Para evitar confusiones, sigamos el orden que se tiene que seguir.
1. Oriol Junqueras estaba en posesión de todos sus derechos constitucionales en el momento en que fueron convocadas las elecciones al Parlamento Europeo. Estaba en prisión provisional, pero no existía ninguna sentencia firme que le privara del ejercicio del derecho de sufragio activo y pasivo.
2. Oriol Junqueras fue proclamado candidato por la Junta Electoral Central (JEC) dentro de la lista correspondiente, certificándose de esta manera que reunía los requisitos legalmente exigidos para ello.
3. Celebradas las elecciones el 26 de mayo, la JEC procedió a la proclamación provisional de Oriol Junqueras como candidato electo, sin que se interpusiera ningún recurso contra la misma.
4. El 13 de junio, tras el recuento general, la JEC procedió a la proclamación definitiva, ordenando su publicación en el BOE.
Es obvio que si un ciudadano concurre a unas elecciones porque puede hacerlo y es elegido, posteriormente no puede impedírsele acudir a la sede de la JEC para prometer o jurar la Constitución, privándosele de esta manera del escaño obtenido mediante el voto de los ciudadanos. No es admisible que se permita a un ciudadano participar como candidato en unas elecciones y que no se le permita ocupar el escaño para el que ha sido elegido.
Esto tan obvio es lo que el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) ha venido a reconocer en la sentencia conocida este jueves. Oriol Junqueras es miembro del Parlamento Europeo desde el 13 de junio, cuando se hizo la proclamación definitiva por la JEC. Desde ese día tenía que haber cesado la prisión provisional, de tal manera que pudiera acudir a la sesión constitutiva del Parlamento Europeo. Para continuar procediendo penalmente contra él, el Supremo tendría que haber solicitado el suplicatorio al Parlamento Europeo y haber esperado la respuesta de este.
El TJUE sanciona el comportamiento fraudulento del Tribunal Supremo de permitir a Oriol Junqueras participar en unas elecciones, pero no aceptar el resultado de las mismas. Oriol Junqueras es diputado europeo desde el 13 de junio, haya jurado o prometido la Constitución o no. Desde entonces debería estar en libertad y poder participar en las sesiones del Parlamento Europeo. Sobre esto no existe duda.
Lo que queda por decidir es si el Tribunal Supremo pudo dictar la sentencia que dictó el 14 de octubre condenando a Oriol Junqueras por delito de sedición. Esta era la cuestión que suscitaba en las dos últimas líneas de sus Conclusiones el Abogado General.
Porque el Supremo cometió un segundo fraude al elevar la cuestión prejudicial al TJUE y no esperar la respuesta de este para dictar sentencia. Temiendo que el TJUE decidiera que Oriol Junqueras era miembro del Parlamento Europeo y que el Tribunal Supremo tenía que ponerlo en libertad y solicitar el suplicatorio para poder continuar procediendo penalmente contra él, no esperó la respuesta y dictó sentencia el 14 de octubre, es decir, el mismo día en que se celebró la vista sobre la cuestión prejudicial en el TJUE.
Con esta conducta el TS corría el riesgo de que el TJUE acabara diciendo que Oriol Junqueras era diputado europeo y portador por tanto de la inmunidad propia de quien ostenta esa condición y que, en consecuencia, el TS no podía dictar sentencia contra él sin solicitar previamente el suplicatorio al Parlamento. El tribunal corría el riesgo de que la sentencia acabara siendo nula de pleno derecho por haber sido dictada contra quien el Supremo no podía dictarla en ese momento.
Sobre este segundo fraude la sentencia del TJUE conocida este jueves no dice nada, pero tendrá que acabar diciendo algo, porque la defensa de Oriol Junqueras solicitará sin duda la nulidad al TS y, dependiendo de la respuesta de este, volverá al TJUE.
Esto se va a empezar a analizar en los cinco días que el TS ha dado de plazo a las partes para que se pronuncien sobre las consecuencias que se deben extraer de la sentencia del TJUE conocida este jueves.
Atentos.
Javier Pérez Royo es catedrático emérito de derecho constitucional de la Universidad de Sevilla.
http://www.sinpermiso.info/textos/sobre-la-sentencia-de-junqueras-ha-pasado-lo-que-tenia-que-pasar
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sábado, 28 de diciembre de 2019
miércoles, 20 de noviembre de 2019
“La justicia española, en gran medida, aún es franquista”. Entrevista a Roldan Jimeno
Roldan Jimeno (Pamplona, Navarra, 1973) es historiador y jurista. Autor de numerosas obras de investigación, su último libro, Amnistías, perdones y justicia transicional. El pacto de silencio español (Pamiela, 2018), tiene por objeto la Ley de amnistía, de 15 de octubre de 1977, pilar del actual régimen español, y las políticas de memoria aplicadas desde entonces en el Estado español, sin perder de vista la perspectiva internacional.
La entrevista la realizó Daniel Escribano.
En el subtítulo del libro hablas del “pacto de silencio español”. Sin embargo, se ha hablado mucho de la Guerra Civil. El problema, más bien, es el punto de vista relativista sobre la República, la guerra y el franquismo, que equipara democracia y fascismo y que ha sido un lugar común de la cultura política española durante años y, hasta cierto punto, aún perdura...
Ambas cosas están estrechamente ligadas. Como en el tipo de transición que hemos tenido ha habido olvido, el franquismo ha quedado legalizado, tanto jurídicamente ―sobre todo jurídicamente― como socialmente, porque existe la garantía jurídica: la Ley de amnistía, las prescripciones… Todo ello ha supuesto un blanqueamiento del franquismo, que ha implicado que, por ejemplo, las sentencias militares, que son políticas, aun estén vigentes. Eso sería impensable con el nazismo, con el régimen de Mussolini o con la dictadura chilena. Y aún se mantiene.
Si analizamos las medidas excarcelatorias de presos políticos aprobadas por el segundo gobierno de la monarquía y lo hacemos prestando atención a la cronología, vemos que fueron precedidas de fuertes movilizaciones, que, en 1977, ya se limitaban prácticamente al País Vasco.
Hay dos o tres planos distintos, a pesar de que se encuentren en el seno de la misma ley. Uno es lo que reivindicaban los movimientos antifranquistas, de modo muy especial en el País Vasco: la amnistía de los presos políticos, que no eran sólo de ETA, ya que también había de otros grupos, como, por ejemplo, el FRAP. Junto a ello estaba la amnistía laboral, en torno a la cual también hubo un movimiento muy importante. Y, en tercer lugar, también tuvieron fuerza las reivindicaciones de otras amnistías, como la despenalización del adulterio, impulsada por el movimiento feminista y, por tanto, la amnistía de las personas condenadas por adulterio. También había otros movimientos, mucho menores, como los que reivindicaban la amnistía para los homosexuales. La homosexualidad era tratada como si fuera una enfermedad y, a la práctica, se encerraba a los homosexuales. Todos estos movimientos crearon una reivindicación general a favor de la amnistía, en el País Vasco, especialmente, y en el conjunto del Estado, en general.
A los miembros de algunos grupos opositores no se les aplicó la Ley 46/1977, de 15 de octubre, de amnistía. A finales de diciembre de 1977 aún había 48 presos políticos por acciones realizadas antes de la entrada en vigor de la Ley, relacionados con el Partido Comunista de España (reconstituido), los Grupos de Resistencia Antifascista Primero de Octubre (GRAPO), el Movimiento por la Autodeterminación e Independencia del Archipiélago Canario (MPAIAC) o el Partido Comunista de España (internacionalista).
Y no sólo eso. ¿Qué es la amnistía? ¿Qué la diferencia del perdón, del indulto? Que, cuando se te aplica, desaparecen tus antecedentes penales, como si se borraran todas tus acciones anteriores. ¿Qué pasó con esta ley de amnistía? Los casos que has mencionado están ahí, y fueron muy duros, pero también hubo otras cosas, como gente que había sido de ETA y salió a la calle con la amnistía, pero a la que, cuando la paraba la policía en un control, inmediatamente le aparecían todos los antecedentes. Y eso pasó casi hasta la década de 1990. Y no pasó sólo con la amnistía política, sino también con la laboral; a mucha gente le pasó que cogía un avión hacia Estados Unidos y no podía entrar en el país por unos hechos que, en teoría, estaban amnistiados. ¿Dónde está la amnistía?
A pesar de la Ley de amnistía, en diciembre de 1977 fue juzgado en consejo de guerra el miembro de la Unión Militar Democrática (UMD) José Ignacio Domínguez.
Lo que ocurrió con la UMD tuvo mucho eco, no sólo en la década de 1970, sino también después, cuando se produjo el golpe de estado. Hablamos de amnistía, pero la justicia transicional tiene más cosas: búsqueda de la verdad, reparación, la propia justicia y garantías de no repetición. Los militares, maestros, etc. de la Segunda República tuvieron reparación (a pesar de que, al ser muy mayores, ésta no fue para tanto). Pero a los militares de la UMD no se les aplicó la amnistía; se convirtieron en un símbolo, porque eran los únicos militares que no eran franquistas. Pero, al mismo tiempo, eso tapó todo lo demás. Pienso que a la derecha y, de modo especial, a UCD, que entonces estaba en el Gobierno, también le interesaba eso, porque así parecía que éste era el único problema de la amnistía. Y tan pronto como la Ley entró en vigor, enseguida aparecieron problemas graves: los que hemos comentado o que la amnistía laboral no fuera tan amnistía, entre otros.
