_- Decir que Pablo Casado miente habitualmente no es un insulto, sino la expresión de un hecho cierto y objetivo que ha quedado demostrado en muchas ocasiones. Se pueden encontrar pruebas fehacientes de ello aquí, aquí, aquí, aquí, aquí, aquí o aquí, entre otros sitios.
En estas líneas voy a mostrar que Pablo Casado y el Partido Popular no sólo mienten cuando se refieren a cuestiones de política general sino también cuando le hacen a los españoles propuestas de política económica.
En concreto, voy señalar rápidamente que es falsa una de las ideas que están vendiendo últimamente: que eliminar o bajar impuestos aumenta automáticamente los ingresos fiscales, que crea puestos de trabajo y que hacerlo es indiscutiblemente bueno para la economía en general y para todas las empresas y personas en general.
No es verdad que bajar impuestos aumente necesariamente los ingresos fiscales.
Esta idea que ahora defiende el Partido Popular es muy antigua pero se popularizó en los años ochenta cuando Ronald Reagan y otros políticos neoliberales utilizaron el razonamiento de un economista llamado Arthur Laffer.
Su planteamiento es el siguiente: si los impuestos suben por encima de un determinado nivel, un contribuyente racional rechazará seguir trabajando y eso reducirá los ingresos fiscales provenientes de sus rentas o, en el caso de una empresa, soportará costes tan elevados que no obtendrán beneficios y dejarán de producir, reduciéndose también así los ingresos que antes pagaban al fisco. A la inversa, si los impuestos bajan en lugar de subir, podría haber más oferta de trabajo y más producción que aumentarán los ingresos fiscales.
De entrada es obvio, por tanto, que la idea de Laffer sólo se cumpliría a partir de un determina nivel de tasa impositiva y no siempre (por eso se habla, precisamente, de “la curva” de Laffer, porque él mismo supone que los ingresos suben al principio y comienzan a bajar a partir de un determinado nivel). Por tanto, no es verdad que bajar impuestos suponga SIEMPRE Y CON SEGURIDAD un aumento de ingresos fiscales.
Diversos estudios han demostrado las inconsistencias, errores estadísticos y contradicciones de los estudios que pretenden demostrar que bajar o eliminar impuestos sobre la renta, el patrimonio o las herencias ayuda al crecimiento o mejora el estado general de la economía, bien porque no tienen en cuenta factores relevantes, porque realiza mal las regresiones o porque simplifica excesivamente las hipótesis. Por ejemplo, aquí, aquí o aquí.
Pero incluso dando por buena la existencia de relación entre tasas impositivas e ingresos fiscales (que la hay por definición, aunque otra cosa es que sea como dicen los liberales) la idea que defiende Pablo Casado y el PP sólo sería cierta si se demuestra antes que en la economía española hay un nivel de tasa impositiva en el que eso ocurre. Y resulta que es imposible determinar con completa exactitud cuál es el nivel de esa tasa impositiva a partir del cual disminuyen los ingresos fiscales, no sólo en España sino en cualquier otro país (entre otras cosas, porque la idea de Laffer se basa en el comportamiento individual y aceptar que hay una curva para toda la economía supone asumir hipótesis difíciles de aceptar).
Para que fuese cierta la propuesta de Casado tendría que ocurrir que todos los contribuyentes españoles, tomados como un todo homogéneo, se encontraran en la parte descendente de la curva de Laffer. Pero ¿y si estuviésemos en la parte ascendente de la curva de Laffer (como señalaba, por ejemplo, este informe)? Si la curva de Laffer fuera cierta y estuviésemos en esta última situación, y Casado no ha demostrado que no lo estemos, lo que tendría que proponer él y su partido sería ¡SUBIR IMPUESTOS!
En Estados Unidos, por ejemplo, se ha demostrado que la tasa impositiva que optimizaría los ingresos fiscales es del 73%, lo que significa que allí se podrían casi duplicar las tasas sin poner en peligro el crecimiento económico (aquí).
Algún estudio teórico para España demuestra que si se acepta que en España funciona la curva de Laffer el tipo impositivo medio que se debería aplicar sería del 45% (aquí). Por tanto, Pablo Casado debería señalar si esa es la tasa que desea imponer en España o cuál entonces y por qué. Y, en todo caso, habría que señalar que la relación entre ingresos fiscales y tasas impositivas cambia mucho a lo largo de los años, de modo que también es mentira que la propuesta de Casado vaya a ser buena en cualquier momento.
Además, también se ha demostrado que las tasas impositivas no determinan por sí solas los ingresos fiscales sino que éstos dependen también y sobre todo de otros factores aquí
Así se ha demostrado, por ejemplo, en Estados Unidos. Allí, los ingresos fiscales como porcentaje del PIB se han mantenido en un intervalo bastante estrecho desde el final de la II guerra mundial, entre el 15 y el 20 por ciento del PIB ( aquí ), mientras que las tasas impositivas variaron del 28 al 92 por ciento (aquí). Lo que indica que no hay la relación entra ambas cosas en que se basa la propuesta anti impuestos del Partido Popular.
Por otro lado, en los últimos años es fácil comprobar que los ingresos fiscales estructurales en porcentaje del PIB en España (los que ya descuentan el efecto del ciclo económico) han aumentado cuando han aumentado los impuestos (en 2010 y 2012 con Zapatero y Rajoy) y han disminuido cuando han bajado los impuestos (2015 y 2016).
Quizá la mejor prueba de que bajar impuestos no aumenta automáticamente los ingresos fiscales es que su valedor más destacado, Ronald Reagan, duplicó el déficit presupuestario y triplicó la deuda pública de Estados Unidos durante su mandato, cuando aplicó la tesis que ahora defiende Casado después de haber asegurado que lo hacía para disminuirlos (aquí). Y hay que señalar, además, que Reagan no bajó todos los impuestos sino los que recaían sobre beneficios y grandes empresas, que es lo que ocurre siempre que los liberales realizan reformas fiscales asegurando que bajan todos los impuestos: se los bajan sólo a los más ricos. Un resumen de los errores de predicción de todo tipo de los republicanos que en Estados Unidos defienden que bajar impuestos es lo mejor, tal y como ahora quiere hacer Casado en España, aquí.
No es verdad que bajar impuestos cree necesariamente empleos
Tampoco hay datos empíricos que permitan demostrar que simplemente bajando impuestos, como dice Casado, se creen automáticamente empleos. De hecho, puede ocurrir todo lo contrario.
Se podría aceptar que con impuestos más bajos las empresas tendrán menos costes y que eso les permitiría producir más, contratando más empleo para ello. Pero es obvio que eso no tiene por qué ocurrir necesariamente. No contratarían necesariamente más, por ejemplo, si al mismo tiempo que bajaran los impuestos subieran los salarios u otros costes. Y podría ocurrir que, al bajar los impuestos y tener que reducirse al mismo tiempo el gasto público, las empresas y los hogares tuvieran que gastar más que antes en determinados bienes o servicios antes públicos, lo que haría que tuvieran menos recursos para la demanda de inversión o de consumo. Y, además, tampoco es seguro que menos costes para las empresas se traduzca en más inversión, y ni siquiera que más inversión después de menos costes fiscales lleve consigo más empleo.
Para defender esta proposición se ha hecho muy popular en Estados Unidos un estudio de Laffer que supuestamente demostraba que el 62% de todo el empleo nuevo en Estados Unidos de 2002 a 2012 se había generado en los nueve estados que no tienen impuesto sobre la renta. Pero se ha demostrado claramente (aquí) que esa idea está manipulada: el 70% de ese incremento corresponde sólo a Texas, que es un estado con condiciones muy especiales y, además, que no ha mantenido ese patrón en los últimos 50 años (cuando ha estado sin impuesto y no ha tenido ni mucho menos esos resultados de empleo).
La falsedad de la propuesta de Casado también se demuestra si se considera que los países de la OCDE que tienen los tipos impositivos más elevados no son precisamente los que tienen las tasas de paro más altas sino todo lo contrario (aquí).
Bajar impuestos aumenta la deuda u obliga a reducir gasto público y, en ese caso, hay que decir qué se va a recortar
Casado y el PP engañan a la gente cuando le dicen que se van a bajar impuestos sin necesidad de reducir gasto público.
Los liberales sensatos y coherentes proponen reducir impuestos porque creen que eso es bueno pero, al mismo tiempo, señalan qué gastos públicos reducirían y en qué cantidad porque no se creen las ilusiones que defiende Casado.
No se puede soplar y sorber al mismo tiempo. Lo que hay detrás de las propuestas de reducir o eliminar los impuestos es reducir la provisión pública ciertos bienes públicos, aunque no todos, sino sólo los que privatizados proporcionan beneficios privados.
Lo honrado, por lo tanto, es que la propuesta de bajar impuestos que hace Casado venga acompañada de la mención al recorte de gastos complementarios que se va a realizar y del efecto que eso tendrá sobre los precios, sobre la eficiencia, sobre la deuda y sobre el bienestar de las personas.
Bajar impuestos no mejora el bienestar general ni el rendimiento general de la economía
La verdad es que no es fácil disponer de evidencias empíricas que demuestren los efectos reales de las subidas o bajadas de impuestos sobre el conjunto de la economía, precisamente por lo que vengo diciendo: porque los ingresos fiscales, la deuda, el empleo… y el bienestar en general, dependen de muchas más variables. Por eso es una falsedad decir que simplemente con reducirlos se consiguen efectos positivos para el conjunto de la economía, o que eso es bueno “para todos”. Pero sí hay análisis que han demostrado que eliminar o reducir impuestos no es necesariamente mejor que mantenerlos más elevados. Estados Unidos es un territorio muy útil para hacer este tipo de análisis empíricos y allí se ha demostrado que la economía de los estados con tasas impositivas más elevadas funcionan mejor que la de aquellos que las tienen más bajas: aquí. .
Y también sabemos con certeza que, en contra de lo que dice Casado, tener un sistema fiscal con altos tipos impositivos es justamente lo que caracteriza a los países (Suecia, Holanda, Alemania, Dinamarca, Reino Unido, Japón, Suiza, Noruega, Francia… ) que tienen el PIB per cápita más elevado (aquí)
¿Qué cabe esperar si se aplicara la fórmula de Pablo Casado a la economía española?
En España ya se han hecho reformas fiscales para bajar impuestos y sabemos perfectamente lo que han traído consigo generalmente: menos equidad y ninguna rebaja sustancial del déficit y de la deuda. Es decir, ayudas encubiertas para los perceptores de rentas elevadas y mayor déficit social.
Lo único que se puede esperar de la propuesta de Pablo Casado es lo mismo que ocurrió en los Estados Unidos de Reagan: más déficit público y más deuda. Justo lo que desea la banca para ganar dinero financiando al Estado a cuenta del sacrificio de las personas corrientes y de las empresas que crean riqueza y empleo.
Hay que defender que el gasto público sea el adecuado y que no se derrochen recursos.
No hay nada gratis y estamos sobrecargando a la naturaleza hasta niveles letales. Hay que defender la austeridad pública en el mejor y auténtico sentido del término (y no en el tergiversado de los últimos años). Hay que combatir y tratar de reducir la deuda que es una esclavitud impuesta por la banca al resto de la sociedad y que paraliza las economías y las lleva a crisis recurrentes. Hay que crear las mejores condiciones posibles para que las empresas creen puestos de trabajo. Pero nada de eso tiene que ver con las fabulaciones de los anarquistas de extrema derecha como Pablo Casado. Lo que quieren en realidad es acabar con los bienes y servicio públicos porque no creen en el Estado o, mejor dicho, que sólo creen en un Estado que puedan patrimonializar para hacer con él lo que quieran a favor de los grandes intereses económicos, como ha hecho el Partido Popular en las comunidades autónomas donde ha gobernado. Están en su derecho. Pero no en el de engañar a la gente a base de mentiras o, en el mejor de los casos, medias verdades.
Fuente: http://www.juantorreslopez.com/pablo-casado-y-el-partido-popular-tambien-mienten-a-los-espanoles-en-materia-economica/
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martes, 2 de abril de 2019
jueves, 21 de marzo de 2019
_- La mentira de Kosovo en Alemania
_- Hace veinte años la opinión pública europea fue intoxicada con una eficacia que antes solo funcionaba en Estados Unidos.
La virtual sucesora de Merkel al frente de la CDU, y quizá más pronto que tarde futura canciller de Alemania, Annegret Kramp-Karrenbauer, se ha estrenado en la política europea con una carta aleccionadora de tono inequívocamente teutón dirigida al Presidente francés, Emmanuel Macron. En ella derriba las ingenuas ilusiones de este acerca de una reforma de la UE de común acuerdo con Alemania. En la futura crónica de la desintegración de la UE esta carta ni siquiera será recordada como prueba de la inexistencia del “eje franco-alemán”, así que no vale la pena detenerse en ella. Sin embargo, contiene un detalle muy significativo del momento en el que vivimos: la nueva líder de la derecha alemana propone, “subrayar el papel de la Unión Europea en el mundo en tanto que potencia de paz y seguridad” construyendo… un portaaviones europeo común. ¡Qué gran idea¡ La tenacidad de la derecha alemana y de sus socios socialdemócratas y verdes en la reanudación del militarismo nacional es encomiable.
Desde su creación en 1955 el actual ejército alemán, Bundeswehr, fue concebido como aparato defensivo. En diciembre de 1989 el programa del SPD consagraba como principios de la política exterior y de seguridad de Alemania, la “seguridad común” y el “desarme”. “Nuestra meta es disolver los bloques militares mediante un orden de paz europeo”, decía aquel programa. “El hundimiento del bloque del Este reduce el sentido de las alianzas militares e incrementa el de las alianzas políticas (…) se abre la perspectiva para un fin del estacionamiento de las fuerzas armadas americanas y soviéticas fuera de su territorio en Europa”. Ese programa no se cambió hasta 2007. Para entonces hacía tiempo que había caducado. Exactamente hacía ocho años.
El 24 de marzo se cumplirán veinte del inicio del bombardeo de lo que quedaba de Yugoslavia conocido como “guerra de Kosovo”. Para Alemania aquella participación en una operación ilegal de la OTAN fue la primera operación militar exterior desde Hitler. Desde entonces, “la seguridad de Alemania se defiende en el Hindukush”, como dijo en 2009 el ministro de defensa Peter Struck. También en África y allí donde el acceso alemán/europeo a los recursos y vías comerciales lo exijan, según estableció en su día con toda claridad la canciller (saliente) Angela Merkel.
Aquel estreno en Kosovo empezó con una mentira. Igual que Vietnam, igual que Irak y que tantas otras guerras (recordemos el informe de la agencia Efe de septiembre de 1939, dando cuenta del ataque de Polonia contra Alemania). La primera mentira de Kosovo fue la masacre de Rachak.
Rachak y el policía Hensch
Rachak y Rugovo son dos pueblos del noroeste de Kosovo, al sur de la capital de distrito de Pec. Con la frontera albanesa muy cerca, en 1998 la región era zona de acción de la guerrilla albanesa UCK, sostenida y financiada por la OTAN, la CIA y el servicio secreto británico.
Aquel año la UCK cometió tantos desmanes con civiles serbios, gitanos y albaneses “colaboracionistas” que su jefe local, Ramush Haradinaj, luego primer ministro de Kosovo, hasta llegó a ser juzgado en La Haya por crímenes de guerra por un tribunal que era comparsa de la OTAN. Haradinaj fue absuelto, entre otras cosas porque diez de los nueve testigos que debían declarar contra él fueron eliminados antes de que pudieran hacerlo, unos en “accidentes de tráfico”, otros en “peleas de bar”, otros en atentados. Así hasta nueve. En cualquier caso, a principios de 1999 el ejército yugoslavo respondió con gran fuerza a aquella ofensiva de la UCK teledirigida por la OTAN, con una contraofensiva.
Cerca de Rachak y de Rugova varias decenas de guerrilleros albaneses cayeron en emboscadas ante el ejército. Henning Hensch, un policía alemán retirado con carnet del SPD, estuvo allí. Era uno de los seleccionados por el ministerio de exteriores para engrosar los equipos de observadores de la OSCE en Kosovo. En esa calidad actuó como perito en Rachak y Rugovo. Vio a los guerrilleros muertos con sus armas, carnets y emblemas de la UCK cosidos en sus guerreras. En Rugovo, los yugoslavos juntaron los cadáveres en el pueblo y los observadores de la OSCE hicieron fotos.
“Esas fotos, convenientemente filtradas de todo rastro de armas y emblemas de la UCK, hicieron pasar lo que fue un enfrentamiento militar con grupos armados, por pruebas de una masacre de civiles”, me explicó Hensch en 2012. “Ambos bandos cometían exactamente los mismos crímenes, pero había que poner toda la responsabilidad sólo sobre uno de ellos”, decía el policía jubilado.
El 27 de abril el entonces ministro socialdemócrata de defensa alemán, Rudolf Scharping, presentó en rueda de prensa aquellas fotos en las que se veía los cadáveres de los guerrilleros amontonados en el papel de civiles inocentes masacrados. Al día siguiente, el diario Bild publicaba una de ellas en portada con el titular: “Por esto hacemos la guerra”.
“Este era un país opuesto a la guerra y consiguieron que, por primera vez en más de cincuenta años, se metiera en una”, explicaba por teléfono Hensch, con sumo pesar. “Antes de esa experiencia, nunca imaginé que en mi país pudiera pasar algo así, es decir que el gobierno y la prensa mintieran al unísono y engañaran a la población”.
Para violentar el consenso básico de la sociedad alemana contra el intervencionismo militar, la OTAN, el gobierno de socialdemócratas y verdes (1998-2005) y los medios de comunicación, se tuvieron que emplear a fondo.
El “Media Operation Center” de la OTAN dirigido por el infame Jamie Shea, subordinado al secretario general, Javier Solana ( a su vez subordinado al Pentágono), fue una fábrica de mentiras, que los periodistas retransmitían. Shea, un hombre deshonesto, decía que el truco era, “mantener a los periodistas lo más ocupados posible, alimentándoles constantemente con briefings, de tal manera que no tengan tiempo para buscar información por si mismos”. Años después Shea explicó que, “si hubiéramos perdido a la opinión pública alemana, la habríamos perdido en toda Europa”.
Fabricar la versión del conflicto
El relato del conjunto de la guerra en los Balcanes se basó en una fenomenal sarta de mentiras, amnesias y omisiones. La opinión pública europea fue intoxicada con una eficacia que hasta entonces, en Occidente, solo se consideraba posible en Estados Unidos.
Como hoy se conoce perfectamente, antes de la intervención de la OTAN no había en el conflicto de Kosovo la “catástrofe humanitaria” que las potencias se inventaron para intervenir, sino una violencia que en 1998 partió de la UCK y a la que el ejército yugoslavo respondió con la misma violencia, explicaron miembros del equipo de la OSCE como el general alemán retirado Heinz Loquai y la diplomática estadounidense Norma Brown en un documental de la cadena de televisión alemana ARD emitido en 2012 (“Es began mit einer Lüge” – Comenzó con una mentira).
