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lunes, 24 de junio de 2013

Las promesas rotas del PP o eran mentiras para que les votaran y después, una vez con el gobierno en el bolsillo, hacer lo que tenían planeado?






«El trabajo es anterior a, e independiente del capital. El capital es sólo el fruto del trabajo, y nunca hubiera existido si el trabajo no hubiera existido primero. El trabajo es superior al capital, y merece una más alta consideración» Abraham Lincoln. (12-02-1809/15-04-1865) Decimosexto Presidente de los EE.UU. y primero por el partido republicano

Enlaces a Lincoln en este blog.

Aunque parezca mentira, estas palabras han sido pronunciadas por Rajoy hace un rato y no por ningún economista de izquierdas: "Quisiera acabar con un mito muy extendido sobre el tamaño de la administración pública: España se sitúa entre los países de la eurozona con menor gasto público, un 43%, seis puntos menos que nuestro entorno". "Nuestro mayor problema es el desplome brutal de los ingresos".

lunes, 15 de abril de 2013

La subida de impuestos; el bueno, el feo y el malo. España recauda el 90 % de los trabajadores.


La subida de impuestos
El problema de la economía española no es fundamentalmente de exceso de gasto público —que es cinco puntos inferior a la media europea—, sino de bajos ingresos, de escasa recaudación. No es que el Estado gaste mucho, es que muchos ciudadanos y empresas no pagan impuestos o no pagan lo que deberían y les corresponde. Los impuestos en nuestro país los pagan fundamentalmente las clases medias y no las altas.

El argumento anterior está contenido en el documento Bases para la reforma fiscal, que el PSOE ha presentado y que se incorpora, lo quiera o no el Gobierno, al debate sobre los impuestos en España después de las contradictorias declaraciones hechas por el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, y el secretario de Estado de Economía, Fernando Jiménez Latorre, y que son previas al paquete de reformas que va a presentar el Ejecutivo en el Consejo de Ministros del próximo día 26. Con este pretenden convencer a Bruselas para que relaje el ritmo de reducción del déficit de nuestro país (al menos un año y medio más para obtener un déficit del 3% del PIB, lo que nos llevaría al ejercicio 2016). Mientras Jiménez Latorre, en una intervención muy balbuceante, decía que habría cambios en el diseño de la estructura fiscal para atenerse a las recomendaciones de la UE (subida de impuestos, en el neolenguaje que ha inventado el Gobierno del PP desde que llegó a La Moncloa), Montoro era tajante: no va a haber subida de impuestos en España, aunque se está en fase de reestructuración de nuestra carga tributaria (otra versión de la subida de impuestos en el mismo neolenguaje, dado los precedentes conocidos).

Si al PP le falta credibilidad cuando habla de impuestos (los sube cuando promete bajarlos), al PSOE le ocurre algo parecido cuando presenta unas bases para el cambio de la estructura impositiva tan rotundas como estas últimas, pendientes de concretar, pero bien elaboradas y argumentadas. ¿Por qué no lo hizo en la larga etapa de su Gobierno, cuando una reforma fiscal para que el sistema español sea más eficaz y justo hubiera tenido prioridad respecto a otras de las llamadas reformas estructurales? ¿Por qué coquetearon con las tesis, tan poco socialdemócratas, de quienes defendían el tipo único o afirmaban que la distribución solo se consigue vía gastos y no vía ingresos? ¿Por qué movieron la cabeza de arriba abajo frente a aquella tontería que tanto daño les ha hecho de que bajar impuestos también es de izquierdas en una sociedad con tantas necesidades como la española, que pretendía llegar a la convergencia real con los países de nuestro entorno? Y también, ¿por qué no se la exige Bruselas al Gobierno con la misma vehemencia que la reforma laboral, la energética, la de las pensiones, la financiera…?

Los datos son apabullantes: la presión fiscal es ocho puntos inferior a la media europea (del 32,4% al 40,1%); de todo lo que se recauda en España el 90% procede de las rentas del trabajo medias y bajas (9 de cada 10 euros recaudados vienen de este tipo de rentas, vía IRPF, cotizaciones sociales, IVA e impuestos especiales), siendo el 10% restante (uno de cada 10 euros recaudados) lo que aportan los contribuyentes más ricos, las rentas de capital y las empresas.

En España, el 10% de los ciudadanos más ricos acumula un patrimonio 135 veces más elevado que el 20% más pobre de la sociedad española.

Hay dos formas de defraudar y no cumplir con Hacienda: una legal, no pagando impuestos gracias a los mecanismos de ingeniería fiscal que existen; y otra ilegal, no pagando, haciendo fraude fiscal. Según el PSOE, para aumentar los ingresos en España no es necesario subir los impuestos a las rentas de trabajo, sino tapar los agujeros del sistema fiscal por los que se escapan sin pagar, o pagando menos de lo que deben, ese 10% de contribuyentes que acumulan la mayor riqueza del país. La propuesta socialista sobre un sistema fiscal más eficaz y justo, dedicando (al revés de lo que se ha hecho en los últimos Presupuestos Generales) más recursos a la administración fiscal, es una idea fuerza que no debe abandonar la plaza pública.

sábado, 23 de febrero de 2013

''ES COMO LA VENECIA DEL SIGLO XVI'' La rebelión de los ricos y su 'teoría de la fuente del poder'

A principios del siglo XIX Estados Unidos presumía de ser una de las sociedades más igualitarias del planeta. En una carta fechada en 1814 Thomas Jefferson aseguraba que en su país no había pobres: “La mayor parte de nuestra población es trabajadora; nuestros ricos, que pueden vivir sin trabajar, son pocos, y tienen una riqueza moderada. La mayoría de la clase trabajadora tiene propiedades, cultiva su propia tierra, tiene una familia, y puede establecer precios competitivos que les permiten alimentarse abundantemente, vestir muy por encima de la mera decencia, trabajar moderadamente y criar a sus familias”. Para Jefferson esta equidad era la esencia misma del recién independizado país: “¿Puede ser cualquier estado de la sociedad más deseable?”

El tercer presidente de los Estados Unidos estaba obviando la situación de toda la población afroamericana que vivía en la esclavitud pero, al margen de esto, tenía razón en una cosa: pese a lo que podría parecer, la sociedad estadounidense del siglo XIX era relativamente igualitaria en términos económicos. Mucho más que hoy en día.

Tras el revulsivo que supuso la revolución industrial, donde una gran oligarquía controlaba toda la producción, y la desigualdad alcanzó una de sus cotas más altas, la situación fue estabilizándose hasta los años ochenta del siglo XX. Desde entonces, la brecha entre ricos y pobres no ha dejado de crecer: entre 1980 y 2007 la desigualdad ha aumentado en un escandaloso 135%. Hoy en día, en EE.UU., el 1% de la población controla el 23,5% de la riqueza. Y las cifras son similares en el resto de los países industrializados. En España, en 2008, el 1% más rico de la población controlaba el 18,3% de la riqueza del país (Davies, J., Sandström, S., Shorrocks, A., y Wolff, E., 2008).

Este auge de la desigualdad es el que trata de analizar un nuevo estudio, «The Rise of the Super-Rich» ('el auge de los super-ricos') publicado en la revista American Sociological Review, que, centrándose en el caso estadounidense, asegura que, a partir 1980, los ricos supieron imponer sus criterios en el Congreso, los sindicatos perdieron fuelle, disminuyeron los impuestos a las rentas altas y, en definitiva, el 1% más adinerado no dejó de acumular riqueza, mientras el resto de la sociedad la perdía. Una tendencia que no ha disminuido ni un ápice desde entonces, y que es similar a la que están viviendo las sociedades europeas. La desigualdad vuelve a niveles de la era industrial La situación no es nueva.

Con la llegada de la industrialización se vivió una situación parecida en todo el mundo occidental: la brecha de la desigualdad creció enormemente, auspiciada por gobiernos y élites. Entre 1913 y hasta que finalizó la II Guerra Mundial, el 1% de la población acumuló entre el 11,3% y el 23,9% de la riqueza de Estados Unidos. Tal como el propio Franklin D. Roosevelt argumentó en un discurso en 1932, durante una reunión de la Commonwealth, la revolución industrial había sido posible “gracias a un grupo de titanes financieros cuyos métodos no habían sido examinados con demasiado cuidado”. El presidente justificó esto tirando de pragmatismo, en su opinión Estados Unidos tenía el derecho de aceptar esta realidad “agridulce”. El resultado, tal como reconocía el propio presidente, era que la igualdad de oportunidades había desaparecido.

En 1928 la diferencia entre ricos y pobres de Estados Unidos alcanzó su cenit: el 1% de la población controlaba cerca del 25% de la riqueza. Desde entonces, pese a la “agridulce” visión de Roosevelt, la brecha empezó a disminuir. La lucha por los derechos civiles, los sindicatos –que pese la represión de la Guerra Fría tuvieron una gran fuerza en los Estados Unidos– y, en definitiva, la extensión de cierto estado del bienestar, lograron que en 1975 la diferencia entre ricos y pobres disminuyera notablemente: en 1975 el 1% más rico “solo” acumulaba el 8,9%. La brecha había disminuido en un 63%.

La situación ha dado un vuelco desde entonces, al menos a nivel estadístico: ¿Qué ha ocurrido en los últimos 30 años para que la brecha de la desigualdad sea similar a la de la revolución industrial?

El ejemplo veneciano Para la experiodista del Financial Times y actual redactora jefe de Reuters, Chrystia Freeland, el hecho de que la brecha entre ricos y pobres sea la mayor desde la época dorada de la industrialización no es accidental: “Ahora, como entonces, los titanes están buscando tener una mayor presencia en la política, que coincida con su poder económico. Ahora, como entonces, el peligro inevitable reside en que van a confundir su propio interés con el del bien común”. Esta es la teoría que traza en su último libro, Plutocrats: The Rise of the New Global Super-Rich and the Fall of Everyone Else (‘Plutócatras: el auge de los nuevos super-ricos globales y la caída del resto del mundo’, Pinguin Press).

Para Freeland la situación que estamos viviendo se parece en gran medida a la que se dio en la República de Venecia en el siglo XVI, y que acabó para siempre con la prosperidad de la ciudad de los canales. Una lección histórica que utiliza para ilustrar el peligro al que nos enfrentamos si no se trata de atajar rápidamente esta desigualdad.

A principios del siglo XIV Venecia era una de las ciudades más ricas de Europa. Su sistema económico se regía por la colleganza, una forma básica de sociedad anónima, creada para financiar una expedición comercial. Estas primeras empresas tenían una particularidad esencial, estaban abiertas a todo el mundo, lo que permitía a cualquier emprendedor participar en las finanzas junto a hombres de negocios ya establecidos, que financiaban sus viajes comerciales. Este sistema llevó a la prosperidad a la República Veneciana, que se convirtió en el centro neurálgico del comercio mundial.