Sobre la amnistía laboral, sostienes que “el confuso e incompleto ordenamiento jurídico laboral español no facilitó al trabajador amnistiado la readmisión en su puesto de trabajo” (p. 114).
Si lees la Ley de amnistía y te fijas en la parte sobre la amnistía laboral, ves que, de entrada, la metieron de un modo algo extraño. El texto es muy torpe estilísticamente y se ve que lo metieron como consecuencia de una negociación. Está metido de una manera muy abierta. Con las leyes pasa eso: tú puedes elaborar una ley, pero, para que sea práctica, necesita un desarrollo reglamentario. Pero, aunque se aprobara la Ley de amnistía, como la transición no implicó ruptura con el franquismo, las leyes laborales del franquismo siguieron en vigor y, además, cuando las modificaron, no lo hicieron precisamente para dar garantías a la amnistía laboral. Por lo tanto, cuando una persona amnistiada por la amnistía laboral quiso ejercer sus derechos, a menudo el empresario tuvo todo tipo de resquicios para no readmitirla. Durante los siete primeros años de la década de 1970 hubo un montón de huelgas en todo el Estado, pero muy especialmente en el País Vasco (y no digamos en Navarra); había una crisis económica y grandes huelgas, en que participaban centenares de personas, huelgas violentas y de motivación no puramente laboral, ya que también tenían connotaciones políticas: pro amnistía, etc. Hubo centenares de despidos. Cuando se aprobó la amnistía laboral, el texto de la Ley hizo que para el empresario fuera muy fácil decir: “yo no le despedí por eso, sino por las necesidades económicas de la empresa”. Surgieron situaciones muy complicadas. Paradójicamente, los dirigentes de aquellas huelgas tuvieron más suerte, porque les era muy fácil demostrar que les habían despedido por eso. Pero los simples trabajadores que fueron a la huelga y fueron despedidos, sufrieron. La amnistía laboral fue importante, pero también hubo muchos dramas personales: gente que pensaba que recuperaría su puesto de trabajo pero que, al final, no lo hizo.
En el libro (p. 88) apuntas que UCD aceptó la amnistía laboral a cambio de la amnistía de los crímenes del franquismo. Sin embargo, Luis Enrique de la Villa y Aurelio Desdentado sostienen que lo hizo a cambio de que los partidos obreros aceptaran una política de rentas.
En esta época hubo negociaciones muy intensas, todos los temas se tuvieron que negociar desde cero, y entre ellos estaba la amnistía. La negociación de la amnistía, además, era muy simbólica, porque, en aquel momento, era la cuestión que más se reivindicaba en la calle y porque era la primera ley. Por lo tanto, UCD utilizó la amnistía a favor de sus intereses. Y ¿qué era lo más importante para el PSOE y el PCE? No tanto la amnistía política —aunque, en teoría, la reivindicaran— como la amnistía laboral. No podemos olvidar que, en aquella época, la UGT y el PSOE eran gemelos y que CCOO y el PCE iban de la mano. Con ello, UCD tenía la sartén por el mango y se aprovechó de esa situación. Cuando hablamos de los crímenes del franquismo, no hablamos sólo de los cometidos en la Guerra Civil o contra los maquis; también hablamos de Martín Villa, que en aquel momento era ministro, o de los sucesos de Vitoria, que, cronológicamente, eran muy próximos. A ellos también les interesaba amnistiarse a sí mismos.
Precisamente el aspecto más criticado de la Ley 46/1977 es la protección que otorga a los agentes de la represión franquista, al extinguir su responsabilidad penal por los delitos cometidos durante la persecución de las acciones amnistiadas por la Ley y por vulneraciones de derechos de las personas, en general.
Cuando se aprobó la Ley de amnistía, la gente estaba tan centrada en esta reivindicación histórica que UCD metió la amnistía de los delitos del Estado franquista. No quiero decir que no se percatara nadie de ello —allí estaba, a la vista—, pero la otra reivindicación eran muy fuerte y la acumulación de fuerzas, muy débil. Además, como era la primera ley de las Cortes democráticas, no había mucha tradición de negociación. No existe documentación sobre el proceso de negociación, no hay actas de las reuniones de la comisión. Por otra parte, los debates fueron muy políticos, pero tuvieron escaso contenido jurídico. Y las cosas que salieron eran apuestas por el olvido o, si no, los presos vascos, la amnistía laboral y este tipo de cosas. Pero no se debatió sobre este blanqueamiento del franquismo. Al final, por muchas razones, parecía que la Ley daba la amnistía que reclamaba el pueblo, pero, en realidad, la que después ha tenido más consecuencias jurídicas ha sido la otra. Por otra parte, salvo algunas excepciones, la doctrina tampoco estudió el tema. Además, en aquella época y en los años siguientes no se dieron amnistías de este tipo en ningún lugar del mundo. La Constitución española descartó este tipo de amnistías, pero la Ley de amnistía quedó como una reliquia, intocable, y, aunque la ONU y muchos organismos internacionales digan que es una ley preconstitucional y contraria a los derechos humanos, se mantiene, por razones políticas.
La Constitución española de 1978 prohíbe los “indultos generales” (art. 62.i), pero no menciona la amnistía. Antes bien, la Ley de enjuiciamiento criminal recoge la amnistía en los artículos de previo pronunciamiento (art. 666.4).
El que la amnistía no aparezca en la Constitución es muy esclarecedor. En la doctrina especializada existe un amplio acuerdo en torno a que, actualmente, en el Estado español las amnistías generales serían imposibles. La referencia de la Ley de enjuiciamiento criminal no significa que se autoricen amnistías generales en el futuro; sólo establece excepciones para interpretar decisiones relacionadas con amnistías anteriores.
Según tu interpretación (p. 208), el apoyo de los partidos de izquierda a la Ley de amnistía era, en realidad, a “la amnistía política de los opositores al franquismo y a la amnistía laboral”, no a la protección de los crímenes del franquismo. Sin embargo, la Proposición de Ley presentada en el Congreso por el Grupo Comunista preveía la “amnistía por todos los delitos o faltas de intencionalidad política cometidos en el período comprendido entre el 17 de julio de 1936 y el 15 de junio de 1977”, sin excluir específicamente los crímenes de los insurgentes monárquico-fascistas durante la guerra ni los perpetrados por las fuerzas policiales del régimen franquista. Además, ya desde antes se podían leer planteamientos semejantes desde el entorno del PCE, como, por ejemplo, en la declaración de la Junta Democrática de España emitida el 29 de julio de 1974. Y ya entonces los grupos a la izquierda del PCE denunciaron este planteamiento como una amnistía para la represión franquista.
El PCE se metió en este discurso ya en la década de 1950 y, después, lo recuperó. Es verdad que en 1974 tuvo otra posición, igual que el PSOE: la de la justicia universal. Y, mediante los laboristas británicos, intentaron impulsar un juicio al franquismo, como los de Nuremberg. ¿Eso por qué no siguió? Porque el PSOE y el PCE entraron en otra vía: la apuesta por la transición pactada, con la ayuda de EE. UU. Y construyeron una estrategia nueva, donde el eje principal era el olvido de los crímenes tanto de un bando como el de otro. El PCE fue legalizado, claro, porque iba en el mismo paquete. Y, en este diseño de la transición, se descartó completamente este interesante plan de justicia transicional. Y el PSOE se sumó a este discurso. Desde la perspectiva de hoy, nos puede parecer sorprendente que los partidos nacionalistas tanto del País Vasco como de Cataluña tuvieran también esta posición, pero, como era la primera ley, la amnistía era una reivindicación importante tanto en el País Vasco como en Cataluña y desde todas partes se lanzaba este mensaje a favor del olvido, también entraron.
Cuando se aprobó la Ley 46/1977, ¿existía alguna norma internacional para castigar los crímenes contra la humanidad, que pudiera considerarse vulnerada por la Ley?
Sí. Para entonces el derecho internacional ya había recorrido un largo camino en lo tocante a los crímenes contra los derechos humanos. Existían, entre otros, los convenios de La Haya de 1899 y 1907, la cláusula Martens, la doctrina de Nuremberg o las resoluciones aprobadas por Naciones Unidas desde 1945. Con la Ley de amnistía de 1977, se infringía el derecho público internacional a la sazón vigente.
