La caída de la recaudación que conllevó la Gran Recesión afectó especialmente a las autonomías por el desplome de las figuras asociadas al sector inmobiliario.
La reacción fue triple. Uno, reducir gastos, con el inconveniente de que se perjudicaban los sociales (sanidad, educación y dependencia), que pasaron de representar el 69% del total (2007) al 75% (2015), lo que reducía margen de actuación. Dos, crear nuevas tasas territoriales, con la desventaja de su menor capacidad recaudatoria y el riesgo de conflicto competencial con la Administración central. Y tres, el endeudamiento.
Este llegó a ser tan notorio que —junto a la crisis fiscal desde 2009, simultánea a la entrada en vigor del nuevo sistema de financiación, por lo que lo contaminó— que las comunidades quedaron excluidas de la apelación a los mercados internacionales.
El Fondo de pago a proveedores o el Fondo de Liquidación Autonómica (FLA, que ha suministrado más de 170.000 millones) —sustitutivo de la posible emisión de hispabonos, una suerte de eurobonos domésticos— compensaron en parte, desde 2012, esa carencia.
La Comisión de expertos, en su informe de julio 2017, no acordó una fórmula para descrestar esa deuda, pero apuntó propuestas. Los miembros más sensibles a la problemática de las autonomías sobrefinanciadas, menos endeudas o que más habían recortado recelaban de cualquier reestructuración o quita, al considerar el "riesgo moral" que supondría aliviar a los más endeudados.
Aún así, el equipo concluyó que para acompañar la vuelta a los mercados, era "aconsejable" un nuevo trato favorable, ampliando carencias y fijando tipos de interés blandos. Como se hizo con los programas de rescate a socios de la UE, siempre bajo una "condicionalidad" que las comprometiese a cumplir objetivos de reequilibrio presupuestario.
Una minoría postuló una idea más radical, una reducción directa de la deuda. A condición de no cubrir de ninguna manera "la parte del endeudamiento diferencial" de las autonomías "derivada de una mayor propensión relativa al gasto", el posible origen de un riesgo moral discriminatorio.
La reestructuración cubriría dos tramos; uno, para todas, por su "insuficiencia de recursos padecida para financiar los servicios en el período 2009-2016"; el otro beneficiaría a las que tuvieron que endeudarse más por razones objetivas, no por capricho gastador.
Ante el desequilibrio financiero de las autonomías se puede actuar de dos maneras: inyectando más recursos al sistema, para lo que el Estado encuentra dificultades; o actuando sobre la deuda (o una mezcla). Pero uno de los aspectos sugerentes de aquel documento es que proporcionó la base para hacerlo al reconocer que las autonomías padecieron mayor insuficiencia que la Administración central.
Eso se explicitaba, más que en cuantías relativas, en términos de un "desequilibrio de instrumentos a favor del Estado", mucho mejor dotado que aquellas para aumentar sus recursos tributarios en las vacas flacas: las comunidades solo pueden modular al alza o a la baja la mitad de sus ingresos ordinarios.
https://elpais.com/economia/2018/05/09/actualidad/1525881732_086481.html
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sábado, 26 de mayo de 2018
martes, 15 de mayo de 2018
La historia de Paul Ryan: de farsante a fascista. El diputado republicano se labró su reputación únicamente por lo bien que aparentaba ser sensato en TV.
PAUL KRUGMAN
¿Por qué ha decidido Paul Ryan no presentarse a la reelección? ¿Cuáles serán las consecuencias? Vayan ustedes a saber, literalmente. Puedo hacer conjeturas basándome en lo que leo en los periódicos, pero todos pueden.
Por otra parte, sí tengo alguna idea de cómo llegó Ryan —que siempre ha sido un embaucador, y eso estaba a la vista de quien quisiera verlo— a presidente de la Cámara de Representantes. Y esa es una historia que dice muy poco a favor no solo del propio Ryan, ni siquiera solo de su partido, sino también a los autoproclamados centristas y a los medios informativos, que con su conducta impropia impulsaron su trayectoria. Es más, las fuerzas que llevaron a Ryan a una posición de poder son las mismas que han llevado Estados Unidos al borde de una crisis constitucional.
Respecto a Ryan: increíblemente, estoy viendo algunas noticias acerca de su salida que lo retratan como un gran experto político y un defensor de la austeridad fiscal que, por desgracia, fue incapaz de cumplir con su misión en la era Trump. Inconcebible.
Miren, el único principio rector de todo lo dicho y propuesto por Ryan era el de acomodar a los cómodos y afligir a los afligidos. ¿Puede alguien mencionar un solo ejemplo en el que su supuesta preocupación por el déficit lo llevase a imponer alguna carga a los ricos, en el que su supuesta compasión lo llevase a mejorar la vida de los pobres? Recuerden que votó contra la propuesta presentada por la comisión Simpson-Bowles sobre la deuda no por sus verdaderos fallos, sino porque supondría una subida de los impuestos y no lograría revocar la reforma sanitaria de Barack Obama.
Y sus propuestas de "reducción del déficit" siempre han sido fraudulentas. La pérdida de ingresos debida a los recortes fiscales siempre ha excedido a cualquier reducción de gasto explícita, de modo que la supuesta responsabilidad fiscal procedía por completo de los "asteriscos mágicos": ingresos adicionales a costa de tapar lagunas jurídicas no especificadas, y reducciones del gasto derivadas de recortar programas no especificados. Ya en 2010 dije que era un embustero, y nada de lo que ha hecho desde entonces ha puesto en duda ese juicio.
¿Y cómo consiguió entonces este notorio artista de la estafa una reputación de seriedad y de probidad fiscal? Básicamente, fue el beneficiario de la discriminación positiva ideológica. Incluso ahora, en esta era de Trump, hay un número considerable de líderes de opinión —en especial, aunque no únicamente, en los medios informativos— cuyas carreras y marcas profesionales se basan en la idea de que están por encima de las refriegas políticas. El afirmar que ambas partes tienen cierto grado de razón, que hay personas serias y honradas en la izquierda y la derecha, prácticamente define la identidad de esta gente.
Pero la realidad de la política estadounidense del siglo XXI es de polarización asimétrica en múltiples aspectos. Uno de ellos es el intelectual: si bien hay algunos pensadores conservadores que son serios y honrados, no tienen influencia en el Partido Republicano actual. ¿Qué puede hacer un centrista?
Con demasiada frecuencia, la respuesta ha implicado lo que podríamos denominar credulidad motivada. Los centristas que no lograban encontrar verdaderos ejemplos de conservadores honrados y serios prodigaban elogios a políticos que interpretaban ese papel en la televisión. Lo cierto es que a Paul Ryan no se le daba demasiado bien fingir; los verdaderos expertos fiscales ridiculizaban sus presupuestos de "carne misteriosa". Pero da igual: el relato exigía que el personaje interpretado por Ryan existiese, de modo que todos fingían que él era el ejemplo por excelencia.
Y permítanme decir que la misma falsa equidistancia que convirtió a Ryan en héroe fiscal influyó de manera crucial en la elección de Donald Trump. ¿Cómo pudo el candidato presidencial más corrupto de la historia estadounidense conseguir una victoria en el Colegio Electoral? Hubo muchos factores, cualquiera de los cuales podría haber cambiado las tornas en unas elecciones ajustadas. Pero las elecciones no habrían sido ajustadas si buena parte de los medios de comunicación no se hubiesen sumergido en una orgía de falsa equivalencia.
Lo que nos lleva a los congresistas republicanos, y a Ryan en concreto, en la era de Trump.
A algunos analistas parece sorprenderles que hombres que hablaban sin parar de probidad fiscal durante el mandato de Barack Obama apoyasen sin remordimientos en la era de Trump unas rebajas fiscales que dispararán el déficit. También parecen asombrados ante la aparente indiferencia de Ryan y sus acólitos por la corrupción de Trump y su desprecio por el Estado de derecho. ¿Qué les ha pasado a sus principios?
Naturalmente, la respuesta es que los principios que afirmaban defender nunca tuvieron nada que ver con sus verdaderos objetivos. En concreto, los republicanos no han abandonado sus preocupaciones por los déficits presupuestarios, porque los déficits nunca les han importado; solo fingían preocupación como una excusa para recortar los programas sociales.
Y a quienes se preguntan por qué Ryan nunca se ha posicionado contra la corrupción trumpiana, por qué nunca se ha mostrado preocupado por las tendencias autoritarias de Trump, ¿qué les hizo pensar que se posicionaría? Insisto, si nos fijamos en las acciones de Ryan, no el personaje que interpretaba ante públicos crédulos, veremos que nunca se ha mostrado dispuesto a sacrificar nada de lo que quiere —ni un ápice— en nombre de sus supuestos principios. ¿Por qué iba a esperar nadie que arriesgase el pescuezo por defender el estado de derecho?
Y ahora Ryan se va. Que tanta gloria lleve como paz deja. Pero guárdense las celebraciones: aunque no era mejor que el resto de su partido, tampoco era peor. Es posible que su sucesor como presidente muestre más categoría que él, pero solo si dicho sucesor es, bueno, demócrata.
https://elpais.com/economia/2018/04/13/actualidad/1523626617_507047.html#comentarios
¿Por qué ha decidido Paul Ryan no presentarse a la reelección? ¿Cuáles serán las consecuencias? Vayan ustedes a saber, literalmente. Puedo hacer conjeturas basándome en lo que leo en los periódicos, pero todos pueden.
Por otra parte, sí tengo alguna idea de cómo llegó Ryan —que siempre ha sido un embaucador, y eso estaba a la vista de quien quisiera verlo— a presidente de la Cámara de Representantes. Y esa es una historia que dice muy poco a favor no solo del propio Ryan, ni siquiera solo de su partido, sino también a los autoproclamados centristas y a los medios informativos, que con su conducta impropia impulsaron su trayectoria. Es más, las fuerzas que llevaron a Ryan a una posición de poder son las mismas que han llevado Estados Unidos al borde de una crisis constitucional.
Respecto a Ryan: increíblemente, estoy viendo algunas noticias acerca de su salida que lo retratan como un gran experto político y un defensor de la austeridad fiscal que, por desgracia, fue incapaz de cumplir con su misión en la era Trump. Inconcebible.
Miren, el único principio rector de todo lo dicho y propuesto por Ryan era el de acomodar a los cómodos y afligir a los afligidos. ¿Puede alguien mencionar un solo ejemplo en el que su supuesta preocupación por el déficit lo llevase a imponer alguna carga a los ricos, en el que su supuesta compasión lo llevase a mejorar la vida de los pobres? Recuerden que votó contra la propuesta presentada por la comisión Simpson-Bowles sobre la deuda no por sus verdaderos fallos, sino porque supondría una subida de los impuestos y no lograría revocar la reforma sanitaria de Barack Obama.
Y sus propuestas de "reducción del déficit" siempre han sido fraudulentas. La pérdida de ingresos debida a los recortes fiscales siempre ha excedido a cualquier reducción de gasto explícita, de modo que la supuesta responsabilidad fiscal procedía por completo de los "asteriscos mágicos": ingresos adicionales a costa de tapar lagunas jurídicas no especificadas, y reducciones del gasto derivadas de recortar programas no especificados. Ya en 2010 dije que era un embustero, y nada de lo que ha hecho desde entonces ha puesto en duda ese juicio.
¿Y cómo consiguió entonces este notorio artista de la estafa una reputación de seriedad y de probidad fiscal? Básicamente, fue el beneficiario de la discriminación positiva ideológica. Incluso ahora, en esta era de Trump, hay un número considerable de líderes de opinión —en especial, aunque no únicamente, en los medios informativos— cuyas carreras y marcas profesionales se basan en la idea de que están por encima de las refriegas políticas. El afirmar que ambas partes tienen cierto grado de razón, que hay personas serias y honradas en la izquierda y la derecha, prácticamente define la identidad de esta gente.
Pero la realidad de la política estadounidense del siglo XXI es de polarización asimétrica en múltiples aspectos. Uno de ellos es el intelectual: si bien hay algunos pensadores conservadores que son serios y honrados, no tienen influencia en el Partido Republicano actual. ¿Qué puede hacer un centrista?
Con demasiada frecuencia, la respuesta ha implicado lo que podríamos denominar credulidad motivada. Los centristas que no lograban encontrar verdaderos ejemplos de conservadores honrados y serios prodigaban elogios a políticos que interpretaban ese papel en la televisión. Lo cierto es que a Paul Ryan no se le daba demasiado bien fingir; los verdaderos expertos fiscales ridiculizaban sus presupuestos de "carne misteriosa". Pero da igual: el relato exigía que el personaje interpretado por Ryan existiese, de modo que todos fingían que él era el ejemplo por excelencia.
Y permítanme decir que la misma falsa equidistancia que convirtió a Ryan en héroe fiscal influyó de manera crucial en la elección de Donald Trump. ¿Cómo pudo el candidato presidencial más corrupto de la historia estadounidense conseguir una victoria en el Colegio Electoral? Hubo muchos factores, cualquiera de los cuales podría haber cambiado las tornas en unas elecciones ajustadas. Pero las elecciones no habrían sido ajustadas si buena parte de los medios de comunicación no se hubiesen sumergido en una orgía de falsa equivalencia.
Lo que nos lleva a los congresistas republicanos, y a Ryan en concreto, en la era de Trump.
A algunos analistas parece sorprenderles que hombres que hablaban sin parar de probidad fiscal durante el mandato de Barack Obama apoyasen sin remordimientos en la era de Trump unas rebajas fiscales que dispararán el déficit. También parecen asombrados ante la aparente indiferencia de Ryan y sus acólitos por la corrupción de Trump y su desprecio por el Estado de derecho. ¿Qué les ha pasado a sus principios?
Naturalmente, la respuesta es que los principios que afirmaban defender nunca tuvieron nada que ver con sus verdaderos objetivos. En concreto, los republicanos no han abandonado sus preocupaciones por los déficits presupuestarios, porque los déficits nunca les han importado; solo fingían preocupación como una excusa para recortar los programas sociales.
Y a quienes se preguntan por qué Ryan nunca se ha posicionado contra la corrupción trumpiana, por qué nunca se ha mostrado preocupado por las tendencias autoritarias de Trump, ¿qué les hizo pensar que se posicionaría? Insisto, si nos fijamos en las acciones de Ryan, no el personaje que interpretaba ante públicos crédulos, veremos que nunca se ha mostrado dispuesto a sacrificar nada de lo que quiere —ni un ápice— en nombre de sus supuestos principios. ¿Por qué iba a esperar nadie que arriesgase el pescuezo por defender el estado de derecho?
Y ahora Ryan se va. Que tanta gloria lleve como paz deja. Pero guárdense las celebraciones: aunque no era mejor que el resto de su partido, tampoco era peor. Es posible que su sucesor como presidente muestre más categoría que él, pero solo si dicho sucesor es, bueno, demócrata.
https://elpais.com/economia/2018/04/13/actualidad/1523626617_507047.html#comentarios
lunes, 4 de diciembre de 2017
400 millonarios piden a Trump que no les recorte los impuestos. Los más ricos alertan en una carta al Congreso de que la rebaja fiscal solo favorecerá la desigualdad y aumentará la deuda.
El dinero, a veces, no lo es todo. El gran proyecto fiscal del presidente Donald Trump se ha topado con un inesperado adversario: 400 millonarios y multimillonarios han firmado una carta en la que piden al Congreso que no recorte sus impuestos. La misiva, suscrita por nombres como George Soros y Steven Rockefeller, considera que la rebaja de impuestos solo favorecerá la desigualdad y aumentará la deuda. "Creemos firmemente que la forma de crear más trabajos de calidad y fortalecer la economía no es mediante reducciones de impuestos para los que más tenemos, sino invirtiendo en el pueblo americano", afirma el escrito.
“Este recorte es absurdo. Según los republicanos no nos podemos permitir gastar más dinero público, pero sí reducir los impuestos a los más ricos. Esto no tiene sentido”, afirmó Bob Crandall, antiguo presidente de American Airlines y uno de los firmantes de la carta. Promovida por la organización Riqueza Responsable, próxima a los demócratas y a la que también pertenecen los fundadores de la marca de helados Ben and Jerry’s, la diseñadora Eileen Fischer y otros millonarios, la misiva entronca con la gran tradición de la filantropía estadounidense. "Somos ricos a los que nos preocupa profundamente nuestra nación y su gente, y escribimos con una sola petición: no nos corten los impuestos", arranca el escrito.
Ya con otros presidentes, potentados como Bill Gates y Warren Buffet, considerados los dos hombres más ricos del planeta, se declararon en favor de pagar más. "Mientras las clases medias y bajas combaten por nosotros en Afganistán, mientras los norteamericanos luchan por ganarse la vida, nosotros los megarricos, continuamos teniendo exenciones fiscales extraordinarias”, escribió Buffet a Barack Obama en 2011. En aquel momento, el principal accionista de Berkshire Hathaway tributaba el 17%, cuando sus trabajadores pagaban por encima del 33%.
Ahora la batalla se repite, pero con un golpe añadido a la credibilidad de Trump. A diferencia de otras épocas, la Casa Blanca ha declarado que su proyecto mantiene intacta la presión fiscal sobre los más ricos. Pero una lectura atenta de los documentos enviados al Senado y a la Cámara de Representantes muestra que las rebajas son múltiples. No sólo se reduce el tope fiscal del 39,6% al 38,5% para las parejas que ganen más de un millón de dólares al año, sino que la iniciativa remitida a la Cámara Baja elimina el impuesto de sucesiones, que ahora mismo pagan unas 5.000 familias al año y que se circunscribe a herencias por encima de los 5,49 millones de dólares.
“Quitar este impuesto acarrearía unas pérdidas de 269.000 millones en un decenio, más de lo que se gasta en conjunto en la Agencia del Medicamento, el Centro de Control de Enfermedades y la Agencia de Protección Ambiental”, indica la carta. "Ni es justo ni sabio proporcionar una rebaja fiscal a los ricos a expensas de las familias trabajadoras, especialmente si se financia desmantelando programas que permiten cubrir necesidades fundamentales como la salud y la alimentación", añade.
La Casa Blanca no ha respondido aún al obús. Pero a nadie se le escapa que el asunto es altamente inflamable. El recorte de impuestos es unas de las grandes bazas electorales de Trump. Un presidente multimillonario que ha hecho de su pretendida habilidad para gestionar la economía su seña de identidad. Él mismo ha presentado su propuesta como “el mayor recorte fiscal de la historia de Estados Unidos” y un revulsivo para las clases medias y trabajadores. Pero detrás de las grandes palabras, los grietas son evidentes.
Los cálculos más conservadores establecen que la rebaja impositiva incrementará la deuda pública en 1,5 billones de dólares en 10 años. Una subida difícil de asimilar para unas arcas que ya deben 20 billones y que en el próximo decenio aumentarán la carga en otros 10 billones.