En 1315, justo cuando Venecia se encontraba en el punto más alto de su poder económico, las personas más adineradas de la República presionaron para que se legislara a su favor. Se creó un veto oficial a la movilidad social, El libro de oro, un registro de la nobleza, que dejaba fuera del sistema a todo aquel que no estuviera inscrito en el mismo.

Bajo el control de los oligarcas Venecia empezó a recortar las oportunidades económicas de la población general y la prosperidad de la República entró en barrena. La ciudad se estancó: en 1500 la población de la ciudad era menor que la que tenía en 1330.

Nunca volvió a recuperar su esplendor. La desigualdad proviene de decisiones políticas El caso de Venecia sirve para ilustrar una idea clara: si (sólo) las élites económicas toman partido en las decisiones políticas estas irán encaminadas (sólo) a su propio beneficio, que no es el del conjunto de la sociedad. “La ironía del auge político de los plutócratas”, cuenta Freeman, “es que, como los oligarcas de Venecia, están amenazando el sistema que han creado”.

Para Thomas W. Volcho y Nathan J. Kelly, autores del estudio de la American Sociological Review, cuya tesis es similar a la de Freeman, el aumento de la desigualdad no es casual, y no tiene que ver con la crisis (aunque ésta ha aumentado la brecha), sino con unas determinadas decisiones políticas, fruto de la presión del 1% más rico.

El fundamento teórico de su trabajo se basa en la Power Resource Theory (“la teoría de la fuente del poder”), según la cual la distribución de la riqueza y el poder se debe al éxito o fracaso de las distintas ideologías políticas.

En su opinión, los trabajadores y la clase media solo tienen dos formas de lograr una distribución progresiva de la riqueza: a través de la política y el mercado. Esta desigualdad iría de la mano, por tanto, del declive de los partidos de izquierda (que empujaban a favor de la redistribución de la riqueza en la esfera política) y los sindicatos (que empujaban en el mercado).

En EE.UU, desde 1978, los tipos impositivos máximos han bajado del 39% al 15%, lo que en su opinión es decisivo para entender el aumento de la brecha entre ricos y pobres.

En definitiva, lo que Kelly y Volcho quieren dejar claro es que, pese a lo que muchos piensan, la desigualdad no es fruto de los vaivenes del mercado, que se escapan del control, sino de unas determinadas decisiones políticas. Es cierto que el mercado influye en las decisiones gubernamentales (algo que se ha hecho evidente en los últimos tiempos), pero esas decisiones repercuten a su vez en la economía. Un círculo vicioso destinado a crear mayor desigualdad, si no se toman medidas para atajar la tendencia. 

viernes, 14 de diciembre de 2012

El “expolio” social del que no se habla

Un argumento utilizado por los independentistas catalanes para defender la tesis de que Catalunya tendría más recursos si se independizara de España es que España está “expoliando” a Catalunya. No voy a entrar en este artículo en este tema, sobre el cual he escrito extensamente en varios artículos mostrando que el escaso desarrollo social de Catalunya no se debe al supuesto expolio nacional sino al enorme poder que las derechas catalanas y españolas han tenido y continúan teniendo a los dos lados del Ebro, situación responsable del subdesarrollo social de Catalunya y de otras partes de España, como documento en mi libro El Subdesarrollo social de España. Causas y Consecuencias, Anagrama. 2006.

En este artículo quiero centrarme en la existencia de un expolio del cual ni los nacionalistas de los dos lados del Ebro ni nadie más están hoy hablando, ni en Catalunya ni en España. Es el expolio de una minoría -lo que solía llamarse la burguesía financiera e industrial- al resto de la población, y que está ocurriendo a lo largo de todo el territorio español, incluyendo Catalunya. Tal minoría no está contribuyendo al Estado (tanto central como autonómico) lo que contribuyen todos los demás. Si pagara al Estado lo que pagan todos los demás, la cifra resultante para toda España sería de más de 30.000 millones de euros al año, con lo cual podríamos haber evitado hacer todos los recortes de gasto público y social que están dañando de una manera muy acentuada el bienestar y calidad de vida de la mayoría de la población en general y de las clases populares en particular, tanto en Catalunya como en el resto de España. (Ver el informe del Observatorio Social de España, El impacto de la crisis en las familias y en la infancia. Ariel. 2012).

Para entender la naturaleza de este expolio, hay que entender cuáles son las fuentes de ingreso más importantes al Estado que incluye, como he señalado en el párrafo anterior, no sólo el Estado central, sino los Estados autonómicos. Pues bien, cuatro son las fuentes más importantes:

1. Una son los ingresos derivados de los impuestos sobre las rentas, primordialmente del trabajo, o IRPF (que es un impuesto que paga la mayoría de la población trabajadora);

2. La otra fuente son los impuestos sobre el capital que afectan a un grupo muy minoritario de la población (predominantemente los burgueses y los grandes empresarios);

3. La tercera fuente son los impuestos sobre el consumo, IVA, que toda la población, independientemente de sus ingresos, paga cuando compra algo, y que es sumamente regresivo;

4. Una cuarta fuente son los impuestos especiales que, como su nombre indica, son impuestos para fines concretos; y, finalmente, otra categoría que se define como “otros impuestos”.

Pues bien, según el excelente informe de la Fundación 1º de Mayo de Comisiones Obreras (uno de los centros de estudios más rigurosos que publica periódicamente informes que cuestionan la credibilidad del conocimiento producido por los centros de estudios financiados por la Banca y la Gran Patronal, como FEDEA), escrito por el economista Manuel Lago (y del cual extraigo la mayoría de los datos que presento en este artículo), los ingresos derivados del IRPF en España, desde el último año antes de que se iniciara la crisis, 2006, hasta el año 2011, crecieron un 6%, pasando el Estado de ingresar 64.638 millones de euros a 68.557 millones. Los fondos públicos procedentes del impuesto sobre el consumo bajaron sólo ligeramente (-2%), pasando de 52.817 millones de euros a 51.580 millones. Los fondos que el Estado recogía vía los impuestos especiales crecieron muy poco (2%), pasando de 18.699 millones de euros a 19.025 millones, y la categoría de “otros impuestos” subió más (5%), pasando de 5.696 millones de euros a 5.971 millones. Estos fondos procedentes de tales impuestos derivan, en gran parte, de la mayoría de la gente que trabaja y consume (lo que la literatura sociológica definiría como clase trabajadora y clases medias). Y a lo largo del periodo 2006-2011 se han mantenido o han aumentado.

Ahora bien, si analizamos qué ha pasado con las rentas derivadas del capital y de sus diferentes componentes, tales como capital financiero (bancos, compañías de seguros y compañías de alto riesgo, entre otros), capital industrial (grandes corporaciones multinacionales) o capital de servicios (empresas de marketing y asesorías, entre otras) vemos que los ingresos al Estado derivados de la carga impositiva sobre el capital han bajado de una manera muy acentuada, casi espectacular (-68%), pasando de 41.675 millones de euros a 13.383 millones. Es decir, en otras palabras, el Estado ha dejado de ingresar 28.292 millones de euros. En realidad, el descenso total de ingresos al Estado, pasando de 183.525 millones de euros a 158.516 millones, procede mayoritariamente de gravar menos las rentas del capital, hecho que es el mayor responsable de la bajada de ingresos al Estado durante este periodo (14%). En total el Estado ha pasado a ingresar 25.009 millones de euros menos, que es una cifra muy cercana a los 28.292 millones que el Estado no ingresó como consecuencia del descenso de los ingresos procedentes de las empresas, es decir, del capital. Manuel Lago documenta con gran detalle los cambios que han ido ocurriendo en cada uno de estos impuestos y sus consecuencias en cuanto a los ingresos al Estado. Lo que les acabo de escribir es el resumen de cómo han evolucionado los ingresos. Y lo más llamativo es que los ingresos procedentes del impuesto de sociedades (que es el impuesto al capital), que representaban el 23% de todos los impuestos en el año 2006, han pasado a ser sólo un 8%. Sí, lo ha leído bien, sólo un 8%. El mundo empresarial contribuye mucho, mucho menos que la mayoría de la población, incluyéndole a usted, lector, y a mí.

Ni que decir tiene que los centros de estudios financiados por la banca y por la gran patronal han intentado explicar tal descenso de su contribución al Estado atribuyéndolo a la reducción de sus beneficios, resultado de la crisis económica. Manuel Lago muestra contundentemente que ello no es del todo cierto. La reducción de beneficios es sólo una pequeña parte de la causa del descenso de los ingresos al Estado procedente de las empresas. Tal descenso es mucho mayor que el descenso de beneficios, una situación que es particularmente acentuada entre las grandes empresas, llamadas multinacionales. En realidad, el descenso de su aportación al Estado es consecuencia de la gran cantidad de lo que llaman incentivos fiscales, incluyendo las enormes deducciones, y nuevos sistemas de ingeniería contable que hacen que lo que en teoría pagan las rentas del capital (35%, bajado más tarde a 30%) se haya reducido en la realidad a un 5%. Sí, repito, ha leído bien, a un 5%. Las otras empresas (que no son grandes empresas multinacionales y facturan menos de diez millones de euros) pagan menos que su tipo nominal, siendo el real 15,3%, más de tres veces más que las multinacionales.

El significado de estos datos y otros aportados por el informe es que, durante el periodo de la crisis 2007-2011, las empresas financieras, industriales y de servicios (es decir, el capital) declararon 851.933 millones de euros de beneficios, por los cuales tributaron 101.421 millones, es decir, un 11,9%. Si hubieran pagado el 28,5%, que es lo que la Agencia Tributaria considera como el tipo nominal medio, el Estado hubiera ingresado 242.801 millones de euros, es decir, 141.380 millones de euros más, unos 35.000 millones de euros más anuales (tomando las cifras de 2009), que es, por cierto, la cifra de recortes de gasto público que los sucesivos gobiernos han estado exigiendo a la población española, recortes que se están haciendo para compensar las enormes ventajas fiscales que se han hecho a las rentas del capital. Es el tamaño de lo que debería llamarse el expolio social, muchas veces superior al supuesto expolio nacional. Y, en cambio, el gran debate es sobre este último (entre aquellos que sustentan que hay un expolio nacional y los que señalan que no lo hay), y no sobre el anterior, que está perjudicando a las clases populares de toda España, incluida Catalunya. El hecho de que los establishments políticos y mediáticos españoles y catalanes se centren en el debate nacional y no en el debate social, se explica por el enorme poder que el capital tiene sobre tales establishments a los dos lados del Ebro. Así de claro. Incluso, descontando deducciones justificables y otras medidas, tal como Hace Manuel Lago, la cantidad continúa siendo respetable. Es más, si las rentas del capital se gravaran como las rentas del trabajo a la mayoría de la clase trabajadora que está en nómina (como algunos partidos han sugerido), la cantidad de 35.000 millones ascendería a muchos millones más.