En 1984, la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa resolvió que las desapariciones forzadas constituyen crímenes contra la humanidad, no se pueden considerar delito político ni protegerse con leyes de amnistía. Y, de conformidad con el artículo 15.2 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, no se puede aplicar el principio de irretroactividad de las leyes penales a los crímenes contra la humanidad. Asimismo, el Convenio para la Protección de todas las Personas contra las Desapariciones Forzadas, de 2006, establece que el plazo de prescripción sólo empieza a contarse “desde el momento en que acaba la desaparición” (art. 8.1.b). Sin embargo, la jurisprudencia española va en dirección opuesta y establece que, cuando se aprobó la Ley 46/1977, el Reino de España no había firmado tratado alguno que le obligara a perseguir los crímenes contra la humanidad. Esta ley fue la primera de la actual democracia parlamentaria y sus disposiciones no están recogidas en la Constitución, pero, como concluyes, “a efectos prácticos, [está] por encima de ella” (p. 196).
Ésta es la contradicción de la situación jurídica en España y que pone en duda el supuesto carácter democrático de este Estado. En realidad, existe un derecho internacional público anterior a la Ley de amnistía y que, huelga decirlo, se ha seguido desarrollando posteriormente hasta hoy. Este derecho concluye claramente que los crímenes cometidos por el Estado franquista no pueden prescribir y, por ello, deberían juzgarse. Y eso no es mera teoría. También se ha podido ver en la práctica, cuando las víctimas han tenido que tomar el camino de la justicia universal, con la querella argentina. Otra cosa es lo que pasa en España. La transición no fue una verdadera transición democrática. En la justicia no hubo transición, la justicia española, en gran medida, aún es franquista. Aquí, los jueces franquistas se convirtieron en demócratas de la noche a la mañana. Y estos jueces, además, han controlado las oposiciones al poder judicial. Por eso tenemos una justicia tan conservadora en el Estado. El franquismo tiene en ella una influencia tremenda y se ha creado una sólida argumentación jurídica para no juzgar los crímenes del franquismo, a pesar de que la ONU y otras organizaciones internacionales digan que eso es contrario a la ley. Por lo tanto, no sorprende la doctrina creada por el Tribunal Supremo sobre la Ley de amnistía. Pero eso no ha ocurrido con otras dictaduras.
En lo tocante a los crímenes del franquismo, la judicatura española ha interpretado de modo excesivamente amplio la amnistía contenida en la Ley 46/1977. Y es que, tal y como señala Pablo de Greiff, relator de la ONU para la verdad, justicia y garantías de no repetición, “para que la amnistía tenga efecto, tendrá que aplicarse una vez determinados los hechos, las responsabilidades y las penas correspondientes, en el marco de una investigación judicial”. En esta línea, recuerdas (p. 139) que las amnistías de Sudáfrica y El Salvador se aprobaron a cambio del reconocimiento, en Comisiones de la Verdad, de las vulneraciones de derechos humanos cometidas.
Una grave laguna de la justicia transicional en España, que aún se mantiene, es no haber creado Comisiones de la Verdad. Entre 1977 y 1980 eso podía ser comprensible, porque aún no existía este tipo de comisiones. Pero tras las iniciativas internacionales que ha habido desde entonces, es incomprensible que no se haya creado ninguna en el Estado español. La razón, claro, es la influencia del franquismo y, por ello, una y otra vez se proponen al Estado español soluciones de este tipo, pero éste siempre responde con los argumentos de su amnistía y la prescripción.
El punto de vista relativista sobre democracia y fascismo ínsito en la memoria histórica de la cultura política española actual se ve del modo más claro en la legislación sobre víctimas de la insurgencia. En efecto, la Ley de 1999 de solidaridad con las víctimas del “terrorismo” tiene como fecha de inicio nada menos que 1968. Esto es, el propio sistema político español equipara el franquismo y la democracia parlamentaria, al establecer un continuum entre ambos regímenes. En aplicación de esta ley, el Consejo de Ministros concedió una medalla póstuma al colaborador de la Gestapo y jefe de la Brigada de Investigación Social de San Sebastián Melitón Manzanas. Tras el escándalo que eso desató, las Cortes reformaron la Ley, pero, en este reforma, suavizaron y desfiguraron la represión franquista. Según el texto reformado de la Ley, las condecoraciones “en ningún caso podrán ser concedidas a quienes, en su trayectoria personal o profesional, hayan mostrado comportamientos contrarios a los valores representados en la Constitución y en la presente ley y a los Derechos Humanos reconocidos en los tratados internacionales”. Así, según el legislador español, la represión no fue un factor estructural del régimen franquista, sino una mera cuestión de “trayectorias personales”. Y, más allá de las condecoraciones, el derecho a recibir las indemnizaciones establecidas en la ley de 1999 se mantiene intacto, también para las “víctimas” con estas “trayectorias personales”.
Sí, es terrible. La Ley de amnistía, combinada con las leyes que se han aprobado durante las últimas décadas, tiene consecuencias estremecedoras. El caso de Melitón Manzanas fue muy llamativo y provocó un escándalo tremendo. Si no hubiera sido por eso, hoy en día seguramente Carrero Blanco tendría todos los honores de la democracia.
La Ley 52/2007, que amplía los derechos de las víctimas del franquismo, también adopta 1968 como fecha de inicio, siguiendo el criterio cronológico de las leyes de protección de víctimas del “terrorismo”. Eso, empero, ha implicado la exclusión de los miembros del maquis y de los luchadores antifranquistas que sufrieron represión antes de ese año. Esto es, mientras que la legislación sobre víctimas del “terrorismo” establece un continuum entre el franquismo y la democracia parlamentaria, la ley que supuestamente protege a las víctimas del franquismo divide el propio período franquista y excluye a las víctimas de la mayor parte de esta época dictatorial. Si no bastaba con eso, en la aplicación de la Ley 52/2007 también se ha excluido a los miembros de grupos insurgentes, aun cuando fueran objeto de represión después de 1968. En este contexto, apuntas que “la Ley de Amnistía seguía siendo intocable para los criminales franquistas, pero no para los que habían pertenecido a grupos armados antifranquistas” (p. 186).
Así es. Si analizas la legislación española, ves que las leyes para la protección de las víctimas del “terrorismo” han sido muy generosas, metiendo también la época franquista en su ámbito de aplicación temporal. Y por eso tenemos como víctimas a Melitón Manzanas o al propio Carrero Blanco, con todos los beneficios jurídicos y económicos que eso supone. Con los luchadores antifranquistas, en cambio, se ha actuado de modo muy mezquino. ¿Por qué se estableció 1968 como ámbito de aplicación temporal y no una fecha anterior? Porque, para el Estado, sólo hay un tipo de víctimas.
Además, el legislador español no considera “víctimas del terrorismo” a las víctimas de atentados de grupos de extrema derecha. El Grupo de Trabajo sobre Desapariciones Forzadas de la ONU ha denunciado tanto eso como que la Ley de protección de víctimas del “terrorismo” de 2011 reconozca más derechos que la Ley 52/2007 y que se establezcan discriminaciones entre víctimas.
La endeblez de los valores democráticos del Estado español queda patente cuando éste es examinado por la ONU. En el ámbito internacional, llama la atención que se excluya a las víctimas de las torturas policiales y de los crímenes de los grupos de extrema derecha, cosa que reprochan a España una y otra vez. Desafortunadamente, la ONU carece de potestad para imponer multas u otro tipo de sanciones al Estado español, por lo que, en la práctica, no pasa nada.
En la génesis de la Ley 46/1977 tuvo una importancia capital la reivindicación de la liberación de los presos políticos vascos. ¿Qué vías ves para la liberación de los presos políticos vascos actuales?
Las amnistías generales de antaño hoy en día son imposibles, no sólo en el Estado español, sino también a escala internacional. Lo vieron claramente en Irlanda del Norte, por lo que buscaron otra salida al problema de los presos políticos. En el País Vasco, la izquierda abertzale también ha tenido que adaptar su discurso histórico y empezar a reivindicar otros caminos. El descartar completamente una reivindicación tan arraigada y que ha tenido tanto simbolismo, cuesta, claro. No creo que vayamos a ver ninguna salida a la calle simultánea y masiva de presos políticos vascos, porque se parecería demasiado a una amnistía. Pero el derecho tiene otros resquicios para liberarlos; el indulto, entre otros. Y, claro, si cambias el derecho penal, puedes crear instrumentos nuevos para sacar a los presos. Pero, para ello, tiene que haber voluntad política.
(Una versión algo más breve de esta entrevista se publicó el 28 de octubre en la revista Catarsi, https://catarsimagazin.cat/entrevista-a-roldan-jimeno-les-amnisties-generals-dantany-avui-dia-son-impossibles/)
Roldan Jimeno es historiador y jurista. Su último libro es "Amnistías, perdones y justicia transicional. El pacto de silencio español" (Pamiela, 2018).
Fuente: www.sinpermiso.info, 3-11-19
La entrevista la realizó Daniel Escribano.
En el subtítulo del libro hablas del “pacto de silencio español”. Sin embargo, se ha hablado mucho de la Guerra Civil. El problema, más bien, es el punto de vista relativista sobre la República, la guerra y el franquismo, que equipara democracia y fascismo y que ha sido un lugar común de la cultura política española durante años y, hasta cierto punto, aún perdura...
