Alberto Quiñónez
Los problemas propios de la ética fueron una preocupación constante en el pensamiento de Adolfo Sánchez Vázquez, desde obras relativamente tempranas hasta las últimas que publicara en vida. Tres son los libros en que Sánchez Vázquez desarrolla con suficiente énfasis sus puntos de vista acerca de la ética y la moral: Ética (1969), Entre la realidad y la utopía (1999), Ética y política (2007). Esto no agota que en sus más de treinta publicaciones restantes no aborde, con mayor o menor extensión y profundidad, algunos tópicos propios de la reflexión ética. Casos concretos lo representan algunas secciones de los libros Filosofía de la praxis (1967), Del socialismo científico al socialismo utópico (1975), Escritos de política y filosofía (1987), El valor del socialismo (2000), entre otros.
¿Pero de dónde surge la preocupación de Sánchez Vázquez por la moral y la ética? Para responder a esta pregunta cabe recordar que la corriente predominante en el marxismo, después de la III Internacional, tenía de fondo una concepción teleológica de la historia. Tanto el materialismo dialéctico como el materialismo histórico eran subsumidos, respectivamente, por una metafísica de corte materialista y por una teleología historicista que hacían del ser humano y de la historia simples objetos de conocimiento, para cuyo tratamiento era válido un conjunto de reglas propias de las ciencias positivas. La historia, de hecho, presentaba leyes equiparables a las que rigen en las ciencias físicas, siendo su dinámica incluso predecible: las leyes de la historia explicaban y predecían la ineluctable caída del capitalismo.
Con esto, el marxismo quedaba preso en la cárcel hegeliana de la teleología y el determinismo, lo que significaba, para el ser humano, el vaciamiento moral de sus acciones concretas. Si las leyes de la historia explicaban el paso de un modo de producción a otro como el resultado inmediato de la contradicción entre fuerzas productivas y relaciones sociales de producción, y si por tanto ello derivaría en la caída del capitalismo, el cual además sufría de crisis ingénitas y recurrentes de las que no podía escapar, si –repetimos- todas estas condiciones impersonales se daban de forma forzosa, por leyes que operaban más allá del hacer concreto de los seres humanos, las acciones de estos no importaban ni aportaban al sentido general de la historia.
La infravaloración de la intencionalidad moral ha sido uno de los grandes obstáculos de los movimientos emancipatorios, conduciendo a muchos de estos al fracaso. Si no existe un compromiso radicado en la moralidad de los seres humanos que conforman un proyecto político, difícilmente éste puede hacerle frente a los embates del enemigo de “clase” que, como el mismo Sánchez Vázquez reconoce, está hoy en día configurado por diversos polos de ejercicio de la dominación y no sólo por la burguesía o los poseedores de medios de producción. Sólo un convencimiento y una acción congruente con él, puede hacer de la lucha de clases un proceso verdaderamente emancipatorio, manteniendo el equilibrio entre la efectividad de la acción política y los principios o valores de los sujetos.
En efecto, es en el campo de la moral donde se debate un elemento fundamental de la praxis: la motivación conducente hacia un fin y no sólo la ideación del fin como tal. Ya Marx sostenía que uno de los elementos diferenciadores del ser humano era el carácter proyectivo de su conciencia, su capacidad de proyectar y de fundamentar sus acciones sobre una base racional. La conciencia sería el plano donde se establece la motivación y es el punto de partida de cualquier actividad práctica. No obstante, la motivación misma es configurada alrededor de la valoración de aquello que el sujeto considera bueno o malo. Una praxis auténtica es aquella que asume como propia y moralmente justificada, la finalidad a la que conduce sus acciones.
Marx señala: “Una araña ejecuta operaciones que semejan a las manipulaciones del tejedor, y la construcción de los panales de las abejas podría avergonzar por su perfección a más, de un maestro de obras. Pero, hay algo en que el peor maestro de obras aventaja, desde luego, a la mejor abeja, y es el hecho de que, antes de ejecutar la construcción, la proyecta en su cerebro. Al final del proceso de trabajo, brota un resultado que antes de comenzar el proceso existía ya en la mente del obrero; es decir, un resultado que tenía ya existencia ideal. El obrero no se limita a hacer cambiar de forma la materia que le brinda la naturaleza, sino que, al mismo tiempo, realiza en ella su fin…”1.
Como ya se dijo, a este ámbito de la proyectividad le acompaña de forma indisoluble la valoración moral y es en dicho terreno donde se encuentra el momento decisorio y diferencial entre una praxis conservadora y una praxis orientada a la transformación del mundo. Es pues la potencia moral del ser humano, su capacidad de establecer gradientes morales (lo bueno y lo malo), y su capacidad ética, su reflexión y valoración de tales gradientes, lo que permitiría aproximarse a unos fines determinados vinculados a la emancipación humana, es decir, ejecutar una praxis que sea efectiva en el logro de los fines, en la medida en que el logro de estos supone una realización de valores que plenifica con su significación la conciencia de los sujetos.
Todo esto ocurre en la historia, es decir, en medio de condiciones históricas dadas y de sujetos sociales concretos y no en un plano abstracto y universal, de entidades y conciencias puras. Si la historia está sujeta a un desenvolvimiento dialéctico, también lo está la moral; ésta tiene pues un carácter dialéctico, que remite a las contradicciones entre materialidad y conciencia, y un carácter histórico, por lo que la moral no posee una referencia fija a principios siempre vigentes, sino que se encuentra en función de las necesidades vitales del ser humano, mismas que son materiales pero también espirituales, no necesariamente religiosas sino relativas a un ámbito de comunión de las instancias diferenciables pero no identificables de sujetos distintos, de un yo y un otro.
La moral, pues, se encuentra estrechamente vinculada a la praxis en un sentido general en la medida en que el solo acontecer práctico, sin mediación moral que sirva de justificación y principio de asunción, es decir, sin que en dicho acontecer haya una realización volitiva del sujeto, tal acontecer adquiere un carácter inauténtico, porque su ejecución tiene a la base una heteronomía, una determinación exógena, o una autonomía falsa, porque no está necesariamente inscrito en el horizonte moral del individuo. La autenticidad de la práctica, que la define propiamente como praxis, contiene esa congruencia moral por la que la práctica posee un carácter autónomo, no impuesto, sino libremente asumido y, en cuanto tal, asentado sobre la estructura y la dinámica identitarias de los seres humanos.
Hay también que mencionar que para Sánchez Vázquez, un tema impostergable, haciendo eco de lo que ha señalado Diana Fuentes2, es la reflexión acerca de la moral, la ética y la praxis, vinculada a las programáticas políticas de las izquierdas. En este sentido, la intención de Sánchez Vázquez, fiel a su ideario político, es fortalecer la práctica de sectores claramente definidos: aquellos que asumen como propia la tarea de cambiar la realidad de forma radical. La moral de la que entonces hablará Sánchez Vázquez es cada vez menos parecida a una moral abstracta y universalizable, sino más bien que encuentra como destinatario e interlocutor a un sujeto específico del espectro social del mundo actual: las mayorías excluidas y sojuzgadas por el sistema mundial de dominación.
La praxis emancipatoria se fundamenta sobre el discernimiento moral de que la liberación de las mayorías explotadas, marginadas, excluidas, es algo bueno y, por ende, algo deseable. En el ámbito de la objetividad, esta praxis encuentra fundamento en las condiciones históricas en que puede concretarse un proyecto político que permita a las mayorías liberarse paulatinamente del yugo del capitalismo, el racismo, la discriminación etaria y de género, entre otras. Pero, en el ámbito de la subjetividad, la praxis emancipatoria tiene su fundamento en la asunción del individuo –y del colectivo- de nuevos valores, nuevas prácticas, nuevas formas de concebir e interpretar la realidad y al ser humano mismo, es decir, se fundamenta en elementos eminentemente axiológicos, en una ética cuyo eje sea el ser humano.
Ahora bien, al hablar de nuevos valores y de nuevas prácticas, el discernimiento ético descriptivo es insuficiente, a pesar de ser indispensable, para fundamentar el camino de una praxis emancipatoria. En este sentido, la descripción ética debe dar paso, necesariamente, a una ética prescriptiva que establezca un marco de valores mínimos que deben ser asumidos y promovidos por los movimientos que se plantean la transformación radical del mundo. Tal marco de valores, no obstante, no debe entenderse como un catálogo abstracto de principios inamovibles en el decurso histórico, sino más bien todo lo contrario: un marco de valores cuyo origen es la realidad histórica concreta en la que el sujeto se desarrolla y ante la cual debe responder de una forma más o menos determinada.
La importancia de una ética prescriptiva es mucho más visible cuando se tiene en cuenta que hacer política implica toda una serie de procesos en los que intervienen diferentes actores sociales, incluso aquellos que forman parte del enemigo de clase o que no necesariamente concuerdan con la necesidad de cambiar la realidad, procesos en los que debe negociarse, en los que deben establecerse tácticas para alcanzar determinados objetivos, en los que debe existir cierto grado de pragmatismo, sin que éste, claro está, subsuma o reemplace la autenticidad y radicalidad de los proyectos de liberación. Igualmente, el asedio de la ideología de la dominación, que ciertamente es multidimensional y diversa, implica el riesgo perenne de la alienación del sujeto revolucionario y la tergiversación de su proyecto.
Muchos movimientos emancipatorios, en efecto, han entrado en crisis precisamente porque han asumido valores y prácticas propias de una moral excluyente. Un claro ejemplo es, actualmente, el viraje de las otrora fuerzas anticapitalistas hacia una agenda de carácter neoliberal, que ha sido más visible en el caso de los partidos políticos. Además de esta inoculación neoliberal en las agendas políticas de la izquierda, ha sido manifiesta la generalización de la corrupción, el nepotismo y el compadrazgo, que no expresan sino el alejamiento de las instituciones y movimientos de izquierda de los valores democráticos y humanistas. La crítica filosófica debe negar el marco axiológico de la dominación de clases, mientras hace de la dignidad humana el punto de partida ineludible de un proyecto político verdaderamente emancipatorio.
De esta manera, hay en la filosofía de la praxis o, más precisamente, en el marxismo entendido como una filosofía de la praxis transformadora del mundo, una revaloración y redimensionamiento de la moral, siendo ésta considerada como una instancia fundamental para la efectualización de procesos sostenibles y radicales, especialmente en el plano político donde tal radicalismo –que no significa ni dogmatismo ni izquierdismo en el sentido que lo entiende Lenin-, se vuelve necesario para abanderar reivindicaciones verdaderamente revolucionarias, por un lado, y para hacer un verdadero trabajo de contrahegemonía, por otro. De esta forma, la filosofía de la praxis, el marxismo crítico, establece el binomio entre ética y política como uno de los polos sobre los que se estructuraría todo intento auténtico de transformación social.
No se ha tratado aquí de agotar una de las vetas más prometedoras del pensamiento de Adolfo Sánchez Vázquez, pues ello requiere profundizar en varios de los elementos que aquí sólo han quedado señalados. Sin embargo, consideramos importante señalar una hoja de ruta que permita ir profundizando, paulatinamente, en los aportes de Sánchez Vázquez al campo de la ética y la filosofía política y, en la medida de las posibilidades, hacer uso de sus planteamientos para interpretar y, más importante aún, transformar la realidad de opresión que circunda a los países latinoamericanos. A diferencia de lo que Hegel concluía, la filosofía tiene mucho que decir; pero la batalla principal contra el sistema no se dará en el campo teorético sino en el de la praxis.
Bibliografía
Sánchez Vázquez, A. De Marx al marxismo en América Latina. Editorial Ítaca. 2012.
Sánchez Vázquez, A. Del socialismo científico al socialismo utópico. Editorial Era. México D. F., 1981.
Sánchez Vázquez, A. Entre la realidad y la utopía: ensayos sobre política, moral y socialismo. FCE. 1999.
Sánchez Vázquez, A. Ética. Crítica. Barcelona, 1978.
Sánchez Vázquez, A. Ética y política. FCE-UNAM. México D. F., 2007.
Sánchez Vázquez, A. La filosofía de la praxis. Siglo XXI editores. México D. F., 2003.
Notas:
1. Marx, K. El capital. Tomo I. FCE. México, D. F. 1964. Págs. 130 – 131. Subrayados del autor.
2. Fuentes, D. Intervención en el conversatorio “Los caminos de la praxis y el discurso crítico: Sánchez Vázquez y Echeverría”. Seminario Permanente Pensamiento Crítico Latinoamericano Bolívar Echeverría. CIESPAL. México, D. F. Noviembre, 2016.
Alberto Quiñónez es miembro del Colectivo de Estudios de Pensamiento Crítico (CEPC).
lunes, 8 de mayo de 2017
¿Fraude y violencia en las elecciones del Frente Popular?
Unas notas de réplica a Manuel Álvarez Tardío y Roberto Villa (Primera parte)
José Luis Martín Ramos
1. Hace un año, en una conferencia en el CESEDEN de promoción de hecho del libro que iba a publicar, Payne anunciaba la próxima publicación de un trabajo de Manuel Álvarez Tardío y Roberto Villa, en el que según él se demostraba el fraude generalizado de las elecciones de 1936 y la evidencia de la ilegitimidad de un gobierno, el del Frente Popular, y de la República que tras todo ello había dejado de ser democrática; y apostillaba, la sublevación del 18 de julio no se había producido, por tanto, contra la democracia. Hasta ahora el estudio de Javier Tusell había establecido la línea principal de interpretación de aquellas elecciones, que consideró aceptables en las condiciones de la época y de las que se había producido un triunfo democrático innegable del Frente Popular; una línea de interpretación muy incómoda para la derecha – historiográfica y política -, que en el fondo nunca se ha sacado de encima el discurso de la ilegitimidad de la República del Frente Popular, discurso justificador antes y después de la sublevación.
Por fin tenemos el estudio de Álvarez Tardío y Roberto Villa y ¿qué demuestra? Antes que nada la ratificación de la condena que ya conocemos de la revolución democrática iniciada el 14 de abril y de la República que de ella salió. Y su identificación con la crítica política de la derecha antirrepublicana de la época – sobre todo la que representaron la CEDA y su líder Gil Robles – convertida por Álvarez Tardio y Roberto Villa (en adelante ATV) en verdad historiográfica. No les reprocho que tengan una posición ideológica propia, incluso que tengan sus afinidades políticas – aunque no estoy seguro de que ellos si me reprocharían a mí – sino de que la concreción de su trabajo historiográfico esté tan sobrecargado de argumentaciones falaces, escamoteo de datos, interpretaciones insidiosas, juicios de intención y finalmente un burdo juego de prestidigitación a punto de caer en un discurso más propio de Cantinflas: no si no, nosotros no decimos, pero decimos, pero no compartimos, pero oiga le damos la razón…
Como me comprometí a rectificar públicamente la interpretación que de aquella victoria del Frente Popular hice en el libro publicado hace un año por Pasado y Presente, creo que estoy obligado a puntualizar algunas de las tesis y divagaciones principales del libro de Álvarez Tardío y Villa, y manifestar porque no creo que haya de corregir lo que yo escribí. Empezando por su capítulo primero en el que en una síntesis, más que apretada simple, de la Segunda República se nos presenta una imagen edulcorada de la CEDA, donde se dice predominaba el sector más moderado – ya se vio en el éxito que las propuestas de Giménez Fernández tuvieron en el seno de su partido – y de su líder Gil Robles. Edulcoración que se manifiesta en esa presentación de la propuesta de reforma constitucional cedista tan inocente: “Anhelaban un sistema político más favorable para los católicos, querían un modelo corporativo para las relaciones laborales, hablaban de reforzar el poder ejecutivo frente a la inestabilidad y la parálisis parlamentaria y eran radicalmente antimarxistas y enemigos de la visión liberal clásica de la primacía indiscutible de los derechos individuales. Pero no eran partidarios de un régimen político que anulara las libertades de expresión, reunión y manifestación; y ni siquiera querían suprimir el Parlamento” (pág. 17) La apostilla final ilumina el sentido de esa versión. Lo disfracen o no con generalidades, la CEDA – y ya no digamos su inevitable aliado en el vuelco político que pretendían, Renovación Española – pretendían la sustitución del parlamentarismo democrático por un régimen autoritario, similar al Estado Novo de Salazar, en el que el Parlamento pasaría a ser un poder subordinado, las libertades individuales discutidas y los derechos de expresión y manifestación discriminados de acuerdo con el contenido de las correspondientes expresiones y manifestaciones. En la línea también de lo que venía desarrollando Dollfus en Austria. Y ATV se cuidan muy mucho, por cierto, de recordar las confesiones del propio Gil Robles sobre las simpatías/identidades monárquicas de los afiliados de la CEDA, de las que él no se excluía.
Ese era desde el primer momento el objetivo de Gil Robles y la razón por la que Alcalá Zamora no accedió a darle los definitivos puestos de mando del gobierno fue porque no compartía el calado de esa reforma constitucional, para cuya consecución Gil Robles había diseñado un plan progresivo que iba desde la entrada en el gobierno en minoría, el control de espacios institucionales fundamentales en una expectativa de cambio –el Ejército-, la implementación de un programa de Obras Públicas y de reconsideración de la reforma agraria – en la que había no solo la propuesta moderada de Giménez Fernández, sino la inmoderada Ley de arrendamientos rústicos – y otras mejoras materiales para culminar, cuando fuera posible, en el acceso a la jefatura del gobierno y en cualquier caso en el agotamiento de la legislatura para dar tiempo a capitalizar en beneficio de la CEDA toda esa política supuestamente regeneracionista. Alcalá Zamora no le negó la presidencia del gobierno por capricho personal, sino por antagonismo político fundamental.