Los medios alemanes ignoraron tres datos fundamentales: 1- la tradicional hostilidad de su país hacia Yugoslavia, que diarios como el Frankfurter Allgemeine Zeitung, y Die Welt, así como el semanario Der Spiegel, consideraban una “creación artificial”. 2- El hecho de tanto croatas como bosnios musulmanes, liderados en los noventa por dirigentes de la misma calaña que Milosevic, habían sido aliados de la Alemania nazi en la segunda guerra mundial y partícipes, junto con los alemanes, del genocidio de un millón de serbios desencadenado entonces por los nazis. Y 3- la naturaleza ilegal de las acciones militares de la OTAN desde el punto de vista de la ley internacional. El ministro de exteriores verde Josef Fischer comparó a “los serbios” con los nazis y al conflicto de Kosovo con Auschwitz, comparaciones que el General Loquai califica de monstruosas, “especialmente en boca de un alemán”. Algunas de las mentiras concretas y puntuales fueron las siguientes:
El catálogo de Scharping
El ministro de defensa Rudolf Scharping dijo antes de la intervención que los serbios habían matado a 100.000 albaneses en Kosovo. La realidad es que se contabilizaron entre cinco mil y siete mil, entre muertos y desaparecidos, todos los bandos juntos e incluidas las víctimas de bombas de la OTAN.
Scharping suscribió la leyenda americana del “plan herradura” de Milosevic: rodear a la población albanesa y deportarla antes del inicio de los bombardeos. Mencionó la “expulsión de millones” y “400.000 refugiados” albaneses antes del inicio de la operación de la OTAN. La realidad fue que para verano de 1999, a las pocas semanas de la ocupación de Kosovo por la OTAN, 230.000 serbios, montenegrinos, gitanos y albaneses “colaboracionistas” fueron expulsados de Kosovo mientras en la región había 46.000 soldados de la OTAN, es decir uno por cada cuatro expulsados. Una genuina “limpieza étnica” bajo la ocupación militar de la OTAN.
Pueblos que habían sido destruidos después de iniciada la guerra por la OTAN se presentaron como destruidos antes, como incentivo para iniciarla.
Se ocultó que la miseria de los refugiados albaneses y su estampida también era consecuencia de los ataques de la OTAN.
Scharping informó del inexistente “campo de concentración” de Milosevic en el estadio de Pristina con “varios miles de internados”. Diez años después, el ministro dijo que sólo eran “sospechas”.
Se informó falsamente de “cinco dirigentes albaneses” ejecutados y de “veinte profesores” albaneses fusilados antes sus alumnos.
Todo ello se hizo para justificar más de 6000 ataques de la OTAN sin mandato de la ONU cuyo sentido era demostrar que la OTAN tenía razón de ser y aprovechar las violencias -agravadas por la intervención de las potencias- para disolver Yugoslavia, un estado anómalo en el nuevo orden europeo posterior al fin de la guerra fría. Ningún político y medio de comunicación se ha disculpado y la misma constelación actúa, y está bien preparada y engrasada para actuar, en los conflictos del presente y el futuro.
Y sin embargo…
Según una encuesta realizada en febrero para la asociación atlantista Atlantikbrücke, los alemanes siguen rechazando fuertemente las intervenciones militares de su ejército en el extranjero, iniciadas hace 20 años en Yugoslavia: solo el 14% las apoyan, contra un 77% que las rechazan.
(P.S. No es esta la única derrota del complejo político-mediático local. Pese a que desde hace años se les bombardea con la demonización de la Rusia de Putin, a los alemanes Trump les parece mucho menos fiable (82%) que el presidente ruso (56%), e incluso consideran a China como socio menos dudoso (42%) que Estados Unidos (86%), señala la misma encuesta. Esta opinión contradice directamente las últimas resoluciones del Parlamento Europeo a favor de incrementar las sanciones contra Rusia, país al que ya no puede considerarse “socio estratégico”, señala la resolución votada este mes por 402 diputados, contra 163 (y 89 abstenciones). Al mismo tiempo, la Comisión ha declarado a China “rival sistémico” en una resolución que casi coincidió con la votación en el Parlamento Europeo. La UE califica así, simultáneamente, como casi enemigos a China y Rusia. El propósito es aislar a esas potencias, pero teniendo en cuenta el estado de las relaciones con Estados Unidos, así como el proceso de creciente fragmentación de la UE, es legítimo preguntarse quien es el aislado).
(Publicado en Ctxt) Rafael Poch.
La virtual sucesora de Merkel al frente de la CDU, y quizá más pronto que tarde futura canciller de Alemania, Annegret Kramp-Karrenbauer, se ha estrenado en la política europea con una carta aleccionadora de tono inequívocamente teutón dirigida al Presidente francés, Emmanuel Macron. En ella derriba las ingenuas ilusiones de este acerca de una reforma de la UE de común acuerdo con Alemania. En la futura crónica de la desintegración de la UE esta carta ni siquiera será recordada como prueba de la inexistencia del “eje franco-alemán”, así que no vale la pena detenerse en ella. Sin embargo, contiene un detalle muy significativo del momento en el que vivimos: la nueva líder de la derecha alemana propone, “subrayar el papel de la Unión Europea en el mundo en tanto que potencia de paz y seguridad” construyendo… un portaaviones europeo común. ¡Qué gran idea¡ La tenacidad de la derecha alemana y de sus socios socialdemócratas y verdes en la reanudación del militarismo nacional es encomiable.
Desde su creación en 1955 el actual ejército alemán, Bundeswehr, fue concebido como aparato defensivo. En diciembre de 1989 el programa del SPD consagraba como principios de la política exterior y de seguridad de Alemania, la “seguridad común” y el “desarme”. “Nuestra meta es disolver los bloques militares mediante un orden de paz europeo”, decía aquel programa. “El hundimiento del bloque del Este reduce el sentido de las alianzas militares e incrementa el de las alianzas políticas (…) se abre la perspectiva para un fin del estacionamiento de las fuerzas armadas americanas y soviéticas fuera de su territorio en Europa”. Ese programa no se cambió hasta 2007. Para entonces hacía tiempo que había caducado. Exactamente hacía ocho años.
El 24 de marzo se cumplirán veinte del inicio del bombardeo de lo que quedaba de Yugoslavia conocido como “guerra de Kosovo”. Para Alemania aquella participación en una operación ilegal de la OTAN fue la primera operación militar exterior desde Hitler. Desde entonces, “la seguridad de Alemania se defiende en el Hindukush”, como dijo en 2009 el ministro de defensa Peter Struck. También en África y allí donde el acceso alemán/europeo a los recursos y vías comerciales lo exijan, según estableció en su día con toda claridad la canciller (saliente) Angela Merkel.
Aquel estreno en Kosovo empezó con una mentira. Igual que Vietnam, igual que Irak y que tantas otras guerras (recordemos el informe de la agencia Efe de septiembre de 1939, dando cuenta del ataque de Polonia contra Alemania). La primera mentira de Kosovo fue la masacre de Rachak.
Rachak y el policía Hensch
Rachak y Rugovo son dos pueblos del noroeste de Kosovo, al sur de la capital de distrito de Pec. Con la frontera albanesa muy cerca, en 1998 la región era zona de acción de la guerrilla albanesa UCK, sostenida y financiada por la OTAN, la CIA y el servicio secreto británico.
Aquel año la UCK cometió tantos desmanes con civiles serbios, gitanos y albaneses “colaboracionistas” que su jefe local, Ramush Haradinaj, luego primer ministro de Kosovo, hasta llegó a ser juzgado en La Haya por crímenes de guerra por un tribunal que era comparsa de la OTAN. Haradinaj fue absuelto, entre otras cosas porque diez de los nueve testigos que debían declarar contra él fueron eliminados antes de que pudieran hacerlo, unos en “accidentes de tráfico”, otros en “peleas de bar”, otros en atentados. Así hasta nueve. En cualquier caso, a principios de 1999 el ejército yugoslavo respondió con gran fuerza a aquella ofensiva de la UCK teledirigida por la OTAN, con una contraofensiva.
Cerca de Rachak y de Rugova varias decenas de guerrilleros albaneses cayeron en emboscadas ante el ejército. Henning Hensch, un policía alemán retirado con carnet del SPD, estuvo allí. Era uno de los seleccionados por el ministerio de exteriores para engrosar los equipos de observadores de la OSCE en Kosovo. En esa calidad actuó como perito en Rachak y Rugovo. Vio a los guerrilleros muertos con sus armas, carnets y emblemas de la UCK cosidos en sus guerreras. En Rugovo, los yugoslavos juntaron los cadáveres en el pueblo y los observadores de la OSCE hicieron fotos.
“Esas fotos, convenientemente filtradas de todo rastro de armas y emblemas de la UCK, hicieron pasar lo que fue un enfrentamiento militar con grupos armados, por pruebas de una masacre de civiles”, me explicó Hensch en 2012. “Ambos bandos cometían exactamente los mismos crímenes, pero había que poner toda la responsabilidad sólo sobre uno de ellos”, decía el policía jubilado.
El 27 de abril el entonces ministro socialdemócrata de defensa alemán, Rudolf Scharping, presentó en rueda de prensa aquellas fotos en las que se veía los cadáveres de los guerrilleros amontonados en el papel de civiles inocentes masacrados. Al día siguiente, el diario Bild publicaba una de ellas en portada con el titular: “Por esto hacemos la guerra”.
“Este era un país opuesto a la guerra y consiguieron que, por primera vez en más de cincuenta años, se metiera en una”, explicaba por teléfono Hensch, con sumo pesar. “Antes de esa experiencia, nunca imaginé que en mi país pudiera pasar algo así, es decir que el gobierno y la prensa mintieran al unísono y engañaran a la población”.
Para violentar el consenso básico de la sociedad alemana contra el intervencionismo militar, la OTAN, el gobierno de socialdemócratas y verdes (1998-2005) y los medios de comunicación, se tuvieron que emplear a fondo.
El “Media Operation Center” de la OTAN dirigido por el infame Jamie Shea, subordinado al secretario general, Javier Solana ( a su vez subordinado al Pentágono), fue una fábrica de mentiras, que los periodistas retransmitían. Shea, un hombre deshonesto, decía que el truco era, “mantener a los periodistas lo más ocupados posible, alimentándoles constantemente con briefings, de tal manera que no tengan tiempo para buscar información por si mismos”. Años después Shea explicó que, “si hubiéramos perdido a la opinión pública alemana, la habríamos perdido en toda Europa”.
Fabricar la versión del conflicto
El relato del conjunto de la guerra en los Balcanes se basó en una fenomenal sarta de mentiras, amnesias y omisiones. La opinión pública europea fue intoxicada con una eficacia que hasta entonces, en Occidente, solo se consideraba posible en Estados Unidos.
Como hoy se conoce perfectamente, antes de la intervención de la OTAN no había en el conflicto de Kosovo la “catástrofe humanitaria” que las potencias se inventaron para intervenir, sino una violencia que en 1998 partió de la UCK y a la que el ejército yugoslavo respondió con la misma violencia, explicaron miembros del equipo de la OSCE como el general alemán retirado Heinz Loquai y la diplomática estadounidense Norma Brown en un documental de la cadena de televisión alemana ARD emitido en 2012 (“Es began mit einer Lüge” – Comenzó con una mentira).
Los medios alemanes ignoraron tres datos fundamentales: 1- la tradicional hostilidad de su país hacia Yugoslavia, que diarios como el Frankfurter Allgemeine Zeitung, y Die Welt, así como el semanario Der Spiegel, consideraban una “creación artificial”. 2- El hecho de tanto croatas como bosnios musulmanes, liderados en los noventa por dirigentes de la misma calaña que Milosevic, habían sido aliados de la Alemania nazi en la segunda guerra mundial y partícipes, junto con los alemanes, del genocidio de un millón de serbios desencadenado entonces por los nazis. Y 3- la naturaleza ilegal de las acciones militares de la OTAN desde el punto de vista de la ley internacional. El ministro de exteriores verde Josef Fischer comparó a “los serbios” con los nazis y al conflicto de Kosovo con Auschwitz, comparaciones que el General Loquai califica de monstruosas, “especialmente en boca de un alemán”. Algunas de las mentiras concretas y puntuales fueron las siguientes:
El catálogo de Scharping
El ministro de defensa Rudolf Scharping dijo antes de la intervención que los serbios habían matado a 100.000 albaneses en Kosovo. La realidad es que se contabilizaron entre cinco mil y siete mil, entre muertos y desaparecidos, todos los bandos juntos e incluidas las víctimas de bombas de la OTAN.
Scharping suscribió la leyenda americana del “plan herradura” de Milosevic: rodear a la población albanesa y deportarla antes del inicio de los bombardeos. Mencionó la “expulsión de millones” y “400.000 refugiados” albaneses antes del inicio de la operación de la OTAN. La realidad fue que para verano de 1999, a las pocas semanas de la ocupación de Kosovo por la OTAN, 230.000 serbios, montenegrinos, gitanos y albaneses “colaboracionistas” fueron expulsados de Kosovo mientras en la región había 46.000 soldados de la OTAN, es decir uno por cada cuatro expulsados. Una genuina “limpieza étnica” bajo la ocupación militar de la OTAN.
Pueblos que habían sido destruidos después de iniciada la guerra por la OTAN se presentaron como destruidos antes, como incentivo para iniciarla.
Se ocultó que la miseria de los refugiados albaneses y su estampida también era consecuencia de los ataques de la OTAN.
Scharping informó del inexistente “campo de concentración” de Milosevic en el estadio de Pristina con “varios miles de internados”. Diez años después, el ministro dijo que sólo eran “sospechas”.
Se informó falsamente de “cinco dirigentes albaneses” ejecutados y de “veinte profesores” albaneses fusilados antes sus alumnos.
Todo ello se hizo para justificar más de 6000 ataques de la OTAN sin mandato de la ONU cuyo sentido era demostrar que la OTAN tenía razón de ser y aprovechar las violencias -agravadas por la intervención de las potencias- para disolver Yugoslavia, un estado anómalo en el nuevo orden europeo posterior al fin de la guerra fría. Ningún político y medio de comunicación se ha disculpado y la misma constelación actúa, y está bien preparada y engrasada para actuar, en los conflictos del presente y el futuro.
Y sin embargo…
Según una encuesta realizada en febrero para la asociación atlantista Atlantikbrücke, los alemanes siguen rechazando fuertemente las intervenciones militares de su ejército en el extranjero, iniciadas hace 20 años en Yugoslavia: solo el 14% las apoyan, contra un 77% que las rechazan.
(P.S. No es esta la única derrota del complejo político-mediático local. Pese a que desde hace años se les bombardea con la demonización de la Rusia de Putin, a los alemanes Trump les parece mucho menos fiable (82%) que el presidente ruso (56%), e incluso consideran a China como socio menos dudoso (42%) que Estados Unidos (86%), señala la misma encuesta. Esta opinión contradice directamente las últimas resoluciones del Parlamento Europeo a favor de incrementar las sanciones contra Rusia, país al que ya no puede considerarse “socio estratégico”, señala la resolución votada este mes por 402 diputados, contra 163 (y 89 abstenciones). Al mismo tiempo, la Comisión ha declarado a China “rival sistémico” en una resolución que casi coincidió con la votación en el Parlamento Europeo. La UE califica así, simultáneamente, como casi enemigos a China y Rusia. El propósito es aislar a esas potencias, pero teniendo en cuenta el estado de las relaciones con Estados Unidos, así como el proceso de creciente fragmentación de la UE, es legítimo preguntarse quien es el aislado).
(Publicado en Ctxt) Rafael Poch.
lunes, 25 de febrero de 2019
Paparruchas de uno u otro signo. ¿Qué haríamos sin los profesionales que nos defienden de las influencias malignas?
Rafael Poch
A sus 33 años, Claas Relotius era un periodista estrella que acumulaba una decena de premios en Alemania,
la mayoría de ellos por artículos publicados por el semanario Der Spiegel. Entre ellos aquella sobrecogedora historia de los dos hermanitos sirios secuestrados y torturados por el Estado Islámico que luego fueron formados para ser bombas humanas.
“En sus artículos las grandes líneas de la historia contemporánea se hacen claras, de repente todo aparece como algo absoluta y humanamente comprensible”, dijo del periodista el redactor jefe de Der Spiegel, Ullrich Fichter.
Lástima que todo fuera inventado: los artículos de Relotius eran ficción,
siempre en buena sintonía con las versiones dominantes en el mercado informativo, pero paparruchas al fin y al cabo: 55 artículos “completa o parcialmente” inventados entre los publicados por Der Spiegel.
En realidad, el “prestigioso semanario” (agencia EFE dixit), siempre ha publicado paparruchas. A principios de los ochenta efectué un vaciado de las noticias que Der Spiegel había publicado en las tres décadas anteriores sobre la Unión Soviética y una gran parte del material resultante reunía una dosis considerable de burda fantasía. Desde siempre esa publicación ha sido uno de los altavoces preferentes de la propaganda de la guerra fría en Alemania, vía filtraciones de las agencias occidentales de inteligencia. Naturalmente, lo mismo ocurría en el mucho mas soporífero informe de la prensa soviética. La diferencia era que en la URSS muy pocos daban crédito a lo que se publicaba (la ventaja de una mayor miseria impresa era que enseñaba a leer periódicos) mientras que en Alemania lo que decía el “prestigioso semanario” era objeto de devoción.
Grandes profesionales
Lo mismo ocurría con las crónicas de los corresponsales anglosajones en Moscú en los años noventa. Tras su paso por Moscú, uno de ellos llegó a dirigir el New York Times, su colega del Washington Post, también galardonado con el Pulitzer, sería después director del New Yorker… periodistas de peso. Por aquella época vivían en Moscú unos cuantos norteamericanos asilvestrados que capitaneados por un tal Mark Ames, fundaron un semanario en inglés que se llamaba The eXile. Cada semana se dedicaban a leer con lupa las crónicas de los dioses del New York Times, Washington Post, Independent. Financial Times y demás, en las que detectaban enormes cantidades de descarados plagios y fusiladas de la prensa rusa que se hacían pasar por riguroso informe propio. The eXile lo hacía con un desparpajo y un rigor admirables. La desacralización de aquellos medios y aquellos “grandes profesionales” fue rotunda.
Lo que ahora se llama “fake news” el diccionario de la Real Academia lo define como “paparrucha (“Noticia falsa y desatinada de un suceso, esparcida entre el vulgo”). Los periodistas, por lo menos una buena parte de ellos, son, desde siempre, esparcidores de paparruchas. Los hay de diversas categorías, pero los más cualificados son los militantes de causas poderosamente establecidas y apadrinadas. Véase por ejemplo, el caso de la angelical red documentalmente destapada en noviembre y diciembre por “Anonymous” llamada “Integrity initiative”, un escándalo que ha sido tan profusamente divulgado por la propaganda rusa como silenciado por los medios occidentales.
Contra la influencia perniciosa
“Defending Democracy Against Disinformation”, se define esta virtuosa Ong. Dirigida por dos tipos vinculados a los servicios secretos británicos, Daniel Lafayeedney y Christopher Donnelly, creada desde el gobierno de su majestad y con antenas en las embajadas del Reino Unido en muchos países, la “Integrity Initiative” (II) es financiada por el gobierno británico, la OTAN, el Departamento de Estado, el ministerio de defensa de Lituania y Facebook, según los documentos filtrados que nadie ha desmentido. Dedicada a “contrarrestar la desinformación y maligna influencia de Rusia en Europa”, la II se dedica a realizar operaciones de propaganda en países europeos. En muchos de ellos la organización dispone de “equipos” de periodistas y académicos, militantes de la defensa de occidente. Cada equipo tiene un líder y también, lo que parece un contacto en la respectiva embajada británica del país en cuestión. En Alemania, por ejemplo, los documentos dan cuenta de catorce miembros del “equipo” local, periodistas de medios como Tagespiegel, Die Zeit, Die Welt o el Berliner Zeitung. En el Reino Unido la II animó una campaña, otra más, contra Jeremy Corbin, presentándole algo así como el “tonto útil” de los rusos en la isla. ¿Y en España?
