adelvec, FRAP, 27 de Septiembre de 1975, Ediciones VOSA, 1985.
[5] https://www.elconfidencial.com/espana/2015-09-20/fusiladlos-el-principio-del-fin-del-franquismo_1024329/
[6] https://blogs.publico.es/verdad-justicia-reparacion/2018/09/22/27-de-septiembre-de-1975-manana-cuando-me-maten/
Héctor García Barranco. Licenciado en Historia y militante de PODEMOS en Euskadi.
Firmas de acompañamiento y apoyo al contenido del artículo:
Josetxo Arrieta Arrieta, Senador del “Grupo Confederal UNID@S PODEMOS/EN COMÚ PODEM/EN MAREA”.
Tinixara Guanche Suárez, Diputada en el Parlamento Vasco de “ELKARREKIN PODEMOS”.
José David Carracedo Verde, Diputado en el Congreso del “Grupo Confederal UNID@S PODEMOS/EN COMÚ PODEM/EN MAREA”.
Isabel Serra Sánchez, Diputada en la Asamblea de Madrid de “PODEMOS”.
Miguel Urbán Crespo, Diputado en el Parlamento Europeo de “PODEMOS”.
Mostrando entradas con la etiqueta franquismo. Mostrar todas las entradas
Mostrando entradas con la etiqueta franquismo. Mostrar todas las entradas
lunes, 15 de octubre de 2018
domingo, 9 de septiembre de 2018
¿Solo la exhumación de Franco?
"Lo ocurrido sobrepasa y desborda la capacidad de síntesis de cualquier historiador y de cualquier mente humana. Franco planeó una matanza a sangre fría, al estilo de la Solución Final nazi contra la comunidad judía, y programó su ocultación con total impunidad. Nunca se conocerán las cifras exactas porque el franquismo empleó todos los métodos posibles para borrar la huella de sus crímenes mediante la desaparición física, documental, histórica, la aniquilación de la memoria de lo ocurrido. Solo se inscribió un tercio de la matanza, el resto quedó desaparecido. El régimen franquista llegó a prohibir el luto a los familiares que estaban obligados a esconder su tragedia para poder sobrevivir"
(Tulio Riomesta)
(Tulio Riomesta)
"Sobrevive el régimen franquista en el miedo y la represión que evoluciona hacia un régimen de dictadura financiera sustentada en la pura represión económica, física y mediática junto al ensanchamiento del mercado internacional con todas sus crisis de sobreproducción en el paraíso de los bancos. Sobrevive el franquismo en sus leyes y en sus argucias moralistas, ideológicas y culturales contra la clase trabajadora. Los huesos de Franco no reposan ni reposan los negocios de sus cómplices. Los restos de Franco son demasiada gente y demasiado dinero, terrenos, mansiones, negocios e industrias. La misma iglesia que bendijo fusilamientos y cuerpos en fosas. Hay que abrir el sepulcro para cerrar las heridas causadas por un verdugo sepultado al lado de sus víctimas. Así que, junto a sus restos hay que exhumar los restos de la monarquía heredada de Franco, los jueces, los militares, las calles y los monumentos franquistas"
(Fernando Buen Abad Domínguez)
(Fernando Buen Abad Domínguez)
Mucho se está hablando y especulando últimamente sobre la exhumación de los restos del dictador Francisco Franco de su tumba en el Valle de los Caídos, a raíz de la decisión del Gobierno de proceder a tal fin. La familia Franco ha amenazado con demandar al Gobierno, la Fundación Nacional que lleva el nombre del dictador se ha apuntado a dicha estrategia, y la pléyade de franquistas de todo pelaje campa a sus anchas por periódicos, televisiones, tertulias, artículos y entrevistas. Estamos teniendo que asistir a un indecente y macabro revisionismo histórico de aquél negro período, así como a la puesta de perfil de los partidos de la derecha que aún añoran los tiempos del dictador. Las visitas al Valle de los Caídos (monumento perteneciente a Patrimonio Nacional) se han visto incrementadas durante las últimas semanas, y también ha saltado a la palestra el debate sobre el futuro uso que debe dársele al mausoleo faraónico que ensalza la "Cruzada Nacional", como fue llamada por José Antonio Primo de Rivera, y después por los militares golpistas y por la Iglesia Católica de aquél tiempo. Bien, pero centrando el asunto que nos ocupa, aclaremos e insistamos en que, de momento, la única decisión que este Gobierno ha tomado ha sido la de la exhumación de los restos del dictador, para que sea la familia la que le busque otro lugar íntimo y privado, o bien sea el propio Gobierno el que decida el nuevo sitio "digno y respetuoso" (en palabras de la Ministra Carmen Calvo) que merece. ¿Vamos a ser nosotros, la izquierda republicana y transformadora, los que critiquemos tal decisión? En absoluto. Lo que criticamos es precisamente, como acabamos de recordar, que sea esa la única decisión del Gobierno de turno en relación al vergonzoso asunto de la superación del franquismo en nuestro país.
Recordemos, puestos a ello, que tuvimos que esperar hasta el año 2007 para que el Gobierno del ex Presidente Zapatero (PSOE) pusiera en marcha la actual Ley de Memoria Histórica, que aún dejaba pendientes muchos asuntos, configurando un contexto legal insuficiente y claramente injusto. Y estamos en 2018, es decir, han pasado 11 años desde la proclamación de aquélla Ley, sin que hayamos asistido a significativos avances en relación a la superación del franquismo.
Los Gobiernos del PP se han jactado indecentemente de no haber dedicado ni un euro para la financiación pública de dicha Ley, así que al ritmo que vamos, si lo extrapolamos al resto de asuntos pendientes, calculamos que aún podremos tardar tranquilamente otros 50 años en despojarnos de todos los restos del franquismo. ¿Puede tolerarse esto en una sociedad que se autodenomina "democrática"? Porque la exhumación y salida de los restos del dictador del Valle de los Caídos no es más que uno de los flecos pendientes, pero tenemos muchos más: la exhumación de los restos del Fundador de la Falange (José Antonio Primo de Rivera), la reconversión (o destrucción) del propio lugar faraónico que exalta el Golpe de Estado, la Guerra Civil y la dictadura, la (posible) salida de los cuerpos de republicanos allí enterrados (aquéllos cuyas familias así lo decidan), la exhumación de los restos de republicanos asesinados y enterrados en cunetas y fosas comunes, la exigencia de responsabilidades a todos los gerifaltes del franquismo aún vivos (ex Ministros, ex Policías, etc.) por las atrocidades cometidas, la derogación de la Ley de Amnistía de 1977, la reconversión de estructuras de poder procedentes del franquismo, de vestigios legales de aquélla época, la declaración de nulidad de pleno derecho para todas las sentencias procedentes de tribunales franquistas, la retirada de todo tipo de simbología que exalte a los golpistas o a la dictadura (monumentos, nombres de plazas o calles, etc)...Resumiendo: aplicar Verdad, Justicia y Reparación.
Y hemos dejado para el final un peliagudo asunto, quizás el asunto definitivo para superar de una vez por todas el franquismo en nuestro país, que son lo que pudiéramos denominar las "Garantías de No Repetición", es decir, el conjunto de decisiones y medidas encaminadas a garantizar que episodios tan terribles de la historia no se vuelvan a repetir jamás. Porque el hecho es que mientras continuemos soportando el "franquismo sociológico" presente en nuestro país en diferentes ámbitos y características, no alcanzaremos dicha situación. Estas garantías de no repetición debieran aplicarse, a nuestro juicio, en cinco ámbitos diferentes, de forma paralela, a saber:
1.- Las Fuerzas Armadas. En nuestras FAS habita un grupúsculo fascista, prueba de lo cual ha sido el reciente Manifiesto que algunos cientos de militares de alto rango han firmado ensalzando la figura del dictador. Obscenamente, se referían a él "en el ámbito militar, no en el político", como si habláramos de un padre maltratador "en su faceta de padre, no de maltratador". El Teniente (expulsado del Ejército) Luis Gonzalo Segura, uno de los mayores críticos contra nuestras Fuerzas Armadas, ha denunciado la presencia de fascistas en el seno de nuestras FAS (así como multitud de casos de corrupción y otros desmanes, en sus diferentes libros publicados). Este valiente ex militar nos ha dejado dicho: "Cada cierto tiempo las Fuerzas Armadas tienen que recordarnos quiénes son y de dónde vienen. Nos recuerdan que ganaron la guerra, nos recuerdan que los Reyes se criaron en las rodillas del dictador, nos recuerdan que sostuvieron al Rey y conspiraron con él, y nos recuerdan que casi nada ha cambiado". En efecto, es imprescindible democratizar profundamente nuestras FAS, no sólo en lo formal (procedimientos, obediencia, libertad de expresión, justicia militar, etc.) sino en lo ideológico, removiendo los cimientos y las bases sobre las que se asientan las funciones de los Ejércitos en nuestra sociedad, haciendo primar el respeto absoluto a la soberanía popular. Hemos desarrollado todo esto más ampliamente en nuestra serie de artículos "Por la senda del Pacifismo".
2.- Delito de enaltecimiento. Nos referimos en este ámbito a la promulgación (o ampliación/modificación, en su caso) de leyes y normativas que recojan expresamente como delito muy grave la exaltación de cualquier tipo o forma de fascismo político, incluido el franquismo. Todavía en la actualidad, la ausencia de un marco legal de amplia referencia posibilita que anide y se mantenga una base de franquismo sociológico que legitima la dictadura militar, y difunde las proclamas franquistas y su modelo de sociedad. La superación del franquismo requiere una condena moral sin fisuras por parte de toda la sociedad, y para ello no pueden existir resquicios legales que puedan albergar nuevas semillas franquistas. Evidentemente, en virtud de la existencia de este delito de enaltecimiento del franquismo, quedarían inmediatamente ilegalizadas todo tipo de organizaciones y fundaciones de carácter franquista, como la Fundación Nacional Francisco Franco, que aún hoy día exalta la "vida y obra" del dictador más sanguinario del siglo XX, así como su terrorífico legado.
3.- Ámbito Educativo. La Educación Pública, además de ser laica, gratuita y universal, ha de poseer la calidad suficiente como para contar la historia sin paños calientes. A los escolares de las últimas generaciones se les ha ocultado/ignorado/deformado la realidad perversa del franquismo, que trajo a nuestro país casi cuatro décadas de involución en todos los órdenes. El franquismo debe estudiarse en la escuela pública escrupulosamente, porque ésta también es una vía para que esos escolares, cuando sean adultos, sean capaces de condenar sin fisuras toda forma de fascismo. Nuestros escolares deben conocer la realidad del franquismo en todas sus dimensiones: el Golpe de Estado contra la legitimidad republicana, la Guerra Civil con apoyo del fascismo europeo para los golpistas, la represión sin límites, las torturas, las desapariciones forzadas, los exilios, el exterminio ideológico, el trabajo esclavo, el robo de bebés, la ocultación de la memoria democrática, etc. Así mismo debe desmitificarse el período conocido como la Transición, difundida por la derecha como "modélica", cuando en realidad fue un pacto (con vigilancia y tutela norteamericana y ruido de sables) mediante el cual se nos imponía o Monarquía Parlamentaria o vuelta a la dictadura. Las elecciones de 1977 se nos vendieron como las primeras "libres" desde la Guerra Civil, pero no fue así, ya que los partidos republicanos quedaron ilegalizados. La Transición, por tanto, dio continuidad, de forma encubierta, al franquismo. En primer lugar, porque no hubo una ruptura democrática con el régimen anterior, y en segundo lugar, porque los poderes fácticos que gobernaron durante la dictadura continuaron (y aún continúan) en el poder.
4.- La Iglesia Católica. La secta más poderosa, antigua y ultraconservadora, la Iglesia Católica, fue uno de los pilares del régimen franquista. De hecho, la Iglesia Católica proporcionó y dio soporte y cobertura al núcleo de la ideología legitimadora del golpe militar y de la posterior dictadura que secuestró la soberanía popular por la fuerza de las armas. Aún hoy, muchos jerarcas de la Iglesia continúan defendiendo los postulados que sostenían en aquélla época, tales como la discriminación de la mujer (atacando los avances feministas), o la guerra contra la homosexualidad. La Iglesia Católica bendijo la "Cruzada" franquista, llevó bajo palio al dictador y le concedió su caudillaje "por la Gracia de Dios". A cambio, Franco consagró y empoderó a la Iglesia en aquélla podrida y temerosa sociedad. Es lógico por tanto que la superación del franquismo tenga que venir asociada al fortalecimiento real de un Estado Laico, denunciando los Acuerdos con la Santa Sede, prohibiendo toda simbología religiosa en los actos y edificios públicos, eliminando todos los privilegios que la Iglesia ostenta en nuestro país (fiscalidad, patrimonio, subvenciones...), y sobre todo, arrebatándole el control que la Iglesia posee en el ámbito educativo, expresado en los centros concertados de ideología religiosa, e incluso en los centros públicos a través de la asignatura de religión.
5.- Abolición de la Monarquía y restauración republicana. Por último, pero no menos importante, no superaremos el franquismo mientras mantengamos como Jefe de Estado a un Rey a quien nadie ha votado, y cuya legitimidad procede del franquismo, a través de la figura de Juan Carlos I. La actual Monarquía fue restaurada por el dictador, sin consulta popular que la refrendara. Pedro A. García Bilbao lo ha expresado en los siguientes términos: "No debe olvidarse que la Ley Fundamental, también llamada Constitución Española de 1978, desarrolla un modelo nacido para blindar la monarquía y la relación de fuerzas del final de la dictadura, cuando forma de Estado, unidad de la patria, papel del ejército, relaciones con la Iglesia y legalidad franquista quedaron fuera del debate constitucional y aceptadas sin más". La Monarquía es la pieza base de la pirámide, aquélla que engarza todas las demás, el pegamento que hace que encajen todos los demás elementos del régimen del 78. No sin razón nos dejó dicho el dictador que todo quedaba "atado y bien atado". Es imprescindible poner en cuestión esta figura anacrónica y antidemocrática de la Monarquía, y abrir un Proceso Constituyente que nos conduzca a una nueva Constitución, la Carta Magna que nos defina y consagre como una República Federal, Laica, Solidaria, Participativa y Democrática. Esa nueva Constitución de la Tercera República tiene mucho que beber de la Constitución de 1931, una de las más avanzadas de su época, que conquistaba grandes espacios de poder para las mujeres y la clase trabajadora, que declaraba nuestro país como pacifista, y que supuso grandes avances en igualdad, soberanía y justicia social.
En fin, entendemos que atacando a los cinco ámbitos antes referidos, podremos definitivamente enterrar el franquismo en nuestro país, superando aquélla terrible etapa de nuestra reciente historia, cerrando definitivamente las heridas, enterrando todos nuestros fantasmas, conociendo la verdad de lo que ocurrió, haciendo justicia con los responsables y con las víctimas, y creando todo el entorno sociológico y normativo donde simplemente no quepa exaltación alguna al fascismo "a la española", es decir, al franquismo. Para ello es imprescindible formar a nuestras nuevas generaciones y a las venideras en los horrores que todo aquéllo supuso, y extinguir las posibles amenazas internas que aún pudiéramos soportar. Como estamos pudiendo comprobar, son muchas las decisiones que hay que tomar todavía en relación a la superación del franquismo en nuestro país, pero el Gobierno, de momento, sólo toma una. Se lo toma con tranquilidad, y aún hemos de soportar que los partidos políticos de la derecha afirmen que "no es urgente". No sólo es urgente, sino que llevamos más de 40 años de retraso. Pero la exhumación del dictador sólo es una medida de entre las muchas que hemos de tomar. No disfrutaremos de una democracia completa hasta no superar totalmente el franquismo, hasta no acabar con todos sus vestigios, hasta no apagar su alargada sombra, y ello requiere aún mucho trabajo social y político. Como dejara dicho Milan Kundera: "La lucha del hombre contra el poder es la lucha de la memoria contra el olvido".
Blog del autor: http://rafaelsilva.over-blog.es
domingo, 12 de agosto de 2018
“Nos cuesta horrores seguir investigando los crímenes del franquismo” Entrevista a María Servini de Cubría, jueza de la querella argentina sobre la dictadura.
El Salto
César G. Calero
Ctxt
En el despacho de la jueza María Servini de Cubría, ubicado en el tercer piso de los tribunales federales de Comodoro Py, hay una fotografía que esta magistrada argentina de 81 años guarda con especial cariño. En la imagen puede verse, sonriente, a Ascensión Mendieta, la hija de Timoteo Mendieta, represaliado por el franquismo en 1939 y cuyos restos fueron exhumados hace un año por la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica (ARMH) por orden de la justicia argentina. “Me envió la foto así, con el cuadrito”, recuerda Servini de Cubría, que lleva ocho años investigando desde Argentina los crímenes del franquismo, la única causa abierta en el mundo para arrojar luz sobre el periodo más negro de la historia reciente de España.