No solo distorsionan el objetivo estratégico de la CEDA. ATV escamotean el contexto europeo, como si España no solo fuera diferente sino una isla ajena a lo que estaba sucediendo al Norte de los Pirineos y al Este de Mallorca; un contexto europeo que explican muchos comportamientos políticos españoles de la época, consecuencia directa de él o de la percepción que de él se tuviera. Escamotean la cuestión militar. Resulta escandaloso como se esconden los importantes cambios de Gil Robles dando el mando a significados militares enfrentados por una u otra razón con la República, conspiradores intermitentes algunos de ellos antes de 1936 y luego a partir de marzo de 1936 organizadores conscientes de una sublevación para la que asumen – si no desean, algunos – el riesgo de la guerra civil: Fanjul, Franco, Goded… Ya veremos más adelante la cuestión de las presiones militares en el invierno de 1936. Y escamotean el conflicto social; no existe para ellos más conflicto social en la República que el católico. De manera que el comportamiento de la izquierda obrera no es ninguna manifestación de conflicto social sino de la suma de ambición de poder de sus dirigentes y de la barbarie de sus bases; el movimiento obrero queda reducido a la condición de manifestación del pueblo incivilizado: intimida, violenta, se queja sin razón o exagerando las razones… El conflicto queda encorsetado en el conflicto partidario y la política reducida a su dimensión más negativa de lucha por el poder, segregada de su dimensión social. Desde esa perspectiva, para ellos la polarización del 36 fue resultado de los acontecimientos del 34 y sobre todo del hecho de que las izquierdas no lo condenaran. La insistencia en la no condena es obsesiva; pero no solo eso es una insistencia que sugiere que un nuevo octubre era, en el fondo, el plan oculto de la izquierda obrera, afirmación que no puede documentarse de ninguna manera simplemente porque no existió el plan ni la documentación que lo atestigüe (a menos que demos crédito a los documentos del “mito de la Cruzada”, del supuesto complot para convertir a España en un satélite de la URSS y otras sandeces por el estilo).
Las derechas no tienen, para ellos, arte ni parte en esa polarización. Octubre del 34 solo existe como insurrección, no existe como represión. ATV menosprecian la represión, que no se limitó al sofocamiento del levantamiento de Asturias – cruento, de brutalidad desproporcionada de cuya planificación militar fue responsable un Franco al que siempre se le exonera de sus veleidades antidemocráticas; se extendió en forma de despidos masivos de trabajadores en razón no de su acción sino de su carnet, de desahucios de campesinos arrendatarios (más de 2.000 desahucios de rabasaires en Cataluña, tirando por lo bajo), de detenciones y proceso arbitrarios como el de Azaña, de sustitución masiva de ayuntamientos electos por gestoras y por gestoras claramente partidarias, de imposición indecente y políticamente afrentosa de Pich y Pon al frente de la Generalitat intervenida. Su menosprecio llega al extremo de burlarse de la reivindicación de la amnistía que consideran injustificada porque, dicen ellos, no afectaba a 30.000 detenidos como sostenían las organizaciones obreras sino “solo” a 8.000, cifra que deducen pero no documentan.
2. Dando por buena la interpretación de Gil Robles -de que la disolución anticipada de las Cortes y la convocatoria de elecciones fue el principio de la catástrofe que habría de desembocar en la guerra civil- ATV se aplican a la tarea de desacreditar todo lo que puedan el proceso electoral y poner en interrogantes su resultado. El ejercicio proporciona conclusiones que no están en proporción, se levantan demasiadas piras contra tan pocas herejías. Da la sensación final de que los autores hayan estado buscando un asesinato – el que invocaba Payne, el que han invocado los medios de la derecha de hoy que han jaleado su libro – que no han conseguido encontrar; ante lo cual, sin poder cumplir aquel primer objetivo lo reducen a la sospecha de un homicidio, quien sabe si imprudente incluso. En su epílogo pretenden no “animar ningún debate sobre la legitimidad del Gobierno del Frente popular o de la República como Régimen”; pero ese debate es el que dan por sentado Payne y los comentaristas de la derecha y de hecho ellos mismos permanentemente en el libro, por más que pretendan lo contrario.
Sostienen que “nuestro estudio supone un vuelco respecto de lo que ahora sabemos” (pág. 518). ¿Dónde está el vuelco? De entrada en que “Hasta ahora la mayoría de historiadores habían proporcionado una imagen de normalidad de la jornada del día 16 que resulta bastante engañosa si no se explica la intervención de la fuerza pública. Esta se funda en el hecho cierto de que la campaña electoral había sido muy violenta, hasta el punto de registrarse un número de agresiones, muertos y heridos sin precedente en ninguna otra convocatoria electoral” aunque luego añaden, no sin dejar de contradecirse con la boca pequeña – recurso constante – que “La violencia no fue tan generalizada como para obstaculizar decisivamente el proceso electoral, pero sí fue una manifestación contundente de la radicalización política” (pág. 520). Para ese viaje no era necesario alforjas; Tusell ya lo había escrito: que se produjeron incidentes, pero que nunca excedieron de los términos del conflicto del momento, ni tuvieron trascendencia significativa en el resultado. De pasada – otro recurso habitual - ATV colocan de matute una de las suyas: no hubo incidente porque hubo despliegue policía…que si no, seguro que la plebe bárbara los hubiera producido. Porque hubo disuasión previa ante la voluntad de intimidación de las izquierdas; una voluntad de intimidación que se afirma en las exposiciones descriptivas como un factor constante de interferencia en el proceso electoral, en el escrutinio y en la proclamación final y definitiva de los diputados; por más que en textos de conclusiones se reconoce sin trascendencia, excepto determinadas situaciones locales. Lo dicho un estilo de tirar la piedra y esconder la mano.
¿Campaña violenta sin parangón anterior? Para empezar el parangón se limita al período republicano y en un ejercicio flagrante de mala práctica historiográfica se elude considerar la incidencia de la violencia en los procesos electorales desde el restablecimiento del sufragio masculino universal en 1890 (no su instauración, ésta se había producido en 1868). Y en ese período republicano la comparación se hace en exclusiva con las elecciones de 1933, convertidas en referencia fundamental de limpieza electoral y, sobre todo, de resultados (los de 1933 tendrían que avalar o desacreditar los de 1936 en caso de conflicto) lo que es, cuando menos, una barbaridad estadística (tendré que repetirlo más adelante). Pues bien, en el capítulo 6, “Católicos y anarquistas. La violencia electoral” – un mejunje curioso – después de decirnos que “en la España de la Segunda República la violencia política tuvo un papel relevante”, como si no hubiera existido antes y, sobre todo, como si solo entonces hubiera sido relevante, se compara la campaña de 1933 en la que se habrían producido 27 muertos y 58 heridos graves, con la de 1936 en la que las cifras serían 41 muertos, de las que 9 ellos mismos reconocen que su condición de violencia política es dudosa, y 80 heridos graves y aprovechan, una vez más, para aludir a la intervención salvadora de la policía gracias a la cual solo se dio esa cifra abultada de heridos y no una más abultada de muertos (¿?); más adelante se nos dirá que las fuerzas de orden causaron 8 de los 41 muertos, frente a 6 causadas por derechistas, 8 por elementos del Frente Popular y 4 anarquistas (ellos asignan 6 víctimas a la acción de desconocidos que presuponen que sean en un caso de derechas y en 5 de izquierdas y suman las 5 acciones de los anarquistas al conjunto de la violencia política de la campaña, lo que es absolutamente impropio).
Dejemos fuera del comentario esa constante exoneración de los comportamientos policiales, que va contra la absoluta evidencia, y centremos en la manipulación estadística que se ha hecho para establecer una violencia política “sin parangón”; algo, la manipulación estadística, que ya practicaron en su estudio sobre la violencia anticlerical entre febrero y junio de 1936, aunque en aquel las trampas eran constatables (desglose de episodios en acciones, con lo que las cifras se multiplicaban) por que se daba el detalle, cosa que en esta ocasión no se hace. Aun así, queda en evidencia la manipulación. Para empezar la de los tiempo: la duración de las dos campañas fue diferente, la de 1933 fue de 40 días, la de 1936 de 47. Si hacemos la correlación, imprescindible, entre tiempo de campaña y víctimas mortales, y solo consideramos las que en efecto ellos consideran como indudablemente fruto de la violencia política, el coeficiente resultante es de hecho el mismo: el 0,675 en 1933 y el 0,680 en 1936. ¿Dónde está el salto sin parangón? En la morbosa imaginación de Álvarez Tardío y Villa. La cifra en la que si hay una diferencia sustancial es la de los heridos, pero si no se nos da el detalle de las circunstancias en las que se producen es imposible de interpretar, más allá del juicio de intención; quizás solo se pueda suponer que en 1936 los incidentes de grupo fueron más tumultuosos en 1936 que en 1933, pero eso no es en sí mismo un indicativo del nivel de violencia, sino del de movilización. Y en esto último podemos estar de acuerdo, en la campaña de 1936 hubo una mayor movilización; lo que no es malo, sino bueno desde una perspectiva democrática.
La imagen de la violencia política electoral – porque ese, electoral, es el título del capítulo – se completa con un cuadro de “Actos de violencia política”, a la manera del cuadro de la anticlerical ya citado, pero sin poder saber si hay o no desagregación de acciones de un solo incidente y que es a todas luces de una muy grosera confección. El total suma 487 “actos”, incluyendo en ellos 25 que corresponden a detenciones gubernamentales – lo cual sería muy discutible como “violencia política electoral”, o en todo caso tendría que discriminarse caso por caso – y en la que se mezclan razones políticas con razones sociales, que nada tendrían que ver, forzosamente, con la violencia electoral. Hay dos filas definidas inadecuadamente: la de “detenciones policiales con violencia (motivos socio-políticos) que suman 19 actos y “atentados políticos o socio-laborales”, 70; en ninguno de los dos casos se tenían que haber hecho semejante suma de motivos políticos, sociales y laborales en un cuadro que pretende establecer la violencia política y, además, la violencia política en campaña electoral. Esa incorporación de actos sociales o laborales ponen más que en entredicho que fueran violencia política electoral las acciones atribuidas a los anarquistas (4 muertos de una lista de 41; de los que los propios autores reconocen que 9 son por causas dudosas, que solo concretan en dos casos en los que no hay ninguna participación anarquista). ¿Tendríamos que restar también esas 4 víctimas del cómputo de la “violencia política electoral”? En la cuestiones de la violencia hay que ir con mucho más cuidado en la conceptualización y la interpretación.
Su cuadro, resumen gráfico de lo que plantean, es extravagante, incorrecto; con un resultado final desacreditado, porque se construye a partir de actos y no de episodios, porque que se mezclan en el la competencia partidaria electoral y la acción gubernamental y, sobre todo, por esa impresentable mezcla de motivos, por otra parte muy reveladora del pensamiento de los autores. El vuelco en lo conocido no resulta ni tan siquiera una ligera modificación. Pero aunque se esconda la mano que tiró la piedra, y se nos enseñe la otra – libre de pecado – la piedra ha sido tirada: la campaña que llevó al Frente Popular al poder estuvo precedida de una violencia sin parangón. Falso.
José Luis Martín Ramos (Barcelona 1948) es catedrático de Historia Contemporánea de la Universidad Autónoma de Barcelona, especializado en la historia del movimiento obrero.
http://www.rebelion.org/noticia.php?id=226004
https://www.rebelion.org/noticia.php?id=226271
José Luis Martín Ramos
1. Hace un año, en una conferencia en el CESEDEN de promoción de hecho del libro que iba a publicar, Payne anunciaba la próxima publicación de un trabajo de Manuel Álvarez Tardío y Roberto Villa, en el que según él se demostraba el fraude generalizado de las elecciones de 1936 y la evidencia de la ilegitimidad de un gobierno, el del Frente Popular, y de la República que tras todo ello había dejado de ser democrática; y apostillaba, la sublevación del 18 de julio no se había producido, por tanto, contra la democracia. Hasta ahora el estudio de Javier Tusell había establecido la línea principal de interpretación de aquellas elecciones, que consideró aceptables en las condiciones de la época y de las que se había producido un triunfo democrático innegable del Frente Popular; una línea de interpretación muy incómoda para la derecha – historiográfica y política -, que en el fondo nunca se ha sacado de encima el discurso de la ilegitimidad de la República del Frente Popular, discurso justificador antes y después de la sublevación.
Por fin tenemos el estudio de Álvarez Tardío y Roberto Villa y ¿qué demuestra? Antes que nada la ratificación de la condena que ya conocemos de la revolución democrática iniciada el 14 de abril y de la República que de ella salió. Y su identificación con la crítica política de la derecha antirrepublicana de la época – sobre todo la que representaron la CEDA y su líder Gil Robles – convertida por Álvarez Tardio y Roberto Villa (en adelante ATV) en verdad historiográfica. No les reprocho que tengan una posición ideológica propia, incluso que tengan sus afinidades políticas – aunque no estoy seguro de que ellos si me reprocharían a mí – sino de que la concreción de su trabajo historiográfico esté tan sobrecargado de argumentaciones falaces, escamoteo de datos, interpretaciones insidiosas, juicios de intención y finalmente un burdo juego de prestidigitación a punto de caer en un discurso más propio de Cantinflas: no si no, nosotros no decimos, pero decimos, pero no compartimos, pero oiga le damos la razón…
Como me comprometí a rectificar públicamente la interpretación que de aquella victoria del Frente Popular hice en el libro publicado hace un año por Pasado y Presente, creo que estoy obligado a puntualizar algunas de las tesis y divagaciones principales del libro de Álvarez Tardío y Villa, y manifestar porque no creo que haya de corregir lo que yo escribí. Empezando por su capítulo primero en el que en una síntesis, más que apretada simple, de la Segunda República se nos presenta una imagen edulcorada de la CEDA, donde se dice predominaba el sector más moderado – ya se vio en el éxito que las propuestas de Giménez Fernández tuvieron en el seno de su partido – y de su líder Gil Robles. Edulcoración que se manifiesta en esa presentación de la propuesta de reforma constitucional cedista tan inocente: “Anhelaban un sistema político más favorable para los católicos, querían un modelo corporativo para las relaciones laborales, hablaban de reforzar el poder ejecutivo frente a la inestabilidad y la parálisis parlamentaria y eran radicalmente antimarxistas y enemigos de la visión liberal clásica de la primacía indiscutible de los derechos individuales. Pero no eran partidarios de un régimen político que anulara las libertades de expresión, reunión y manifestación; y ni siquiera querían suprimir el Parlamento” (pág. 17) La apostilla final ilumina el sentido de esa versión. Lo disfracen o no con generalidades, la CEDA – y ya no digamos su inevitable aliado en el vuelco político que pretendían, Renovación Española – pretendían la sustitución del parlamentarismo democrático por un régimen autoritario, similar al Estado Novo de Salazar, en el que el Parlamento pasaría a ser un poder subordinado, las libertades individuales discutidas y los derechos de expresión y manifestación discriminados de acuerdo con el contenido de las correspondientes expresiones y manifestaciones. En la línea también de lo que venía desarrollando Dollfus en Austria. Y ATV se cuidan muy mucho, por cierto, de recordar las confesiones del propio Gil Robles sobre las simpatías/identidades monárquicas de los afiliados de la CEDA, de las que él no se excluía.
Ese era desde el primer momento el objetivo de Gil Robles y la razón por la que Alcalá Zamora no accedió a darle los definitivos puestos de mando del gobierno fue porque no compartía el calado de esa reforma constitucional, para cuya consecución Gil Robles había diseñado un plan progresivo que iba desde la entrada en el gobierno en minoría, el control de espacios institucionales fundamentales en una expectativa de cambio –el Ejército-, la implementación de un programa de Obras Públicas y de reconsideración de la reforma agraria – en la que había no solo la propuesta moderada de Giménez Fernández, sino la inmoderada Ley de arrendamientos rústicos – y otras mejoras materiales para culminar, cuando fuera posible, en el acceso a la jefatura del gobierno y en cualquier caso en el agotamiento de la legislatura para dar tiempo a capitalizar en beneficio de la CEDA toda esa política supuestamente regeneracionista. Alcalá Zamora no le negó la presidencia del gobierno por capricho personal, sino por antagonismo político fundamental.
No solo distorsionan el objetivo estratégico de la CEDA. ATV escamotean el contexto europeo, como si España no solo fuera diferente sino una isla ajena a lo que estaba sucediendo al Norte de los Pirineos y al Este de Mallorca; un contexto europeo que explican muchos comportamientos políticos españoles de la época, consecuencia directa de él o de la percepción que de él se tuviera. Escamotean la cuestión militar. Resulta escandaloso como se esconden los importantes cambios de Gil Robles dando el mando a significados militares enfrentados por una u otra razón con la República, conspiradores intermitentes algunos de ellos antes de 1936 y luego a partir de marzo de 1936 organizadores conscientes de una sublevación para la que asumen – si no desean, algunos – el riesgo de la guerra civil: Fanjul, Franco, Goded… Ya veremos más adelante la cuestión de las presiones militares en el invierno de 1936. Y escamotean el conflicto social; no existe para ellos más conflicto social en la República que el católico. De manera que el comportamiento de la izquierda obrera no es ninguna manifestación de conflicto social sino de la suma de ambición de poder de sus dirigentes y de la barbarie de sus bases; el movimiento obrero queda reducido a la condición de manifestación del pueblo incivilizado: intimida, violenta, se queja sin razón o exagerando las razones… El conflicto queda encorsetado en el conflicto partidario y la política reducida a su dimensión más negativa de lucha por el poder, segregada de su dimensión social. Desde esa perspectiva, para ellos la polarización del 36 fue resultado de los acontecimientos del 34 y sobre todo del hecho de que las izquierdas no lo condenaran. La insistencia en la no condena es obsesiva; pero no solo eso es una insistencia que sugiere que un nuevo octubre era, en el fondo, el plan oculto de la izquierda obrera, afirmación que no puede documentarse de ninguna manera simplemente porque no existió el plan ni la documentación que lo atestigüe (a menos que demos crédito a los documentos del “mito de la Cruzada”, del supuesto complot para convertir a España en un satélite de la URSS y otras sandeces por el estilo).
Las derechas no tienen, para ellos, arte ni parte en esa polarización. Octubre del 34 solo existe como insurrección, no existe como represión. ATV menosprecian la represión, que no se limitó al sofocamiento del levantamiento de Asturias – cruento, de brutalidad desproporcionada de cuya planificación militar fue responsable un Franco al que siempre se le exonera de sus veleidades antidemocráticas; se extendió en forma de despidos masivos de trabajadores en razón no de su acción sino de su carnet, de desahucios de campesinos arrendatarios (más de 2.000 desahucios de rabasaires en Cataluña, tirando por lo bajo), de detenciones y proceso arbitrarios como el de Azaña, de sustitución masiva de ayuntamientos electos por gestoras y por gestoras claramente partidarias, de imposición indecente y políticamente afrentosa de Pich y Pon al frente de la Generalitat intervenida. Su menosprecio llega al extremo de burlarse de la reivindicación de la amnistía que consideran injustificada porque, dicen ellos, no afectaba a 30.000 detenidos como sostenían las organizaciones obreras sino “solo” a 8.000, cifra que deducen pero no documentan.