La respuesta oficial a este desequilibrio es el optimismo reaganiano. Los republicanos, con Trump a la cabeza, sostienen que el recorte desencadenará una ola de inversiones de tal magnitud que detonará el crecimiento y permitirá rápidamente compensar la pérdida fiscal. “Nuestro plan está diseñado para favorecer la inversión”, ha resumido el consejero económico de la Casa Blanca, Gary Cohn.
Los demócratas desconfían de esta previsión. Y los millonarios firmantes de la carta también. Para ellos, las empresas ya han alcanzado beneficios récord y viven días de enorme bonanza. Más importante es, a su juicio, dirigir los fondos públicos a la educación, la sanidad y la investigación. Áreas en las que Trump ha sacado la guillotina. “Yo gano mucho dinero. Si mi ingreso crece, no pienso invertir más, simplemente ahorraré más”, ha sentenciado Crandall. Y no es el único.
https://elpais.com/internacional/2017/11/13/estados_unidos/1510592448_478602.html
“Este recorte es absurdo. Según los republicanos no nos podemos permitir gastar más dinero público, pero sí reducir los impuestos a los más ricos. Esto no tiene sentido”, afirmó Bob Crandall, antiguo presidente de American Airlines y uno de los firmantes de la carta. Promovida por la organización Riqueza Responsable, próxima a los demócratas y a la que también pertenecen los fundadores de la marca de helados Ben and Jerry’s, la diseñadora Eileen Fischer y otros millonarios, la misiva entronca con la gran tradición de la filantropía estadounidense. "Somos ricos a los que nos preocupa profundamente nuestra nación y su gente, y escribimos con una sola petición: no nos corten los impuestos", arranca el escrito.
Ya con otros presidentes, potentados como Bill Gates y Warren Buffet, considerados los dos hombres más ricos del planeta, se declararon en favor de pagar más. "Mientras las clases medias y bajas combaten por nosotros en Afganistán, mientras los norteamericanos luchan por ganarse la vida, nosotros los megarricos, continuamos teniendo exenciones fiscales extraordinarias”, escribió Buffet a Barack Obama en 2011. En aquel momento, el principal accionista de Berkshire Hathaway tributaba el 17%, cuando sus trabajadores pagaban por encima del 33%.
Ahora la batalla se repite, pero con un golpe añadido a la credibilidad de Trump. A diferencia de otras épocas, la Casa Blanca ha declarado que su proyecto mantiene intacta la presión fiscal sobre los más ricos. Pero una lectura atenta de los documentos enviados al Senado y a la Cámara de Representantes muestra que las rebajas son múltiples. No sólo se reduce el tope fiscal del 39,6% al 38,5% para las parejas que ganen más de un millón de dólares al año, sino que la iniciativa remitida a la Cámara Baja elimina el impuesto de sucesiones, que ahora mismo pagan unas 5.000 familias al año y que se circunscribe a herencias por encima de los 5,49 millones de dólares.
“Quitar este impuesto acarrearía unas pérdidas de 269.000 millones en un decenio, más de lo que se gasta en conjunto en la Agencia del Medicamento, el Centro de Control de Enfermedades y la Agencia de Protección Ambiental”, indica la carta. "Ni es justo ni sabio proporcionar una rebaja fiscal a los ricos a expensas de las familias trabajadoras, especialmente si se financia desmantelando programas que permiten cubrir necesidades fundamentales como la salud y la alimentación", añade.
La Casa Blanca no ha respondido aún al obús. Pero a nadie se le escapa que el asunto es altamente inflamable. El recorte de impuestos es unas de las grandes bazas electorales de Trump. Un presidente multimillonario que ha hecho de su pretendida habilidad para gestionar la economía su seña de identidad. Él mismo ha presentado su propuesta como “el mayor recorte fiscal de la historia de Estados Unidos” y un revulsivo para las clases medias y trabajadores. Pero detrás de las grandes palabras, los grietas son evidentes.
Los cálculos más conservadores establecen que la rebaja impositiva incrementará la deuda pública en 1,5 billones de dólares en 10 años. Una subida difícil de asimilar para unas arcas que ya deben 20 billones y que en el próximo decenio aumentarán la carga en otros 10 billones.
La respuesta oficial a este desequilibrio es el optimismo reaganiano. Los republicanos, con Trump a la cabeza, sostienen que el recorte desencadenará una ola de inversiones de tal magnitud que detonará el crecimiento y permitirá rápidamente compensar la pérdida fiscal. “Nuestro plan está diseñado para favorecer la inversión”, ha resumido el consejero económico de la Casa Blanca, Gary Cohn.
Los demócratas desconfían de esta previsión. Y los millonarios firmantes de la carta también. Para ellos, las empresas ya han alcanzado beneficios récord y viven días de enorme bonanza. Más importante es, a su juicio, dirigir los fondos públicos a la educación, la sanidad y la investigación. Áreas en las que Trump ha sacado la guillotina. “Yo gano mucho dinero. Si mi ingreso crece, no pienso invertir más, simplemente ahorraré más”, ha sentenciado Crandall. Y no es el único.
https://elpais.com/internacional/2017/11/13/estados_unidos/1510592448_478602.html
jueves, 16 de noviembre de 2017
Tramites en una Herencia
En no pocas situaciones afrontar una sucesión hereditaria suele implicar, además de las tramitaciones meramente administrativas sobre las que no solemos estar familiarizados, gestionar en paralelo situaciones de alto grado de emotividad provocadas por la pérdida de un ser querido y, si la suerte no nos acompaña en exceso, tensiones familiares entre los presuntos legatarios del finado derivadas de los diferentes puntos de vista sobre la distribución o el destino de los bienes percibidos.
En las siguientes líneas nos centraremos sin embargo en ofrecer una síntesis de los pasos de carácter legal que debemos dar para conseguir la efectiva liquidación de la herencia.
Paso 1.
Obtención de las siguientes certificaciones
- Certificado de defunción. Lo puede solicitar cualquier persona acudiendo personalmente al Registro Civil donde esté inscrito el fallecimiento, existiendo varias modalidades (literal, extracto, ordinario o bilingüe, Internacional o plurilingüe o negativo). También es posible su solicitud por vía postal indicando la dirección de remite y un teléfono de contacto. En cuanto a la obtención por vía telemática (https://sede.mjusticia.gob.es), dependerá de la incorporación de cada Registro Civil al proceso de informatización.
- Certificado de últimas voluntades. Se puede pedir de forma presencial en el Ministerio de Justicia (Oficina central de atención al ciudadano o en las Gerencias territoriales), por correo dirigido al Registro General de Actos de Última Voluntad, o por internet (https://sede.mjusticia.gob.es)
- Certificado de seguros con coberturas de fallecimiento. Se puede solicitar por vía electrónica completando el formulario disponible en https://sede.mjusticia.gob.es. La solicitud no podrá presentarse hasta transcurridos quince días hábiles desde la fecha del fallecimiento. No obstante, si el óbito es anterior a abril de 2009 o se inscribió en un juzgado de paz, habrá que pedirlo de forma presencial o por correo, aportando el certificado literal de defunción.
Paso 2.
Obtención de una copia autorizada del testamento
Una vez conocida la situación testamentaria del fallecido a través de los certificados descritos en el punto anterior, habrá que acudir a la notaría indicada en el de últimas voluntades y solicitar una copia autorizada o compulsada del testamento. Este trámite se puede realizar personalmente por el heredero o legatario o a través de un apoderado.
Existe la posibilidad de gestionar la solicitud vía correo postal, acompañándola de firma legitimada, certificado de defunción y de últimas voluntades.
Paso 3.
Declaración de heredero
En el supuesto de que en el certificado de últimas voluntades se establezca que el fallecido no realizó testamento, será necesario acudir a una notaría (en los supuestos de que exista grado de parentesco) o al juzgado de primera instancia (si no hay vinculación familiar) para solicitar una declaración de herederos.
La declaración de herederos abintestato deberá realizarse en el lugar en que hubiera tenido el causante su último domicilio o residencia habitual, donde estuviera la mayor parte de su patrimonio, o en el lugar en que hubiera fallecido.
Será necesario igualmente contar con dos testigos para que el notario pueda levantar acta declarando la condición de heredero.
Paso 4.
Inventario de bienes y deudas que componen la herencia
Esta etapa del proceso tiene como finalidad conocer los bienes que dejó el fallecido y la manera de repartirlos, para lo cual habrá que hacer un inventario en el que se establezcan los bienes que forman el patrimonio hereditario.
Respecto a los bienes inmuebles, su localización se puede llevar a cabo solicitando notas de bienes a nombre del fallecido en el registro de la propiedad. También se puede verificar la existencia de propiedades mediante certificaciones catastrales.
Para los saldos bancarios, el procedimiento a seguir no será otro que acudir a las distintas entidades bancarias donde tenía cuenta abierta el fallecido para que certifiquen el saldo existente al momento del fallecimiento.
La última declaración del IRPF del fallecido puede ser una buena fuente de información para saber en qué entidades hay abiertas cuentas, depósitos u otros productos financieros.
En cuanto a los vehículos, el lugar para obtener la certificación de titularidades vigentes será la jefatura provincial de tráfico del lugar del fallecimiento.
El ajuar doméstico o bienes muebles del fallecido se suele adjudicar al cónyuge viudo, sin tener en cuenta joyas ni objetos de valor extraordinario. No obstante, fiscalmente se valora en el 3% del valor total de la herencia, a menos que los interesados establezcan un valor inferior o acrediten su inexistencia o su inferior valor.
Paso 5.
Documento de partición de herencia
También llamado cuaderno particional, en él se recoge la identificación de todos los interesados en la herencia, el inventario de bienes, así como las posibles deudas del fallecido y las adjudicaciones que se hacen a cada heredero o legatario.
Este documento debe ser firmado por todos los interesados ante notario si fuera necesario.
Paso 6.
Liquidación de impuestos
Aunque el plazo para la liquidación del Impuesto sobre sucesiones y donaciones es de seis meses a contar desde la fecha del fallecimiento, durante los cinco primeros meses de dicho plazo se puede solicitar una prórroga por otros seis meses adicionales ante el órgano autonómico competente (Consejería de Hacienda), ya que se trata de un tributo estatal cedido. Además, existen diferencias, a veces bastante notables, en cuanto a las tarifas y los beneficios fiscales aplicables en función en función de la comunidad autónoma en la que se tribute.
Otra exacción fiscal que interviene en las sucesiones hereditarias, cuando existe transmisión de inmuebles, es el Impuesto sobre el incremento del valor de los terrenos de naturaleza urbana, también conocido como Plusvalía municipal. Este tributo se liquida en el ayuntamiento del lugar donde radique cada bien inmueble adjudicado en la herencia y la cuota depende de los años transcurridos desde la anterior transmisión de la propiedad y de las bonificaciones aplicables por cada municipio.
FE DE ERRORES
Respecto a la declaración de heredero, con la entrada en vigor de la Ley 15/2015, de 2 de julio, de Jurisdicción Voluntaria, se amplía la competencia objetiva notarial, de tal forma que también son objeto de tramitación ante notario las declaraciones a favor de parientes colaterales y parejas de hecho, con lo que ya no cabe acudir a la sede judicial para realizar estas actuaciones.
https://elpais.com/economia/2017/10/11/mis_derechos/1507733996_156245.html
¿Qué hacer cuando alguien muere sin testamento?
Dime dónde heredas y te diré cuánto pagas
En las siguientes líneas nos centraremos sin embargo en ofrecer una síntesis de los pasos de carácter legal que debemos dar para conseguir la efectiva liquidación de la herencia.
Paso 1.
Obtención de las siguientes certificaciones
- Certificado de defunción. Lo puede solicitar cualquier persona acudiendo personalmente al Registro Civil donde esté inscrito el fallecimiento, existiendo varias modalidades (literal, extracto, ordinario o bilingüe, Internacional o plurilingüe o negativo). También es posible su solicitud por vía postal indicando la dirección de remite y un teléfono de contacto. En cuanto a la obtención por vía telemática (https://sede.mjusticia.gob.es), dependerá de la incorporación de cada Registro Civil al proceso de informatización.
- Certificado de últimas voluntades. Se puede pedir de forma presencial en el Ministerio de Justicia (Oficina central de atención al ciudadano o en las Gerencias territoriales), por correo dirigido al Registro General de Actos de Última Voluntad, o por internet (https://sede.mjusticia.gob.es)
- Certificado de seguros con coberturas de fallecimiento. Se puede solicitar por vía electrónica completando el formulario disponible en https://sede.mjusticia.gob.es. La solicitud no podrá presentarse hasta transcurridos quince días hábiles desde la fecha del fallecimiento. No obstante, si el óbito es anterior a abril de 2009 o se inscribió en un juzgado de paz, habrá que pedirlo de forma presencial o por correo, aportando el certificado literal de defunción.
Paso 2.
Obtención de una copia autorizada del testamento
Una vez conocida la situación testamentaria del fallecido a través de los certificados descritos en el punto anterior, habrá que acudir a la notaría indicada en el de últimas voluntades y solicitar una copia autorizada o compulsada del testamento. Este trámite se puede realizar personalmente por el heredero o legatario o a través de un apoderado.
Existe la posibilidad de gestionar la solicitud vía correo postal, acompañándola de firma legitimada, certificado de defunción y de últimas voluntades.
Paso 3.
Declaración de heredero
En el supuesto de que en el certificado de últimas voluntades se establezca que el fallecido no realizó testamento, será necesario acudir a una notaría (en los supuestos de que exista grado de parentesco) o al juzgado de primera instancia (si no hay vinculación familiar) para solicitar una declaración de herederos.
La declaración de herederos abintestato deberá realizarse en el lugar en que hubiera tenido el causante su último domicilio o residencia habitual, donde estuviera la mayor parte de su patrimonio, o en el lugar en que hubiera fallecido.
Será necesario igualmente contar con dos testigos para que el notario pueda levantar acta declarando la condición de heredero.
Paso 4.
Inventario de bienes y deudas que componen la herencia
Esta etapa del proceso tiene como finalidad conocer los bienes que dejó el fallecido y la manera de repartirlos, para lo cual habrá que hacer un inventario en el que se establezcan los bienes que forman el patrimonio hereditario.
Respecto a los bienes inmuebles, su localización se puede llevar a cabo solicitando notas de bienes a nombre del fallecido en el registro de la propiedad. También se puede verificar la existencia de propiedades mediante certificaciones catastrales.
Para los saldos bancarios, el procedimiento a seguir no será otro que acudir a las distintas entidades bancarias donde tenía cuenta abierta el fallecido para que certifiquen el saldo existente al momento del fallecimiento.
La última declaración del IRPF del fallecido puede ser una buena fuente de información para saber en qué entidades hay abiertas cuentas, depósitos u otros productos financieros.
En cuanto a los vehículos, el lugar para obtener la certificación de titularidades vigentes será la jefatura provincial de tráfico del lugar del fallecimiento.
El ajuar doméstico o bienes muebles del fallecido se suele adjudicar al cónyuge viudo, sin tener en cuenta joyas ni objetos de valor extraordinario. No obstante, fiscalmente se valora en el 3% del valor total de la herencia, a menos que los interesados establezcan un valor inferior o acrediten su inexistencia o su inferior valor.
Paso 5.
Documento de partición de herencia
También llamado cuaderno particional, en él se recoge la identificación de todos los interesados en la herencia, el inventario de bienes, así como las posibles deudas del fallecido y las adjudicaciones que se hacen a cada heredero o legatario.
Este documento debe ser firmado por todos los interesados ante notario si fuera necesario.
Paso 6.
Liquidación de impuestos
Aunque el plazo para la liquidación del Impuesto sobre sucesiones y donaciones es de seis meses a contar desde la fecha del fallecimiento, durante los cinco primeros meses de dicho plazo se puede solicitar una prórroga por otros seis meses adicionales ante el órgano autonómico competente (Consejería de Hacienda), ya que se trata de un tributo estatal cedido. Además, existen diferencias, a veces bastante notables, en cuanto a las tarifas y los beneficios fiscales aplicables en función en función de la comunidad autónoma en la que se tribute.
Otra exacción fiscal que interviene en las sucesiones hereditarias, cuando existe transmisión de inmuebles, es el Impuesto sobre el incremento del valor de los terrenos de naturaleza urbana, también conocido como Plusvalía municipal. Este tributo se liquida en el ayuntamiento del lugar donde radique cada bien inmueble adjudicado en la herencia y la cuota depende de los años transcurridos desde la anterior transmisión de la propiedad y de las bonificaciones aplicables por cada municipio.
FE DE ERRORES
Respecto a la declaración de heredero, con la entrada en vigor de la Ley 15/2015, de 2 de julio, de Jurisdicción Voluntaria, se amplía la competencia objetiva notarial, de tal forma que también son objeto de tramitación ante notario las declaraciones a favor de parientes colaterales y parejas de hecho, con lo que ya no cabe acudir a la sede judicial para realizar estas actuaciones.
https://elpais.com/economia/2017/10/11/mis_derechos/1507733996_156245.html
¿Qué hacer cuando alguien muere sin testamento?
Dime dónde heredas y te diré cuánto pagas
lunes, 27 de marzo de 2017
Las mentiras del PP sobre el impuesto de sucesiones
Juan Torres López – Consejo Científico de ATTAC España
Hace unos meses, cuando pasaba por delante del Ayuntamiento de Sevilla me abordó una señora que formaba parte de un grupo situado junto a un stand de propaganda del Partido Popular. Me pidió amablemente que firmara para “acabar” con el impuesto de sucesiones en Andalucía y cuando le dije que era imposible que se acabara con él solo en Andalucía, por la razón que señalaré más abajo, me siguió dando una serie de argumentos que fui rebatiendo lo más educadamente que pude. Cuando ya no tuvo ninguno adicional se limitó a decirme que había que suprimirlo porque “Susana es una ladrona que se queda con el dinero de los andaluces”.
Ante semejante “argumento” decidí que era mejor no seguir y me alejé de uno de los muchos grupos de militantes del PP que han difundido en toda Andalucía una campaña magníficamente programada y muy eficaz contra el impuesto sobre sucesiones.
Digo que ha sido una campaña muy eficaz porque me consta que ha convencido a miles de personas de que el impuesto sobre sucesiones es injusto, muy elevado, que solo lo pagan la generalidad de las clases medias y trabajadoras y, para colmo, que Andalucía es el único territorio en donde se utiliza “para robar” a la gente. Algo sorprendente si se tiene en cuenta que este impuesto es centenario, que existe desde hace muchos años en los países más avanzados del mundo y que siempre se ha considerado como uno de los instrumentos más efectivos de la historia para luchar contra los privilegios de cuna y para hacer que las sociedades sean más equitativas y las economías más eficientes. De hecho, el propio Partido Popular ha realizado varias reformas fiscales con mayoría absoluta y, a pesar de que podría haberlo eliminado o modificado, lo ha mantenido siempre.