La denominada querella argentina cuenta ya con cientos de testimonios y pruebas sólidas sobre esa matriz represiva del franquismo, pero avanza muy lentamente por la falta de colaboración de España, una circunstancia que la magistrada y sus colaboradores llevan constatando varios años. “Nos cuesta horrores seguir investigando la causa de los crímenes del franquismo”, se lamenta Servini de Cubría en un diálogo con CTXT. La investigación ha sido un campo minado desde el principio. Una traba después de la otra, como recuerdan la magistrada y los dos colaboradores que la acompañan en la charla con este medio. El primer obstáculo fue toda una enmienda a la totalidad. La querella se interpuso en Argentina el 14 de abril de 2010 en aplicación del principio de jurisdicción universal. Los delitos a investigar fueron tipificados como lesa humanidad, y por tanto, imprescriptibles. Pero España se amparó desde el principio en la Ley de Amnistía de 1977 y en la prescripción de los delitos, aferrándose al argumento de que el delito de lesa humanidad no estaba definido en la época en que se produjeron los hechos.
“Yo creo que es un error lo que está haciendo España porque cada vez, el tema se agranda más y todavía hay gente de esa época que vive”, asegura la magistrada. Su malestar tiene nombre y apellido: “Con (Mariano) Rajoy estábamos mal, poco y nada pudimos hacer. No sé si (Pedro) Sánchez cambiará de opinión, y entonces también cambien de opinión en el poder judicial en España. Eso no lo sabemos todavía. Ojalá que con el presidente Sánchez se pueda avanzar. Cuando vi el cambio de gobierno, pensé: que nos abran las puertas”.
Esas puertas a las que se refiere la magistrada se cerraron casi por completo cuando la Fiscalía General del Estado instruyó en octubre de 2016 a los juzgados provinciales para que rechazaran tomar declaraciones relacionadas con la causa. Para entonces, Servini ya había imputado a 19 excargos franquistas, entre ellos los exministros Rodolfo Martín Villa, Fernando Suárez y José Utrera Molina (fallecido más tarde), el ex policía Antonio González Pacheco, alias Billy el Niño, y el ex guardia civil Jesús Muñecas. La solicitud de detención y extradición había sido denegada en 2014 por las autoridades españolas, que dejaron en papel mojado una orden internacional de Interpol al interpretar que ésta no era vinculante.
La querella argentina, sin embargo, ha seguido su camino contra viento y marea. El primer paso lo había dado en 2010 Darío Rivas, un nonagenario residente en Argentina, cuyo padre fue fusilado por pistoleros de Falange Española. La ARMH y varias organizaciones de Derechos Humanos de Argentina se personaron en la causa y con los años se fueron sumando varios cientos de querellantes. Las dos últimas denuncias corresponden a sendos casos que habían sido rechazados en principio por el juzgado de Servini de Cubría al entender que no se ajustaban al marco temporal y espacial de la investigación. Pero la Cámara Federal de Casación Penal reconoció en junio el derecho de los denunciantes a sumarse a la querella. Se trata de los casos de José Salmerón Céspedes, un policía que se mantuvo fiel a la República y fue fusilado al inicio de la Guerra Civil en Tetuán, y de Gustavo Muñoz Bustillo, un joven de 16 años asesinado por la policía en Barcelona en septiembre de 1978. La causa se adscribe al periodo 1936-1977 y al territorio español pero la Cámara Federal entendió que ambos casos encajan en el objeto de la investigación.
Servini de Cubría pudo viajar sólo en una ocasión a España en el marco de su investigación. Fue en 2014, una breve estancia en la que intercambió puntos de vista con algunos jueces y habló con víctimas de la represión franquista y algunos de sus familiares. Sus sucesivas peticiones para volver a España a interrogar a los imputados cayeron en saco roto. Solo uno de los excargos franquistas imputados ha manifestado su disposición a declarar: Martín Villa, a quien la jueza responsabiliza de la “posible comisión de hechos atroces”. En concreto, el ex ministro del Interior está acusado por los sucesos de Vitoria de marzo de 1976 en los que murieron cinco obreros a manos de la policía, y por la muerte de varios manifestantes en el País Vasco cuando Martín Villa ya era ministro de Gobernación (Interior). El expolítico español pidió declarar pero con exención de prisión, una solicitud que fue rechazada por la magistrada, que le impuso una fianza que el exministro ya depositó, por lo que podrá declarar sin riesgo de quedar detenido.
Servini de Cubría ya ha enviado un exhorto a España para poder realizar esa acción judicial en octubre. De momento, no ha recibido respuesta por parte de las autoridades españolas, pero la magistrada confía en los nuevos vientos políticos: “Con el cambio de gobierno pienso que nos van a permitir ir a España a tomar declaración. Con el gobierno anterior no nos daban ese permiso. La otra fiscal (Consuelo Madrigal, fiscal general del Estado entre 2015 y 2016) nos negó la declaración indagatoria para todos”. En todo caso, la de Martín Villa sería la única declaración de los imputados en la causa.
Pese a todos los palos en la rueda que ha ido colocando España, la querella argentina ha logrado en estos ocho años de trayectoria algunos logros significativos, como el hecho de que por primera vez prestaran declaración testimonial en un juzgado víctimas de la represión franquista. Varios querellantes viajaron a Argentina a finales de 2013 para dejar constancia de sus denuncias. Y otros se acercaron a la embajada argentina en Madrid y contaron sus casos a través de videoconferencias. Desde el Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Federal N°1 que dirige Servini de Cubría se han emitido además varias peticiones de exhumaciones a España. “Lo que queremos es poder cavar y tener los cuerpos (de las víctimas), como en el caso de Timoteo Mendieta. Realmente, nos alegramos y nos emocionamos mucho el día en que aparecieron los restos de Mendieta. No se imagina la emoción que teníamos. Entiendo perfectamente el sufrimiento de esa gente y me doy cuenta de su desesperación por encontrar a sus familiares”. Pero esas peticiones dependen en última instancia de la voluntad del juzgado provincial que las reciba en España.
Plan sistemático
La investigación argentina se abrió en aplicación del principio de jurisdicción universal. Según la causa 4591/2010, en España hubo un “decidido plan de ataque sistemático y preconcebido para eliminar a todo oponente político”. Ese plan fue ejecutado, de acuerdo a la investigación, “por el grupo de militares alzados, la Falange Española y otras organizaciones afines de apoyo a la insurrección”.
El primer juez que se propuso investigar los crímenes del franquismo fue Baltasar Garzón. El Tribunal Supremo sostuvo que no era competente para hacerlo y poco después le dio la puntilla al apartarlo de la carrera judicial por prevaricación en el caso Gürtel. Garzón declararía después ante Servini de Cubría que la querella argentina era la única posibilidad que tenían las víctimas del franquismo de buscar justicia: “Él insistió en que estamos ante un caso de lesa humanidad”, subraya la jueza.
En el juzgado de Servini de Cubría no son muy optimistas sobre el futuro de la causa (“nos golpearon mucho y nos pusieron muchas trabas”). Para que no acabe archivada con el paso del tiempo, España debería cambiar su actitud y tener un criterio coherente respecto de la justicia universal, advierte la magistrada: “El futuro depende de que España colabore. O que pidan esta causa y la investiguen allá. Acá hay declaraciones, hay prueba. Pero el problema es que a los jueces españoles no les dejan investigar”. Hasta ahora, a España ni siquiera se le ha movido una ceja por los rapapolvos que ha recibido de la ONU, el Consejo de Europa o Amnistía Internacional por su inmovilismo en este asunto.
No es la primera vez que Servini de Cubría tiene que lidiar con causas de lesa humanidad. Ordenó en su día la detención del exdictador argentino Emilio Massera e investigó también el asesinato del exgeneral chileno Carlos Prats y su esposa, perpetrado en Buenos Aires en 1974 por un agente del pinochetismo. Recuerda la magistrada que en este último caso, Chile colaboró con la investigación. Por eso le pide a Pedro Sánchez que haga lo propio: “Tiene que dejarnos investigar y tratar de calmar los ánimos en su propia nación porque no es cierto que esté todo el mundo tranquilo. La gente ha sufrido y aún sigue sufriendo. Hay que buscar y, en la medida de lo posible, ir entregando los restos (de las víctimas) a los familiares”. Para la jueza, no se trata de abrir heridas ni de despertar rencores. “Las heridas –sostiene– están ahora abiertas”.
Fuente:
http://ctxt.es/es/20180801/Politica/21138/Argentina-franquismo-Maria-Servini-de-Cubria-juicio-Cesar-G-Calero.htm
miércoles, 16 de mayo de 2018
Los crímenes del franquismo y su impunidad
Daniel Campione
Intervención en Foro Debate “Los crímenes del franquismo: Impunes en España, denunciados en Argentina”. Realizado en Facultad de Filosofía y Letras-UBA, el 4 de mayo de 2018
En primer lugar, saludamos el trabajo de los querellantes argentinos, que se enfrentan a la búsqueda de clausurar la memoria de la República, de la revolución proletaria y campesina acaecida en la España de 1936, y la criminal represión que se encargó de segar todo el movimiento hacia las transformaciones sociales radicales. La política de supresión de la memoria tuvo inicio desde los comienzos de la dictadura de Franco, y después de su muerte continuó con los gobiernos de la transición española, que pergeñaron una supuesta reconciliación basada en el olvido, sin excluir en absoluto a los gobiernos socialistas.
Quizás, para comenzar a hablar de la represión bajo la dictadura franquista, convenga transcribir un fragmento escrito por José María Pemán, uno de sus ideólogos:
“La guerra, con su luz de fusilería, nos ha abierto los ojos a todos. La idea de turno o juego político, ha sido sustituida para siempre, por la idea de exterminio y expulsión, única salida válida frente a un enemigo que está haciendo de España un destrozo que jamás en la historia nos lo causó ninguna nación extranjera. 24 de julio de 1936.
Por su parte, el general Emilio Mola, durante la preparación del alzamiento llamó a “eliminar sin escrúpulos ni vacilación alguna a todos los que no piensen como nosotros.”
La acción represiva del franquismo responde a un plan sistemático que es puesto en obra desde el mismo alzamiento del 17 de julio de 1936. Escribe Paul Preston: “En el caso de los militares rebeldes, el programa de terror y aniquilación constituía el eje central de su plan y de los preparativos para llevarlo a cabo.” Tuvo un propósito de exterminio no circunscripto al campo militar, sino extendido al plano social e ideológico. Se buscó arrasar con los miembros más activos de las clases subalternas en primer lugar, pero también se actuó sobre los menos destacados, para sembrar el terror en la generalidad de la población. En muchos casos los considerados “marxistas convictos y confesos” fueron asesinados sin más trámite o después de parodias judiciales. Seguidores menos activos y hasta algunos indiferentes terminaron igual ejecutados o enviados a la cárcel o represaliados de diversas maneras. ¡A la cárcel con el neutral¡ escribió un periodista falangista. Los familiares eran asimismo represaliados, empezando por las mujeres, en muchos casos viudas de “rojos”, y los bebés y niños pequeños, que fueron robados por millares.
Se asesina en masa cuando hay una amenaza militar, una seria resistencia contra el avance golpista; pero también se lo hace cuando hay poca o ninguna lucha para imponer el alzamiento militar, como en Logroño, Jerez de la Frontera, Pamplona, Valladolid, amplias zonas de Galicia y decenas o centenares de pequeñas ciudades, pueblos y aldeas que cayeron inermes frente a los facciosos. Buena parte de los crímenes franquistas durante la guerra civil se produjeron con independencia de las acciones bélicas.
Un elemento para entender el carácter de la acción represiva es que en la primera etapa del conflicto todavía no se había configurado una guerra civil propiamente dicha. La resistencia obrera y campesina, junto con militares leales, había detenido el golpe en buena parte de España, pero el ejército de la República había dejado de existir. Así lo analiza Francisco Espinosa Maestre, un experto en las acciones represivas, sobre todo en el sur: “…salvo excepciones, a un lado hubo fuerzas militares y paramilitares fuera de la ley y al otro la población civil. …no estamos ante lo que habitualmente entendemos por una guerra sino simplemente ante un golpe militar, no estamos ante batallas sino ante vulgares matanzas.” Recién será un tiempo después, en particular cuando se logra configurar una defensa organizada y con armamento y equipo razonable ante el ataque a Madrid, cuando se den los presupuestos de una guerra civil en el sentido estricto del término.
A veces se tiende a asimilar la violencia ejercida por fuerzas republicanas con la producida por las fuerzas franquistas. No hay tal cosa, la violencia de los “nacionales” fue dirigida desde la cúspide, se extendió a lo largo de toda la guerra y aún después. Fue una política de venganza social, destinada al castigo de quienes habían osado cuestionar el orden social existente. Dios, la familia y la propiedad requerían una reparación. Desde su punto de vista, al impulso revolucionario de masas inficionadas por el marxismo, cabía oponer la espada vengadora de la reacción.
Una vez terminada la guerra, la política de la venganza continúa. Se ha estimado que hubo 50.000 ejecutados en la posguerra. La diferencia era que las ejecuciones “por bando de guerra” o “ley de fugas”, los “paseos” que terminaban en tiros en la nuca fueron progresivamente reemplazadas por consejos de guerra, que realizaban verdaderas parodias de juicios en las que la condena solía estar predeterminada, dando lugar a verdaderos asesinatos judiciales. Se aplicaba también la ley de “responsabilidades políticas”, que inculpaba a todos aquello que “con actos concretos o pasividad grave” se habían opuesto al triunfo del movimiento nacional. En las cárceles se hacinaban presos en número diez o veinte veces mayor que la capacidad de esas prisiones, muchos millares hacían trabajo esclavo como parte del sistema de “redención de penas por el trabajo”, que dio lugar a la versión española de los campos.
No hay que olvidar el papel de la Iglesia, a la vez legitimadora y beneficiaria de las políticas de exterminio. La institución eclesiástica vivió “una larga época de felicidad, con una dictadura que la protegió, la cubrió de privilegios, defendió sus doctrinas y machacó a sus enemigos.” (J. Casanova)
Se ha dicho que el conflicto español ha sido guerra de clases, de ideología, de religión, de nacionalidades. Fue todo eso, pero hay que prestar mucha atención al primero de los términos. Propietarios rurales y patrones de fábrica se vengaban de quienes habían puesto en duda su derecho de propiedad y sus privilegios, lo que constituía una falta imperdonable, de la que había que impedir la menor posibilidad de que se repitiera.
El triunfo franquista proyecta su sombra hasta el día de hoy. España ha vuelto a ser una monarquía, y no cualquiera: La que instauró el propio Caudillo poniendo al frente a un príncipe escogido por él y educado bajo su tutela. Son herederos de Franco los que hoy gobiernan España, por medio de un partido que fue conformado por dirigentes de la dictadura, convertidos por conveniencia a los ideales democráticos.
Desde Argentina hacemos votos por una España diferente, en la que el poder salga de una vez de manos de quiénes, en más de un sentido, son herederos de Franco y pueda constituirse un efectivo poder popular, al modo que soñaron los mejores luchadores de la República.
Intervención en Foro Debate “Los crímenes del franquismo: Impunes en España, denunciados en Argentina”. Realizado en Facultad de Filosofía y Letras-UBA, el 4 de mayo de 2018
En primer lugar, saludamos el trabajo de los querellantes argentinos, que se enfrentan a la búsqueda de clausurar la memoria de la República, de la revolución proletaria y campesina acaecida en la España de 1936, y la criminal represión que se encargó de segar todo el movimiento hacia las transformaciones sociales radicales. La política de supresión de la memoria tuvo inicio desde los comienzos de la dictadura de Franco, y después de su muerte continuó con los gobiernos de la transición española, que pergeñaron una supuesta reconciliación basada en el olvido, sin excluir en absoluto a los gobiernos socialistas.
Quizás, para comenzar a hablar de la represión bajo la dictadura franquista, convenga transcribir un fragmento escrito por José María Pemán, uno de sus ideólogos:
“La guerra, con su luz de fusilería, nos ha abierto los ojos a todos. La idea de turno o juego político, ha sido sustituida para siempre, por la idea de exterminio y expulsión, única salida válida frente a un enemigo que está haciendo de España un destrozo que jamás en la historia nos lo causó ninguna nación extranjera. 24 de julio de 1936.
Por su parte, el general Emilio Mola, durante la preparación del alzamiento llamó a “eliminar sin escrúpulos ni vacilación alguna a todos los que no piensen como nosotros.”
La acción represiva del franquismo responde a un plan sistemático que es puesto en obra desde el mismo alzamiento del 17 de julio de 1936. Escribe Paul Preston: “En el caso de los militares rebeldes, el programa de terror y aniquilación constituía el eje central de su plan y de los preparativos para llevarlo a cabo.” Tuvo un propósito de exterminio no circunscripto al campo militar, sino extendido al plano social e ideológico. Se buscó arrasar con los miembros más activos de las clases subalternas en primer lugar, pero también se actuó sobre los menos destacados, para sembrar el terror en la generalidad de la población. En muchos casos los considerados “marxistas convictos y confesos” fueron asesinados sin más trámite o después de parodias judiciales. Seguidores menos activos y hasta algunos indiferentes terminaron igual ejecutados o enviados a la cárcel o represaliados de diversas maneras. ¡A la cárcel con el neutral¡ escribió un periodista falangista. Los familiares eran asimismo represaliados, empezando por las mujeres, en muchos casos viudas de “rojos”, y los bebés y niños pequeños, que fueron robados por millares.