Ambas cosas están estrechamente ligadas. Como en el tipo de transición que hemos tenido ha habido olvido, el franquismo ha quedado legalizado, tanto jurídicamente ―sobre todo jurídicamente― como socialmente, porque existe la garantía jurídica: la Ley de amnistía, las prescripciones… Todo ello ha supuesto un blanqueamiento del franquismo, que ha implicado que, por ejemplo, las sentencias militares, que son políticas, aun estén vigentes. Eso sería impensable con el nazismo, con el régimen de Mussolini o con la dictadura chilena. Y aún se mantiene.
Si analizamos las medidas excarcelatorias de presos políticos aprobadas por el segundo gobierno de la monarquía y lo hacemos prestando atención a la cronología, vemos que fueron precedidas de fuertes movilizaciones, que, en 1977, ya se limitaban prácticamente al País Vasco.
Hay dos o tres planos distintos, a pesar de que se encuentren en el seno de la misma ley. Uno es lo que reivindicaban los movimientos antifranquistas, de modo muy especial en el País Vasco: la amnistía de los presos políticos, que no eran sólo de ETA, ya que también había de otros grupos, como, por ejemplo, el FRAP. Junto a ello estaba la amnistía laboral, en torno a la cual también hubo un movimiento muy importante. Y, en tercer lugar, también tuvieron fuerza las reivindicaciones de otras amnistías, como la despenalización del adulterio, impulsada por el movimiento feminista y, por tanto, la amnistía de las personas condenadas por adulterio. También había otros movimientos, mucho menores, como los que reivindicaban la amnistía para los homosexuales. La homosexualidad era tratada como si fuera una enfermedad y, a la práctica, se encerraba a los homosexuales. Todos estos movimientos crearon una reivindicación general a favor de la amnistía, en el País Vasco, especialmente, y en el conjunto del Estado, en general.
A los miembros de algunos grupos opositores no se les aplicó la Ley 46/1977, de 15 de octubre, de amnistía. A finales de diciembre de 1977 aún había 48 presos políticos por acciones realizadas antes de la entrada en vigor de la Ley, relacionados con el Partido Comunista de España (reconstituido), los Grupos de Resistencia Antifascista Primero de Octubre (GRAPO), el Movimiento por la Autodeterminación e Independencia del Archipiélago Canario (MPAIAC) o el Partido Comunista de España (internacionalista).
Y no sólo eso. ¿Qué es la amnistía? ¿Qué la diferencia del perdón, del indulto? Que, cuando se te aplica, desaparecen tus antecedentes penales, como si se borraran todas tus acciones anteriores. ¿Qué pasó con esta ley de amnistía? Los casos que has mencionado están ahí, y fueron muy duros, pero también hubo otras cosas, como gente que había sido de ETA y salió a la calle con la amnistía, pero a la que, cuando la paraba la policía en un control, inmediatamente le aparecían todos los antecedentes. Y eso pasó casi hasta la década de 1990. Y no pasó sólo con la amnistía política, sino también con la laboral; a mucha gente le pasó que cogía un avión hacia Estados Unidos y no podía entrar en el país por unos hechos que, en teoría, estaban amnistiados. ¿Dónde está la amnistía?
A pesar de la Ley de amnistía, en diciembre de 1977 fue juzgado en consejo de guerra el miembro de la Unión Militar Democrática (UMD) José Ignacio Domínguez.
Lo que ocurrió con la UMD tuvo mucho eco, no sólo en la década de 1970, sino también después, cuando se produjo el golpe de estado. Hablamos de amnistía, pero la justicia transicional tiene más cosas: búsqueda de la verdad, reparación, la propia justicia y garantías de no repetición. Los militares, maestros, etc. de la Segunda República tuvieron reparación (a pesar de que, al ser muy mayores, ésta no fue para tanto). Pero a los militares de la UMD no se les aplicó la amnistía; se convirtieron en un símbolo, porque eran los únicos militares que no eran franquistas. Pero, al mismo tiempo, eso tapó todo lo demás. Pienso que a la derecha y, de modo especial, a UCD, que entonces estaba en el Gobierno, también le interesaba eso, porque así parecía que éste era el único problema de la amnistía. Y tan pronto como la Ley entró en vigor, enseguida aparecieron problemas graves: los que hemos comentado o que la amnistía laboral no fuera tan amnistía, entre otros.
Sobre la amnistía laboral, sostienes que “el confuso e incompleto ordenamiento jurídico laboral español no facilitó al trabajador amnistiado la readmisión en su puesto de trabajo” (p. 114).
Si lees la Ley de amnistía y te fijas en la parte sobre la amnistía laboral, ves que, de entrada, la metieron de un modo algo extraño. El texto es muy torpe estilísticamente y se ve que lo metieron como consecuencia de una negociación. Está metido de una manera muy abierta. Con las leyes pasa eso: tú puedes elaborar una ley, pero, para que sea práctica, necesita un desarrollo reglamentario. Pero, aunque se aprobara la Ley de amnistía, como la transición no implicó ruptura con el franquismo, las leyes laborales del franquismo siguieron en vigor y, además, cuando las modificaron, no lo hicieron precisamente para dar garantías a la amnistía laboral. Por lo tanto, cuando una persona amnistiada por la amnistía laboral quiso ejercer sus derechos, a menudo el empresario tuvo todo tipo de resquicios para no readmitirla. Durante los siete primeros años de la década de 1970 hubo un montón de huelgas en todo el Estado, pero muy especialmente en el País Vasco (y no digamos en Navarra); había una crisis económica y grandes huelgas, en que participaban centenares de personas, huelgas violentas y de motivación no puramente laboral, ya que también tenían connotaciones políticas: pro amnistía, etc. Hubo centenares de despidos. Cuando se aprobó la amnistía laboral, el texto de la Ley hizo que para el empresario fuera muy fácil decir: “yo no le despedí por eso, sino por las necesidades económicas de la empresa”. Surgieron situaciones muy complicadas. Paradójicamente, los dirigentes de aquellas huelgas tuvieron más suerte, porque les era muy fácil demostrar que les habían despedido por eso. Pero los simples trabajadores que fueron a la huelga y fueron despedidos, sufrieron. La amnistía laboral fue importante, pero también hubo muchos dramas personales: gente que pensaba que recuperaría su puesto de trabajo pero que, al final, no lo hizo.
En el libro (p. 88) apuntas que UCD aceptó la amnistía laboral a cambio de la amnistía de los crímenes del franquismo. Sin embargo, Luis Enrique de la Villa y Aurelio Desdentado sostienen que lo hizo a cambio de que los partidos obreros aceptaran una política de rentas.
En esta época hubo negociaciones muy intensas, todos los temas se tuvieron que negociar desde cero, y entre ellos estaba la amnistía. La negociación de la amnistía, además, era muy simbólica, porque, en aquel momento, era la cuestión que más se reivindicaba en la calle y porque era la primera ley. Por lo tanto, UCD utilizó la amnistía a favor de sus intereses. Y ¿qué era lo más importante para el PSOE y el PCE? No tanto la amnistía política —aunque, en teoría, la reivindicaran— como la amnistía laboral. No podemos olvidar que, en aquella época, la UGT y el PSOE eran gemelos y que CCOO y el PCE iban de la mano. Con ello, UCD tenía la sartén por el mango y se aprovechó de esa situación. Cuando hablamos de los crímenes del franquismo, no hablamos sólo de los cometidos en la Guerra Civil o contra los maquis; también hablamos de Martín Villa, que en aquel momento era ministro, o de los sucesos de Vitoria, que, cronológicamente, eran muy próximos. A ellos también les interesaba amnistiarse a sí mismos.
Precisamente el aspecto más criticado de la Ley 46/1977 es la protección que otorga a los agentes de la represión franquista, al extinguir su responsabilidad penal por los delitos cometidos durante la persecución de las acciones amnistiadas por la Ley y por vulneraciones de derechos de las personas, en general.
Cuando se aprobó la Ley de amnistía, la gente estaba tan centrada en esta reivindicación histórica que UCD metió la amnistía de los delitos del Estado franquista. No quiero decir que no se percatara nadie de ello —allí estaba, a la vista—, pero la otra reivindicación eran muy fuerte y la acumulación de fuerzas, muy débil. Además, como era la primera ley de las Cortes democráticas, no había mucha tradición de negociación. No existe documentación sobre el proceso de negociación, no hay actas de las reuniones de la comisión. Por otra parte, los debates fueron muy políticos, pero tuvieron escaso contenido jurídico. Y las cosas que salieron eran apuestas por el olvido o, si no, los presos vascos, la amnistía laboral y este tipo de cosas. Pero no se debatió sobre este blanqueamiento del franquismo. Al final, por muchas razones, parecía que la Ley daba la amnistía que reclamaba el pueblo, pero, en realidad, la que después ha tenido más consecuencias jurídicas ha sido la otra. Por otra parte, salvo algunas excepciones, la doctrina tampoco estudió el tema. Además, en aquella época y en los años siguientes no se dieron amnistías de este tipo en ningún lugar del mundo. La Constitución española descartó este tipo de amnistías, pero la Ley de amnistía quedó como una reliquia, intocable, y, aunque la ONU y muchos organismos internacionales digan que es una ley preconstitucional y contraria a los derechos humanos, se mantiene, por razones políticas.