Superlópez al rescate
Los documentos de Anonymous relatan la operación realizada el pasado 7 de junio por los superlópez locales para impedir el nombramiento del Coronel Pedro Baños al frente de la Dirección de Seguridad Nacional. La Wikipedia explica así el asunto:
“El 7 de junio de 2018 se anunció que asumiría la Dirección de Seguridad Nacional de España con la responsabilidad del secreto de las comunicaciones del Gobierno, la coordinación de los consejos de Seguridad Nacional, Seguridad Marítima y Ciberseguridad, además de las gestiones de crisis migratorias y energéticas. 56 Días después trascendió que finalmente el Presidente de Gobierno Pedro Sánchez optaba por el General Miguel Ángel Ballesteros para el puesto”.
Un documento de la “Integrity Initiative”, explica así la secuencia: A mediodía del 7 de junio, el “equipo español”, liderado por un tal “Nico de Pedro”, que resulta ser “investigador principal del CIDOB”, el principal centro de relaciones internacionales de Barcelona, y “responsable del programa sobre Rusia”, así como por otros dos miembros, Borja Lasheras y Quique Badía-Masoni, “se entera de que el conocido pro Kremlin Pedro Baños está apunto de ser nombrado director del departamento de seguridad nacional que trabaja estrechamente con la oficina del presidente del gobierno y que es muy influyente en la organización de la política”. “A las 14:00 el líder del equipo español alerta a otros miembros del equipo y prepara un dossier para informar a los principales medios españoles. El equipo inicia una campaña en Twitter para intentar impedir el nombramiento”.
“15:45 : el líder del equipo español alerta al equipo británico de II que activa la red de II para generar apoyo internacional para la campaña de Twitter. El equipo británico crea un grupo de WhatsApp para coordinar la respuesta de Twitter, hacerse contactos en Twitter para concienciar y hacer que la gente retwitee el material. Publica el material de Nico de Pedro en la web española stopFake´s que fue retuiteada también por influencers clave. El equipo envía material a El País y El Mundo para publicar y alerta a contactos en las embajadas del Reino Unido y Francia.
“Resultado: para las 19.45 el equipo español informa de que la campaña ha creado un ruido significativo en Twitter. Contactos en el Partido Socialista confirman que el Presidente del gobierno ha recibido el mensaje. Algunos diplomáticos también expresan preocupación. Finalmente, tanto el Partido Popular como Ciudadanos piden al Presidente del gobierno que pare el nombramiento”.
Los nombres de algunos de estos superlópez a sueldo de la OTAN ya habían sido divulgados con motivo de otro encargo militante, este a cargo de la Ong del magnate George Soros: confeccionar una lista de periodistas “prorusos” durante la crisis de Ucrania. Pero estas cutres actividades remuneradas, de las que solo trasciende una pequeña parte, no son lo más corriente. Lo mayoritario es divulgar paparruchas por conformismo, por efecto de lo que llamo “el efecto rebaño” (el concepto gringo correspondiente es “mainstream”): dejarse llevar por la corriente en la que están las empresas mediáticas, editoriales y sabidurías convencionales de importación y a la que mucho informador conformista y sin criterio se suma, normalmente sin cobrar e incluso creyendo que defiende derechos humanos.
En este muestrario, el caso del periodista Relotius resulta hasta simpático. Él no participaba en campañas, por dinero, ni por convicción, ni por una mezcla de ambas cosas, o por ñoñez y tontuna vaciedad.
Relotius embellecía con habilidad una realidad imaginaria y le sacaba partido.
No era un mercenario, ni un agitador, sino un creador de la paparrucha.
En el mundo del periodismo real, sus premios hay que considerarlos genuinos y bien merecidos.
(Publicado en Ctxt)
A sus 33 años, Claas Relotius era un periodista estrella que acumulaba una decena de premios en Alemania,
la mayoría de ellos por artículos publicados por el semanario Der Spiegel. Entre ellos aquella sobrecogedora historia de los dos hermanitos sirios secuestrados y torturados por el Estado Islámico que luego fueron formados para ser bombas humanas.
“En sus artículos las grandes líneas de la historia contemporánea se hacen claras, de repente todo aparece como algo absoluta y humanamente comprensible”, dijo del periodista el redactor jefe de Der Spiegel, Ullrich Fichter.
Lástima que todo fuera inventado: los artículos de Relotius eran ficción,
siempre en buena sintonía con las versiones dominantes en el mercado informativo, pero paparruchas al fin y al cabo: 55 artículos “completa o parcialmente” inventados entre los publicados por Der Spiegel.
En realidad, el “prestigioso semanario” (agencia EFE dixit), siempre ha publicado paparruchas. A principios de los ochenta efectué un vaciado de las noticias que Der Spiegel había publicado en las tres décadas anteriores sobre la Unión Soviética y una gran parte del material resultante reunía una dosis considerable de burda fantasía. Desde siempre esa publicación ha sido uno de los altavoces preferentes de la propaganda de la guerra fría en Alemania, vía filtraciones de las agencias occidentales de inteligencia. Naturalmente, lo mismo ocurría en el mucho mas soporífero informe de la prensa soviética. La diferencia era que en la URSS muy pocos daban crédito a lo que se publicaba (la ventaja de una mayor miseria impresa era que enseñaba a leer periódicos) mientras que en Alemania lo que decía el “prestigioso semanario” era objeto de devoción.
Grandes profesionales
Lo mismo ocurría con las crónicas de los corresponsales anglosajones en Moscú en los años noventa. Tras su paso por Moscú, uno de ellos llegó a dirigir el New York Times, su colega del Washington Post, también galardonado con el Pulitzer, sería después director del New Yorker… periodistas de peso. Por aquella época vivían en Moscú unos cuantos norteamericanos asilvestrados que capitaneados por un tal Mark Ames, fundaron un semanario en inglés que se llamaba The eXile. Cada semana se dedicaban a leer con lupa las crónicas de los dioses del New York Times, Washington Post, Independent. Financial Times y demás, en las que detectaban enormes cantidades de descarados plagios y fusiladas de la prensa rusa que se hacían pasar por riguroso informe propio. The eXile lo hacía con un desparpajo y un rigor admirables. La desacralización de aquellos medios y aquellos “grandes profesionales” fue rotunda.
Lo que ahora se llama “fake news” el diccionario de la Real Academia lo define como “paparrucha (“Noticia falsa y desatinada de un suceso, esparcida entre el vulgo”). Los periodistas, por lo menos una buena parte de ellos, son, desde siempre, esparcidores de paparruchas. Los hay de diversas categorías, pero los más cualificados son los militantes de causas poderosamente establecidas y apadrinadas. Véase por ejemplo, el caso de la angelical red documentalmente destapada en noviembre y diciembre por “Anonymous” llamada “Integrity initiative”, un escándalo que ha sido tan profusamente divulgado por la propaganda rusa como silenciado por los medios occidentales.
Contra la influencia perniciosa
“Defending Democracy Against Disinformation”, se define esta virtuosa Ong. Dirigida por dos tipos vinculados a los servicios secretos británicos, Daniel Lafayeedney y Christopher Donnelly, creada desde el gobierno de su majestad y con antenas en las embajadas del Reino Unido en muchos países, la “Integrity Initiative” (II) es financiada por el gobierno británico, la OTAN, el Departamento de Estado, el ministerio de defensa de Lituania y Facebook, según los documentos filtrados que nadie ha desmentido. Dedicada a “contrarrestar la desinformación y maligna influencia de Rusia en Europa”, la II se dedica a realizar operaciones de propaganda en países europeos. En muchos de ellos la organización dispone de “equipos” de periodistas y académicos, militantes de la defensa de occidente. Cada equipo tiene un líder y también, lo que parece un contacto en la respectiva embajada británica del país en cuestión. En Alemania, por ejemplo, los documentos dan cuenta de catorce miembros del “equipo” local, periodistas de medios como Tagespiegel, Die Zeit, Die Welt o el Berliner Zeitung. En el Reino Unido la II animó una campaña, otra más, contra Jeremy Corbin, presentándole algo así como el “tonto útil” de los rusos en la isla. ¿Y en España?
Superlópez al rescate
Los documentos de Anonymous relatan la operación realizada el pasado 7 de junio por los superlópez locales para impedir el nombramiento del Coronel Pedro Baños al frente de la Dirección de Seguridad Nacional. La Wikipedia explica así el asunto:
“El 7 de junio de 2018 se anunció que asumiría la Dirección de Seguridad Nacional de España con la responsabilidad del secreto de las comunicaciones del Gobierno, la coordinación de los consejos de Seguridad Nacional, Seguridad Marítima y Ciberseguridad, además de las gestiones de crisis migratorias y energéticas. 56 Días después trascendió que finalmente el Presidente de Gobierno Pedro Sánchez optaba por el General Miguel Ángel Ballesteros para el puesto”.
Un documento de la “Integrity Initiative”, explica así la secuencia: A mediodía del 7 de junio, el “equipo español”, liderado por un tal “Nico de Pedro”, que resulta ser “investigador principal del CIDOB”, el principal centro de relaciones internacionales de Barcelona, y “responsable del programa sobre Rusia”, así como por otros dos miembros, Borja Lasheras y Quique Badía-Masoni, “se entera de que el conocido pro Kremlin Pedro Baños está apunto de ser nombrado director del departamento de seguridad nacional que trabaja estrechamente con la oficina del presidente del gobierno y que es muy influyente en la organización de la política”. “A las 14:00 el líder del equipo español alerta a otros miembros del equipo y prepara un dossier para informar a los principales medios españoles. El equipo inicia una campaña en Twitter para intentar impedir el nombramiento”.
“15:45 : el líder del equipo español alerta al equipo británico de II que activa la red de II para generar apoyo internacional para la campaña de Twitter. El equipo británico crea un grupo de WhatsApp para coordinar la respuesta de Twitter, hacerse contactos en Twitter para concienciar y hacer que la gente retwitee el material. Publica el material de Nico de Pedro en la web española stopFake´s que fue retuiteada también por influencers clave. El equipo envía material a El País y El Mundo para publicar y alerta a contactos en las embajadas del Reino Unido y Francia.
“Resultado: para las 19.45 el equipo español informa de que la campaña ha creado un ruido significativo en Twitter. Contactos en el Partido Socialista confirman que el Presidente del gobierno ha recibido el mensaje. Algunos diplomáticos también expresan preocupación. Finalmente, tanto el Partido Popular como Ciudadanos piden al Presidente del gobierno que pare el nombramiento”.
Los nombres de algunos de estos superlópez a sueldo de la OTAN ya habían sido divulgados con motivo de otro encargo militante, este a cargo de la Ong del magnate George Soros: confeccionar una lista de periodistas “prorusos” durante la crisis de Ucrania. Pero estas cutres actividades remuneradas, de las que solo trasciende una pequeña parte, no son lo más corriente. Lo mayoritario es divulgar paparruchas por conformismo, por efecto de lo que llamo “el efecto rebaño” (el concepto gringo correspondiente es “mainstream”): dejarse llevar por la corriente en la que están las empresas mediáticas, editoriales y sabidurías convencionales de importación y a la que mucho informador conformista y sin criterio se suma, normalmente sin cobrar e incluso creyendo que defiende derechos humanos.
En este muestrario, el caso del periodista Relotius resulta hasta simpático. Él no participaba en campañas, por dinero, ni por convicción, ni por una mezcla de ambas cosas, o por ñoñez y tontuna vaciedad.
Relotius embellecía con habilidad una realidad imaginaria y le sacaba partido.
No era un mercenario, ni un agitador, sino un creador de la paparrucha.
En el mundo del periodismo real, sus premios hay que considerarlos genuinos y bien merecidos.
(Publicado en Ctxt)
domingo, 24 de febrero de 2019
La realidad que esconde la coalición de Trump por el cambio de régimen en Venezuela.
Traducido para Rebelión por Paco Muñoz de Bustillo
El intento de Estados Unidos de derrocar a Maduro no tiene nada que ver con la democracia o los derechos humanos.
Al inicio de la década de los setenta, un puñado de sandinistas luchaba en las montañas de Nicaragua para derribar la brutal dictadura de 40 años de la familia Somoza, apoyada por Estados Unidos. Cuando en 1971 una gran erupción volcánica golpeó Nicaragua, los guerrilleros dijeron a los campesinos que Dios estaba castigándoles por no deshacerse de Somoza, tal y como narró posteriormente el sandinista Omar Cabezas.
Cuando los sandinistas triunfaron en 1979, Estados Unidos libró una sangrienta guerra para recuperar el país con una fuerza paramilitar terrorista llamada los Contras, que se dedicó a asesinar civiles. El presidente George H.W. Bush dejó claro durante la reelección de los sandinistas en 1990 que, aunque él no era Dios, continuaría castigando a los nicaragüenses con un embargo de armas y con la guerra si no se libraban de los sandinistas. Cansados de la guerra, la hiperinflación y el colapso económico, los nicaragüenses votaron a la oposición: los sandinistas perdieron.
En la actualidad, la Administración Trump está repitiendo la estrategia de castigo colectivo en Venezuela mediante un paralizante embargo financiero efectivo desde agosto de 2017 y, desde enero de este año, un embargo comercial. El embargo financiero ha impedido al gobierno utilizar medidas para acabar con la hiperinflación o lograr una recuperación económica, al paralizar la comercialización de miles de millones de dólares de producción petrolera. El embargo comercial se propone recortar alrededor del 60% de los ya magros ingresos de divisas, necesarios para comprar medicinas, alimentos, suministros médicos y otros bienes esenciales para la supervivencia de muchos venezolanos.
Con el propósito de fomentar un golpe militar, una rebelión popular o una guerra civil, la Administración Trump ha declarado que el castigo continuará hasta que caiga el gobierno actual. “Maduro debe irse”, volvió a afirmar el vicepresidente de EE.UU. Mike Pence a comienzos de marzo.
Todo esto es ilegal de acuerdo con numerosos tratados firmados por Estados Unidos, incluyendo la Carta de Naciones Unidas, la Carta de la Organización de Estados Americanos (OEA) y otras leyes y convenciones internacionales. Para legitimar esta brutalidad –que probablemente ya ha causado miles de muertes al reducir el acceso de los venezolanos a bienes y servicios vitales–, la Administración Trump ha presentado las sanciones como fruto de un consenso de la “comunidad internacional”, lo mismo que hizo Bush cuando reunió a su “coalición de la voluntad” de 48 países para apoyar su desastrosa invasión de Irak en 2003.
Según esta narrativa, los gobiernos que han secundado a Estados Unidos (en su mayoría americanos y europeos) en el reconocimiento de un gobierno paralelo en Venezuela son “democráticos”; aquellos que no lo han hecho, o se han declarados contrarios al intento de derribar al actual gobierno, son “autoritarios”, con el ejemplo de Rusia, China y Turquía habitualmente mencionado en los informativos.
Echemos un vistazo a algunos de los gobiernos que han secundado a la Administración Trump en esta operación ilegal de cambio de régimen y que se han unido al embargo comercial al reconocer a Juan Guaidó como “presidente interino”. El aliado más importante y sólido de Trump en América Latina es el presidente ultraderechista de Brasil, Jair Bolsonaro, famoso por haber dicho a una congresista brasileña que no la violaba porque “no se lo merecía”, por diversas observaciones racistas y contra los homosexuales y por glorificar la violencia política. Irónicamente, dado que la principal justificación de Trump para impulsar el cambio de régimen en Venezuela es que la elección de Maduro fue ilegitima, el propio Bolsonaro accedió al poder en una elección de cuestionable legitimidad. Su principal oponente, el expresidente Lula da Silva –entonces el político más popular del país– fue encarcelado tras un juicio en el que no se presentó prueba material alguna del delito cometido. El veredicto se basó en el testimonio forzado de un testigo convicto de corrupción, cuyo recurso de clemencia fue suspendido hasta que cambió su testimonio para hacerlo coincidir con el del juez que llevaba la acusación. Dicho juez, Sérgio Moro, demostró en numerosas ocasiones una gran animadversión contra Lula –incluyendo la publicación de conversaciones grabadas ilegalmente entre Lula y la entonces presidente del país, Dilma Rousseff, su abogado, y su esposa e hijos. Después de que estas y otras irregularidades e ilegalidades aseguraron la condena de Lula, este fue inconstitucionalmente encarcelado antes de la elección. Tras la elección que el juez Sérgio Moro ayudó a ganar a Bolsonaro, dicho juez fue nombrado ministro de justicia.
Otros gobiernos latinoamericanos de la Coalición de la Voluntad de Trump deben favores a Washington por haberles ayudado a alcanzar el poder. El gobierno de Honduras del presidente Juan Orlando Hernández es probablemente el ejemplo más extremo. Su partido llegó al poder en 2009 con el derrocamiento del presidente democráticamente elegido, Mel Zelaya, gracias a un golpe militar. La Administración Obama, junto con los republicanos, contribuyó a legitimar el golpe y las “elecciones” que le sucedieron. Hillary Clinton, entonces secretaria de Estado, escribió posteriormente en sus memorias cómo maniobró para evitar que el presidente democráticamente electo recuperara su cargo. En 2017, Hernández retuvo el poder robando descaradamente las elecciones: se limitó a alterar el número total de votos. Periodistas y observadores de todo el espectro político llegaron a esta inexorable conclusión. Incluso uno de los líderes más fanáticos de la coalición de la voluntad de Trump, el actual secretario general de la OEA, Luis Almagro, rechazó los resultados y pidió la convocatoria de nuevas elecciones. Evidentemente, nada pasó, porque el equipo de Trump aceptó los resultados.
Colombia aporta probablemente el líder más belicoso de la coalición, tras Bolsonaro. El presidente Iván Duque es discípulo del anterior presidente, Álvaro Uribe, que ahora ejerce el poder en la sombra. Comunicaciones diplomáticas de Estados Unidos publicadas el año pasado dan muestra de la preocupación general de las autoridades estadounidenses por los vínculos de Uribe con el narcotráfico. En la década de los noventa, la Agencia de Inteligencia de la Defensa estadounidense descubrió que Uribe “había llevado la colaboración con el cartel de Medellín a los más altos niveles de gobierno”. También se relaciona a Uribe con los escuadrones de la muerte de su país. El año pasado, dimitió como senador en mitad de una investigación criminal en curso. Uribe lleva tiempo apoyando el cambio de régimen en Venezuela propiciado por Estados Unidos. En 2009, numerosos gobiernos sudamericanos se opusieron y bloquearon sus planes para ampliar la presencia militar estadounidense en Colombia.
El presidente de Argentina Mauricio Macri, otro influyente miembro de la coalición perteneciente a la derecha dura, también debe favores a Washington. En junio, esta relación le ayudó a conseguir el mayor préstamo del FMI de la historia, 50.000 millones de dólares, que posteriormente aumentarían a 56.300 millones cuando la economía se comportó de un modo mucho peor de lo que el FMI había previsto al firmar el acuerdo. Estados Unidos había bloqueado los créditos de las instituciones multilaterales de préstamo, como el Banco Interamericano de Desarrollo, al gobierno de su predecesora y rival. Este hecho fue relevante porque Argentina estaba inmersa en problemas financieros hacia el final del mandato de la presidenta Cristina Fernández. De todas formas, su gobierno sufrió un golpe aún más fuerte por parte de un juez neoyorkino al que aparentemente movían cuestiones políticas, que retuvo más del 90% de los créditos a Argentina al dictaminar que no podían desembolsarse mientras el país no pagara las deudas que había contraído con ciertos fondos buitre de EE.UU. Todos estos problemas con Estados Unidos se resolvieron en cuanto Macri asumió el poder en 2015.