Se asesina en masa cuando hay una amenaza militar, una seria resistencia contra el avance golpista; pero también se lo hace cuando hay poca o ninguna lucha para imponer el alzamiento militar, como en Logroño, Jerez de la Frontera, Pamplona, Valladolid, amplias zonas de Galicia y decenas o centenares de pequeñas ciudades, pueblos y aldeas que cayeron inermes frente a los facciosos. Buena parte de los crímenes franquistas durante la guerra civil se produjeron con independencia de las acciones bélicas.
Un elemento para entender el carácter de la acción represiva es que en la primera etapa del conflicto todavía no se había configurado una guerra civil propiamente dicha. La resistencia obrera y campesina, junto con militares leales, había detenido el golpe en buena parte de España, pero el ejército de la República había dejado de existir. Así lo analiza Francisco Espinosa Maestre, un experto en las acciones represivas, sobre todo en el sur: “…salvo excepciones, a un lado hubo fuerzas militares y paramilitares fuera de la ley y al otro la población civil. …no estamos ante lo que habitualmente entendemos por una guerra sino simplemente ante un golpe militar, no estamos ante batallas sino ante vulgares matanzas.” Recién será un tiempo después, en particular cuando se logra configurar una defensa organizada y con armamento y equipo razonable ante el ataque a Madrid, cuando se den los presupuestos de una guerra civil en el sentido estricto del término.
A veces se tiende a asimilar la violencia ejercida por fuerzas republicanas con la producida por las fuerzas franquistas. No hay tal cosa, la violencia de los “nacionales” fue dirigida desde la cúspide, se extendió a lo largo de toda la guerra y aún después. Fue una política de venganza social, destinada al castigo de quienes habían osado cuestionar el orden social existente. Dios, la familia y la propiedad requerían una reparación. Desde su punto de vista, al impulso revolucionario de masas inficionadas por el marxismo, cabía oponer la espada vengadora de la reacción.
Una vez terminada la guerra, la política de la venganza continúa. Se ha estimado que hubo 50.000 ejecutados en la posguerra. La diferencia era que las ejecuciones “por bando de guerra” o “ley de fugas”, los “paseos” que terminaban en tiros en la nuca fueron progresivamente reemplazadas por consejos de guerra, que realizaban verdaderas parodias de juicios en las que la condena solía estar predeterminada, dando lugar a verdaderos asesinatos judiciales. Se aplicaba también la ley de “responsabilidades políticas”, que inculpaba a todos aquello que “con actos concretos o pasividad grave” se habían opuesto al triunfo del movimiento nacional. En las cárceles se hacinaban presos en número diez o veinte veces mayor que la capacidad de esas prisiones, muchos millares hacían trabajo esclavo como parte del sistema de “redención de penas por el trabajo”, que dio lugar a la versión española de los campos.
No hay que olvidar el papel de la Iglesia, a la vez legitimadora y beneficiaria de las políticas de exterminio. La institución eclesiástica vivió “una larga época de felicidad, con una dictadura que la protegió, la cubrió de privilegios, defendió sus doctrinas y machacó a sus enemigos.” (J. Casanova)
Se ha dicho que el conflicto español ha sido guerra de clases, de ideología, de religión, de nacionalidades. Fue todo eso, pero hay que prestar mucha atención al primero de los términos. Propietarios rurales y patrones de fábrica se vengaban de quienes habían puesto en duda su derecho de propiedad y sus privilegios, lo que constituía una falta imperdonable, de la que había que impedir la menor posibilidad de que se repitiera.
El triunfo franquista proyecta su sombra hasta el día de hoy. España ha vuelto a ser una monarquía, y no cualquiera: La que instauró el propio Caudillo poniendo al frente a un príncipe escogido por él y educado bajo su tutela. Son herederos de Franco los que hoy gobiernan España, por medio de un partido que fue conformado por dirigentes de la dictadura, convertidos por conveniencia a los ideales democráticos.
Desde Argentina hacemos votos por una España diferente, en la que el poder salga de una vez de manos de quiénes, en más de un sentido, son herederos de Franco y pueda constituirse un efectivo poder popular, al modo que soñaron los mejores luchadores de la República.
domingo, 22 de abril de 2018
Universo. Ojalá que la utopía de la Universidad pública no desfallezca nunca
Hace poco me confesó mi madre que cada noche rezaba para pedirle a Dios que le dejara vivir hasta ver al más pequeño de sus ocho hijos entrar en la Universidad. La aspiración de mi madre es la de casi todos los padres y madres, que sueñan con ver a sus hijos crecer sanos y a salvo. Pero añadía, con esa mención a la vida universitaria, un matiz digno de rescatar. Para esa generación a la que la Guerra Civil privó de una formación escolar, era fundamental que sus hijos alcanzaran un nivel educativo superior. La Universidad nos iba abrir al universo. Hoy, cuando la posesión de dinero determina los anhelos de demasiados padres para sus hijos, resulta a lo mejor ridículo y cursi. Sin embargo, para los que crecimos bajo esa vocación materna que nos señalaba un camino en la vida, pese a nuestra indiferencia de adolescentes y nuestra prepotencia de chicos de la Transición, la Universidad sigue significando la puerta de acceso a una sociedad igualitaria y justa, donde la violencia y la coacción pueden ser vencidas por la pasión y la vocación.
Sabían aquellas madres que el franquismo había fomentado la corrupción en la Universidad. Que algunos cachorros del régimen habían obtenido el título de primero de su promoción por derechos de cuna y hasta de pernada. Pero incluso así, la sociedad intuía el poder reformador de la cultura y para regenerar un país roto apostaban por la vía del conocimiento, el desarrollo y la innovación. Estas virtudes esenciales acaban de ser humilladas de nuevo en los Presupuestos Generales del Estado, presentados a modo resignación al fracaso. Coincide en los días con un retrato desfavorecedor de la vida universitaria, a la luz de la polémica de un título de máster obtenido por un alto cargo político bajo sospechas que apuntan a un profesorado tan en precario que pudo someterse al chantaje de firmar o falsear tribunales, actas, notas, con tal de contentar al poder.
Cuando todo se aclare quedará algo maltrecha la fe de los pocos que aún creen en la Universidad con la misma firmeza casi angélica con la que creían tantas madres españolas. La corrupción salpica a todas las estructuras de nuestras instituciones, pero hoy como entonces cobra valor la firmeza en insistir en el desarrollo cultural. Mientras el ministro del ramo se declara novio de la muerte en plena procesión, tiene que perseverar un núcleo de resistencia que apueste por el saber, por la conciencia ética. Esa es la madre del futuro de nuestro país. Ojalá que la utopía de la Universidad pública no desfallezca nunca.
https://elpais.com/elpais/2018/04/09/opinion/1523277781_124359.html?rel=str_articulo#1523880340928
Sabían aquellas madres que el franquismo había fomentado la corrupción en la Universidad. Que algunos cachorros del régimen habían obtenido el título de primero de su promoción por derechos de cuna y hasta de pernada. Pero incluso así, la sociedad intuía el poder reformador de la cultura y para regenerar un país roto apostaban por la vía del conocimiento, el desarrollo y la innovación. Estas virtudes esenciales acaban de ser humilladas de nuevo en los Presupuestos Generales del Estado, presentados a modo resignación al fracaso. Coincide en los días con un retrato desfavorecedor de la vida universitaria, a la luz de la polémica de un título de máster obtenido por un alto cargo político bajo sospechas que apuntan a un profesorado tan en precario que pudo someterse al chantaje de firmar o falsear tribunales, actas, notas, con tal de contentar al poder.
Cuando todo se aclare quedará algo maltrecha la fe de los pocos que aún creen en la Universidad con la misma firmeza casi angélica con la que creían tantas madres españolas. La corrupción salpica a todas las estructuras de nuestras instituciones, pero hoy como entonces cobra valor la firmeza en insistir en el desarrollo cultural. Mientras el ministro del ramo se declara novio de la muerte en plena procesión, tiene que perseverar un núcleo de resistencia que apueste por el saber, por la conciencia ética. Esa es la madre del futuro de nuestro país. Ojalá que la utopía de la Universidad pública no desfallezca nunca.
https://elpais.com/elpais/2018/04/09/opinion/1523277781_124359.html?rel=str_articulo#1523880340928
miércoles, 3 de enero de 2018
Franquismo o fascismo
Vicenç Navarro
Hace ya años hubo un debate muy vivo e intenso en círculos politológicos en nuestro país sobre el tipo de régimen político que existía en España durante el periodo 1939-1978. Algunos politólogos, como el Sr. Juan Linz, de la Universidad de Yale (muy influyente en España, maestro de muchos de los profesores de Ciencias Políticas más conocidos en este país), sostenían que aquel régimen había sido un régimen autoritario, o lo que podría llamarse una dictadura a secas, sin más. Su misión era mantener el orden y la autoridad, siendo su dimensión represiva la más acentuada. Dirigida por un caudillo al que el régimen consideraba que tenía dotes casi sobrehumanas (“Caudillo por la gracia de Dios”, se decía en España para definir al Caudillo), tal tipo de Estado recibía el nombre de caudillista, siendo la forma de dictadura más común en América Latina, y que, según tales autores, incluía también la dictadura en España llamada franquista.
Esta visión de la dictadura fue la más común en el establishment político-mediático (es decir, la estructura de poder político y mediático) español, que la promovió extensamente no solo en sus medios de comunicación, sino también en las instituciones educativas del país. Parte del atractivo que esta visión tenía para dicho establishment era que estas dictaduras autoritarias iban debilitando su autoritarismo a medida que se desarrollaba la sociedad y aparecían unas clases sociales -como las clases medias- que, al añadir estabilidad al sistema político, hacían menos necesaria la represión, convirtiéndose más tarde en democracias, tal como el establishment político-mediático creyó que había ocurrido en España. Esta visión fue la preferida por los vencedores de la Guerra Civil, pues justificaba veladamente el golpe militar del 1936 y la dictadura que generó, ya que su autoritarismo era necesario para permitir el desarrollo del país, autoritarismo que fue diluyéndose con el paso del tiempo. De ahí la definición de aquel régimen como franquista, el término más utilizado en España para definir dicho régimen.
El régimen, sin embargo, fue mucho más que autoritario; fue también totalitario
La otra visión de aquel régimen creía que este fue mucho más que autoritario. Consideraba que fue totalitario, es decir, que intentó cambiar toda la sociedad creando un “nuevo hombre” (en aquel entonces la mujer no contaba mucho). Según el Sr. Juan Linz, los regímenes totalitarios eran aquellos que intentaban cambiar la sociedad a través de la imposición de una ideología totalizante (es decir, que afectaba todas las dimensiones del ser humano), como por ejemplo el comunismo, que utilizaba todos los instrumentos a su alcance (desde los educativos hasta los represores) para imponer sus valores. Este tipo de sociedades, decía Linz, eran incambiables, pues no tenían la capacidad de transformarse en democracias. Esta visión de las sociedades comunistas -como regímenes incambiables- fue utilizada durante muchos años por el gobierno federal de EEUU para justificar su gran tolerancia y apoyo a las dictaduras caudillistas latinoamericanas, y su hostilidad hacia las dictaduras comunistas.
Ni que decir tiene que el establishment político-mediático español nunca ha aceptado que el régimen que llamaba franquista fuera totalitario. Pero aquellos que vivimos y sufrimos aquel régimen, sin embargo, podemos dar testimonio de que el régimen dictatorial español fue enormemente represivo no solo físicamente y emocionalmente, sino también ideológicamente. El Estado controlaba todos los sistemas productores de valores, desde la educación hasta todos los medios de comunicación, con el objetivo no solo de mantener el orden y la autoridad, sino también y sobre todo de promover su ideología. Y tal ideología era totalizante en extremo, pues intervenía en todas las dimensiones del ser humano, desde el idioma que uno debía utilizar para comunicarse hasta la manera de realizar y conseguir el orgasmo. Es difícil encontrar una ideología más totalizante que la que existía durante la dictadura del general Franco.
¿Cuál era la ideología totalizante?
Y ahí es donde está el quid de la cuestión. ¿Cuál era la ideología de tal régimen? Naturalmente que aquellos que sostienen la teoría de que el régimen era meramente autoritario, sostienen también que no tenía ideología, lo cual contrasta con la experiencia de cualquier persona que haya sufrido aquel régimen. A mí, cuando era niño, en Barcelona, un policía franquista (se llamaban los grises) me pegó una bofetada por hablar catalán, mi lengua materna, gritándome “no hables como un perro, habla en cristiano”. Y la masturbación estaba prohibida. Si no se lo creen, pregúntenselo a sus abuelos (ver mi biografía personal “Una breve historia personal de nuestro país: biografía de Vicenç Navarro”, en vnavarro.org, 26.09.17)
Varias eran las características de su ideología. Una era la sumisión del mundo del trabajo al mundo empresarial (que se benefició extensamente del tal régimen) a través de los sindicatos verticales. No se ha enfatizado suficientemente el clasismo elevado (dominio y reproducción de clase) como característica de aquel régimen dictatorial, lo cual es sorprendente pues un objetivo mayor del golpe militar que lo creó y enalteció en 1936 fue precisamente la defensa de los intereses y principios de la clase dominante (incluyendo las élites económicas y financieras del país) frente a los avances sociales que la II República había estado consiguiendo como resultado de las presiones realizadas por las clases populares.
Otra característica era la sumisión (en realidad, eliminación) de los nacionalismos periféricos (catalán, vasco y gallego) al nacionalismo españolista uninacional enraizado en la monarquía y su pasado imperial. Esta característica definió también aquel régimen cuyo enaltecimiento fue creado bajo el lema de defender la “unidad de España”, unidad que, por cierto, no había estado amenazada, difundiéndose bajo este lema, no la unidad de España sino la continuidad de un estado monárquico borbónico, jerárquico, radial (centrado en la capital del Reino, que tuvo poco que ver con el Madrid popular) y uninacional, que consideraba como “antiEspaña” a la visión plurinacional de España, poliédrica, no radial, con una convivencia consensuada y no forzada por el Ejército.
Estas características, clasismo y nacionalismo extremo, eran características de las ideologías totalizantes conocidas en el siglo XX como nazismo y fascismo, y que se presentaron claramente en el golpe militar del 1936 que no hubiera sido posible sin la ayuda del nazismo alemán y del fascismo italiano. Y así fue percibido por la mayoría de las instituciones internacionales, incluyendo las Naciones Unidas, lo cual explica que fuera de España no se utilice el término franquista para definir el régimen dictatorial español, sino el término fascista. Cuando el Sr. Samaranch fue en el año 1996 a EEUU a inaugurar los Juegos Olímpicos de Atlanta, el New York Times, en su nota biográfica, lo definió como “el delegado de deportes del régimen fascista español liderado por el general Franco”. No era su intento insultarle, pues el término con el que se definió aquel régimen en la mayoría de los medios de comunicación occidentales fue el de fascismo. En realidad, el único país en el que no se utiliza el término fascismo es España, y ello no es por casualidad, pues le conviene al establishment político-mediático presentarlo como un caudillismo, ya que una vez desaparecido el caudillo, la dictadura desapareció.
La falacia que el término “dictadura franquista” oculta
Pero la realidad actual muestra el error de tal definición, pues muchos de los elementos de aquella ideología dominante durante la dictadura aparecen también hoy en la cultura dominante de este país, incluyendo el clasismo y el nacionalismo extremo uninacional.
Referente al clasismo, hay que recordar que muchas de las grandes empresas del Ibex 35 proceden del franquismo, como bien ha documentado Rubén Juste. Y su gran poder –junto con el de la Gran Patronal- explica este poder no sólo en lo económico sino también en lo político y mediático, ejerciendo una influencia sobre el estado que implica que los salarios continúan siendo de los más bajos de la Unión Europea de los Quince (UE-15), que el porcentaje de las rentas del trabajo sobre la totalidad de las rentas nacionales sea de los más bajas de la UE-15 (mientras que el porcentaje de las rentas del capital sean de las más elevadas); que los ingresos públicos del estado sean de los más bajos de la UE-15 y que el gasto público social en los servicios públicos como sanidad, educación, escuelas de infancia, vivienda social, servicios asistenciales, en las transferencias sea de los más bajos en tal comunidad europea (ver mi libro El subdesarrollo social de España: causas y consecuencias, editorial Anagrama, 2006).
Elementos de continuidad dentro del Estado
Es sorprendente también ver la continuidad en las élites dirigentes del estado (desde el jefe de Estado a ministros y dirigentes estatales). Gran cantidad de funcionarios del Estado dictatorial y sus descendientes han ocupado y continúan ocupando puestos de gran responsabilidad. En realidad, los herederos de los vencedores de la Guerra Civil son muchos más en las cúspides del poder estatal, que no los herederos de los vencidos. La gran resistencia a corregir la tergiversación de la historia de España que continúa enseñándose en las escuelas tanto públicas como privadas es las comunidades históricamente dominadas por los primeros, la oposición a legislar la impunidad de los crímenes del franquismo, la intolerancia cuando no apoyo a monumentos al fascismo (como el Valle de los Caídos), la relación privilegiada del estado con la Iglesia, el enorme conservadurismo de la administración pública, la gran corrupción, la utilización de los aparatos del estado para fines partidistas, y muchos otros hechos, son indicadores de la continuación de la ideología mal llamada franquista.