La Constitución española de 1978 prohíbe los “indultos generales” (art. 62.i), pero no menciona la amnistía. Antes bien, la Ley de enjuiciamiento criminal recoge la amnistía en los artículos de previo pronunciamiento (art. 666.4).
El que la amnistía no aparezca en la Constitución es muy esclarecedor. En la doctrina especializada existe un amplio acuerdo en torno a que, actualmente, en el Estado español las amnistías generales serían imposibles. La referencia de la Ley de enjuiciamiento criminal no significa que se autoricen amnistías generales en el futuro; sólo establece excepciones para interpretar decisiones relacionadas con amnistías anteriores.
Según tu interpretación (p. 208), el apoyo de los partidos de izquierda a la Ley de amnistía era, en realidad, a “la amnistía política de los opositores al franquismo y a la amnistía laboral”, no a la protección de los crímenes del franquismo. Sin embargo, la Proposición de Ley presentada en el Congreso por el Grupo Comunista preveía la “amnistía por todos los delitos o faltas de intencionalidad política cometidos en el período comprendido entre el 17 de julio de 1936 y el 15 de junio de 1977”, sin excluir específicamente los crímenes de los insurgentes monárquico-fascistas durante la guerra ni los perpetrados por las fuerzas policiales del régimen franquista. Además, ya desde antes se podían leer planteamientos semejantes desde el entorno del PCE, como, por ejemplo, en la declaración de la Junta Democrática de España emitida el 29 de julio de 1974. Y ya entonces los grupos a la izquierda del PCE denunciaron este planteamiento como una amnistía para la represión franquista.
El PCE se metió en este discurso ya en la década de 1950 y, después, lo recuperó. Es verdad que en 1974 tuvo otra posición, igual que el PSOE: la de la justicia universal. Y, mediante los laboristas británicos, intentaron impulsar un juicio al franquismo, como los de Nuremberg. ¿Eso por qué no siguió? Porque el PSOE y el PCE entraron en otra vía: la apuesta por la transición pactada, con la ayuda de EE. UU. Y construyeron una estrategia nueva, donde el eje principal era el olvido de los crímenes tanto de un bando como el de otro. El PCE fue legalizado, claro, porque iba en el mismo paquete. Y, en este diseño de la transición, se descartó completamente este interesante plan de justicia transicional. Y el PSOE se sumó a este discurso. Desde la perspectiva de hoy, nos puede parecer sorprendente que los partidos nacionalistas tanto del País Vasco como de Cataluña tuvieran también esta posición, pero, como era la primera ley, la amnistía era una reivindicación importante tanto en el País Vasco como en Cataluña y desde todas partes se lanzaba este mensaje a favor del olvido, también entraron.
Cuando se aprobó la Ley 46/1977, ¿existía alguna norma internacional para castigar los crímenes contra la humanidad, que pudiera considerarse vulnerada por la Ley?
Sí. Para entonces el derecho internacional ya había recorrido un largo camino en lo tocante a los crímenes contra los derechos humanos. Existían, entre otros, los convenios de La Haya de 1899 y 1907, la cláusula Martens, la doctrina de Nuremberg o las resoluciones aprobadas por Naciones Unidas desde 1945. Con la Ley de amnistía de 1977, se infringía el derecho público internacional a la sazón vigente.
En 1984, la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa resolvió que las desapariciones forzadas constituyen crímenes contra la humanidad, no se pueden considerar delito político ni protegerse con leyes de amnistía. Y, de conformidad con el artículo 15.2 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, no se puede aplicar el principio de irretroactividad de las leyes penales a los crímenes contra la humanidad. Asimismo, el Convenio para la Protección de todas las Personas contra las Desapariciones Forzadas, de 2006, establece que el plazo de prescripción sólo empieza a contarse “desde el momento en que acaba la desaparición” (art. 8.1.b). Sin embargo, la jurisprudencia española va en dirección opuesta y establece que, cuando se aprobó la Ley 46/1977, el Reino de España no había firmado tratado alguno que le obligara a perseguir los crímenes contra la humanidad. Esta ley fue la primera de la actual democracia parlamentaria y sus disposiciones no están recogidas en la Constitución, pero, como concluyes, “a efectos prácticos, [está] por encima de ella” (p. 196).
Ésta es la contradicción de la situación jurídica en España y que pone en duda el supuesto carácter democrático de este Estado. En realidad, existe un derecho internacional público anterior a la Ley de amnistía y que, huelga decirlo, se ha seguido desarrollando posteriormente hasta hoy. Este derecho concluye claramente que los crímenes cometidos por el Estado franquista no pueden prescribir y, por ello, deberían juzgarse. Y eso no es mera teoría. También se ha podido ver en la práctica, cuando las víctimas han tenido que tomar el camino de la justicia universal, con la querella argentina. Otra cosa es lo que pasa en España. La transición no fue una verdadera transición democrática. En la justicia no hubo transición, la justicia española, en gran medida, aún es franquista. Aquí, los jueces franquistas se convirtieron en demócratas de la noche a la mañana. Y estos jueces, además, han controlado las oposiciones al poder judicial. Por eso tenemos una justicia tan conservadora en el Estado. El franquismo tiene en ella una influencia tremenda y se ha creado una sólida argumentación jurídica para no juzgar los crímenes del franquismo, a pesar de que la ONU y otras organizaciones internacionales digan que eso es contrario a la ley. Por lo tanto, no sorprende la doctrina creada por el Tribunal Supremo sobre la Ley de amnistía. Pero eso no ha ocurrido con otras dictaduras.
En lo tocante a los crímenes del franquismo, la judicatura española ha interpretado de modo excesivamente amplio la amnistía contenida en la Ley 46/1977. Y es que, tal y como señala Pablo de Greiff, relator de la ONU para la verdad, justicia y garantías de no repetición, “para que la amnistía tenga efecto, tendrá que aplicarse una vez determinados los hechos, las responsabilidades y las penas correspondientes, en el marco de una investigación judicial”. En esta línea, recuerdas (p. 139) que las amnistías de Sudáfrica y El Salvador se aprobaron a cambio del reconocimiento, en Comisiones de la Verdad, de las vulneraciones de derechos humanos cometidas.
Una grave laguna de la justicia transicional en España, que aún se mantiene, es no haber creado Comisiones de la Verdad. Entre 1977 y 1980 eso podía ser comprensible, porque aún no existía este tipo de comisiones. Pero tras las iniciativas internacionales que ha habido desde entonces, es incomprensible que no se haya creado ninguna en el Estado español. La razón, claro, es la influencia del franquismo y, por ello, una y otra vez se proponen al Estado español soluciones de este tipo, pero éste siempre responde con los argumentos de su amnistía y la prescripción.
El punto de vista relativista sobre democracia y fascismo ínsito en la memoria histórica de la cultura política española actual se ve del modo más claro en la legislación sobre víctimas de la insurgencia. En efecto, la Ley de 1999 de solidaridad con las víctimas del “terrorismo” tiene como fecha de inicio nada menos que 1968. Esto es, el propio sistema político español equipara el franquismo y la democracia parlamentaria, al establecer un continuum entre ambos regímenes. En aplicación de esta ley, el Consejo de Ministros concedió una medalla póstuma al colaborador de la Gestapo y jefe de la Brigada de Investigación Social de San Sebastián Melitón Manzanas. Tras el escándalo que eso desató, las Cortes reformaron la Ley, pero, en este reforma, suavizaron y desfiguraron la represión franquista. Según el texto reformado de la Ley, las condecoraciones “en ningún caso podrán ser concedidas a quienes, en su trayectoria personal o profesional, hayan mostrado comportamientos contrarios a los valores representados en la Constitución y en la presente ley y a los Derechos Humanos reconocidos en los tratados internacionales”. Así, según el legislador español, la represión no fue un factor estructural del régimen franquista, sino una mera cuestión de “trayectorias personales”. Y, más allá de las condecoraciones, el derecho a recibir las indemnizaciones establecidas en la ley de 1999 se mantiene intacto, también para las “víctimas” con estas “trayectorias personales”.
Sí, es terrible. La Ley de amnistía, combinada con las leyes que se han aprobado durante las últimas décadas, tiene consecuencias estremecedoras. El caso de Melitón Manzanas fue muy llamativo y provocó un escándalo tremendo. Si no hubiera sido por eso, hoy en día seguramente Carrero Blanco tendría todos los honores de la democracia.
La Ley 52/2007, que amplía los derechos de las víctimas del franquismo, también adopta 1968 como fecha de inicio, siguiendo el criterio cronológico de las leyes de protección de víctimas del “terrorismo”. Eso, empero, ha implicado la exclusión de los miembros del maquis y de los luchadores antifranquistas que sufrieron represión antes de ese año. Esto es, mientras que la legislación sobre víctimas del “terrorismo” establece un continuum entre el franquismo y la democracia parlamentaria, la ley que supuestamente protege a las víctimas del franquismo divide el propio período franquista y excluye a las víctimas de la mayor parte de esta época dictatorial. Si no bastaba con eso, en la aplicación de la Ley 52/2007 también se ha excluido a los miembros de grupos insurgentes, aun cuando fueran objeto de represión después de 1968. En este contexto, apuntas que “la Ley de Amnistía seguía siendo intocable para los criminales franquistas, pero no para los que habían pertenecido a grupos armados antifranquistas” (p. 186).