Nadie puede censurar que un partido critique la política fiscal de un gobierno y yo no tendría nada que objetar a esta campaña del PP (y de algunos de sus economistas de referencia) si no fuera porque está plagada de mentiras que deberían hacer enrojecer y sentir vergüenza de decirlas en una sociedad mínimamente culta y democrática y en la que se pidiera rendición de cuentas a los representantes políticos y a los personajes públicos.
Voy a señalar a continuación las mentiras más importantes y las que he podido comprobar que han servido para engañar a muchas personas de buena fe que no están al día de las leyes fiscales y de lo que de verdad ocurre con los impuestos. Y me voy a referir a las mentiras económicas, dejando a un lado las mucho más burdas y vergonzosas que el PP ha difundido a la hora de convocar los actos de protesta. Sirva de ejemplo la diferente redacción de la convocatoria de una manifestación que muestro en el recuadro de abajo y en el que, además de las mentiras económicas, se comprueba el impresionante ejercicio de demagogia que supone convocarla solo para para protestar por el impuesto (en los grupos de personas de más alto nivel adquisitivo) o mezclando las churras del impuesto con las merinas del recibo de la luz (en los que están personas que se sabe tienen caso de menor nivel económico).
LAS MENTIRAS DEL PP
– “El impuesto sobre sucesiones que hay en Andalucía es un impuesto antiguo que no existe en otros lugares”.
Es falso. El impuesto existe en 27 de los 34 países más ricos del mundo (OCDE).
– “El impuesto sobre sucesiones afecta a todos los andaluces”.
Es falso. En 2016, solo 3 de cada 100 andaluces tuvieron que hacer la autodeclaración de este impuesto. Es decir, 255.009 personas de los 8,4 millones que residimos en Andalucía.
– “El impuesto sobre sucesiones “confisca como los impuestos de la Edad Media” la riqueza de los andaluces”.
Es falso. En 2016, solo 2,2 andaluces de cada 1.000 tuvieron que pagar algo por este impuesto (19.136 de los 8,4 millones). Y de los que presentaron declaración solo pagó el 7,5%. Y serán muchos menos a partir de 2017 con la nueva reforma que ha elevado el mínimo exento.
Hay que tener, por tanto, muy poca vergüenza para decir, como dijo el vicesecretario de Coordinación Política del PP-A, Toni Martín, que “Susana Díaz, a través de este impuesto, se está incautando de los frutos del trabajo de toda una vida de cientos de miles de andaluces” (aquí).
– “El impuesto sobre sucesiones obliga a que los hijos andaluces paguen por disponer de la riqueza de sus padres”.
Es falso. En 2016, sólo 5.426 andaluces pagaron por heredar algo de sus padres. Es decir, solamente un andaluz de cada 1.500 pagó algo por recibir esa herencia, o uno de cada 47 declarantes (el 2,1%).
– “El impuesto sobre sucesiones lo pagan en Andalucía las clases medias y trabajadoras”.
Es falso. Ya he dicho que en 2016 solo pagaron 19.136 personas. Las clases medias y trabajadoras son obviamente mucho más numerosos y, en su generalidad, no pagan por este impuesto. Lógicamente, puede haber personas de esa condición que tuvieran que pagarlo (en función de sus circunstancias personales, pero no puede decirse que las clases medias en su generalidad sean quienes cargan el impuesto sobre sus espaldas. ¿Qué familia de clase media con dos hijos, por ejemplo, tiene un patrimonio superior a un millón de euros que es más o menos el límite para empezar a pagar, a partir de 2017 en Andalucía?
– “Andalucía tiene un tipo 1.000 veces más alto que la Comunidad de Madrid”.
Es falso. Madrid bonifica el 99% de la cuota para descendientes directos. En este caso sería de 100 veces. Lo que pagan los herederos más alejados no es más alto en Andalucía, pues se paga prácticamente igual en todas las comunidades autónomas.
– “Con herencias de más de 800.000 euros los hijos pierden casi toda la herencia de sus padres”.
Es falso. Con la reforma andaluza que entró en vigor el 1 de enero de 2017, incluso si se tratara de una herencia de 1.000.000 de euros del padre o la madre de un matrimonio en régimen de gananciales y dos hijos, éstos dos no tendrían que pagar nada. Y, en todo caso, no se pierde, sino que se tributa por un considerable incremento en la riqueza.
– “El impuesto sobre sucesiones lo impone en su totalidad la Junta de Andalucía y debe eliminarlo”.
Es falso. El impuesto es estatal y está cedido a las comunidades autónomas. Andalucía no podría eliminar nunca ese impuesto. Como dije antes, podría haberlo hecho el PP en todos los años en que ha tenido mayoría absoluta y no lo ha hecho. Como tampoco ha querido impedir que haya unas diferencias tan grandes y absurdas entre las comunidades autónomas: al revés, legisló de forma que se pudieran dar.
Afirmar, como hace el PP en su página web, que “aboga por la eliminación del Impuesto de Sucesiones para que heredar no sea una ruina para las clases medias” (aquí) no solo es un acto de demagogia gigantesca (porque Andalucía no puede eliminar un impuesto estatal y porque cuando pudo eliminarlo el PP no lo ha eliminado) sino una mentira porque no lo pagan esos sectores sociales, como ya he señalado.
– “Entre 7.000 y 8.000 familias (40.000 al año) se mudan a Madrid para evitar el impuesto de sucesiones”.
Es falso. Esa cifra que han popularizado los dirigentes del PP (aquí) es el doble de las personas que pagan el impuesto. Según el Instituto Nacional de Estadística, en 2015, migraron a Madrid unos 12.500 andaluces (lógicamente no todas ellas por razones fiscales) y 8.000 de Madrid a Andalucía.
– “Las familias que no tienen liquidez en ese momento no pueden recibir la herencia de sus padres o familiares”.
Es falso. La ley contempla plazos para poder vender la herencia. Es verdad que está ocurriendo a menudo que es difícil vender pero por causa de la crisis y no del impuesto.
– “El impuesto sobre sucesiones tan elevado en Andalucía es la causa de que muchos andaluces tengan que renunciar a la herencia de sus padres”.
Es una media verdad. Es cierto que en Andalucía hay más renuncias que en otros lugares en términos proporcionales y eso es lógico si se paga más. Pero es completamente falso y contradice el sentido común que todas las renuncias se deban al tipo más alto: entonces en Madrid no habría renuncias y, sin embargo, en 2016 hubo allí 4.120.
Una causa fundamental (si no la principal) de renuncia a las herencias es que muchas van acompañadas de deudas elevadas (sobre todo hipotecarias) que a veces no se pueden soportar por los herederos. Y también, que la crisis y el estallido de la burbuja inmobiliaria dificulta o incluso impide vender las propiedades. Prueba de ello es que, como acabo de decir, en Madrid (donde los descendientes directos no pagan nada) se produjeran en 2015, 4.120 renuncias, es decir, muy pocas menos que en Andalucía (6.829) si se comparan con la población total (6,4 renuncias por cada 10.000 madrileños y 8,12 por cada 10.000 andaluces). Y además es en cierta medida lógico que se produzcan más renuncias en Andalucía si se tiene en cuenta que su renta per capita (17.131 euros en 2015) es mucho más baja que la de la Comunidad de Madrid (31.691).
– Lo que se recauda por el impuesto sobre sucesiones se lo traga la Junta de Andalucía o “lo roba Susana”.
Es falso. Se puede estar de acuerdo o no con este impuesto o con otros, pero no se puede ocultar para qué sirve. En este caso, el impuesto sobre sucesiones lo cede el Estado para que las comunidades autónomas financien la sanidad, la educación y otros servicios públicos y a eso se dedica lo que se ingresa con él en Andalucía. Lo que precisamente ocurre es que las comunidades que tienen privilegios de financiación o son más ricas pueden permitirse renunciar a una parte de los ingresos que genera mientras que las que resultan perjudicadas (como Andalucía) han de forzar mucho más sus figuras tributarias propias.
– “El impuesto sobre sucesiones solo lo defienden las izquierdas”.
Es falso. Afirmar eso es fruto de la mentira o de una total incultura económica y fiscal. Este impuesto ha sido siempre defendido por personas e investigadores de muy diferente ideología que simplemente tratan de evitar la concentración de la riqueza en porcentajes cada vez más pequeños de la población y de favorecer la meritocracia frente a los privilegios de cuna porque se sabe que las herencias ha sido siempre una de las fuentes más importantes de la desigualdad de oportunidades En los muchos países del mundo donde se aplica lo han establecido partidos y gobiernos de todas las corrientes políticas.
En 2001, 120 multimillonarios estadounidenses encabezados por Warren Buffet, Bill y Melinda Gates, varios miembros de la familia Rockefeller, George Soros y otros más hicieron pública una carta en la que decían: “Eliminar el impuesto sobre sucesiones sería negativo para nuestra democracia, nuestra economía y nuestra sociedad, conduce a una aristocracia de la riqueza que transmitirá a sus descendientes el control sobre los recursos de la nación… y dañará a las familias que a duras penas llegan a fin de mes” (la noticia aquí).
– “El impuesto sobre sucesiones obliga a pagar dos veces porque quien deja la herencia ya pagó a lo largo de su vida por lo que deja”.
Es falso. Se puede estar de acuerdo o no con este impuesto, pero decir que grava lo ya gravado anteriormente es totalmente incierto e incorrecto. Este impuesto grava un hecho que no ha sido gravado antes (la recepción de unos determinados bienes y el incremento de riqueza que supone en quien lo recibe) y a personas que, lógicamente, nunca antes habían pagado por la riqueza que ahora llega a sus manos (los herederos).
Esta afirmación es tan absurda como decir que no debe establecerse un impuesto como el IVA porque grava una renta con la que se compra algo que ya ha sido gravada antes (por el IRPF, por ejemplo).
– (La Junta de Andalucía) “valora un inmueble muy encima del valor de mercado”.
Es falso. Esta idea que han difundido algunos economistas anarcocapitalistas como Daniel Lacalle (en un video que puede verse aquí) no responde a la verdad. Es la ley (estatal y no andaluza) del Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones la que establece que los bienes inmuebles que son objeto de transmisión deben ser declarados por su valor real y la Ley General Tributaria determina los diversos criterios de valoración que se pueden utilizar. En Andalucía, y en otras comunidades, se utilizan los Coeficientes Multiplicadores del Valor Catastral (CMVC) que tienen gran rigor técnico y no pueden dar lugar a un valor superior al del mercado (salvo en algún caso verdaderamente excepcional) y que, precisamente para que eso no ocurra, disponen de un procedimiento de garantía bastante riguroso. Es fácil comprobar con números que lo que afirma Daniel Lacalle no sucede en la realidad.
– “El impuesto lleva a la ruina”.
Esta es una frase también de Daniel Lacalle en el mencionado video que es una falsa y disparatada exageración. Nadie puede arruinarse por una herencia puesto que siempre tendrá a su alcance la posibilidad de no aceptarla o de hacerlo a beneficio de inventario (es decir, sin poner en peligro su propio patrimonio).
– Según el impuesto “a un hijo único de padres divorciados y de 15 años le valoran el piso en 300.000 euros y debe pagar 80.655 euros”.
Este es un ejemplo que pone el economista Daniel Lacalle en el mismo video para criticar el impuesto. Habría que conocer el caso concreto pero resulta absolutamente improbable por no decir imposible que eso haya ocurrido según las tarifas existente del impuesto. Actualmente, en una familia de dos hijos el patrimonio tendría que ser mayor a 700.000 euros para estar bonificado. Y la prueba de que esos casos son muy minúsculos es que en 2016 solo hubo en Andalucía 459 casos (entre 8,4 millones de personas o entre los 255.009 declarantes) con una base imponible superior a los 800.000 euros.
– “La Junta de Andalucía se convierte en una enorme agencia inmobiliaria cuando los ciudadanos rechazan la herencia porque no pueden pagar el impuesto”.
Esta nueva afirmación de Daniel Lacalle en el mismo video es igualmente falsa porque los inmuebles que formaran parte de una herencia rechazada pasan al gobierno central y no a la Junta de Andalucía.
– El impuesto sobre sucesiones “no tiene ningún efecto redistributivo ni de igualdad”.
Esta es una idea que difunden los economistas ultraliberales (y concretamente Daniel Lacalle en el video) para legitimar las políticas del Partido Popular engañando a la gente. Puede discutirse sobre si el impuesto tiene mucho o poco efecto redistributivo o si se da siempre o solo en determinadas circunstancias, pero afirmar que no tiene efecto ninguno es una exageración deshonesta porque está desmentida por docenas de estudios empíricos que pueden consultarse en cualquier publicación mínimamente especializada.
Un conocido informe sobre la reforma de la imposición directa encabezado por el Premio Nobel J. E. Meade, decía “el patrimonio heredado debe sufrir una mayor imposición tanto por razones de justicia como a causa del tema de los incentivos económicos. El ciudadano que por su esfuerzo y trabajo haya acumulado una fortuna merece un mejor tratamiento fiscal que el ciudadano que por la suerte de su nacimiento posee el mismo patrimonio; gravar al primero menos que al segundo crearán un obstáculo menor al esfuerzo y el trabajo”. Y, a pesar de las deficiencias que pueda tener en su diseño actual, la Comisión de expertos para la reforma del sistema tributario español nombrada en su día por el Partido Popular concluyó proponiendo “mantener el Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones para mejorar la igualdad de oportunidades y favorecer la equidad del sistema”.
– “La sociedad actual es más igualitaria y no necesita un impuesto como el de sucesiones”.
Es falso. En Francia, por ejemplo, se está demostrando que las herencias tienen en Francia casi el mismo efecto sobre la desigualdad que en los tiempos de la revolución de 1789 y en ese país, no muy diferente al nuestro, la desigualdad por razones de patrimonio es mucho mayor que la de renta: la renta que acumulan el 10% de las familias más ricas es 4,6 veces mayor que las rentas del 10% de menos ingreso, pero el patrimonio de las primeras es 139 veces mayor. Y también está ocurriendo que las personas de más edad acumulan cada vez más patrimonio (En Francia las personas que están en los treinta años tienen en 2014 3,5 veces menos patrimonio del que tenían en 1986, y eso en parte se debe porque se hereda mucho más tarde que antes (Alternatives Economiques, nº 366, p. 27).
Es lamentable que un partido con tanta responsabilidad como el Partido Popular lleve a cabo una campaña política basada en mentiras y en engañar a la población con un propósito que no puede ser otro que el de dinamitar a un gobierno al que no puede vencer con los votos. No es un juicio de intenciones por mi parte, sino la pura realidad: si el PP de verdad quisiera que no hubiera impuesto sobre sucesiones lo habría eliminado al gobernar con mayoría absoluta. ¿A qué viene, entonces, mentir ahora de esta manera?
Incluso la crítica que se hace a Andalucía no es justa. No es verdad que la Junta de Andalucía haya subido el tipo del impuesto, sino que el gobierno de la comunidad mucho más rica como la de Madrid lo bonificó, como he dicho, casi al 100% en su territorio. Las necesarias reformas del impuesto
¿Es necesario que haya un impuesto sobre las sucesiones?
Como he explicado en mi libro Economía para no dejarse engañar por los economistas, no hay una respuesta objetiva a esa pregunta: depende de las preferencias de cada persona y por eso lo deseable es que haya suficiente y auténtica democrática para que la sociedad en su conjunto pueda decidir con libertad lo mejor para todos. Y por eso no se puede aceptar que unos u otros impongan su preferencia individual o de grupo al resto de la sociedad. Y menos, a base de mentiras.
Pero, con independencia de ello y de señalar las mentiras del PP y de algunos economistas de ideología ultraliberal y anarco-capitalista que se han puesto de moda en los últimos años para legitimar sus políticas, no se puede olvidar que, efectivamente, el impuesto sobre sucesiones en España tiene algunas deficiencias importantes que habría que corregir. Una cosa es que se acepte que exista un determinado impuesto y otro que no se diseñe adecuadamente para cumplir los fines que la sociedad le encomiende.
La más evidente, sin duda, es su falta de armonización en las diferentes comunidades autónomas que lleva a producir desigualdades injustificables y aberrantes. Una barbaridad que se podría evitar muy fácilmente.
En segundo lugar, algunos problemas a la hora de valorar las herencias o de aplicar reducciones, unas veces demasiado prolijas y otras excesivamente generales, que pueden dar lugar a situaciones de inequidad.
En tercer lugar, una consideración más cercana a la realidad de los nuevos modelos de familias y a las condiciones reales de las personas, en las que no siempre coincide la posibilidad de disponer de un patrimonio relativamente importante con suficiente liquidez (algo, por cierto, que está ocurriendo en gran parte por culpa de las políticas neoliberales del PP que hacen que las nuevas generaciones vivan peor que las de sus padres).
En cuarto lugar, la inequidad que puede producir el “salto” cuando se superan los límites establecidos.
Por último, algunas deficiencias relativas a la transmisión de negocios familiares que pueden verse en peligro si no se ajusta bien el tratamiento fiscal y si no se dan facilidades para que se mantenga en las mejores condiciones posibles la actividad productiva.
Sin embargo, ninguna de ellas justifica la campaña a base de mentiras y claramente demagógica (porque estuvo en su mano resolver lo que critica) que viene orquestando el Partido Popular, especialmente en las comunidades gobernadas por el Partido Socialista. No conviene engañarse: lo que hay detrás de estas es la estrategia de desmantelamiento de las estructuras del bienestar (sanidad, educación, pensiones públicas) que el PP ya ha puesto en marcha en comunidades donde gobierna o ha gobernado, como la valenciana o la de Madrid.
Las derechas económicas saben perfectamente que esos servicios públicos son muy queridos y necesitados por la población e incluso por sus propios votantes. Por eso no proponen directamente su sustitución por los negocios privados (cuyas desventajas siempre ocultan) sino que llevan a cabo una estrategia inteligente pero taimada: ir dejándolos poco a poco sin financiación (sobre todo reduciendo impuestos que alivian la carga de las grandes fortunas y empresas) para que funcionen peor y, cuando esto va ocurriendo, salir a la calle a decir que funcionan mal por culpa…. no por culpa de sus propias decisiones sino ¡de quienes los defienden!