El enorme énfasis en el “respeto a la ley y al orden” (en España, que es uno de los países de la UE-15 que tiene más policías por 100.000 habitantes y menos adultos trabajando en sanidad y educación) que existe en España, y el excesivo poder de la clase empresarial, (síntomas del clasismo heredado de la dictadura anterior), conseguido a costa del escaso poder del mundo sindical (que se traduce también en el escaso desarrollo de la cogestión en las empresas), y su movilización centrada en la bandera y el himno borbónico del lado vencedor, consideradas como los símbolos nacionales, son claro ejemplo de la legitimación de la ideología de aquel régimen. Ni que decir tiene que la forma y el contexto de tales características han ido variando sustancialmente. Pero estos cambios no ha significado su eliminación como indiqué en un artículo reciente, señalando que no ha habido una desnazificación o desfasticización de España como ocurrió en otros países que tuvieron regímenes parecidos como Alemania, Italia y la Francia de Vichy (ver en Público 21 de noviembre de 2017, “Franco no ha muerto”).
Ni que decir tiene que el Estado español y la sociedad española en la que tal estado ha estado ubicado ha cambiado muchísimo durante los casi cuarenta años que han pasado desde el fin de la dictadura. Y mucho bueno ha ocurrido en el reconocimiento de los derechos laborales y sociales, en el mejoramiento de las instituciones políticas y en la sensibilidad de la administración pública. Ahora bien, estos cambios, por muy significativos que hayan sido, no han alterado elementos clave y definitorios del estado anterior, que han continuado reproduciéndose en los aparatos del estado y en muchas de las políticas públicas aprobadas y desarrolladas por tal estado que son resultado de la continuidad de lo que se llama “cultura franquista” que tiene claros componentes de las características que definieron la ideología dominante del régimen dictatorial. Sin ello, no se explica que, por ejemplo, como consecuencia del clasismo extremo (cuyas formas de expresión han variado, pero que mantienen un gran dominio de los propietarios y gestores del mundo empresarial en la vida política del país), España continúe teniendo, cuarenta años después del fin de la dictadura, unos de los salarios y uno de los gastos públicos sociales más bajos de la UE-15. Lo que se llama continuación de la cultura franquista se refleja también con clara represión hacia ideologías distintas a la promovida por el Estado y su constitución en los grandes sectores de los aparatos del Estado como los aparatos policiales y judiciales del Estado central.
El continuismo de esta ideología uninacional y autoritaria en el comportamiento judicial en el caso de los presos políticos actuales
Prueba de lo dicho anteriormente es comparar el enjuiciamiento del ex Presidente Puigdemont en las cortes belgas con las cortes españolas. Independientemente de la valoración y opinión que uno tenga del comportamiento del gobierno Junts pel Sí y su estrategia para alcanzar la independencia, conocida en Catalunya como el “procés”, (y que yo he sido muy crítico en este artículo “Los independentistas son también responsables de la enorme crisis en Catalunya”, Público, 8 de diciembre de 2017). Cualquier lector objetivo puede comparar la dureza y extremismo del sistema judicial español hacia el ex Presidente Puigdemont con el sistema judicial belga. La petición del sistema judicial español de que se detuviera al Presidente Puigdemont y a sus consejeros por los supuestos delitos de rebelión y sedición que la juez de la Audiencia Nacional, la Sra. Carmen Lamela, había dictado fueron prácticamente desautorizados al considerar tales acusaciones exageradas e infundadas, entendiendo solo que los acusados habrían desobedecido, cuya pena no implicaba prisión. El temor a que el tribunal belga reafirmara esta conclusión, asustó al juez del Tribunal Supremo, el Sr. Pablo Llarena, y determinó que eliminara y borrara la petición de extradición pues sabía que el tribunal belga mostraría el carácter claramente político y represivo de la justicia española, clara herencia de la cultura que en España se continúa llamando franquista. No podía haberse mostrado de una manera más clara.
Vicenç Navarro es catedrático de Ciencias Políticas y Políticas Públicas en la Universitat Pompeu Fabra
Fuente: http://blogs.publico.es/vicenc-navarro/2017/12/15/franquismo-o-fascismo-2/
Público.es
Hace ya años hubo un debate muy vivo e intenso en círculos politológicos en nuestro país sobre el tipo de régimen político que existía en España durante el periodo 1939-1978. Algunos politólogos, como el Sr. Juan Linz, de la Universidad de Yale (muy influyente en España, maestro de muchos de los profesores de Ciencias Políticas más conocidos en este país), sostenían que aquel régimen había sido un régimen autoritario, o lo que podría llamarse una dictadura a secas, sin más. Su misión era mantener el orden y la autoridad, siendo su dimensión represiva la más acentuada. Dirigida por un caudillo al que el régimen consideraba que tenía dotes casi sobrehumanas (“Caudillo por la gracia de Dios”, se decía en España para definir al Caudillo), tal tipo de Estado recibía el nombre de caudillista, siendo la forma de dictadura más común en América Latina, y que, según tales autores, incluía también la dictadura en España llamada franquista.
Esta visión de la dictadura fue la más común en el establishment político-mediático (es decir, la estructura de poder político y mediático) español, que la promovió extensamente no solo en sus medios de comunicación, sino también en las instituciones educativas del país. Parte del atractivo que esta visión tenía para dicho establishment era que estas dictaduras autoritarias iban debilitando su autoritarismo a medida que se desarrollaba la sociedad y aparecían unas clases sociales -como las clases medias- que, al añadir estabilidad al sistema político, hacían menos necesaria la represión, convirtiéndose más tarde en democracias, tal como el establishment político-mediático creyó que había ocurrido en España. Esta visión fue la preferida por los vencedores de la Guerra Civil, pues justificaba veladamente el golpe militar del 1936 y la dictadura que generó, ya que su autoritarismo era necesario para permitir el desarrollo del país, autoritarismo que fue diluyéndose con el paso del tiempo. De ahí la definición de aquel régimen como franquista, el término más utilizado en España para definir dicho régimen.
El régimen, sin embargo, fue mucho más que autoritario; fue también totalitario
La otra visión de aquel régimen creía que este fue mucho más que autoritario. Consideraba que fue totalitario, es decir, que intentó cambiar toda la sociedad creando un “nuevo hombre” (en aquel entonces la mujer no contaba mucho). Según el Sr. Juan Linz, los regímenes totalitarios eran aquellos que intentaban cambiar la sociedad a través de la imposición de una ideología totalizante (es decir, que afectaba todas las dimensiones del ser humano), como por ejemplo el comunismo, que utilizaba todos los instrumentos a su alcance (desde los educativos hasta los represores) para imponer sus valores. Este tipo de sociedades, decía Linz, eran incambiables, pues no tenían la capacidad de transformarse en democracias. Esta visión de las sociedades comunistas -como regímenes incambiables- fue utilizada durante muchos años por el gobierno federal de EEUU para justificar su gran tolerancia y apoyo a las dictaduras caudillistas latinoamericanas, y su hostilidad hacia las dictaduras comunistas.
Ni que decir tiene que el establishment político-mediático español nunca ha aceptado que el régimen que llamaba franquista fuera totalitario. Pero aquellos que vivimos y sufrimos aquel régimen, sin embargo, podemos dar testimonio de que el régimen dictatorial español fue enormemente represivo no solo físicamente y emocionalmente, sino también ideológicamente. El Estado controlaba todos los sistemas productores de valores, desde la educación hasta todos los medios de comunicación, con el objetivo no solo de mantener el orden y la autoridad, sino también y sobre todo de promover su ideología. Y tal ideología era totalizante en extremo, pues intervenía en todas las dimensiones del ser humano, desde el idioma que uno debía utilizar para comunicarse hasta la manera de realizar y conseguir el orgasmo. Es difícil encontrar una ideología más totalizante que la que existía durante la dictadura del general Franco.
¿Cuál era la ideología totalizante?
Y ahí es donde está el quid de la cuestión. ¿Cuál era la ideología de tal régimen? Naturalmente que aquellos que sostienen la teoría de que el régimen era meramente autoritario, sostienen también que no tenía ideología, lo cual contrasta con la experiencia de cualquier persona que haya sufrido aquel régimen. A mí, cuando era niño, en Barcelona, un policía franquista (se llamaban los grises) me pegó una bofetada por hablar catalán, mi lengua materna, gritándome “no hables como un perro, habla en cristiano”. Y la masturbación estaba prohibida. Si no se lo creen, pregúntenselo a sus abuelos (ver mi biografía personal “Una breve historia personal de nuestro país: biografía de Vicenç Navarro”, en vnavarro.org, 26.09.17)
Varias eran las características de su ideología. Una era la sumisión del mundo del trabajo al mundo empresarial (que se benefició extensamente del tal régimen) a través de los sindicatos verticales. No se ha enfatizado suficientemente el clasismo elevado (dominio y reproducción de clase) como característica de aquel régimen dictatorial, lo cual es sorprendente pues un objetivo mayor del golpe militar que lo creó y enalteció en 1936 fue precisamente la defensa de los intereses y principios de la clase dominante (incluyendo las élites económicas y financieras del país) frente a los avances sociales que la II República había estado consiguiendo como resultado de las presiones realizadas por las clases populares.
Otra característica era la sumisión (en realidad, eliminación) de los nacionalismos periféricos (catalán, vasco y gallego) al nacionalismo españolista uninacional enraizado en la monarquía y su pasado imperial. Esta característica definió también aquel régimen cuyo enaltecimiento fue creado bajo el lema de defender la “unidad de España”, unidad que, por cierto, no había estado amenazada, difundiéndose bajo este lema, no la unidad de España sino la continuidad de un estado monárquico borbónico, jerárquico, radial (centrado en la capital del Reino, que tuvo poco que ver con el Madrid popular) y uninacional, que consideraba como “antiEspaña” a la visión plurinacional de España, poliédrica, no radial, con una convivencia consensuada y no forzada por el Ejército.
Estas características, clasismo y nacionalismo extremo, eran características de las ideologías totalizantes conocidas en el siglo XX como nazismo y fascismo, y que se presentaron claramente en el golpe militar del 1936 que no hubiera sido posible sin la ayuda del nazismo alemán y del fascismo italiano. Y así fue percibido por la mayoría de las instituciones internacionales, incluyendo las Naciones Unidas, lo cual explica que fuera de España no se utilice el término franquista para definir el régimen dictatorial español, sino el término fascista. Cuando el Sr. Samaranch fue en el año 1996 a EEUU a inaugurar los Juegos Olímpicos de Atlanta, el New York Times, en su nota biográfica, lo definió como “el delegado de deportes del régimen fascista español liderado por el general Franco”. No era su intento insultarle, pues el término con el que se definió aquel régimen en la mayoría de los medios de comunicación occidentales fue el de fascismo. En realidad, el único país en el que no se utiliza el término fascismo es España, y ello no es por casualidad, pues le conviene al establishment político-mediático presentarlo como un caudillismo, ya que una vez desaparecido el caudillo, la dictadura desapareció.
La falacia que el término “dictadura franquista” oculta
Pero la realidad actual muestra el error de tal definición, pues muchos de los elementos de aquella ideología dominante durante la dictadura aparecen también hoy en la cultura dominante de este país, incluyendo el clasismo y el nacionalismo extremo uninacional.
Referente al clasismo, hay que recordar que muchas de las grandes empresas del Ibex 35 proceden del franquismo, como bien ha documentado Rubén Juste. Y su gran poder –junto con el de la Gran Patronal- explica este poder no sólo en lo económico sino también en lo político y mediático, ejerciendo una influencia sobre el estado que implica que los salarios continúan siendo de los más bajos de la Unión Europea de los Quince (UE-15), que el porcentaje de las rentas del trabajo sobre la totalidad de las rentas nacionales sea de los más bajas de la UE-15 (mientras que el porcentaje de las rentas del capital sean de las más elevadas); que los ingresos públicos del estado sean de los más bajos de la UE-15 y que el gasto público social en los servicios públicos como sanidad, educación, escuelas de infancia, vivienda social, servicios asistenciales, en las transferencias sea de los más bajos en tal comunidad europea (ver mi libro El subdesarrollo social de España: causas y consecuencias, editorial Anagrama, 2006).
Elementos de continuidad dentro del Estado
Es sorprendente también ver la continuidad en las élites dirigentes del estado (desde el jefe de Estado a ministros y dirigentes estatales). Gran cantidad de funcionarios del Estado dictatorial y sus descendientes han ocupado y continúan ocupando puestos de gran responsabilidad. En realidad, los herederos de los vencedores de la Guerra Civil son muchos más en las cúspides del poder estatal, que no los herederos de los vencidos. La gran resistencia a corregir la tergiversación de la historia de España que continúa enseñándose en las escuelas tanto públicas como privadas es las comunidades históricamente dominadas por los primeros, la oposición a legislar la impunidad de los crímenes del franquismo, la intolerancia cuando no apoyo a monumentos al fascismo (como el Valle de los Caídos), la relación privilegiada del estado con la Iglesia, el enorme conservadurismo de la administración pública, la gran corrupción, la utilización de los aparatos del estado para fines partidistas, y muchos otros hechos, son indicadores de la continuación de la ideología mal llamada franquista.
El enorme énfasis en el “respeto a la ley y al orden” (en España, que es uno de los países de la UE-15 que tiene más policías por 100.000 habitantes y menos adultos trabajando en sanidad y educación) que existe en España, y el excesivo poder de la clase empresarial, (síntomas del clasismo heredado de la dictadura anterior), conseguido a costa del escaso poder del mundo sindical (que se traduce también en el escaso desarrollo de la cogestión en las empresas), y su movilización centrada en la bandera y el himno borbónico del lado vencedor, consideradas como los símbolos nacionales, son claro ejemplo de la legitimación de la ideología de aquel régimen. Ni que decir tiene que la forma y el contexto de tales características han ido variando sustancialmente. Pero estos cambios no ha significado su eliminación como indiqué en un artículo reciente, señalando que no ha habido una desnazificación o desfasticización de España como ocurrió en otros países que tuvieron regímenes parecidos como Alemania, Italia y la Francia de Vichy (ver en Público 21 de noviembre de 2017, “Franco no ha muerto”).
Ni que decir tiene que el Estado español y la sociedad española en la que tal estado ha estado ubicado ha cambiado muchísimo durante los casi cuarenta años que han pasado desde el fin de la dictadura. Y mucho bueno ha ocurrido en el reconocimiento de los derechos laborales y sociales, en el mejoramiento de las instituciones políticas y en la sensibilidad de la administración pública. Ahora bien, estos cambios, por muy significativos que hayan sido, no han alterado elementos clave y definitorios del estado anterior, que han continuado reproduciéndose en los aparatos del estado y en muchas de las políticas públicas aprobadas y desarrolladas por tal estado que son resultado de la continuidad de lo que se llama “cultura franquista” que tiene claros componentes de las características que definieron la ideología dominante del régimen dictatorial. Sin ello, no se explica que, por ejemplo, como consecuencia del clasismo extremo (cuyas formas de expresión han variado, pero que mantienen un gran dominio de los propietarios y gestores del mundo empresarial en la vida política del país), España continúe teniendo, cuarenta años después del fin de la dictadura, unos de los salarios y uno de los gastos públicos sociales más bajos de la UE-15. Lo que se llama continuación de la cultura franquista se refleja también con clara represión hacia ideologías distintas a la promovida por el Estado y su constitución en los grandes sectores de los aparatos del Estado como los aparatos policiales y judiciales del Estado central.
El continuismo de esta ideología uninacional y autoritaria en el comportamiento judicial en el caso de los presos políticos actuales
Prueba de lo dicho anteriormente es comparar el enjuiciamiento del ex Presidente Puigdemont en las cortes belgas con las cortes españolas. Independientemente de la valoración y opinión que uno tenga del comportamiento del gobierno Junts pel Sí y su estrategia para alcanzar la independencia, conocida en Catalunya como el “procés”, (y que yo he sido muy crítico en este artículo “Los independentistas son también responsables de la enorme crisis en Catalunya”, Público, 8 de diciembre de 2017). Cualquier lector objetivo puede comparar la dureza y extremismo del sistema judicial español hacia el ex Presidente Puigdemont con el sistema judicial belga. La petición del sistema judicial español de que se detuviera al Presidente Puigdemont y a sus consejeros por los supuestos delitos de rebelión y sedición que la juez de la Audiencia Nacional, la Sra. Carmen Lamela, había dictado fueron prácticamente desautorizados al considerar tales acusaciones exageradas e infundadas, entendiendo solo que los acusados habrían desobedecido, cuya pena no implicaba prisión. El temor a que el tribunal belga reafirmara esta conclusión, asustó al juez del Tribunal Supremo, el Sr. Pablo Llarena, y determinó que eliminara y borrara la petición de extradición pues sabía que el tribunal belga mostraría el carácter claramente político y represivo de la justicia española, clara herencia de la cultura que en España se continúa llamando franquista. No podía haberse mostrado de una manera más clara.