2. Dando por buena la interpretación de Gil Robles -de que la disolución anticipada de las Cortes y la convocatoria de elecciones fue el principio de la catástrofe que habría de desembocar en la guerra civil- ATV se aplican a la tarea de desacreditar todo lo que puedan el proceso electoral y poner en interrogantes su resultado. El ejercicio proporciona conclusiones que no están en proporción, se levantan demasiadas piras contra tan pocas herejías. Da la sensación final de que los autores hayan estado buscando un asesinato – el que invocaba Payne, el que han invocado los medios de la derecha de hoy que han jaleado su libro – que no han conseguido encontrar; ante lo cual, sin poder cumplir aquel primer objetivo lo reducen a la sospecha de un homicidio, quien sabe si imprudente incluso. En su epílogo pretenden no “animar ningún debate sobre la legitimidad del Gobierno del Frente popular o de la República como Régimen”; pero ese debate es el que dan por sentado Payne y los comentaristas de la derecha y de hecho ellos mismos permanentemente en el libro, por más que pretendan lo contrario.
Sostienen que “nuestro estudio supone un vuelco respecto de lo que ahora sabemos” (pág. 518). ¿Dónde está el vuelco? De entrada en que “Hasta ahora la mayoría de historiadores habían proporcionado una imagen de normalidad de la jornada del día 16 que resulta bastante engañosa si no se explica la intervención de la fuerza pública. Esta se funda en el hecho cierto de que la campaña electoral había sido muy violenta, hasta el punto de registrarse un número de agresiones, muertos y heridos sin precedente en ninguna otra convocatoria electoral” aunque luego añaden, no sin dejar de contradecirse con la boca pequeña – recurso constante – que “La violencia no fue tan generalizada como para obstaculizar decisivamente el proceso electoral, pero sí fue una manifestación contundente de la radicalización política” (pág. 520). Para ese viaje no era necesario alforjas; Tusell ya lo había escrito: que se produjeron incidentes, pero que nunca excedieron de los términos del conflicto del momento, ni tuvieron trascendencia significativa en el resultado. De pasada – otro recurso habitual - ATV colocan de matute una de las suyas: no hubo incidente porque hubo despliegue policía…que si no, seguro que la plebe bárbara los hubiera producido. Porque hubo disuasión previa ante la voluntad de intimidación de las izquierdas; una voluntad de intimidación que se afirma en las exposiciones descriptivas como un factor constante de interferencia en el proceso electoral, en el escrutinio y en la proclamación final y definitiva de los diputados; por más que en textos de conclusiones se reconoce sin trascendencia, excepto determinadas situaciones locales. Lo dicho un estilo de tirar la piedra y esconder la mano.
¿Campaña violenta sin parangón anterior? Para empezar el parangón se limita al período republicano y en un ejercicio flagrante de mala práctica historiográfica se elude considerar la incidencia de la violencia en los procesos electorales desde el restablecimiento del sufragio masculino universal en 1890 (no su instauración, ésta se había producido en 1868). Y en ese período republicano la comparación se hace en exclusiva con las elecciones de 1933, convertidas en referencia fundamental de limpieza electoral y, sobre todo, de resultados (los de 1933 tendrían que avalar o desacreditar los de 1936 en caso de conflicto) lo que es, cuando menos, una barbaridad estadística (tendré que repetirlo más adelante). Pues bien, en el capítulo 6, “Católicos y anarquistas. La violencia electoral” – un mejunje curioso – después de decirnos que “en la España de la Segunda República la violencia política tuvo un papel relevante”, como si no hubiera existido antes y, sobre todo, como si solo entonces hubiera sido relevante, se compara la campaña de 1933 en la que se habrían producido 27 muertos y 58 heridos graves, con la de 1936 en la que las cifras serían 41 muertos, de las que 9 ellos mismos reconocen que su condición de violencia política es dudosa, y 80 heridos graves y aprovechan, una vez más, para aludir a la intervención salvadora de la policía gracias a la cual solo se dio esa cifra abultada de heridos y no una más abultada de muertos (¿?); más adelante se nos dirá que las fuerzas de orden causaron 8 de los 41 muertos, frente a 6 causadas por derechistas, 8 por elementos del Frente Popular y 4 anarquistas (ellos asignan 6 víctimas a la acción de desconocidos que presuponen que sean en un caso de derechas y en 5 de izquierdas y suman las 5 acciones de los anarquistas al conjunto de la violencia política de la campaña, lo que es absolutamente impropio).
Dejemos fuera del comentario esa constante exoneración de los comportamientos policiales, que va contra la absoluta evidencia, y centremos en la manipulación estadística que se ha hecho para establecer una violencia política “sin parangón”; algo, la manipulación estadística, que ya practicaron en su estudio sobre la violencia anticlerical entre febrero y junio de 1936, aunque en aquel las trampas eran constatables (desglose de episodios en acciones, con lo que las cifras se multiplicaban) por que se daba el detalle, cosa que en esta ocasión no se hace. Aun así, queda en evidencia la manipulación. Para empezar la de los tiempo: la duración de las dos campañas fue diferente, la de 1933 fue de 40 días, la de 1936 de 47. Si hacemos la correlación, imprescindible, entre tiempo de campaña y víctimas mortales, y solo consideramos las que en efecto ellos consideran como indudablemente fruto de la violencia política, el coeficiente resultante es de hecho el mismo: el 0,675 en 1933 y el 0,680 en 1936. ¿Dónde está el salto sin parangón? En la morbosa imaginación de Álvarez Tardío y Villa. La cifra en la que si hay una diferencia sustancial es la de los heridos, pero si no se nos da el detalle de las circunstancias en las que se producen es imposible de interpretar, más allá del juicio de intención; quizás solo se pueda suponer que en 1936 los incidentes de grupo fueron más tumultuosos en 1936 que en 1933, pero eso no es en sí mismo un indicativo del nivel de violencia, sino del de movilización. Y en esto último podemos estar de acuerdo, en la campaña de 1936 hubo una mayor movilización; lo que no es malo, sino bueno desde una perspectiva democrática.
La imagen de la violencia política electoral – porque ese, electoral, es el título del capítulo – se completa con un cuadro de “Actos de violencia política”, a la manera del cuadro de la anticlerical ya citado, pero sin poder saber si hay o no desagregación de acciones de un solo incidente y que es a todas luces de una muy grosera confección. El total suma 487 “actos”, incluyendo en ellos 25 que corresponden a detenciones gubernamentales – lo cual sería muy discutible como “violencia política electoral”, o en todo caso tendría que discriminarse caso por caso – y en la que se mezclan razones políticas con razones sociales, que nada tendrían que ver, forzosamente, con la violencia electoral. Hay dos filas definidas inadecuadamente: la de “detenciones policiales con violencia (motivos socio-políticos) que suman 19 actos y “atentados políticos o socio-laborales”, 70; en ninguno de los dos casos se tenían que haber hecho semejante suma de motivos políticos, sociales y laborales en un cuadro que pretende establecer la violencia política y, además, la violencia política en campaña electoral. Esa incorporación de actos sociales o laborales ponen más que en entredicho que fueran violencia política electoral las acciones atribuidas a los anarquistas (4 muertos de una lista de 41; de los que los propios autores reconocen que 9 son por causas dudosas, que solo concretan en dos casos en los que no hay ninguna participación anarquista). ¿Tendríamos que restar también esas 4 víctimas del cómputo de la “violencia política electoral”? En la cuestiones de la violencia hay que ir con mucho más cuidado en la conceptualización y la interpretación.
Su cuadro, resumen gráfico de lo que plantean, es extravagante, incorrecto; con un resultado final desacreditado, porque se construye a partir de actos y no de episodios, porque que se mezclan en el la competencia partidaria electoral y la acción gubernamental y, sobre todo, por esa impresentable mezcla de motivos, por otra parte muy reveladora del pensamiento de los autores. El vuelco en lo conocido no resulta ni tan siquiera una ligera modificación. Pero aunque se esconda la mano que tiró la piedra, y se nos enseñe la otra – libre de pecado – la piedra ha sido tirada: la campaña que llevó al Frente Popular al poder estuvo precedida de una violencia sin parangón. Falso.
José Luis Martín Ramos (Barcelona 1948) es catedrático de Historia Contemporánea de la Universidad Autónoma de Barcelona, especializado en la historia del movimiento obrero.
http://www.rebelion.org/noticia.php?id=226004
https://www.rebelion.org/noticia.php?id=226271
P.D.: Un intento más de justificar lo injustificable, el levantamiento armado contra la legalidad republicana y los asesinatos de todos aquellos que siguieron fieles a la República, durante la contienda y los 40 años de cruel dictadura,
domingo, 7 de mayo de 2017
¡Cierto! Los portugueses se gastan el dinero en vino. Es el mayor consumidor de caldos del mundo con 54 litros por persona al año.
A falta de cifras sobre mujeres, las que acaba de publicar la Organización Internacional de la Viña y el Vino confirman la mitad de las palabras del famoso presidente del Eurogrupo: sí, los portugueses se gastan el dinero en vino, ¡Dios mío!. Los portugueses son los mayores consumidores del mundo con 54 litros por persona y año, más del doble que los compatriotas del presidente del Eurogrupo, el holandés Jeroen Dijsselbloem: 24,5 litros, solo uno menos que los españoles.
El consumo de vino en Portugal no tiene rival con ningún otro país, pues el segundo en el escalafón, Francia, es de casi tres litros menos por cabeza (51,8) y a distancia abismal de Italia, el tercero, con sus 41,5 litros por persona, y Suecia (41 litros). Curiosamente, como se ve, no hay una segmentación radical entre países del norte y del sur, ni del este al oeste, pues China fue el país que más aumentó su consumo el pasado año (6,9%) seguida de Italia y de Estados Unidos. Lejos de tópicos y prejuicios, el factor determinante es si un país tiene o no viñas en su territorio.
Pero puesto a brindar, parece que Holanda ha tenido más razones con el paso del tiempo, pues hace 20 años solo consumía 17 litros por persona y año frente a los actuales 24,5, mientras que el consumo entre portugueses y españoles ha menguado en este tiempo: 68 y 46 litros respectivamente, bastante menos que el consumo actual.
En los últimos años, ha aumentado la calidad de los vinos portugueses y también el rendimiento que saca a su exportación. Compite en calidad, ya que en cantidad no puede. Es el undécimo del mundo en producción, pero el noveno en la venta de caldos al exterior. El precio medio de venta es el doble que el de España, primer exportador, ya que éste país vende mucho a granel y, por tanto, a bajo precio.
Los Oporto, el vino de Madeira (con el que brindaron los padres de la patria norteamericana), el vino verde y los vinos del Duero son sus señas de identidad. En 2014, Wine Spectator eligió como mejor vino del mundo a un oporto, el Dow’s Vintage de 2011, salido de las viñas de la familia Symington.
También el tercero era portugués, pero del Douro, un Chryseia 2011. Con estas tentaciones así, quien no cae en vicios.
OIV:
http://www.oiv.int/es/actualidad-de-la-oiv/rueda-de-prensanbspcoyuntura-vitivinicola-mundial-evoluciones-y-tendencias
http://elpais.com/elpais/2017/04/25/opinion/1493127892_915512.html
El consumo de vino en Portugal no tiene rival con ningún otro país, pues el segundo en el escalafón, Francia, es de casi tres litros menos por cabeza (51,8) y a distancia abismal de Italia, el tercero, con sus 41,5 litros por persona, y Suecia (41 litros). Curiosamente, como se ve, no hay una segmentación radical entre países del norte y del sur, ni del este al oeste, pues China fue el país que más aumentó su consumo el pasado año (6,9%) seguida de Italia y de Estados Unidos. Lejos de tópicos y prejuicios, el factor determinante es si un país tiene o no viñas en su territorio.
Pero puesto a brindar, parece que Holanda ha tenido más razones con el paso del tiempo, pues hace 20 años solo consumía 17 litros por persona y año frente a los actuales 24,5, mientras que el consumo entre portugueses y españoles ha menguado en este tiempo: 68 y 46 litros respectivamente, bastante menos que el consumo actual.
En los últimos años, ha aumentado la calidad de los vinos portugueses y también el rendimiento que saca a su exportación. Compite en calidad, ya que en cantidad no puede. Es el undécimo del mundo en producción, pero el noveno en la venta de caldos al exterior. El precio medio de venta es el doble que el de España, primer exportador, ya que éste país vende mucho a granel y, por tanto, a bajo precio.
Los Oporto, el vino de Madeira (con el que brindaron los padres de la patria norteamericana), el vino verde y los vinos del Duero son sus señas de identidad. En 2014, Wine Spectator eligió como mejor vino del mundo a un oporto, el Dow’s Vintage de 2011, salido de las viñas de la familia Symington.
También el tercero era portugués, pero del Douro, un Chryseia 2011. Con estas tentaciones así, quien no cae en vicios.
OIV:
http://www.oiv.int/es/actualidad-de-la-oiv/rueda-de-prensanbspcoyuntura-vitivinicola-mundial-evoluciones-y-tendencias
http://elpais.com/elpais/2017/04/25/opinion/1493127892_915512.html
La debilidad del Estado Español ante la Iglesia católica
José Aguza Rincón
Un año más comienza la campaña de la declaración de hacienda en la que una gran parte de la ciudadanía deberá cumplir con la obligación de informar sobre sus bienes y patrimonios y digo una gran parte porque no toda cumple con tan importante deber. Amplios sectores relacionados con “el estado eclesial” se encuentran exentos de dicha obligación, aunque eso sí, para reclamar parte de lo que otros declaran y abonan, sí que lo hacen.
Como cada año, la Iglesia realiza sus campañas publicitarias pidiendo a los ciudadanos que marquen la casilla de la Iglesia para recibir de éstos a través del Estado un buen pellizco de sus impuestos. Sin embargo en los últimos años no tienen bastante con reclamar dicha casilla, sino que también solicitan marcar los dos apartados, el de la Iglesia y el de Fines Sociales… o sea recibir por todas partes. ¡Es inaudita la falta de moral y de ética de quienes predican la austeridad que se conviertan en individuos avariciosos y codiciosos, totalmente alejados de lo que su propia religión predica!.
Para empezar los católicos deberían escuchar las palabras de su propio pastor, el papa Francisco, cuando dice “El dinero corrompe, no hay escapatoria. Enferma el pensamiento y la fe y la hace andar por otros caminos. De ahí nacen las envidias y los conflictos que consideran la religión como una fuente de lucro”.
Por otra parte Mateo, el que fuera recaudador de impuestos, reconvertido en apóstol y evangelista (aunque existan fuentes que cuestionen esta última apreciación), ya lo decía en sus Evangelios VI.19 “No queráis amontonar tesoros para vosotros en la tierra…” y VI,24 “Ninguno puede servir a dos señores … No podéis servir a Dios y a las riquezas”.
La ignorancia es la madre de infinitos males y el pueblo español sigue siendo un pueblo ignorante y desconocedor de su historia, así como de los orígenes de algunos asuntos como el que nos incumbe. La sociedad actual vive una situación de parálisis intelectual permanente, aún a pesar de los modernos medios de comunicación con que cuenta.
En el siglo XVIII la Revolución Francesa terminaría con el poder de la monarquía y de la Iglesia, dando paso a una etapa de progreso, basándose en fundamentos como el pragmatismo, el empirismo y el racionalismo y de la que España poco ha aprendido.
El origen de estos “derechos” no corresponden a tiempos inmemoriales de la Iglesia, sino a épocas muy recientes y de acuerdos de la monarquía española con la curia, allá por el siglo XIX, concretamente a la década moderada (1844-1854) de la reina Isabel II, que a través de su ministro de Gobernación Pedro José Pidal, sería el responsable de firmar en 1851 el primer Concordato con la Santa Sede.
Con posterioridad a dicho acuerdo, los únicos Concordatos firmados correspondieron a gobiernos fascistas como el rubricado por Benito Mussolini, primer ministro del rey Víctor Manuel de Italia, en los Pactos de Letrán el 11 de febrero de 1929 con el cardenal Pietro Gasparri en nombre de Pío XI y más tarde el Reichskonkordat firmado el 20 de julio de 1933 por el de en aquel tiempo presidente alemán Paul von Hindenburg a través del vicecanciller Franz von Papen y el cardenal Eugenio Pacelli (más tarde llamado Papa Pío XII) en nombre del entonces Papa Pío XI.
Los artífices de regularizar las relaciones político-religiosas del Estado con la Iglesia, fueron inicialmente el propio Franz von Papen y el sacerdote católico político de derechas Ludwig Kaas, que previamente habían apoyado la Ley Habilitante que otorgaba plenos poderes al líder nazi Adolfo Hitler.
Y el último acuerdo recuperado en España en los años cincuenta y que sigue en vigor con las modificaciones de 1976 y 1979, vuelve a ser el Concordato entre el Estado Español y la Santa Sede, inicialmente firmado en época de la Dictadura de Franco en la Ciudad del Vaticano el 27 de agosto de 1953 por el entonces ministro de Asuntos Exteriores Alberto Martín Artajo y su sucesor el embajador de España en la Santa Sede Fernando María Castiella y Maíz con el Secretario de Estado representante de la Iglesia Domenico Tardini.
Franco en la indispensabilidad de reconocimiento de su régimen nacionalcatolicista, buscaba incesantemente apoyos de miembros de la iglesia para perpetuar sus fines y en esa necesidad se dirige al Papa Pío XI con un tono de humildad y sumisión que más bien parece una carta humillante y rastrera, recordándole el centenario del primer Concordato español con la Santa Sede y solicitándole “lo antes posible la celebración de un Concordato según la tradición católica de la nación española… Y asegurarán una pacífica y fecunda colaboración entre la Iglesia y el Estado en España … Seguro de su comprensión y benevolencia postrado ante su Santidad, besa humildemente su sandalia el más sumiso de vuestros hijos”.