Los medios de comunicación a veces señalan al presidente Lenín Moreno de Ecuador para mostrar que hay cierta presencia del “centro-izquierda” en esta empresa ilegal y en cierto modo barbárica. Es verdad que Moreno fue elegido en 2017 con el apoyo del partido de izquierda Alianza País, del anterior presidente Rafael Correa. Pero en seguida dio un giro radical a su mandato y se alió con los oligarcas derechistas y utilizó medios extraconstitucionales para consolidar el poder. Actualmente intenta meter en la cárcel a su antecesor basándose en lo que parecen ser falsas acusaciones. Washington ha recompensado a Moreno con préstamos de instituciones multilaterales por valor de 10.000 millones de dólares, incluyendo 4.200 millones del FMI concedidos la semana pasada. Si 10.000 millones de dólares no parece gran cosa, pensemos que dicho préstamo expresado como porcentaje de la economía de Ecuador sería como si EE.UU. recibiese 1,9 billones. No sorprende pues que Moreno se haya unido a la coalición de Trump.
El presidente de Paraguay tiene también razones para agradecer al padrino estadounidense. Su partido, el Partido Colorado, gobernó el país durante 61 años consecutivos, la mayoría de ellos bajo la dictadura de Alfredo Stroessner. En 2008, un obispo de izquierdas, Fernando Lugo, ganó las elecciones contra todo pronóstico. Pero fue derribado mediante un golpe parlamentario en 2012, al que se opusieron casi todos los gobiernos sudamericanos. Una vez más, Washington maniobró con la OEA para legitimar el golpe. Así que, ahí tenemos a otro presidente sudamericano encantado de unirse a las maniobras gringas para poner un dirigente de derechas en Venezuela. Otro sujeto que se ha apuntado a esta coalición es el presidente chileno, Sebastián Piñera, un simpatizante de Pinochet que el año pasado nombró ministros a dos antiguos aliados del dictador respaldado por EE.UU.
Así es como Estados Unidos logra sus apoyos, al menos en la actualidad. Hace unos años, cuando la mayor parte de la región estaba gobernada por gobiernos de izquierda o centro-izquierda, Trump no habría conseguido ni un solo apoyo para esta operación ilegal de cambio de régimen. El secretario de Estado de Obama, John Kerry, llegó a esa conclusión cuando en 2013 los opositores violentos se echaron a la calle en Venezuela para intentar derribar el primer mandato de Maduro. No hubo ninguna duda sobre el resultado de las elecciones y prácticamente todos los gobiernos del mundo las reconocieron. Kerry se encontró completamente aislado y Washington se rindió y tuvo que aceptar la elección de Maduro.
Luego tenemos a Europa, que por una serie de razones históricas casi nunca ha sido capaz de desarrollar una política exterior independiente de Estados Unidos. Esto es especialmente cierto para América Latina, donde se suele respetar la Doctrina Monroe, a la que se acogió descaradamente el Consejero de Seguridad Nacional John Bolton hace unos días. Dicho lo cual, hizo falta retorcer ligeramente el brazo del primer ministro español, Pedro Sánchez, que sorprendentemente se había opuesto hacía unos días a las sanciones de Trump contra Venezuela, incluso antes del embargo comercial y del reconocimiento de Guaidó en enero. Su ministro de exteriores, Josep Borrell, declaró a la prensa que el gobierno había recibido “presiones” de Washington. El gobierno socialista del PSOE de Sánchez también fue sometido a una gran presión por los grandes medios de comunicación españoles, que llevaban cierto tiempo en “modo cambio de régimen” ante las próximas elecciones generales que se celebrarán a finales de abril. España tiene una importancia clave a la hora de asegurar el apoyo europeo a esta empresa, ya que otros países, incluyendo a Alemania, suelen tomar en cuenta la opinión española en los temas relativos a su política latinoamericana.
Aunque el equipo de Trump gozara de una mayoría global –de la que carece, pues solo 50 países de 195 apoyan el cambio de régimen en Venezuela–, sus letales sanciones económicas, su robo de activos financieros, sus amenazas militares y otras acciones para derribar el gobierno no serían más legales o legítimas que la invasión de Irak de George W. Bush, o las múltiples iniciativas de cambio de régimen que se han producido en el hemisferio americano. Ello no sorprende a nadie, dado quién está al timón: el perenne defensor de los cambios de régimen, John Bolton, por ejemplo, o el enviado especial Elliott Abrams, que apoyó lo que posteriormente la ONU consideró un genocidio en Guatemala, así como las atrocidades promovidas por EE.UU. en El Salvador y Nicaragua en la década de los ochenta. La elección de quienes protagonizan el apoyo a esta iniciativa de cambio de régimen, ya sea en Washington o entre sus más próximos aliados, debería subrayar lo que es evidente: el intento de Estados Unidos de derrocar a Maduro no tiene nada que ver con la democracia o los derechos humanos.
Mack Weisbrot es codirector del Center for Economic and Policy Research, en Washington D.C. y presidente de Just Foreign Policy.
Fuente: https://newrepublic.com/article/153283/reality-behind-trumps-coalition-regime-change-venezuela
El presente artículo puede reproducirse libremente siempre que se respete su integridad y se mencione a su autor, a su traductor y a Rebelión como fuente del mismo.
El intento de Estados Unidos de derrocar a Maduro no tiene nada que ver con la democracia o los derechos humanos.
Al inicio de la década de los setenta, un puñado de sandinistas luchaba en las montañas de Nicaragua para derribar la brutal dictadura de 40 años de la familia Somoza, apoyada por Estados Unidos. Cuando en 1971 una gran erupción volcánica golpeó Nicaragua, los guerrilleros dijeron a los campesinos que Dios estaba castigándoles por no deshacerse de Somoza, tal y como narró posteriormente el sandinista Omar Cabezas.
Cuando los sandinistas triunfaron en 1979, Estados Unidos libró una sangrienta guerra para recuperar el país con una fuerza paramilitar terrorista llamada los Contras, que se dedicó a asesinar civiles. El presidente George H.W. Bush dejó claro durante la reelección de los sandinistas en 1990 que, aunque él no era Dios, continuaría castigando a los nicaragüenses con un embargo de armas y con la guerra si no se libraban de los sandinistas. Cansados de la guerra, la hiperinflación y el colapso económico, los nicaragüenses votaron a la oposición: los sandinistas perdieron.
En la actualidad, la Administración Trump está repitiendo la estrategia de castigo colectivo en Venezuela mediante un paralizante embargo financiero efectivo desde agosto de 2017 y, desde enero de este año, un embargo comercial. El embargo financiero ha impedido al gobierno utilizar medidas para acabar con la hiperinflación o lograr una recuperación económica, al paralizar la comercialización de miles de millones de dólares de producción petrolera. El embargo comercial se propone recortar alrededor del 60% de los ya magros ingresos de divisas, necesarios para comprar medicinas, alimentos, suministros médicos y otros bienes esenciales para la supervivencia de muchos venezolanos.
Con el propósito de fomentar un golpe militar, una rebelión popular o una guerra civil, la Administración Trump ha declarado que el castigo continuará hasta que caiga el gobierno actual. “Maduro debe irse”, volvió a afirmar el vicepresidente de EE.UU. Mike Pence a comienzos de marzo.
Todo esto es ilegal de acuerdo con numerosos tratados firmados por Estados Unidos, incluyendo la Carta de Naciones Unidas, la Carta de la Organización de Estados Americanos (OEA) y otras leyes y convenciones internacionales. Para legitimar esta brutalidad –que probablemente ya ha causado miles de muertes al reducir el acceso de los venezolanos a bienes y servicios vitales–, la Administración Trump ha presentado las sanciones como fruto de un consenso de la “comunidad internacional”, lo mismo que hizo Bush cuando reunió a su “coalición de la voluntad” de 48 países para apoyar su desastrosa invasión de Irak en 2003.
Según esta narrativa, los gobiernos que han secundado a Estados Unidos (en su mayoría americanos y europeos) en el reconocimiento de un gobierno paralelo en Venezuela son “democráticos”; aquellos que no lo han hecho, o se han declarados contrarios al intento de derribar al actual gobierno, son “autoritarios”, con el ejemplo de Rusia, China y Turquía habitualmente mencionado en los informativos.
Echemos un vistazo a algunos de los gobiernos que han secundado a la Administración Trump en esta operación ilegal de cambio de régimen y que se han unido al embargo comercial al reconocer a Juan Guaidó como “presidente interino”. El aliado más importante y sólido de Trump en América Latina es el presidente ultraderechista de Brasil, Jair Bolsonaro, famoso por haber dicho a una congresista brasileña que no la violaba porque “no se lo merecía”, por diversas observaciones racistas y contra los homosexuales y por glorificar la violencia política. Irónicamente, dado que la principal justificación de Trump para impulsar el cambio de régimen en Venezuela es que la elección de Maduro fue ilegitima, el propio Bolsonaro accedió al poder en una elección de cuestionable legitimidad. Su principal oponente, el expresidente Lula da Silva –entonces el político más popular del país– fue encarcelado tras un juicio en el que no se presentó prueba material alguna del delito cometido. El veredicto se basó en el testimonio forzado de un testigo convicto de corrupción, cuyo recurso de clemencia fue suspendido hasta que cambió su testimonio para hacerlo coincidir con el del juez que llevaba la acusación. Dicho juez, Sérgio Moro, demostró en numerosas ocasiones una gran animadversión contra Lula –incluyendo la publicación de conversaciones grabadas ilegalmente entre Lula y la entonces presidente del país, Dilma Rousseff, su abogado, y su esposa e hijos. Después de que estas y otras irregularidades e ilegalidades aseguraron la condena de Lula, este fue inconstitucionalmente encarcelado antes de la elección. Tras la elección que el juez Sérgio Moro ayudó a ganar a Bolsonaro, dicho juez fue nombrado ministro de justicia.
Otros gobiernos latinoamericanos de la Coalición de la Voluntad de Trump deben favores a Washington por haberles ayudado a alcanzar el poder. El gobierno de Honduras del presidente Juan Orlando Hernández es probablemente el ejemplo más extremo. Su partido llegó al poder en 2009 con el derrocamiento del presidente democráticamente elegido, Mel Zelaya, gracias a un golpe militar. La Administración Obama, junto con los republicanos, contribuyó a legitimar el golpe y las “elecciones” que le sucedieron. Hillary Clinton, entonces secretaria de Estado, escribió posteriormente en sus memorias cómo maniobró para evitar que el presidente democráticamente electo recuperara su cargo. En 2017, Hernández retuvo el poder robando descaradamente las elecciones: se limitó a alterar el número total de votos. Periodistas y observadores de todo el espectro político llegaron a esta inexorable conclusión. Incluso uno de los líderes más fanáticos de la coalición de la voluntad de Trump, el actual secretario general de la OEA, Luis Almagro, rechazó los resultados y pidió la convocatoria de nuevas elecciones. Evidentemente, nada pasó, porque el equipo de Trump aceptó los resultados.
Colombia aporta probablemente el líder más belicoso de la coalición, tras Bolsonaro. El presidente Iván Duque es discípulo del anterior presidente, Álvaro Uribe, que ahora ejerce el poder en la sombra. Comunicaciones diplomáticas de Estados Unidos publicadas el año pasado dan muestra de la preocupación general de las autoridades estadounidenses por los vínculos de Uribe con el narcotráfico. En la década de los noventa, la Agencia de Inteligencia de la Defensa estadounidense descubrió que Uribe “había llevado la colaboración con el cartel de Medellín a los más altos niveles de gobierno”. También se relaciona a Uribe con los escuadrones de la muerte de su país. El año pasado, dimitió como senador en mitad de una investigación criminal en curso. Uribe lleva tiempo apoyando el cambio de régimen en Venezuela propiciado por Estados Unidos. En 2009, numerosos gobiernos sudamericanos se opusieron y bloquearon sus planes para ampliar la presencia militar estadounidense en Colombia.
El presidente de Argentina Mauricio Macri, otro influyente miembro de la coalición perteneciente a la derecha dura, también debe favores a Washington. En junio, esta relación le ayudó a conseguir el mayor préstamo del FMI de la historia, 50.000 millones de dólares, que posteriormente aumentarían a 56.300 millones cuando la economía se comportó de un modo mucho peor de lo que el FMI había previsto al firmar el acuerdo. Estados Unidos había bloqueado los créditos de las instituciones multilaterales de préstamo, como el Banco Interamericano de Desarrollo, al gobierno de su predecesora y rival. Este hecho fue relevante porque Argentina estaba inmersa en problemas financieros hacia el final del mandato de la presidenta Cristina Fernández. De todas formas, su gobierno sufrió un golpe aún más fuerte por parte de un juez neoyorkino al que aparentemente movían cuestiones políticas, que retuvo más del 90% de los créditos a Argentina al dictaminar que no podían desembolsarse mientras el país no pagara las deudas que había contraído con ciertos fondos buitre de EE.UU. Todos estos problemas con Estados Unidos se resolvieron en cuanto Macri asumió el poder en 2015.
Los medios de comunicación a veces señalan al presidente Lenín Moreno de Ecuador para mostrar que hay cierta presencia del “centro-izquierda” en esta empresa ilegal y en cierto modo barbárica. Es verdad que Moreno fue elegido en 2017 con el apoyo del partido de izquierda Alianza País, del anterior presidente Rafael Correa. Pero en seguida dio un giro radical a su mandato y se alió con los oligarcas derechistas y utilizó medios extraconstitucionales para consolidar el poder. Actualmente intenta meter en la cárcel a su antecesor basándose en lo que parecen ser falsas acusaciones. Washington ha recompensado a Moreno con préstamos de instituciones multilaterales por valor de 10.000 millones de dólares, incluyendo 4.200 millones del FMI concedidos la semana pasada. Si 10.000 millones de dólares no parece gran cosa, pensemos que dicho préstamo expresado como porcentaje de la economía de Ecuador sería como si EE.UU. recibiese 1,9 billones. No sorprende pues que Moreno se haya unido a la coalición de Trump.
El presidente de Paraguay tiene también razones para agradecer al padrino estadounidense. Su partido, el Partido Colorado, gobernó el país durante 61 años consecutivos, la mayoría de ellos bajo la dictadura de Alfredo Stroessner. En 2008, un obispo de izquierdas, Fernando Lugo, ganó las elecciones contra todo pronóstico. Pero fue derribado mediante un golpe parlamentario en 2012, al que se opusieron casi todos los gobiernos sudamericanos. Una vez más, Washington maniobró con la OEA para legitimar el golpe. Así que, ahí tenemos a otro presidente sudamericano encantado de unirse a las maniobras gringas para poner un dirigente de derechas en Venezuela. Otro sujeto que se ha apuntado a esta coalición es el presidente chileno, Sebastián Piñera, un simpatizante de Pinochet que el año pasado nombró ministros a dos antiguos aliados del dictador respaldado por EE.UU.
Así es como Estados Unidos logra sus apoyos, al menos en la actualidad. Hace unos años, cuando la mayor parte de la región estaba gobernada por gobiernos de izquierda o centro-izquierda, Trump no habría conseguido ni un solo apoyo para esta operación ilegal de cambio de régimen. El secretario de Estado de Obama, John Kerry, llegó a esa conclusión cuando en 2013 los opositores violentos se echaron a la calle en Venezuela para intentar derribar el primer mandato de Maduro. No hubo ninguna duda sobre el resultado de las elecciones y prácticamente todos los gobiernos del mundo las reconocieron. Kerry se encontró completamente aislado y Washington se rindió y tuvo que aceptar la elección de Maduro.
Luego tenemos a Europa, que por una serie de razones históricas casi nunca ha sido capaz de desarrollar una política exterior independiente de Estados Unidos. Esto es especialmente cierto para América Latina, donde se suele respetar la Doctrina Monroe, a la que se acogió descaradamente el Consejero de Seguridad Nacional John Bolton hace unos días. Dicho lo cual, hizo falta retorcer ligeramente el brazo del primer ministro español, Pedro Sánchez, que sorprendentemente se había opuesto hacía unos días a las sanciones de Trump contra Venezuela, incluso antes del embargo comercial y del reconocimiento de Guaidó en enero. Su ministro de exteriores, Josep Borrell, declaró a la prensa que el gobierno había recibido “presiones” de Washington. El gobierno socialista del PSOE de Sánchez también fue sometido a una gran presión por los grandes medios de comunicación españoles, que llevaban cierto tiempo en “modo cambio de régimen” ante las próximas elecciones generales que se celebrarán a finales de abril. España tiene una importancia clave a la hora de asegurar el apoyo europeo a esta empresa, ya que otros países, incluyendo a Alemania, suelen tomar en cuenta la opinión española en los temas relativos a su política latinoamericana.
Aunque el equipo de Trump gozara de una mayoría global –de la que carece, pues solo 50 países de 195 apoyan el cambio de régimen en Venezuela–, sus letales sanciones económicas, su robo de activos financieros, sus amenazas militares y otras acciones para derribar el gobierno no serían más legales o legítimas que la invasión de Irak de George W. Bush, o las múltiples iniciativas de cambio de régimen que se han producido en el hemisferio americano. Ello no sorprende a nadie, dado quién está al timón: el perenne defensor de los cambios de régimen, John Bolton, por ejemplo, o el enviado especial Elliott Abrams, que apoyó lo que posteriormente la ONU consideró un genocidio en Guatemala, así como las atrocidades promovidas por EE.UU. en El Salvador y Nicaragua en la década de los ochenta. La elección de quienes protagonizan el apoyo a esta iniciativa de cambio de régimen, ya sea en Washington o entre sus más próximos aliados, debería subrayar lo que es evidente: el intento de Estados Unidos de derrocar a Maduro no tiene nada que ver con la democracia o los derechos humanos.
Mack Weisbrot es codirector del Center for Economic and Policy Research, en Washington D.C. y presidente de Just Foreign Policy.
Fuente: https://newrepublic.com/article/153283/reality-behind-trumps-coalition-regime-change-venezuela
El presente artículo puede reproducirse libremente siempre que se respete su integridad y se mencione a su autor, a su traductor y a Rebelión como fuente del mismo.
lunes, 31 de diciembre de 2018
La "vía serbia" y el nacionalismo español
Carlos Taibo
Nuevo Desorden
El fenómeno se reveló por vez primera al calor de la declaración de independencia de Kosova, a principios de 2008. Muchos de quienes, entre nosotros, y en las dos décadas anteriores, se habían entregado a la demonización más burda de las políticas desplegadas en Serbia por Slobodan Milošević pasaron a ver en éste el afortunado defensor de la Yugoslavia unida. No se trata, hablando en propiedad, de que defendiesen las políticas de Milošević. Para defenderlas, como para criticarlas, era preciso conocerlas, y esto no parecía al alcance de las entendederas, y de la voluntad, de estos nacionalistas españoles, expertos sobrevenidos en asuntos balcánicos.