Vicenç Navarro es catedrático de Ciencias Políticas y Políticas Públicas en la Universitat Pompeu Fabra
Fuente: http://blogs.publico.es/vicenc-navarro/2017/12/15/franquismo-o-fascismo-2/
miércoles, 27 de diciembre de 2017
La represión económica del Franquismo. Otra represión cruel y en gran parte desconocida por los españoles. Profesor de Secundaria. Zaragoza, Cándido Marquesán Millán.
Es lamentable que una parte de la sociedad española ignore los crímenes del franquismo o le resultan irrelevantes. Hay razones. En la enseñanza de los colegios e institutos, períodos claves de nuestra Historia del siglo XX como la II República, la Guerra Civil y la dictadura franquista reciben un tratamiento escaso. El profesor Enrique Javier Díez Gutiérrez en el artículo Educando la memoria de las jóvenes generaciones: el olvido escolar de la II República y de la barbarie franquista, nos dice que en el documental Los campos del silencio sobre los presos republicanos, la última parte se grababa en el Instituto de Secundaria de Fabero del Bierzo (León), por lo que preguntó a un grupo de alumnos/as sobre el campo de concentración que había estado ubicado en su pueblo, donde hubo un batallón de unos 250 presos republicanos, de 1939 a 1947, trabajando como esclavos para una empresa privada (Minas Moro) y extrayendo carbón en las minas del Bierzo. La existencia de tal campo la desconocían, y eso que algunos de sus abuelos habían estado ahí presos. Hay muchos responsables de este olvido lamentable. Veremos algunos en estas líneas.
En esa filosofía del olvido, el vicesecretario general de Comunicación del Partido Popular, Pablo Casado, espetó: «Hay que olvidar la Historia», justo el 20-N, cuando se conmemora el aniversario de la muerte de Franco. ¡Qué obsesión con olvidar nuestra Historia! Lo grave es que ese pensar y sentir están muy extendidos en una parte importante de la sociedad española. Hace unos días lo pude comprobar: un señor aducía encolerizado “Ya está bien de sacar la mierda”, cuando alguien le argumentaba de la necesidad de enterrar dignamente a muchos de los republicanos asesinados y que permanecen en las cunetas. Hoy mismo acabo de leer un artículo excelente y pleno de valores éticos, que me parece muy oportuno, del profesor de Filosofía de la Universidad de Zaragoza, Juan Manuel Aragües, con un título muy explícito España no es Argentina, donde nos señala, no hace falta excesivo comentario para poner de manifiesto la distancia que existe entre España y Argentina. Allí, el dolor de las víctimas es recompensado con justicia reparadora; aquí, al dolor de las víctimas se añade la imposición del silencio.
Es de dominio común, salvo para algunos olvidadizos y desconocedores del auténtico significado de una democracia, que la dictadura de Franco ejerció una represión brutal sobre todos aquellos que lucharon en el bando republicano. Esta represión que supuso exilio, cárcel, torturas y muertes para cientos de miles de españoles, ha sido estudiada en gran parte por algunos historiadores valientes. En Aragón tenemos un buen ejemplo en el libro El pasado oculto: Fascismo en Aragón (1936-1939) publicado en 1992, dirigido por Julián Casanova, con las historiadoras Ángela Cenarro, Julita Cifuentes, Mª Pilar Maluenda y Mª Pilar Salomón, donde pudimos conocer por primera vez y que supuso un aldabonazo en muchas mentes adormecidas, un listado de muchos aragoneses asesinados por el fascismo. Puedo contar la anécdota de cómo se le arrasaban los ojos a un amigo, cuando le presté este libro, y pudo leer por primera vez escrito el nombre de su padre asesinado por los fascistas.
Ha existido otro tipo de represión económica, prácticamente desconocida para gran parte de la sociedad española. Hoy podemos conocerla en Aragón también gracias al libro Pagar culpas. La represión económica en Aragón (1936-1945) de 2014 dirigido por Julián Casanova y Ángela Cenarro, y de los jóvenes historiadores Estefanía Langarita, Nacho Moreno e Irene Murillo.
Sancionar económicamente a los vencidos tuvo cobertura legal y respondía a un plan sistematizado con objetivos concretos. El Decreto 108 de 13 de septiembre de 1936 de la Junta de Defensa Nacional declara la ilegalidad de todos los partidos políticos que integraban el Frente Popular y se inician las incautaciones de todos sus bienes. Luego, el Decreto de 12 de noviembre de 1936, por el que se deja sin validez y se incautan las pesetas republicanas, el llamado «dinero rojo», dejando a las familias en la más absoluta ruina. Unos meses después el Decreto-Ley de 10 de enero de 1937 puso en marcha la Comisión Central de Bienes Incautados, encargada de confiscar los bienes de fortuna de los republicanos de los territorios conquistados.
Quiero reflejar esta represión económica, impuesta a los republicanos “Rojos” en Híjar, pueblo de la provincia de Teruel. Las grandes síntesis históricas no podrían realizarse sin investigaciones de historia local, comarcal o regional. Para ello me he servido del Libro de Actas Municipales. La conquista del pueblo por las tropas fascistas fue en marzo de 1938, después de haber sometido a la población a unos dramáticos bombardeos por la Legión Cóndor.
En el Pleno municipal de 24 de abril de 1938 se decidió que debían juntarse en un local los colchones y las máquinas recuperadas en Híjar a los rojos huidos, por ser estos objetos de difícil asignación para su dueño, ser de primera necesidad y muy codiciados por todos. En el Pleno de 8 de mayo de 1938 decidieron recoger todas las máquinas, trillos, arados, atalajes de labranza y demás enseres que estaban abandonados por los rojos en las eras, fincas y torres de este término municipal y depositarlos en un local de la carretera propiedad de un terrateniente. Del mismo modo acordaron colocar en la puerta de los pajares de los huidos rojos de esta localidad un letrero que dijera: "Incautado por el Ayuntamiento y prohibida la entrada a toda persona no autorizada por el mismo”, procediéndose a su cierre. A su vez cualquier vecino que quisiera paja de estos pajares debía pagar 5 pesetas por viaje al Ayuntamiento. En el Pleno de 1 de mayo de 1938 se tomó la decisión de repartir los objetos recuperados, en primer lugar a los familiares de los fusilados (al inicio de la guerra los hubo en la localidad por parte de las columnas anarquistas) y pobres de solemnidad; y después a aquellos individuos que, a juicio del Ayuntamiento, por su conducta política durante el actual movimiento fueran más acreedores de obtener beneficios de dicho reparto, acordando se hiciera relación de los bienes entregados a cada uno y nombrar para ello a un concejal, al alguacil y al secretario. En el Pleno de 15 de mayo de 1938, se leyó por parte del Alcalde el contenido de la Ley inserta en el Boletín Oficial de la provincia de Zaragoza nº 108, (durante unos meses estuvo dependiendo Híjar de la administración de Zaragoza) sobre recuperación agrícola de los productos de la tierra de aquellas fincas abandonadas por los rojos de la localidad, por la cual se debía constituir una Comisión, integrada por el Alcalde como Presidente, un Secretario que será el del Ayuntamiento; y, como vocales, un representante de F.E.T. y de las J.O.N.S., un agricultor y un práctico de campo nombrado por el Ayuntamiento. En el Pleno del 11 de septiembre de 1938 se aprobó que se debía pagar, a partir del 1º de octubre próximo, por los actuales inquilinos, el alquiler de la casa que habitasen y que había sido abandonada por individuos rojos de esta villa, cuyo alquiler sería impuesto por una Comisión del Ayuntamiento, que revisaría el estado actual en que se encontrase cada uno de los edificios expresados; debían hacer lo mismo con los pajares de los rojos. En el Pleno de 22 de mayo de 1938 se adjudicó al vecino José Pitarque Pina, tras haberlo solicitado, el borrico del rojo huido Francisco Monzón Gómez.
Los rojos, también pagaron con su trabajo gratuito. El 11 de septiembre de 1938 el Ayuntamiento decidió que la limpieza y arreglo de los locales de las escuelas de párvulos del edificio de las hermanas de San Vicente de Paúl de esta villa, se hiciera con cargo al presupuesto municipal, a fin de que pudieran dar clase, y que, a ser posible, se emplease gente roja para proceder a la limpieza de toda la casa de las monjas, sita en la calle Otal, no pagando cantidad alguna a estas gentes. El 23 de octubre de 1938 se decidió que la leña que el Ayuntamiento facilita para la cocina de Auxilio Social de esta villa, la trajeran del Pinar los individuos clasificados como no afectos al Glorioso Movimiento Nacional de esta villa.
El 26 de marzo de 1939 se decidió que la limpieza de los solares particulares de los escombros producidos por la aviación (la franquista) la llevasen a cabo los rojos. El 9 de abril de 1939 para la construcción del Monumento a los Caídos se decidió que debían presentarse a trabajar los rojos durante 15 días, quedando además a elección del Ayuntamiento el poder mandar a dichos individuos mayor número de días en la limpieza de la localidad, si lo estimaba necesario.
Los rojos pagaron a su vez con su dinero. En el Pleno de 11 de septiembre de 1938 el Ayuntamiento decidió abrir una cuenta corriente en el Banco de Crédito de esta localidad, a nombre del Ayuntamiento con el nombre de "Retenidos", con todo el dinero incautado a los rojos, como desafectos al Régimen que acaudilla el Generalísimo Franco, y pronto en el Pleno de 11 de diciembre de 1938 decidieron que de ese dinero retenido a los rojos, se arreglase el local de la escuela de párvulos, tres dormitorios y una cocina de las monjas de San Vicente de Paúl. De la misma cuenta en el Pleno de 16 de abril de 1939, se aprobó asignar 1100 pesetas para arreglar la Iglesia Parroquial de Santa María la Mayor.
También los rojos perdieron sus puestos de trabajo. Joaquín Losilla Gómez, Voz Pública; Felipe Castañer García, guardián de la cárcel de partido; Joaquín Turón Turón, enterrador en el cementerio católico municipal; José Muñoz Pérez, encargado de las aguas públicas; y Pascual Monzón Carrillo, caminero de la huerta.
Todo este entramado legislativo citado anteriormente y aplicado en Híjar, convergió en la Ley de Responsabilidades Políticas de 9 de febrero de 1939, promulgada tras la caída del frente catalán y con el inminente triunfo definitivo de la guerra. Todo este castigo económico iba dirigido a reforzar las arcas del franquismo a costa de los considerados culpables de la guerra, y a neutralizar cualquier futura reorganización de los adversarios
Siguiendo el artículo La legalización del expolio: la represión económica franquista de Víctor Peñalver Guirao, todas las personas que se mostraron a favor del sistema republicano o habían participado en él, desde 1934 y especialmente durante el gobierno del Frente Popular, o simplemente aquellas que mostraron pasividad ante la irrupción del «Glorioso Alzamiento Nacional», fueron las víctimas de esta ley represora. La Ley vulnera principios jurídicos básicos. Entre ellos, la retroactividad: una ley promulgada en 1939 condena la actividad política –contraria a los valores de una «nueva España» que aún no existía– desempeñada a partir del 1 de octubre de 1934. La ley consideraba delictivos hechos que en el momento de producirse eran legales, rompiendo el principio de nulle crime nulle poena sine lege. Además la gran mayoría de los acusados por responsabilidades políticas habían sido condenados ya por la jurisdicción militar por los mismos hechos, vulnerando el principio jurídico non bis in ídem. Por último, a este entramado judicial fraudulento le siguen aspectos tales como la extensión de la responsabilidad penal a personas muertas, a menores de edad, exiliados, ausentes y desaparecidos, o la transmisión «a modo de herencia» de las sanciones económicas a los familiares en el caso de haber fallecido/desaparecido el condenado.
En la página del Rolde de Estudios Aragoneses, que participó en la edición del libro Pagar culpas ya citado, podemos consultar el listado por orden alfabético de las 13.422 víctimas de la represión económica en Aragón. Me referiré a algunas. A Ramón Acín, pintor, escultor y humorista gráfico, cuyo asesinato fue particularmente avieso y cruel, se había ocultado provisionalmente en su propio domicilio, pero un día oyó cómo una patrulla fascista había entrado en el piso y maltrataba a su mujer, Conchita Monrás; Acín salió espontáneamente a defenderla y fue detenido, sacado a empellones de su casa y fusilado al poco en las tapias del cementerio de Huesca. Diecisiete días después le ocurría lo mismo a su mujer, sin otra responsabilidad política que haberlo sido. Ya muerto se le impuso una multa de 20.000 pesetas por sentencia de 20-7-1938. A Odón de Buen y del Cos, naturalista español que destacó como fundador de la oceanografía español y que marchó al exilio, una multa de 10.000 pesetas. A Antonio Plano, alcalde socialista de Uncastillo (Zaragoza), torturado brutalmente antes de morir y fusilado el 5 de octubre de 1936, una multa de 25.000 pesetas por sentencia de 28-10-1937, que al no poder ser pagada por su esposa le fueron confiscados su vivienda y todos sus enseres. A José Ignacio Mantecón nombrado gobernador de Aragón en 1937 por el gobierno de la República, que se exilió a Méjico, una multa de 10 millones de pesetas por sentencia de 26-10-1938. Termino con Bernardo Aladrén, socialista y ugetista, concejal del Ayuntamiento de Zaragoza durante la II República fue asesinado el 9 de agosto de 1936. Incluso muerto, las autoridades franquistas le sometieron a un juicio en 1941, a través del Tribunal Regional de Responsabilidades Políticas de Zaragoza para averiguar su comportamiento político con el objetivo de arrebatarle si tenía algún patrimonio. Su viuda rozando la miseria y sobreviviendo haciendo faenas por las casas, fue requerida sin contemplaciones varias veces a declarar ante el tribunal. Su expediente fue sobreseído por insolvencia.
Como señaló Xavier Domenech, que también es historiador, en la Comisión Constitucional del 8 de marzo pasado, el Tribunal de Responsabilidades Políticas provocó la mayor transferencia de rentas desde la desamortización de Mendizábal en la historia de España. Y mientras en los partidos políticos —y ahí reside el problema— ha habido varias leyes con las que se les ha restituido el patrimonio o se les ha indemnizado, nunca se ha planteado indemnizar también a las familias expoliadas en este periodo.
http://www.nuevatribuna.es/opinion/candido-marquesan-millan/represion-economica-franquismo-otra-represion-cruel-gran-parte-desconocida-espanoles/20171216103048146370.html?1513511614339
En esa filosofía del olvido, el vicesecretario general de Comunicación del Partido Popular, Pablo Casado, espetó: «Hay que olvidar la Historia», justo el 20-N, cuando se conmemora el aniversario de la muerte de Franco. ¡Qué obsesión con olvidar nuestra Historia! Lo grave es que ese pensar y sentir están muy extendidos en una parte importante de la sociedad española. Hace unos días lo pude comprobar: un señor aducía encolerizado “Ya está bien de sacar la mierda”, cuando alguien le argumentaba de la necesidad de enterrar dignamente a muchos de los republicanos asesinados y que permanecen en las cunetas. Hoy mismo acabo de leer un artículo excelente y pleno de valores éticos, que me parece muy oportuno, del profesor de Filosofía de la Universidad de Zaragoza, Juan Manuel Aragües, con un título muy explícito España no es Argentina, donde nos señala, no hace falta excesivo comentario para poner de manifiesto la distancia que existe entre España y Argentina. Allí, el dolor de las víctimas es recompensado con justicia reparadora; aquí, al dolor de las víctimas se añade la imposición del silencio.
Es de dominio común, salvo para algunos olvidadizos y desconocedores del auténtico significado de una democracia, que la dictadura de Franco ejerció una represión brutal sobre todos aquellos que lucharon en el bando republicano. Esta represión que supuso exilio, cárcel, torturas y muertes para cientos de miles de españoles, ha sido estudiada en gran parte por algunos historiadores valientes. En Aragón tenemos un buen ejemplo en el libro El pasado oculto: Fascismo en Aragón (1936-1939) publicado en 1992, dirigido por Julián Casanova, con las historiadoras Ángela Cenarro, Julita Cifuentes, Mª Pilar Maluenda y Mª Pilar Salomón, donde pudimos conocer por primera vez y que supuso un aldabonazo en muchas mentes adormecidas, un listado de muchos aragoneses asesinados por el fascismo. Puedo contar la anécdota de cómo se le arrasaban los ojos a un amigo, cuando le presté este libro, y pudo leer por primera vez escrito el nombre de su padre asesinado por los fascistas.
Ha existido otro tipo de represión económica, prácticamente desconocida para gran parte de la sociedad española. Hoy podemos conocerla en Aragón también gracias al libro Pagar culpas. La represión económica en Aragón (1936-1945) de 2014 dirigido por Julián Casanova y Ángela Cenarro, y de los jóvenes historiadores Estefanía Langarita, Nacho Moreno e Irene Murillo.