Así surgió de nuevo en España este indignante acuerdo, que a pesar de haber sido ratificado por la Constitución de 1978, habría que cuestionarse seriamente dicha constitucionalidad, dado que amparado por dicha norma, nadie ha presentado recurso contra el fondo del mismo ante el Tribunal Constitucional u organismos superiores como el de la Haya.
El Concordato español de 1953 reconocía que el Estado español se comprometía a sufragar los gastos de la actividades de la Iglesia y otorgarle privilegios legales, políticos, económicos y fiscales, a cambio de la potestad de Franco (además de pasear en todos los actos religiosos bajo palio) para nombrar obispos y el apoyo de ésta a su autárquico régimen para facilitar su reconocimiento internacional.
Entre los privilegios recibidos por la Iglesia estaban las exenciones fiscales, subvenciones para el mantenimiento de su patrimonio, restauración y construcción de nuevos edificios, el derecho a fundar estaciones de radio y publicaciones de libros, prensa y revistas, censura de material cultural (libros, prensa, radio, cine, música, etc.), matrimonios canónigos obligatorios para todos los católicos, monopolio en la enseñanza de la religión en las instituciones educativas tanto públicas como privadas o la exención del servicio militar para el clero, lo que dejaba muy clara la confesionalidad católica del Estado.
Tras la muerte del Dictador, este acuerdo fue sustancialmente modificado por otro firmado en Ciudad del Vaticano el 28 de julio de 1976 por el entonces Ministro de Asuntos Exteriores, el propagandista católico Marcelino Oreja Aguirre y el Perfecto del Consejo para Asuntos de la Iglesia, el cardenal Giovanni Villot.
Con posterioridad se volvería a rectificar, firmando cuatro acuerdos entre España y la Santa Sede el 3 de enero de 1979, con total secretismo y alevosía cinco días después de la entrada en vigor de la Constitución del día 28 de diciembre de 1978 y publicándose en el BOE número 300 de 15 de diciembre de 1979 (páginas 28781-28784).
El acuerdo, como decía, negociado en secreto y paralelamente a la discusión de los textos de la Constitución y de la redacción del polémico artículo 16 que garantizaba la libertad religiosa y de culto, sería ratificado por el rey Juan Carlos, tras la firma de nuevo de Marcelino Oreja y del cardenal Villot.
Dichos acuerdos eran referentes a asuntos jurídicos, culturales y de enseñanza, asuntos económicos y de asistencia religiosa, además de multitud de disposiciones de difícil digestión democrática, como podrían ser las relacionadas con la conservación de patrimonio e inmatriculaciones, financiación de fondos públicos, actividades doctrinales y comerciales o régimen de exención de impuestos, lo que podríamos considerar como un paraíso fiscal legalizado.
El Estado con dicho acuerdo se sigue comprometiendo a colaborar con la Iglesia en la consecución de su adecuado sostenimiento económico a través de los presupuestos generales, asignándole un porcentaje del rendimiento de la imposición de renta que actualizará anualmente y que estará exenta de recortes independientemente de la situación de las arcas públicas, lo que no se respeta igualmente en el caso de servicios públicos como la enseñanza, la sanidad, las pensiones o la asistencia social.
Es más que criticable esta situación por parte de los distintos gobiernos democráticos y de grupos políticos, de los que no se salvan algunos que se dicen de izquierdas, que siguen participando como representantes públicos en actos religiosos o favoreciendo tanto privilegios eclesiásticos tanto económicos, así como de utilización y apropiación de espacios públicos, edificios, casas, plazas o locales, rayando el abuso y la legalidad.
No son pocos los grupos especialmente críticos, tanto de índole laicos, como cristianos que han reclamado a distintos gobiernos del PSOE o al actual Gobierno de Rajoy esta situación. Desde el teólogo Juan José Tamayo a colectivos como la Asociación de Teólogos Juan XXIII o Cristianos de Base han mostrado su rechazo a estos privilegios de la Iglesia católica en España.
En muchos casos se denuncia la supuesta aconfesionalidad del Estado, lo que supone el respeto al principio de separación entre éste y las diferentes confesiones, donde la escuela pública no debe impartir en su espacio ningún tipo de enseñanza confesional.
Opino que es tiempo de que la ciudadanía despierte de su aletargamiento místico y de esa apatía generalizada para que comience a reclamar lo que social y legalmente le corresponde.
José Aguza Rincón. Colectivo Prometeo. FCSM.
sábado, 6 de mayo de 2017
La desigualdad medida con otra “vara”: el índice de Palma.
El Estado como tal (Blog)
La última estimación oficial de la desigualdad en Cuba, hace veinte años, se hizo con el índice de Gini. Ahora existe un indicador nuevo: el índice de Palma. Para el diseño de políticas, hay expertos que opinan que el índice de Palma es superior al índice de Gini.
Hasta donde conozco, nunca ha sido calculado para el caso de Cuba. No sería muy difícil hacerlo pues se utiliza la misma base de datos que se emplea para calcular el índice de Gini. Sería como decir “te llevas dos por el precio de uno”. Su cálculo no es complicado, pero muy probablemente se enfrentaría a las mismas dificultades que ha encontrado la divulgación del índice de Gini en el país, respecto al cual no hemos noticia en las últimas dos décadas.
Considero que la utilización del índice de Palma tendría dos grandes ventajas a la hora de diseñar las políticas que pudieran encaminar a Cuba en una trayectoria de crecimiento inclusivo, es decir un alto crecimiento económico cuyos beneficios son distribuidos de manera equitativa.
En primer lugar, esta nueva “vara” para medir la desigualdad permitiría a los funcionarios cubanos hacerse una representación precisa no solamente de la desigualdad de la sociedad en su conjunto (algo que refleja el índice de Gini) sino, sobre todo, informar lo que ocurre con la desigualdad al interior de la sociedad.
En segundo lugar, el índice de Palma les facilitaría a los funcionarios disponer de evidencia concreta que permitiera pensar en acciones efectivas para movilizar, como inversión, un ingreso nacional que pudiera estar muy desigualmente distribuido y que, por tanto, requiere de medidas segmentadas y no generales.
El coeficiente de Palma se calcula a partir de la división de la parte del ingreso nacional bruto que va hacia el 10% de la población más rica del país entre la parte del ingreso nacional correspondiente al 40% de la población más pobre.
La metodología utilizada por Palma divide la población total en diez “deciles” (resultado de dividir una serie de datos en diez partes iguales). El “medio” se define por los “deciles” del 5 al 9 (D5 a D9), mientras que “los extremos” están formados por dos grupos: el “decil” más rico (D10) y el 40% más pobre de la población, que abarca los “deciles” del 1 al 4 (D1 a D4).
El propio Palma ha explicado con claridad en que consiste el índice que ha desarrollado:
“Encontré que cuando se compara la desigualdad entre países, nunca se debe a lo que sucede en el medio de la población, es decir, en lo que se lleva la mitad que se ubica en el medio y el medio alto, deciles 5 a 9 del ingreso“.
“Esa mitad se lleva algo muy cercano a la mitad del ingreso de una sociedad en casi todos los países, sean ricos o pobres, grandes o chicos, democracias o dictaduras, tengan o no recursos naturales, un buen nivel de educación o de gobernabilidad“, agrega.
“Es un fenómeno asombroso. Toda la gran diversidad distributiva en el mundo se debe a lo que pasa en la otra mitad de la torta. En específico, lo que se lleva el 10% más rico“.
Los resultados del estudio de Palma se ilustran el siguiente gráfico:
Gráfico tomado de: Palma, José Gabriel. “Homogeneous middles vs. heterogeneous tails, and the end of the ‘Inverted-U’: the share of the rich is what it’s all about”. Cambridge Working Papers in Economics (CWPE) 1111, January 2011. Pag 22. Disponible en http://www.econ.cam.ac.uk/dae/repec/cam/pdf/cwpe1111.pdf
No agrego nada más a las consideraciones técnicas sobre el índice de Palma. texto original publicado por Palma en 2011, los interesados en leer más sobre el tema pudieran revisar una versión revisada publicada en 2016, y otros textos aquí, aquí y aquí.
Me concentraré en la dimensión política de la utilización del índice de Palma. Para empezar, ese autor ha expresado que la medición de la relación entre el porcentaje del ingreso que se lleva el 10% más rico y lo que se lleva el 40% “nos habla de un fenómeno político fascinante. Mientras en todo el mundo la clase media tiene la misma capacidad para apropiarse de una mitad de la torta, el poder relativo de los ricos y pobres varía enormemente cuando llega al momento de distribuir la otra mitad“.
Palma cita el caso de su país: “En Chile, por ejemplo, el 10% más rico ha resistido con mucho éxito los intentos distributivos de los cinco gobiernos de centro-izquierda desde el retorno a la democracia…Por eso, la desigualdad apenas se ha reducido en un mínimo vergonzoso. La así llamada nueva izquierda de América Latina ha tenido mucho más éxito en bajar los niveles de pobreza que en mejorar la distribución del ingreso“.
Existe un interesante artículo publicado por BBC en el que Palma explica las diferencias que se observan en América Latina en los resultados de los dos índices (Gni y Palma).
Dice Palma que la medición de la desigualdad tiene claras consecuencias a nivel de políticas públicas, mencionando el caso de los primeros años del siglo XXI en América Latina, cuando el boom de las materias primas permitió avances en la lucha contra la pobreza, pero no en la lucha contra la desigualdad. “En realidad lo que se hizo mediante políticas públicas como el salario mínimo, la formalización del trabajo o la bolsa familia en Brasil, fue sacar a muchos que vivían debajo de la línea de la pobreza y colocarlos en un nivel de pobreza…Pero como ahora se hace evidente, cuando los pobres ganan más les es más difícil sostener sus logros en el tiempo. Para los ricos es diferente pues siempre pueden recuperar el terreno perdido… Esta asimetría ayuda a entender porque ha sido tan difícil mejorar la desigualdad en América Latina en forma sostenida”.
Citando el caso de Brasil, Palma considera que, en países de ingreso medio, especialmente medio alto, no es tan complicado sacar a la población de la pobreza. “Todo el plan Bolsa de familia en Brasil que sacó de la pobreza a muchas de las 13 millones de familias que beneficiaba costó 0,5% del PIB por año“.
“Cambiar la desigualdad es otra cosa. Ello necesariamente pasa por cambiar la estructura tributaria, como en la OCDE, por reducir la evasión y elusión de impuestos, aumento del salario y formalización del trabajo, transferencia a los pobres. Es muy fácil saber lo que hay que hacer, otra cosa es tener la voluntad para hacerlo“.
Anoto, de paso, que Palma ha sido muy crítico con las políticas económicas y sociales tanto de la izquierda tradicional como de la llamada “nueva izquierda” latinoamericana, de las que ha expresado que “representa cada día menos a los agobiados”. No estoy diciendo aquí que Palma tenga la razón o no. Lo que digo es que expresa argumentos interesantes.
Concluyo con una invitación a reflexionar sobre la implicación del posible uso del índice de Palma en el proceso de diseño de las políticas de la “actualización” en Cuba. Resultaría interesante poder comprobar si el patrón de distribución identificado por Palma es válido para Cuba. Es decir, si el 50% del ingreso nacional se distribuye en “el medio” y el otro 50% es disputado por “los extremos”. Obviamente eso requiere primero que se mida la desigualdad del país y ello no está ocurriendo.
Más interesante aun sería poder estudiar quiénes constituyen “los extremos” sociales en Cuba (el 10% más rico y el 40% más pobre), quiénes representan “el medio”, cuánto habría cambiado esa estructura social respecto a la época anterior a la crisis, así como tratar de comprender la manera en que pudieran manifestarse eventuales contradicciones distributivas en la política nacional.
El asunto es importante, para poder entender –entre otras cosas- dónde debería enfocarse la captación del ingreso nacional para convertirlo en inversión nacional, un tema urgente porque se estima que el país no podrá crecer entre 5 y 7 por ciento anual si no logra cubrirse la brecha inversión de aproximadamente 10 mil millones de pesos que hoy existe.
Fuente:
http://elestadocomotal.com/2017/04/26/la-desigualdad-medida-con-otra-vara-el-indice-de-palma/
_--Thomas Piketty y la deuda pública
_--Para Benoît Hamon, candidato del Partido Socialista en la elección presidencial de 2017, la deuda se debe ante todo negociar a escala europea, y allí «se decidirá la mutualización de una parte de las deudas soberanas con el fin de reducir el coste del crédito». Esto se haría con el fin, y se espera que así sea, de reducir la deuda. El candidato afirma también la necesidad de «romper con la lógica de la austeridad», renegociando, por ejemplo, el famoso límite del 3 % de déficit público.
El 27 de febrero de 2017, Benoît Hamon declaró en France Inter: «Será necesario valorar sobre lo que podamos o no podamos reembolsar. Hay una deuda respecto al planeta que no podemos reembolsar. Hay una deuda respecto a los banqueros que podemos renegociar.» |1|
Thomas Piketty, asesor sobre las cuestiones europeas para el candidato Hamon, dice que no hay que encarar solamente el caso francés, sino el conjunto de deudas de la zona euro. Comenzando por la de Grecia: «Lo más urgente es imponer una moratoria para la deuda griega, al menos hasta que el país encuentre su nivel de riqueza de 2007», explicó al diario Le Monde, el autor del libro El capital en el siglo XXI (Fondo de Cultura Económica, 2014).
En un artículo de opinión publicado en el diario Liberation, Thomas Piketty criticaba severamente al gobierno francés y al alemán, que practican políticas neoliberales y que contribuyen a imponer a países como Grecia y España medidas antisociales en nombre del pago de la deuda. Thomas Piketty escribe: «La palma de la amnesia se la lleva Alemania, con Francia como fiel segundón. En 1945, estos dos países tenían una deuda pública que superaba el 200 % de sus respectivos PIB. En 1950, esa deuda había bajado hasta menos del 30 % del PIB. ¿Qué había pasado? ¿Habrían aparecido de repente excedentes presupuestarios que permitieron pagar la deuda? Evidentemente no: fue por medio de la inflación y del repudio simple y llano que Alemania y Francia se liberaron de sus deudas en el siglo pasado. Si hubieran intentado conseguir, pacientemente, excedentes del 1 % o 2 % del PIB todavía estarían en aquella situación de endeudamiento, y les habría sido mucho más difícil a los gobiernos de la posguerra invertir en crecimiento. Sin embargo, son esos dos países los que aleccionan, desde 2010–2011, a los países del sur de Europa sobre el pago de sus deudas públicas, que deberán hacerlo hasta el último euro. Se trata de un egoísmo corto de vista, puesto que el nuevo tratado presupuestario adoptado en 2012, bajo la presión alemana y francesa, que organiza la austeridad en Europa (con una reducción excesivamente rápida del déficit y un sistema de sanciones automáticas totalmente inoperante) ha conducido a una recesión generalizada en la zona euro.» |2|
Es el momento para que el CADTM trate de nuevo el análisis de la deuda pública propuesto por Thomas Piketty en su libro El capital en el siglo XXI, |3| que se ha convertido durante el año 2014 en un best seller, traducido a varios idiomas. El CADTM se toma la libertad de retomar una parte de los argumentos desarrollados por Thomas Piketty, pero adopta un enfoque diferente con respecto a las soluciones aportadas. En primer lugar se presenta la posición resumida de Piketty, luego se desarrollan las soluciones propuestas por el CADTM. |4|
En su libro de casi 1.000 páginas en su versión original, Thomas Piketty dedica una decena de ellas, muy interesantes, a la cuestión de la deuda pública en el transcurso de los últimos dos siglos, centrando su análisis principalmente en Francia y Reino Unido. Tiene razón cuando afirma que el estudio del pasado en materia de deuda pública es útil para comprender y afrontar los retos de la actual crisis: «Este complejo problema del endeudamiento de los Estados y de la naturaleza de su patrimonio interesa tanto al mundo actual como al de 1800, y el estudio del pasado puede ilustrarnos sobre la muy acuciante realidad del mundo actual. A pesar de que la deuda pública está todavía lejos de alcanzar, en este comienzo del siglo XXI, el nivel astronómico que tenía a comienzos del siglo XIX, al menos en Reino Unido, llega en Francia y en numerosos países a estar muy cerca de esos récords históricos y suscita, indudablemente, aún más confusión en el mundo actual que en la época napoleónica.» |5|
Entre fines del siglo XVIII y comienzos del XIX, Francia y Reino Unido adoptaron políticas totalmente diferentes en cuestión de deuda pública. Mientras que en los años 1760-1770 la deuda pública alcanzaba cerca del 100 % de la renta nacional en ambos países, cuarenta o cincuenta años después, la situación había cambiado completamente: la deuda pública francesa se elevaba a sólo un 20 % de la renta nacional en 1815, mientras que la británica había explotado y representaba el 200 % de la renta nacional.
¿Cómo se había llegado a esa situación? En Francia, el peso del reembolso de la deuda pública y el rechazo del pueblo a ser el único pagador tuvieron un papel central en la explosión revolucionaria de 1789. Las medidas en curso durante la Revolución redujeron radicalmente el peso de la deuda pública. Piketty resume de la siguiente manera la concatenación de los hechos: «La incapacidad de la monarquía francesa para modernizar sus impuestos y poner fin a los privilegios fiscales de la nobleza es bien conocida, así como la solución revolucionaria final con la convocatoria en 1789 de los Estados Generales, que desembocó en la instauración de un nuevo régimen fiscal desde 1790-1791 — especialmente, mediante un impuesto a la propiedad que obligaba a contribuir a todos los propietarios de tierras y a los derechos de sucesión que afectaban al conjunto de patrimonios— y en la “quiebra de los dos tercios” en 1797 (que en realidad es un default aún más masivo si se tiene en cuenta el episodio de los asignados |6| y de la inflación que se produjo), lo que permite saldar las cuentas del Antiguo Régimen. Es así como la deuda pública francesa se encuentra reducida de golpe a niveles extremadamente bajos a comienzos del siglo XIX (menos del 20 % de la renta nacional en 1815).» |7|
La trayectoria británica es totalmente diferente. Con el fin de afrontar la guerra ante la declaración de independencia de las 13 colonias británicas en América del Norte, y «sobre todo las múltiples guerras con Francia durante el periodo revolucionario y napoleónico, la monarquía británica optó por endeudarse sin límites. La deuda pública pasó así de cerca del 100 % de la renta nacional a comienzos de los años 1770 a cerca del 200 % en 1810, o sea diez veces más que en Francia, en la misma época.» |8|
Piketty explica que el Reino Unido necesitó un siglo de rigor presupuestario con continuos superávit, para reducir progresivamente su endeudamiento a menos del 30 % de la renta nacional a comienzos de la década de 1910.