La farsa ha reaparecido estos días al amparo de la supuesta "vía eslovena" enunciada por el señor Torra. Llamativo ha resultado que las discusiones sobre la legalidad del referendo esloveno de 1990, inequívocamente complejas, rara vez se hayan hecho acompañar, entre dirigentes políticos y todólogos, de consideración alguna en lo que hace a lo que ocurrió, fundamentalmente en Serbia, en los años anteriores. Desde la Serbia de Milošević se articuló una agresión en toda regla contra un Estado federal frágil y maltrecho. Asumió formas varias: despliegue franco de discursos demonizadores de unos u otros grupos étnicos, asentamiento de un nacionalismo de inocultada base étnica, apuesta por una progresiva "serbianización" del ejército popular yugoslavo, abolición de la condición de provincias autónomas de la que disfrutaban, dentro de Serbia, la Vojvodina y Kosova, establecimiento de un régimen de apartheid en este último territorio, adulteración de los equilibrios más elementales en la presidencia colectiva del Estado federal, apoyo a la creación, en Croacia y en Bosnia, de regiones autónomas serbias y, en fin, y al cabo, un obsceno uso de la fuerza.
Describir a Milošević, un genuino anti-Tito, como el garante de la unidad yugoslava es olvidar que el dirigente serbio fue, antes bien, y en colaboración estrecha, poco después, con el presidente croata Franjo Tuđman, el dinamitador mayor de esa unidad. A Milošević, dicho sea de paso, la independencia de Eslovenia, en donde apenas había serbios, le trajo siempre al pairo, como en realidad, pero esto es harina de otro costal, y bien que con reglas diferentes, sucedió con la de Croacia. El referendo de autodeterminación y la declaración de independencia eslovenos, legales o no -¿cuáles eran las credenciales, por cierto, de quienes se atribuían el derecho a decidir al respecto?- , no surgieron, en cualquier caso, de la nada. Y la política de Alemania, la de la UE, la de EEUU o la del FMI en nada rebajan la responsabilidad de las elites dirigentes en Serbia y en Croacia.
Quienes en estas horas prefieren jugar al olvido o, más aún, exaltan una figura tan lamentable como la de Milošević nos están trasladando un mensaje inquietante. No les preocupa la condición de dirigentes y políticas siempre y cuando unos y otras apunten -o al menos eso parezca- a preservar la unidad patria. Tanto que hasta Milošević les parece una opción razonable y respetable. La conclusión parece servida: el uso de la fuerza en modo alguno les resulta desdeñable, al amparo de lo que algún lanzado bien podría llamar -en franco olvido de los muchos serbios que pelearon por la convivencia y plantaron cara al capitalismo mafioso y a las razzias étnicas asestadas por Milošević- la "vía serbia" . Qué ilustrativo resulta que en un proyecto como ése se den la mano muchos de los nacionalistas de Estado, el naufragio de nuestra izquierda zorrocotroca y la patética y connivente censura que ejercen muchos de los medios de incomunicación españoles.
Fuente: http://www.carlostaibo.com/articulos/texto/index.php?id=566
Nuevo Desorden
El fenómeno se reveló por vez primera al calor de la declaración de independencia de Kosova, a principios de 2008. Muchos de quienes, entre nosotros, y en las dos décadas anteriores, se habían entregado a la demonización más burda de las políticas desplegadas en Serbia por Slobodan Milošević pasaron a ver en éste el afortunado defensor de la Yugoslavia unida. No se trata, hablando en propiedad, de que defendiesen las políticas de Milošević. Para defenderlas, como para criticarlas, era preciso conocerlas, y esto no parecía al alcance de las entendederas, y de la voluntad, de estos nacionalistas españoles, expertos sobrevenidos en asuntos balcánicos.
La farsa ha reaparecido estos días al amparo de la supuesta "vía eslovena" enunciada por el señor Torra. Llamativo ha resultado que las discusiones sobre la legalidad del referendo esloveno de 1990, inequívocamente complejas, rara vez se hayan hecho acompañar, entre dirigentes políticos y todólogos, de consideración alguna en lo que hace a lo que ocurrió, fundamentalmente en Serbia, en los años anteriores. Desde la Serbia de Milošević se articuló una agresión en toda regla contra un Estado federal frágil y maltrecho. Asumió formas varias: despliegue franco de discursos demonizadores de unos u otros grupos étnicos, asentamiento de un nacionalismo de inocultada base étnica, apuesta por una progresiva "serbianización" del ejército popular yugoslavo, abolición de la condición de provincias autónomas de la que disfrutaban, dentro de Serbia, la Vojvodina y Kosova, establecimiento de un régimen de apartheid en este último territorio, adulteración de los equilibrios más elementales en la presidencia colectiva del Estado federal, apoyo a la creación, en Croacia y en Bosnia, de regiones autónomas serbias y, en fin, y al cabo, un obsceno uso de la fuerza.
Describir a Milošević, un genuino anti-Tito, como el garante de la unidad yugoslava es olvidar que el dirigente serbio fue, antes bien, y en colaboración estrecha, poco después, con el presidente croata Franjo Tuđman, el dinamitador mayor de esa unidad. A Milošević, dicho sea de paso, la independencia de Eslovenia, en donde apenas había serbios, le trajo siempre al pairo, como en realidad, pero esto es harina de otro costal, y bien que con reglas diferentes, sucedió con la de Croacia. El referendo de autodeterminación y la declaración de independencia eslovenos, legales o no -¿cuáles eran las credenciales, por cierto, de quienes se atribuían el derecho a decidir al respecto?- , no surgieron, en cualquier caso, de la nada. Y la política de Alemania, la de la UE, la de EEUU o la del FMI en nada rebajan la responsabilidad de las elites dirigentes en Serbia y en Croacia.
Quienes en estas horas prefieren jugar al olvido o, más aún, exaltan una figura tan lamentable como la de Milošević nos están trasladando un mensaje inquietante. No les preocupa la condición de dirigentes y políticas siempre y cuando unos y otras apunten -o al menos eso parezca- a preservar la unidad patria. Tanto que hasta Milošević les parece una opción razonable y respetable. La conclusión parece servida: el uso de la fuerza en modo alguno les resulta desdeñable, al amparo de lo que algún lanzado bien podría llamar -en franco olvido de los muchos serbios que pelearon por la convivencia y plantaron cara al capitalismo mafioso y a las razzias étnicas asestadas por Milošević- la "vía serbia" . Qué ilustrativo resulta que en un proyecto como ése se den la mano muchos de los nacionalistas de Estado, el naufragio de nuestra izquierda zorrocotroca y la patética y connivente censura que ejercen muchos de los medios de incomunicación españoles.
Fuente: http://www.carlostaibo.com/articulos/texto/index.php?id=566
sábado, 25 de agosto de 2018
La guerra está precedida de grandes mentiras
El 09 de Agosto pasado se realizó en la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile el Foro: “Guerra: El Derecho a la Paz y a la Autodeterminación”.
Y claro, la guerra tiene muchas armas, una de ellas es la “guerra de la información” que en palabras simples tiene por fin convencer y ganar a la opinión pública a favor de una determinada posición. Lo malo de esto es que se hace a base de mentiras y manipulación de masas.
Ya prácticamente cuesta, cada día más, encontrar una nota o reportaje periodístico que muestren, lo más objetivamente posible, los dos puntos de vista, las dos caras de la moneda, de una determinada noticia o realidad.
Millaray Huaquimilla, vicepresidenta del Centro de Estudiantes, señaló que es importante contrastar visiones. “Hay una versión hegemónica de ciertos procesos que al mismo tiempo invisibiliza violaciones a los derechos humanos que son muy graves como es el caso de Israel contra Palestina; como ha sido el caso de España que ha tenido el descaro, por ejemplo, de cuestionar el proceso democrático en Venezuela pero no ha sido cuestionada por lo que pasó en Cataluña. Así, en el mundo, podemos ver distintas experiencias”.
Hay que decir que en muchos sucesos del pasado y del presente se usa como pretexto la defensa de valores que nadie aparentemente debiera cuestionar: La defensa de la libertad, de la paz, de la democracia, del cristianismo, de la civilización, etc.
Sin embargo, “Cuando EEUU interviene en otros países pasa todo lo contrario de lo que se plantea defender” dice la líder estudiante.
Para no ir más lejos, tenemos la experiencia propia. EEUU hizo todo lo posible e imposible para derrocar al gobierno democrático de Salvador Allende. Ahí están los Informes del Senado de los EEUU que reconocen derechamente la “intervención” que hubo.
En esa época, se dijo de todo contra Allende para derrocarlo y para que la opinión pública aceptara como algo lógico y necesario el “golpe de Estado” que dieron los militares.
Se dijo que el gobierno de Allende, quien ganó democráticamente la elección, era una dictadura marxista, que no había libertad de expresión, hasta que se iban a llevar a los niños a Cuba, entre otras tantas mentiras que se levantaron para sembrar el miedo y el descontento social.
Lo que hizo EEUU en Chile, con la derecha, sólo trajo como consecuencia final la llegada de la dictadura militar encabezada por Pinochet. Desde el mismo el 11 de septiembre de 1973 se comenzaron a conocer las graves violaciones a los derechos humanos que sucedieron en Chile. Sin embargo, EEUU nada hizo para frenar o impedir lo que comenzó a suceder en nuestro país.
Alicia Lira, presidenta de AFEP, lo dice: “Nosotros lo vivimos en carne propia porque no nos dejaron vivir, no permitieron la autodeterminación de los pueblos, porque se vio interrumpido por el golpe militar y el bombardeo a La Moneda y todo lo que sucedió después con el terrorismo de Estado: el exilio, la tortura, la prisión, la desaparición forzada y las ejecuciones”.
Esa fue la realidad de miles de chilenos que vivieron las violaciones a los derechos humanos de la forma más brutal. Sin embargo, millones de chilenos sufrieron y sufren, hasta el día de hoy, violaciones a los derechos humanos porque la dictadura privatizó y limitó lo que antes eran derechos como la salud, la educación, la seguridad social, la democracia, etc.
Han pasado casi 45 años del golpe de Estado y las agrupaciones siguen demandando lo que cualquier persona, por sentido común, por justicia, si le asesinan, torturaran o desaparecen a un familiar, debieran exigir.
“ Hemos dado una larga lucha por la verdad y la justicia. Nos duele la impunidad porque si hay más de 1500 procesos abiertos es por la lucha de las agrupaciones. Pero hoy se nos violenta con los beneficios carcelarios que la Corte Suprema ha dado a criminales de lesa humanidad. Ninguno se arrepiente, ninguno ha pedido perdón, aunque a nosotros eso no nos interesa”, dice la dirigente.
¿Pero donde se entrenaron los criminales? Alicia Lira lo recuerda: En la Escuela de las Américas del Ejército de los EEUU. Fue allí donde aprendieron a mirar a su propio pueblo como “enemigo interno” que fue la idea base de la Doctrina de la Seguridad Nacional.
Por ahí pasaron Manuel Contreras, Miguel Krassnoff, Álvaro Corbalán, Odlanier Mena, Carlos Herrera Jiménez, Pablo Barrientos, y muchos otros criminales más.
Más de cinco mil soldados chilenos han recibido entrenamiento en la “escuela de asesinos” y hasta el día de hoy nuestro país sigue enviando soldados a esta academia militar. En el 2017, se entrenaron 229 soldados más en la Escuela de las Américas.
Pablo Jofré, profesor y analista Internacional, comienza su intervención diciendo que “En tiempos de engaño universal decir la verdad se convierte en un acto revolucionario. Decir la verdad es complicado, es complejo, es peligroso, es difícil, sobre todo en estos tiempos de mucha virtualidad”.
A continuación nos habla de un “concepto” muy utilizado en los últimos tiempos de conflictos y guerras: “posverdad”. Nos reconoce que este “es un nombre nuevo para algo que existe y que es la mentira y para eso se usa la desinformación y la manipulación de las noticias”.
Recuerda el analista lo que dijo Noam Chomsky: “la población en general no sabe lo que está ocurriendo y ni siquiera sabe que no lo sabe”.
Como ejemplo, pone la situación de Palestina donde los medios masivos hacen aparecer los asesinatos a palestinos como resultados de una respuesta legítima, defensiva, por parte de Israel.
“Ahí no hay un cruce de ataques. No existe equiparidad de fuerzas entre Israel y Palestina.
Eso es una “posverdad”. Es una mentira del porte de un buque. Nos tratan de decir que hay ahí un guerra equiparable”, dice Jofre
Hay que reconocer que la gran mayoría de las personas no saben de historia, ni del despojo que ha sufrido el pueblo palestino de su territorio. Ni menos saben del tratado de Balfour, del 2 de noviembre de 1917, que de manera arbitraria dio el derecho a los judíos a tener una nación y justamente en los territorios dónde está ubicada Palestina la que fue invadida, en 1948, hace 70 años.
¿Por qué no sabemos estos datos objetivos? ¿Por qué los grandes medios de masas sólo publicar lo que les interesa que nosotros sepamos? ¿Por qué no hay tanto escandalo por lo que pasa en Palestina hace 70 años?
Ruperto Concha, periodista y analista Internacional, en su intervención dice que “Más allá de la noticia, hay una continuidad que va de un titular a otro, de un subtitular a otro, de una bajadita, de un adjetivo que se repite. Todo eso construye una narrativa, un cuento, que te construye una noción de realidad”.
El periodista recordó un dato importante: “Sabemos que una gran revista, como fue Newsweek o el Time, en su tiempo, llegaron a la quiebra durante el gobierno de Bush y después bajo el gobierno de Obama y fueron vendidas en un dólar. ¿Quién las compró? ¿Quién pagó ese dolar?. Efectivamente, la AIPAD, la institución de los intereses judíos en EEUU. En estos momentos el total de los medios de comunicación de gran envergadura están bajo ese control. Los grandes medios están controlados por los grandes capitales”.
Por otro lado, Ruperto Concha recuerda la firma del Tratado de Libre Comercio que firmó el ex Presidente Ricardo Lagos con EEUU donde se dio la espalda a los intereses de América Latina. Al mismo tiempo, menciona los nuevos tratados comerciales que ha firmado Chile y que son una clara desventaja a la soberanía de nuestra nación.
“Hablar de Chile es hablar de unos farsantes, de unos lame botas de EEUU, que han traicionado los conceptos más antiguos que habían alcanzado las naciones latinoamericanas”, dice Concha, agregando que “Cuando creemos que los chilenos tenemos buena fama estamos soñando; tenemos muy mala fama”.
En su intervención deja muchas preguntas: ¿Qué nos está pasando? ¿Por qué votamos por esta gente? ¿Por qué votamos contra la paz? ¿Por qué nuestras autoridades, los diputados, no se preguntan cuando firman algo ¿Quién sale ganando??.
Finalmente, no puedo dejar de agregar lo que señaló Ruperto Concha: “Tenemos una deuda pavorosa con los jóvenes, les estamos dejando un mundo de mierda. Un mundo corrompido de una manera extraordinaria, de una manera increíble, y donde tener esperanza es una osadía y esa osadía esperamos que la tengan los que ahora son jóvenes” para cambiar este mundo y erradicar la maldad y la injusticia.
*Pablo Ruiz es periodista del Observatorio por el Cierre de la Escuela de las Américas.
domingo, 19 de agosto de 2018
_- La historia desnuda y escandalosa de los que niegan la evidencia científica.
_- Agencia SINC
Según las últimas encuestas, el 36% de los estadounidenses niega que la acción humana sea la causa del calentamiento global, una base suficiente para que el presidente Donald Trump se sienta animado a romper los pactos de lucha contra el cambio climático.
El esfuerzo contra el calentamiento global atraviesa una fase crítica y en buena medida se debe a la negativa de Washington y un sector de la sociedad estadounidense a participar del combate. Pese a la incesante acumulación de datos y confirmaciones empíricas del trastorno climático y su origen humano, en esa nación los escépticos se mantienen incólumes. ¿Cómo es posible?
Naomi Oreskes y Erik Conway ofrecen en Mercaderes de la duda una respuesta centrada en el desmontaje de las campañas de desinformación impulsadas por intereses creados y un puñado de científicos conservadores. Para ello, los dos historiadores de la ciencia —una adscrita a la Universidad de Harvard y el otro al Jet Propulsion Lab de la NASA— se remontan a su origen: la ‘ruta del tabaco’, es decir, las tácticas aplicadas por las tabacaleras para negar el poder cancerígeno del cigarrillo.
En los años 50 y 60, sus maniobras allanaron el camino a los posteriores negacionistas. ¿En qué consistían? Por un lado, se investían de autoridad reclutando expertos afines y creando centros de ‘investigación’; por el otro, explotaban las incertidumbres (“La duda es nuestro producto”, admitían en un memorándum interno). En pocas palabras: si los hechos eran imposibles de obviar, los tachaban de insuficientes y exigían más estudios. Con esas tretas dilatorias impedían la regulación de su negocio y ganaban tiempo para seguir fomentando el tabaquismo.
“La duda es nuestro producto”, admitía la industria del tabaco en un memorándum interno
La agitación sistemática de las dudas les permitía abusar de una práctica rutinaria del periodismo estadounidense: la cobertura equilibrada de las polémicas. Nacida para garantizar el acceso mediático a las partes de un debate político, esa pauta fue distorsionada por las tabacaleras, que así lograron que The New York Times o el respetado Edward Murrow otorgaran a sus posturas marginales el mismo rango que al consenso científico mayoritario. Se transmitía de ese modo a la opinión pública la engañosa impresión de que los expertos se hallaban seriamente divididos.
Dudas torticeras
Que sus ardides hicieron escuela quedó claro cuando el rearme impulsado por Ronald Reagan chocó con la hipótesis del invierno nuclear ideada por Carl Sagan y otros expertos. El lúgubre escenario contradecía la propaganda oficial, empeñada en minimizar el impacto de una guerra atómica. Para refutarlo se creó el Instituto George C. Marshall y se introdujo en la panoplia persuasiva una nueva arma: acusar a Sagan y sus colegas de hacerle el juego a la Unión Soviética.
Ese modus operandi se repitió en las sucesivas controversias. En la batalla por el humo de segundo mano, las tabacaleras encargaron al Center for Indoor Air Research y revistas ‘académicas’ como Tobacco & Health negar el perjuicio causado al fumador pasivo.
Con motivo de la lluvia ácida, las eléctricas se movilizaron para desvincular sus emisiones de la muerte de los bosques. Cuando saltó la alarma por el agujero de ozono, los fabricantes de aerosoles pugnaron por absolver a los CFCs de su responsabilidad en el trastorno. Posteriormente, se intentó rehabilitar al DDT a base de demonizar a Rachel Carson, quien alertara de los nocivos efectos ambientales del insecticida.
Actualmente, las petroleras y la minería del carbón financian think tanks como el Cato Institute y otros agentes dedicados a difamar al IPPC (el panel de expertos de las Naciones Unidas que coordina los consensos científicos sobre el cambio climático) y culpar del fenómeno al sol, las variaciones naturales, los rayos cósmicos, o directamente sostener que no hay tal calentamiento.
Expertos que se repiten
Muchos de los científicos que se prestaban a esas operaciones de relaciones públicas compartían un perfil similar: ultraliberales y anticomunistas, creían que las críticas al armamento nuclear, al tabaquismo y a los gases contaminantes respondían a una agenda oculta de izquierda encaminada a implantar el intervencionismo estatal en todos los ámbitos.