Publicado en eldiario.es Ganas de escribir http://www.juantorreslopez.com/7842-2/
Hace unos meses, cuando pasaba por delante del Ayuntamiento de Sevilla me abordó una señora que formaba parte de un grupo situado junto a un stand de propaganda del Partido Popular. Me pidió amablemente que firmara para “acabar” con el impuesto de sucesiones en Andalucía y cuando le dije que era imposible que se acabara con él solo en Andalucía, por la razón que señalaré más abajo, me siguió dando una serie de argumentos que fui rebatiendo lo más educadamente que pude. Cuando ya no tuvo ninguno adicional se limitó a decirme que había que suprimirlo porque “Susana es una ladrona que se queda con el dinero de los andaluces”.
Ante semejante “argumento” decidí que era mejor no seguir y me alejé de uno de los muchos grupos de militantes del PP que han difundido en toda Andalucía una campaña magníficamente programada y muy eficaz contra el impuesto sobre sucesiones.
Digo que ha sido una campaña muy eficaz porque me consta que ha convencido a miles de personas de que el impuesto sobre sucesiones es injusto, muy elevado, que solo lo pagan la generalidad de las clases medias y trabajadoras y, para colmo, que Andalucía es el único territorio en donde se utiliza “para robar” a la gente. Algo sorprendente si se tiene en cuenta que este impuesto es centenario, que existe desde hace muchos años en los países más avanzados del mundo y que siempre se ha considerado como uno de los instrumentos más efectivos de la historia para luchar contra los privilegios de cuna y para hacer que las sociedades sean más equitativas y las economías más eficientes. De hecho, el propio Partido Popular ha realizado varias reformas fiscales con mayoría absoluta y, a pesar de que podría haberlo eliminado o modificado, lo ha mantenido siempre.
Nadie puede censurar que un partido critique la política fiscal de un gobierno y yo no tendría nada que objetar a esta campaña del PP (y de algunos de sus economistas de referencia) si no fuera porque está plagada de mentiras que deberían hacer enrojecer y sentir vergüenza de decirlas en una sociedad mínimamente culta y democrática y en la que se pidiera rendición de cuentas a los representantes políticos y a los personajes públicos.
Voy a señalar a continuación las mentiras más importantes y las que he podido comprobar que han servido para engañar a muchas personas de buena fe que no están al día de las leyes fiscales y de lo que de verdad ocurre con los impuestos. Y me voy a referir a las mentiras económicas, dejando a un lado las mucho más burdas y vergonzosas que el PP ha difundido a la hora de convocar los actos de protesta. Sirva de ejemplo la diferente redacción de la convocatoria de una manifestación que muestro en el recuadro de abajo y en el que, además de las mentiras económicas, se comprueba el impresionante ejercicio de demagogia que supone convocarla solo para para protestar por el impuesto (en los grupos de personas de más alto nivel adquisitivo) o mezclando las churras del impuesto con las merinas del recibo de la luz (en los que están personas que se sabe tienen caso de menor nivel económico).
LAS MENTIRAS DEL PP
– “El impuesto sobre sucesiones que hay en Andalucía es un impuesto antiguo que no existe en otros lugares”.
Es falso. El impuesto existe en 27 de los 34 países más ricos del mundo (OCDE).
– “El impuesto sobre sucesiones afecta a todos los andaluces”.
Es falso. En 2016, solo 3 de cada 100 andaluces tuvieron que hacer la autodeclaración de este impuesto. Es decir, 255.009 personas de los 8,4 millones que residimos en Andalucía.
– “El impuesto sobre sucesiones “confisca como los impuestos de la Edad Media” la riqueza de los andaluces”.
Es falso. En 2016, solo 2,2 andaluces de cada 1.000 tuvieron que pagar algo por este impuesto (19.136 de los 8,4 millones). Y de los que presentaron declaración solo pagó el 7,5%. Y serán muchos menos a partir de 2017 con la nueva reforma que ha elevado el mínimo exento.
Hay que tener, por tanto, muy poca vergüenza para decir, como dijo el vicesecretario de Coordinación Política del PP-A, Toni Martín, que “Susana Díaz, a través de este impuesto, se está incautando de los frutos del trabajo de toda una vida de cientos de miles de andaluces” (aquí).
– “El impuesto sobre sucesiones obliga a que los hijos andaluces paguen por disponer de la riqueza de sus padres”.
Es falso. En 2016, sólo 5.426 andaluces pagaron por heredar algo de sus padres. Es decir, solamente un andaluz de cada 1.500 pagó algo por recibir esa herencia, o uno de cada 47 declarantes (el 2,1%).
– “El impuesto sobre sucesiones lo pagan en Andalucía las clases medias y trabajadoras”.
Es falso. Ya he dicho que en 2016 solo pagaron 19.136 personas. Las clases medias y trabajadoras son obviamente mucho más numerosos y, en su generalidad, no pagan por este impuesto. Lógicamente, puede haber personas de esa condición que tuvieran que pagarlo (en función de sus circunstancias personales, pero no puede decirse que las clases medias en su generalidad sean quienes cargan el impuesto sobre sus espaldas. ¿Qué familia de clase media con dos hijos, por ejemplo, tiene un patrimonio superior a un millón de euros que es más o menos el límite para empezar a pagar, a partir de 2017 en Andalucía?
– “Andalucía tiene un tipo 1.000 veces más alto que la Comunidad de Madrid”.
Es falso. Madrid bonifica el 99% de la cuota para descendientes directos. En este caso sería de 100 veces. Lo que pagan los herederos más alejados no es más alto en Andalucía, pues se paga prácticamente igual en todas las comunidades autónomas.
– “Con herencias de más de 800.000 euros los hijos pierden casi toda la herencia de sus padres”.
Es falso. Con la reforma andaluza que entró en vigor el 1 de enero de 2017, incluso si se tratara de una herencia de 1.000.000 de euros del padre o la madre de un matrimonio en régimen de gananciales y dos hijos, éstos dos no tendrían que pagar nada. Y, en todo caso, no se pierde, sino que se tributa por un considerable incremento en la riqueza.
– “El impuesto sobre sucesiones lo impone en su totalidad la Junta de Andalucía y debe eliminarlo”.
Es falso. El impuesto es estatal y está cedido a las comunidades autónomas. Andalucía no podría eliminar nunca ese impuesto. Como dije antes, podría haberlo hecho el PP en todos los años en que ha tenido mayoría absoluta y no lo ha hecho. Como tampoco ha querido impedir que haya unas diferencias tan grandes y absurdas entre las comunidades autónomas: al revés, legisló de forma que se pudieran dar.
Afirmar, como hace el PP en su página web, que “aboga por la eliminación del Impuesto de Sucesiones para que heredar no sea una ruina para las clases medias” (aquí) no solo es un acto de demagogia gigantesca (porque Andalucía no puede eliminar un impuesto estatal y porque cuando pudo eliminarlo el PP no lo ha eliminado) sino una mentira porque no lo pagan esos sectores sociales, como ya he señalado.
– “Entre 7.000 y 8.000 familias (40.000 al año) se mudan a Madrid para evitar el impuesto de sucesiones”.
Es falso. Esa cifra que han popularizado los dirigentes del PP (aquí) es el doble de las personas que pagan el impuesto. Según el Instituto Nacional de Estadística, en 2015, migraron a Madrid unos 12.500 andaluces (lógicamente no todas ellas por razones fiscales) y 8.000 de Madrid a Andalucía.
– “Las familias que no tienen liquidez en ese momento no pueden recibir la herencia de sus padres o familiares”.
Es falso. La ley contempla plazos para poder vender la herencia. Es verdad que está ocurriendo a menudo que es difícil vender pero por causa de la crisis y no del impuesto.
– “El impuesto sobre sucesiones tan elevado en Andalucía es la causa de que muchos andaluces tengan que renunciar a la herencia de sus padres”.
Es una media verdad. Es cierto que en Andalucía hay más renuncias que en otros lugares en términos proporcionales y eso es lógico si se paga más. Pero es completamente falso y contradice el sentido común que todas las renuncias se deban al tipo más alto: entonces en Madrid no habría renuncias y, sin embargo, en 2016 hubo allí 4.120.
Una causa fundamental (si no la principal) de renuncia a las herencias es que muchas van acompañadas de deudas elevadas (sobre todo hipotecarias) que a veces no se pueden soportar por los herederos. Y también, que la crisis y el estallido de la burbuja inmobiliaria dificulta o incluso impide vender las propiedades. Prueba de ello es que, como acabo de decir, en Madrid (donde los descendientes directos no pagan nada) se produjeran en 2015, 4.120 renuncias, es decir, muy pocas menos que en Andalucía (6.829) si se comparan con la población total (6,4 renuncias por cada 10.000 madrileños y 8,12 por cada 10.000 andaluces). Y además es en cierta medida lógico que se produzcan más renuncias en Andalucía si se tiene en cuenta que su renta per capita (17.131 euros en 2015) es mucho más baja que la de la Comunidad de Madrid (31.691).
– Lo que se recauda por el impuesto sobre sucesiones se lo traga la Junta de Andalucía o “lo roba Susana”.
Es falso. Se puede estar de acuerdo o no con este impuesto o con otros, pero no se puede ocultar para qué sirve. En este caso, el impuesto sobre sucesiones lo cede el Estado para que las comunidades autónomas financien la sanidad, la educación y otros servicios públicos y a eso se dedica lo que se ingresa con él en Andalucía. Lo que precisamente ocurre es que las comunidades que tienen privilegios de financiación o son más ricas pueden permitirse renunciar a una parte de los ingresos que genera mientras que las que resultan perjudicadas (como Andalucía) han de forzar mucho más sus figuras tributarias propias.
– “El impuesto sobre sucesiones solo lo defienden las izquierdas”.
Es falso. Afirmar eso es fruto de la mentira o de una total incultura económica y fiscal. Este impuesto ha sido siempre defendido por personas e investigadores de muy diferente ideología que simplemente tratan de evitar la concentración de la riqueza en porcentajes cada vez más pequeños de la población y de favorecer la meritocracia frente a los privilegios de cuna porque se sabe que las herencias ha sido siempre una de las fuentes más importantes de la desigualdad de oportunidades En los muchos países del mundo donde se aplica lo han establecido partidos y gobiernos de todas las corrientes políticas.
En 2001, 120 multimillonarios estadounidenses encabezados por Warren Buffet, Bill y Melinda Gates, varios miembros de la familia Rockefeller, George Soros y otros más hicieron pública una carta en la que decían: “Eliminar el impuesto sobre sucesiones sería negativo para nuestra democracia, nuestra economía y nuestra sociedad, conduce a una aristocracia de la riqueza que transmitirá a sus descendientes el control sobre los recursos de la nación… y dañará a las familias que a duras penas llegan a fin de mes” (la noticia aquí).
– “El impuesto sobre sucesiones obliga a pagar dos veces porque quien deja la herencia ya pagó a lo largo de su vida por lo que deja”.
Es falso. Se puede estar de acuerdo o no con este impuesto, pero decir que grava lo ya gravado anteriormente es totalmente incierto e incorrecto. Este impuesto grava un hecho que no ha sido gravado antes (la recepción de unos determinados bienes y el incremento de riqueza que supone en quien lo recibe) y a personas que, lógicamente, nunca antes habían pagado por la riqueza que ahora llega a sus manos (los herederos).
Esta afirmación es tan absurda como decir que no debe establecerse un impuesto como el IVA porque grava una renta con la que se compra algo que ya ha sido gravada antes (por el IRPF, por ejemplo).
– (La Junta de Andalucía) “valora un inmueble muy encima del valor de mercado”.
Es falso. Esta idea que han difundido algunos economistas anarcocapitalistas como Daniel Lacalle (en un video que puede verse aquí) no responde a la verdad. Es la ley (estatal y no andaluza) del Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones la que establece que los bienes inmuebles que son objeto de transmisión deben ser declarados por su valor real y la Ley General Tributaria determina los diversos criterios de valoración que se pueden utilizar. En Andalucía, y en otras comunidades, se utilizan los Coeficientes Multiplicadores del Valor Catastral (CMVC) que tienen gran rigor técnico y no pueden dar lugar a un valor superior al del mercado (salvo en algún caso verdaderamente excepcional) y que, precisamente para que eso no ocurra, disponen de un procedimiento de garantía bastante riguroso. Es fácil comprobar con números que lo que afirma Daniel Lacalle no sucede en la realidad.
– “El impuesto lleva a la ruina”.
Esta es una frase también de Daniel Lacalle en el mencionado video que es una falsa y disparatada exageración. Nadie puede arruinarse por una herencia puesto que siempre tendrá a su alcance la posibilidad de no aceptarla o de hacerlo a beneficio de inventario (es decir, sin poner en peligro su propio patrimonio).
– Según el impuesto “a un hijo único de padres divorciados y de 15 años le valoran el piso en 300.000 euros y debe pagar 80.655 euros”.
Este es un ejemplo que pone el economista Daniel Lacalle en el mismo video para criticar el impuesto. Habría que conocer el caso concreto pero resulta absolutamente improbable por no decir imposible que eso haya ocurrido según las tarifas existente del impuesto. Actualmente, en una familia de dos hijos el patrimonio tendría que ser mayor a 700.000 euros para estar bonificado. Y la prueba de que esos casos son muy minúsculos es que en 2016 solo hubo en Andalucía 459 casos (entre 8,4 millones de personas o entre los 255.009 declarantes) con una base imponible superior a los 800.000 euros.
– “La Junta de Andalucía se convierte en una enorme agencia inmobiliaria cuando los ciudadanos rechazan la herencia porque no pueden pagar el impuesto”.
Esta nueva afirmación de Daniel Lacalle en el mismo video es igualmente falsa porque los inmuebles que formaran parte de una herencia rechazada pasan al gobierno central y no a la Junta de Andalucía.
– El impuesto sobre sucesiones “no tiene ningún efecto redistributivo ni de igualdad”.
Esta es una idea que difunden los economistas ultraliberales (y concretamente Daniel Lacalle en el video) para legitimar las políticas del Partido Popular engañando a la gente. Puede discutirse sobre si el impuesto tiene mucho o poco efecto redistributivo o si se da siempre o solo en determinadas circunstancias, pero afirmar que no tiene efecto ninguno es una exageración deshonesta porque está desmentida por docenas de estudios empíricos que pueden consultarse en cualquier publicación mínimamente especializada.
Un conocido informe sobre la reforma de la imposición directa encabezado por el Premio Nobel J. E. Meade, decía “el patrimonio heredado debe sufrir una mayor imposición tanto por razones de justicia como a causa del tema de los incentivos económicos. El ciudadano que por su esfuerzo y trabajo haya acumulado una fortuna merece un mejor tratamiento fiscal que el ciudadano que por la suerte de su nacimiento posee el mismo patrimonio; gravar al primero menos que al segundo crearán un obstáculo menor al esfuerzo y el trabajo”. Y, a pesar de las deficiencias que pueda tener en su diseño actual, la Comisión de expertos para la reforma del sistema tributario español nombrada en su día por el Partido Popular concluyó proponiendo “mantener el Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones para mejorar la igualdad de oportunidades y favorecer la equidad del sistema”.
– “La sociedad actual es más igualitaria y no necesita un impuesto como el de sucesiones”.
Es falso. En Francia, por ejemplo, se está demostrando que las herencias tienen en Francia casi el mismo efecto sobre la desigualdad que en los tiempos de la revolución de 1789 y en ese país, no muy diferente al nuestro, la desigualdad por razones de patrimonio es mucho mayor que la de renta: la renta que acumulan el 10% de las familias más ricas es 4,6 veces mayor que las rentas del 10% de menos ingreso, pero el patrimonio de las primeras es 139 veces mayor. Y también está ocurriendo que las personas de más edad acumulan cada vez más patrimonio (En Francia las personas que están en los treinta años tienen en 2014 3,5 veces menos patrimonio del que tenían en 1986, y eso en parte se debe porque se hereda mucho más tarde que antes (Alternatives Economiques, nº 366, p. 27).
Es lamentable que un partido con tanta responsabilidad como el Partido Popular lleve a cabo una campaña política basada en mentiras y en engañar a la población con un propósito que no puede ser otro que el de dinamitar a un gobierno al que no puede vencer con los votos. No es un juicio de intenciones por mi parte, sino la pura realidad: si el PP de verdad quisiera que no hubiera impuesto sobre sucesiones lo habría eliminado al gobernar con mayoría absoluta. ¿A qué viene, entonces, mentir ahora de esta manera?
Incluso la crítica que se hace a Andalucía no es justa. No es verdad que la Junta de Andalucía haya subido el tipo del impuesto, sino que el gobierno de la comunidad mucho más rica como la de Madrid lo bonificó, como he dicho, casi al 100% en su territorio. Las necesarias reformas del impuesto
¿Es necesario que haya un impuesto sobre las sucesiones?
Como he explicado en mi libro Economía para no dejarse engañar por los economistas, no hay una respuesta objetiva a esa pregunta: depende de las preferencias de cada persona y por eso lo deseable es que haya suficiente y auténtica democrática para que la sociedad en su conjunto pueda decidir con libertad lo mejor para todos. Y por eso no se puede aceptar que unos u otros impongan su preferencia individual o de grupo al resto de la sociedad. Y menos, a base de mentiras.
Pero, con independencia de ello y de señalar las mentiras del PP y de algunos economistas de ideología ultraliberal y anarco-capitalista que se han puesto de moda en los últimos años para legitimar sus políticas, no se puede olvidar que, efectivamente, el impuesto sobre sucesiones en España tiene algunas deficiencias importantes que habría que corregir. Una cosa es que se acepte que exista un determinado impuesto y otro que no se diseñe adecuadamente para cumplir los fines que la sociedad le encomiende.
La más evidente, sin duda, es su falta de armonización en las diferentes comunidades autónomas que lleva a producir desigualdades injustificables y aberrantes. Una barbaridad que se podría evitar muy fácilmente.
En segundo lugar, algunos problemas a la hora de valorar las herencias o de aplicar reducciones, unas veces demasiado prolijas y otras excesivamente generales, que pueden dar lugar a situaciones de inequidad.
En tercer lugar, una consideración más cercana a la realidad de los nuevos modelos de familias y a las condiciones reales de las personas, en las que no siempre coincide la posibilidad de disponer de un patrimonio relativamente importante con suficiente liquidez (algo, por cierto, que está ocurriendo en gran parte por culpa de las políticas neoliberales del PP que hacen que las nuevas generaciones vivan peor que las de sus padres).
En cuarto lugar, la inequidad que puede producir el “salto” cuando se superan los límites establecidos.
Por último, algunas deficiencias relativas a la transmisión de negocios familiares que pueden verse en peligro si no se ajusta bien el tratamiento fiscal y si no se dan facilidades para que se mantenga en las mejores condiciones posibles la actividad productiva.
Sin embargo, ninguna de ellas justifica la campaña a base de mentiras y claramente demagógica (porque estuvo en su mano resolver lo que critica) que viene orquestando el Partido Popular, especialmente en las comunidades gobernadas por el Partido Socialista. No conviene engañarse: lo que hay detrás de estas es la estrategia de desmantelamiento de las estructuras del bienestar (sanidad, educación, pensiones públicas) que el PP ya ha puesto en marcha en comunidades donde gobierna o ha gobernado, como la valenciana o la de Madrid.