Sancionar económicamente a los vencidos tuvo cobertura legal y respondía a un plan sistematizado con objetivos concretos. El Decreto 108 de 13 de septiembre de 1936 de la Junta de Defensa Nacional declara la ilegalidad de todos los partidos políticos que integraban el Frente Popular y se inician las incautaciones de todos sus bienes. Luego, el Decreto de 12 de noviembre de 1936, por el que se deja sin validez y se incautan las pesetas republicanas, el llamado «dinero rojo», dejando a las familias en la más absoluta ruina. Unos meses después el Decreto-Ley de 10 de enero de 1937 puso en marcha la Comisión Central de Bienes Incautados, encargada de confiscar los bienes de fortuna de los republicanos de los territorios conquistados.
Quiero reflejar esta represión económica, impuesta a los republicanos “Rojos” en Híjar, pueblo de la provincia de Teruel. Las grandes síntesis históricas no podrían realizarse sin investigaciones de historia local, comarcal o regional. Para ello me he servido del Libro de Actas Municipales. La conquista del pueblo por las tropas fascistas fue en marzo de 1938, después de haber sometido a la población a unos dramáticos bombardeos por la Legión Cóndor.
En el Pleno municipal de 24 de abril de 1938 se decidió que debían juntarse en un local los colchones y las máquinas recuperadas en Híjar a los rojos huidos, por ser estos objetos de difícil asignación para su dueño, ser de primera necesidad y muy codiciados por todos. En el Pleno de 8 de mayo de 1938 decidieron recoger todas las máquinas, trillos, arados, atalajes de labranza y demás enseres que estaban abandonados por los rojos en las eras, fincas y torres de este término municipal y depositarlos en un local de la carretera propiedad de un terrateniente. Del mismo modo acordaron colocar en la puerta de los pajares de los huidos rojos de esta localidad un letrero que dijera: "Incautado por el Ayuntamiento y prohibida la entrada a toda persona no autorizada por el mismo”, procediéndose a su cierre. A su vez cualquier vecino que quisiera paja de estos pajares debía pagar 5 pesetas por viaje al Ayuntamiento. En el Pleno de 1 de mayo de 1938 se tomó la decisión de repartir los objetos recuperados, en primer lugar a los familiares de los fusilados (al inicio de la guerra los hubo en la localidad por parte de las columnas anarquistas) y pobres de solemnidad; y después a aquellos individuos que, a juicio del Ayuntamiento, por su conducta política durante el actual movimiento fueran más acreedores de obtener beneficios de dicho reparto, acordando se hiciera relación de los bienes entregados a cada uno y nombrar para ello a un concejal, al alguacil y al secretario. En el Pleno de 15 de mayo de 1938, se leyó por parte del Alcalde el contenido de la Ley inserta en el Boletín Oficial de la provincia de Zaragoza nº 108, (durante unos meses estuvo dependiendo Híjar de la administración de Zaragoza) sobre recuperación agrícola de los productos de la tierra de aquellas fincas abandonadas por los rojos de la localidad, por la cual se debía constituir una Comisión, integrada por el Alcalde como Presidente, un Secretario que será el del Ayuntamiento; y, como vocales, un representante de F.E.T. y de las J.O.N.S., un agricultor y un práctico de campo nombrado por el Ayuntamiento. En el Pleno del 11 de septiembre de 1938 se aprobó que se debía pagar, a partir del 1º de octubre próximo, por los actuales inquilinos, el alquiler de la casa que habitasen y que había sido abandonada por individuos rojos de esta villa, cuyo alquiler sería impuesto por una Comisión del Ayuntamiento, que revisaría el estado actual en que se encontrase cada uno de los edificios expresados; debían hacer lo mismo con los pajares de los rojos. En el Pleno de 22 de mayo de 1938 se adjudicó al vecino José Pitarque Pina, tras haberlo solicitado, el borrico del rojo huido Francisco Monzón Gómez.
Los rojos, también pagaron con su trabajo gratuito. El 11 de septiembre de 1938 el Ayuntamiento decidió que la limpieza y arreglo de los locales de las escuelas de párvulos del edificio de las hermanas de San Vicente de Paúl de esta villa, se hiciera con cargo al presupuesto municipal, a fin de que pudieran dar clase, y que, a ser posible, se emplease gente roja para proceder a la limpieza de toda la casa de las monjas, sita en la calle Otal, no pagando cantidad alguna a estas gentes. El 23 de octubre de 1938 se decidió que la leña que el Ayuntamiento facilita para la cocina de Auxilio Social de esta villa, la trajeran del Pinar los individuos clasificados como no afectos al Glorioso Movimiento Nacional de esta villa.
El 26 de marzo de 1939 se decidió que la limpieza de los solares particulares de los escombros producidos por la aviación (la franquista) la llevasen a cabo los rojos. El 9 de abril de 1939 para la construcción del Monumento a los Caídos se decidió que debían presentarse a trabajar los rojos durante 15 días, quedando además a elección del Ayuntamiento el poder mandar a dichos individuos mayor número de días en la limpieza de la localidad, si lo estimaba necesario.
Los rojos pagaron a su vez con su dinero. En el Pleno de 11 de septiembre de 1938 el Ayuntamiento decidió abrir una cuenta corriente en el Banco de Crédito de esta localidad, a nombre del Ayuntamiento con el nombre de "Retenidos", con todo el dinero incautado a los rojos, como desafectos al Régimen que acaudilla el Generalísimo Franco, y pronto en el Pleno de 11 de diciembre de 1938 decidieron que de ese dinero retenido a los rojos, se arreglase el local de la escuela de párvulos, tres dormitorios y una cocina de las monjas de San Vicente de Paúl. De la misma cuenta en el Pleno de 16 de abril de 1939, se aprobó asignar 1100 pesetas para arreglar la Iglesia Parroquial de Santa María la Mayor.
También los rojos perdieron sus puestos de trabajo. Joaquín Losilla Gómez, Voz Pública; Felipe Castañer García, guardián de la cárcel de partido; Joaquín Turón Turón, enterrador en el cementerio católico municipal; José Muñoz Pérez, encargado de las aguas públicas; y Pascual Monzón Carrillo, caminero de la huerta.
Todo este entramado legislativo citado anteriormente y aplicado en Híjar, convergió en la Ley de Responsabilidades Políticas de 9 de febrero de 1939, promulgada tras la caída del frente catalán y con el inminente triunfo definitivo de la guerra. Todo este castigo económico iba dirigido a reforzar las arcas del franquismo a costa de los considerados culpables de la guerra, y a neutralizar cualquier futura reorganización de los adversarios
Siguiendo el artículo La legalización del expolio: la represión económica franquista de Víctor Peñalver Guirao, todas las personas que se mostraron a favor del sistema republicano o habían participado en él, desde 1934 y especialmente durante el gobierno del Frente Popular, o simplemente aquellas que mostraron pasividad ante la irrupción del «Glorioso Alzamiento Nacional», fueron las víctimas de esta ley represora. La Ley vulnera principios jurídicos básicos. Entre ellos, la retroactividad: una ley promulgada en 1939 condena la actividad política –contraria a los valores de una «nueva España» que aún no existía– desempeñada a partir del 1 de octubre de 1934. La ley consideraba delictivos hechos que en el momento de producirse eran legales, rompiendo el principio de nulle crime nulle poena sine lege. Además la gran mayoría de los acusados por responsabilidades políticas habían sido condenados ya por la jurisdicción militar por los mismos hechos, vulnerando el principio jurídico non bis in ídem. Por último, a este entramado judicial fraudulento le siguen aspectos tales como la extensión de la responsabilidad penal a personas muertas, a menores de edad, exiliados, ausentes y desaparecidos, o la transmisión «a modo de herencia» de las sanciones económicas a los familiares en el caso de haber fallecido/desaparecido el condenado.
En la página del Rolde de Estudios Aragoneses, que participó en la edición del libro Pagar culpas ya citado, podemos consultar el listado por orden alfabético de las 13.422 víctimas de la represión económica en Aragón. Me referiré a algunas. A Ramón Acín, pintor, escultor y humorista gráfico, cuyo asesinato fue particularmente avieso y cruel, se había ocultado provisionalmente en su propio domicilio, pero un día oyó cómo una patrulla fascista había entrado en el piso y maltrataba a su mujer, Conchita Monrás; Acín salió espontáneamente a defenderla y fue detenido, sacado a empellones de su casa y fusilado al poco en las tapias del cementerio de Huesca. Diecisiete días después le ocurría lo mismo a su mujer, sin otra responsabilidad política que haberlo sido. Ya muerto se le impuso una multa de 20.000 pesetas por sentencia de 20-7-1938. A Odón de Buen y del Cos, naturalista español que destacó como fundador de la oceanografía español y que marchó al exilio, una multa de 10.000 pesetas. A Antonio Plano, alcalde socialista de Uncastillo (Zaragoza), torturado brutalmente antes de morir y fusilado el 5 de octubre de 1936, una multa de 25.000 pesetas por sentencia de 28-10-1937, que al no poder ser pagada por su esposa le fueron confiscados su vivienda y todos sus enseres. A José Ignacio Mantecón nombrado gobernador de Aragón en 1937 por el gobierno de la República, que se exilió a Méjico, una multa de 10 millones de pesetas por sentencia de 26-10-1938. Termino con Bernardo Aladrén, socialista y ugetista, concejal del Ayuntamiento de Zaragoza durante la II República fue asesinado el 9 de agosto de 1936. Incluso muerto, las autoridades franquistas le sometieron a un juicio en 1941, a través del Tribunal Regional de Responsabilidades Políticas de Zaragoza para averiguar su comportamiento político con el objetivo de arrebatarle si tenía algún patrimonio. Su viuda rozando la miseria y sobreviviendo haciendo faenas por las casas, fue requerida sin contemplaciones varias veces a declarar ante el tribunal. Su expediente fue sobreseído por insolvencia.
Como señaló Xavier Domenech, que también es historiador, en la Comisión Constitucional del 8 de marzo pasado, el Tribunal de Responsabilidades Políticas provocó la mayor transferencia de rentas desde la desamortización de Mendizábal en la historia de España. Y mientras en los partidos políticos —y ahí reside el problema— ha habido varias leyes con las que se les ha restituido el patrimonio o se les ha indemnizado, nunca se ha planteado indemnizar también a las familias expoliadas en este periodo.
http://www.nuevatribuna.es/opinion/candido-marquesan-millan/represion-economica-franquismo-otra-represion-cruel-gran-parte-desconocida-espanoles/20171216103048146370.html?1513511614339
jueves, 3 de agosto de 2017
El oro de Moscú que ‘pagamos’ a Italia. Hace 50 años que España terminó de abonar la deuda contraída con Mussolini durante la Guerra Civil.
Uno de los grandes mitos que alimentó el franquismo fue el del denominado oro de Moscú.
Las reservas fueron utilizadas por el Gobierno de la Segunda República para financiar la Guerra Civil cuando se le cerraron todas las vías de financiación. Los sublevados tuvieron más facilidades: contaron con créditos internacionales, algunos obtenidos en condiciones muy ventajosas, como los recibidos por Mussolini. El 30 de junio de 1967, hace ahora 50 años, la España franquista terminaba de abonar la deuda contraída con Italia, su principal proveedor.
El golpe militar del 17 de julio de 1936 no triunfa y origina una guerra fratricida que durará dos años y medio. Ambos bandos se enfrentan al inconveniente de la financiación. “Franco no va a tener problemas de suministro. La República, en cambio, choca con la política de no intervención y con los sabotajes de la banca francesa y angloamericana”, explica el historiador Ángel Viñas. Las dificultades republicanas para obtener préstamos se solventan con la venta de parte de las reservas de oro al Banco de Francia. Sin embargo, los problemas no desaparecen. En septiembre, con la connivencia de Largo Caballero, el nuevo ministro de Hacienda, Juan Negrín, decide enviar 510 toneladas de oro a la URSS vía Cartagena. El metal será convertido en divisas para comprar medicinas, alimentos y armas en el mercado negro.
España era entonces el cuarto país con más reservas del mundo. No eran lingotes, sino monedas en curso”, explica Viñas. El historiador subraya que la República financia la guerra al contado y que apenas obtiene dos créditos de la URSS, una situación que contrasta con la de su adversario, que se ha asegurado el favor de Italia y Alemania. “La aportación de Italia a la causa fue muy generosa. Franco no disponía de liquidez para pagar, recibe créditos amigables y sin condiciones. Sin la intervención extranjera, el resultado de la guerra hubiese sido muy diferente”, reconoce José Miguel Campo Rizo, autor de La ayuda de Mussolini a Franco durante la Guerra Civil española.
No hay una relación directa entre el fin del oro y el término de la Guerra Civil”, relata Ángel Viñas. Lo que sí parece seguro es que el tesoro español había sido “efectivamente gastado en su totalidad por el Gobierno de la República durante la guerra”, tal y como concluyó Juan Sardá, fundador del Servicio de Estudios del Banco de España, después de analizar los papeles de Negrín, que habían sido recuperados y silenciados por el franquismo tras su muerte, en 1956. Con los documentos en la mano, Viñas determinó que los rusos cobraron por todos los servicios. Los sublevados, sin embargo, apenas hicieron envíos de algunas materias primas a sus proveedores, posponiendo el pago hasta el final del conflicto.
“Franco no va a tener problemas de suministro. La República choca con la política de no intervención”, dice un historiador
Los papeles de Negrín
El periodista Luis Bolín, que también jugó un papel importante en el alquiler del avión que trasladó a Franco a la península, llega a Roma el 21 de julio de 1936 con el encargo de comprar aviones y material bélico. Tras las dudas iniciales de los italianos, el ministro de Asuntos Exteriores, Galeazzo Ciano, atisba garantías de que el golpe puede triunfar y convence a Mussolini para enviar ayuda. Los golpistas abren así una línea de colaboración con Italia que resultará decisiva en el desenlace de la contienda.
La quita de Mussolini
España extinguió unilateralmente las deudas con los alemanes poco antes del desembarco aliado en Normandía. Consideró que la derrota de Hitler estaba cerca y que ya habían pagado lo suficiente. El caso italiano fue diferente. Aunque existía una comisión mixta para negociar la deuda desde finales de 1938, no se firma un acuerdo hasta el 8 de mayo de 1940. “Franco empieza a llorar y Mussolini condona 2.000 millones de liras”, sostiene Viñas. El montante final que refleja el documento es de 5.000 millones de liras (2,5 millones de euros de la época). Para Viñas, no obstante, el coste para la economía española fue bajo porque “la moneda italiana sufrió una gran depreciación tras la II Guerra Mundial”.
El préstamo comenzó a abonarse el 1 de enero de 1943. En total, 25 anualidades con un interés anual inicial del 0,25% que llegaría al 4% en los años finales. Se concluye el 30 de junio de 1967. Campo Rizo es tajante: “Las cifras sirven de poco, hay que extrapolarlas para saber cuánto supondrían hoy”. ¿Y el oro trasladado a Moscú? En 2006, Viñas lo cifra en 5.700 millones de euros de valor actual y aclara que Stalin no sobrefacturó a la República. “La URSS no era una economía de mercado, así que sus ventas se guiaron por los precios internacionales. Quien sí sobrefacturó a la República fue Italia. Como hicieron una quita en la deuda de Franco, lo comido por lo servido”.
https://politica.elpais.com/politica/2017/06/26/diario_de_espana/1498481566_054663.html#comentarios
Las reservas fueron utilizadas por el Gobierno de la Segunda República para financiar la Guerra Civil cuando se le cerraron todas las vías de financiación. Los sublevados tuvieron más facilidades: contaron con créditos internacionales, algunos obtenidos en condiciones muy ventajosas, como los recibidos por Mussolini. El 30 de junio de 1967, hace ahora 50 años, la España franquista terminaba de abonar la deuda contraída con Italia, su principal proveedor.
El golpe militar del 17 de julio de 1936 no triunfa y origina una guerra fratricida que durará dos años y medio. Ambos bandos se enfrentan al inconveniente de la financiación. “Franco no va a tener problemas de suministro. La República, en cambio, choca con la política de no intervención y con los sabotajes de la banca francesa y angloamericana”, explica el historiador Ángel Viñas. Las dificultades republicanas para obtener préstamos se solventan con la venta de parte de las reservas de oro al Banco de Francia. Sin embargo, los problemas no desaparecen. En septiembre, con la connivencia de Largo Caballero, el nuevo ministro de Hacienda, Juan Negrín, decide enviar 510 toneladas de oro a la URSS vía Cartagena. El metal será convertido en divisas para comprar medicinas, alimentos y armas en el mercado negro.
España era entonces el cuarto país con más reservas del mundo. No eran lingotes, sino monedas en curso”, explica Viñas. El historiador subraya que la República financia la guerra al contado y que apenas obtiene dos créditos de la URSS, una situación que contrasta con la de su adversario, que se ha asegurado el favor de Italia y Alemania. “La aportación de Italia a la causa fue muy generosa. Franco no disponía de liquidez para pagar, recibe créditos amigables y sin condiciones. Sin la intervención extranjera, el resultado de la guerra hubiese sido muy diferente”, reconoce José Miguel Campo Rizo, autor de La ayuda de Mussolini a Franco durante la Guerra Civil española.