Financiados por las industrias afectadas y amplificados por medios conservadores como The Wall Street Journal o Forbes, en sus filas destacaban los físicos Fred Seitz, Fred Singer y Bill Nierenberg. Asociados durante la Guerra Fría al complejo militar-industrial, pasaron de negar el invierno nuclear a refutar las secuelas perniciosas del humo de segunda mano y, finalmente, el origen antrópico del calentamiento global.
Cuesta no escandalizarse con la lectura de esta obra, que ha sido llevada al cine; cuesta no deprimirse al ver cómo ejecutivos mendaces, ayudados por investigadores y políticos venales o ideológicamente ofuscados, recurrieron a toda suerte de artimañas para combatir los hechos que no les convenían; y cómo sus falacias, a falta de una respuesta contundente de parte del periodismo y de la comunidad científica, terminaron calando en un segmento significativo de la opinión pública.
Científicos conservadores pasaron de negar el invierno nuclear a refutar las secuelas del tabaco y, finalmente, el origen antrópico del calentamiento global
Con todo, el balance no es descorazonador; pese a las patrañas, el tabaquismo fue reglamentado; los CFCs, prohibidos; el armamentismo nuclear, frenado; la lluvia ácida se redujo y el DDT no se ha vuelto a usar; aunque en lo relativo a las emisiones causantes del cambio climático el desenlace sigue en el aire. De ahí la actualidad de este trabajo que desmonta la refinada sofística concebida para desacreditar los hallazgos que chocan con intereses poderosos, a la vez que nos recuerda cómo funciona el método científico, la provisionalidad de sus resultados, y los recaudos que deben tener los periodistas si no quieren ser manipulados por los mercaderes de la duda.
Por esto último nos parece pertinente concluir con un párrafo extraído del libro reseñado:
La ciencia no proporciona certidumbre. Solo proporciona pruebas. Solo proporciona el consenso de los expertos, basada en la acumulación organizada y el examen de las pruebas. Oír a ‘ambas partes’ de una controversia tiene sentido cuando se debaten políticas en un sistema con dos partidos, pero cuando ese marco se aplica a la ciencia hay un problema (…) la investigación produce pruebas que pueden aclarar puntualmente la cuestión (…) A partir de ese punto, ya no hay ‘partes’. Hay simplemente conocimiento científico aceptado.
Periodistas y lectores, tomemos nota.
Fuente:
https://www.publico.es/sociedad/calentamiento-global-historia-desnuda-escandalosa-niegan-evidencia-cientifica.html
miércoles, 11 de julio de 2018
Acabar con las pensiones públicas y, de paso, con la democracia
CTXT
El autor responde a los argumentos de César Molinas en El País
Hace unos días se publicó uno de esos artículos que tanto abundan en las últimas décadas en los que, para tratar de combatir al sistema de pensiones públicas, se recurre a trampas del pensamiento y al engaño.
Nadie puede poner en duda que es legítimo criticar que una sociedad se gaste buena parte de sus recursos en proporcionar ingresos a las personas que ya no pueden obtenerlos por sí mismas, pero creo que igualmente se puede acordar que no lo es tanto mentir para defender esa preferencia.
Esto último es lo que ocurre con el artículo reciente de César Molinas en El País (Los ‘baby boomers’ desestabilizan España), en el que se falsean argumentos para criticar al sistema público de pensiones y se quiere hacer creer que su supuesta insostenibilidad se debe al egoísmo de un grupo social compuesto por millones de personas acostumbradas, para colmo, a imponer sus preferencias a los demás mediante la violencia.
Los argumentos que utiliza Molinas son endebles y tramposos y voy a comentarlos rápidamente.
1. En primer lugar, afirma que la idea extendida de que las pensiones en España son bajas “es una opinión desinformada, equivocada e interesada”. Podríamos entrar a comparar la cuantía de las nuestras con las de otros países y veríamos que esa afirmación es efectivamente discutible porque depende de con quién nos comparemos y, sobre todo, porque hay un abanico tan amplio de casos que los niveles medios no son del todo homologables. Pero lo curioso es que el propio Molinas pone en cuestión su afirmación cuando unas líneas más abajo dice que “si son más bajas que en otros países, es porque los salarios en España son más bajos que en otros países”. ¿En qué quedamos? Molinas asegura primero que decir que las pensiones españolas son más bajas que en otros países es una opinión desinformada, equivocada e interesada, pero luego proporciona la razón de por qué aquí son más bajas.
2. En segundo lugar, Molina afirma (y lleva razón) que “los pensionistas españoles recuperan todas las cotizaciones pagadas a la Seguridad Social a los 12 años de jubilarse, cuando aún les queda una esperanza de vida de 10 años más”. Lo que significa, dice, que la financiación de estos últimos años “es un regalo añadido que también corre a cargo del Estado”.
Se trata de una afirmación cierta pero tramposa porque critica que un sistema de pensiones de reparto, basado en la solidaridad, haga lo que debe hacer un sistema de reparto basado en la solidaridad: proporcionar la pensión sin dependencia estricta de lo cotizado por quien la recibe. Esto sólo se podría plantear como un problema indeseable si el sistema se basara en el ahorro privado de cada persona, de modo que se disfrutara de la pensión en proporción exacta a lo que cada cual hubiera ahorrado. Pero este no es el caso de nuestro sistema público de pensiones. Mencionar esa realidad para poner en solfa el sistema público de pensiones basado en la solidaridad, como hace Molinas, es tan demagógico y absurdo como decir que una persona gasta lo que ha cotizado a la Seguridad Social o a través de impuestos cuando la sanidad pública lo opera por segunda vez, cuando acude cuatro veces a la administración de justicia o cuando es atendido diez veces por la policía… y que, a partir de ahí, lo que recibe es un regalo del Estado. Se puede estar a favor o en contra de un sistema basado en el reparto y en la solidaridad, es decir, en el acceso universal a los bienes públicos con independencia de lo cotizado, pero, si se acepta, no se puede criticar que el sistema funcione como debe funcionar.
3. El tercer argumento de Molinas es que lo anterior “sólo es sostenible en la medida en que la base de la pirámide de población sea mucho más amplia que su parte superior”. Una afirmación que es completamente falsa, una mentira más, porque la sostenibilidad financiera de un sistema público de pensiones no depende sólo de ese factor demográfico. El propio Molinas dijo antes que las pensiones dependían de la cuantía de los salarios y lo cierto es que la sostenibilidad o equilibrio financiero de un sistema de reparto como el español depende, además, de la productividad, de la distribución de la renta, o de la tasa de crecimientos económico, entre otros factores.
Se puede estar de acuerdo con la cuarta tesis de Molinas, cuando dice que “la situación de las finanzas públicas españolas, con una deuda que no para de crecer, es dramática”. Pero también es materialmente falso que el enorme crecimiento de la deuda se haya debido al gasto en pensiones. De 1995 a 2017, la deuda española ha aumentado la escalofriante cifra de 848.694 millones de euros. Pero el 64% de esa cantidad (539.908 millones de euros) corresponde a intereses. Por tanto, antes que culpar a las pensiones públicas del incremento dramático de la deuda se debe apuntar a su causa real: la existencia de un modelo de crecimiento cuyo motor es el crédito como consecuencia de haber concedido a un grupo social tan poderoso políticamente como la banca privada el privilegio de financiar al Estado creando dinero de la nada.
Afirma Molinas que el déficit de nuestro sistema contributivo de pensiones es “una enormidad”. No puedo criticar que tenga esa opinión sobre la cuantía, pero sí que hace trampa cuando utiliza la expresión “déficit”. ¿Hablaría Molinas del déficit de la administración de justicia, del déficit de la Policía, del déficit de la casa Real o del déficit del ejército español o de nuestra diplomacia? Seguro que no. Podría hablar de suficiente o insuficiente financiación para mantener el nivel de provisión deseado de cada uno de esos bienes públicos. ¿Por qué lo hace entonces cuando habla de pensiones públicas? Sencillamente, porque las palabras tienen poder performativo, es decir, capacidad para conformar la realidad, y Molinas sabe perfectamente que si habla de déficit de las pensiones públicas lo que inmediatamente crea es una “realidad”: que se gasta en ellas más de la cuenta y, por tanto, que hay que gastar menos. Si se hablara de financiación insuficiente del sistema de pensiones, por el contrario, la conclusión sería diferente: hay que buscar más recursos si deseamos mantenerlo. No es que Molinas mienta con este argumento es que actúa como un auténtico trilero del lenguaje.
4. El último argumento –si es que se puede llamar así a lo que sostiene Molinas– es ya la guinda. En su opinión, la culpa de todo esto que pasa con las pensiones públicas es que hay un grupo social muy amplio en España, los baby boomers, que no sólo es la generación más numerosa de nuestra historia sino también la más egoísta y que, además, tiene “gran destreza en el lanzamiento de bolas de rodamiento con potentes tirachinas” o para abollar “los cascos de los policías”.
Decir que toda esta generación española ha logrado los derechos de los que disfruta mediante la violencia es algo tan exagerado y ruin (sabiendo, por ejemplo, que protagonizó una Transición tan pacífica como la española) que ofende a la inteligencia y es muy difícil de poner cuestión sin ofender, a su vez, a quien lo afirma. Por eso prefiero centrarme en algo que desliza entre líneas (o, mejor dicho, sostiene expresamente) Molinas y que es lo que me parece más peligroso de sus afirmaciones. Dice literalmente que esa generación ha impuesto sus preferencias al resto de los demás porque controla las urnas y que eso es algo que “España no puede permitírselo”.
El círculo se cierra: como las pensiones públicas son deseadas por una gran mayoría social que expresa esta preferencia en las urnas, lo que España no puede permitirse, en opinión de quienes no quieren pensiones públicas, es la democracia.
Este es el único momento del artículo en que Molina dice la verdad. La mayoría de la población expresa democráticamente en las urnas que desea el mantenimiento de las pensiones públicas y el Estado de Bienestar, y para ello es imprescindible un reparto más igualitario de la renta y la riqueza y políticas económicas diferentes. Es por eso que la democracia, para quienes no quieren asumir esa mayor equidad y el sacrificio que les supone reducir la desigualdad, es un estorbo que, como dice con total sinceridad Molinas, no se pueden permitir.
Es innegable que las pensiones públicas se encuentran hoy día en una situación de financiación insuficiente si su única fuente de ingresos son los salarios. Pero eso no ocurre porque se esté produciendo el cambio demográfico al que alude Molinas. Las pensiones públicas y el Estado de Bienestar están en peligro porque las políticas económicas que se vienen aplicando en las últimas décadas generan menos actividad económica, productividad más baja e ingresos más reducidos y peor repartidos. Si se cambian esas políticas (a costa, eso sí, de quienes ahora se benefician muy privilegiadamente de ellas), no habrá problemas en el futuro para financiar más y mejores pensiones.
Juan Torres López es economista. Miembro del Consejo Científico de Attac España y catedrático de Economía aplicada en la Universidad de Sevilla.
Fuente:
http://ctxt.es/es/20180627/Firmas/20463/Juan-Torres-Lopez-Cesar-Molinas-pensiones-Espa%C3%B1a-Estado-de-Bienestar.htm
El autor responde a los argumentos de César Molinas en El País
Hace unos días se publicó uno de esos artículos que tanto abundan en las últimas décadas en los que, para tratar de combatir al sistema de pensiones públicas, se recurre a trampas del pensamiento y al engaño.
Nadie puede poner en duda que es legítimo criticar que una sociedad se gaste buena parte de sus recursos en proporcionar ingresos a las personas que ya no pueden obtenerlos por sí mismas, pero creo que igualmente se puede acordar que no lo es tanto mentir para defender esa preferencia.
Esto último es lo que ocurre con el artículo reciente de César Molinas en El País (Los ‘baby boomers’ desestabilizan España), en el que se falsean argumentos para criticar al sistema público de pensiones y se quiere hacer creer que su supuesta insostenibilidad se debe al egoísmo de un grupo social compuesto por millones de personas acostumbradas, para colmo, a imponer sus preferencias a los demás mediante la violencia.
Los argumentos que utiliza Molinas son endebles y tramposos y voy a comentarlos rápidamente.
1. En primer lugar, afirma que la idea extendida de que las pensiones en España son bajas “es una opinión desinformada, equivocada e interesada”. Podríamos entrar a comparar la cuantía de las nuestras con las de otros países y veríamos que esa afirmación es efectivamente discutible porque depende de con quién nos comparemos y, sobre todo, porque hay un abanico tan amplio de casos que los niveles medios no son del todo homologables. Pero lo curioso es que el propio Molinas pone en cuestión su afirmación cuando unas líneas más abajo dice que “si son más bajas que en otros países, es porque los salarios en España son más bajos que en otros países”. ¿En qué quedamos? Molinas asegura primero que decir que las pensiones españolas son más bajas que en otros países es una opinión desinformada, equivocada e interesada, pero luego proporciona la razón de por qué aquí son más bajas.
2. En segundo lugar, Molina afirma (y lleva razón) que “los pensionistas españoles recuperan todas las cotizaciones pagadas a la Seguridad Social a los 12 años de jubilarse, cuando aún les queda una esperanza de vida de 10 años más”. Lo que significa, dice, que la financiación de estos últimos años “es un regalo añadido que también corre a cargo del Estado”.
Se trata de una afirmación cierta pero tramposa porque critica que un sistema de pensiones de reparto, basado en la solidaridad, haga lo que debe hacer un sistema de reparto basado en la solidaridad: proporcionar la pensión sin dependencia estricta de lo cotizado por quien la recibe. Esto sólo se podría plantear como un problema indeseable si el sistema se basara en el ahorro privado de cada persona, de modo que se disfrutara de la pensión en proporción exacta a lo que cada cual hubiera ahorrado. Pero este no es el caso de nuestro sistema público de pensiones. Mencionar esa realidad para poner en solfa el sistema público de pensiones basado en la solidaridad, como hace Molinas, es tan demagógico y absurdo como decir que una persona gasta lo que ha cotizado a la Seguridad Social o a través de impuestos cuando la sanidad pública lo opera por segunda vez, cuando acude cuatro veces a la administración de justicia o cuando es atendido diez veces por la policía… y que, a partir de ahí, lo que recibe es un regalo del Estado. Se puede estar a favor o en contra de un sistema basado en el reparto y en la solidaridad, es decir, en el acceso universal a los bienes públicos con independencia de lo cotizado, pero, si se acepta, no se puede criticar que el sistema funcione como debe funcionar.
3. El tercer argumento de Molinas es que lo anterior “sólo es sostenible en la medida en que la base de la pirámide de población sea mucho más amplia que su parte superior”. Una afirmación que es completamente falsa, una mentira más, porque la sostenibilidad financiera de un sistema público de pensiones no depende sólo de ese factor demográfico. El propio Molinas dijo antes que las pensiones dependían de la cuantía de los salarios y lo cierto es que la sostenibilidad o equilibrio financiero de un sistema de reparto como el español depende, además, de la productividad, de la distribución de la renta, o de la tasa de crecimientos económico, entre otros factores.
Se puede estar de acuerdo con la cuarta tesis de Molinas, cuando dice que “la situación de las finanzas públicas españolas, con una deuda que no para de crecer, es dramática”. Pero también es materialmente falso que el enorme crecimiento de la deuda se haya debido al gasto en pensiones. De 1995 a 2017, la deuda española ha aumentado la escalofriante cifra de 848.694 millones de euros. Pero el 64% de esa cantidad (539.908 millones de euros) corresponde a intereses. Por tanto, antes que culpar a las pensiones públicas del incremento dramático de la deuda se debe apuntar a su causa real: la existencia de un modelo de crecimiento cuyo motor es el crédito como consecuencia de haber concedido a un grupo social tan poderoso políticamente como la banca privada el privilegio de financiar al Estado creando dinero de la nada.
Afirma Molinas que el déficit de nuestro sistema contributivo de pensiones es “una enormidad”. No puedo criticar que tenga esa opinión sobre la cuantía, pero sí que hace trampa cuando utiliza la expresión “déficit”. ¿Hablaría Molinas del déficit de la administración de justicia, del déficit de la Policía, del déficit de la casa Real o del déficit del ejército español o de nuestra diplomacia? Seguro que no. Podría hablar de suficiente o insuficiente financiación para mantener el nivel de provisión deseado de cada uno de esos bienes públicos. ¿Por qué lo hace entonces cuando habla de pensiones públicas? Sencillamente, porque las palabras tienen poder performativo, es decir, capacidad para conformar la realidad, y Molinas sabe perfectamente que si habla de déficit de las pensiones públicas lo que inmediatamente crea es una “realidad”: que se gasta en ellas más de la cuenta y, por tanto, que hay que gastar menos. Si se hablara de financiación insuficiente del sistema de pensiones, por el contrario, la conclusión sería diferente: hay que buscar más recursos si deseamos mantenerlo. No es que Molinas mienta con este argumento es que actúa como un auténtico trilero del lenguaje.
4. El último argumento –si es que se puede llamar así a lo que sostiene Molinas– es ya la guinda. En su opinión, la culpa de todo esto que pasa con las pensiones públicas es que hay un grupo social muy amplio en España, los baby boomers, que no sólo es la generación más numerosa de nuestra historia sino también la más egoísta y que, además, tiene “gran destreza en el lanzamiento de bolas de rodamiento con potentes tirachinas” o para abollar “los cascos de los policías”.
Decir que toda esta generación española ha logrado los derechos de los que disfruta mediante la violencia es algo tan exagerado y ruin (sabiendo, por ejemplo, que protagonizó una Transición tan pacífica como la española) que ofende a la inteligencia y es muy difícil de poner cuestión sin ofender, a su vez, a quien lo afirma. Por eso prefiero centrarme en algo que desliza entre líneas (o, mejor dicho, sostiene expresamente) Molinas y que es lo que me parece más peligroso de sus afirmaciones. Dice literalmente que esa generación ha impuesto sus preferencias al resto de los demás porque controla las urnas y que eso es algo que “España no puede permitírselo”.
El círculo se cierra: como las pensiones públicas son deseadas por una gran mayoría social que expresa esta preferencia en las urnas, lo que España no puede permitirse, en opinión de quienes no quieren pensiones públicas, es la democracia.
Este es el único momento del artículo en que Molina dice la verdad. La mayoría de la población expresa democráticamente en las urnas que desea el mantenimiento de las pensiones públicas y el Estado de Bienestar, y para ello es imprescindible un reparto más igualitario de la renta y la riqueza y políticas económicas diferentes. Es por eso que la democracia, para quienes no quieren asumir esa mayor equidad y el sacrificio que les supone reducir la desigualdad, es un estorbo que, como dice con total sinceridad Molinas, no se pueden permitir.
Es innegable que las pensiones públicas se encuentran hoy día en una situación de financiación insuficiente si su única fuente de ingresos son los salarios. Pero eso no ocurre porque se esté produciendo el cambio demográfico al que alude Molinas. Las pensiones públicas y el Estado de Bienestar están en peligro porque las políticas económicas que se vienen aplicando en las últimas décadas generan menos actividad económica, productividad más baja e ingresos más reducidos y peor repartidos. Si se cambian esas políticas (a costa, eso sí, de quienes ahora se benefician muy privilegiadamente de ellas), no habrá problemas en el futuro para financiar más y mejores pensiones.
Juan Torres López es economista. Miembro del Consejo Científico de Attac España y catedrático de Economía aplicada en la Universidad de Sevilla.