¿No creen que hay algo injusto en ello? A las clases populares se les está imponiendo toda una serie de sacrificios, a fin de mantener enormes beneficios y privilegios fiscales al gran empresariado financiero y multinacional del país. Créanme que en España, incluyendo Catalunya, el que no está indignado es que no sabe lo que está pasando en su entorno. Así de claro. Vicenç Navarro.

viernes, 9 de noviembre de 2012

Californians Say Yes to Taxes. Los californianos dicen sí a los Impuestos.

A la vez que se votaba Presidente en EE.UU., se votaban otras muchas propuestas, desde subidas de impuestos como la expuesta, a aprobación de matrimonios gays.

De todos los resultados electorales en los estados de todo el país, pocos pueden superar la sensación tan chocante de los votantes de California (1) con la aprobación de los aumentos temporales de impuestos para recaudar $ 6 mil millones al año a fin de mejorar el estado de las escuelas públicas y los agujeros del sistema universitario. Así es: en estos tiempos difíciles hubo votantes que acordaron someterse a esas subidas de impuestos a pesar del mantra simplista de los políticos conservadores de "no más impuestos".

La medida electoral, la llamada Proposición de ley 30, fue una apuesta audaz del gobernador Jerry Brown. A causa de ello fue ridiculizado a fondo por una oposición bien financiada, dirigida por grupos conservadores contra los impuestos, con donantes no revelados. Al vencer la votación se aumenta el impuesto estatal sobre las ventas en una cuarta parte del 1 por ciento durante cuatro años y esos impuestos aumentarán los ingresos durante siete años en lo que supondrá más de 250.000 dólares al año.

La crisis presupuestaria, que ya dura muchos años, en California ha dado como resultado el aumento de tamaño de las clases en las escuelas, la reducción en el tiempo de instrucción y los despidos de miles de maestros de todo el estado.

Mientras tanto, los estudiantes de las universidades públicas del estado y los Colleges se han enfrentado a aumentos de las matrículas, menos recursos de los campus y la disminución de nuevas plazas para la inscripción. Las autoridades dicen que la aprobación de la propuesta electoral significará que el sistema público de escuelas no tendrá que reducir la duración del año escolar y los Colleges no tendrán que aumentar los precios de las matrículas. También permitirá a los Colleges comunitarios -públicos- restaurar miles de clases y aumentar sus plazas en 20.000 estudiantes.

El caso de California, donde la revuelta contra el aumento de impuestos sobre la propiedad fiscal en 1978 dirigido por Howard Jarvis (la número 13), se convirtió en material del folklore político, un capítulo nuevo e impredecible puede haber sido abierto. Esta semana, los votantes también dieron a los demócratas, encabezados por el gobernador Brown, una mayoría de dos tercios en ambas cámaras del Parlamento del Estado. Esto significa que van a tener "súper mayoría" y con ella el control y la capacidad de recaudar impuestos y aprobar otras medidas sin necesidad de la colaboración en su aprobación por los republicanos.

El Sr. Brown, consciente de que el control absoluto de un solo partido puede dar lugar a problemas, de forma rápida prometió que no habría nuevos dispendios ni se "gastaría mucho". Mantener la promesa requerirá vigilancia de los votantes. Será interesante ver si con la aprobación por mayoría popular del aumento de los impuestos para la educación, California iniciará otro movimiento nacional.
Fuente, noticia en el NYT Californians "Say Yes to Taxes", 8 de noviembre de 2012.

(1)El estado de California, el más rico de los EE.UU., estaba en bancarrota debido a que sus ingresos eran menores que sus gastos, y ello les llevó a una situación de bloqueo. Al no tener mayoría cualificada ninguno de los dos partidos, necesario por ley para poder cambiar las normas sobre impuestos, no se  podía avanzar, ya que los republicanos proponían recortes en gastos sociales y los demócratas subidas de impuestos y no llegaban a acuerdos. Por otra parte en 1978 se había votado una ley -la Jarvis- para bloquear toda posible subida de impuestos sobre propiedades -lo que evidentemente beneficiaba a los propietarios, a los más pudientes.
Con esta última votación se ha entrado en una nueva situación. La mayoría de ciudadanos está de acuerdo en pagar más impuestos, en contra de la tendencia general, hasta ahora dominante, para mejorar la educación pública. La situación es compleja, aquí no se refleja toda la realidad, por ejemplo, hace unos años el sistema de prisiones costaba la mitad que el sistema educativo, ahora es al contrario. California se gasta en prisiones y correccionales el doble que en educación. Ha aumentado por seis el número de encarcelados o vigilados y no dejan de aumentar, siendo su número de los mayores del mundo en proporción por habitantes. ¿Podría tener relación ambas cifras? A menos educación, más pobreza y delitos y más ciudadanos en prisiones, en un círculo infernal que va en aumento y, sobre todo, entre las minorías étnicas como los afroamericanos.
Foto del autor, playa de la Barrosa, Chiclana, Cádiz. agosto de 2012.

viernes, 21 de septiembre de 2012

¿Deben los ricos cargar con el peso de la crisis?

Lo que está claro es que deben colaborar solidariamente ¿o no son ciudadanos de este mundo?

El polémico impuesto establece el 75% a los ingresos por encima del millón de euros. En Francia no se habla de otra cosa, pero el debate no es una mera debilidad gala. En tiempos de recesión y austeridad, el tema es central en atribulados países como Grecia, Portugal, España e Irlanda, en el utilitarista Reino Unido o en la aparentemente eficiente Alemania. El doble peso de la deuda soberana y el déficit fiscal europeo exige sacrificios. El problema es quién paga los platos rotos del tema de fondo: el estallido financiero de 2008. Con el polémico impuesto del 75% a los ingresos por encima del millón de euros, el presidente de Francia Francois Hollande ha dado un mensaje claro... 

viernes, 17 de agosto de 2012

¿Crisis? "No hay otra opción, hacemos lo único que hay que hacer". Sí que había y hay alternativas

El Estado español (tanto a nivel central como autonómico) se ha caracterizado por su pobreza, pobreza que también ha caracterizado a los otros Estados intervenidos (Grecia, Portugal e Irlanda). Los ingresos al Estado en España, al final del periodo de expansión económica, en el año 2007, representaban el 41% del PIB, un porcentaje menor que el promedio de la UE-15 (45% del PIB), el grupo de países más desarrollados económicamente de la UE. Es importante contrastar este bajo porcentaje con los porcentajes en los países escandinavos: Noruega 58%, Dinamarca 56%, Suecia 55% y Finlandia 53%, porcentajes mucho más elevados que los de España y los otros países intervenidos, hecho que se debe al contexto político que ha determinado históricamente la evolución de tales Estados. En aquellos países escandinavos los partidos progresistas han gobernado la mayoría de años desde el fin de la II Guerra Mundial. En los países intervenidos, sin embargo, han sido las fuerzas conservadoras las que han gobernado la mayoría de años durante tal periodo, reflejando un gran poder e influencia sobre sus Estados. Los escasos ingresos al Estado es un indicador de ello. Estos países, con la excepción de Irlanda, estuvieron gobernados durante muchos años por dictaduras de ultraderecha caracterizadas por su escasa sensibilidad social, junto con un gran desarrollo de su aparato represivo. Irlanda no tuvo una dictadura pero sí que estuvo gobernada durante la mayoría del citado periodo por gobiernos profundamente conservadores. Y aunque en todo ellos, los periodos democráticos que siguieron sus regímenes dictatoriales o autoritarios consiguieron corregir parte de sus déficits de ingresos al Estado, su heredado retraso todavía lastra y explica sus escasos recursos públicos. Esta realidad es raramente citada en los análisis económicos de tales Estados, poco conscientes de la importancia del contexto político para explicar el fenómeno económico.

 La situación en España
 Los ingresos al Estado incrementaron sustancialmente durante el periodo democrático alcanzando su máximo nivel al final de su último periodo expansivo. En 2007, los ingresos al Estado per cápita fueron de 9.654 euros. Ahora bien, a partir de entonces, tales ingresos descendieron, de manera que en el año 2011, habían bajado a 8.175 euros, siendo tal cifra el 62% del promedio de la UE-15, que era 13.126 euros. Esta bajada se ha interpretado como resultado del descenso de la actividad económica, lo cual, es cierto solo en parte (y una parte relativamente menor). Veamos los datos, provenientes en su mayoría del Informe Anual de Recaudación Tributaria del Estado Español y que han sido analizados en detalle en el informe Cambio en las políticas fiscales en el periodo 2007-2011 de Pilar Castellà, publicado por el Observatorio Social de España.
 En el año 2007 los ingresos al Estado alcanzaron la cifra de 200.676 millones de euros. En el año 2008 tales ingresos bajaron de una manera muy marcada, recaudándose 173.453 millones de euros, descenso que se ha atribuido al descenso de la actividad económica, lo cual no es del todo cierto. En realidad, aquel año 2008 fue el año de la aplicación de la Ley 35/2006 que conllevó una bajada generalizada de impuestos, con el consiguiente descenso de los ingresos al Estado (un 14% en 2008 y un 17% en 2009). En solo tres años se pasó de ingresar más de 200.000 millones de euros en 2007 a 144.023 millones en 2009, una reducción del 28%, un descenso muy considerable. Ello respondía a aquella actitud generaliza en la primera década del siglo XXI, época de plena hegemonía del pensamiento liberal en los círculos económicos, incluidos en los del partido socialdemócrata gobernante en España, en los que se asumía que la reducción de impuestos era una medida positiva y deseable, postura descrita claramente en el famoso eslogan del entonces presidente del gobierno, el Sr. Zapatero, que afirmaba “que bajar los impuestos es de izquierdas”. En realidad voces discordantes con este pensamiento fuimos ignoradas, cuando no insultadas, definiéndonos como “anticuados” (o la manera amable de decirlo, “socialdemócratas tradicionales”) tal como apareció en la respuesta de Jordi Sevilla a mi crítica a su libro De nuevo socialismo, donde se proponía tal bajada de impuestos, siendo tal libro el punto de referencia del pensamiento de la Nueva Vía que gobernó España durante la mayoría del periodo de gobierno Zapatero (ver este debate en mi libro El subdesarrollo social de España. Causas y Consecuencias).
Según el informe de recaudación tributaria del año 2008 elaborado por el Servicio de Estudios Tributarios y Estadísticas del Ministerio de Economía y Hacienda, tal rebaja generalizada de impuestos significó la pérdida de recaudación en 2008 de nada menos que 19.540 millones, que era el 72% de la pérdida total de ingresos al Estado. Solo un 28% (7.683 millones) se debía al impacto de la crisis. Este dato, de una enorme importancia, apenas ha aparecido en los medios de información, incluidos los económicos.
Otro ejemplo del impacto de los cambios fiscales en los ingresos al Estado es que, en 2010, los ingresos al Estado subieron (pasando de 144.023 millones en 2009 a 159.536 en 2010), una subida de un 11%, a pesar de que la economía continuaba en crisis y en recesión. Ello fue consecuencia de la reforma tributaria de aquel año, que aumentó los impuestos generando más ingresos.