Las derechas económicas saben perfectamente que esos servicios públicos son muy queridos y necesitados por la población e incluso por sus propios votantes. Por eso no proponen directamente su sustitución por los negocios privados (cuyas desventajas siempre ocultan) sino que llevan a cabo una estrategia inteligente pero taimada: ir dejándolos poco a poco sin financiación (sobre todo reduciendo impuestos que alivian la carga de las grandes fortunas y empresas) para que funcionen peor y, cuando esto va ocurriendo, salir a la calle a decir que funcionan mal por culpa…. no por culpa de sus propias decisiones sino ¡de quienes los defienden!
Publicado en eldiario.es Ganas de escribir http://www.juantorreslopez.com/7842-2/
domingo, 11 de septiembre de 2016
“Un puesto de salchichas paga más impuestos que las multinacionales”. El canciller austriaco critica las prácticas fiscales de las grandes corporaciones como Amazon o Starbuks y critica a Irlanda por el caso Apple
El jefe del Gobierno austríaco, el socialdemócrata Christian Kern, ha criticado criticado que cualquier cafetería o puesto de salchichas de Viena pague más impuestos en Austria que multinacionales como Amazon o Starbucks. "Cualquier cafetería vienesa, cualquier puesto de salchichas, paga más impuestos que una empresa multinacional", lamentó Kern en una entrevista que publica este sábado el diario Der Standard.
"Esto se aplica a Starbucks, Amazon y otras compañías", sostuvo. El canciller manifiestó que la cadena de cafeterías Starbucks había pagado en 2014 unos 1.400 euros como impuesto de sociedades, menos que cualquier quiosco de salchichas, según algunas estimaciones.
Kern justificó la decisión de la Comisión Europea de exigir a Apple que pague en Irlanda 13.000 millones de euros por impuesto no liquidados. El canciller austriaco destacó la escasa contribución de estas grandes empresas a las arcas públicas. El Gobierno irlandés anunció el viernes que recurrirá el dictamen de la Comisión, que ha sido también criticado por Apple.
El político socialdemócrata austriaco también reprobó a multinacionales como Google o Facebook, al asegurar que si pagasen más impuestos, el Estado podría ofrecer más ayudas a la prensa escrita para afrontar su actual crisis.
Según Kern, Google tiene un volumen de negocio en Austria de unos 200 millones de euros, mientras que el Facebook es de unos 120 millones, y entre ambas empresas contratan a unas 20 personas.
El canciller criticó que ambas compañías obtuvieran muchos más beneficios por publicidad en Austria pero no pagasen allí ni impuesto de sociedades ni sobre la publicidad. En esta línea, criticó que algunos países de la Unión Europea compiten por bajar el impuesto de sociedades para atraer a estas empresas, lo que daña a otros socios del bloque. "Lo que hace Irlanda, Holanda, Luxemburgo o Malta es insolidario con el resto de la economía europea", concluyó.
Varias multinacionales han sido criticadas por minimizar el pago de impuestos remitiendo la facturación a filiales situadas en otros países que gozan de mejor trato fiscal. Es una práctica habitual de las grandes grupos tecnológicos, muchos de ellos estadounidenses. Aunque esta práctica de elusión fiscal está extendida entre las grandes corporaciones de todo el mundo.
http://economia.elpais.com/economia/2016/09/03/actualidad/1472919626_703236.html
"Esto se aplica a Starbucks, Amazon y otras compañías", sostuvo. El canciller manifiestó que la cadena de cafeterías Starbucks había pagado en 2014 unos 1.400 euros como impuesto de sociedades, menos que cualquier quiosco de salchichas, según algunas estimaciones.
Kern justificó la decisión de la Comisión Europea de exigir a Apple que pague en Irlanda 13.000 millones de euros por impuesto no liquidados. El canciller austriaco destacó la escasa contribución de estas grandes empresas a las arcas públicas. El Gobierno irlandés anunció el viernes que recurrirá el dictamen de la Comisión, que ha sido también criticado por Apple.
El político socialdemócrata austriaco también reprobó a multinacionales como Google o Facebook, al asegurar que si pagasen más impuestos, el Estado podría ofrecer más ayudas a la prensa escrita para afrontar su actual crisis.
Según Kern, Google tiene un volumen de negocio en Austria de unos 200 millones de euros, mientras que el Facebook es de unos 120 millones, y entre ambas empresas contratan a unas 20 personas.
El canciller criticó que ambas compañías obtuvieran muchos más beneficios por publicidad en Austria pero no pagasen allí ni impuesto de sociedades ni sobre la publicidad. En esta línea, criticó que algunos países de la Unión Europea compiten por bajar el impuesto de sociedades para atraer a estas empresas, lo que daña a otros socios del bloque. "Lo que hace Irlanda, Holanda, Luxemburgo o Malta es insolidario con el resto de la economía europea", concluyó.
Varias multinacionales han sido criticadas por minimizar el pago de impuestos remitiendo la facturación a filiales situadas en otros países que gozan de mejor trato fiscal. Es una práctica habitual de las grandes grupos tecnológicos, muchos de ellos estadounidenses. Aunque esta práctica de elusión fiscal está extendida entre las grandes corporaciones de todo el mundo.
http://economia.elpais.com/economia/2016/09/03/actualidad/1472919626_703236.html
jueves, 2 de julio de 2015
Un país para ricos
Adolfo Muñoz, Txiki
Alfonso Basagoiti, ex-Consejero de Hacienda del Gobierno Vasco, ex-presidente del Círculo de Empresarios y ahora consejero de Euskaltel ha dicho que las vacaciones fiscales “se hicieron rematadamente mal” porque la rebaja de impuestos “se aplicó a pocas empresas” y debió hacerse a todas. Si se hubiera hecho así –dice- “no hubiera habido ningún problema con la UE”. No quiere que las empresas paguen impuestos y no dice la verdad cuando afirma que las empresas vascas pagan más impuestos que las españolas.
La realidad es que en base a subvenciones, bonificaciones y exenciones establecidas en el Impuesto de Sociedades, las empresas o pagan muy poco o no pagan nada.
ELA ha celebrado un Seminario sobre fiscalidad en Donostia los días 18 y 19 de Junio. En él se ha analizado el trato fiscal privilegiado para las rentas que no son de trabajo. Estas son las conclusiones del Seminario.
1.- Los gobiernos favorecen la acumulación de capital a la vez que las Haciendas desfiscalizan esas rentas para que no paguen impuestos. Esos mismos Gobiernos con la patronal atacan a los salarios y las Haciendas deciden que los impuestos recaigan, fundamentalmente, sobre las rentas de trabajo. Por eso aumentan las desigualdades. La competencia fiscal entre países basada en la bajada de impuestos al capital y a las empresas destroza un modelo de sociedad justo y solidario. No es casualidad que los países que mejor están respondiendo a la crisis sean los que más presión fiscal y gasto público tienen.
2.- El poder político y económico no tienen ningún interés en materia fiscal en favorecer la información y la participación social. Hacen creer a la ciudadanía que bajando los impuestos a los ricos ganamos todos. Nos tratan como si fuéramos idiotas. Las Haciendas Vascas son un reino de opacidad; una “caja negra” en la que una pequeña élite, muy cercana al mundo empresarial, decide los impuestos.
3.- La capacidad normativa de las Haciendas Vascas (Concierto y Convenio) se concreta en que tengamos 7 puntos de presión fiscal menos que la media europea (incluso menos que en España). De establecer la presión fiscal media europea se recaudarían 6.600 millones de euros más. Los beneficiados son las rentas altas, empresariales y de capital. En realidad, desde hace muchos años, no ha existido una política fiscal propia en el ámbito vasco. Las Haciendas de los cuatro territorios se han limitado a copiar y pegar lo que hacia Madrid estableciendo, eso sí, más ventajas fiscales a empresas y capital. Rajoy, para tratar de evitar una debacle electoral, anuncia que bajará los impuestos -a sus amigos- en el IRPF y en Sociedades. ¿Alguien duda sobre qué harán las Haciendas Vascas?
4.- Es un contrasentido que la decisión sobre los ingresos esté en manos de las Administraciones que menos gasto tienen a su cargo, las Diputaciones. Este sistema, en la CAPV, deja la política fiscal en manos de un órgano sin control democrático, el Órgano de Coordinación Tributaria. Hay que acabar con los reinos de Taifas en que se han convertido las Haciendas, garantizar la participación social y establecer la decisión y el control democrático en el Parlamento vasco.
5.- Contrariamente a lo que dicen CONFEBASK y la CEN, la fiscalidad vasca es, de todas las del Estado, la que más privilegios recoge para las empresas. Es un grave error, que también comete la izquierda política, prestar atención al tipo nominal (porcentaje) del Impuesto. El tipo nominal no dice nada sobre lo que en realidad pagan las empresas ya que ha sido pervertido con un sinfín de exenciones, bonificaciones y subvenciones -innumerables e inútiles- pensadas para que las empresas o paguen poco o no paguen nada en el Impuesto de Sociedades.
6.- ELA llama la atención sobre la influencia de la patronal en la decisión de los impuestos. Sufrimos situaciones que debieran estar prohibidas, como que un Secretario General de una patronal pase a ser Diputado de Hacienda. Un ejemplo de esa connivencia han sido las vacaciones fiscales. Una decisión, la de incumplir el mandato de Europa, que fue adoptada de común acuerdo entre las Haciendas y Confebask y por la que hemos tenido que pagar 30 millones de € de multa. La fiscalía, en esa “desobediencia contumaz” que duro muchos años, no ha visto voluntariedad para apreciar delito.
7.- Las normas fiscales vascas regulan sistemas de elusión fiscal para usar sociedades interpuestas con el único objeto de no pagar impuestos. Además, las Haciendas Vascas, no han adoptado ninguna medida efectiva para impedir la evasión de capitales a paraísos fiscales. Al contrario, cuando Madrid ofrece una amnistía fiscal para regularizar los capitales evadidos, nos enteramos por los medios de comunicación que en las Haciendas Vascas existe un trato más favorable para el evasor que el que ofrece el Estado. Los paraísos fiscales existen porque los Gobiernos quieren. Más allá de la hipocresía, los gobiernos no tienen interés en acabar con los ellos; al contrario, los usan como escusa en su cruzada para dar privilegios al capital.
8.- La lucha contra el fraude no es una prioridad de la Haciendas. No hay voluntad y, como consecuencia, tampoco medios humanos suficientes para proceder a inspeccionar las rentas y actividades en las que se concentra el fraude. Si a la pasividad de las Haciendas se le suma la inexistencia de una policía judicial especializada y que los jueces que tramitan los delitos fiscales carecen de una formación específica, es fácil entender por que los delitos fiscales son tan excepcionales. ELA exige reforzar las medidas coercitivas para obligar a las rentas que se refugian en el fraude, la elusión y la evasión a cumplir con sus obligaciones.
9.- ELA exige, además, que la política de distribución de renta se haga por la vía del gasto social y no con ventajas fiscales. La mayor parte de las ventajas fiscales establecidas en los diferentes impuestos (subvenciones, deducciones, exenciones…) tienen un componente netamente regresivo, beneficiando a quien más renta obtiene.
10.- ELA constata -y lamenta- la inmensa fuerza que tiene el sistema para integrar, también en fiscalidad, a las fuerzas políticas que alcanzan responsabilidades institucionales. El resultado no puede ser, en nuestra opinión, que la disputa institucional se haga a costa de relativizar la política social. Sin cambio en la política fiscal es imposible el cambio en la política social. Sin pedagogía fiscal alternativa la derecha seguirá imponiendo políticas antisociales.
El sistema fiscal vasco permite al capital la elusión, la evasión y el fraude. El problema no termina ahí porque, además, ese capital -que no paga impuestos- tiene un gran control sobre el poder político para condicionar que el gasto público se dirija a satisfacer sus intereses destruyendo el gasto social.
Adolfo Muñoz, "Txiki", Secretario General del sindicato ELA
Alfonso Basagoiti, ex-Consejero de Hacienda del Gobierno Vasco, ex-presidente del Círculo de Empresarios y ahora consejero de Euskaltel ha dicho que las vacaciones fiscales “se hicieron rematadamente mal” porque la rebaja de impuestos “se aplicó a pocas empresas” y debió hacerse a todas. Si se hubiera hecho así –dice- “no hubiera habido ningún problema con la UE”. No quiere que las empresas paguen impuestos y no dice la verdad cuando afirma que las empresas vascas pagan más impuestos que las españolas.
La realidad es que en base a subvenciones, bonificaciones y exenciones establecidas en el Impuesto de Sociedades, las empresas o pagan muy poco o no pagan nada.
ELA ha celebrado un Seminario sobre fiscalidad en Donostia los días 18 y 19 de Junio. En él se ha analizado el trato fiscal privilegiado para las rentas que no son de trabajo. Estas son las conclusiones del Seminario.
1.- Los gobiernos favorecen la acumulación de capital a la vez que las Haciendas desfiscalizan esas rentas para que no paguen impuestos. Esos mismos Gobiernos con la patronal atacan a los salarios y las Haciendas deciden que los impuestos recaigan, fundamentalmente, sobre las rentas de trabajo. Por eso aumentan las desigualdades. La competencia fiscal entre países basada en la bajada de impuestos al capital y a las empresas destroza un modelo de sociedad justo y solidario. No es casualidad que los países que mejor están respondiendo a la crisis sean los que más presión fiscal y gasto público tienen.
2.- El poder político y económico no tienen ningún interés en materia fiscal en favorecer la información y la participación social. Hacen creer a la ciudadanía que bajando los impuestos a los ricos ganamos todos. Nos tratan como si fuéramos idiotas. Las Haciendas Vascas son un reino de opacidad; una “caja negra” en la que una pequeña élite, muy cercana al mundo empresarial, decide los impuestos.
3.- La capacidad normativa de las Haciendas Vascas (Concierto y Convenio) se concreta en que tengamos 7 puntos de presión fiscal menos que la media europea (incluso menos que en España). De establecer la presión fiscal media europea se recaudarían 6.600 millones de euros más. Los beneficiados son las rentas altas, empresariales y de capital. En realidad, desde hace muchos años, no ha existido una política fiscal propia en el ámbito vasco. Las Haciendas de los cuatro territorios se han limitado a copiar y pegar lo que hacia Madrid estableciendo, eso sí, más ventajas fiscales a empresas y capital. Rajoy, para tratar de evitar una debacle electoral, anuncia que bajará los impuestos -a sus amigos- en el IRPF y en Sociedades. ¿Alguien duda sobre qué harán las Haciendas Vascas?
4.- Es un contrasentido que la decisión sobre los ingresos esté en manos de las Administraciones que menos gasto tienen a su cargo, las Diputaciones. Este sistema, en la CAPV, deja la política fiscal en manos de un órgano sin control democrático, el Órgano de Coordinación Tributaria. Hay que acabar con los reinos de Taifas en que se han convertido las Haciendas, garantizar la participación social y establecer la decisión y el control democrático en el Parlamento vasco.
5.- Contrariamente a lo que dicen CONFEBASK y la CEN, la fiscalidad vasca es, de todas las del Estado, la que más privilegios recoge para las empresas. Es un grave error, que también comete la izquierda política, prestar atención al tipo nominal (porcentaje) del Impuesto. El tipo nominal no dice nada sobre lo que en realidad pagan las empresas ya que ha sido pervertido con un sinfín de exenciones, bonificaciones y subvenciones -innumerables e inútiles- pensadas para que las empresas o paguen poco o no paguen nada en el Impuesto de Sociedades.
6.- ELA llama la atención sobre la influencia de la patronal en la decisión de los impuestos. Sufrimos situaciones que debieran estar prohibidas, como que un Secretario General de una patronal pase a ser Diputado de Hacienda. Un ejemplo de esa connivencia han sido las vacaciones fiscales. Una decisión, la de incumplir el mandato de Europa, que fue adoptada de común acuerdo entre las Haciendas y Confebask y por la que hemos tenido que pagar 30 millones de € de multa. La fiscalía, en esa “desobediencia contumaz” que duro muchos años, no ha visto voluntariedad para apreciar delito.
7.- Las normas fiscales vascas regulan sistemas de elusión fiscal para usar sociedades interpuestas con el único objeto de no pagar impuestos. Además, las Haciendas Vascas, no han adoptado ninguna medida efectiva para impedir la evasión de capitales a paraísos fiscales. Al contrario, cuando Madrid ofrece una amnistía fiscal para regularizar los capitales evadidos, nos enteramos por los medios de comunicación que en las Haciendas Vascas existe un trato más favorable para el evasor que el que ofrece el Estado. Los paraísos fiscales existen porque los Gobiernos quieren. Más allá de la hipocresía, los gobiernos no tienen interés en acabar con los ellos; al contrario, los usan como escusa en su cruzada para dar privilegios al capital.
8.- La lucha contra el fraude no es una prioridad de la Haciendas. No hay voluntad y, como consecuencia, tampoco medios humanos suficientes para proceder a inspeccionar las rentas y actividades en las que se concentra el fraude. Si a la pasividad de las Haciendas se le suma la inexistencia de una policía judicial especializada y que los jueces que tramitan los delitos fiscales carecen de una formación específica, es fácil entender por que los delitos fiscales son tan excepcionales. ELA exige reforzar las medidas coercitivas para obligar a las rentas que se refugian en el fraude, la elusión y la evasión a cumplir con sus obligaciones.
9.- ELA exige, además, que la política de distribución de renta se haga por la vía del gasto social y no con ventajas fiscales. La mayor parte de las ventajas fiscales establecidas en los diferentes impuestos (subvenciones, deducciones, exenciones…) tienen un componente netamente regresivo, beneficiando a quien más renta obtiene.
10.- ELA constata -y lamenta- la inmensa fuerza que tiene el sistema para integrar, también en fiscalidad, a las fuerzas políticas que alcanzan responsabilidades institucionales. El resultado no puede ser, en nuestra opinión, que la disputa institucional se haga a costa de relativizar la política social. Sin cambio en la política fiscal es imposible el cambio en la política social. Sin pedagogía fiscal alternativa la derecha seguirá imponiendo políticas antisociales.
El sistema fiscal vasco permite al capital la elusión, la evasión y el fraude. El problema no termina ahí porque, además, ese capital -que no paga impuestos- tiene un gran control sobre el poder político para condicionar que el gasto público se dirija a satisfacer sus intereses destruyendo el gasto social.