Fuente:
http://ctxt.es/es/20180627/Firmas/20463/Juan-Torres-Lopez-Cesar-Molinas-pensiones-Espa%C3%B1a-Estado-de-Bienestar.htm
viernes, 22 de junio de 2018
Las fábricas de mentiras
Gregorio Morán
Crónica global
Los poderes están asustados ante el fantasma que han creado. Las fake news empiezan a darles miedo. Ellos tenían el monopolio de la mentira a gran escala. Los Estados y las instituciones podían falsear tanto como lo necesitaran para sus objetivos. Era un asunto que se trataba entre los grandes y sin ningún miramiento. Lo denominaban la guerra de la opinión pública, o de las masas, o de las sociedades o de las ideas. Iba por rachas.
Las religiones fueron auténticas adelantadas en la invención de mentiras. Las convertían en artículos de fe que devengaban beneficios suculentos. Aún me admira que la Iglesia católica, veterana fabricante de fake news, anulara de un día para otro la existencia del Purgatorio rebajándolo al limbo de sufrimientos interiores, es decir, sacándolo pero sin brusquedad, a la manera eclesial, del mundo del negocio.
Y sin embargo el Purgatorio fue una pieza fundamental de las finanzas. Si usted pagaba las llamadas entonces indulgencias podía aliviar los sufrimientos previos al Cielo. Cuanto más indulgencias pagara más se reducía su estancia en el Purgatorio. No se trataba de una nadería por más que la disolución del Purgatorio haya pasado sin pena ni gloria. Era una mentira que sirvió de mucho para las finanzas no sólo del Vaticano sino del entramado institucional del catolicismo. Conviene recordar, ahora que llamamos fake news a cualquier chorrada de un descerebrado, que fueron las consecuencias de esta gran mentira por lo que Martín Lutero rompió con el Papado y se inició la Reforma Protestante. No es asunto baladí porque la estafa ideológica, la mentira del poder, duró siglos. En mi infancia aún existían las indulgencias a escote para esquivar el Purgatorio y el hecho de que se fuera diluyendo, como al final ocurre con todas las invenciones fraudulentas de los poderes, no exime de responsabilidad a sus beneficiarios. Nadie paga por mentir si además cuenta con la opinión pública. Así, dos millones de ciudadanos, o incluso menos, pueden imponer una mentira que no se considera falsedad por el simple hecho de que son muchos y detentar algún poder, ya sea político, económico o de la comunicación.
Esto ya iba implícito en la idea del Purgatorio, que cotizaba en bolsa bajo la forma de bonos llamados indulgencias. El tema daría mucho más de sí, pero sirve de introducción a nuestra época. Mentir es una actividad que generan las instituciones y de la que no se libra nada ni nadie, desde el Estado a la mafia, incluidos los empresarios autónomos de la falsedad y algunas supuestas “fundaciones sin ánimo de lucro”.
No es posible eliminar las industrias de la mentira en base a la legislación; sea restrictiva o laxa, da lo mismo. Toda fábrica se compone de personal, capitales, negocios, intereses y mercados. Sabemos que Alemania y Francia preparan proyectos de ley sobre el asunto, pero nadie nos cuenta que en Suiza, un país que lleva sobreviviendo durante más de un siglo gracias a las mentiras financieras, se llevó a cabo un referéndum que echó abajo cualquier intento de menoscabar el derecho a la falsedad. Porque el mentiroso de los tuits dispone de dos recursos que ejercen de escudos protectores de la impunidad, uno es la manipulación de la libertad de expresión -que, como todo el mundo sabe, está basada en el derecho a decir lo contrario sea o no verdad- y el otro es “el contexto”. Los que escriben paridas inconmensurables en sus tuits expresan lo que les peta, como si fueran tertulianos, pero si usted quiere confrontarlos con su miseria mental alegarán que se atienen a la libertad de expresión y que no se puede sacar la calumnia del contexto en que se escribieron. De tal modo que se puede decir que las mentiras carecen de pasado y de futuro pero dominan el presente.
Y en este caldo de cultivo de las altas tecnologías que sirven para las bajas pasiones han nacido los autónomos de la mentira. Antes se enviaban anónimos --yo guardo una colección- pero la tecnología al alcance del melonar humano ha ampliado el campo y ahora aspiran a convertirse en virales. A cada agudo comentarista le acompaña una manada de majaderos. Es verdad que romper con la carcasa del anonimato aliviaría el número de alienados agresivos. Creo que es lo máximo que podemos alcanzar. Que cada cual asuma lo que escribe aunque sean palotes de parvulario.
También hay otra posibilidad, mandarlos a la mierda y evitar la contaminación, pero eso corresponde a la prehistoria tecnológica, impensable hoy cuando el personaje más poderoso de la tierra usa las fake news como arma letal. Demasiados intereses para que podamos salir incólumes de este sofisticado berenjenal.
Fuente:
https://cronicaglobal.elespanol.com/pensamiento/sabatinas-intempestivas-gregorio-moran/fabricas-mentiras_149138_102.html
Crónica global
Los poderes están asustados ante el fantasma que han creado. Las fake news empiezan a darles miedo. Ellos tenían el monopolio de la mentira a gran escala. Los Estados y las instituciones podían falsear tanto como lo necesitaran para sus objetivos. Era un asunto que se trataba entre los grandes y sin ningún miramiento. Lo denominaban la guerra de la opinión pública, o de las masas, o de las sociedades o de las ideas. Iba por rachas.
Las religiones fueron auténticas adelantadas en la invención de mentiras. Las convertían en artículos de fe que devengaban beneficios suculentos. Aún me admira que la Iglesia católica, veterana fabricante de fake news, anulara de un día para otro la existencia del Purgatorio rebajándolo al limbo de sufrimientos interiores, es decir, sacándolo pero sin brusquedad, a la manera eclesial, del mundo del negocio.
Y sin embargo el Purgatorio fue una pieza fundamental de las finanzas. Si usted pagaba las llamadas entonces indulgencias podía aliviar los sufrimientos previos al Cielo. Cuanto más indulgencias pagara más se reducía su estancia en el Purgatorio. No se trataba de una nadería por más que la disolución del Purgatorio haya pasado sin pena ni gloria. Era una mentira que sirvió de mucho para las finanzas no sólo del Vaticano sino del entramado institucional del catolicismo. Conviene recordar, ahora que llamamos fake news a cualquier chorrada de un descerebrado, que fueron las consecuencias de esta gran mentira por lo que Martín Lutero rompió con el Papado y se inició la Reforma Protestante. No es asunto baladí porque la estafa ideológica, la mentira del poder, duró siglos. En mi infancia aún existían las indulgencias a escote para esquivar el Purgatorio y el hecho de que se fuera diluyendo, como al final ocurre con todas las invenciones fraudulentas de los poderes, no exime de responsabilidad a sus beneficiarios. Nadie paga por mentir si además cuenta con la opinión pública. Así, dos millones de ciudadanos, o incluso menos, pueden imponer una mentira que no se considera falsedad por el simple hecho de que son muchos y detentar algún poder, ya sea político, económico o de la comunicación.
Esto ya iba implícito en la idea del Purgatorio, que cotizaba en bolsa bajo la forma de bonos llamados indulgencias. El tema daría mucho más de sí, pero sirve de introducción a nuestra época. Mentir es una actividad que generan las instituciones y de la que no se libra nada ni nadie, desde el Estado a la mafia, incluidos los empresarios autónomos de la falsedad y algunas supuestas “fundaciones sin ánimo de lucro”.
No es posible eliminar las industrias de la mentira en base a la legislación; sea restrictiva o laxa, da lo mismo. Toda fábrica se compone de personal, capitales, negocios, intereses y mercados. Sabemos que Alemania y Francia preparan proyectos de ley sobre el asunto, pero nadie nos cuenta que en Suiza, un país que lleva sobreviviendo durante más de un siglo gracias a las mentiras financieras, se llevó a cabo un referéndum que echó abajo cualquier intento de menoscabar el derecho a la falsedad. Porque el mentiroso de los tuits dispone de dos recursos que ejercen de escudos protectores de la impunidad, uno es la manipulación de la libertad de expresión -que, como todo el mundo sabe, está basada en el derecho a decir lo contrario sea o no verdad- y el otro es “el contexto”. Los que escriben paridas inconmensurables en sus tuits expresan lo que les peta, como si fueran tertulianos, pero si usted quiere confrontarlos con su miseria mental alegarán que se atienen a la libertad de expresión y que no se puede sacar la calumnia del contexto en que se escribieron. De tal modo que se puede decir que las mentiras carecen de pasado y de futuro pero dominan el presente.
Y en este caldo de cultivo de las altas tecnologías que sirven para las bajas pasiones han nacido los autónomos de la mentira. Antes se enviaban anónimos --yo guardo una colección- pero la tecnología al alcance del melonar humano ha ampliado el campo y ahora aspiran a convertirse en virales. A cada agudo comentarista le acompaña una manada de majaderos. Es verdad que romper con la carcasa del anonimato aliviaría el número de alienados agresivos. Creo que es lo máximo que podemos alcanzar. Que cada cual asuma lo que escribe aunque sean palotes de parvulario.
También hay otra posibilidad, mandarlos a la mierda y evitar la contaminación, pero eso corresponde a la prehistoria tecnológica, impensable hoy cuando el personaje más poderoso de la tierra usa las fake news como arma letal. Demasiados intereses para que podamos salir incólumes de este sofisticado berenjenal.
Fuente:
https://cronicaglobal.elespanol.com/pensamiento/sabatinas-intempestivas-gregorio-moran/fabricas-mentiras_149138_102.html
domingo, 10 de junio de 2018
Estos son los “hitos” del PP en memoria histórica.
La última humillación se produjo esta semana en el Congreso en torno a la condecoración a Billy El Niño.
La sombra de Franco y su dictadura es alargada. No son suposiciones dichas a la ligera: los datos y, sobre todo, la historia que tanto quieren distorsionar, son quienes ponen a los populares frente a un espejo con sus mayores vergüenzas. Incluso, han sido los responsables de que la fundación dedicada al dictador haya recibido dinero público durante la época de Aznar. Tampoco les molesta que dicha institución disponga de documentación original secreta que corresponde al patrimonio público.
Once años, desde que se aprobara la llamada Ley de Memoria Histórica, en los que la humillación y los continuos obstáculos han sido la máxima del partido de Mariano Rajoy cuando ha tocado hablar de memoria histórica. Una ley descafeinada y nacida con la voluntad de mantener intacta las cloacas de de la transición. Fue sacada adelante con la oposición del PP y ERC, este último al considerar que no terminaba con el “sistema español de impunidad” de los años posteriores al fin de la dictadura.
El último episodio de humillación a las víctimas del franquismo sucedió esta semana, en la última intervención en el Congreso de Juan Ignacio Zoido al frente del Ministerio de Interior, cuando se negó a retirar la condecoración a Billy El Niño. Luego, en el debate de la moción de censura, el que se rio fue el líder de Ciudadanos, Albert Rivera. Estos son los “hitos” del PP en memoria histórica.
2008
Muchos han acabado por creerse sus propias mentiras. Otros, directamente, son puros negacionistas de los horrores del franquismo. En una entrevista concedida a La Voz de Galicia en octubre de 2007, Jaime Mayor Oreja, ministro del Interior en el gobierno de Aznar, definió de “extraordinaria placidez” los cuarenta años de dictadura. Afirmaba no sentir la necesidad de condenar nada porque “hubo muchas familias que lo vivieron con naturalidad y normalidad”.
Decía Mariano Rajoy en febrero de 2008, durante una entrevista a 20 minutos , que, si por él fuera, “eliminaría todos los artículos de la ley de memoria histórica que hablan de dar dinero público para recuperar el pasado”. Unas declaraciones que no son frutos de una equivocación, sino que atienden a una idea clara de enterrar el pasado. Ese mismo año, tras la solicitud de Garzón de acceder a diversos archivos para elaborar un “censo” de fusilados y desaparecidos durante la Guerra Civil y el franquismo, Rajoy declaró no ser “partidario de abrir heridas del pasado, que no conducen a nada”.
Estas afirmaciones son totalmente entendibles teniendo en consideración la del resto de compañeros de partido. Durante un Congreso del PP de Madrid, el vicesecretario de Comunicación del PP, Pablo Casado , señaló que la gente de izquierdas son “unos carcas” porque están “todo el día pensando en la guerra del abuelo” y “en la fosa de no se quién”. Años después se ha intentado retractar de dichas palabras poniendo como prueba que su abuelo también sufrió la represión.
No obstante, estas políticas no se han limitado a la esfera nacional. En Canarias , el PSOE se topó con CC y los populares para la aprobación de una PNL con la que elaborar un proyecto de exhumación de las fosas en las islas, que finalmente no salió adelante. El mismo sentido final el vivido en Valencia. El por entonces gobierno presidido por Rita Barberá promovió la construcción de más de mil nichos sobre una fosa común del franquismo. A pesar de que se paralizaron las obras tras ser denunciados los hechos, el Ayuntamiento apeló al TSJV, quien les otorgó nuevamente el permiso para continuar.
Ese año se cerró con la negativa del PP y del PSOE a una proposición de ley impulsada por ERC, que instaba a revisar la ley aprobada por Zapatero hacía casi doce meses.
2009
José Millán-Astray, general golpista, fundador de la Legión y jefe de prensa y propaganda de Franco es “un coruñés de pro, de toda la vida”. Estas fueron las palabras esbozadas por el presidente provincial del PP de A Coruña, Carlos Negreira, en defensa a la estatua del militar que se pretendía retirar tras aprobarse en el pleno del Ayuntamiento sin el apoyo de los conservadores.
Por aquellos tiempos, Ciudadanos-Partido de la Ciudadanía no era muy conocido para gran parte del país, salvo en Cataluña. Autoproclamados como la alternativa a la vieja política, lo cierto es que desde sus comienzos han compartido gran parte de su ideario. En junio de ese año, el grupo se abstuvo en la votación del proyecto de ley sobre la localización y la identificación de las personas desaparecidas durante la Guerra Civil y la dictadura franquista. Albert Rivera expresó entonces que “para Ciudadanos, el texto que garantiza el derecho individual de las personas es correcto” pero veía peligroso que se utilizara esta ley “para hacer revisionismo político”. El Partido Popular, una vez más, votó en contra.
2011
Con Zapatero sobrepasado, se acabó por adelantar las elecciones. Rajoy se convirtió en el nuevo presidente del Gobierno con mayoría absoluta y comenzaba así la crónica de una muerte anunciada para la Ley de Memoria Histórica. Ese 2011, el gobierno socialista –en funciones– consiguió colar in extremis subvenciones por valor de 5,6 millones de euros, destinados a 190 proyectos de recuperación y justicia. El año siguiente, el gobierno del PP enterró definitivamente una época sin acabar de nuestro país.
Los populares ya en aquel momento estaban más ocupados de hacer imposible la vida a familiares de las víctimas. En Poyales del Hoyo, municipio de la provincia de Ávila, el primer edil, Antonio Cerro, decidió dar por concluida la cesión de un espacio en el cementerio –que ellos mismos aprobaron en 2002– donde descansaban los restos mortales de tres mujeres del pueblo asesinadas por falangistas en 1936. Cerro aprovechó la coyuntura que se le presentó cuando un familiar reclamó los restos de su abuela para trasladar definitivamente todos los huesos a una fosa común.
2012
Con el Partido Popular ya asentado en las instituciones, los recortes no se hicieron esperar. En los PGE de 2012 se estableció la cantidad de 2,5 millones de euros “para toda clase de gastos derivados de las propuestas de la Comisión Interministerial creada por el Real Decreto 1891/2004 de 10 de septiembre”, lo que suponía un 60% menos que en el ejercicio anterior. A eso le acompañó la supresión de la oficina de Víctimas de la Guerra Civil y de la Dictadura, un organismo creado para coordinar la exhumación de desaparecidos. Se acabó reubicando para su posterior caída en el olvido en la División de Derechos de Gracia y otros Derechos, dependiente del Ministerio de Justicia.
2013
Por primera vez desde su aprobación, la Ley de Memoria Histórica se quedaba sin dotación presupuestaria . Fue el mismo año en que el diputado Rafael Hernando aseguraba en una tertulia que “algunos se han acordado de su padre, parece ser, cuando había subvenciones para encontrarle”. Ahora, ya ni eso. Como había prometido años atrás Mariano Rajoy, ni un solo euro más se destinaría a recuperar los cuerpos de las víctimas.
Continuando con el camino que se habían marcado, en mayo los populares rehusaron condenar el franquismo en el Congreso . Izquierda Unida había llevado a la Cámara Baja convertir el 18 de julio, día del golpe de Estado, en jornada “oficial de condena de la dictadura”. Todos los grupos secundaron la propuesta salvo el PP, que votó en contra, y UPyD, que se abstuvo. Como justificación, el diputado Pedro Ramón Gómez de la Serna espetó: “No podemos condenar a las nuevas generaciones al peso insoportable de la guerra civil. No aspiramos a una memoria unánime, aspiramos a una memoria para poder convivir”. Meses más tarde, mismo escenario y situación parecida. En esta ocasión, la proposición instaba a retirar los símbolos franquistas y la postura se repitió.
2014
Por si no hubiese sido poco las repetidas llamadas a la cordura desde España, entró en juego la Organización de Naciones Unidas. Pablo de Greiff, relator especial sobre la promoción de la verdad, la justicia, la reparación y las garantías de no repetición, emitió un informe donde instaba al Ejecutivo a reparar el daño que la dictadura provocó. Como venía siendo habitual, el Partido Popular restó importancia al documento hasta el punto de ignorarlo.
Sin embargo, no era la primera vez –ni sería la última– que desde organismos internacionales se había dado un toque de atención al Gobierno. Ya en 2012, el representante de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Navanethem Pillay, dirigió a España una petición formal para la derogación de la Ley de Amnistía en nombre de la ONU, denunciando que incumplía la normativa internacional de Derechos Humanos. En 2017, Pablo de Greiff volvió a recordar a España que el Estado debe atender de forma urgente los reclamos de las víctimas de la guerra civil y del franquismo, y señaló como prioridad las exhumaciones, el Valle de los Caídos y la nulidad de las sentencias arbitrarias adoptadas durante la Guerra Civil y el franquismo.
2015
“No hay fosas por descubrir”, dijeron ese año los populares, “salvo que se empeñen en buscar a Federico García Lorca en los cuatro puntos cardinales de España”, remataron. Fueron unas declaraciones pronunciadas en el Senado tras rechazar, otra vez, la concesión de fondos a la recuperación de la memoria de las víctimas de la dictadura.
Otro rechazo, esta vez en Catalayud, fue el del PP y el PAR junto con la abstención de Ciudadanos, evitando que se retirase a Franco la medalla de oro de la ciudad. Preguntado por esto, Albert Rivera explicó que es el modus operandi de su partido en votaciones similares para así evitar “abrir un debate sobre la memoria histórica”.
No fue la única ocasión donde los conservadores azules se negaron a retirar viejas condecoraciones. El 18 de junio de 2015 el Partido Popular votó en el Congreso en contra de la PNL presentada por el Grupo Mixto para retirar el título de “Grandes de España” a los Franco, y otros títulos nobiliarios a golpistas como Emilio Mola, José Moscardó, Gonzalo Queipo de Llano, Juan Yagüe y José Antonio Primo de Rivera, entre otros.