La bajada de impuestos como causa del descenso de ingresos públicos
Cuando se analiza donde hubo una mayor disminución de los ingresos al Estado durante el periodo 2007-2010 resultado de estos recortes de impuestos se observa que el mayor descenso procedió de la rebaja del impuesto de sociedades que bajó un 63,9%. El segundo fue el impuesto sobre el consumo, el IVA, que bajó un 12,1%, seguido del IRPF que descendió un 7,8%. Repito de nuevo, una causa importante de estos descensos correspondió a las reformas fiscales, y no solo a la disminución de la actividad económica. Según el Ministerio de Economía y Hacienda los ingresos derivados del impuesto de sociedades disminuyeron en 17.521 millones de euros en solo un año, lo cual supuso un descenso de ingresos del 39,1%. Pues bien, según el mismo informe, el 46% de este descenso de debió a las reformas fiscales del 2007 (un descenso de 5 puntos en tal impuesto) y un 54% al descenso de la actividad económica. En otras palabras, las rebajas de impuestos de sociedades significaron un recorte de 8.120 millones de euros... Vicenç Navarro. Público.es, leer más aquí.

miércoles, 11 de julio de 2012

Rajoy ha incumplido todas sus promesas económicas pese a que el esfuerzo en la reducción del déficit es menor a lo previsto

El mito de que bastaría que se fuese Zapatero y llegase al Gobierno el Partido Popular para que se recuperase la confianza no ha durado ni un suspiro. El hada de la confianza, usando la expresión de Krugman, no se ha aparecido en España. El Gobierno de Rajoy ha reincidido, para sorpresa general, en los errores de diagnóstico y gestión de la crisis de Zapatero y ha acabado adoptando las mismas medidas que tanto le criticó desde la oposición (como la subida del IVA y la rebaja de sueldos de los funcionarios). Su programa electoral y su discurso de investidura de hace seis meses eran, efectivamente de cuento de hadas. Tanto, que hoy ha tenido que enmendarlo en su totalidad, cuando la situación es mucho más grave.

No hay duda de que le herencia económica que dejó Zapatero es la peor que ha recibido un Gobierno en la historia reciente española, con una alta tasa de paro, un elevado déficit público, un fuerte endeudamiento externo y un sector financiero muy débil, por citar solo los problemas más graves y acuciantes. Pero Rajoy ha mezclado sin rigor herencias con falacias para justificar sus recortes y exculparse del incumplimiento sistemático del programa electoral y las promesas con que llegó al Gobierno.

Desde que Rajoy gobierna, todos los indicadores de confianza en España se han deteriorado gravemente. La prima de riesgo española no solo ha batido todos los récords, sino que era 200 puntos inferior a la italiana a comienzos de año y ahora es sustancialmente superior. Los seguros sobre impago de deuda del Tesoro se han disparado. La Bolsa española se ha convertido este año en la peor del mundo. La fuga de capitales (tras un aumento de los impuestos sobre las rentas del capital) no tiene precedentes. Los inversores, los mercados, han dado la espalda a España mientras los retrasados presupuestos se quedan viejos en una semana y el Gobierno provoca un incendio al tratar de hacer el papel de bombero del Banco de España. Rajoy dijo que no tenía intención de subir los impuestos y a la semana siguiente subió el IRPF y el IBI. Rajoy dijo que no abarataría el coste del despido y aprobó una reforma laboral que lo pone a precio de saldo, al facilitar el despido procedente con 20 días de indemnización por cada año trabajado con un máximo de 12 mensualidades. Rajoy dijo que no bajaría el sueldo de los funcionarios como Zapatero, pero primero aprobó un aumento de jornada que en la práctica suponía una rebaja del 6% por hora trabajada y ahora suprime la paga extra de navidad en lo que implica un recorte del 7% de la retribución en términos anuales y del 14% en lo que queda de año. Rajoy dijo que no subiría el IVA como Zapatero, y ha aplicado la mayor subida desde que existe el impuesto (de tres puntos en el tipo general, hasta el 21% y de dos en el reducido, hasta el 10%). Rajoy dijo que no recortaría las prestaciones por desempleo y hoy lo ha hecho. Rajoy dijo que no recortaría en Sanidad y Educación y ha promovido los mayores recortes en ese terreno desde que existe el Estado del Bienestar en España. Denigró la idea de una amnistía fiscal y no solo ha aprobado una, sino que cada vez da más facilidades a los defraudadores para beneficiarse de ella. Dijo que no habría copago, y ya está en vigor. En su discurso de investidura, Rajoy dijo que la restructuración financiera estaría culminada en el primer semestre de este año y al empezar el segundo, tras dos reformas fallidas en tiempo récord, el sector financiero está abierto en canal y España ha pedido el rescate a Europa para recapitalizar la banca.

Desde el principio, el Gobierno ha culpado de sus incumplimientos al Gobierno anterior. “Es mi deber liberar a España del peso de esa herencia”, ha dicho hoy Rajoy. Pero las cifras le desmienten. La desviación sobre el objetivo de 2011 de la Administración central fue mínima y debida en buena parte a que el nuevo Gobierno de Rajoy cargó hábilmente al ejercicio 2011 unos 600 millones en expropiaciones que van a pagar este año y otros 600 millones de la intervención de Unnim que se apuntaron como gasto de 2011 y como ingreso de 2012. La Seguridad Social cerró con un pequeño déficit, sobre todo por la caída de ingresos en el cuarto trimestre. Pero el grueso de la desviación de 2011 procede sobre todo de las comunidades autónomas, entre ellas las regidas por Esperanza Aguirre, Francisco Camps y otros gobernantes de su partido. “No entro en quién es el responsable o deja de serlo”, ha señalado Rajoy...

el recorte del déficit es menor que el planteado antes de las elecciones, pero buena parte de las medidas de Rajoy (IRPF, IVA, paga extra de funcionarios, amnistía fiscal…) van sobre todo destinadas a reducir el déficit de la Administración central. ¿Cuáles eran sus planes reales? La excusa de la herencia es una falacia. Quedan dos opciones: o Rajoy engañó a los votantes o no tenía ni idea de lo que le tocaba hacer. A estas alturas, uno no sabe cuál es peor de las dos.

El País.

lunes, 9 de julio de 2012

Obama propone bajar los impuestos a la clase media y subirlos a los ricos

La oposición defiende que los recortes solo reducirán la inversión y agudizarán los problemas económicos

Barack Obama ha llevado el debate electoral al sensible terreno de los impuestos al proponer este lunes una reducción de las cargas fiscales para la clase media y un incremento para la minoría que cuenta con más recursos. El presidente asegura que este es el mejor modo de crear puestos de trabajo y de devolver la prosperidad a la mayoría de la población.
 “No estoy proponiendo nada radical”, ha asegurado Obama en una comparecencia en la Casa Blanca, “sólo quiero que el 98% de la población que gana menos de 250.000 dólares al año conserve sus ventajas fiscales y eliminarlas para el 2% que supera esa cifra”. “Ya es hora de acabar con los beneficios fiscales de quienes, como yo, pueden permitirse pagar más”.
 El presidente explicó que, de esta manera, se permitirá que la clase media pueda mirar al futuro con más optimismo, que aumente el consumo y, como consecuencia, se incremente también la capacidad de las empresas de ofrecer empleo.
 Los republicanos no comparten esa visión y defienden ventajas fiscales para todos, tanto para los que tienen menos como para los que tienen más ingresos. La oposición entiende que una subida ahora de los impuestos a los ricos va a hacer que éstos inviertan menos y se agudicen los actuales problemas económicos... leer más en El País.

miércoles, 4 de julio de 2012

Un empresario americano, Nick Hanauer, denuncia en TED, la falacia de que los ricos, los ahora llamados emprendedores en vez de lo que son realmente, capitalistas, son los que crean empleos.



Enlace alternativo al vídeo censurado https://www.youtube.com/watch?v=cLm4QF3IPdU
Es evidente que si no hay demanda, ni actividad económica, el paro seguirá aumentando, en un circulo vicioso; más paro trae menos demanda, menos demanda trae más paro. El empobrecimiento de la mayoría de la población y su influencia negativa en la economía no es compensado por el enriquecimiento cada vez mayor de los más ricos. La parte de los salarios dedicada a impuestos entre IRPF, impuestos municipales sobre basuras, agua, alcantarillado, vehículos, viviendas, ... han crecido de media más que los salarios desde los 70.

 Los impuestos sobre energía (combustibles, gas, electricidad), el IVA sobre el consumo, sobre los medicamentos, la falta de becas el pago de transporte para los estudiantes, amas de casa y trabajadores,... hacen que suponga una perdida de más del 35% de sus ingresos. Mientras los grandes Banco y Fortunas cotizan un 1%, cuando no evaden todo mediante los paraísos fiscales. Es evidente, y así lo defienden prestigiosos economistas como Paul Krugman o Joseph Stiglitz, que es necesario un cambio.

miércoles, 2 de mayo de 2012

¿Hay o no hay dinero?

Rajoy sobre los recortes: "Es imprescindible. No hay dinero para los servicios públicos"
El presidente reclama "un pequeño esfuerzo" a los españoles.
"Son unos pocos euros al mes", ha dicho del pago de los fármacos.
Pide a los españoles que entiendan estas decisiones "duras".