Adolfo Muñoz, "Txiki", Secretario General del sindicato ELA
viernes, 26 de junio de 2015
Bajar los impuestos o reducir la pobreza. España vive una situación que se puede calificar de emergencia social
La recuperación de la economía española sigue ofreciendo datos esperanzadores. Cada día es más claro que no estamos ante el efímero efecto rebote que siempre se produce cuando una economía toca fondo, sino ante una recuperación con fundamentos.
Hay buenas razones para alegrarse por esta vuelta al crecimiento. Que pueda favorecer al Gobierno en sus expectativas electorales no es motivo para negar la realidad. Ahora, se trata de que sus beneficios rebosen y lleguen al conjunto de la sociedad.
¿Cómo se deberían utilizar los mayores ingresos que trae la recuperación para las arcas públicas? Hay tres opciones: 1) Acelerar la reducción del déficit público y la deuda. 2) Reducir impuestos a ciudadanos y empresas. Y, 3) Combatir la desigualdad y la pobreza instauradas por la crisis.
Las tres opciones tienen sus partidarios. La primera permitiría la reducción de los desequilibrios fiscales y financieros fortaleciendo la confianza de los inversores. La segunda aliviaría la presión fiscal sobre ciertos grupos, especialmente los de ingresos medios y altos, y podría estimular la demanda. Es la opción que más probabilidades tiene dado el tiempo electoral. Pero la más benéfica para la sociedad y para un crecimiento sano es la tercera. Veamos porque.
España vive una situación que se puede calificar de emergencia social. Una emergencia con riesgo de abocar a una fractura social prolongada, cuando no permanente. De acuerdo con los datos publicados por la OCDE en su trabajo "Society at a Glance 2014. The crisis and its aftermath"(www.oecd.org/social/societyataglance.htm) la caída de los ingresos de los hogares españoles durante la crisis es la más fuerte entre los países de la eurozona.
Siendo esta caída muy intensa, el problema se agudiza porque se ha concentrado en los hogares de menores ingresos. El 10 % más pobre ha visto disminuir sus ingresos en un 14 % anual. Es también, con gran diferencia, la mayor caída entre todos los países de la OCDE, en los que la media ha sido un 2%.
Este desplome de ingresos en la parte baja de la sociedad ha provocado dos graves efectos. Por un lado, un fuerte aumento de la desigualdad. Por otro, la aparición de pobreza de jóvenes y la pobreza infantil. La pobreza de niños surge de hogares formados por jóvenes sin ingresos o con empleos de bajos salarios.
La pobreza de las generaciones jóvenes es el riesgo más grave al que nos enfrentamos como sociedad. Un riesgo que se agudiza porque se puede cronificar, provocando una fractura social duradera.
¿Por qué ha aparecido esta pobreza en España? Por dos razones. Una evidente y previsible; la otra sorprendente e inesperada.
La mayor intensidad del paro en España y su concentración en personas de salarios bajos explica parte de la caída de ingresos de los hogares pobres, tanto de los pobres sin ingresos como de los pobres con empleos de bajos salarios. Este efecto de la recesión era algo previsible.
Lo que no era es el efecto perverso que ha tenido el sistema español de prestaciones sociales y ayudas públicas. Los datos de la OCDE muestran que del total de transferencias a los hogares, el 30 por ciento más rico recibe más que el 30 por ciento más pobre. El mundo al revés, se redistribuye hacia arriba. Los pensionistas y las personas mayores están mejor protegidos que los más jóvenes frente al riesgo de caída de ingresos.
¿Podrá la recuperación económica reducir esta pobreza y curar la herida social? No. La recuperación por si sola no sacará a los parados de larga duración de la cuneta del paro. La evidencia la tenemos en lo ocurrido en la salida a las crisis de los ochenta y noventa. Como recordarán, las recuperaciones de esos años dejaron un elevado paro estructural. Ahora puede ocurrir lo mismo, pero con el agravante de la pobreza y la pérdida de emancipación de los jóvenes.
Esta crisis social no es sólo un problema para los afectados. Lo es para la sostenibilidad de la propia recuperación económica. La investigación económica reciente, entre ella la del FMI, muestra que la desigualdad y la pobreza perjudican el crecimiento, al hacerlo más volátil y de menor calidad.
Volvamos a la pregunta inicial, ¿cómo utilizar los mayores ingresos fiscales de la recuperación económica? La prioridad absoluta debería ser ayudar a estos grupos más desfavorecidos. Es una cuestión moral para una sociedad decente; pero es también una cuestión de buena economía.
Para lograrlo la mejor opción no es la rebaja de impuestos. Los grupos de bajos ingresos se benefician poco, si lo hacen, de las rebajas de IRPF y de IVA.Hay formulas más eficaces para lograrlo. Algunas han comenzado a ser discutidas en nuestro país. Habrá ocasiones para comentarlas.
Pero, hoy por hoy, lo más urgente es tomar conciencia del problema. De momento la pobreza de niños y jóvenes es una enfermedad oculta, asintomática. No está en el debate público ni en la agenda política. Para curarla, lo primero es hacerla visible.
ANTÓN COSTAS 24 MAY 2015 - El País
Hay buenas razones para alegrarse por esta vuelta al crecimiento. Que pueda favorecer al Gobierno en sus expectativas electorales no es motivo para negar la realidad. Ahora, se trata de que sus beneficios rebosen y lleguen al conjunto de la sociedad.
¿Cómo se deberían utilizar los mayores ingresos que trae la recuperación para las arcas públicas? Hay tres opciones: 1) Acelerar la reducción del déficit público y la deuda. 2) Reducir impuestos a ciudadanos y empresas. Y, 3) Combatir la desigualdad y la pobreza instauradas por la crisis.
Las tres opciones tienen sus partidarios. La primera permitiría la reducción de los desequilibrios fiscales y financieros fortaleciendo la confianza de los inversores. La segunda aliviaría la presión fiscal sobre ciertos grupos, especialmente los de ingresos medios y altos, y podría estimular la demanda. Es la opción que más probabilidades tiene dado el tiempo electoral. Pero la más benéfica para la sociedad y para un crecimiento sano es la tercera. Veamos porque.
España vive una situación que se puede calificar de emergencia social. Una emergencia con riesgo de abocar a una fractura social prolongada, cuando no permanente. De acuerdo con los datos publicados por la OCDE en su trabajo "Society at a Glance 2014. The crisis and its aftermath"(www.oecd.org/social/societyataglance.htm) la caída de los ingresos de los hogares españoles durante la crisis es la más fuerte entre los países de la eurozona.
Siendo esta caída muy intensa, el problema se agudiza porque se ha concentrado en los hogares de menores ingresos. El 10 % más pobre ha visto disminuir sus ingresos en un 14 % anual. Es también, con gran diferencia, la mayor caída entre todos los países de la OCDE, en los que la media ha sido un 2%.
Este desplome de ingresos en la parte baja de la sociedad ha provocado dos graves efectos. Por un lado, un fuerte aumento de la desigualdad. Por otro, la aparición de pobreza de jóvenes y la pobreza infantil. La pobreza de niños surge de hogares formados por jóvenes sin ingresos o con empleos de bajos salarios.
La pobreza de las generaciones jóvenes es el riesgo más grave al que nos enfrentamos como sociedad. Un riesgo que se agudiza porque se puede cronificar, provocando una fractura social duradera.
¿Por qué ha aparecido esta pobreza en España? Por dos razones. Una evidente y previsible; la otra sorprendente e inesperada.
La mayor intensidad del paro en España y su concentración en personas de salarios bajos explica parte de la caída de ingresos de los hogares pobres, tanto de los pobres sin ingresos como de los pobres con empleos de bajos salarios. Este efecto de la recesión era algo previsible.
Lo que no era es el efecto perverso que ha tenido el sistema español de prestaciones sociales y ayudas públicas. Los datos de la OCDE muestran que del total de transferencias a los hogares, el 30 por ciento más rico recibe más que el 30 por ciento más pobre. El mundo al revés, se redistribuye hacia arriba. Los pensionistas y las personas mayores están mejor protegidos que los más jóvenes frente al riesgo de caída de ingresos.
¿Podrá la recuperación económica reducir esta pobreza y curar la herida social? No. La recuperación por si sola no sacará a los parados de larga duración de la cuneta del paro. La evidencia la tenemos en lo ocurrido en la salida a las crisis de los ochenta y noventa. Como recordarán, las recuperaciones de esos años dejaron un elevado paro estructural. Ahora puede ocurrir lo mismo, pero con el agravante de la pobreza y la pérdida de emancipación de los jóvenes.
Esta crisis social no es sólo un problema para los afectados. Lo es para la sostenibilidad de la propia recuperación económica. La investigación económica reciente, entre ella la del FMI, muestra que la desigualdad y la pobreza perjudican el crecimiento, al hacerlo más volátil y de menor calidad.
Volvamos a la pregunta inicial, ¿cómo utilizar los mayores ingresos fiscales de la recuperación económica? La prioridad absoluta debería ser ayudar a estos grupos más desfavorecidos. Es una cuestión moral para una sociedad decente; pero es también una cuestión de buena economía.
Para lograrlo la mejor opción no es la rebaja de impuestos. Los grupos de bajos ingresos se benefician poco, si lo hacen, de las rebajas de IRPF y de IVA.Hay formulas más eficaces para lograrlo. Algunas han comenzado a ser discutidas en nuestro país. Habrá ocasiones para comentarlas.
Pero, hoy por hoy, lo más urgente es tomar conciencia del problema. De momento la pobreza de niños y jóvenes es una enfermedad oculta, asintomática. No está en el debate público ni en la agenda política. Para curarla, lo primero es hacerla visible.
ANTÓN COSTAS 24 MAY 2015 - El País
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sábado, 20 de septiembre de 2014
El engañabobos fiscal del PP
La reforma es pura injusticia y tampoco ayudará al crecimiento
El presidente del PP andaluz disparata cuando pide al Gobierno andaluz que “rebaje la presión fiscal a los ciudadanos” poniendo como ejemplo a Rajoy.
Sin haber tocado el conjunto del sistema impositivo, no se puede asegurar que sus reformas en el IRPF o en el impuesto sobre sociedades del viernes pasado vayan a disminuirla. Y tampoco se puede afirmar que Rajoy haya bajado los impuestos porque, como han señalado los técnicos del Ministerio de Hacienda, los contribuyentes que ganan menos de 11.200 euros al año (el 47%) no gozarán de ninguna rebaja fiscal en el IRPF, que solo será sustancial para el 0,3% que percibe más de 150.000 euros anuales. Y la del impuesto sobre sociedades solo beneficiará a las grandes empresas que ya de por sí pagan poco: en 2011 recibían el 60% de los beneficios empresariales y solo aportaron el 24% de la recaudación de ese impuesto, según un reciente informe de Oxfam Intermón.
La reforma de Rajoy es pura injusticia que tampoco ayudará mucho al crecimiento porque incentiva más el ahorro que el consumo.
Las palabras de Moreno Bonilla escandalizan cuando millones de familias españolas se disponen a presentar su declaración de la renta para aportar al Estado 46 veces más que las grandes empresas españolas. Según ese último informe, el esfuerzo fiscal en 2012 de una persona con dos hijos a su cargo e ingresos medios de 16.500 euros fue del 15,6% de su renta y de cerca del 28% si era soltera, sin hijos y con ingresos medios de 41.300 euros anuales. Mientras, las diez mayores empresas del Ibex 35 solo pagaron el 18% de su beneficio, los grupos consolidados de grandes empresas una media del 3,5%, los grandes bancos españoles solo el 5% en 2013 y los grandes patrimonios que operan a través de Sicav un 1%.
El Gobierno busca generar ilusión fiscal en algunos contribuyentes de rentas más bajas ante las próximas elecciones. Pero la estrategia se le volverá en su contra porque, con tan baja carga fiscal para los más ricos, la reforma irá acompañada de una provisión de servicios públicos cada vez menor o de coste más elevado. ¿A quién se cree el PP que va a engañar concediendo ahora 100 euros mensuales a las familias con grandes dependientes por un coste total de unos 435 millones de euros cuando ya ha recortado casi 2.280 millones en dependencia? La gente ya no es tan tonta como creen sus dirigentes.
Lo que hace falta no es recurrir al engañabobos de la bajada de impuestos, como hace el PP para disimular los efectos reales de sus reformas, sino hacer que haya más justicia fiscal y que los más ricos y los grandes propietarios y banqueros también los paguen.
Fuente: Juan Torres. El País.
El presidente del PP andaluz disparata cuando pide al Gobierno andaluz que “rebaje la presión fiscal a los ciudadanos” poniendo como ejemplo a Rajoy.
Sin haber tocado el conjunto del sistema impositivo, no se puede asegurar que sus reformas en el IRPF o en el impuesto sobre sociedades del viernes pasado vayan a disminuirla. Y tampoco se puede afirmar que Rajoy haya bajado los impuestos porque, como han señalado los técnicos del Ministerio de Hacienda, los contribuyentes que ganan menos de 11.200 euros al año (el 47%) no gozarán de ninguna rebaja fiscal en el IRPF, que solo será sustancial para el 0,3% que percibe más de 150.000 euros anuales. Y la del impuesto sobre sociedades solo beneficiará a las grandes empresas que ya de por sí pagan poco: en 2011 recibían el 60% de los beneficios empresariales y solo aportaron el 24% de la recaudación de ese impuesto, según un reciente informe de Oxfam Intermón.
La reforma de Rajoy es pura injusticia que tampoco ayudará mucho al crecimiento porque incentiva más el ahorro que el consumo.
Las palabras de Moreno Bonilla escandalizan cuando millones de familias españolas se disponen a presentar su declaración de la renta para aportar al Estado 46 veces más que las grandes empresas españolas. Según ese último informe, el esfuerzo fiscal en 2012 de una persona con dos hijos a su cargo e ingresos medios de 16.500 euros fue del 15,6% de su renta y de cerca del 28% si era soltera, sin hijos y con ingresos medios de 41.300 euros anuales. Mientras, las diez mayores empresas del Ibex 35 solo pagaron el 18% de su beneficio, los grupos consolidados de grandes empresas una media del 3,5%, los grandes bancos españoles solo el 5% en 2013 y los grandes patrimonios que operan a través de Sicav un 1%.
El Gobierno busca generar ilusión fiscal en algunos contribuyentes de rentas más bajas ante las próximas elecciones. Pero la estrategia se le volverá en su contra porque, con tan baja carga fiscal para los más ricos, la reforma irá acompañada de una provisión de servicios públicos cada vez menor o de coste más elevado. ¿A quién se cree el PP que va a engañar concediendo ahora 100 euros mensuales a las familias con grandes dependientes por un coste total de unos 435 millones de euros cuando ya ha recortado casi 2.280 millones en dependencia? La gente ya no es tan tonta como creen sus dirigentes.
Lo que hace falta no es recurrir al engañabobos de la bajada de impuestos, como hace el PP para disimular los efectos reales de sus reformas, sino hacer que haya más justicia fiscal y que los más ricos y los grandes propietarios y banqueros también los paguen.
Fuente: Juan Torres. El País.
viernes, 25 de julio de 2014
Los mitos neoliberales que alimentan las políticas fiscales del gobierno Rajoy
Uno de los mitos que se reproduce con mayor frecuencia en el conocimiento económico neoliberal (y que los gobiernos conservadores y neoliberales –como el gobierno Rajoy- aplican constantemente en sus políticas públicas) es que la bajada de impuestos a las personas más pudientes de la sociedad (lo que a nivel popular se conoce como los ricos y super-ricos) beneficia a toda la población, pues dicho acto discriminatorio a favor de las rentas superiores estimula la economía y facilita el crecimiento económico y la producción de empleo. Se supone que el dinero que se ahorran los ricos y super-ricos (al pagar menos impuestos) lo invierten, y, como resultado, crecen la producción y el empleo.
Tal mito (en realidad, dogma) del pensamiento neoliberal se repite constantemente en los medios de información y persuasión económicos, a pesar de que la evidencia científica no avala ese supuesto. En realidad, la evidencia publicada en las revistas científicas más creíbles muestra los datos que desmerecen dicho mito. Así, en EEUU, el tipo impositivo marginal (marginal tax rate) máximo del impuesto sobre la renta fue, hasta los años 70, del 70% de los ingresos por encima de 250.000 dólares de la época. A partir de la segunda mitad de la Administración Carter (el Presidente demócrata más conservador que EEUU haya tenido desde la II Guerra Mundial) y de la Administración republicana presidida por Ronald Reagan, dicho tipo marginal máximo se redujo espectacularmente, de manera que alcanzó la tasa más baja en 1990, durante la Administración republicana del Presidente Bush padre. Subió algo más tarde bajo la Administración Clinton, pero nunca lo hizo por encima del 40%. Tal reducción, sin embargo, no se tradujo en ningún aceleramiento del crecimiento económico, en un aumento de las inversiones, o en un crecimiento de la productividad.
Algo parecido ocurre cuando se consideran no solo cambios en el tipo impositivo marginal del impuesto sobre la renta, sino en el total de impuestos que pagan los ricos y super-ricos por su renta total. Estos impuestos, incluidos los aplicados a las rentas derivadas del capital, han ido bajando desde la II Guerra Mundial, de tal manera que hoy los ricos y super-ricos pagan porcentajes menores de los que paga el contribuyente normal y corriente (ver Gerald Friedman “The Great Tax-Cut Experiment” Dollar and Sense, Jan./Feb. 2013). Este descenso de los impuestos a las rentas superiores y a las rentas del capital ha ido acompañado de un aumento de los impuestos sobre las rentas del trabajo y, muy en particular, de las contribuciones a la Seguridad Social, habiendo sido el Presidente Reagan, el gurú de los economistas neoliberales, el que subió más dichos impuestos. En realidad, este Presidente fue uno de los que, junto con el Presidente Bush hijo, más bajó la carga impositiva de las rentas superiores y fue el que (desde la II Guerra Mundial) subió más la carga impositiva de las rentas del trabajo.
¿Qué impacto tuvieron las reducciones de impuestos a los super-ricos?
En realidad, la economía estadounidense creció más durante los periodos en los que la totalidad de los impuestos a los ricos y super-ricos crecieron más. Y al revés, la economía creció mucho menos (como durante los grandes recortes de los impuestos a las rentas superiores realizadas por el Presidente republicano Bush hijo) cuando tales impuestos se redujeron, manteniéndose muy bajos. En realidad, se ha calculado que cada incremento de un 10% de los impuestos a las rentas superiores determinaría un incremento de la tasa de crecimiento económico de un 1% (ver el artículo antes citado de Friedman).