En los municipios, por su parte, se respiraban nuevos aires. Era el año de los llamados gobiernos del cambio. Barcelona y Madrid estrenaban alcaldesas dispuestas a modificar el callejero de sus ciudades. Todos se mostraron partidarios de la iniciativa a excepción del grupo que entonces encabezada Esperanza Aguirre, quien no dudó en arremeter contra el ” sectarismo y revanchismo ” que decía suponer la medida .
2016
Ese año los nostálgicos del régimen de la dictadura e integrantes del partido que gobernaba se vieron para cenar y celebrar. En ese encuentro, un alto cargo del PP de Extremadura y dos alcaldes fueron premiados por honrar la memoria de Franco e incumplir la Ley de Memoria Histórica y defender al dictador. Un trabajo que han cumplido a rajatabla al oponerse de manera invariable a la retirada. En esta ocasión fue en el Ayuntamiento de la capital. El Partido Popular mostró su negativa contra la retirada de los honores a 13 personalidades del franquismo. “La Ley de Memoria Histórica es fratricida y debería de haberla derogado el PP”, dijo Esperanza Aguirre.
2017
Estaba en Costa de Marfil y parecía que hubiese sufrido una amnesia selectiva. Rajoy contó a los asistentes que no comprendía el cambio de nombre de la calle en la que llegó a vivir . Ese nombre era el de Salvador Moreno, partícipe del golpe militar de 1936 y, una vez acabada la guerra, ministro de la dictadura. Resulta entendible, por tanto, que su grupo parlamentario diera su “no” a una PNL –sin efectos jurídicos– que declaraba nulas las sentencias del franquismo. Una petición que también se vio con la negativa de ERC, reprochando al PSOE el momento y las formas. Por su parte, Ciudadanos se abstuvo.
La que sí salió adelante fue la histórica Ley de Memoria Histórica y Democrática de Andalucía que suponía una ampliación de la estatal y que, si bien no contó con ningún contrario, PP-A y Cs se abstuvieron. Estos últimos, porque “pone en cuestión” un periodo “sagrado” como la Transición, así como la Ley de Amnistía, que “se aprobó para perdonarnos”.
2018
Este año, el movimiento en torno a la memoria histórica está siendo notorio. En la capital se presentó la muestra No pasarán. Madrid 1936. Para sorpresa de nadie, el portavoz del PP en el Ayuntamiento de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, indicó que este acto buscaba la “división y el enfrentamiento”.
En la Comunidad, hasta hace unos días presidida por Cristina Cifuentes, el PP votó en contra de una iniciativa de Podemos que pedía a la justicia que investigue los crímenes franquistas. Ciudadanos, en cambio, optó una vez más por la abstención, hecho que no impidió que saliese adelante una PNL sin carácter legislativo.
A nivel estatal, ambas cámaras parlamentarias han acogido distintas propuestas legislativas. Por un lado, el Congreso ha visto frenado por el Gobierno la tramitación de la proposición del PSOE de reforma de la ley de Memoria Histórica que, entre muchas medidas, proponía exhumar los restos de Franco, sacarlos del Valle de los Caídos y convertir el monumento en un Centro Nacional de la Memoria. El motivo de dicha decisión atendió a razones presupuestarias que alcanzarían los 214 millones de euros, aseguraban. Mismo resultado obtuvo otra iniciativa dirigida a, entre otros puntos, investigar la Fundación Nacional Francisco Franco.
Las dos últimas grandes estocadas a la memoria de las víctimas se han producido en los últimos meses. La primera, el pasado 20 de marzo en el Congreso. PP, PSOE y Cs en bloque decidieron rechazar la reforma de la Ley de Amnistía para así abrir la puerta a juzgar los crímenes del franquismo. Una ley que ampara a franquistas acusados de torturas, como es el caso de Billy el Niño. La segunda, el pasado 24 de abril. El Pleno del Senado dio puerta, con el voto en contra del PP, a una iniciativa del PSOE con el apoyo del resto de grupos. Con ella se pretendía el cumplimiento íntegro de la ley de Memoria Histórica, así como investigar a la Fundación Francisco Franco y declararla ilegal.
En definitiva, 11 años donde ha quedado patente el claro interés del Partido Popular por que no se haga justicia y repare el daño que ocasionó Franco, su guerra y el posterior régimen dictatorial.
Decía el historiador José María García Márquez, que no debe olvidarse que la fundación de Alianza Popular se cerró con todos los cientos de delegados “puestos en pie y gritando ¡Franco! ¡Franco! ¡Franco!”. Tal vez así se comprende mejor que l a memoria histórica jamás haya sido abordada como lo que debe ser: una cuestión de Estado.
Ahora, con la vuelta de los socialistas al poder tras salir adelante la moción de censura, Pedro Sánchez tiene ante sí la posibilidad de recuperar la ley de Memoria Histórica. Le toca al PSOE hacer honor a sus siglas y recuperar los años perdidos con el mandato de Mariano Rajoy.
Fuente: http://www.lamarea.com/2018/06/03/las-veces-que-el-pp-se-rio-de-la-memoria-historica/
La sombra de Franco y su dictadura es alargada. No son suposiciones dichas a la ligera: los datos y, sobre todo, la historia que tanto quieren distorsionar, son quienes ponen a los populares frente a un espejo con sus mayores vergüenzas. Incluso, han sido los responsables de que la fundación dedicada al dictador haya recibido dinero público durante la época de Aznar. Tampoco les molesta que dicha institución disponga de documentación original secreta que corresponde al patrimonio público.
Once años, desde que se aprobara la llamada Ley de Memoria Histórica, en los que la humillación y los continuos obstáculos han sido la máxima del partido de Mariano Rajoy cuando ha tocado hablar de memoria histórica. Una ley descafeinada y nacida con la voluntad de mantener intacta las cloacas de de la transición. Fue sacada adelante con la oposición del PP y ERC, este último al considerar que no terminaba con el “sistema español de impunidad” de los años posteriores al fin de la dictadura.
El último episodio de humillación a las víctimas del franquismo sucedió esta semana, en la última intervención en el Congreso de Juan Ignacio Zoido al frente del Ministerio de Interior, cuando se negó a retirar la condecoración a Billy El Niño. Luego, en el debate de la moción de censura, el que se rio fue el líder de Ciudadanos, Albert Rivera. Estos son los “hitos” del PP en memoria histórica.
2008
Muchos han acabado por creerse sus propias mentiras. Otros, directamente, son puros negacionistas de los horrores del franquismo. En una entrevista concedida a La Voz de Galicia en octubre de 2007, Jaime Mayor Oreja, ministro del Interior en el gobierno de Aznar, definió de “extraordinaria placidez” los cuarenta años de dictadura. Afirmaba no sentir la necesidad de condenar nada porque “hubo muchas familias que lo vivieron con naturalidad y normalidad”.
Decía Mariano Rajoy en febrero de 2008, durante una entrevista a 20 minutos , que, si por él fuera, “eliminaría todos los artículos de la ley de memoria histórica que hablan de dar dinero público para recuperar el pasado”. Unas declaraciones que no son frutos de una equivocación, sino que atienden a una idea clara de enterrar el pasado. Ese mismo año, tras la solicitud de Garzón de acceder a diversos archivos para elaborar un “censo” de fusilados y desaparecidos durante la Guerra Civil y el franquismo, Rajoy declaró no ser “partidario de abrir heridas del pasado, que no conducen a nada”.
Estas afirmaciones son totalmente entendibles teniendo en consideración la del resto de compañeros de partido. Durante un Congreso del PP de Madrid, el vicesecretario de Comunicación del PP, Pablo Casado , señaló que la gente de izquierdas son “unos carcas” porque están “todo el día pensando en la guerra del abuelo” y “en la fosa de no se quién”. Años después se ha intentado retractar de dichas palabras poniendo como prueba que su abuelo también sufrió la represión.
No obstante, estas políticas no se han limitado a la esfera nacional. En Canarias , el PSOE se topó con CC y los populares para la aprobación de una PNL con la que elaborar un proyecto de exhumación de las fosas en las islas, que finalmente no salió adelante. El mismo sentido final el vivido en Valencia. El por entonces gobierno presidido por Rita Barberá promovió la construcción de más de mil nichos sobre una fosa común del franquismo. A pesar de que se paralizaron las obras tras ser denunciados los hechos, el Ayuntamiento apeló al TSJV, quien les otorgó nuevamente el permiso para continuar.
Ese año se cerró con la negativa del PP y del PSOE a una proposición de ley impulsada por ERC, que instaba a revisar la ley aprobada por Zapatero hacía casi doce meses.
2009
José Millán-Astray, general golpista, fundador de la Legión y jefe de prensa y propaganda de Franco es “un coruñés de pro, de toda la vida”. Estas fueron las palabras esbozadas por el presidente provincial del PP de A Coruña, Carlos Negreira, en defensa a la estatua del militar que se pretendía retirar tras aprobarse en el pleno del Ayuntamiento sin el apoyo de los conservadores.
Por aquellos tiempos, Ciudadanos-Partido de la Ciudadanía no era muy conocido para gran parte del país, salvo en Cataluña. Autoproclamados como la alternativa a la vieja política, lo cierto es que desde sus comienzos han compartido gran parte de su ideario. En junio de ese año, el grupo se abstuvo en la votación del proyecto de ley sobre la localización y la identificación de las personas desaparecidas durante la Guerra Civil y la dictadura franquista. Albert Rivera expresó entonces que “para Ciudadanos, el texto que garantiza el derecho individual de las personas es correcto” pero veía peligroso que se utilizara esta ley “para hacer revisionismo político”. El Partido Popular, una vez más, votó en contra.
2011
Con Zapatero sobrepasado, se acabó por adelantar las elecciones. Rajoy se convirtió en el nuevo presidente del Gobierno con mayoría absoluta y comenzaba así la crónica de una muerte anunciada para la Ley de Memoria Histórica. Ese 2011, el gobierno socialista –en funciones– consiguió colar in extremis subvenciones por valor de 5,6 millones de euros, destinados a 190 proyectos de recuperación y justicia. El año siguiente, el gobierno del PP enterró definitivamente una época sin acabar de nuestro país.
Los populares ya en aquel momento estaban más ocupados de hacer imposible la vida a familiares de las víctimas. En Poyales del Hoyo, municipio de la provincia de Ávila, el primer edil, Antonio Cerro, decidió dar por concluida la cesión de un espacio en el cementerio –que ellos mismos aprobaron en 2002– donde descansaban los restos mortales de tres mujeres del pueblo asesinadas por falangistas en 1936. Cerro aprovechó la coyuntura que se le presentó cuando un familiar reclamó los restos de su abuela para trasladar definitivamente todos los huesos a una fosa común.
2012
Con el Partido Popular ya asentado en las instituciones, los recortes no se hicieron esperar. En los PGE de 2012 se estableció la cantidad de 2,5 millones de euros “para toda clase de gastos derivados de las propuestas de la Comisión Interministerial creada por el Real Decreto 1891/2004 de 10 de septiembre”, lo que suponía un 60% menos que en el ejercicio anterior. A eso le acompañó la supresión de la oficina de Víctimas de la Guerra Civil y de la Dictadura, un organismo creado para coordinar la exhumación de desaparecidos. Se acabó reubicando para su posterior caída en el olvido en la División de Derechos de Gracia y otros Derechos, dependiente del Ministerio de Justicia.
2013
Por primera vez desde su aprobación, la Ley de Memoria Histórica se quedaba sin dotación presupuestaria . Fue el mismo año en que el diputado Rafael Hernando aseguraba en una tertulia que “algunos se han acordado de su padre, parece ser, cuando había subvenciones para encontrarle”. Ahora, ya ni eso. Como había prometido años atrás Mariano Rajoy, ni un solo euro más se destinaría a recuperar los cuerpos de las víctimas.
Continuando con el camino que se habían marcado, en mayo los populares rehusaron condenar el franquismo en el Congreso . Izquierda Unida había llevado a la Cámara Baja convertir el 18 de julio, día del golpe de Estado, en jornada “oficial de condena de la dictadura”. Todos los grupos secundaron la propuesta salvo el PP, que votó en contra, y UPyD, que se abstuvo. Como justificación, el diputado Pedro Ramón Gómez de la Serna espetó: “No podemos condenar a las nuevas generaciones al peso insoportable de la guerra civil. No aspiramos a una memoria unánime, aspiramos a una memoria para poder convivir”. Meses más tarde, mismo escenario y situación parecida. En esta ocasión, la proposición instaba a retirar los símbolos franquistas y la postura se repitió.
2014
Por si no hubiese sido poco las repetidas llamadas a la cordura desde España, entró en juego la Organización de Naciones Unidas. Pablo de Greiff, relator especial sobre la promoción de la verdad, la justicia, la reparación y las garantías de no repetición, emitió un informe donde instaba al Ejecutivo a reparar el daño que la dictadura provocó. Como venía siendo habitual, el Partido Popular restó importancia al documento hasta el punto de ignorarlo.
Sin embargo, no era la primera vez –ni sería la última– que desde organismos internacionales se había dado un toque de atención al Gobierno. Ya en 2012, el representante de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Navanethem Pillay, dirigió a España una petición formal para la derogación de la Ley de Amnistía en nombre de la ONU, denunciando que incumplía la normativa internacional de Derechos Humanos. En 2017, Pablo de Greiff volvió a recordar a España que el Estado debe atender de forma urgente los reclamos de las víctimas de la guerra civil y del franquismo, y señaló como prioridad las exhumaciones, el Valle de los Caídos y la nulidad de las sentencias arbitrarias adoptadas durante la Guerra Civil y el franquismo.
2015
“No hay fosas por descubrir”, dijeron ese año los populares, “salvo que se empeñen en buscar a Federico García Lorca en los cuatro puntos cardinales de España”, remataron. Fueron unas declaraciones pronunciadas en el Senado tras rechazar, otra vez, la concesión de fondos a la recuperación de la memoria de las víctimas de la dictadura.
Otro rechazo, esta vez en Catalayud, fue el del PP y el PAR junto con la abstención de Ciudadanos, evitando que se retirase a Franco la medalla de oro de la ciudad. Preguntado por esto, Albert Rivera explicó que es el modus operandi de su partido en votaciones similares para así evitar “abrir un debate sobre la memoria histórica”.
No fue la única ocasión donde los conservadores azules se negaron a retirar viejas condecoraciones. El 18 de junio de 2015 el Partido Popular votó en el Congreso en contra de la PNL presentada por el Grupo Mixto para retirar el título de “Grandes de España” a los Franco, y otros títulos nobiliarios a golpistas como Emilio Mola, José Moscardó, Gonzalo Queipo de Llano, Juan Yagüe y José Antonio Primo de Rivera, entre otros.
En los municipios, por su parte, se respiraban nuevos aires. Era el año de los llamados gobiernos del cambio. Barcelona y Madrid estrenaban alcaldesas dispuestas a modificar el callejero de sus ciudades. Todos se mostraron partidarios de la iniciativa a excepción del grupo que entonces encabezada Esperanza Aguirre, quien no dudó en arremeter contra el ” sectarismo y revanchismo ” que decía suponer la medida .
2016
Ese año los nostálgicos del régimen de la dictadura e integrantes del partido que gobernaba se vieron para cenar y celebrar. En ese encuentro, un alto cargo del PP de Extremadura y dos alcaldes fueron premiados por honrar la memoria de Franco e incumplir la Ley de Memoria Histórica y defender al dictador. Un trabajo que han cumplido a rajatabla al oponerse de manera invariable a la retirada. En esta ocasión fue en el Ayuntamiento de la capital. El Partido Popular mostró su negativa contra la retirada de los honores a 13 personalidades del franquismo. “La Ley de Memoria Histórica es fratricida y debería de haberla derogado el PP”, dijo Esperanza Aguirre.
2017
Estaba en Costa de Marfil y parecía que hubiese sufrido una amnesia selectiva. Rajoy contó a los asistentes que no comprendía el cambio de nombre de la calle en la que llegó a vivir . Ese nombre era el de Salvador Moreno, partícipe del golpe militar de 1936 y, una vez acabada la guerra, ministro de la dictadura. Resulta entendible, por tanto, que su grupo parlamentario diera su “no” a una PNL –sin efectos jurídicos– que declaraba nulas las sentencias del franquismo. Una petición que también se vio con la negativa de ERC, reprochando al PSOE el momento y las formas. Por su parte, Ciudadanos se abstuvo.
La que sí salió adelante fue la histórica Ley de Memoria Histórica y Democrática de Andalucía que suponía una ampliación de la estatal y que, si bien no contó con ningún contrario, PP-A y Cs se abstuvieron. Estos últimos, porque “pone en cuestión” un periodo “sagrado” como la Transición, así como la Ley de Amnistía, que “se aprobó para perdonarnos”.
2018
Este año, el movimiento en torno a la memoria histórica está siendo notorio. En la capital se presentó la muestra No pasarán. Madrid 1936. Para sorpresa de nadie, el portavoz del PP en el Ayuntamiento de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, indicó que este acto buscaba la “división y el enfrentamiento”.
En la Comunidad, hasta hace unos días presidida por Cristina Cifuentes, el PP votó en contra de una iniciativa de Podemos que pedía a la justicia que investigue los crímenes franquistas. Ciudadanos, en cambio, optó una vez más por la abstención, hecho que no impidió que saliese adelante una PNL sin carácter legislativo.
A nivel estatal, ambas cámaras parlamentarias han acogido distintas propuestas legislativas. Por un lado, el Congreso ha visto frenado por el Gobierno la tramitación de la proposición del PSOE de reforma de la ley de Memoria Histórica que, entre muchas medidas, proponía exhumar los restos de Franco, sacarlos del Valle de los Caídos y convertir el monumento en un Centro Nacional de la Memoria. El motivo de dicha decisión atendió a razones presupuestarias que alcanzarían los 214 millones de euros, aseguraban. Mismo resultado obtuvo otra iniciativa dirigida a, entre otros puntos, investigar la Fundación Nacional Francisco Franco.
Las dos últimas grandes estocadas a la memoria de las víctimas se han producido en los últimos meses. La primera, el pasado 20 de marzo en el Congreso. PP, PSOE y Cs en bloque decidieron rechazar la reforma de la Ley de Amnistía para así abrir la puerta a juzgar los crímenes del franquismo. Una ley que ampara a franquistas acusados de torturas, como es el caso de Billy el Niño. La segunda, el pasado 24 de abril. El Pleno del Senado dio puerta, con el voto en contra del PP, a una iniciativa del PSOE con el apoyo del resto de grupos. Con ella se pretendía el cumplimiento íntegro de la ley de Memoria Histórica, así como investigar a la Fundación Francisco Franco y declararla ilegal.
En definitiva, 11 años donde ha quedado patente el claro interés del Partido Popular por que no se haga justicia y repare el daño que ocasionó Franco, su guerra y el posterior régimen dictatorial.
Decía el historiador José María García Márquez, que no debe olvidarse que la fundación de Alianza Popular se cerró con todos los cientos de delegados “puestos en pie y gritando ¡Franco! ¡Franco! ¡Franco!”. Tal vez así se comprende mejor que l a memoria histórica jamás haya sido abordada como lo que debe ser: una cuestión de Estado.
Ahora, con la vuelta de los socialistas al poder tras salir adelante la moción de censura, Pedro Sánchez tiene ante sí la posibilidad de recuperar la ley de Memoria Histórica. Le toca al PSOE hacer honor a sus siglas y recuperar los años perdidos con el mandato de Mariano Rajoy.
Fuente: http://www.lamarea.com/2018/06/03/las-veces-que-el-pp-se-rio-de-la-memoria-historica/
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