La cantinela diaria de que hay que ajustar los gastos del sector público a los ingresos debiera reformularse afirmando que, más bien, habría que acercar los ingresos a los gastos. Porque el problema del sector público en España no es que gaste mucho, sino que ingresa poco. Por ejemplo, en 2010, los estados de la Unión Europea obtuvieron un promedio de ingresos públicos que representaban el 44.1% del PIB. Sin embargo, en España los ingresos del Estado representaron únicamente el 36.3% del PIB, es decir, 7.8 puntos de PIB menos que sus socios europeos. Esto quiere decir que, si España hubiera estado en la media de ingresos públicos de la Unión Europea, su déficit habría estado por debajo del 3% del PIB y, por lo tanto, no habría tenido que efectuar recortes y habría dispuesto de recursos para estimular la economía. España recaudó menos porque tolera un gran nivel de fraude fiscal, redujo los tipos del Impuesto de Sociedades y del IRPF, suprimió el Impuesto de Patrimonio y, además, según la Comisión Europea, durante la etapa expansiva 1995-2006, hasta el 75% del incremento de los ingresos fiscales era de naturaleza transitoria al estar vinculados a la burbuja inmobiliaria. En suma, el acervo de irresponsabilidad fiscal de los sucesivos gobiernos, la irrupción de la crisis, el marco normativo de la Unión Europea y la enorme deuda privada existente se apuntalaron mutuamente a la hora de dinamitar el incompleto estado del bienestar español. Mientras que el PIB español, a precios de mercado, se redujo un 0.2%, entre 2007 y 2010, el PIB de la Unión Europea (UE) cayó un 1.3%. Sin embargo, en España los ingresos fiscales cayeron ocho veces más que en la UE: 4.8 puntos del PIB, frente a 0.6 puntos. Nuestros socios europeos preservaron su capacidad fiscal mientras la de España sufrió un serio revés.
Mientras que el PIB pasaba de 1.053.161 millones de euros, en 2007, a 1.051.342 millones, en 2010, el IRPF incrementaba un 9.5% la recaudación proveniente de los asalariados (de 52.282 millones de euros a 57.000 millones), pese al fuerte aumento del desempleo. Sin embargo, la recaudación proveniente del Impuesto de Sociedades se reducía de 44.823 millones de euros a 16.198 millones y, si a ello se añade la caída de la parte empresarial del IRPF, tenemos que, entre 2007 y 2010, las empresas dejaron de aportar 39.000 millones de euros a las arcas públicas, una cantidad equivalente a unas seis veces el presupuesto de Canarias. En 2010 el fraude fiscal de las grandes fortunas y las grandes empresas ascendió a 42.711 millones de euros. Y, para garantizar que las cosas no cambien significativamente, este año Hacienda espera recaudar un 13% menos que en 2011 en la lucha contra el fraude fiscal. Es más, se ha decidido impulsar una amnistía fiscal a cambio de que los defraudadores tributen un 10% de las sumas evadidas al fisco. Como afirmó la secretaria general del Partido Popular, en junio de 2010, ante otra propuesta de amnistía fiscal del gobierno de entonces, se trata de algo “impresentable”, “injusto” y “antisocial”. Quienes dicen que no hay dinero para afrontar ciertos gastos de los servicios públicos ocultan que, simplemente, carecen de la voluntad de recaudar ese dinero. Eliminar el fraude fiscal de los más adinerados supondría unos cuatro puntos del PIB. Recuperar la mitad de lo que dejaron de tributar las empresas durante los tres primeros años de crisis, a través del IRPF y del Impuesto de Sociedades, supondría recaudar otros dos puntos de PIB. Y, este año, seis puntos de PIB de ingresos fiscales adicionales evitarían los recortes al bienestar que está llevando a cabo el Gobierno y, al mismo tiempo, permitiría cierta expansión del gasto público. Está claro que hay alternativas al desmantelamiento del estado del bienestar que estamos sufriendo. Ramón Trujillo, coordinador de Izquierda Unida en Tenerife. (foto Porche boxter)

sábado, 24 de diciembre de 2011

Descomunal hipocresía en el paraíso fiscal alemán

Y el presidente alemán en la picota por una minucia

El escrúpulo nacional no impide que el público alemán lo desconozca todo sobre sus bancos, entre los más opacos del mundo

Desvergüenza en el sur, por la tolerancia con el festival inmobiliario, e hipocresía en el norte, por la falta de transparencia económica, sobre todo bancaria, y el desvío de la atención hacia temas anecdóticos. Podría ser el epitafio de la actual Europa en crisis. En el centro de la imagen, una Alemania que pone en la picota a su presidente, Christian Wulff, por una minucia.

¿Que pasa con Wulff? En enero de 2010 se fue de vacaciones con su joven esposa a Florida, a casa del millonario alemán, Egon Geerkens, que les pagó los billetes de avión en primera. Al saberse, dos diputados le preguntaron si tenía alguna "relación de negocios" con el millonario. La respuesta fue "no". Ahora se ha conocido que la mujer de Geerkens prestó en 2008 a los Wulff un crédito de medio millón de euros para comprar una casa bastante discreta. El crédito a un amigo no es delito. No fue una mentira, pero tampoco era toda la verdad, lo que no es bonito para un presidente.

La prensa, especialmente la sensacionalista, se le ha echado al cuello, quizá para cobrarle a Wulff una frase que dijo en un discurso el año pasado y que creó gran escándalo en las filas conservadoras: como consecuencia de la emigración turca y árabe, "el Islam también pertenece a Alemania".

Anatema. El presidente abre ahora los telediarios y está en la portada de Der Spiegel ("El presidente fallido"). Se examina hasta el último rincón de su trayectoria y se descubren otras minucias, como el pago de los anuncios de un libro del político por otro millonario, que dice que Wulff no estaba al tanto. Wulff también dice que no sabía nada del asunto. El 70% de los alemanes no consideran que el presidente tenga que dimitir.

Visto desde el ladrillo español y sus impunes y desvergonzados alrededores, el rigor de este caso provoca una triste envidia. Pero más allá del sano escrúpulo asoma un ejercicio de descomunal hipocresía, en una sociedad que lo desconoce todo sobre sus opacos bancos y su condición de paraíso fiscal.

El noveno paraíso
Alemania figura en el noveno puesto mundial de opacidad en la lista de 73 países del mundo publicada por la organización Tax Justicie Network (TJN). Los primeros quince de su lista son; Suiza, Islas Caimán, Luxemburgo, Hong Kong, Estados Unidos, Singapur, Jersey, Japón, Alemania, Bahrein, Islas Vírgenes, Bermuda, Reino Unido, Panamá y Bélgica. La desvergonzada España figura en el puesto 53.

Los bancos alemanes administran 1,3 billones de euros de capital extranjero, lo que representa casi el 5% de las transacciones financieras globales. Actúa como reclamo, el hecho de que el país, "no ha firmado ningún acuerdo bilateral en materia de intercambio de datos fiscalmente relevantes", lo que, "combinado con el atractivo de las exenciones fiscales para compradores extranjeros de bonos del gobierno alemán, atrae una gran cantidad de dinero negro", señala un comentario del centro Política Exterior Alemana.

"Que Alemania se encuentre entre los diez principales centros financieros en la sombra, se debe a su peso como centro financiero para los no residentes y a sus débiles requisitos de información. También a que concede una amplia desgravación fiscal a residentes en el extranjero, incluso de países en desarrollo, lo que atrae grandes sumas de dinero", explica Markus Meinzer, coautor del índice de opacidad de TJN.

El mundo en desarrollo abre cuentas aquí
Esta situación explica la popularidad que los bancos alemanes tienen entre los dictadores de países en desarrollo. El fallecido caudillo de Turkmenistán, Saparmurad Niyasov, colocó, a su nombre, en el Deutsche Bank los ingresos del gas de su país que administraba como una finca particular. Muhammar el Gadafi y su clan, tuvieron unas doscientas cuentas repartidas en bancos alemanes, con un total de 6000 millones de euros.

En el Bundestag, los diputados más relacionados con las cuentas públicas reconocen que no saben nada sobre la situación de los bancos salvados con dinero del contribuyente. Uno de ellos explicó a este diario la respuesta que recibió a su interpelación parlamentaria por escrito sobre generalidades del rescate bancario: "secreto corporativo". ¿Qué percepción tiene el ciudadano alemán de esta situación?

Desviando la atención
El informe de TJN no ha tenido el menor eco en Alemania. La influyente prensa sensacionalista continúa centrando la atención sobre los desmanes meridionales. "Los griegos han almacenado en Suiza 200.000 millones de euros", tituló a toda plana el diario Bild, baluarte del nacional populismo en la actual crisis. Ante la perspectiva de una quiebra, los griegos no se fían de sus bancos y se llevan el dinero fuera. Pero la cantidad mencionada es superada, en 50.000 millones, por el dinero que los propios evasores fiscales alemanes tienen en países como Luxemburgo, Liechtenstein o Suiza, según la estimación divulgada por el sindicato alemán de funcionarios de hacienda (DSTG), de la que los medios no se hicieron eco. Se pierde de vista así el complejo panorama europeo de la evasión y el delito fiscal, del que Alemania es pieza mucho más importante que Grecia.

El ministro de defensa Karl-Theodor zu Guttemberg, que mintió y encubrió la muerte de cien civiles en Afganistán soltando a dos altos cargos de su entorno como lastre, dimitió porque se descubrió el plagio de su tesis doctoral, no por aquella masacre. Richard Nixon cayó por espiar a sus rivales en un hotel de Washington, no por los varios millones de muertos que propició en Vietnam, lo que fue en su día celebrado como paradigma de una prensa poderosa. Ahora, el presidente alemán está en la picota por una minucia, en medio del mayor desembolso de dinero público hacia el sector privado de la historia, del que apenas se conoce nada. Es una caricatura de lo mismo.

Falta de voluntad hacia el delito fiscal
En Alemania se persigue, y con gran rigor, el pequeño fraude fiscal, pero algunos funcionarios de hacienda denuncian falta de voluntad para investigar grandes delitos fiscales, mientras se persigue con lupa el pequeño fraude relativo a la ayuda social o el seguro de desempleo, explica Frank Wehrheim, ex inspector de hacienda del Land de Hesse.

Wehrheim, que acaba de publicar un libro titulado "Inside Steuerfahndung" (La investigación fiscal por dentro), estima que Alemania pierde anualmente entre 200.000 y 300.000 millones de euros en evasión de impuestos y fraude con subvenciones. Su compañero Thomas Eigenthaler, presidente del sindicato de funcionarios de hacienda, reprocha al gobierno de Merkel que, "más allá de las declaraciones" se ha torpedeado, "una acción coordinada a nivel europeo" contra el fraude fiscal.

A mayor fraude, menor posibilidad judicial
"En Alemania es muy difícil ser acusado de evasión de impuestos, para ello hay que ser muy descuidado y tener muy mala suerte, dice Wolfgang Neskovic, ex magistrado del Tribunal Supremo y diputado del Bundestag.