Así es. Si analizas la legislación española, ves que las leyes para la protección de las víctimas del “terrorismo” han sido muy generosas, metiendo también la época franquista en su ámbito de aplicación temporal. Y por eso tenemos como víctimas a Melitón Manzanas o al propio Carrero Blanco, con todos los beneficios jurídicos y económicos que eso supone. Con los luchadores antifranquistas, en cambio, se ha actuado de modo muy mezquino. ¿Por qué se estableció 1968 como ámbito de aplicación temporal y no una fecha anterior? Porque, para el Estado, sólo hay un tipo de víctimas.
Además, el legislador español no considera “víctimas del terrorismo” a las víctimas de atentados de grupos de extrema derecha. El Grupo de Trabajo sobre Desapariciones Forzadas de la ONU ha denunciado tanto eso como que la Ley de protección de víctimas del “terrorismo” de 2011 reconozca más derechos que la Ley 52/2007 y que se establezcan discriminaciones entre víctimas.
La endeblez de los valores democráticos del Estado español queda patente cuando éste es examinado por la ONU. En el ámbito internacional, llama la atención que se excluya a las víctimas de las torturas policiales y de los crímenes de los grupos de extrema derecha, cosa que reprochan a España una y otra vez. Desafortunadamente, la ONU carece de potestad para imponer multas u otro tipo de sanciones al Estado español, por lo que, en la práctica, no pasa nada.
En la génesis de la Ley 46/1977 tuvo una importancia capital la reivindicación de la liberación de los presos políticos vascos. ¿Qué vías ves para la liberación de los presos políticos vascos actuales?
Las amnistías generales de antaño hoy en día son imposibles, no sólo en el Estado español, sino también a escala internacional. Lo vieron claramente en Irlanda del Norte, por lo que buscaron otra salida al problema de los presos políticos. En el País Vasco, la izquierda abertzale también ha tenido que adaptar su discurso histórico y empezar a reivindicar otros caminos. El descartar completamente una reivindicación tan arraigada y que ha tenido tanto simbolismo, cuesta, claro. No creo que vayamos a ver ninguna salida a la calle simultánea y masiva de presos políticos vascos, porque se parecería demasiado a una amnistía. Pero el derecho tiene otros resquicios para liberarlos; el indulto, entre otros. Y, claro, si cambias el derecho penal, puedes crear instrumentos nuevos para sacar a los presos. Pero, para ello, tiene que haber voluntad política.
(Una versión algo más breve de esta entrevista se publicó el 28 de octubre en la revista Catarsi, https://catarsimagazin.cat/entrevista-a-roldan-jimeno-les-amnisties-generals-dantany-avui-dia-son-impossibles/)
Roldan Jimeno es historiador y jurista. Su último libro es "Amnistías, perdones y justicia transicional. El pacto de silencio español" (Pamiela, 2018).
Fuente: www.sinpermiso.info, 3-11-19
domingo, 3 de noviembre de 2019
_- Carta abierta a Pedro Sánchez por la exhumación de Franco
_- Lidia Falcón
Público
Me dirijo a Vd. no sólo porque es el máximo responsable del Gobierno de España sino también porque es el secretario general del Partido Socialista Obrero Español, que ha gobernado en nuestro país durante 25 años, en tres ocasiones, desde la muerte del dictador Francisco Franco; porque ha dirigido la operación de exhumación de los restos de este que se hallaban en el Valle de los Caídos, y sobre todo, porque después de dicha operación nos ha obsequiado con un discurso con el que, según usted, se ha zanjado la deuda que tenía la dictadura con la democracia y ahora ya nos hemos reconciliado todos: vencedores y vencidos.
Para usted, ciertas deudas se pagan muy baratas. Estamos en tiempos de rebajas ¿verdad? Desde que, después de tres años de Guerra Civil exterminadores y cuarenta de dictadura, que dejó exhausta a la población española, se aceptó la monarquía con aplausos por su talante democrático, se nos rindió al poder de la Iglesia, esa misma que manda en el Valle de los Caídos, y después nos pusieron al servicio y obediencia de la OTAN, la deuda con las víctimas de tanta insania sigue sin extinguirse. No hemos obtenido ni justicia ni reparación.
Ni siquiera Verdad. Porque, señor Sánchez, «no se ha puesto fin a un afrenta moral» como ha tenido Vd. el atrevimiento de afirmar en el discurso público que ha seguido a esa ceremonia indigna con que se ha trasladado los restos del dictador. Con ese infame paripé de exhumar el cadáver, mientras dentro permanecen los de 33.000 republicanos que no han recibido nunca el menor homenaje. Ni mucho menos se pondrá fin a las afrentas que hemos recibido mientras permanezca el monumento erigido al triunfo fascista en lo alto de Cuelgamuros.
No se nos ha compensado ni hecho justicia a los republicanos desde que una horda de militares fascistas interrumpió el democrático y avanzado proceso de progreso que había iniciado la II República, nos diezmó en una guerra de exterminio y nos hundió en el túnel de la dictadura, el periodo más largo nunca vivido antes en nuestro país de represión, crímenes, miseria, torturas y humillaciones, mientras los cadáveres se amontonan en las cunetas de las carreteras, en los muros de los cementerios, en todos los campos de España. Sin que ninguno de los dirigentes del PSOE que ha gobernado España en un cuarto de siglo, ni usted mismo, hayan pensado poner en marcha una verdadera operación de recuperación e identificación de los restos, para darles sepultura digna y ofrecerles los homenajes que se merecen.
Como dice Paloma Aguilar en El País del 25 de octubre, «A la conciencia democrática le resultan ofensivas muchas cosas consustanciales al Valle de los Caídos… Hasta el hecho de que muchos presos políticos fueran los encargados, en condiciones penosas y arrostrando muchos peligros, de su construcción. Y conviene no pasar por alto, aunque la página web oficial si lo haga, que en el mosaico de la enorme bóveda de la basílica, junto a los santos y mártires, figuran las banderas carlista y falangista, un cañón, un hombre con camisa azul haciendo el saludo fascista (que muchos consideran que representa José Antonio) y varios militares con cascos uno de los cuales guarda un sospechoso parecido con Franco.… No hay espacio aquí para comentar todas las anomalías que siguen rodeando este monumento, como lo que dicen los religiosos en las misas que allí se celebran, de un sesgo ideológico indisimulado; el hecho de que la Comunidad de Madrid incentive desde hace muchos años sus visitas, ya que forma parte de la denominada Ruta Imperial, que algunos de los guías oficiales reproduzca una visión benévola de la dictadura y elogian el carácter reconciliador del monumento o que siempre haya habido flores frescas en las tumbas de franco y José Antonio, ubicadas además en el lugar más preeminente de la basílica».
Como tan acertadamente señaló Santos Julia, el Valle de los caídos difícilmente podrá llegar a encarnar la idea de reconciliación. Pero Vd. no está pensando en volar el monumento para eliminar de una vez por todas esa ignominia que constituye un perverso homenaje al fascismo, y que es el único de Europa que se mantiene en pie después de la Segunda Guerra Mundial, como hicieron las mujeres de París en 1789 cuando demolieron, piedra por piedra, la prisión de la Bastilla que era el símbolo de la crueldad del Ancienne Règime. Al contrario, al parecer Vd. y sus colaboradores se proponen convertirlo en lo que llaman “monumento a la concordia” para que se produzca de una vez la reconciliación entre todos los españoles.
Porque las víctimas de la insania y la persecución fascista no merecemos justicia y reparación, pero los verdugos sí se merecen reconciliación. Así es legal una Asociación llamada Francisco Franco, que recibe subvenciones públicas, que se permite realizar actos de exaltación del franquismo y que no tiene ningún impedimento para convocar concentraciones donde se cantan los himnos fascistas y se exhiben las banderas de la dictadura. Y ahí siguen los familiares del dictador disfrutando de la fortuna que nos han robado y negándose a cumplir los pequeños deberes que les impusieron, como esa ridícula condición de que el Pazo de Meirás se exhiba a los turistas un día a la semana.
Y ahí sigue mandando en el complejo arquitectónico el prior del Valle de los Caídos, presentando recursos y haciendo declaraciones públicas contra lo acordado por el Gobierno de España y celebrando misas y oficios, todo ello pagado por los ciudadanos, entre los que estamos también las víctimas.
No solamente fusilaron a nuestros abuelos, abuelas, padres y madres. No solamente asesinaron a los dirigentes sindicales, políticos, cívicos, a los maestros, a los intelectuales, a los profesores, a los científicos, a los obreros y campesinos y a las mujeres, que se opusieron al horror del fascismo. No solamente nos entregaron inermes a nuestros carceleros y torturadores. No solamente hundieron en la miseria, la ignorancia y la desesperanza a las clases trabajadoras y a las mujeres. No solamente impidieron el avance del país en todos los aspectos durante casi medio siglo, sino que después, en todo el periodo democrático transcurrido los mismos criminales que imperaron en la dictadura gobernaron la democracia, y sus hijos y herederos disfrutan de las fortunas expoliadas a miles de familias españolas republicanas y ocupan los puestos más importantes de las instituciones públicas.