¿Qué lecciones podemos sacar de la experiencia británica? En principio, no hay ninguna duda, según Piketty, que la importante deuda pública reforzó el peso de los patrimonios privados en la sociedad británica. Los ricos locales prestaron al Estado sin hacerse rogar.
Thomas Piketty prosigue: «… este endeudamiento público tan fuerte, globalmente, sirvió bastante bien al interés de los prestamistas y de sus descendientes, al menos en comparación con una situación en que la monarquía británica habría financiado sus gastos haciéndoles pagar impuestos. Desde el punto de vista de los que tienen los medios, es evidentemente mucho más interesante prestar una determinada suma al Estado (y luego recibir los intereses durante décadas) que pagar los impuestos (sin contrapartidas).» |9| Y agrega que el recurso masivo del Estado al endeudamiento público permitió a los banqueros aumentar el tipo de interés, lo que benefició muchísimo a los ricos prestamistas: empresarios, rentistas, banqueros...Y eso era muy similar a la situación que caracteriza a la época actual.
Según Piketty, la diferencia esencial con el siglo XX (véase más adelante) es que la deuda se reembolsaba a precio de oro durante el siglo XIX: «...la inflación fue prácticamente nula desde 1815 hasta 1914, y el tipo de interés correspondiente a los títulos de renta del Estado era considerable (generalmente entre el 4 % y el 5 %) y en particular netamente superior a la tasa de crecimiento. En esas condiciones, la deuda pública podía ser un excelente negocio para los que poseían un patrimonio y para sus herederos.» |10| Piketty nos propone que imaginemos que: «...la deuda pública... acumulada sea igual al 100 % del PIB. Supongamos que el gobierno no busca pagar el principal sino que se contenta con satisfacer los intereses de cada año... Si el tipo de interés es del 5 %, necesitará cada año pagar el 5 % del PIB a los poseedores de esta deuda pública suplementaria, y así indefinidamente. Eso es lo que, aproximadamente, le pasó al Reino Unido en el siglo XIX.» |11|
Desplacémonos en el tiempo y en el espacio: en Grecia, en 2014, la deuda pública alcanza el 175 %. Si suponemos que el Estado paga la deuda a la Troika y a otros acreedores con un tipo de interés medio del 5 %, |12| y si también consideramos que el crecimiento es nulo |13| y la tasa de inflación también es nula, Grecia tendrá que pagar a sus acreedores hasta las calendas griegas el equivalente al 8 % de su PIB sin reducir el stock de la deuda ya que estaría pagando solamente los intereses. |14|
Volvamos al siglo XIX: el stock de la deuda pública francesa, muy limitado en 1815, aumenta rápidamente en las décadas posteriores y en particular durante las monarquías censatarias (1815-1848). Después de la derrota de Waterloo en 1815, el Estado francés se endeuda fuertemente para financiar las indemnizaciones que debía pagar a los ejércitos de ocupación. Lo hace nuevamente en 1825, para financiar los famosos «mil millones de los emigrados» |15| abonados a los aristócratas exiliados durante la Revolución, para recompensarles, principalmente, por la confiscación de una parte de sus tierras. En total, la deuda pública aumentó el equivalente a más del 30 % de la renta nacional. Bajo el Segundo Imperio, las deudas se pagaron hasta el último céntimo.
Piketty nos recuerda el opúsculo La lucha de clases en Francia (La Lutte des classes en France) redactado por Karl Marx en 1849-1850, en el que denuncia al nuevo ministro de finances de Luis-Napoleón Bonaparte, Achille Fould, digno representante de los banqueros y de las altas finanzas, que decidió aumentar los impuestos sobre las bebidas con el fin de poder pagar a los rentistas. Veinte años más tarde, debido a la derrota frente a Prusia en la guerra de 1870-1871, el Estado francés aumentaba aún más la deuda pública para pagar un tributo de guerra equivalente a cerca del 30 % de su renta nacional. Finalmente, la política favorable a los acreedores en materia de endeudamiento, que prosiguió durante el periodo 1880-1914 llevó la deuda pública a un nivel más elevado en Francia que en el Reino Unido: entre el 70 % y 80 % de la renta nacional contra menos del 50 % en la época anterior.
Piketty agrega: «La renta de un título del Estado era una inversión muy segura durante todo el siglo XIX y contribuyó a reforzar la importancia y la prosperidad de los patrimonios privados, de la misma manera que en el Reino Unido.» Su conclusión es que la política de endeudamiento público llevada a cabo en el siglo XIX en Francia y en Reino Unido «permite comprender por qué los socialistas del siglo XIX, comenzando por Karl Marx, tenían una gran desconfianza respecto de la deuda pública, ya que la percibían —con una cierta clarividencia— como un instrumento al servicio de la acumulación del capital privado.» |16| Y prosigue con toda razón al afirmar: «...una gran parte de la deuda pública (...) la posee, en la práctica, una minoría de la población a pesar de que la deuda conlleva también una redistribución importante en el interior del país (...). Considerando la fortísima concentración que siempre caracterizó la distribución de los patrimonios, (..., estudiar estas cuestiones ignorando las desigualdades entre los grupos sociales es lo mismo que silenciar una buena parte de lo que se estudia y de las realidades que están en juego.» |17| Piketty explica que en Francia se asistió a un cambio importante en el transcurso del siglo xx en materia de gestión de la deuda pública. Los poderes públicos aprovecharon la inflación y la utilizaron para reducir el valor real de la deuda:«La consecuencia para el Estado es que a pesar de una fuerte deuda pública inicial (cerca del 80 % de la renta nacional en 1913) y de los elevados déficits durante el periodo 1913-1950, en particular durante los años de la guerra, la deuda pública francesa se encontraba en 1950 a un nivel relativamente bajo (cerca del 30 % del ingreso nacional), al igual que en 1815. Los enormes déficits de la Liberación fueron prácticamente anulados de inmediato por una inflación superior al 50 % anual durante cuatro años consecutivos, de 1945 a 1948, con una atmósfera política de alta tensión. De alguna manera fue el equivalente a la bancarrota de los dos tercios de 1797: se saldan las cuentas del pasado con el fin de poder reconstruir el país con una baja deuda pública.» |18|
Sobre la base de esta experiencia, se desarrolló en la segunda mitad del siglo XX una visión bien diferente de la de Marx y los socialistas del siglo XIX, fundada en la convicción de que el endeudamiento público podía ser un instrumento al servicio de una política de gastos públicos y de redistribución social a favor de los más modestos.
«La diferencia entre estas dos visiones es bastante sencilla: en el siglo XIX, la deuda se pagaba a precio de oro, lo que beneficiaba a los prestamistas y favorecía el refuerzo de los patrimonios privados; en el siglo xx, la deuda fue ahogada por la inflación pagándose con una moneda devaluada y, de hecho, permitió financiar los déficits por los que habían prestado su patrimonio al Estado, sin tener que aumentar los impuestos en la misma proporción. Esta visión “progresista” de la deuda pública continúa impregnado considerablemente los espíritus en este comienzo del siglo XXI, aunque la inflación desde hace tiempo se redujo a niveles cercanos a los del siglo XIX y sus efectos distributivos son relativamente oscuros.» |19| Thomas Piketty tiene toda la razón al insistir sobre los peligros de una visión unilateralmente positiva de la deuda pública.
¿Cuáles son las propuestas?
Tratemos ahora las propuestas que hace Piketty. Desde el principio precisa:
«Entiéndaseme bien: no tengo ningún aprecio particular por la deuda pública de la que ya apunté varias veces que a menudo acaba favoreciendo redistribuciones en sentido contrario, desde los más modestos hacia aquellos que tienen los medios para prestar al Estado (y a los que sería preferible hacerles pagar los impuestos).» |20| No podemos dejar de estar de acuerdo con Piketty. Además agrega que el «capital nacional está extremadamente mal repartido, con una riqueza privada que se apoya sobre la pobreza pública, y que, especialmente, tiene como consecuencia que gastamos mucho más en intereses de la deuda que lo que invertimos, por ejemplo, en nuestra enseñanza superior. Por otro lado es una realidad bastante vieja: teniendo en cuenta el crecimiento relativamente lento que se sucede desde los años 1970-1980, estamos en un periodo histórico en el que la deuda le sale globalmente muy cara a las finanzas públicas. Y esta es la razón principal por la que es necesario reducir rápidamente esta deuda (…)». |21|
Para reducir la deuda pública, Thomas Piketty pensó en dos soluciones que posteriormente rechazó y nos propone una tercera. La primera solución era la de privatizar los activos públicos con el objetivo de reembolsar la deuda. La segunda solución consistía en anular la deuda. La tercera que propugna es la recaudación de un impuesto excepcional progresivo «de forma que los patrimonios más modestos no lo tendrían que pagar, y en cambio pedir más a los patrimonios más elevados». |22|
No nos extenderemos aquí sobre la primera solución ya que es evidente que es algo a combatir. Sabemos que fue puesta en práctica por los gobiernos actuales que prolongan la ola de privatizaciones comenzada en los años 1980-1990.
Con respecto a la segunda solución, la anulación de la deuda que Piketty rechaza, es porque, evidentemente, plantea mal el problema, ya que no piensa en los diferentes escenarios de anulación de la deuda. Sólo menciona explícitamente la fórmula aplicada a la deuda griega en marzo 2012 mediante una operación llamada de haircut, mientras existen otras propuestas.
Y tiene razón en rechazar el tipo de anulación parcial de la deuda concebida por la Troika (Comisión Europea, BCE y FMI) para Grecia. Esta anulación estuvo condicionada por medidas que constituyen violaciones de los derechos económicos, sociales, políticos y civiles del pueblo griego, y que hundieron todavía un poco más a Grecia en una espiral descendente. Se trataba de una operación que tenía por objetivo permitir que los bancos extranjeros (principalmente franceses y alemanes) se liberaran del problema con pérdidas limitadas, que los bancos griegos se recapitalizaran a costa del Tesoro Público y que la Troika reforzara en forma duradera su influencia en Grecia. La deuda pública griega representaba el 130 % del PIB en 2009, y después de la anulación parcial llegó al 157 % en 2012, pero en 2013 alcanzó un nuevo máximo: ¡el 175 % del PIB! La tasa de desempleo que era del 12,6 % en 2010 se elevó hasta el 27 % en 2013 (y al 50 % entre los menores de 25 años). Por lo tanto, Piketty tiene razón cuando rechaza ese tipo de haircut que sólo tiene por objetivo mantener con vida a la víctima para poder desangrarla mejor. Por el contrario, se equivoca cuando no considera seriamente una anulación o suspensión del pago de la deuda decidida por el país deudor, con sus condiciones y bajo control de su ciudadanía. Es lo que hicieron en contextos diferentes Ecuador, en 2008-2009, e Islandia a partir de 2008. Ecuador, basándose en una auditoría organizada por las autoridades del país y realizada con una participación ciudadana activa entre 2007 y 2008, suspendió unilateralmente el pago de una parte de su deuda, la que estaba en forma de títulos que tenían fecha de vencimiento en 2012 y 2030, cuyos principales tenedores eran bancos extranjeros. |23| El resultado fue positivo: Ecuador pudo recomprar el 91 % de los títulos mencionados a un 35 % de su valor. Y como consecuencia, habiéndose ahorrado ese dinero que correspondía al pago de la deuda, pudo aumentar en forma notable los gastos sociales, especialmente en los ámbitos de la educación y de la sanidad pública. (En el anexo 1 se ofrece una presentación más completa de la experiencia ecuatoriana). Sin embargo, en el caso de Ecuador, no debemos tomar como modelo la experiencia que se está desarrollando, y es indispensable conservar una mirada crítica sobre ella. No obstante, la experiencia ecuatoriana en auditoría y suspensión unilateral del reembolso de la deuda demuestra que es perfectamente posible para un país plantear un acto unilateral fundamentado con argumentos sólidos y, en consecuencia, tener la posibilidad de mejorar los gastos públicos en ámbitos como educación y sanidad.
Por su parte, Islandia rechazó en forma unilateral, a partir de 2008, asumir las deudas de los bancos privados que habían quebrado por su exposición en el exterior. Esto se hizo en un clima de fuertes movilizaciones ciudadanas que presionaron al gobierno islandés para que no cediera ante las exigencias de los acreedores extranjeros, en particular del Reino Unido y de los Países Bajos.
Y, ¿qué pasó luego en Islandia? Debido al desplome del sistema bancario en 2008, Islandia se negó a indemnizar a los ciudadanos de Países Bajos y Reino Unido que habían colocado fondos en las filiales de bancos islandeses, que acababan de quebrar, por un total de 3.900 millones de euros. Fueron las mismas autoridades británicas y neerlandesas las que indemnizaron a sus ciudadanos y exigieron el reembolso de esas indemnizaciones a Islandia. Bajo la presión popular (manifestaciones, ocupaciones de plazas, referéndum), las autoridades de Reykiavik rechazaron esa demanda. Y eso tuvo como consecuencia la inscripción de Islandia en la lista de organizaciones terroristas, la congelación de los haberes islandeses en Reino Unido y la presentación de una denuncia de Londres y La Haya contra Reykiavik ante el Tribunal de la Asociación Europea de Libre Comercio (AELC o EFTA por sus siglas en inglés). |24| Por otro lado, Islandia bloqueó totalmente la salida de capitales del país. Finalmente, ha salido del conflicto mucho mejor que otros países europeos que aceptaron las exigencias de los acreedores… Por supuesto, hay que evitar hacer de Islandia un modelo pero podemos sacar enseñanzas de su experiencia.
Los casos de Ecuador y de Islandia constituyen dos experiencias recientes que deben estudiarse seriamente ya que demuestran que al lado del haircut a la griega u otras formas de reestructuración, existen otras soluciones para la anulación de una deuda. |25|
Estos dos ejemplos muestran que desobedecer a los acreedores no es una catástrofe y de ninguna manera acarrea el desmoronamiento del país.
Pero volvamos a la posición defendida por Thomas Piketty. Éste está convencido de que una anulación no afectará significativamente a los acreedores más ricos ya que lograrán «reestructurar a tiempo su cartera» y por lo tanto «nada garantiza que aquellos que efectivamente contribuirán serán los que deban hacerlo». |26| Esta afirmación todavía no ha sido demostrada. Piketty no nos ofrece ninguna prueba basada en ejemplos concretos o en datos estadísticos. Sin embargo, la historia muestra que cuando un país da a entender que podría suspender el pago de su deuda o cuando suspende efectivamente ese pago, el precio de los títulos de la deuda se desploma y es muy difícil para los grandes tenedores de títulos librarse de ellos a buen precio. |27| Eso es lo que pasó en Ecuador entre 2007 y 2009, y todos los que siguen de cerca lo que pasa en los mercados de deuda saben que es prácticamente imposible deshacerse de un gran paquete de títulos sin afrontar pérdidas importantes en caso de suspensión o anulación unilateral de las deudas. Por otra parte, se puede imaginar muy bien que un país decrete la anulación o una suspensión unilateral del pago y tome medidas para indemnizar a los pequeños inversores y proteger el ahorro de los más modestos. Es posible obligar a contribuir a los que deben hacerlo y proteger a los que lo merecen.
Tratemos ahora la propuesta que hace Piketty para reducir el peso de la deuda. Después de haber pensado sobre la posibilidad de «… un impuesto proporcional del 15 % sobre todos los patrimonios privados…», |28| rechaza esa propuesta porque «no tendría mucho sentido aplicar un impuesto proporcional |29| sobre todos los patrimonios privados europeos.» |30| Piketty sostiene que «vale más aplicar un baremo progresivo, de manera que los patrimonios más modestos no paguen y que los patrimonio más ricos paguen más». |31|
Seguir aquí...
http://www.cadtm.org/Thomas-Piketty-y-la-deuda-publica
El 27 de febrero de 2017, Benoît Hamon declaró en France Inter: «Será necesario valorar sobre lo que podamos o no podamos reembolsar. Hay una deuda respecto al planeta que no podemos reembolsar. Hay una deuda respecto a los banqueros que podemos renegociar.» |1|
Thomas Piketty, asesor sobre las cuestiones europeas para el candidato Hamon, dice que no hay que encarar solamente el caso francés, sino el conjunto de deudas de la zona euro. Comenzando por la de Grecia: «Lo más urgente es imponer una moratoria para la deuda griega, al menos hasta que el país encuentre su nivel de riqueza de 2007», explicó al diario Le Monde, el autor del libro El capital en el siglo XXI (Fondo de Cultura Económica, 2014).