"Ningún delito es tan difícil de aclarar como el fiscal. Los flujos de efectivo son velados, los registros importantes, el poder judicial es insuficiente y está mal dotado. Se necesita una perfección matemática y un trabajo duro y persistente para lograr llevar el delito de evasión de impuestos hasta un proceso judicial. La regla de oro es: cuanto más rico el acusado, tanto más complejo es el delito y más difícil su aclaración", explica Neskovic en un artículo publicado por el semanario "Der Freitag".
"En la sala del tribunal hay que vérselas con la caballería de abogados bien formados y bien pagados que amenazan con un caso de varios meses y plantean un acuerdo rápido a cambio de una sentencia indulgente. Aquí la regla de oro es: cuanto más complejo sea el delito, más costosa es la investigación de la parte acusada y más suave el castigo que esta recibe", explica el diputado.

Fuente: Rafael Poch, La Vanguardia, corresponsal en Berlín. http://www.lavanguardia.com/internacional/20111222/54242641629/presidente-aleman-picota-minucia.html

domingo, 23 de octubre de 2011

El porqué del subdesarrollo social

El Estado del bienestar español, que incluye las transferencias públicas (como las pensiones y ayudas a las familias) y los servicios públicos de carácter social (tales como sanidad, educación, servicios sociales, servicios de ayuda a las personas con dependencia, escuelas de infancia, vivienda social y prevención de la exclusión social, entre otros), es el menos financiado de la Europa de los 15 (UE-15), el grupo de países de semejante nivel de desarrollo económico al nuestro. El gasto público social (que financia tales transferencias y servicios públicos) por habitante, así como el gasto público social como porcentaje del PIB, son los más bajos de la UE-15.
Esta subfinanciación explica que España sea también el país que tiene un porcentaje menor de la población adulta trabajando en los servicios públicos del Estado del bienestar. Sólo una persona adulta de cada diez trabaja en tales servicios públicos, en comparación con uno de cada cuatro que lo hace en Suecia. No es cierto, por lo tanto, lo que constantemente se reproduce en los medios de información próximos a la banca y a la gran patronal de que el sector público, incluyendo el ámbito social, esté hipertrofiado en España. Los datos muestran precisamente lo contrario. España está a la cola de la Europa social, y los recortes sustanciales que se están llevando a cabo empeorarán todavía más esta situación.
Las causas de este subdesarrollo social no son, como frecuentemente aducen economistas y políticos neoliberales, la menor riqueza de España frente al promedio de la UE-15. En realidad, el nivel de riqueza de España, medido por el PIB per cápita, es ya el 94% del promedio de la UE-15. En cambio, el gasto público social es sólo un 74% del promedio de la UE-15. Si fuera el 94%, España se gastaría en su Estado del bienestar 66.000 millones de euros más.
¿Por qué este bajo gasto público social? La respuesta depende de la sensibilidad política de quien responda. Así, los nacionalistas conservadores-liberales que gobiernan la Generalitat de Catalunya atribuyen la subfinanciación del Estado del bienestar en Catalunya a lo que llaman “el expolio de Catalunya por parte de España”, argumento que utilizan frecuentemente durante el periodo electoral, como hemos visto recientemente en las declaraciones de Duran i Lleida. Este es, por cierto, un argumento generalizado en los medios de información en Catalunya, incluyendo los de propiedad pública de la Generalitat.
Los datos (incluso los proveídos por el propio partido gobernante de la Generalitat) no apoyan, sin embargo, tales tesis. Según los portavoces del partido nacionalista conservador-liberal, el supuesto “expolio” representa el 9% del PIB catalán. Puesto que tal partido político acepta que para pagar al Estado central (para cubrir los servicios comunes provistos por el Estado y los gastos de solidaridad con otras partes de España) el Gobierno de la Generalitat está dispuesto a aportar un 4% del PIB, esto implica que el “expolio” neto sería un 5% del PIB (nueve menos cuatro). Ahora bien, Catalunya, por el nivel de riqueza que tiene (su PIB per cápita es el 110% del promedio de la UE-15), debiera gastarse en su Estado del bienestar un 29,8% del PIB, es decir, 12 puntos más de los que se gasta ahora (17,8%). La eliminación del supuesto “expolio” eliminaría menos de la mitad (5 puntos) de tal déficit de gasto público social. Catalunya continuaría en la cola de la Europa social aunque se eliminara el supuesto “expolio” nacional.
El subdesarrollo social de Catalunya y de España no se debe primordialmente a los temas nacionales que acaparan la atención política y mediática del país y que siempre se movilizan en tiempos electorales. En tales tiempos, los nacionalismos periféricos se oponen al nacionalismo español, que no se define así mismo como tal, pero que es el más poderoso y excluyente. La falta de sensibilidad que caracteriza al nacionalismo español que niega la plurinacionalidad de España es el mejor aliado de los secesionismos periféricos. La no aprobación de la totalidad del Estatut refrendado por el pueblo catalán por parte del Tribunal Constitucional ha sido una causa clave del crecimiento del secesionismo. No hay nada más próximo a este que el jacobismo imperante en sectores del Estado español. De ahí que el nacionalismo catalán encuentre un campo fértil para movilizar a la población en Catalunya.
A pesar de este aparente antagonismo, estos nacionalismos –central y periférico– se alimentan y se necesitan el uno al otro. Tales nacionalismos se centran en el tema nacional para ocultar la causa real del subdesarrollo social de Catalunya y de España y que no es el “expolio nacional”, sino el “expolio de clase”. El primero se utiliza deliberadamente para ocultar el segundo, lo cual explica las alianzas constantes entre los nacionalismos centrales y periféricos al día siguiente de las elecciones. El PP, que explota el anticatalanismo en el resto de España, es el mejor aliado de CiU en Catalunya y, en caso de ganar el PP en España, CiU apoyará, como ya lo hizo antes, los políticas de clase responsables del subdesarrollo del Estado del bienestar, que se basa en los escasos ingresos al Estado (sólo un 34% del PIB, frente al 44% en la UE-15 y un 54% en Suecia), y que es consecuencia de que las rentas superiores y del capital tributan mucho menos de lo que lo hacen sus homólogos en la UE-15. El trabajador de la manufactura paga un 74% de lo que paga su homólogo en Suecia. El 1% de renta superior paga sólo el 20%. Y es más que probable que el porcentaje real sea incluso mucho menor. Tanto el Estado español como la Generalitat de Catalunya podrían resolver esta situación. Ambos tienen capacidad fiscal y las herramientas para hacerlo, pero no lo hacen y, mientras, utilizan las banderas en tiempo electoral para ocultar esta realidad. Vicenç Navarro. Público.
En la foto, Antonio al timón del barco neozelandés, 20 de julio de 2011, campeón de la Copa América, navegando por las aguas del puerto de Auckland.

viernes, 30 de septiembre de 2011

Política de recortes. No es lo único que se puede hacer y desde luego, no es "lo que hay que hacer". Sí hay alternativas a los recortes

Se están haciendo en España recortes muy sustanciales del gasto público social que financia las transferencias públicas (tales como las pensiones y las ayudas a las familias) y los servicios públicos (tales como la sanidad, la educación, los servicios de ayuda a las personas con dependencia, las escuelas de infancia, los servicios sociales, entre otros) que representan la mayor reducción del Estado del bienestar español que éste haya sufrido en los 33 años de democracia. Estos recortes los está realizando el Gobierno central, así como gran número de gobiernos autonómicos, habiendo sido particularmente acentuados en Catalunya.
Tres observaciones tienen que hacerse a raíz de estos hechos. Una es que ninguno de estos recortes estaba anunciado en los programas electorales de los partidos gobernantes que los están haciendo. En realidad, todos ellos subrayaron en sus campañas electorales que no realizarían recortes en las transferencias y servicios que están siendo recortados. La segunda observación es que estos recortes se presentan, tanto por el establishment político como por el mediático, como inevitables y necesarios, y responden –según tales establishments– a la presión externa de los mercados financieros, los cuales señalan la necesidad de realizar tales recortes. Este argumento de inevitabilidad y necesidad ha calado en la opinión popular como consecuencia de una promoción masiva por parte de los medios de información de mayor difusión (tanto públicos como privados) del país, que han estado respaldando tales recortes. Uno de los rotativos de mayor difusión presentó anteayer unas encuestas mostrando que, puestos a escoger, había más españoles que, para reducir el déficit, preferían los recortes a la subida de impuestos. Parecería, pues, que los recortes que se están llevando a cabo tienen el apoyo popular que los legitimiza.

Este argumento de inevitabilidad, sin embargo, es profundamente erróneo. Y la percepción de apoyo popular está también equivocada. Miremos primero el argumento de que los recortes tan intensos del gasto público social se deben a la presión de los mercados. La lectura de los informes de las agencias de valoración de bonos y de los mayores centros financieros muestra una variabilidad de opiniones. Así, en ocasiones expresan inquietud sobre el tamaño del déficit y de la deuda pública, pero en otras ocasiones, como ahora, muestran gran preocupación por la falta de crecimiento económico. En cuanto a la reducción del déficit, tales instituciones financieras no indican cómo debería realizarse. Una manera es mediante los recortes de gasto público social, pero no es ni la única ni la mejor manera de conseguirlo. Una alternativa es aumentando los impuestos. Así, en lugar de congelar las pensiones (con lo que se intentan ahorrar 1.200 millones de euros), se podrían haber conseguido 2.100 millones de euros manteniendo el Impuesto del Patrimonio, o 2.552 millones si se hubieran anulado las rebajas de los impuestos de sucesiones, o 2.500 millones si se hubiera revertido la bajada de impuestos de las personas que ingresan más de 120.000 euros al año, recortes de los impuestos apoyados –todos ellos– por los partidos que ahora hacen estos recortes de gastos.

O en lugar de los enormes recortes en sanidad que intentan conseguir un ahorro de 6.000 millones, podrían haber anulado la bajada del Impuesto de Sociedades de las grandes empresas que facturan más de 150 millones de euros al año (y que representan sólo el 0,12% de todas las empresas), recogiendo 5.300 millones de euros. O en lugar de recortar los servicios públicos como sanidad, educación y servicios sociales (logrando un total de 25.000 millones de euros), podrían haber corregido el fraude fiscal de las grandes fortunas, de la banca y de las grandes empresas (que representa el 71% de todo el fraude fiscal), recogiendo mucho más, es decir, 44.000 millones.

O, en lugar de reducir los servicios de ayuda a las personas con dependencia (intentando ahorrar 600 millones de euros), podrían haber reducido el subsidio del Estado a la Iglesia católica para impartir docencia de la religión católica en las escuelas públicas, o eliminar la producción de nuevo equipamiento militar, como los helicópteros Tigre y otros armamentos.