Tampoco es cierto que una reducción de los impuestos a los ricos y super-ricos conduzca a un incremento en las inversiones... Fuente: Vicenç Navarro, Público.es, Aquí
Tal mito (en realidad, dogma) del pensamiento neoliberal se repite constantemente en los medios de información y persuasión económicos, a pesar de que la evidencia científica no avala ese supuesto. En realidad, la evidencia publicada en las revistas científicas más creíbles muestra los datos que desmerecen dicho mito. Así, en EEUU, el tipo impositivo marginal (marginal tax rate) máximo del impuesto sobre la renta fue, hasta los años 70, del 70% de los ingresos por encima de 250.000 dólares de la época. A partir de la segunda mitad de la Administración Carter (el Presidente demócrata más conservador que EEUU haya tenido desde la II Guerra Mundial) y de la Administración republicana presidida por Ronald Reagan, dicho tipo marginal máximo se redujo espectacularmente, de manera que alcanzó la tasa más baja en 1990, durante la Administración republicana del Presidente Bush padre. Subió algo más tarde bajo la Administración Clinton, pero nunca lo hizo por encima del 40%. Tal reducción, sin embargo, no se tradujo en ningún aceleramiento del crecimiento económico, en un aumento de las inversiones, o en un crecimiento de la productividad.
Algo parecido ocurre cuando se consideran no solo cambios en el tipo impositivo marginal del impuesto sobre la renta, sino en el total de impuestos que pagan los ricos y super-ricos por su renta total. Estos impuestos, incluidos los aplicados a las rentas derivadas del capital, han ido bajando desde la II Guerra Mundial, de tal manera que hoy los ricos y super-ricos pagan porcentajes menores de los que paga el contribuyente normal y corriente (ver Gerald Friedman “The Great Tax-Cut Experiment” Dollar and Sense, Jan./Feb. 2013). Este descenso de los impuestos a las rentas superiores y a las rentas del capital ha ido acompañado de un aumento de los impuestos sobre las rentas del trabajo y, muy en particular, de las contribuciones a la Seguridad Social, habiendo sido el Presidente Reagan, el gurú de los economistas neoliberales, el que subió más dichos impuestos. En realidad, este Presidente fue uno de los que, junto con el Presidente Bush hijo, más bajó la carga impositiva de las rentas superiores y fue el que (desde la II Guerra Mundial) subió más la carga impositiva de las rentas del trabajo.
¿Qué impacto tuvieron las reducciones de impuestos a los super-ricos?
En realidad, la economía estadounidense creció más durante los periodos en los que la totalidad de los impuestos a los ricos y super-ricos crecieron más. Y al revés, la economía creció mucho menos (como durante los grandes recortes de los impuestos a las rentas superiores realizadas por el Presidente republicano Bush hijo) cuando tales impuestos se redujeron, manteniéndose muy bajos. En realidad, se ha calculado que cada incremento de un 10% de los impuestos a las rentas superiores determinaría un incremento de la tasa de crecimiento económico de un 1% (ver el artículo antes citado de Friedman).
Tampoco es cierto que una reducción de los impuestos a los ricos y super-ricos conduzca a un incremento en las inversiones... Fuente: Vicenç Navarro, Público.es, Aquí
martes, 8 de julio de 2014
Charlatanes, cascarrabias y Kansas
Hace dos años, Kansas se embarcó en un extraordinario experimento fiscal: rebajó drásticamente el impuesto sobre la renta sin tener ninguna idea clara de con qué sustituiría los ingresos perdidos. Sam Brownback, el gobernador, propuso la norma —en términos porcentuales, la mayor rebaja tributaria en un año aprobada nunca por un Estado— en estrecha colaboración con el economista Arthur Laffer. Y Brownback predijo que la bajada impulsaría un auge económico; “Fíjense en Texas”, proclamó.
Pero Kansas no va muy bien; de hecho, su economía se está quedando a la zaga tanto de los Estados vecinos como de Estados Unidos en general. Mientras tanto, el presupuesto del Estado se ha hundido en las profundidades del déficit, lo que ha hecho que Moody’s rebaje la calificación de su deuda. Hay en esto una lección importante, pero no es la que creen. Sí, el desastre de Kansas demuestra que las bajadas de impuestos no tienen poderes mágicos, pero eso ya lo sabíamos. La verdadera lección es el poder imperecedero que tienen las malas ideas, siempre que dichas ideas beneficien a la gente adecuada.
¿Por qué, después de todo, iba nadie a creer a estas alturas en la economía de la oferta, que afirma que las rebajas tributarias impulsan tanto la economía que se financian por sí solas, en gran medida o del todo? Esta doctrina se estrelló y ardió hace dos décadas, cuando casi toda la derecha —tras afirmar, engañosamente, que el rendimiento económico durante el mandato de Ronald Reagan validaba su doctrina— empezó a predecir que la subida de impuestos a los ricos por parte de Bill Clinton provocaría una recesión o incluso una depresión pura y dura. Lo que en realidad se produjo fue una expansión económica espectacular.
Y los liberales que han aceptado durante mucho tiempo la economía de la oferta y quienes la defienden no han sido los únicos que se han visto desacreditados por la experiencia. En 1998, en la primera edición de su muy vendido libro de texto sobre economía, el profesor de Harvard N. Gregory Mankiw —todo un republicano, y más tarde presidente del Consejo de Asesores Económicos de George W. Bush— escribía un párrafo muy famoso sobre el daño causado por los “charlatanes y cascarrabias”. En concreto, subrayaba la función desempeñada por “un pequeño grupo de economistas” que “aconsejaron al candidato presidencial Ronald Reagan que bajase de forma generalizada el impuesto sobre la renta para aumentar los ingresos tributarios”. Encabezando ese “pequeño grupo” se encontraba ni más ni menos que Art Laffer.
Y los defensores de la economía de la oferta, lejos de haber reparado su error después, han seguido equivocándose en los últimos años de forma tan grotesca como en la década de 1990. Por ejemplo, han pasado cinco años desde que Laffer nos avisó a los estadounidenses de que “podíamos esperar una rápida subida de los precios y unos tipos de interés muchísimo más altos en los próximos cuatro o cinco años”. Casi todos los de su bando le dieron la razón. Pero lo que hemos visto ha sido más bien poca inflación y unos tipos de interés más bajos que nunca.
De modo que ¿cómo han terminado los charlatanes y cascarrabias dictando las políticas de Kansas y, en menor medida, las de otros Estados? Sigamos el rastro del dinero.
La bajada de impuestos de Brownback no ha salido de la nada. Ha llegado tras un programa presentado por el Consejo Estadounidense de Intercambio Legislativo, o ALEC, que también ha respaldado una serie de estudios económicos cuyo propósito era demostrar que las rebajas de impuestos a las corporaciones y los ricos fomentan un crecimiento económico rápido. Los estudios son tan malos que dan vergüenza ajena, y la Junta de Especialistas del consejo —a la que pertenecen Laffer y Stephen Moore, de la Fundación Heritage— no se ha mostrado muy entusiasta a la hora de darles credibilidad. Pero es lo bastante bueno para los que trabajan contra el Gobierno.
¿Y qué es el ALEC? Es un grupo secreto, financiado por grandes corporaciones, que elabora borradores de modelos de leyes para políticos conservadores de nivel estatal. Ed Pilkington, de The Guardian, que ha conseguido algunos documentos filtrados del ALEC, lo describe como “casi un servicio de citas entre políticos estatales, políticos elegidos para cargos locales y muchas de las mayores empresas de Estados Unidos”. Y, cómo no, la mayoría de los esfuerzos del ALEC van encaminados a la privatización, la liberalización y las rebajas de impuestos a las corporaciones y los ricos.
Y me refiero exactamente a los ricos. El ALEC, a la vez que apoya las grandes rebajas del impuesto sobre la renta, pide que se aumenten los impuestos al consumo —cuyo peso recae especialmente en las familias con pocos ingresos— y que se reduzcan las ayudas basadas en la renta destinadas a las familias de clase trabajadora. De modo que su programa contempla bajarles los impuestos a los de arriba y subírselos a los de abajo, al tiempo que se recortan los servicios sociales...
Fuente:PAUL KRUGMAN 6 JUL 2014 - El País.
Pero Kansas no va muy bien; de hecho, su economía se está quedando a la zaga tanto de los Estados vecinos como de Estados Unidos en general. Mientras tanto, el presupuesto del Estado se ha hundido en las profundidades del déficit, lo que ha hecho que Moody’s rebaje la calificación de su deuda. Hay en esto una lección importante, pero no es la que creen. Sí, el desastre de Kansas demuestra que las bajadas de impuestos no tienen poderes mágicos, pero eso ya lo sabíamos. La verdadera lección es el poder imperecedero que tienen las malas ideas, siempre que dichas ideas beneficien a la gente adecuada.
¿Por qué, después de todo, iba nadie a creer a estas alturas en la economía de la oferta, que afirma que las rebajas tributarias impulsan tanto la economía que se financian por sí solas, en gran medida o del todo? Esta doctrina se estrelló y ardió hace dos décadas, cuando casi toda la derecha —tras afirmar, engañosamente, que el rendimiento económico durante el mandato de Ronald Reagan validaba su doctrina— empezó a predecir que la subida de impuestos a los ricos por parte de Bill Clinton provocaría una recesión o incluso una depresión pura y dura. Lo que en realidad se produjo fue una expansión económica espectacular.
Y los liberales que han aceptado durante mucho tiempo la economía de la oferta y quienes la defienden no han sido los únicos que se han visto desacreditados por la experiencia. En 1998, en la primera edición de su muy vendido libro de texto sobre economía, el profesor de Harvard N. Gregory Mankiw —todo un republicano, y más tarde presidente del Consejo de Asesores Económicos de George W. Bush— escribía un párrafo muy famoso sobre el daño causado por los “charlatanes y cascarrabias”. En concreto, subrayaba la función desempeñada por “un pequeño grupo de economistas” que “aconsejaron al candidato presidencial Ronald Reagan que bajase de forma generalizada el impuesto sobre la renta para aumentar los ingresos tributarios”. Encabezando ese “pequeño grupo” se encontraba ni más ni menos que Art Laffer.
Y los defensores de la economía de la oferta, lejos de haber reparado su error después, han seguido equivocándose en los últimos años de forma tan grotesca como en la década de 1990. Por ejemplo, han pasado cinco años desde que Laffer nos avisó a los estadounidenses de que “podíamos esperar una rápida subida de los precios y unos tipos de interés muchísimo más altos en los próximos cuatro o cinco años”. Casi todos los de su bando le dieron la razón. Pero lo que hemos visto ha sido más bien poca inflación y unos tipos de interés más bajos que nunca.
De modo que ¿cómo han terminado los charlatanes y cascarrabias dictando las políticas de Kansas y, en menor medida, las de otros Estados? Sigamos el rastro del dinero.
La bajada de impuestos de Brownback no ha salido de la nada. Ha llegado tras un programa presentado por el Consejo Estadounidense de Intercambio Legislativo, o ALEC, que también ha respaldado una serie de estudios económicos cuyo propósito era demostrar que las rebajas de impuestos a las corporaciones y los ricos fomentan un crecimiento económico rápido. Los estudios son tan malos que dan vergüenza ajena, y la Junta de Especialistas del consejo —a la que pertenecen Laffer y Stephen Moore, de la Fundación Heritage— no se ha mostrado muy entusiasta a la hora de darles credibilidad. Pero es lo bastante bueno para los que trabajan contra el Gobierno.
¿Y qué es el ALEC? Es un grupo secreto, financiado por grandes corporaciones, que elabora borradores de modelos de leyes para políticos conservadores de nivel estatal. Ed Pilkington, de The Guardian, que ha conseguido algunos documentos filtrados del ALEC, lo describe como “casi un servicio de citas entre políticos estatales, políticos elegidos para cargos locales y muchas de las mayores empresas de Estados Unidos”. Y, cómo no, la mayoría de los esfuerzos del ALEC van encaminados a la privatización, la liberalización y las rebajas de impuestos a las corporaciones y los ricos.
Y me refiero exactamente a los ricos. El ALEC, a la vez que apoya las grandes rebajas del impuesto sobre la renta, pide que se aumenten los impuestos al consumo —cuyo peso recae especialmente en las familias con pocos ingresos— y que se reduzcan las ayudas basadas en la renta destinadas a las familias de clase trabajadora. De modo que su programa contempla bajarles los impuestos a los de arriba y subírselos a los de abajo, al tiempo que se recortan los servicios sociales...
Fuente:PAUL KRUGMAN 6 JUL 2014 - El País.
domingo, 22 de junio de 2014
La desigualdad de ingresos entre pobres y ricos se dispara en España
Los ingresos del 10% de la población más pobre caen 7,5 veces más que la renta del 10% más rico de 2007 a 2011
Estadística a estadística, el retrato de la crisis económica perfila una conclusión cada vez más nítida para España: entre los países avanzados, es el que paga una factura más desigual. El último informe, publicado este jueves por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), ofrece otro argumento, más contundente conforme va ampliando el periodo analizado. En los cuatro primeros años de la crisis, el ingreso medio del 10% más pobre de la población española retrocedió 7,5 veces más que lo que cayó la renta del 10% más rico, apenas erosionada entre 2007 y 2011. En la treintena de países industrializados que aglutina la OCDE no existe, ni de lejos, un impacto tan desequilibrado en este periodo... Más en El País.
Estadística a estadística, el retrato de la crisis económica perfila una conclusión cada vez más nítida para España: entre los países avanzados, es el que paga una factura más desigual. El último informe, publicado este jueves por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), ofrece otro argumento, más contundente conforme va ampliando el periodo analizado. En los cuatro primeros años de la crisis, el ingreso medio del 10% más pobre de la población española retrocedió 7,5 veces más que lo que cayó la renta del 10% más rico, apenas erosionada entre 2007 y 2011. En la treintena de países industrializados que aglutina la OCDE no existe, ni de lejos, un impacto tan desequilibrado en este periodo... Más en El País.
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lunes, 16 de junio de 2014
La negación de la desigualdad
Hace algún tiempo publiqué un artículo titulado Los ricos, la derecha y los hechos en el que describía los esfuerzos por negar, obedeciendo a motivos políticos, lo evidente: el fuerte aumento de la desigualdad en Estados Unidos, sobre todo en lo más alto de la escala de ingresos. Probablemente no les sorprenderá oír que he descubierto un montón de malas prácticas estadísticas en las altas esferas.
Tampoco les sorprenderá saber que casi nada ha cambiado. Los sospechosos de rigor no solo siguen negando la evidencia, sino que insisten en desplegar los mismos argumentos desprestigiados: la desigualdad no está aumentado realmente; bueno, vale, sí está aumentando, pero da igual porque tenemos mucha movilidad social; en cualquier caso, es buena, y cualquiera que insinúe que es un problema es un marxista.
Lo que quizá les sorprenda es en qué año publiqué el artículo: 1992.
Lo cual me lleva a la última escaramuza intelectual, provocada por un artículo de Chris Giles, redactor jefe de economía de The Financial Times, arremetiendo contra la credibilidad del libro éxito de ventas de Thomas Piketty, titulado El capital en el siglo XXI. Giles afirma que el trabajo de Piketty comete “una serie de errores que distorsionan sus descubrimientos”, y que, de hecho, no hay pruebas claras de que la concentración de la riqueza esté aumentando. Y como casi todos los que hemos seguido estas controversias durante años, me dije: “Ya estamos otra vez”.
Como era de esperar, Giles no ha salido bien parado del debate subsiguiente. Los supuestos errores eran en realidad la clase de ajustes de datos normal en cualquier investigación basada en diferentes fuentes. Y la afirmación crucial de que no hay ninguna tendencia clara a una mayor concentración de la riqueza descansaba en una falacia conocida, una comparación de peras con manzanas de la cual los expertos han advertido hace tiempo, y que yo identifiqué en el mencionado artículo de 1992.
Con todo, la negación de la desigualdad persiste, prácticamente por las mismas razones por las que persiste la negación del cambio climático: hay grupos poderosos muy interesados en negar los hechos, o cuando menos en crear una sombra de duda. De hecho, pueden estar seguros de que la afirmación de que “todos los números de Piketty están equivocados” se repetirá hasta el infinito aunque se derrumbe rápidamente al ser sometida a escrutinio.
Dicho sea de paso, no estoy acusando a Giles de ser un sicario de la plutocracia, a pesar de que haya algunos autoproclamados expertos que se ajusten a esa definición. Y no hay nadie cuyo trabajo esté más allá de toda crítica. Pero cuando se trata de asuntos con carga política, los detractores del consenso tienen que ser conscientes de sí mismos; tienen que preguntarse si de verdad buscan la honestidad intelectual o si lo que están haciendo en realidad es actuar como duendes de la preocupación, desacreditadores profesionales de los credos liberales. (Por extraño que parezca, en la derecha no hay duendes que desacrediten los credos conservadores. Es curioso cómo funciona la cosa).
Fuente Paul Krugman, El País.
Thomas Piketty. Página Web oficial de Piketty
Tampoco les sorprenderá saber que casi nada ha cambiado. Los sospechosos de rigor no solo siguen negando la evidencia, sino que insisten en desplegar los mismos argumentos desprestigiados: la desigualdad no está aumentado realmente; bueno, vale, sí está aumentando, pero da igual porque tenemos mucha movilidad social; en cualquier caso, es buena, y cualquiera que insinúe que es un problema es un marxista.
Lo que quizá les sorprenda es en qué año publiqué el artículo: 1992.
Lo cual me lleva a la última escaramuza intelectual, provocada por un artículo de Chris Giles, redactor jefe de economía de The Financial Times, arremetiendo contra la credibilidad del libro éxito de ventas de Thomas Piketty, titulado El capital en el siglo XXI. Giles afirma que el trabajo de Piketty comete “una serie de errores que distorsionan sus descubrimientos”, y que, de hecho, no hay pruebas claras de que la concentración de la riqueza esté aumentando. Y como casi todos los que hemos seguido estas controversias durante años, me dije: “Ya estamos otra vez”.
Como era de esperar, Giles no ha salido bien parado del debate subsiguiente. Los supuestos errores eran en realidad la clase de ajustes de datos normal en cualquier investigación basada en diferentes fuentes. Y la afirmación crucial de que no hay ninguna tendencia clara a una mayor concentración de la riqueza descansaba en una falacia conocida, una comparación de peras con manzanas de la cual los expertos han advertido hace tiempo, y que yo identifiqué en el mencionado artículo de 1992.
Con todo, la negación de la desigualdad persiste, prácticamente por las mismas razones por las que persiste la negación del cambio climático: hay grupos poderosos muy interesados en negar los hechos, o cuando menos en crear una sombra de duda. De hecho, pueden estar seguros de que la afirmación de que “todos los números de Piketty están equivocados” se repetirá hasta el infinito aunque se derrumbe rápidamente al ser sometida a escrutinio.