En un artículo de opinión publicado en el diario Liberation, Thomas Piketty criticaba severamente al gobierno francés y al alemán, que practican políticas neoliberales y que contribuyen a imponer a países como Grecia y España medidas antisociales en nombre del pago de la deuda. Thomas Piketty escribe: «La palma de la amnesia se la lleva Alemania, con Francia como fiel segundón. En 1945, estos dos países tenían una deuda pública que superaba el 200 % de sus respectivos PIB. En 1950, esa deuda había bajado hasta menos del 30 % del PIB. ¿Qué había pasado? ¿Habrían aparecido de repente excedentes presupuestarios que permitieron pagar la deuda? Evidentemente no: fue por medio de la inflación y del repudio simple y llano que Alemania y Francia se liberaron de sus deudas en el siglo pasado. Si hubieran intentado conseguir, pacientemente, excedentes del 1 % o 2 % del PIB todavía estarían en aquella situación de endeudamiento, y les habría sido mucho más difícil a los gobiernos de la posguerra invertir en crecimiento. Sin embargo, son esos dos países los que aleccionan, desde 2010–2011, a los países del sur de Europa sobre el pago de sus deudas públicas, que deberán hacerlo hasta el último euro. Se trata de un egoísmo corto de vista, puesto que el nuevo tratado presupuestario adoptado en 2012, bajo la presión alemana y francesa, que organiza la austeridad en Europa (con una reducción excesivamente rápida del déficit y un sistema de sanciones automáticas totalmente inoperante) ha conducido a una recesión generalizada en la zona euro.» |2|
Es el momento para que el CADTM trate de nuevo el análisis de la deuda pública propuesto por Thomas Piketty en su libro El capital en el siglo XXI, |3| que se ha convertido durante el año 2014 en un best seller, traducido a varios idiomas. El CADTM se toma la libertad de retomar una parte de los argumentos desarrollados por Thomas Piketty, pero adopta un enfoque diferente con respecto a las soluciones aportadas. En primer lugar se presenta la posición resumida de Piketty, luego se desarrollan las soluciones propuestas por el CADTM. |4|
En su libro de casi 1.000 páginas en su versión original, Thomas Piketty dedica una decena de ellas, muy interesantes, a la cuestión de la deuda pública en el transcurso de los últimos dos siglos, centrando su análisis principalmente en Francia y Reino Unido. Tiene razón cuando afirma que el estudio del pasado en materia de deuda pública es útil para comprender y afrontar los retos de la actual crisis: «Este complejo problema del endeudamiento de los Estados y de la naturaleza de su patrimonio interesa tanto al mundo actual como al de 1800, y el estudio del pasado puede ilustrarnos sobre la muy acuciante realidad del mundo actual. A pesar de que la deuda pública está todavía lejos de alcanzar, en este comienzo del siglo XXI, el nivel astronómico que tenía a comienzos del siglo XIX, al menos en Reino Unido, llega en Francia y en numerosos países a estar muy cerca de esos récords históricos y suscita, indudablemente, aún más confusión en el mundo actual que en la época napoleónica.» |5|
Entre fines del siglo XVIII y comienzos del XIX, Francia y Reino Unido adoptaron políticas totalmente diferentes en cuestión de deuda pública. Mientras que en los años 1760-1770 la deuda pública alcanzaba cerca del 100 % de la renta nacional en ambos países, cuarenta o cincuenta años después, la situación había cambiado completamente: la deuda pública francesa se elevaba a sólo un 20 % de la renta nacional en 1815, mientras que la británica había explotado y representaba el 200 % de la renta nacional.
¿Cómo se había llegado a esa situación? En Francia, el peso del reembolso de la deuda pública y el rechazo del pueblo a ser el único pagador tuvieron un papel central en la explosión revolucionaria de 1789. Las medidas en curso durante la Revolución redujeron radicalmente el peso de la deuda pública. Piketty resume de la siguiente manera la concatenación de los hechos: «La incapacidad de la monarquía francesa para modernizar sus impuestos y poner fin a los privilegios fiscales de la nobleza es bien conocida, así como la solución revolucionaria final con la convocatoria en 1789 de los Estados Generales, que desembocó en la instauración de un nuevo régimen fiscal desde 1790-1791 — especialmente, mediante un impuesto a la propiedad que obligaba a contribuir a todos los propietarios de tierras y a los derechos de sucesión que afectaban al conjunto de patrimonios— y en la “quiebra de los dos tercios” en 1797 (que en realidad es un default aún más masivo si se tiene en cuenta el episodio de los asignados |6| y de la inflación que se produjo), lo que permite saldar las cuentas del Antiguo Régimen. Es así como la deuda pública francesa se encuentra reducida de golpe a niveles extremadamente bajos a comienzos del siglo XIX (menos del 20 % de la renta nacional en 1815).» |7|
La trayectoria británica es totalmente diferente. Con el fin de afrontar la guerra ante la declaración de independencia de las 13 colonias británicas en América del Norte, y «sobre todo las múltiples guerras con Francia durante el periodo revolucionario y napoleónico, la monarquía británica optó por endeudarse sin límites. La deuda pública pasó así de cerca del 100 % de la renta nacional a comienzos de los años 1770 a cerca del 200 % en 1810, o sea diez veces más que en Francia, en la misma época.» |8|
Piketty explica que el Reino Unido necesitó un siglo de rigor presupuestario con continuos superávit, para reducir progresivamente su endeudamiento a menos del 30 % de la renta nacional a comienzos de la década de 1910.
¿Qué lecciones podemos sacar de la experiencia británica? En principio, no hay ninguna duda, según Piketty, que la importante deuda pública reforzó el peso de los patrimonios privados en la sociedad británica. Los ricos locales prestaron al Estado sin hacerse rogar.
Thomas Piketty prosigue: «… este endeudamiento público tan fuerte, globalmente, sirvió bastante bien al interés de los prestamistas y de sus descendientes, al menos en comparación con una situación en que la monarquía británica habría financiado sus gastos haciéndoles pagar impuestos. Desde el punto de vista de los que tienen los medios, es evidentemente mucho más interesante prestar una determinada suma al Estado (y luego recibir los intereses durante décadas) que pagar los impuestos (sin contrapartidas).» |9| Y agrega que el recurso masivo del Estado al endeudamiento público permitió a los banqueros aumentar el tipo de interés, lo que benefició muchísimo a los ricos prestamistas: empresarios, rentistas, banqueros...Y eso era muy similar a la situación que caracteriza a la época actual.
Según Piketty, la diferencia esencial con el siglo XX (véase más adelante) es que la deuda se reembolsaba a precio de oro durante el siglo XIX: «...la inflación fue prácticamente nula desde 1815 hasta 1914, y el tipo de interés correspondiente a los títulos de renta del Estado era considerable (generalmente entre el 4 % y el 5 %) y en particular netamente superior a la tasa de crecimiento. En esas condiciones, la deuda pública podía ser un excelente negocio para los que poseían un patrimonio y para sus herederos.» |10| Piketty nos propone que imaginemos que: «...la deuda pública... acumulada sea igual al 100 % del PIB. Supongamos que el gobierno no busca pagar el principal sino que se contenta con satisfacer los intereses de cada año... Si el tipo de interés es del 5 %, necesitará cada año pagar el 5 % del PIB a los poseedores de esta deuda pública suplementaria, y así indefinidamente. Eso es lo que, aproximadamente, le pasó al Reino Unido en el siglo XIX.» |11|
Desplacémonos en el tiempo y en el espacio: en Grecia, en 2014, la deuda pública alcanza el 175 %. Si suponemos que el Estado paga la deuda a la Troika y a otros acreedores con un tipo de interés medio del 5 %, |12| y si también consideramos que el crecimiento es nulo |13| y la tasa de inflación también es nula, Grecia tendrá que pagar a sus acreedores hasta las calendas griegas el equivalente al 8 % de su PIB sin reducir el stock de la deuda ya que estaría pagando solamente los intereses. |14|
Volvamos al siglo XIX: el stock de la deuda pública francesa, muy limitado en 1815, aumenta rápidamente en las décadas posteriores y en particular durante las monarquías censatarias (1815-1848). Después de la derrota de Waterloo en 1815, el Estado francés se endeuda fuertemente para financiar las indemnizaciones que debía pagar a los ejércitos de ocupación. Lo hace nuevamente en 1825, para financiar los famosos «mil millones de los emigrados» |15| abonados a los aristócratas exiliados durante la Revolución, para recompensarles, principalmente, por la confiscación de una parte de sus tierras. En total, la deuda pública aumentó el equivalente a más del 30 % de la renta nacional. Bajo el Segundo Imperio, las deudas se pagaron hasta el último céntimo.
Piketty nos recuerda el opúsculo La lucha de clases en Francia (La Lutte des classes en France) redactado por Karl Marx en 1849-1850, en el que denuncia al nuevo ministro de finances de Luis-Napoleón Bonaparte, Achille Fould, digno representante de los banqueros y de las altas finanzas, que decidió aumentar los impuestos sobre las bebidas con el fin de poder pagar a los rentistas. Veinte años más tarde, debido a la derrota frente a Prusia en la guerra de 1870-1871, el Estado francés aumentaba aún más la deuda pública para pagar un tributo de guerra equivalente a cerca del 30 % de su renta nacional. Finalmente, la política favorable a los acreedores en materia de endeudamiento, que prosiguió durante el periodo 1880-1914 llevó la deuda pública a un nivel más elevado en Francia que en el Reino Unido: entre el 70 % y 80 % de la renta nacional contra menos del 50 % en la época anterior.
Piketty agrega: «La renta de un título del Estado era una inversión muy segura durante todo el siglo XIX y contribuyó a reforzar la importancia y la prosperidad de los patrimonios privados, de la misma manera que en el Reino Unido.» Su conclusión es que la política de endeudamiento público llevada a cabo en el siglo XIX en Francia y en Reino Unido «permite comprender por qué los socialistas del siglo XIX, comenzando por Karl Marx, tenían una gran desconfianza respecto de la deuda pública, ya que la percibían —con una cierta clarividencia— como un instrumento al servicio de la acumulación del capital privado.» |16| Y prosigue con toda razón al afirmar: «...una gran parte de la deuda pública (...) la posee, en la práctica, una minoría de la población a pesar de que la deuda conlleva también una redistribución importante en el interior del país (...). Considerando la fortísima concentración que siempre caracterizó la distribución de los patrimonios, (..., estudiar estas cuestiones ignorando las desigualdades entre los grupos sociales es lo mismo que silenciar una buena parte de lo que se estudia y de las realidades que están en juego.» |17| Piketty explica que en Francia se asistió a un cambio importante en el transcurso del siglo xx en materia de gestión de la deuda pública. Los poderes públicos aprovecharon la inflación y la utilizaron para reducir el valor real de la deuda:«La consecuencia para el Estado es que a pesar de una fuerte deuda pública inicial (cerca del 80 % de la renta nacional en 1913) y de los elevados déficits durante el periodo 1913-1950, en particular durante los años de la guerra, la deuda pública francesa se encontraba en 1950 a un nivel relativamente bajo (cerca del 30 % del ingreso nacional), al igual que en 1815. Los enormes déficits de la Liberación fueron prácticamente anulados de inmediato por una inflación superior al 50 % anual durante cuatro años consecutivos, de 1945 a 1948, con una atmósfera política de alta tensión. De alguna manera fue el equivalente a la bancarrota de los dos tercios de 1797: se saldan las cuentas del pasado con el fin de poder reconstruir el país con una baja deuda pública.» |18|
Sobre la base de esta experiencia, se desarrolló en la segunda mitad del siglo XX una visión bien diferente de la de Marx y los socialistas del siglo XIX, fundada en la convicción de que el endeudamiento público podía ser un instrumento al servicio de una política de gastos públicos y de redistribución social a favor de los más modestos.
«La diferencia entre estas dos visiones es bastante sencilla: en el siglo XIX, la deuda se pagaba a precio de oro, lo que beneficiaba a los prestamistas y favorecía el refuerzo de los patrimonios privados; en el siglo xx, la deuda fue ahogada por la inflación pagándose con una moneda devaluada y, de hecho, permitió financiar los déficits por los que habían prestado su patrimonio al Estado, sin tener que aumentar los impuestos en la misma proporción. Esta visión “progresista” de la deuda pública continúa impregnado considerablemente los espíritus en este comienzo del siglo XXI, aunque la inflación desde hace tiempo se redujo a niveles cercanos a los del siglo XIX y sus efectos distributivos son relativamente oscuros.» |19| Thomas Piketty tiene toda la razón al insistir sobre los peligros de una visión unilateralmente positiva de la deuda pública.
¿Cuáles son las propuestas?
Tratemos ahora las propuestas que hace Piketty. Desde el principio precisa:
«Entiéndaseme bien: no tengo ningún aprecio particular por la deuda pública de la que ya apunté varias veces que a menudo acaba favoreciendo redistribuciones en sentido contrario, desde los más modestos hacia aquellos que tienen los medios para prestar al Estado (y a los que sería preferible hacerles pagar los impuestos).» |20| No podemos dejar de estar de acuerdo con Piketty. Además agrega que el «capital nacional está extremadamente mal repartido, con una riqueza privada que se apoya sobre la pobreza pública, y que, especialmente, tiene como consecuencia que gastamos mucho más en intereses de la deuda que lo que invertimos, por ejemplo, en nuestra enseñanza superior. Por otro lado es una realidad bastante vieja: teniendo en cuenta el crecimiento relativamente lento que se sucede desde los años 1970-1980, estamos en un periodo histórico en el que la deuda le sale globalmente muy cara a las finanzas públicas. Y esta es la razón principal por la que es necesario reducir rápidamente esta deuda (…)». |21|
Para reducir la deuda pública, Thomas Piketty pensó en dos soluciones que posteriormente rechazó y nos propone una tercera. La primera solución era la de privatizar los activos públicos con el objetivo de reembolsar la deuda. La segunda solución consistía en anular la deuda. La tercera que propugna es la recaudación de un impuesto excepcional progresivo «de forma que los patrimonios más modestos no lo tendrían que pagar, y en cambio pedir más a los patrimonios más elevados». |22|
No nos extenderemos aquí sobre la primera solución ya que es evidente que es algo a combatir. Sabemos que fue puesta en práctica por los gobiernos actuales que prolongan la ola de privatizaciones comenzada en los años 1980-1990.
Con respecto a la segunda solución, la anulación de la deuda que Piketty rechaza, es porque, evidentemente, plantea mal el problema, ya que no piensa en los diferentes escenarios de anulación de la deuda. Sólo menciona explícitamente la fórmula aplicada a la deuda griega en marzo 2012 mediante una operación llamada de haircut, mientras existen otras propuestas.
Y tiene razón en rechazar el tipo de anulación parcial de la deuda concebida por la Troika (Comisión Europea, BCE y FMI) para Grecia. Esta anulación estuvo condicionada por medidas que constituyen violaciones de los derechos económicos, sociales, políticos y civiles del pueblo griego, y que hundieron todavía un poco más a Grecia en una espiral descendente. Se trataba de una operación que tenía por objetivo permitir que los bancos extranjeros (principalmente franceses y alemanes) se liberaran del problema con pérdidas limitadas, que los bancos griegos se recapitalizaran a costa del Tesoro Público y que la Troika reforzara en forma duradera su influencia en Grecia. La deuda pública griega representaba el 130 % del PIB en 2009, y después de la anulación parcial llegó al 157 % en 2012, pero en 2013 alcanzó un nuevo máximo: ¡el 175 % del PIB! La tasa de desempleo que era del 12,6 % en 2010 se elevó hasta el 27 % en 2013 (y al 50 % entre los menores de 25 años). Por lo tanto, Piketty tiene razón cuando rechaza ese tipo de haircut que sólo tiene por objetivo mantener con vida a la víctima para poder desangrarla mejor. Por el contrario, se equivoca cuando no considera seriamente una anulación o suspensión del pago de la deuda decidida por el país deudor, con sus condiciones y bajo control de su ciudadanía. Es lo que hicieron en contextos diferentes Ecuador, en 2008-2009, e Islandia a partir de 2008. Ecuador, basándose en una auditoría organizada por las autoridades del país y realizada con una participación ciudadana activa entre 2007 y 2008, suspendió unilateralmente el pago de una parte de su deuda, la que estaba en forma de títulos que tenían fecha de vencimiento en 2012 y 2030, cuyos principales tenedores eran bancos extranjeros. |23| El resultado fue positivo: Ecuador pudo recomprar el 91 % de los títulos mencionados a un 35 % de su valor. Y como consecuencia, habiéndose ahorrado ese dinero que correspondía al pago de la deuda, pudo aumentar en forma notable los gastos sociales, especialmente en los ámbitos de la educación y de la sanidad pública. (En el anexo 1 se ofrece una presentación más completa de la experiencia ecuatoriana). Sin embargo, en el caso de Ecuador, no debemos tomar como modelo la experiencia que se está desarrollando, y es indispensable conservar una mirada crítica sobre ella. No obstante, la experiencia ecuatoriana en auditoría y suspensión unilateral del reembolso de la deuda demuestra que es perfectamente posible para un país plantear un acto unilateral fundamentado con argumentos sólidos y, en consecuencia, tener la posibilidad de mejorar los gastos públicos en ámbitos como educación y sanidad.
Por su parte, Islandia rechazó en forma unilateral, a partir de 2008, asumir las deudas de los bancos privados que habían quebrado por su exposición en el exterior. Esto se hizo en un clima de fuertes movilizaciones ciudadanas que presionaron al gobierno islandés para que no cediera ante las exigencias de los acreedores extranjeros, en particular del Reino Unido y de los Países Bajos.
Y, ¿qué pasó luego en Islandia? Debido al desplome del sistema bancario en 2008, Islandia se negó a indemnizar a los ciudadanos de Países Bajos y Reino Unido que habían colocado fondos en las filiales de bancos islandeses, que acababan de quebrar, por un total de 3.900 millones de euros. Fueron las mismas autoridades británicas y neerlandesas las que indemnizaron a sus ciudadanos y exigieron el reembolso de esas indemnizaciones a Islandia. Bajo la presión popular (manifestaciones, ocupaciones de plazas, referéndum), las autoridades de Reykiavik rechazaron esa demanda. Y eso tuvo como consecuencia la inscripción de Islandia en la lista de organizaciones terroristas, la congelación de los haberes islandeses en Reino Unido y la presentación de una denuncia de Londres y La Haya contra Reykiavik ante el Tribunal de la Asociación Europea de Libre Comercio (AELC o EFTA por sus siglas en inglés). |24| Por otro lado, Islandia bloqueó totalmente la salida de capitales del país. Finalmente, ha salido del conflicto mucho mejor que otros países europeos que aceptaron las exigencias de los acreedores… Por supuesto, hay que evitar hacer de Islandia un modelo pero podemos sacar enseñanzas de su experiencia.
Los casos de Ecuador y de Islandia constituyen dos experiencias recientes que deben estudiarse seriamente ya que demuestran que al lado del haircut a la griega u otras formas de reestructuración, existen otras soluciones para la anulación de una deuda. |25|
Estos dos ejemplos muestran que desobedecer a los acreedores no es una catástrofe y de ninguna manera acarrea el desmoronamiento del país.