No hay una relación directa entre el fin del oro y el término de la Guerra Civil”, relata Ángel Viñas. Lo que sí parece seguro es que el tesoro español había sido “efectivamente gastado en su totalidad por el Gobierno de la República durante la guerra”, tal y como concluyó Juan Sardá, fundador del Servicio de Estudios del Banco de España, después de analizar los papeles de Negrín, que habían sido recuperados y silenciados por el franquismo tras su muerte, en 1956. Con los documentos en la mano, Viñas determinó que los rusos cobraron por todos los servicios. Los sublevados, sin embargo, apenas hicieron envíos de algunas materias primas a sus proveedores, posponiendo el pago hasta el final del conflicto.
“Franco no va a tener problemas de suministro. La República choca con la política de no intervención”, dice un historiador
Los papeles de Negrín
El periodista Luis Bolín, que también jugó un papel importante en el alquiler del avión que trasladó a Franco a la península, llega a Roma el 21 de julio de 1936 con el encargo de comprar aviones y material bélico. Tras las dudas iniciales de los italianos, el ministro de Asuntos Exteriores, Galeazzo Ciano, atisba garantías de que el golpe puede triunfar y convence a Mussolini para enviar ayuda. Los golpistas abren así una línea de colaboración con Italia que resultará decisiva en el desenlace de la contienda.
La quita de Mussolini
España extinguió unilateralmente las deudas con los alemanes poco antes del desembarco aliado en Normandía. Consideró que la derrota de Hitler estaba cerca y que ya habían pagado lo suficiente. El caso italiano fue diferente. Aunque existía una comisión mixta para negociar la deuda desde finales de 1938, no se firma un acuerdo hasta el 8 de mayo de 1940. “Franco empieza a llorar y Mussolini condona 2.000 millones de liras”, sostiene Viñas. El montante final que refleja el documento es de 5.000 millones de liras (2,5 millones de euros de la época). Para Viñas, no obstante, el coste para la economía española fue bajo porque “la moneda italiana sufrió una gran depreciación tras la II Guerra Mundial”.
El préstamo comenzó a abonarse el 1 de enero de 1943. En total, 25 anualidades con un interés anual inicial del 0,25% que llegaría al 4% en los años finales. Se concluye el 30 de junio de 1967. Campo Rizo es tajante: “Las cifras sirven de poco, hay que extrapolarlas para saber cuánto supondrían hoy”. ¿Y el oro trasladado a Moscú? En 2006, Viñas lo cifra en 5.700 millones de euros de valor actual y aclara que Stalin no sobrefacturó a la República. “La URSS no era una economía de mercado, así que sus ventas se guiaron por los precios internacionales. Quien sí sobrefacturó a la República fue Italia. Como hicieron una quita en la deuda de Franco, lo comido por lo servido”.
https://politica.elpais.com/politica/2017/06/26/diario_de_espana/1498481566_054663.html#comentarios
domingo, 11 de junio de 2017
El Fórum de Debats de la Universitat de Valéncia organiza las VII Jornades de Memòria Democràtica. Mano de obra esclava en el franquismo, el Canal de los Presos.
Enric Llopis
Rebelión
El Canal de los Presos –también denominado del Bajo Guadalquivir- comenzó a construirse en 1940, aunque la idea de ejecutarlo ya rondaba a principios del siglo XIX. Los cerca de 160 kilómetros de estructura de hormigón –además de acueductos, caminos y la red de acequias paralela- terminaron de construirse en 1962 y, para ello, las autoridades franquistas recurrieron a la fuerza de trabajo de los presos políticos. En un principio se trataba de transformar a regadío 56.000 hectáreas de secano en las provincias de Sevilla y Cádiz, aunque la superficie se elevó finalmente a 80.000 hectáreas. Del proceso da cuenta el libro “El canal de los presos (1940-1962). Trabajos forzados: de la represión política a la explotación económica” (Crítica, 2004), de José Luis Gutiérrez Molina, Ángel del Río, Gonzalo Acosta y Lola Martínez. Pero también documentales, como “Los presos del canal” (2003) y “Presos del Silencio” (2004); varias obras de teatro, por ejemplo “El canal”, de Antonio Morillas Rodríguez” y referencias en el guión de alguna película: “Miel de Naranjas” (2012), de Imanol Uribe. Tras el silenciamiento de los años de la dictadura, incluso una de las comparsas del carnaval de Huelva pasó a denominarse “Canal de los Presos”.
Las VII Jornades de Memòria Democràtica, organizadas por el Fórum de Debats de la Universitat de València los días 25, 29, 30 y 31 de mayo, han dedicado una sesión a las investigaciones sobre esta gran infraestructura hidráulica, en la que tomaron parte historiadores, juristas, geógrafos, antropólogos, activistas por la memoria y también algunos de los obreros. Hay quien aventura que las tierras afectadas se revalorizaron en más del doble por las obras del canal, aunque las implicaciones crematísticas quedaron sin investigar debido a las presiones de determinadas instituciones públicas y privadas. “Resultaron beneficiados señoritos, marqueses, duques y gente de muchos posibles”, asegura el profesor de Antropología Social en la Universidad Pablo Olavide de Sevilla, Ángel del Río, quien participó en las pesquisas y la posterior exposición que recorrió miles de kilómetros por pueblos, ciudades, institutos y asociaciones dentro y fuera de Andalucía. Una de las primeras evidencias del trabajo de campo fue que muchos de los mayores recordaban la historia del canal, pero la memoria se había diluido en sólo dos generaciones. Hoy se realizan recorridos guiados y el Canal de los Presos cuenta con el reconocimiento de “Lugar de la Memoria” por parte de la Junta de Andalucía.
¿Cuál fue el efecto inmediato de esta magna obra de la dictadura? “Se benefició a los latifundistas y señoritos andaluces de toda la vida; aquellos que financiaron el golpe del 18 de julio de 1936, se cobraron la deuda después de la guerra”, afirma Ángel del Río, quien además de investigar sobre el Canal de los Presos es coautor de “La recuperación de la memoria histórica. Una perspectiva transversal desde las Ciencias Sociales” (2007) y “Andaluces en los campos de Mauthausen” (2006). El noticiero español (NODO) de la época se hizo eco de las diferentes visitas de Franco a las obras del canal. Se destacaba la “extraordinaria rapidez” con la que la Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ) desarrolló la infraestructura, pero se omitía el trabajo de los prisioneros políticos. Se calcula que participaron un total de 8.000-10.000 trabajadores entre las diferentes fases del proyecto. “Principalmente a pico y pala, y con una tecnología muy precaria”, sostiene Ángel del Río. “Muchos eran militantes de izquierda, gente pobre de las barriadas obreras”. Además, buena parte de los presos a los que entrevistó el antropólogo señalaron su decepción por el devenir de la Transición española.
Ángel del Río apunta uno de los condicionantes estructurales: los 250.000 presos hacinados en las cárceles franquistas al terminar la guerra de 1936, “prisiones que el franquismo pretendía ‘descargar’”. “Las cárceles a principios de los años 40 eran ‘corredores de la muerte’”, añade el investigador. Muchos de los presos fueron cumplidamente “fichados” según habilidades y oficios, de manera que pudieran cubrir las necesidades de mano de obra de las instituciones públicas y las compañías privadas. A la explotación laboral la dictadura asociaba la “reeducación” en el nacionalcatolicismo; de hecho, los trabajadores forzados tenían que convertirse en “buenos españoles”.
Como apuntaba uno de los primeros documentales oficiales, de 1939, “de las masas proletarias hicimos orden y concierto” y “de los despojos humanos, buenos españoles”. Hasta tal punto que rosarios y crucifijos de las escuelas podían realizarse dentro de las prisiones. Un empresario minero o un señorito que cultivara garbanzos, también alquilaba la mano de obra de los presos políticos. “Una parte de los beneficios de algunas constructoras del actual IBEX 35 tuvo su origen en la mano de obra esclava”, recuerda Ángel del Río. En el caso del Canal del Bajo Guadalquivir, las jornadas eran de sol a sol, durante seis días a la semana; al principio los obreros –no sólo andaluces- estaban sometidos al control de los soldados, pero a partir de 1945 la custodia pasó a manos de la guardia civil, y el trato resultó mucho más severo.
A las obras del Canal de los Presos se vincularon campamentos o campos de trabajo como los de La Corchuela, El Arenoso o Los Merinales, donde se alojaban los trabajadores. En el tajo, avanzando en la construcción de la gran infraestructura, se podía distinguir a carpinteros, herreros, obreros de pico y pala, arrieros, chóferes de camión, médicos, ingenieros, tipógrafos… “Trabajamos como locos en el canal, cada uno en su oficio, y aquí sólo han obtenido beneficios los terratenientes”, apunta uno de los obreros entrevistados. De las bases de datos de los investigadores se desprende que muchos de los trabajadores presos cumplían condenas de 30 años, por delitos de rebelión. Otros fueron condenados a 10 y 12 años de prisión, y el trabajo en las grandes obras públicas era una forma de redimir las penas. Los testimonios recabados apuntan que la jornada laboral podía extenderse desde las cinco de la madrugada hasta altas horas de la noche. Y que el día más esperado era el domingo, ya que entonces se permitía la comunicación con los familiares: con una valla de por medio y aglomeraciones a ambos lados.
El 24 de septiembre, día de la Merced y festividad de los presos, se permitía la visita de los niños. Además, sobre todo durante los primeros años de la construcción del canal, la alimentación fue muy deficiente. Algunas entrevistas realizadas por los investigadores dan cuenta de la miseria de la época. Se dice que en los años 40, cuando llegaban los camiones con el rancho para los obreros, se acercaban niños de las barriadas pobres de Sevilla. En una muestra de solidaridad de clase, las vituallas se compartían.
La vida cotidiana estaba salpicada por los elementos típicos de un sistema de “regeneración”: el saludo fascista, el canto del cara al sol, la misa dominical y las arengas religiosas, entre otros rituales. Tampoco escaseaba la corrupción, y no sólo por el estraperlo. Un alto mando militar podía construirse una casa con mano de obra forzada; o los trabajadores podían dedicarse a producir tejas con las que erigir el cortijo de un señorito. También “hubo alguna fuga exitosa del trabajo en el Canal, pero al que cogían lo fusilaban; y procurando que se tratara de una medida ejemplarizante”, subraya Ángel del Río. De las múltiples entrevistas que realizó para la investigación en calidad de antropólogo, del Río extrae una conclusión general: el papel imprescindible de las mujeres como transmisoras de la memoria. Hubo alguna que, después de perder a su padre y hermano asesinados en la guerra, se desvivió por conseguir el aval de una persona de orden para salvar a su marido, al que visitaba en el campo de concentración de La Corchuela.
Otras mujeres se implicaron a fondo en las investigaciones sobre el Canal de los Presos. Como la cordobesa Francisca Adame, quien aprendió a leer con 65 años en una escuela para adultos y tuvo a varios familiares trabajando en la gran infraestructura. Años después escribió poemas. Sobre la guerra civil: “Las heridas de la guerra/son difíciles de curar; sólo hay una medicina:/el amor y la igualdad”. En unos versos titulados “Raíces”, afirmaba: “Mi gente de pico y pala/que vivieron el pasao,/los que labraban la tierra/con la mula y el arao”. En un artículo publicado en Cuadernos para el Diálogo (“Soñaron con la libertad y los convirtieron en esclavos”), el miembro del equipo de investigación “El Canal de los Presos”, José Luis Gutiérrez, apuntaba en pocas palabras las responsabilidades de tanto sufrimiento: “Las clases dominantes agrarias utilizaron la represión no sólo para doblegar a los campesinos y sus organizaciones, sino también para, mediante su esclavitud, realizar las obras de infraestructura hidráulica cuya parte proporcional del costo siempre se habían mostrado remisas a desembolsar; continuaban siendo los amos”.
El director del Aula d’Història i Memòria Democràtica de la Universitat de València, Marc Baldó, destaca que la represión franquista es “un pozo sin fondo”. Apunta que en los años 60 del siglo pasado la dictadura continuó empleando mando de obra esclava, por ejemplo para la construcción de carreteras. El catedrático de Història Contemporània de la Universitat de València insiste en los factores ideológicos, sintetizados por José Ángel Delgado-Iribarren en el libro “Jesuitas en Campaña” (Studium, 1956): “En los campos se les sometía a un régimen de vigilancia y reeducación, con la esperanza de reincorporarles un día a la vida social. La siembra, a gran escala, de ideas disolventes en sus almas rudas había producido verdaderos estragos. Después de sacarles la ficha clasificatoria se les encuadraba en los Batallones de Trabajadores, donde se prolongaba esta labor, que podríamos llamar de desinfección, en el orden político y religioso”. La cita figura en la investigación “El treball esclau durant el franquisme. La Vall d’Albaida (1938-1947)”, del historiador Josep Màrius Climent i Prats.
Rebelión
El Canal de los Presos –también denominado del Bajo Guadalquivir- comenzó a construirse en 1940, aunque la idea de ejecutarlo ya rondaba a principios del siglo XIX. Los cerca de 160 kilómetros de estructura de hormigón –además de acueductos, caminos y la red de acequias paralela- terminaron de construirse en 1962 y, para ello, las autoridades franquistas recurrieron a la fuerza de trabajo de los presos políticos. En un principio se trataba de transformar a regadío 56.000 hectáreas de secano en las provincias de Sevilla y Cádiz, aunque la superficie se elevó finalmente a 80.000 hectáreas. Del proceso da cuenta el libro “El canal de los presos (1940-1962). Trabajos forzados: de la represión política a la explotación económica” (Crítica, 2004), de José Luis Gutiérrez Molina, Ángel del Río, Gonzalo Acosta y Lola Martínez. Pero también documentales, como “Los presos del canal” (2003) y “Presos del Silencio” (2004); varias obras de teatro, por ejemplo “El canal”, de Antonio Morillas Rodríguez” y referencias en el guión de alguna película: “Miel de Naranjas” (2012), de Imanol Uribe. Tras el silenciamiento de los años de la dictadura, incluso una de las comparsas del carnaval de Huelva pasó a denominarse “Canal de los Presos”.
Las VII Jornades de Memòria Democràtica, organizadas por el Fórum de Debats de la Universitat de València los días 25, 29, 30 y 31 de mayo, han dedicado una sesión a las investigaciones sobre esta gran infraestructura hidráulica, en la que tomaron parte historiadores, juristas, geógrafos, antropólogos, activistas por la memoria y también algunos de los obreros. Hay quien aventura que las tierras afectadas se revalorizaron en más del doble por las obras del canal, aunque las implicaciones crematísticas quedaron sin investigar debido a las presiones de determinadas instituciones públicas y privadas. “Resultaron beneficiados señoritos, marqueses, duques y gente de muchos posibles”, asegura el profesor de Antropología Social en la Universidad Pablo Olavide de Sevilla, Ángel del Río, quien participó en las pesquisas y la posterior exposición que recorrió miles de kilómetros por pueblos, ciudades, institutos y asociaciones dentro y fuera de Andalucía. Una de las primeras evidencias del trabajo de campo fue que muchos de los mayores recordaban la historia del canal, pero la memoria se había diluido en sólo dos generaciones. Hoy se realizan recorridos guiados y el Canal de los Presos cuenta con el reconocimiento de “Lugar de la Memoria” por parte de la Junta de Andalucía.
¿Cuál fue el efecto inmediato de esta magna obra de la dictadura? “Se benefició a los latifundistas y señoritos andaluces de toda la vida; aquellos que financiaron el golpe del 18 de julio de 1936, se cobraron la deuda después de la guerra”, afirma Ángel del Río, quien además de investigar sobre el Canal de los Presos es coautor de “La recuperación de la memoria histórica. Una perspectiva transversal desde las Ciencias Sociales” (2007) y “Andaluces en los campos de Mauthausen” (2006). El noticiero español (NODO) de la época se hizo eco de las diferentes visitas de Franco a las obras del canal. Se destacaba la “extraordinaria rapidez” con la que la Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ) desarrolló la infraestructura, pero se omitía el trabajo de los prisioneros políticos. Se calcula que participaron un total de 8.000-10.000 trabajadores entre las diferentes fases del proyecto. “Principalmente a pico y pala, y con una tecnología muy precaria”, sostiene Ángel del Río. “Muchos eran militantes de izquierda, gente pobre de las barriadas obreras”. Además, buena parte de los presos a los que entrevistó el antropólogo señalaron su decepción por el devenir de la Transición española.
Ángel del Río apunta uno de los condicionantes estructurales: los 250.000 presos hacinados en las cárceles franquistas al terminar la guerra de 1936, “prisiones que el franquismo pretendía ‘descargar’”. “Las cárceles a principios de los años 40 eran ‘corredores de la muerte’”, añade el investigador. Muchos de los presos fueron cumplidamente “fichados” según habilidades y oficios, de manera que pudieran cubrir las necesidades de mano de obra de las instituciones públicas y las compañías privadas. A la explotación laboral la dictadura asociaba la “reeducación” en el nacionalcatolicismo; de hecho, los trabajadores forzados tenían que convertirse en “buenos españoles”.