Dicho sea de paso, no estoy acusando a Giles de ser un sicario de la plutocracia, a pesar de que haya algunos autoproclamados expertos que se ajusten a esa definición. Y no hay nadie cuyo trabajo esté más allá de toda crítica. Pero cuando se trata de asuntos con carga política, los detractores del consenso tienen que ser conscientes de sí mismos; tienen que preguntarse si de verdad buscan la honestidad intelectual o si lo que están haciendo en realidad es actuar como duendes de la preocupación, desacreditadores profesionales de los credos liberales. (Por extraño que parezca, en la derecha no hay duendes que desacrediten los credos conservadores. Es curioso cómo funciona la cosa).
Fuente Paul Krugman, El País.
Thomas Piketty. Página Web oficial de Piketty
jueves, 29 de mayo de 2014
Oxfam afirma que las familias tributan 50 veces más que las grandes empresas. La ONG pide al Gobierno que cambie las leyes tributarias, cuyo peso recae sobre el consumidor
Los responsables de Oxfam Intermón han pedido este miércoles al Gobierno que acometa una reforma fiscal que permita financiar adecuadamente las políticas sociales tras los ajustes sufridos, ya que, con el actual sistema, las familias aportan casi 50 veces más a las arcas públicas que las grandes empresas. Se trata de una de las conclusiones del informe sobre el sistema tributario español denominado Tanto tienes, ¿tanto ganas? Fiscalidad justa para una sociedad más equitativa, que han presentado en rueda de prensa el director general de la ONG, José María Vera, y la responsable de investigación, Teresa Cavero.
Cavero ha incidido en que el sistema tributario en España recauda poco, siete puntos por debajo de la media europea, y que el grueso de la recaudación proviene del trabajo y el consumo de los ciudadanos y no de las rentas del capital ni de los beneficios de las empresas. Las familias aportan alrededor del 90% de la recaudación y las empresas el resto, el 10%, y de ese porcentaje menos del 2% corresponde a las grandes compañías, según el informe.
Por ello, y ante una futura reforma fiscal, Oxfam Intermón ha pedido al Gobierno, a través de una campaña, que corrija las "ineficacias" del sistema y los "desequilibrios" causados por las medidas de austeridad aplicadas desde 2010, "que han mermado la capacidad adquisitiva de las familias españolas con subidas de impuestos, bajadas de salarios y recortes en servicios sociales". Para lograr "una fiscalidad justa para una sociedad equitativa", aconsejan recaudar más, pero con un mayor esfuerzo de las personas más ricas y de las grandes empresas, pero también "poner coto" al fraude fiscal y garantizar la progresividad de forma que se tribute en función de la capacidad y de la actividad económica.
El informe destaca los beneficios fiscales concedidos a las empresas en 2011 (28.210 millones), que el 80% de esta cantidad correspondió a las grandes empresas y que estas, sin embargo, abonaron 3.012 millones en impuestos de sociedades.
El 72% del fraude fiscal (43.0000 millones) en España corresponde a grandes fortunas y empresas, con lo que según Cavero es "mucho más eficiente" atajar el fraude por esta vía que por otras con menor repercusión. La economía sumergida, estimada en un 25%, y el fraude fiscal está haciendo, según Cruzado, que España pierda con respecto a otros países de la UE una media de 40.000 millones.
Fuente: El País.
Cavero ha incidido en que el sistema tributario en España recauda poco, siete puntos por debajo de la media europea, y que el grueso de la recaudación proviene del trabajo y el consumo de los ciudadanos y no de las rentas del capital ni de los beneficios de las empresas. Las familias aportan alrededor del 90% de la recaudación y las empresas el resto, el 10%, y de ese porcentaje menos del 2% corresponde a las grandes compañías, según el informe.
Por ello, y ante una futura reforma fiscal, Oxfam Intermón ha pedido al Gobierno, a través de una campaña, que corrija las "ineficacias" del sistema y los "desequilibrios" causados por las medidas de austeridad aplicadas desde 2010, "que han mermado la capacidad adquisitiva de las familias españolas con subidas de impuestos, bajadas de salarios y recortes en servicios sociales". Para lograr "una fiscalidad justa para una sociedad equitativa", aconsejan recaudar más, pero con un mayor esfuerzo de las personas más ricas y de las grandes empresas, pero también "poner coto" al fraude fiscal y garantizar la progresividad de forma que se tribute en función de la capacidad y de la actividad económica.
El informe destaca los beneficios fiscales concedidos a las empresas en 2011 (28.210 millones), que el 80% de esta cantidad correspondió a las grandes empresas y que estas, sin embargo, abonaron 3.012 millones en impuestos de sociedades.
El 72% del fraude fiscal (43.0000 millones) en España corresponde a grandes fortunas y empresas, con lo que según Cavero es "mucho más eficiente" atajar el fraude por esta vía que por otras con menor repercusión. La economía sumergida, estimada en un 25%, y el fraude fiscal está haciendo, según Cruzado, que España pierda con respecto a otros países de la UE una media de 40.000 millones.
Fuente: El País.
miércoles, 21 de mayo de 2014
Las cinco estrategias favoritas de los ricos para evadir impuestos
Empresarios, deportistas, músicos, actores, financistas forman parte de esta élite mundial que elude por todos los medios posibles el cumplimiento de sus obligaciones impositivas.
El impacto económico-social de estas maniobras no es marginal. Se estima que el monto total de la evasión fiscal equivale a cinco veces el tamaño de la economía global y es un factor de peso en la creciente desigualdad mundial.
Segun un informe, las 91.000 personas más ricas del planeta controlan una tercera parte de la riqueza mundial (y dan cuenta de la mitad de los depósitos en paraísos o guaridas fiscales) y unas 8,4 millones de personas –un 0,14% de la población mundial– tiene el 51% de la riqueza. Estas son las cinco vías favoritas de los multimillonarios para pagar menos y acumular más:
1. Subdeclaración impositiva
El monto a pagar al fisco depende de la declaración impositiva.
El primer paso de toda evasión es subdeclarar las ganancias obtenidas.
...Para hacerlo tienen una red profesional muy aceitada que, según críticos como James Henry, de la Universidad de Columbia, se han convertido en una parte estructural del actual sistema financiero...
2. Registrar empresas en "guaridas" o paraísos fiscales
En su estudio "The price of offshore revisited" (El precio real de las Guaridas Fiscales") James Henry calcula que hay cuando menos unos US$21 millones de millones en estas "guaridas fiscales" (traducción literal del término original en ingles "Tax Haven"), suma aproximadamente semejante al PIB de Estados Unidos y Japón, es decir, de la primera y tercera economías mundiales. Uno de las guaridas favoritas de este dinero son las Islas Caimán, que tienen 85 mil compañías registradas: más compañías que población...
El portal de análisis financiero Fútbol Finanzas publicó recientemente una lista de lujo de jugadores que usaron técnicas similares en los últimos 20 años.
Desde el mejor jugador del mundo, Lionel Messi, hasta leyendas del deporte como el brasileño Roberto Carlos, el portugués Luis Figo y el búlgaro Hristo Stoichkov formaban parte de la lista.
3. Testaferros
Una manera de invisibilizar el rastro de la persona en cuestión es nombrar a un testaferro que actúa como presunto propietario del bien o compañía.
"Se puede nombrar a un testaferro por razones legítimas, por ejemplo, para no atraer publicidad sobre la inversión en cuestión en el caso de alguien que está en la mira público. Mientras se informe a las autoridades impositivas no hay evasión. El problema empieza cuando no se informa, porque entonces lo que se está haciendo es pagar impuestos por una masa menor de dinero", señala Stevens...
4. Fijar residencia en otro país
Los países con bajos impuestos suelen ser los favoritos de músicos, artistas y deportistas. En los 70 fue el cantante de los Rolling Stones, Mick Jagger, quien fijó residencia primero en Francia y luego en Estados Unidos para huir de los entonces altos impuestos británicos. Mick Jagger
En los años 70, Mick Jagger se mudó primero a Francia y luego a EE.UU. para huir de los altos impuestos en su país natal.
En diciembre de 2012, el actor francés Gerard Depardieu renunció a la ciudadanía francesa en protesta por los altos impuestos que proponía el gobierno de Francois Hollande, se mudó a Bélgica y obtuvo un pasaporte ruso, donde hay un impuesto único del 13%...
5. Aprovechar vacíos legales
La red de asesores y especialistas que rodean a los millonarios son expertos en encontrar vacíos legales de los sistemas impositivos.
En muchos casos no se trata de evasión fiscal sino de elisión fiscal, un mecanismo perfectamente legal: todos tenemos derecho a pagar menos impuestos siempre que lo hagamos dentro de la ley...
El futuro
Los problemas fiscales que tienen todos los países desarrollados y la fragilidad del sistema financiero internacional han colocado a la evasión impositiva en el ojo público, centro de un debate global...
Fuente: BBC.
El impacto económico-social de estas maniobras no es marginal. Se estima que el monto total de la evasión fiscal equivale a cinco veces el tamaño de la economía global y es un factor de peso en la creciente desigualdad mundial.
Segun un informe, las 91.000 personas más ricas del planeta controlan una tercera parte de la riqueza mundial (y dan cuenta de la mitad de los depósitos en paraísos o guaridas fiscales) y unas 8,4 millones de personas –un 0,14% de la población mundial– tiene el 51% de la riqueza. Estas son las cinco vías favoritas de los multimillonarios para pagar menos y acumular más:
1. Subdeclaración impositiva
El monto a pagar al fisco depende de la declaración impositiva.
El primer paso de toda evasión es subdeclarar las ganancias obtenidas.
...Para hacerlo tienen una red profesional muy aceitada que, según críticos como James Henry, de la Universidad de Columbia, se han convertido en una parte estructural del actual sistema financiero...
2. Registrar empresas en "guaridas" o paraísos fiscales
En su estudio "The price of offshore revisited" (El precio real de las Guaridas Fiscales") James Henry calcula que hay cuando menos unos US$21 millones de millones en estas "guaridas fiscales" (traducción literal del término original en ingles "Tax Haven"), suma aproximadamente semejante al PIB de Estados Unidos y Japón, es decir, de la primera y tercera economías mundiales. Uno de las guaridas favoritas de este dinero son las Islas Caimán, que tienen 85 mil compañías registradas: más compañías que población...
El portal de análisis financiero Fútbol Finanzas publicó recientemente una lista de lujo de jugadores que usaron técnicas similares en los últimos 20 años.
Desde el mejor jugador del mundo, Lionel Messi, hasta leyendas del deporte como el brasileño Roberto Carlos, el portugués Luis Figo y el búlgaro Hristo Stoichkov formaban parte de la lista.
3. Testaferros
Una manera de invisibilizar el rastro de la persona en cuestión es nombrar a un testaferro que actúa como presunto propietario del bien o compañía.
"Se puede nombrar a un testaferro por razones legítimas, por ejemplo, para no atraer publicidad sobre la inversión en cuestión en el caso de alguien que está en la mira público. Mientras se informe a las autoridades impositivas no hay evasión. El problema empieza cuando no se informa, porque entonces lo que se está haciendo es pagar impuestos por una masa menor de dinero", señala Stevens...
4. Fijar residencia en otro país
Los países con bajos impuestos suelen ser los favoritos de músicos, artistas y deportistas. En los 70 fue el cantante de los Rolling Stones, Mick Jagger, quien fijó residencia primero en Francia y luego en Estados Unidos para huir de los entonces altos impuestos británicos. Mick Jagger
En los años 70, Mick Jagger se mudó primero a Francia y luego a EE.UU. para huir de los altos impuestos en su país natal.
En diciembre de 2012, el actor francés Gerard Depardieu renunció a la ciudadanía francesa en protesta por los altos impuestos que proponía el gobierno de Francois Hollande, se mudó a Bélgica y obtuvo un pasaporte ruso, donde hay un impuesto único del 13%...
5. Aprovechar vacíos legales
La red de asesores y especialistas que rodean a los millonarios son expertos en encontrar vacíos legales de los sistemas impositivos.
En muchos casos no se trata de evasión fiscal sino de elisión fiscal, un mecanismo perfectamente legal: todos tenemos derecho a pagar menos impuestos siempre que lo hagamos dentro de la ley...
El futuro
Los problemas fiscales que tienen todos los países desarrollados y la fragilidad del sistema financiero internacional han colocado a la evasión impositiva en el ojo público, centro de un debate global...
Fuente: BBC.
viernes, 21 de febrero de 2014
Confidentes. Los asalariados pagan más del 90% de la recaudación anual siendo, como son, receptores de menos del 50% de la renta
Formo parte de una generación rara. No me refiero a que escuchara a los Beatles o a que participara en la lucha contra el franquismo, sino a algo aparentemente más zafio: desde 1977 entré a formar parte de un amplio círculo social que se mostraba partidario de pagar a Hacienda. Aquello lo pusieron de moda algunos políticos, como Francisco Fernández Ordóñez, que fue ministro de la cosa con UCD.
No era raro en aquellos años que, en una cena de amigos ..., alguien exclamara con alborozo: “a mí, la declaración me ha salido a pagar”...
... no hace falta ser muy listo para saber, por ejemplo, que los asalariados pagan más del 90% de la recaudación anual siendo, como son, receptores de menos del 50% de la renta. Esos datos se conocen, a pesar de que el ministro Montoro tiene prohibido que se difundan. No es exagerado: está prohibido darlos a conocer a la ciudadanía. Y se sabe también que las grandes multinacionales (y no es demagogia, es verdad) consiguen escapar del pago del impuesto de sociedades con trucos eficaces. Y se sabe también que los fontaneros, los grandes abogados, los médicos privados, facturan sin IVA.
Flaquea el patriotismo fiscal. Pero viene algún rayo de esperanza, que se basa en las peticiones de los inspectores para que haya más transparencia y medios contra el fraude. Incluso, la posibilidad de pagar a confidentes. Pregunta: ¿a los confidentes se les pagaría con o sin IVA?
Fuente: Jorge M. Reverte, El País.
No era raro en aquellos años que, en una cena de amigos ..., alguien exclamara con alborozo: “a mí, la declaración me ha salido a pagar”...
... no hace falta ser muy listo para saber, por ejemplo, que los asalariados pagan más del 90% de la recaudación anual siendo, como son, receptores de menos del 50% de la renta. Esos datos se conocen, a pesar de que el ministro Montoro tiene prohibido que se difundan. No es exagerado: está prohibido darlos a conocer a la ciudadanía. Y se sabe también que las grandes multinacionales (y no es demagogia, es verdad) consiguen escapar del pago del impuesto de sociedades con trucos eficaces. Y se sabe también que los fontaneros, los grandes abogados, los médicos privados, facturan sin IVA.
Flaquea el patriotismo fiscal. Pero viene algún rayo de esperanza, que se basa en las peticiones de los inspectores para que haya más transparencia y medios contra el fraude. Incluso, la posibilidad de pagar a confidentes. Pregunta: ¿a los confidentes se les pagaría con o sin IVA?
Fuente: Jorge M. Reverte, El País.
domingo, 18 de agosto de 2013
Grandes empresas españolas pasaron de tributar 12.673 millones en 2006 a 3.012 millones en 2011
El informe anual de recaudación de 2011, publicado esta semana, completa el retrato del descalabro en el impuesto de sociedades en España, que grava los beneficios de las empresas. Los gigantes empresariales, los grupos consolidados, aprovecharon a fondo durante cinco años la reforma del impuesto, que bajó tipos, y su generoso sistema de deducciones. Pasaron de pagar a las arcas públicas 12.673 millones en 2006 a 3.012 millones en 2011, menos de la cuarta parte. Una cantidad que supone apenas el 3,5% de los 85.984 millones de beneficios declarados ese año. Y un boquete descomunal en los ingresos públicos.
El Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero (PSOE) aprobó en 2007 una reforma del impuesto de sociedades para bajar por primera vez en democracia el gravamen teórico sobre los beneficios empresariales: del 35% al 30% (del 30% al 25% para las pymes). Lo que se había planteado como una reforma gradual, tuvo una aplicación casi inmediata por la presión de la derecha catalana (CiU); la anunciada “poda” de las generosas deducciones que disfrutaban las grandes empresas quedó en casi nada. El entonces vicepresidente económico, Pedro Solbes, defendió que el impacto en la recaudación sería manejable, porque la bajada de impuestos mejoraría la competitividad y los resultados de las empresas, lo que acabaría repercutiendo en las arcas públicas.
Cuando la crisis irrumpió en 2009, y pese al desplome de los ingresos, el Ejecutivo de Rodríguez Zapatero aún abrió la mano a más beneficios fiscales —permitió acelerar la amortización de activos, lo que, en la contabilidad, rebaja los beneficios sobre los que se tributa—. Un tímido intento de cambio de rumbo al final de la legislatura no evitó el desastre: muchas grandes empresas aprovecharon a fondo las ventajas dadas para reducir a la mínima expresión sus pagos a Hacienda.
La crisis ha penalizado con dureza los beneficios de las compañías, grandes y pequeñas. Pero el impacto en la recaudación, por esas facilidades legales, fue mucho mayor. Los resultados empresariales sujetos al impuesto pasaron de 209.642 millones en 2006 a 143.890 millones en 2011, una caída del 31%. La cuota líquida, lo que pagaron todas las empresas a Hacienda por los resultados, bajó en el mismo periodo de 40.529 a 12.665 millones, un 68%. En el caso de los grupos consolidados, ese descenso fue del 76%.
Según la Agencia Tributaria, en 2011 había casi 4.000 grupos consolidados, que integraban en sus cuentas unas 32.000 empresas. Las normas fiscales permiten a estos conglomerados, que copan el Ibex 35, compensar los resultados de compañías del grupo (restar las pérdidas de unas a los beneficios de otras) para rebajar la factura fiscal.
Pero además de esa ventaja genérica, los grupos consolidados son los que mejor aprovechaban el generoso régimen de exenciones, deducciones y beneficios que regía hasta 2011. Las 32.000 sociedades integradas en estos 4.000 gigantes cosecharon ese año un resultado positivo de 85.948 millones, frente a los 57.941 millones que lograron el resto de empresas, más de un millón. Pero tras la aplicación de los diversos ajustes en la base imponible y la cuota del impuesto, la factura fiscal de los grupos consolidados adelgaza hasta un tercio de lo que pagan el resto de las empresas españolas al fisco por este tributo.
Si se incluye a todas las empresas, la aportación a Hacienda asciende al 8,8% de los beneficios declarados en 2011, cuando un lustro antes pagaban más del 19%. De nuevo, es bastante menos que lo que pagan las familias en el IRPF, un 11,9% de su renta bruta.
Si la comparación de lo que las empresas ingresan al fisco es con la base imponible, los grupos consolidados, que parten de un tipo teórico del 30%, pagan solo un 17,7%. El resto de empresas, con un tipo teórico del 25% para las pymes y del 30% para las compañías que no consolidan, apenas llegan al 19%.
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