El hecho de que se escogiera hacer los recortes citados sin ni siquiera considerar estas alternativas no tiene nada que ver (insisto, nada que ver) con las presiones de los mercados financieros. La reducción del déficit público podría haberse logrado revirtiendo las enormes rebajas de impuestos que han beneficiado primordialmente a las rentas superiores (una persona que ingrese más de 300.000 euros al año ha visto reducir sus impuestos durante el periodo en que España estuvo gobernada por Aznar y por Zapatero un 37%, mientras que la gran mayoría de la población apenas notó esta bajada).

El supuesto apoyo popular a tales recortes no puede derivarse de la pregunta sesgada y tendenciosa de preguntarle a la población si para reducir el déficit prefieren los recortes en el Estado del bienestar o el aumento de los impuestos. La palabra “impuestos”, sin aclarar de quién, genera siempre una respuesta predecible de rechazo. Pero si, en lugar de utilizar el término genérico “impuestos”, se utilizara el aumento de impuestos citados en este artículo, que se centra primordialmente en las rentas superiores (revirtiendo las enormes reducciones que les beneficiaron) y que no afecta a la gran mayoría de la ciudadanía, la respuesta sería opuesta a la que aquella pregunta tendenciosa indica. Que estas alternativas no tengan la centralidad política o la exposición mediática que tienen los recortes se debe a que las rentas superiores, la banca y la gran patronal, tienen mucho más poder sobre el Estado español que las clases populares, que son las que están más afectadas por los recortes. Vicenç Navarro. Público.

viernes, 2 de septiembre de 2011

Por una reforma fiscal

Los millonarios franceses lo pidieron a mediados de la semana pasada; los ricos de Estados Unidos lo solicitaron en el Senado; el Gobierno de Italia, aunque ahora Berlusconi se haya retractado, también lo ha llegado a contemplar ante la situación de crisis.
Pero en nuestro país, nuestra clase política, igual que nuestros ricos oficiales, guardan silencio. Es más, el PP ya ha anunciado que no lo va a incluir en su programa electoral con vistas a las próximas elecciones (y por supuesto para no perder sus votos) y el PSOE dice, susurra, comenta que igual sí, pero a la hora de la verdad, se convierte en un igual no; ante la mirada atónita de la mayor parte de los españoles. Esos a los que les ahoga la crisis, esos que no tienen trabajo.
Cierto es que la solución de todos los males no es subir los impuestos a las clases más altas, pero sí es una ayuda. De la misma manera que la reforma de la Constitución, la eliminación de la obligatoriedad de hacer fijo a un trabajador que encadene contratos temporales en dos años o los 400 euros.
Son ayudas que debe regular un Gobierno, que si tiene capacidad para acometer la segunda reforma de la Constitución en toda su historia a solo unos meses de agotar la legislatura, seguro que también tiene capacidad para introducir un impuesto de manera especial y temporal a los que más ganan. Y no sé si lo oyen, pero la sociedad lo está pidiendo a gritos. VERÓNICA PALOMARES - Parla, Madrid - El País, 02/09/2011

martes, 30 de agosto de 2011

Alemanes "acomodados" piden también un impuesto especial para los más ricos

Mientras, en España, Cospedal descarta más impuestos para ricos: No es momento de demagogias” ha declarado.

Los 16 millonarios franceses que pidieron un "impuesto a los ricos" a mediados de la semana pasada tienen un correlato en Alemania, donde ya hace dos años que un grupo de personas "acomodadas" pidió un impuesto del 5% para los patrimonios que superen el medio millón de euros.

Lo pidieron 23 personas en 2009 en un manifiesto que puede firmar cualquiera que tenga más de esos 500.000 euros. Este impuesto especial a los mayores patrimonios sería limitado, hasta que se restablezca el equilibrio presupuestario en las finanzas públicas. Después de un par de años, el impuesto especial de patrimonio que piden estos ciudadanos se limitaría al 1% anual.

Tras el llamamiento francés, los medios han vuelto a fijarse en este manifiesto, que cuenta ahora mismo con unos 50 firmantes. Si se tiene en cuenta que en Alemania hay más de dos millones de hogares con un patrimonio superior a los 500.000 euros, la cifra no impresiona demasiado, pero impulsa un debate sobre la necesidad de gravar más a los ricos.

A diferencia del llamamiento francés o de la reciente petición en el mismo sentido del estadounidense Warren Buffett, los firmantes del manifiesto alemán son en su mayoría ciudadanos de clase media acomodada. Uno de sus portavoces es el psiquiatra berlinés Dieter Lehmkuhl, al que recientemente se ha sumado la Iglesia evangélica alemana. El Instituto Alemán de Investigación Económica DIW también propuso el pasado diciembre que se aplicaran medidas similares o que se recuperara temporalmente el impuesto de patrimonios, derogado en 1997 a instancias del Tribunal Constitucional.
El canciller socialdemócrata Gerhard Schröder (SPD) bajó durante su mandato el tipo máximo del IRPF del 53% al 42%. Su sucesora, Angela Merkel, subió el IVA al 19% para todos, pero unificó la tasa a los beneficios bursátiles en el 25%, independientemente de los ingresos totales del beneficiario. Son reformas fiscales que han redundado en beneficios para los mayores ingresos.

Desde que se suprimió el de patrimonio, la suma de todos los impuestos patrimoniales en Alemania únicamente reporta a las arcas públicas el 0,9% del PIB. Solo el 2,3% de los ingresos fiscales proviene de impuestos a los patrimonios -sucesiones, donaciones o propiedades-, según la OCDE. En EE UU este impuesto supone en cambio el 12,1% del total.

J. GÓMEZ - Berlín - El País, 30/08/2011

domingo, 28 de agosto de 2011

Más sobre impuestos e injusticia recaudadora, ¿por qué pagan más los más débiles?: Las pruebas del delito

Warren E. Buffet, el tercer hombre más rico del mundo, ha declarado y denunciado públicamente la injusticia fiscal que cometen los Gobiernos en favor de las personas y empresas más poderosas y ricas. En un gesto de dignidad que le honra (no me importan sus motivos), pide que se deje de "mimar" a los millonarios, incluso plantea que algunos de esos multimillonarios aceptarían gustosos contribuir mucho más en su país. También destaca que el 80% de los ingresos fiscales en Estados Unidos provienen de tasas sobre las nóminas de los trabajadores. Junto a Buffet, se han posicionado empresarios y grandes fortunas francesas.
La otra noticia que está en la misma línea, la protagonizan y firman los técnicos del Ministerio de Hacienda (Gestha), que no solo nos dicen a nosotros, sino también al Gobierno español que las grandes fortunas y empresas españolas evadieron al fisco 42.711 millones de euros en el 2010, representando el 71,8% del total del fraude en este país.
Después de leer estas informaciones, yo creo que habría que plantear varias preguntas: ¿A ningún dirigente ni Gobierno se le cae la cara de vergüenza? ¿Nadie tiene nada que decir? ¿Nadie tiene nada que preguntar? ¿Cómo es posible que los Gobiernos para combatir la crisis lleven tres años haciendo continuos recortes sociales o creando tasas e impuestos a los sectores más desfavorecidos, sin pedir un esfuerzo contributivo proporcional a las grandes fortunas y las grandes empresas? ¿Cómo es posible que la lucha contra el fraude no esté priorizada en combatir el fraude fiscal o las evasiones de capital en las altas esferas, siendo que representan el 72% del total?
Solo me quedaría plantear una última pregunta, ¿alguien necesita más pruebas del delito que han cometido nuestros dirigentes y Gobiernos, al generar una tremenda injusticia social, favoreciendo a los poderosos y a ellos mismos, a costa de exprimir y sacrificar a los más débiles? JOSÉ LUIS REQUELME ARNEDO - Zaragoza - El País, 28/08/2011 (Foto desde el Museo en las ruinas de Bolonia, se ve la playa, el mar azul, el paso del estrecho por un carguero y al fondo África con la cordillera del Atlas.)

sábado, 27 de agosto de 2011

Los ricos, algunos, quieren pagar más impuestos

¿Hasta qué punto se habrán hecho mal las cosas, para que hayan tenido que ser los ricos los que pidan públicamente que les suban los impuestos? ¿Hasta qué punto los Gobiernos han hecho políticas nefastas, favoreciendo a las grandes fortunas y asfixiando a las clases bajas y medias?

Estos días es noticia que 16 directivos de grandes empresas francesas y el adinerado filántropo estadounidense, Warren Buffet, están sugiriendo a sus Gobiernos que les suban los impuestos para superar esta difícil coyuntura económica. 

Y es que es de cajón. Si un obrero pierde el empleo, o pierde paulatinamente poder adquisitivo y le fríen a impuestos, ¿Cómo va consumir para que los poderes económicos puedan seguir obteniendo beneficios? Si alguien tiene un burro de carga, y cada día le va recortando un poco el pienso, a la vez que le va aumentando la carga, ¿Cómo sobrevivirá el burro? ¿Adónde irán las ganancias del amo si el burro muere por inanición o revienta? Mal negocio para los dos, ¿verdad? Pues eso. O buscamos la equidad o esto se va al carajo.

Los ricos, que no son tontos, se han dado cuenta de que la locomotora económica está a punto de pararse, y, por ello, están dispuestos a poner combustible por su cuenta para que la máquina de ganar dinero no se pare. Así es de simple. Lo lamentable es que la iniciativa haya tenido que partir de los grandes capitales y no de los ineptos políticos que tenemos en Occidente, que cada vez representan peor a la ciudadanía. 

PEDRO SERRANO - Valladolid - El País, 26/08/2011

viernes, 26 de agosto de 2011

Para converger realmente con Europa… que los ricos españoles aporten como los ricos europeos

Dada Cotilla
(Des)haciendo

Se nos suele contar Caperucita al revés, presentando al lobo del que depende la tensión del cuento como el crecimiento del país (focalizado exclusivamente en el crecimiento de las grandes empresas, por lo que el IBEX lo tenemos hasta en la sopa), y a Caperucita como la creación de empleo, la víctima de este cuento. Así se nos habla de que en este país es necesario llegar a un crecimiento superior al 2% para poder crear empleo estable y nos intentan convencer de que dicho crecimiento depende del crecimiento del IBEX. Por lo que se supeditan todos los esfuerzos a aumentar los beneficios de las grandes empresas a costa de despidos (en torno a 20.000 millones de euros para sanear las cajas de ahorro y dárselas a precio de ganga al mercado privado para que aumente así beneficios a costa del despido de miles de trabajadores de las propias cajas de ahorros y de las empresas que las comprarán, justo después de las elecciones, ya gobierne Guatemala o Guatepeor).

Sin embargo resulta que es todo lo contrario: precisamente porque el empleo nunca ha sido estable en este país, sino condicionado excesivamente por los vaivenes de una economía virtual, es por lo que estamos donde estamos, con pan en abundancia para ayer y hambre para hoy. Precisamente porque las grandes empresas quieren no solo mantener sus beneficios sino aumentarlos, lo que se traduce en reducción del gasto a través del despido en masa, como hemos observado hace no mucho con el caso de Telefónica, donde el despido de miles de personas se ha traducido en un aumento histórico de beneficios, fundamentalmente para los directivos.