Como apuntaba uno de los primeros documentales oficiales, de 1939, “de las masas proletarias hicimos orden y concierto” y “de los despojos humanos, buenos españoles”. Hasta tal punto que rosarios y crucifijos de las escuelas podían realizarse dentro de las prisiones. Un empresario minero o un señorito que cultivara garbanzos, también alquilaba la mano de obra de los presos políticos. “Una parte de los beneficios de algunas constructoras del actual IBEX 35 tuvo su origen en la mano de obra esclava”, recuerda Ángel del Río. En el caso del Canal del Bajo Guadalquivir, las jornadas eran de sol a sol, durante seis días a la semana; al principio los obreros –no sólo andaluces- estaban sometidos al control de los soldados, pero a partir de 1945 la custodia pasó a manos de la guardia civil, y el trato resultó mucho más severo.
A las obras del Canal de los Presos se vincularon campamentos o campos de trabajo como los de La Corchuela, El Arenoso o Los Merinales, donde se alojaban los trabajadores. En el tajo, avanzando en la construcción de la gran infraestructura, se podía distinguir a carpinteros, herreros, obreros de pico y pala, arrieros, chóferes de camión, médicos, ingenieros, tipógrafos… “Trabajamos como locos en el canal, cada uno en su oficio, y aquí sólo han obtenido beneficios los terratenientes”, apunta uno de los obreros entrevistados. De las bases de datos de los investigadores se desprende que muchos de los trabajadores presos cumplían condenas de 30 años, por delitos de rebelión. Otros fueron condenados a 10 y 12 años de prisión, y el trabajo en las grandes obras públicas era una forma de redimir las penas. Los testimonios recabados apuntan que la jornada laboral podía extenderse desde las cinco de la madrugada hasta altas horas de la noche. Y que el día más esperado era el domingo, ya que entonces se permitía la comunicación con los familiares: con una valla de por medio y aglomeraciones a ambos lados.
El 24 de septiembre, día de la Merced y festividad de los presos, se permitía la visita de los niños. Además, sobre todo durante los primeros años de la construcción del canal, la alimentación fue muy deficiente. Algunas entrevistas realizadas por los investigadores dan cuenta de la miseria de la época. Se dice que en los años 40, cuando llegaban los camiones con el rancho para los obreros, se acercaban niños de las barriadas pobres de Sevilla. En una muestra de solidaridad de clase, las vituallas se compartían.
La vida cotidiana estaba salpicada por los elementos típicos de un sistema de “regeneración”: el saludo fascista, el canto del cara al sol, la misa dominical y las arengas religiosas, entre otros rituales. Tampoco escaseaba la corrupción, y no sólo por el estraperlo. Un alto mando militar podía construirse una casa con mano de obra forzada; o los trabajadores podían dedicarse a producir tejas con las que erigir el cortijo de un señorito. También “hubo alguna fuga exitosa del trabajo en el Canal, pero al que cogían lo fusilaban; y procurando que se tratara de una medida ejemplarizante”, subraya Ángel del Río. De las múltiples entrevistas que realizó para la investigación en calidad de antropólogo, del Río extrae una conclusión general: el papel imprescindible de las mujeres como transmisoras de la memoria. Hubo alguna que, después de perder a su padre y hermano asesinados en la guerra, se desvivió por conseguir el aval de una persona de orden para salvar a su marido, al que visitaba en el campo de concentración de La Corchuela.
Otras mujeres se implicaron a fondo en las investigaciones sobre el Canal de los Presos. Como la cordobesa Francisca Adame, quien aprendió a leer con 65 años en una escuela para adultos y tuvo a varios familiares trabajando en la gran infraestructura. Años después escribió poemas. Sobre la guerra civil: “Las heridas de la guerra/son difíciles de curar; sólo hay una medicina:/el amor y la igualdad”. En unos versos titulados “Raíces”, afirmaba: “Mi gente de pico y pala/que vivieron el pasao,/los que labraban la tierra/con la mula y el arao”. En un artículo publicado en Cuadernos para el Diálogo (“Soñaron con la libertad y los convirtieron en esclavos”), el miembro del equipo de investigación “El Canal de los Presos”, José Luis Gutiérrez, apuntaba en pocas palabras las responsabilidades de tanto sufrimiento: “Las clases dominantes agrarias utilizaron la represión no sólo para doblegar a los campesinos y sus organizaciones, sino también para, mediante su esclavitud, realizar las obras de infraestructura hidráulica cuya parte proporcional del costo siempre se habían mostrado remisas a desembolsar; continuaban siendo los amos”.
El director del Aula d’Història i Memòria Democràtica de la Universitat de València, Marc Baldó, destaca que la represión franquista es “un pozo sin fondo”. Apunta que en los años 60 del siglo pasado la dictadura continuó empleando mando de obra esclava, por ejemplo para la construcción de carreteras. El catedrático de Història Contemporània de la Universitat de València insiste en los factores ideológicos, sintetizados por José Ángel Delgado-Iribarren en el libro “Jesuitas en Campaña” (Studium, 1956): “En los campos se les sometía a un régimen de vigilancia y reeducación, con la esperanza de reincorporarles un día a la vida social. La siembra, a gran escala, de ideas disolventes en sus almas rudas había producido verdaderos estragos. Después de sacarles la ficha clasificatoria se les encuadraba en los Batallones de Trabajadores, donde se prolongaba esta labor, que podríamos llamar de desinfección, en el orden político y religioso”. La cita figura en la investigación “El treball esclau durant el franquisme. La Vall d’Albaida (1938-1947)”, del historiador Josep Màrius Climent i Prats.
sábado, 3 de junio de 2017
Pablo de Greiff, recuerda que el Estado debe atender “de forma urgente” las reclamaciones de las víctimas de la Guerra Civil y del régimen franquista. La ONU respalda la exhumación de los restos de Franco del Valle de los Caídos.
Cuarto Poder
“No puede justificarse hoy la falta de acción en este ámbito en un Estado de derecho”, ha subrayado Greiff tras pedir al Gobierno español que de cuenta de las medidas adoptadas para dar cumplimiento al informe presentado en 2014
El experto en Justicia Transicional de la ONU, el colombiano Pablo Greiff, ha recordado a España que el Estado debe atender “de forma urgente” los reclamos de las víctimas de la Guerra Civil (1936-1939) y del posterior régimen franquista. “El Estado tiene una obligación de atender los derechos de las víctimas y sus familiares y poner fin al sufrimiento de miles de ellas quienes aún hoy (…) siguen sin saber dónde se encuentran los restos de sus seres queridos”, recalcó ayer Greiff en un comunicado.
Las declaraciones del relator especial de la ONU se producen tras la aprobación el pasado 10 de mayo por el Congreso de los Diputados de España de una proposición no de ley (no vinculante) que pide al Gobierno que impulse la aplicación de Ley de Memoria Histórica (2007) para resarcir a las víctimas del franquismo.
También aboga por que se proceda a exhumar los restos del dictador Francisco Franco y a trasladarlos fuera del monumento del Valle de los Caídos, cerca de Madrid. El relator especial de la ONU indicó que la proposición no de ley hace referencia a varias de las recomendaciones pendientes que le había presentado al Gobierno de España en su informe de 2014.
“Las exhumaciones y la identificación de los restos son medidas urgentes necesarias para el esclarecimiento de los hechos y actos importantes que contribuyen a la reparación de las víctimas y sus familiares”, explicó el experto.
Para Greiff, el Valle de los Caídos, por ejemplo, “sigue simbolizado la asimetría de antaño en la memoria colectiva de la guerra y las víctimas, y la más reciente falta de acción del Estado en favor de una memoria más objetiva e incluyente”, censuró.
El experto en derechos humanos señaló que, en su estado actual, el Valle de los Caídos “no proporciona ningún tipo de información para explicar la simbología franquista y fascista”, ni se explica quién fue José Antonio Primo de Rivera, “ni por qué Franco fue inhumado ahí sin ser víctima de la Guerra Civil”, sostuvo.
“Tampoco se explica que el Valle de los Caídos fue construido con el trabajo forzoso de miles de presos políticos bajo condiciones inhumanas, sobre los cuerpos de las casi 34.000 personas que ahí están inhumadas, ni que muchos restos fueron trasladados allí sin consentimiento o conocimiento de sus familiares”, expresó.
Greiff también recordó que la nulidad de las sentencias -incluyendo sentencias de muerte- adoptadas en violación de los principios fundamentales del derecho y del debido proceso durante la Guerra Civil y el franquismo (1939-1975) es otra de las medidas de reparación “pendientes y urgentes”.
“No puede justificarse hoy la falta de acción en este ámbito en un Estado de derecho,” resaltó el experto, quien pidió al Gobierno español que informe sobre las medidas tomadas para dar cumplimiento a las recomendaciones del informe presentado en 2014.
Fuente:
https://www.cuartopoder.es/espana/2017/05/20/la-onu-respalda-la-exhumacion-de-los-restos-de-franco-del-valle-de-los-caidos/
“No puede justificarse hoy la falta de acción en este ámbito en un Estado de derecho”, ha subrayado Greiff tras pedir al Gobierno español que de cuenta de las medidas adoptadas para dar cumplimiento al informe presentado en 2014
El experto en Justicia Transicional de la ONU, el colombiano Pablo Greiff, ha recordado a España que el Estado debe atender “de forma urgente” los reclamos de las víctimas de la Guerra Civil (1936-1939) y del posterior régimen franquista. “El Estado tiene una obligación de atender los derechos de las víctimas y sus familiares y poner fin al sufrimiento de miles de ellas quienes aún hoy (…) siguen sin saber dónde se encuentran los restos de sus seres queridos”, recalcó ayer Greiff en un comunicado.
Las declaraciones del relator especial de la ONU se producen tras la aprobación el pasado 10 de mayo por el Congreso de los Diputados de España de una proposición no de ley (no vinculante) que pide al Gobierno que impulse la aplicación de Ley de Memoria Histórica (2007) para resarcir a las víctimas del franquismo.
También aboga por que se proceda a exhumar los restos del dictador Francisco Franco y a trasladarlos fuera del monumento del Valle de los Caídos, cerca de Madrid. El relator especial de la ONU indicó que la proposición no de ley hace referencia a varias de las recomendaciones pendientes que le había presentado al Gobierno de España en su informe de 2014.
“Las exhumaciones y la identificación de los restos son medidas urgentes necesarias para el esclarecimiento de los hechos y actos importantes que contribuyen a la reparación de las víctimas y sus familiares”, explicó el experto.
Para Greiff, el Valle de los Caídos, por ejemplo, “sigue simbolizado la asimetría de antaño en la memoria colectiva de la guerra y las víctimas, y la más reciente falta de acción del Estado en favor de una memoria más objetiva e incluyente”, censuró.
El experto en derechos humanos señaló que, en su estado actual, el Valle de los Caídos “no proporciona ningún tipo de información para explicar la simbología franquista y fascista”, ni se explica quién fue José Antonio Primo de Rivera, “ni por qué Franco fue inhumado ahí sin ser víctima de la Guerra Civil”, sostuvo.
“Tampoco se explica que el Valle de los Caídos fue construido con el trabajo forzoso de miles de presos políticos bajo condiciones inhumanas, sobre los cuerpos de las casi 34.000 personas que ahí están inhumadas, ni que muchos restos fueron trasladados allí sin consentimiento o conocimiento de sus familiares”, expresó.
Greiff también recordó que la nulidad de las sentencias -incluyendo sentencias de muerte- adoptadas en violación de los principios fundamentales del derecho y del debido proceso durante la Guerra Civil y el franquismo (1939-1975) es otra de las medidas de reparación “pendientes y urgentes”.
“No puede justificarse hoy la falta de acción en este ámbito en un Estado de derecho,” resaltó el experto, quien pidió al Gobierno español que informe sobre las medidas tomadas para dar cumplimiento a las recomendaciones del informe presentado en 2014.
Fuente:
https://www.cuartopoder.es/espana/2017/05/20/la-onu-respalda-la-exhumacion-de-los-restos-de-franco-del-valle-de-los-caidos/
martes, 2 de mayo de 2017
Literatura universal
1 MAY 2017
Leo en diferentes medios que la asignatura de Literatura Universal se elimina de Bachillerato y deja paso al irremediable desamparo intelectual de los jóvenes. Lo leo con la gracia que me hacen los neoprofetas que se rasgan las vestiduras lamentándose del lodazal moral e intelectual en el que quedarán los jóvenes (amantes todos de la literatura), como si la impartición de dicha asignatura en 2º de Bachillerato fuera a cambiar en algo su situación. Seamos serios. Los jóvenes no sienten atractivo por la literatura; el pragmatismo y materialismo de la sociedad se lo impiden y el sistema educativo no hace nada por remediarlo. Si de verdad queremos fomentar la apreciación de la literatura, hemos de cambiar nuestra visión del mundo e implicar a toda la comunidad educativa en vez de llorar amargamente y maldecir a Rajoy. Además, la asignatura de Literatura Universal no se elimina, sino que deja de ser optativa en 2º de Bachillerato y pasa a 1º. Me pregunto, pues, qué tipo de retroceso puede ser éste.— Álvaro Sánchez Cosculluela. Zaragoza.
Nota.
Una evidencia de alguien que hace como que no se quiere enterar. Acusa a los jóvenes irónicamente de ser todos unos "amantes de la literatura", aunque les disculpa un poco, pues ante una "sociedad materialista y pragmática" ellos serían la consecuencia, no la causa. Acusa al sistema educativo de "no hacer nada por remediarlo". Y termina con un enigma y una defensa; el enigma es "cambiar nuestra visión del mundo" -sin exponer cual es su visión-. Y culpa a "toda la comunidad" a la que hay que "implicar" y no llorar -somos llorones y maldecimos a Rajoy-. Ahí nos da indicios para resolver el enigma de su ideología, franquista, hablan de valores pero cometieron perjurio y crímenes sin parangón. ¿A esos valores se refiere? a autonombrarse "caudillo por la gracia de Dios" cuando era una dictadura asesina. Y ¿no es Rajoy, -que por cierto fue ministro de educación-, como presidente el responsable de la situación?
Me parece la carta, de un descaro e intento de confusión y manipulación intolerable, impublicable en un diario como El País, lo que muestra su actual posición.
El resultado de la política educativa del PP es quitar fondos y profesores a la educación pública, alegando "crisis" y aumentar las subvenciones a la educación privada. Con los impuestos de los pobres se educan los ricos gratis y a "su manera" y a para todos, con la llamada "Ley de Calidad" se proponen eliminar la filosofía, la historia y la literatura, áreas que pueden ser la base de una visión crítica de la sociedad. Lo que a ellos no conviene.
Leo en diferentes medios que la asignatura de Literatura Universal se elimina de Bachillerato y deja paso al irremediable desamparo intelectual de los jóvenes. Lo leo con la gracia que me hacen los neoprofetas que se rasgan las vestiduras lamentándose del lodazal moral e intelectual en el que quedarán los jóvenes (amantes todos de la literatura), como si la impartición de dicha asignatura en 2º de Bachillerato fuera a cambiar en algo su situación. Seamos serios. Los jóvenes no sienten atractivo por la literatura; el pragmatismo y materialismo de la sociedad se lo impiden y el sistema educativo no hace nada por remediarlo. Si de verdad queremos fomentar la apreciación de la literatura, hemos de cambiar nuestra visión del mundo e implicar a toda la comunidad educativa en vez de llorar amargamente y maldecir a Rajoy. Además, la asignatura de Literatura Universal no se elimina, sino que deja de ser optativa en 2º de Bachillerato y pasa a 1º. Me pregunto, pues, qué tipo de retroceso puede ser éste.— Álvaro Sánchez Cosculluela. Zaragoza.
Nota.
Una evidencia de alguien que hace como que no se quiere enterar. Acusa a los jóvenes irónicamente de ser todos unos "amantes de la literatura", aunque les disculpa un poco, pues ante una "sociedad materialista y pragmática" ellos serían la consecuencia, no la causa. Acusa al sistema educativo de "no hacer nada por remediarlo". Y termina con un enigma y una defensa; el enigma es "cambiar nuestra visión del mundo" -sin exponer cual es su visión-. Y culpa a "toda la comunidad" a la que hay que "implicar" y no llorar -somos llorones y maldecimos a Rajoy-. Ahí nos da indicios para resolver el enigma de su ideología, franquista, hablan de valores pero cometieron perjurio y crímenes sin parangón. ¿A esos valores se refiere? a autonombrarse "caudillo por la gracia de Dios" cuando era una dictadura asesina. Y ¿no es Rajoy, -que por cierto fue ministro de educación-, como presidente el responsable de la situación?
Me parece la carta, de un descaro e intento de confusión y manipulación intolerable, impublicable en un diario como El País, lo que muestra su actual posición.
El resultado de la política educativa del PP es quitar fondos y profesores a la educación pública, alegando "crisis" y aumentar las subvenciones a la educación privada. Con los impuestos de los pobres se educan los ricos gratis y a "su manera" y a para todos, con la llamada "Ley de Calidad" se proponen eliminar la filosofía, la historia y la literatura, áreas que pueden ser la base de una visión crítica de la sociedad. Lo que a ellos no conviene.
Suscribirse a:
Entradas (Atom)
Entradas