Y hoy, en una ceremonia inaceptable, los restos del dictador han recibido el homenaje de las mesnadas franquistas, entre cantos y banderas fascistas, con la asistencia de la Ministra de Justicia, que ha asistido impávida a esa ceremonia de exaltación de Franco con la atención mediática más espectacular desde que se informó de su muerte, 44 años después.
Cuando asistimos, expectantes, a la designación de tantas ministras, que se autoproclaman feministas, no podíamos suponer que iban a ser simplemente transmisoras de las órdenes de su jefe y complacientes con las más penosas decisiones de éste. La ministra de Justicia (¿?) diciendo que «había asumido la jornada con mucho respeto y solemnidad». La de Educación (¿?) declarando “que se ha tenido mucho respeto con la familia del dictador”. Al parecer el respeto únicamente se lo merecen los fascistas.
No, señor Sánchez, «Hoy España no cumple consigo misma» ni esta ceremonia es tampoco fruto del perdón. Para las víctimas y sus descendientes no hay ni olvido ni perdón.
La mayor humillación, señor Sánchez, para aquellas personas que hemos sobrevivido, impensablemente, a los terribles acontecimientos del siglo XX, ha sido escucharle que a partir de ahora estaban cerradas las cuentas con la dictadura y que procedía la reconciliación. De tal manera, en lo que a mí me toca directamente, ¿tengo que reconciliarme con Billy el Niño? ¿Por qué? ¿Por qué usted ha ordenado el traslado del féretro de Franco a una tumba, propiedad de Patrimonio Nacional, con toda clase de honores? ¿Y los demás? ¿Los hijos y nietos y sobrinos y amigos y correligionarios de los republicanos asesinados, han de reconciliarse con sus asesinos? ¿Sin que se hayan realizado las exhumaciones de sus deudos y los homenajes que se les deben ni celebrado los juicios correspondientes ni reparado las deudas pendientes? ¿Y mientras, el Monumento del Valle de los caídos nos recordará in sécula seculorum la tragedia de nuestra patria y el triunfo de los fascistas?
En un artículo inolvidable del pintor Tapies dedicado a Dalí, una frase memorable define el momento actual: “En España no hay nada más rentable que haber tenido un pasado fascista”.
¿Usted cree que las víctimas nos vamos a reconciliar con nuestros verdugos? ¿Ni con usted, que está permitiendo que se perpetúe esta infamia?
Fuente:
https://blogs.publico.es/lidia-falcon/2019/10/26/carta-abierta-a-pedro-sanchez-por-la-exhumacion-de-franco/
Público
Me dirijo a Vd. no sólo porque es el máximo responsable del Gobierno de España sino también porque es el secretario general del Partido Socialista Obrero Español, que ha gobernado en nuestro país durante 25 años, en tres ocasiones, desde la muerte del dictador Francisco Franco; porque ha dirigido la operación de exhumación de los restos de este que se hallaban en el Valle de los Caídos, y sobre todo, porque después de dicha operación nos ha obsequiado con un discurso con el que, según usted, se ha zanjado la deuda que tenía la dictadura con la democracia y ahora ya nos hemos reconciliado todos: vencedores y vencidos.
Para usted, ciertas deudas se pagan muy baratas. Estamos en tiempos de rebajas ¿verdad? Desde que, después de tres años de Guerra Civil exterminadores y cuarenta de dictadura, que dejó exhausta a la población española, se aceptó la monarquía con aplausos por su talante democrático, se nos rindió al poder de la Iglesia, esa misma que manda en el Valle de los Caídos, y después nos pusieron al servicio y obediencia de la OTAN, la deuda con las víctimas de tanta insania sigue sin extinguirse. No hemos obtenido ni justicia ni reparación.
Ni siquiera Verdad. Porque, señor Sánchez, «no se ha puesto fin a un afrenta moral» como ha tenido Vd. el atrevimiento de afirmar en el discurso público que ha seguido a esa ceremonia indigna con que se ha trasladado los restos del dictador. Con ese infame paripé de exhumar el cadáver, mientras dentro permanecen los de 33.000 republicanos que no han recibido nunca el menor homenaje. Ni mucho menos se pondrá fin a las afrentas que hemos recibido mientras permanezca el monumento erigido al triunfo fascista en lo alto de Cuelgamuros.
No se nos ha compensado ni hecho justicia a los republicanos desde que una horda de militares fascistas interrumpió el democrático y avanzado proceso de progreso que había iniciado la II República, nos diezmó en una guerra de exterminio y nos hundió en el túnel de la dictadura, el periodo más largo nunca vivido antes en nuestro país de represión, crímenes, miseria, torturas y humillaciones, mientras los cadáveres se amontonan en las cunetas de las carreteras, en los muros de los cementerios, en todos los campos de España. Sin que ninguno de los dirigentes del PSOE que ha gobernado España en un cuarto de siglo, ni usted mismo, hayan pensado poner en marcha una verdadera operación de recuperación e identificación de los restos, para darles sepultura digna y ofrecerles los homenajes que se merecen.
Como dice Paloma Aguilar en El País del 25 de octubre, «A la conciencia democrática le resultan ofensivas muchas cosas consustanciales al Valle de los Caídos… Hasta el hecho de que muchos presos políticos fueran los encargados, en condiciones penosas y arrostrando muchos peligros, de su construcción. Y conviene no pasar por alto, aunque la página web oficial si lo haga, que en el mosaico de la enorme bóveda de la basílica, junto a los santos y mártires, figuran las banderas carlista y falangista, un cañón, un hombre con camisa azul haciendo el saludo fascista (que muchos consideran que representa José Antonio) y varios militares con cascos uno de los cuales guarda un sospechoso parecido con Franco.… No hay espacio aquí para comentar todas las anomalías que siguen rodeando este monumento, como lo que dicen los religiosos en las misas que allí se celebran, de un sesgo ideológico indisimulado; el hecho de que la Comunidad de Madrid incentive desde hace muchos años sus visitas, ya que forma parte de la denominada Ruta Imperial, que algunos de los guías oficiales reproduzca una visión benévola de la dictadura y elogian el carácter reconciliador del monumento o que siempre haya habido flores frescas en las tumbas de franco y José Antonio, ubicadas además en el lugar más preeminente de la basílica».
Como tan acertadamente señaló Santos Julia, el Valle de los caídos difícilmente podrá llegar a encarnar la idea de reconciliación. Pero Vd. no está pensando en volar el monumento para eliminar de una vez por todas esa ignominia que constituye un perverso homenaje al fascismo, y que es el único de Europa que se mantiene en pie después de la Segunda Guerra Mundial, como hicieron las mujeres de París en 1789 cuando demolieron, piedra por piedra, la prisión de la Bastilla que era el símbolo de la crueldad del Ancienne Règime. Al contrario, al parecer Vd. y sus colaboradores se proponen convertirlo en lo que llaman “monumento a la concordia” para que se produzca de una vez la reconciliación entre todos los españoles.
Porque las víctimas de la insania y la persecución fascista no merecemos justicia y reparación, pero los verdugos sí se merecen reconciliación. Así es legal una Asociación llamada Francisco Franco, que recibe subvenciones públicas, que se permite realizar actos de exaltación del franquismo y que no tiene ningún impedimento para convocar concentraciones donde se cantan los himnos fascistas y se exhiben las banderas de la dictadura. Y ahí siguen los familiares del dictador disfrutando de la fortuna que nos han robado y negándose a cumplir los pequeños deberes que les impusieron, como esa ridícula condición de que el Pazo de Meirás se exhiba a los turistas un día a la semana.
Y ahí sigue mandando en el complejo arquitectónico el prior del Valle de los Caídos, presentando recursos y haciendo declaraciones públicas contra lo acordado por el Gobierno de España y celebrando misas y oficios, todo ello pagado por los ciudadanos, entre los que estamos también las víctimas.
No solamente fusilaron a nuestros abuelos, abuelas, padres y madres. No solamente asesinaron a los dirigentes sindicales, políticos, cívicos, a los maestros, a los intelectuales, a los profesores, a los científicos, a los obreros y campesinos y a las mujeres, que se opusieron al horror del fascismo. No solamente nos entregaron inermes a nuestros carceleros y torturadores. No solamente hundieron en la miseria, la ignorancia y la desesperanza a las clases trabajadoras y a las mujeres. No solamente impidieron el avance del país en todos los aspectos durante casi medio siglo, sino que después, en todo el periodo democrático transcurrido los mismos criminales que imperaron en la dictadura gobernaron la democracia, y sus hijos y herederos disfrutan de las fortunas expoliadas a miles de familias españolas republicanas y ocupan los puestos más importantes de las instituciones públicas.