Pero volvamos a la posición defendida por Thomas Piketty. Éste está convencido de que una anulación no afectará significativamente a los acreedores más ricos ya que lograrán «reestructurar a tiempo su cartera» y por lo tanto «nada garantiza que aquellos que efectivamente contribuirán serán los que deban hacerlo». |26| Esta afirmación todavía no ha sido demostrada. Piketty no nos ofrece ninguna prueba basada en ejemplos concretos o en datos estadísticos. Sin embargo, la historia muestra que cuando un país da a entender que podría suspender el pago de su deuda o cuando suspende efectivamente ese pago, el precio de los títulos de la deuda se desploma y es muy difícil para los grandes tenedores de títulos librarse de ellos a buen precio. |27| Eso es lo que pasó en Ecuador entre 2007 y 2009, y todos los que siguen de cerca lo que pasa en los mercados de deuda saben que es prácticamente imposible deshacerse de un gran paquete de títulos sin afrontar pérdidas importantes en caso de suspensión o anulación unilateral de las deudas. Por otra parte, se puede imaginar muy bien que un país decrete la anulación o una suspensión unilateral del pago y tome medidas para indemnizar a los pequeños inversores y proteger el ahorro de los más modestos. Es posible obligar a contribuir a los que deben hacerlo y proteger a los que lo merecen.
Tratemos ahora la propuesta que hace Piketty para reducir el peso de la deuda. Después de haber pensado sobre la posibilidad de «… un impuesto proporcional del 15 % sobre todos los patrimonios privados…», |28| rechaza esa propuesta porque «no tendría mucho sentido aplicar un impuesto proporcional |29| sobre todos los patrimonios privados europeos.» |30| Piketty sostiene que «vale más aplicar un baremo progresivo, de manera que los patrimonios más modestos no paguen y que los patrimonio más ricos paguen más». |31|
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http://www.cadtm.org/Thomas-Piketty-y-la-deuda-publica
viernes, 5 de mayo de 2017
Buenos Aires. Desde aquí no escucho el crujido que anuncia que tantas cosas se están viniendo abajo.
Me ha recibido un otoño espléndido. Días radiantes, luminosos, y una temperatura amable, casi cómplice. En La Rural, la Feria del Libro es una fiesta de encuentros con amigos y lectores. He venido a trabajar y sin embargo tengo la sensación de estar de vacaciones, porque los días se alargan, las citas se multiplican y el cansancio no aparece.
No existe cambio de planes capaz de arruinar mi humor, ni siquiera el horario me está afectando. Desde que llegué duermo de un tirón y me lo explico recordando que esta ciudad y yo somos viejos amantes. El flechazo que me deslumbró cuando la conocí ha madurado conmigo, la despiadada seducción de la primera vez ha desembocado en un amor maduro, tranquilo, pero no por eso menos placentero.
Como vi hace muchos años todo lo que hay que ver, paseo por sus calles sin la urgencia del turista, me dejo llevar por su voluntad y disfruto de cada rincón sin hacerme preguntas. Qué bien, pienso solamente, qué gusto, y de repente, me acuerdo de mi teléfono móvil porque hace muchas horas que no lo veo. Se habrá descargado, pronostico, pero no, cuando lo saco del bolso le queda mucha batería.
Y entonces lo entiendo, comprendo mi bienestar, esta inesperada alegría. Porque desde que llegué no he sabido nada de la Operación Lezo, de la familia Pujol, de la Púnica, de la Gürtel, del fiscal Anticorrupción, de la Audiencia Nacional, de la cárcel de Soto del Real. La pestilencia de España no es lo suficientemente poderosa como para cruzar el océano, desde aquí no escucho el crujido que anuncia que tantas cosas se están viniendo abajo. Por eso respiro tan bien, por eso camino con los pies ligeros. Pronto volveré a casa, pero en estos días horribles, Buenos Aires me ha dado un nuevo motivo para amarla. No lo olvidaré.
Almudena Grandes.
http://elpais.com/elpais/2017/04/29/opinion/1493484389_668406.html
No existe cambio de planes capaz de arruinar mi humor, ni siquiera el horario me está afectando. Desde que llegué duermo de un tirón y me lo explico recordando que esta ciudad y yo somos viejos amantes. El flechazo que me deslumbró cuando la conocí ha madurado conmigo, la despiadada seducción de la primera vez ha desembocado en un amor maduro, tranquilo, pero no por eso menos placentero.
Como vi hace muchos años todo lo que hay que ver, paseo por sus calles sin la urgencia del turista, me dejo llevar por su voluntad y disfruto de cada rincón sin hacerme preguntas. Qué bien, pienso solamente, qué gusto, y de repente, me acuerdo de mi teléfono móvil porque hace muchas horas que no lo veo. Se habrá descargado, pronostico, pero no, cuando lo saco del bolso le queda mucha batería.
Y entonces lo entiendo, comprendo mi bienestar, esta inesperada alegría. Porque desde que llegué no he sabido nada de la Operación Lezo, de la familia Pujol, de la Púnica, de la Gürtel, del fiscal Anticorrupción, de la Audiencia Nacional, de la cárcel de Soto del Real. La pestilencia de España no es lo suficientemente poderosa como para cruzar el océano, desde aquí no escucho el crujido que anuncia que tantas cosas se están viniendo abajo. Por eso respiro tan bien, por eso camino con los pies ligeros. Pronto volveré a casa, pero en estos días horribles, Buenos Aires me ha dado un nuevo motivo para amarla. No lo olvidaré.
Almudena Grandes.
http://elpais.com/elpais/2017/04/29/opinion/1493484389_668406.html
FRANÇOISE BARRÉ-SINOUSSI | VIRÓLOGA. “A Rajoy le diría que será responsable de muertes si no dona al Fondo Mundial contra el Sida”. La descubridora del VIH y premio Nobel de Medicina critica la pasividad del Gobierno español.
Los hombres han ganado el 97% de los premios Nobel de ciencia desde 1901. La viróloga francesa Françoise Barré-Sinoussi es una de las pocas mujeres que ha logrado meter la cabeza en ese mundo reservado a los varones durante más de un siglo. En 1983, cuando el sida era una enfermedad de origen desconocido, la investigadora y su colega Luc Montagnier desenmascararon al culpable que supuestamente se cebaba con homosexuales, heroinómanos, hemofílicos y haitianos: un nuevo virus, bautizado como VIH. En 2008, ambos científicos fueron recompensados con el premio Nobel de Medicina. Hoy, a sus 70 años, la parisina Barré-Sinoussi sigue investigando el virus con el que hoy viven unos 37 millones de personas en todo el mundo. La semana pasada, pasó por Madrid para dar una conferencia sobre la carrera para conseguir una cura, en una jornada organizada por el Instituto de Salud Carlos III. Más de 40 millones de personas han fallecido a causa de enfermedades relacionadas con el VIH desde aquel 1983, pero los actuales tratamientos antirretrovirales permiten que millones de pacientes lleven hoy una vida normal.
Pregunta. España no dona ni un euro al Fondo Mundial contra el Sida desde hace seis años.
Respuesta. Es inadmisible.
P. ¿Qué le diría usted al presidente Mariano Rajoy?
R. Le diría lo mismo que le dije a mi presidente en Francia, François Hollande. Su Gobierno anunció que probablemente reduciría la dotación de Francia al Fondo Mundial. Pedí inmediatamente una cita con él, fui a su despacho y le dije: "Usted no puede hacer esto. Usted no tiene derecho. Si disminuye la dotación al Fondo Mundial, usted tendrá muertos sobre la conciencia. Usted será responsable de la muerte de personas. Es necesario que usted sea perfectamente consciente de ello".
P. Se lo dijo a la cara.
R. Sí. Y no disminuyó la dotación.
P. Entonces debería visitar también a Rajoy.
R. No sé si con el próximo francés tendré éxito.
P. Médicos Sin Fronteras ha criticado los "precios astronómicos" [10.000 euros al año] de los últimos fármacos contra el VIH.
R. Los tratamientos de tercera línea son demasiado caros, por supuesto. Hay muy pocos países de escasos recursos que tengan acceso a esos tratamientos. Y, además, estamos en una situación en la que vemos aumentar las resistencias a los antirretrovirales de primera línea. Vamos a necesitar tratamientos de segunda y tercera línea, cada vez más. Por supuesto que son muy caros y comparto la opinión de Médicos Sin Fronteras. La ONG también ha denunciado el precio de los tratamientos contra la hepatitis C. Tenemos un tratamiento de tres meses que cura. Que cura. Su precio es inadmisible.
P. Ninguna mujer ha sido galardonada en la última edición de los premios Nobel. Desde 1901, el 97% de los ganadores en las categorías de ciencias han sido hombres. ¿Le parece normal?
R. No es normal. Ha habido algunas mujeres premiadas en años anteriores. Si vemos la evolución a lo largo del tiempo, vemos un aumento del número de mujeres galardonadas con el Nobel. Creo que esa evolución va a continuar. Soy optimista. Yo no soy feminista en absoluto. Yo lucho para que las mujeres sean reconocidas de manera equivalente a los hombres.
P. Eso es el feminismo.
R. No, el feminismo, por ejemplo, es imponer en los consejos de administración un 50% de hombres y un 50% de mujeres. Y que busquemos mujeres que no tengan necesariamente el mismo valor, para llegar a ese 50%. Para mí eso es inadmisible. Para mí el feminismo es eso, decir: hacen falta mujeres y las metemos. No, hacen falta mujeres del mismo valor. Y no es ese el espíritu actual, incluido el de los políticos, que ponen ministras o mujeres en el gobierno solo para llegar al 50%. A mi juicio deberían tener la misma calidad. Y con los premios Nobel ocurre lo mismo. Yo creo que cada vez tendremos más mujeres. También depende de la disciplina. En investigación en Química y Física hay menos mujeres que en el dominio biomédico. Así que creo que tendremos más Nobel en investigación biomédica que en Química y Física, porque ahí hay más hombres. En el futuro también podría haber una evolución, más mujeres en esas disciplinas y por lo tanto un aumento también de los premios Nobel.
P. Hablando de premios Nobel de Química, uno de ellos, el bioquímico estadounidense Kary Mullis, sostiene que no existe una prueba formal del vínculo entre el VIH y el sida. ¿Ha hablado alguna vez con él?
R. No, nunca he hablado con él. Me niego a hablar con gente que dice idioteces. A mí me contactó el gobierno del presidente sudafricano Thabo Mbeki, en la época en la que se negaba a reconocer la existencia del virus y, por lo tanto, a hacerse cargo de los ciudadanos. Me negué a formar parte de su comité. Les dije que no podía perder el tiempo, que todavía teníamos mucho trabajo para intentar tratar y desarrollar medidas de prevención para las personas afectadas. "Francamente, no puedo perder el tiempo en un comité para discutir cosas que han sido sobradamente demostradas científicamente", les respondí. Yo soy científica. Me baso en datos científicos. Y los datos científicos han demostrado claramente el vínculo entre el virus y la enfermedad. Este tipo de afirmaciones son peligrosas. Hay pacientes que han dejado el tratamiento a causa de estas observaciones y han caído enfermos. Hay que pararlos, porque son peligrosos.
P. Hay unos cuantos galardonados con el Nobel que dicen tonterías.
R. Claro. La gente no se da cuenta, pero los galardonados con el Nobel son seres humanos como los demás. Hay de todo entre los Nobel.
P. Por ejemplo, su colega Luc Montagnier [el octogenario científico, que compartió el Nobel con Barré-Sinoussi por el descubrimiento del VIH, sostiene en los últimos años, sin pruebas, que el agua puede recordar unas supuestas ondas electromagnéticas emitidas por el ADN de virus y bacterias].
R. No voy a hablar de Montagnier. No hablo de él. Él es libre para decir lo que quiera.
P. La probabilidad de adquirir el virus teniendo una relación sexual sin preservativo con una persona con VIH es del 0,04% en hombres que penetran vaginalmente, del 0,08% en mujeres penetradas vaginalmente, del 0,11% penetrando analmente y del 1,38% siendo penetrado analmente. No es tan fácil adquirir el virus.
R. Es cierto que la transmisión del virus es débil, pero siempre respondo que aunque varias relaciones sexuales no son suficientes para infectarse con el VIH, con una sola puede bastar. Y no lo sabes. Depende de la cantidad de virus presente en las secreciones genitales del hombre o de la mujer. La relación sexual puede ser contaminante o no contaminante según la cantidad de virus. ¿Conoces con antelación la cantidad antes de tener una relación sexual? Entonces no te arriesgues. Es mejor protegerse.
P. Imparte una conferencia sobre la búsqueda de una cura. ¿Cuáles son los principales desafíos?
R. No tenemos vacuna, tampoco tenemos un tratamiento que cure y, a largo plazo, en los pacientes tratados aparecen comorbilidades [otras patologías asociadas]. Hay un porcentaje de pacientes que desarrollarán envejecimiento prematuro, cáncer, enfermedades cardiovasculares, problemas neurológicos como el párkinson... Esos son los grandes desafíos para la ciencia. Y, al margen de la ciencia, tenemos el desafío del acceso al tratamiento y a las herramientas de prevención. Respecto a los tres grandes desafíos científicos, necesitamos avanzar en el conocimiento. ¿Cuáles son los mecanismos para inducir protección? ¿Cuáles son los mecanismos para eliminar totalmente el virus del cuerpo de pacientes en tratamiento? ¿Cuáles son los mecanismos para restaurar por completo la defensa inmunitaria y evitar la comorbilidad? Todos esos mecanismos requieren investigación básica.
P. Hará falta dinero.
R. Hace falta dinero.
http://elpais.com/elpais/2017/04/10/ciencia/1491844316_633818.html
Pregunta. España no dona ni un euro al Fondo Mundial contra el Sida desde hace seis años.
Respuesta. Es inadmisible.
P. ¿Qué le diría usted al presidente Mariano Rajoy?
R. Le diría lo mismo que le dije a mi presidente en Francia, François Hollande. Su Gobierno anunció que probablemente reduciría la dotación de Francia al Fondo Mundial. Pedí inmediatamente una cita con él, fui a su despacho y le dije: "Usted no puede hacer esto. Usted no tiene derecho. Si disminuye la dotación al Fondo Mundial, usted tendrá muertos sobre la conciencia. Usted será responsable de la muerte de personas. Es necesario que usted sea perfectamente consciente de ello".
P. Se lo dijo a la cara.
R. Sí. Y no disminuyó la dotación.
P. Entonces debería visitar también a Rajoy.
R. No sé si con el próximo francés tendré éxito.
P. Médicos Sin Fronteras ha criticado los "precios astronómicos" [10.000 euros al año] de los últimos fármacos contra el VIH.
R. Los tratamientos de tercera línea son demasiado caros, por supuesto. Hay muy pocos países de escasos recursos que tengan acceso a esos tratamientos. Y, además, estamos en una situación en la que vemos aumentar las resistencias a los antirretrovirales de primera línea. Vamos a necesitar tratamientos de segunda y tercera línea, cada vez más. Por supuesto que son muy caros y comparto la opinión de Médicos Sin Fronteras. La ONG también ha denunciado el precio de los tratamientos contra la hepatitis C. Tenemos un tratamiento de tres meses que cura. Que cura. Su precio es inadmisible.
P. Ninguna mujer ha sido galardonada en la última edición de los premios Nobel. Desde 1901, el 97% de los ganadores en las categorías de ciencias han sido hombres. ¿Le parece normal?
R. No es normal. Ha habido algunas mujeres premiadas en años anteriores. Si vemos la evolución a lo largo del tiempo, vemos un aumento del número de mujeres galardonadas con el Nobel. Creo que esa evolución va a continuar. Soy optimista. Yo no soy feminista en absoluto. Yo lucho para que las mujeres sean reconocidas de manera equivalente a los hombres.
P. Eso es el feminismo.
R. No, el feminismo, por ejemplo, es imponer en los consejos de administración un 50% de hombres y un 50% de mujeres. Y que busquemos mujeres que no tengan necesariamente el mismo valor, para llegar a ese 50%. Para mí eso es inadmisible. Para mí el feminismo es eso, decir: hacen falta mujeres y las metemos. No, hacen falta mujeres del mismo valor. Y no es ese el espíritu actual, incluido el de los políticos, que ponen ministras o mujeres en el gobierno solo para llegar al 50%. A mi juicio deberían tener la misma calidad. Y con los premios Nobel ocurre lo mismo. Yo creo que cada vez tendremos más mujeres. También depende de la disciplina. En investigación en Química y Física hay menos mujeres que en el dominio biomédico. Así que creo que tendremos más Nobel en investigación biomédica que en Química y Física, porque ahí hay más hombres. En el futuro también podría haber una evolución, más mujeres en esas disciplinas y por lo tanto un aumento también de los premios Nobel.
P. Hablando de premios Nobel de Química, uno de ellos, el bioquímico estadounidense Kary Mullis, sostiene que no existe una prueba formal del vínculo entre el VIH y el sida. ¿Ha hablado alguna vez con él?
R. No, nunca he hablado con él. Me niego a hablar con gente que dice idioteces. A mí me contactó el gobierno del presidente sudafricano Thabo Mbeki, en la época en la que se negaba a reconocer la existencia del virus y, por lo tanto, a hacerse cargo de los ciudadanos. Me negué a formar parte de su comité. Les dije que no podía perder el tiempo, que todavía teníamos mucho trabajo para intentar tratar y desarrollar medidas de prevención para las personas afectadas. "Francamente, no puedo perder el tiempo en un comité para discutir cosas que han sido sobradamente demostradas científicamente", les respondí. Yo soy científica. Me baso en datos científicos. Y los datos científicos han demostrado claramente el vínculo entre el virus y la enfermedad. Este tipo de afirmaciones son peligrosas. Hay pacientes que han dejado el tratamiento a causa de estas observaciones y han caído enfermos. Hay que pararlos, porque son peligrosos.
P. Hay unos cuantos galardonados con el Nobel que dicen tonterías.
R. Claro. La gente no se da cuenta, pero los galardonados con el Nobel son seres humanos como los demás. Hay de todo entre los Nobel.
P. Por ejemplo, su colega Luc Montagnier [el octogenario científico, que compartió el Nobel con Barré-Sinoussi por el descubrimiento del VIH, sostiene en los últimos años, sin pruebas, que el agua puede recordar unas supuestas ondas electromagnéticas emitidas por el ADN de virus y bacterias].