Por ello, es justamente el estado el único que puede generar empleo de calidad estable con sus empresas estatales, ya sean rentables o deficitarias, pues aún siendo deficitarias le serán reembolsados al estado los ingresos aportados en forma de impuestos vía IVA, carburantes… y muchos otros. Fundamentalmente a través de la generación del consumo generalizado, que garantiza siempre la circulación y por lo tanto evita un estancamiento o retroceso de la economía, favoreciendo la contratación en la empresa privada para cubrir la nueva demanda de trabajadores públicos con poder adquisitivo para consumir y, por lo tanto, generando así mayor cotización a la seguridad social (tanto de empresarios como de trabajadores nuevos en la empresa privada).

Así vemos que precisamente los países desarrollados que menos están sufriendo la crisis son aquellos donde el estado es la mayor empresa creadora de empleo estable del país. En Suecia o Dinamarca, el número de funcionarios públicos alcanza el 21,1 y 25,7% respectivamente de la población activa. Es decir, uno de cada cuatro o cinco personas en edad de trabajar es funcionario público (mientras que en España lo es solamente el 9,5% de la población activa, uno de cada 10). Esto pueden mantenerlo los países nórdicos porque son aquellos donde más ricos declaran al estado y donde más aportan (entre un 50 y un 55% de los ingresos según el país).

Asegurar un cuarto de la población activa como funcionario conlleva asegurar el consumo y por lo tanto un crecimiento continuado, dado que al haber un cuarto de la población con un consumo continuo asegura el empleo al resto de la población que debe satisfacer la inmensa demanda de ese sector social.

En este caso, la piedra de roseta en esta situación es muy simple: la mayor aportación de las grandes fortunas, más acorde a la relación con el sacrificio aportado por el resto de la sociedad. En resumen, las medidas lógicas aplicables a las grandes fortunas son las siguientes:

- Investigación a las grandes fortunas por parte de la Hacienda pública para que declaren, pues solo declara en España en torno al 20% con la connivencia de los gobiernos de turno. (Emilio Botín no ha presentado declaración entre 2005 y 2009, y cuando un chivatazo de un empleado del HSBC saca a la luz las cuentas que la familia Botín tenía en Suiza, libres de impuestos, el Ministerio de Hacienda, dirigido por el gobierno de Zapatero, no le multa sino que le avisa para que haga una declaración voluntaria con la que ha pagado menos de la mitad de lo que debía, “cancelando” así su deuda con el estado).

- Aumento del IRPF a las grandes fortunas, el actual en España es del 43% frente a los países nórdicos donde los grandes ricos aportan en torno a un 50-59%.

- Impuesto de Patrimonio: su eliminación, siguiendo el ejemplo de Berlusconi en Italia, beneficia a los grandes ricos dado que al tener patrimonios elevados el impuesto es elevado. Para las clases bajas y medias es una carga insignificante dado los pequeños patrimonios que poseen.

- Tributación por parte de la Casa Real española a la Hacienda Pública, al igual que el resto de ciudadanos españoles y al igual que otras Casas Reales europeas, dado que recibe en torno a 8 millones de euros anuales del presupuesto del país y están libres de impuestos (a lo que hay que sumar el patrimonio cedido por el estado así como la seguridad y otros muchos aspectos pagados a través de los diferentes ministerios).

- Elevación de la tributación de las grandes empresas SICAV. Las empresas-SICAV (Inditex y compañía) tributan al 1% cuando el impuesto de sociedades para pequeñas y medianas empresas es del 25%. Por ello, debería elevarse del 1 al 3% para las SICAV y bajada del 25 al 20% para las PYMES, que son las que mayor empleo crean en este país. Además, al potenciar la investigación y reducir el impuesto, se contribuye a disuadir la evasión fiscal –no merecerá la pena correr el riesgo por el fraude-.

La disminución de impuestos a las PYMES se verá compensada con el aumento a las SICAV. Servirá para que sea más sencillo crear empresa y consolidar beneficios y que haya así menos temor a la hora de contratar. Las PYMES soportan 2/3 de los trabajadores españoles, por lo que hay que potenciar su crecimiento.

El aumento de impuestos vía Impuesto de patrimonio y de IRPF (mayor número de declarantes ricos y mayor IRPF para ellos) así como tributación de la Casa Real puede traducirse en creación de empleos directos aumentando el número de funcionarios por encima del número que existía antes de la crisis. Eso asegurará un consumo continuado, bajada de impago y por tanto de deuda privada, crecimiento de la confianza de los consumidores y por tanto de los empresarios privados a la hora de realizar nuevas contrataciones.

Así podremos darle la vuelta al cuento y entender que era justo al revés: no es el crecimiento el que condiciona el número de parados, sino al contrario; es la creación de empleo estable y de calidad el que directamente repercute en un crecimiento estable y consolidado. Además, la creación de empleo público por parte del estado no solo asegura estas cuestiones económicas, sino la vuelta al estado de bienestar donde los servicios básicos estén asegurados y mejorados por el estado, sin depender de la empresa privada, sujeta exclusivamente a sus beneficios y no al bien social. Si bien es cierto que la empresa pública debería estar más controlada y supervisada para asegurar su buen funcionamiento, pero no debemos dejarnos engañar, pues este es otro tema con el que se nos suele querer desviar la atención. Pues suele usarse ese número ínfimo de funcionarios puestos a dedo(amiguetes, primos y vecinos) para empañar el altísimo número de funcionarios de Sanidad, Educación, Cuerpos de Vigilancia, Justicia… que han pagado un alto precio (varios años de sacrificio) para llegar a dónde están sin la ayuda de nadie.

Con todo ello y en resumen, la mayor recaudación del estado debe ir directamente a crear trabajos públicos (no a reducir la deuda del estado). Estos trabajadores comenzarán a consumir generando que se creen PYMES para abastecer de productos al amplio sector consumista generado por el estado y que las PYMES existentes contraten a más trabajadores para abastecer dicha demanda. Será la creación de puestos públicos la que repercutirá en la creación de puestos de trabajo en la empresa privada, elevando así las cotizaciones a la seguridad social y recuperando, con ello y con la mayor recaudación de impuestos por el aumento del consumo, el dinero invertido en la creación de empleo público (cuyo gasto ya estaba cubierto con las medidas a las grandes fortunas). Esto redundará en un consumo estable y repercutirá en un crecimiento estable, que además será propicio para combatir, ahora sí, la deuda del estado.

Es la creación de empleo estable la que asegura crecimiento del país y disminución de la deuda, y no al revés como pretenden hacernos creer mientras siguen beneficiándose los mismos. El lobo es el propio mercado especulativo que genera paro y es el que hay que atajar, y Caperucita, es el propio empleo estable y, con ello, el bienestar social. Todo lo demás es secundario y depende de estos dos. Si en Alemania, Dinamarca o Suecia solo hablan de crecimiento es porque el trabajo está asegurado desde hace varias décadas, cuestión aún pendiente en esta democracia imperfecta española en que los mercados están mermando cada día más la capacidad del estado para influir en la sociedad. Pues a mayores privatizaciones, menor empresa pública y por tanto menor capacidad de intervenir en la creación de empleo y la elevación del consumo, mermado además por la elevación de impuestos para el otro cuento de atajar la deuda, cuando la verdadera deuda del estado no es la pública, sino la privada, la de los consumidores y las empresas.

Un último apunte, acerca de cuentos y privatizaciones. Si verdaderamente las privatizaciones estatales fueran consecuencia del déficit del estado, nunca debería permitirse la privatización de una de las empresas españolas más rentables como es Loterías y Apuestas del Estado y que el gobierno de Zapatero, con la ayuda del PP, ultiman entre bambalinas justo antes de las elecciones. Grandes enemigos ante las cámaras, grandes aliados en la destrucción del estado en beneficio propio. Si fuera por endeudamiento, nunca se privatizaría Loterías, ni se hubiera privatizado Telefónica ni Repsol. Se habrían buscado los mecanismos para hacerlas más competentes desde lo público. Y no solo se hablaría del déficit de la Sanidad, la Educación y la Administración pública. Esto quedaría muy en segundo plano si habláramos del déficit militar (y no me refiero al de ayuda humanitaria, sino al bélico: más de 60 millones de euros es la factura española en solo unos meses en la guerra de Libia. Habría que ver quienes poseen las empresas armamentísticas beneficiadas, casualmente las mismas que también le vendieron armamento al otro bando –léase acuerdos entre Aznar y Gadafi en 2003 basados en armas a cambio de petróleo-).

Y es que, ciertamente, lo que está sucediendo es que es el propio lobo el que está contando su versión y nos la estamos creyendo. No hay más que ver que quienes controlan hoy las empresas privadas son los mismos que lo hicieron cuando eran empresas públicas. Antes, como ministros, diputados, senadores o incluso presidentes, usaron las leyes para, mediante las privatizaciones, seguir dirigiendo unas empresas sin necesidad de ser votados por el pueblo y, mejor aún, garantizando que los desorbitados beneficios llegaran directamente a sus bolsillos (Rato-Bankia, Endesa-Aznar, Gómez Navarro-Iberia, exministro de Felipe González que estuvo a punto de presidir Caja Madrid en lugar de Rato). Los propios mercados usan sus grupos de comunicación para manipular el argumento. Y es que los mercados, aunque se esconden en el anonimato de ese sintagma, tienen nombres y apellidos muy propios que a más de uno le sorprendería si continuáramos por esta senda. Pero esa es la historia de otro cuento, un cuento que alguien tendrá que narrar un día de estos.

http://www.expansion.com/2011/07/31/empresas/1312147910.html

http://es.toluna.com/opinions/750304/Aznar-consejero-Endesa-Felipe-Gonzalez-Fenosa.htm

http://www.publico.es/dinero/379129/barclays-ficha-a-solbes-como-consejero

http://www.publico.es/dinero/313069/pocos-empleados-publicos-para-un-estado-del-bienestar

http://www.fundacioninverco.es/documentos/publicaciones/9998_LA%20FISCALIDAD%20DEL%20AHORRO%20EN%20EUROPA/C0_RESUMEN.pdf

http://rosamariaartal.com/2011/02/22/gadafi-sangre-petroleo-armas-e-hipocresia-internacional/

Fuente: http://dadacotilla.wordpress.com/2011/08/24/para-converger-realmente-con-europa%E2%80%A6-que-los-ricos-espanoles-aporten-como-los-ricos-europeos/