R. No voy a hablar de Montagnier. No hablo de él. Él es libre para decir lo que quiera.
P. La probabilidad de adquirir el virus teniendo una relación sexual sin preservativo con una persona con VIH es del 0,04% en hombres que penetran vaginalmente, del 0,08% en mujeres penetradas vaginalmente, del 0,11% penetrando analmente y del 1,38% siendo penetrado analmente. No es tan fácil adquirir el virus.
R. Es cierto que la transmisión del virus es débil, pero siempre respondo que aunque varias relaciones sexuales no son suficientes para infectarse con el VIH, con una sola puede bastar. Y no lo sabes. Depende de la cantidad de virus presente en las secreciones genitales del hombre o de la mujer. La relación sexual puede ser contaminante o no contaminante según la cantidad de virus. ¿Conoces con antelación la cantidad antes de tener una relación sexual? Entonces no te arriesgues. Es mejor protegerse.
P. Imparte una conferencia sobre la búsqueda de una cura. ¿Cuáles son los principales desafíos?
R. No tenemos vacuna, tampoco tenemos un tratamiento que cure y, a largo plazo, en los pacientes tratados aparecen comorbilidades [otras patologías asociadas]. Hay un porcentaje de pacientes que desarrollarán envejecimiento prematuro, cáncer, enfermedades cardiovasculares, problemas neurológicos como el párkinson... Esos son los grandes desafíos para la ciencia. Y, al margen de la ciencia, tenemos el desafío del acceso al tratamiento y a las herramientas de prevención. Respecto a los tres grandes desafíos científicos, necesitamos avanzar en el conocimiento. ¿Cuáles son los mecanismos para inducir protección? ¿Cuáles son los mecanismos para eliminar totalmente el virus del cuerpo de pacientes en tratamiento? ¿Cuáles son los mecanismos para restaurar por completo la defensa inmunitaria y evitar la comorbilidad? Todos esos mecanismos requieren investigación básica.
P. Hará falta dinero.
R. Hace falta dinero.
http://elpais.com/elpais/2017/04/10/ciencia/1491844316_633818.html
jueves, 4 de mayo de 2017
_--ULTIMAS NOTICIAS DEL MACHISMO. Legalizar la subrogación de la maternidad (dicho más claro; que los ricos puedan alquilar los vientres) desembocará en la explotación de las mujeres pobres, que no podrán elegir con libertad.
_--LA MAYORÍA de las españolas de edades comprendidas entre los 20 y los 35 años no pueden tener hijos aunque lo deseen. Están en las condiciones óptimas para concebir, gestar y parir hijos sanos, con todas las garantías para su propia salud y la de sus bebés, pero el sistema no se lo permite. Muchas mujeres jóvenes son madres frustradas, sometidas a una variedad específicamente machista de la violencia que ejerce el mercado laboral contra los españoles de su edad. No tienen empleo o trabajan en condiciones precarias, con becas o contratos temporales que no les renovarán en el caso de que cometan la osadía de quedarse embarazadas. No tienen casa propia, ni perspectivas de independizarse, y saben que, en sus condiciones, la maternidad es una heroicidad que empieza en la cola del paro. Nadie tiene derecho a exigirles que sean heroínas.
En un país donde las bajas tasas de natalidad se perfilan como uno de los peligros del futuro, esta situación podría revertirse, o al menos paliarse, con políticas feministas. Legislando contra la brecha salarial, aprobando un permiso de paternidad obligatorio e intransferible, penalizando la discriminación laboral de las mujeres fértiles. Pero estas medidas, con las que, de boquilla, están de acuerdo todos los políticos, no se han llegado a proponer ni forman parte del programa de ningún partido. Podría parecer sorprendente que, en esta situación, se desarrolle una campaña a favor de la regulación de la maternidad subrogada. Podría parecerlo, pero no lo es.
Las mujeres siempre han gestado y parido hijos para que otros se los quiten. Antiguamente, era frecuente que las criadas embarazadas de sus señores se vieran forzadas a entregar a sus hijos e hijas a las señoras de la casa donde servían. En la posguerra, se les robaban a las presas políticas para regalárselos a buenas familias franquistas. Más adelante, el robo de niños y niñas se convirtió en un negocio. Esto forma parte de nuestra tradición, tanto como el mito de la libre elección integrará la tradición de nuestros descendientes. Quizás por eso, los comités de bioética que impiden que la clonación de seres humanos, siendo técnicamente posible, sea legal no se han preocupado por la dignidad de las personas a quienes ahora se pretende convertir en ganado de cría. ¿No son humanas? Sí, pero son mujeres.
La preocupación por el mal uso que pueda hacerse de los clones humanos no se aplica en este caso. Los partidarios de la maternidad subrogada alegan que su legislación impedirá una contraprestación económica y que las madres subrogadas decidirán libremente. Pero, con la autoridad que me otorga haber gestado y parido hijos, opino que la libre elección no existe. A mí, que he pasado por ese proceso, me resulta inconcebible que una mujer decida afrontarlo libremente, con o sin dinero de por medio, porque conviene recordar que el dinero no es la única moneda susceptible de comprar la voluntad de una persona. Y no estoy en condiciones de negar que puedan existir casos excepcionales, pero sí estoy segura de que legalizar la subrogación desembocará, inevitablemente, en la explotación de mujeres pobres, que venderán su fertilidad porque no podrán elegir con libertad. Cualquier elección entre la pobreza y un embarazo subrogado no puede considerarse de ninguna manera una elección libre. Espero que los expertos en bioética estén de acuerdo conmigo al menos en eso.
Con independencia del origen del espermatozoide y el óvulo fecundado, el vínculo entre una mujer gestante y el bebé que durante nueve meses forma parte de sí misma es tan profundo que negarlo me parece, como mínimo, un acto de ignorancia y, como máximo, un derroche de cinismo. Los hijos son de las mujeres que los gestan y los paren. Son suyos en sentido literal, puesto que no existirían sin ellas, porque han formado parte de su propio cuerpo y de él han nacido. Cualquier ley que otorgue más valor a un contrato, con contraprestación económica o sin ella, que a la voluntad de la madre de un bebé sería una ley injusta. Y algo más. Su aprobación abriría la puerta a una nueva variedad del machismo, un nuevo camino para ejercer violencia sobre las mujeres.
Tal vez no lo parezca, pero así es.
No es un derecho, y no se puede invocar como tal, que yo pueda alquilar por gusto los vientres de mujeres pobres. Pues ¿cuántas ricas consienten en embarazarse para otros u otras?
Disfrazar lo que es una necesidad, como acto de libertad, es no sólo un fraude, sino un abuso, una forma encubierta de vuelta a la esclavitud. El capitalismo quiere mercantilizar todo aunque sea camuflando su objetivo.
http://elpaissemanal.elpais.com/columna/almudena-grandes-noticias-del-machismo/
En un país donde las bajas tasas de natalidad se perfilan como uno de los peligros del futuro, esta situación podría revertirse, o al menos paliarse, con políticas feministas. Legislando contra la brecha salarial, aprobando un permiso de paternidad obligatorio e intransferible, penalizando la discriminación laboral de las mujeres fértiles. Pero estas medidas, con las que, de boquilla, están de acuerdo todos los políticos, no se han llegado a proponer ni forman parte del programa de ningún partido. Podría parecer sorprendente que, en esta situación, se desarrolle una campaña a favor de la regulación de la maternidad subrogada. Podría parecerlo, pero no lo es.
Las mujeres siempre han gestado y parido hijos para que otros se los quiten. Antiguamente, era frecuente que las criadas embarazadas de sus señores se vieran forzadas a entregar a sus hijos e hijas a las señoras de la casa donde servían. En la posguerra, se les robaban a las presas políticas para regalárselos a buenas familias franquistas. Más adelante, el robo de niños y niñas se convirtió en un negocio. Esto forma parte de nuestra tradición, tanto como el mito de la libre elección integrará la tradición de nuestros descendientes. Quizás por eso, los comités de bioética que impiden que la clonación de seres humanos, siendo técnicamente posible, sea legal no se han preocupado por la dignidad de las personas a quienes ahora se pretende convertir en ganado de cría. ¿No son humanas? Sí, pero son mujeres.
La preocupación por el mal uso que pueda hacerse de los clones humanos no se aplica en este caso. Los partidarios de la maternidad subrogada alegan que su legislación impedirá una contraprestación económica y que las madres subrogadas decidirán libremente. Pero, con la autoridad que me otorga haber gestado y parido hijos, opino que la libre elección no existe. A mí, que he pasado por ese proceso, me resulta inconcebible que una mujer decida afrontarlo libremente, con o sin dinero de por medio, porque conviene recordar que el dinero no es la única moneda susceptible de comprar la voluntad de una persona. Y no estoy en condiciones de negar que puedan existir casos excepcionales, pero sí estoy segura de que legalizar la subrogación desembocará, inevitablemente, en la explotación de mujeres pobres, que venderán su fertilidad porque no podrán elegir con libertad. Cualquier elección entre la pobreza y un embarazo subrogado no puede considerarse de ninguna manera una elección libre. Espero que los expertos en bioética estén de acuerdo conmigo al menos en eso.
Con independencia del origen del espermatozoide y el óvulo fecundado, el vínculo entre una mujer gestante y el bebé que durante nueve meses forma parte de sí misma es tan profundo que negarlo me parece, como mínimo, un acto de ignorancia y, como máximo, un derroche de cinismo. Los hijos son de las mujeres que los gestan y los paren. Son suyos en sentido literal, puesto que no existirían sin ellas, porque han formado parte de su propio cuerpo y de él han nacido. Cualquier ley que otorgue más valor a un contrato, con contraprestación económica o sin ella, que a la voluntad de la madre de un bebé sería una ley injusta. Y algo más. Su aprobación abriría la puerta a una nueva variedad del machismo, un nuevo camino para ejercer violencia sobre las mujeres.
Tal vez no lo parezca, pero así es.
No es un derecho, y no se puede invocar como tal, que yo pueda alquilar por gusto los vientres de mujeres pobres. Pues ¿cuántas ricas consienten en embarazarse para otros u otras?
Disfrazar lo que es una necesidad, como acto de libertad, es no sólo un fraude, sino un abuso, una forma encubierta de vuelta a la esclavitud. El capitalismo quiere mercantilizar todo aunque sea camuflando su objetivo.
http://elpaissemanal.elpais.com/columna/almudena-grandes-noticias-del-machismo/
miércoles, 3 de mayo de 2017
50 asociaciones se unen para que España rechace los vientres de alquiler. “No somos incubadoras”, claman los colectivos que piden la prohibición de una feria sobre gestación subrogada prevista en mayo en Madrid.
“Las mujeres no son ganado para satisfacer el deseo de unos pocos”. La nueva Red Estatal contra el Alquiler de Vientres, integrada por 50 asociaciones, reclama con esta frase a los partidos políticos que esta controvertida práctica no se legalice en España. Su primer gran acto público, con el que también quieren concienciar a la sociedad, será una protesta para pedir que se prohíba una feria de gestación subrogada prevista en Madrid en mayo.
“No somos incubadoras, ni vasijas ni úteros o vientres de alquiler: somos mujeres, vidas humanas con las que pretenden montar un nuevo negocio que lucrará al más fuerte y someterá a las más débiles”. El mensaje es parte de la carta de presentación de la Red Estatal contra el Alquiler de Vientres, un nuevo colectivo que pide que España no legisle a favor de una práctica expresamente prohibida por la Ley de Reproducción Asistida de 2006, la gestación subrogada, también conocida como vientre de alquiler.
“Nuestra misión es dar a conocer a toda la sociedad española lo que se esconde tras esta práctica ilegal, servirse del cuerpo de las mujeres como su fuéramos tanques criogénicos, autentico ganado para satisfacer a unos pocos”, ha explicado este lunes en la presentación de la plataforma Sonia Damas, presidenta de En Clave Feminista.
Feria comercial
La primera gran intervención pública de la red será una concentración contra la celebración de la feria Surrofair, un evento previsto en un hotel de Madrid los próximos 6 y 7 de mayo para “discutir sobre las diferentes posibilidades en gestación subrogada”, según indican los organizadores en su web.
“Las Administraciones públicas [en referencia al Ayuntamiento de Madrid y la Comunidad] deberían prohibir con la ley en la mano la posibilidad de que la feria se realice”, añade la portavoz de No Somos Vasijas, Alicia Miyares. Insiste en que “no es una técnica de reproducción asistida más” y recuerda que supone la renuncia de la gestante a la filiación del niño, “un derecho fundamental” que en España se garantiza en el parto.
La red está compuesta sobre todo por colectivos feministas. De momento, cuentan con el apoyo de medio centenar de asociaciones (que se pueden consultar en en su web) pero aspiran a “triplicar” los apoyos en las próximas semanas.
También participan ocho asociaciones LGTBI (lesbianas, gais, transexuales, bisexuales e intersexuales). Ramón Martínez es vicepresidente de Somos Diferentes, registrada hace dos meses con “una veintena” de activistas LGTBI que busca “articular un discurso que no conculque los derechos de las mujeres”, en el debate sobre los vientres de alquiler. Quiere recabar el apoyo de las grandes asociaciones que representan a este colectivo, cuya postura está dividida como ocurre en los partidos políticos: “Hay un montón de trabas para adoptar, pero la solución no es pasar por encima del derecho de las mujeres”.
Elena Rábade, del Partido Feminista —que también integra la red—, considera que esta práctica “está muy cerca de las redes de trata de seres humanos”. “¿Por qué no es ético el tráfico de órganos y sí el alquiler de vientres?”, pregunta.
LEGISLAR SOLO EL ALTRUISMO NO CONVENCE: “ES UNA TAPADERA”
Ciudadanos anunció en febrero que prepara una propuesta legislativa sobre la gestación subrogada inspirada en el modelo de Canadá, un sistema altruista sin compensación económica. La posibilidad de regular los también llamados vientres de alquiler ha abierto un debate interno en el seno de los otros tres grandes partidos (PP, PSOE y Podemos). La nueva plataforma apela a los políticos “que se posicionan de izquierdas y feministas” contra una posible legislación. “El altruismo es una tapadera”, sostiene Alicia Miyares, de No Somos Vasijas. “Cuando miramos países con legislaciones restrictivas y altruistas, como Reino Unido y Canadá, lo más evidente es que no hay mujeres nacidas en esos países dispuestas a un embarazo para donar a su hijo. El objetivo que se persigue es una legislación que va a facilitar [a quienes tienen un hijo a través de gestación subrogada] el reconocimiento inmediato y el registro de manera automática”.
http://politica.elpais.com/politica/2017/04/17/actualidad/1492429458_766419.html
“No somos incubadoras, ni vasijas ni úteros o vientres de alquiler: somos mujeres, vidas humanas con las que pretenden montar un nuevo negocio que lucrará al más fuerte y someterá a las más débiles”. El mensaje es parte de la carta de presentación de la Red Estatal contra el Alquiler de Vientres, un nuevo colectivo que pide que España no legisle a favor de una práctica expresamente prohibida por la Ley de Reproducción Asistida de 2006, la gestación subrogada, también conocida como vientre de alquiler.
“Nuestra misión es dar a conocer a toda la sociedad española lo que se esconde tras esta práctica ilegal, servirse del cuerpo de las mujeres como su fuéramos tanques criogénicos, autentico ganado para satisfacer a unos pocos”, ha explicado este lunes en la presentación de la plataforma Sonia Damas, presidenta de En Clave Feminista.
Feria comercial
La primera gran intervención pública de la red será una concentración contra la celebración de la feria Surrofair, un evento previsto en un hotel de Madrid los próximos 6 y 7 de mayo para “discutir sobre las diferentes posibilidades en gestación subrogada”, según indican los organizadores en su web.
“Las Administraciones públicas [en referencia al Ayuntamiento de Madrid y la Comunidad] deberían prohibir con la ley en la mano la posibilidad de que la feria se realice”, añade la portavoz de No Somos Vasijas, Alicia Miyares. Insiste en que “no es una técnica de reproducción asistida más” y recuerda que supone la renuncia de la gestante a la filiación del niño, “un derecho fundamental” que en España se garantiza en el parto.
La red está compuesta sobre todo por colectivos feministas. De momento, cuentan con el apoyo de medio centenar de asociaciones (que se pueden consultar en en su web) pero aspiran a “triplicar” los apoyos en las próximas semanas.
También participan ocho asociaciones LGTBI (lesbianas, gais, transexuales, bisexuales e intersexuales). Ramón Martínez es vicepresidente de Somos Diferentes, registrada hace dos meses con “una veintena” de activistas LGTBI que busca “articular un discurso que no conculque los derechos de las mujeres”, en el debate sobre los vientres de alquiler. Quiere recabar el apoyo de las grandes asociaciones que representan a este colectivo, cuya postura está dividida como ocurre en los partidos políticos: “Hay un montón de trabas para adoptar, pero la solución no es pasar por encima del derecho de las mujeres”.
Elena Rábade, del Partido Feminista —que también integra la red—, considera que esta práctica “está muy cerca de las redes de trata de seres humanos”. “¿Por qué no es ético el tráfico de órganos y sí el alquiler de vientres?”, pregunta.
LEGISLAR SOLO EL ALTRUISMO NO CONVENCE: “ES UNA TAPADERA”
Ciudadanos anunció en febrero que prepara una propuesta legislativa sobre la gestación subrogada inspirada en el modelo de Canadá, un sistema altruista sin compensación económica. La posibilidad de regular los también llamados vientres de alquiler ha abierto un debate interno en el seno de los otros tres grandes partidos (PP, PSOE y Podemos). La nueva plataforma apela a los políticos “que se posicionan de izquierdas y feministas” contra una posible legislación. “El altruismo es una tapadera”, sostiene Alicia Miyares, de No Somos Vasijas. “Cuando miramos países con legislaciones restrictivas y altruistas, como Reino Unido y Canadá, lo más evidente es que no hay mujeres nacidas en esos países dispuestas a un embarazo para donar a su hijo. El objetivo que se persigue es una legislación que va a facilitar [a quienes tienen un hijo a través de gestación subrogada] el reconocimiento inmediato y el registro de manera automática”.
http://politica.elpais.com/politica/2017/04/17/actualidad/1492429458_766419.html
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