Y hoy, en una ceremonia inaceptable, los restos del dictador han recibido el homenaje de las mesnadas franquistas, entre cantos y banderas fascistas, con la asistencia de la Ministra de Justicia, que ha asistido impávida a esa ceremonia de exaltación de Franco con la atención mediática más espectacular desde que se informó de su muerte, 44 años después.
Cuando asistimos, expectantes, a la designación de tantas ministras, que se autoproclaman feministas, no podíamos suponer que iban a ser simplemente transmisoras de las órdenes de su jefe y complacientes con las más penosas decisiones de éste. La ministra de Justicia (¿?) diciendo que «había asumido la jornada con mucho respeto y solemnidad». La de Educación (¿?) declarando “que se ha tenido mucho respeto con la familia del dictador”. Al parecer el respeto únicamente se lo merecen los fascistas.
No, señor Sánchez, «Hoy España no cumple consigo misma» ni esta ceremonia es tampoco fruto del perdón. Para las víctimas y sus descendientes no hay ni olvido ni perdón.
La mayor humillación, señor Sánchez, para aquellas personas que hemos sobrevivido, impensablemente, a los terribles acontecimientos del siglo XX, ha sido escucharle que a partir de ahora estaban cerradas las cuentas con la dictadura y que procedía la reconciliación. De tal manera, en lo que a mí me toca directamente, ¿tengo que reconciliarme con Billy el Niño? ¿Por qué? ¿Por qué usted ha ordenado el traslado del féretro de Franco a una tumba, propiedad de Patrimonio Nacional, con toda clase de honores? ¿Y los demás? ¿Los hijos y nietos y sobrinos y amigos y correligionarios de los republicanos asesinados, han de reconciliarse con sus asesinos? ¿Sin que se hayan realizado las exhumaciones de sus deudos y los homenajes que se les deben ni celebrado los juicios correspondientes ni reparado las deudas pendientes? ¿Y mientras, el Monumento del Valle de los caídos nos recordará in sécula seculorum la tragedia de nuestra patria y el triunfo de los fascistas?
En un artículo inolvidable del pintor Tapies dedicado a Dalí, una frase memorable define el momento actual: “En España no hay nada más rentable que haber tenido un pasado fascista”.
¿Usted cree que las víctimas nos vamos a reconciliar con nuestros verdugos? ¿Ni con usted, que está permitiendo que se perpetúe esta infamia?
Fuente:
https://blogs.publico.es/lidia-falcon/2019/10/26/carta-abierta-a-pedro-sanchez-por-la-exhumacion-de-franco/
jueves, 16 de mayo de 2019
_- Un héroe del capitalismo. Emir Sader
_- El informe sobre medio ambiente dio pie a interpretaciones que los medios masivos de comunicación adoran: “el hombre es responsable del deterioro del medio ambiente”. Es decir: usted, yo, nuestra abuela, nuestro sobrino, el pobre de la esquina, el niño que pide dinero en el semáforo, el trabajador sin tierra, la enfermera del hospital público; en fin, los 6 mil millones de la población del mundo.
Nada mejor que diluir las responsabilidades específicas y concentradas, diluyendo todo en la naturaleza humana. Todos somos responsables: los que tiran papeles a la laguna, los que contribuyen con la obstrucción de los desagües y quienes contaminan al por mayor con fábricas y ómnibus. ¿Todos por igual? Nada de eso. Ni en lo que hace a las personas, ni en lo que le corresponde a los países. Los Estados Unidos son los que más contaminan en el mundo, proporcionalmente lo hacen muy por encima que su población, y en gran medida debido a sus empresas. Tanto es así, que Bush alega que no firma el protocolo de Kyoto para no perjudicar la competitividad de las empresas estadounidenses: confesión clara de que son ellas principalmente las que contaminan.
Tomemos un caso típico. El capitalismo ya no tiene más héroes. Entonces, los inventa. Tal vez, Bill Gates sea su máxima invención. El mayor benefactor mundial y la mayor fortuna del mundo. ¿Habrá alguna coincidencia en eso?
Los Angeles Times se pregunta: ¿Por qué la institución caritativa más rica del mundo es, al mismo tiempo, accionista de empresas que están en el origen de las contaminaciones sanitarias y ecológicas que ella dice combatir? Y cita a la Fundación Gates, que donó 218 millones de dólares para una campaña de vacunación contra la poliomielitis y la rubéola en el mundo entero, incluido el delta del río Níger. Aunque, al mismo tiempo, la Fundación invirtió 423 millones de dólares en las empresas ENI, Royal Dutch Shell, Exxon Mobil y Total, compañías responsables de la mayor parte de las emisiones de gases que contaminan el cielo de aquella región del río Níger, a niveles aún más altos que los tolerados en Estados Unidos y Europa.
Como ocurre con todas las entidades filantrópicas, la Fundación Gates dedica anualmente por lo menos el 5 % de sus ganancias a donaciones para beneficiarse de las exenciones fiscales. Esta donación subvenciona principalmente acciones de saneamiento, proyectos de mejoras en la educación pública de los Estados Unidos y programas de ayuda social en la región del noroeste del Pacífico.
El 95% restante es invertido buscando rentabilidad sin reparar en las consecuencias ambientales y sociales implícitas en esa búsqueda de ganancias. La Fundación es accionista de numerosas empresas que no respetan los derechos ambientales, discriminan, violan los derechos de los trabajadores o están comprometidas en denuncias por corrupción. Las ramas caritativa y financiera de la empresa, están totalmente escindidas, una no tiene nada que ver con la otra.
La Fundación da con una mano, pero retira con las innumerables manos que tiene extendidas en el mundo entero. Dona dinero, supuestamente, para un mundo mejor, mientras que el 95% de sus recursos multiplican las nefastas condiciones ecológicas y sociales del mundo, ayudando a su deterioro. (Traducción de Ernesto Grance)
- Emir Sader es coordinador general del Laboratorio de Políticas Públicas y nuevo secretario ejecutivo del Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales (CLACSO).
Publicado originalmente en:
AGENCIA CARTA MAIOR. 09/03/2007
https://www.alainet.org/es/active/17151
Nada mejor que diluir las responsabilidades específicas y concentradas, diluyendo todo en la naturaleza humana. Todos somos responsables: los que tiran papeles a la laguna, los que contribuyen con la obstrucción de los desagües y quienes contaminan al por mayor con fábricas y ómnibus. ¿Todos por igual? Nada de eso. Ni en lo que hace a las personas, ni en lo que le corresponde a los países. Los Estados Unidos son los que más contaminan en el mundo, proporcionalmente lo hacen muy por encima que su población, y en gran medida debido a sus empresas. Tanto es así, que Bush alega que no firma el protocolo de Kyoto para no perjudicar la competitividad de las empresas estadounidenses: confesión clara de que son ellas principalmente las que contaminan.
Tomemos un caso típico. El capitalismo ya no tiene más héroes. Entonces, los inventa. Tal vez, Bill Gates sea su máxima invención. El mayor benefactor mundial y la mayor fortuna del mundo. ¿Habrá alguna coincidencia en eso?
Los Angeles Times se pregunta: ¿Por qué la institución caritativa más rica del mundo es, al mismo tiempo, accionista de empresas que están en el origen de las contaminaciones sanitarias y ecológicas que ella dice combatir? Y cita a la Fundación Gates, que donó 218 millones de dólares para una campaña de vacunación contra la poliomielitis y la rubéola en el mundo entero, incluido el delta del río Níger. Aunque, al mismo tiempo, la Fundación invirtió 423 millones de dólares en las empresas ENI, Royal Dutch Shell, Exxon Mobil y Total, compañías responsables de la mayor parte de las emisiones de gases que contaminan el cielo de aquella región del río Níger, a niveles aún más altos que los tolerados en Estados Unidos y Europa.
Como ocurre con todas las entidades filantrópicas, la Fundación Gates dedica anualmente por lo menos el 5 % de sus ganancias a donaciones para beneficiarse de las exenciones fiscales. Esta donación subvenciona principalmente acciones de saneamiento, proyectos de mejoras en la educación pública de los Estados Unidos y programas de ayuda social en la región del noroeste del Pacífico.
El 95% restante es invertido buscando rentabilidad sin reparar en las consecuencias ambientales y sociales implícitas en esa búsqueda de ganancias. La Fundación es accionista de numerosas empresas que no respetan los derechos ambientales, discriminan, violan los derechos de los trabajadores o están comprometidas en denuncias por corrupción. Las ramas caritativa y financiera de la empresa, están totalmente escindidas, una no tiene nada que ver con la otra.
La Fundación da con una mano, pero retira con las innumerables manos que tiene extendidas en el mundo entero. Dona dinero, supuestamente, para un mundo mejor, mientras que el 95% de sus recursos multiplican las nefastas condiciones ecológicas y sociales del mundo, ayudando a su deterioro. (Traducción de Ernesto Grance)
- Emir Sader es coordinador general del Laboratorio de Políticas Públicas y nuevo secretario ejecutivo del Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales (CLACSO).
Publicado originalmente en:
AGENCIA CARTA MAIOR. 09/03/2007
https://www.alainet.org/es/active/17151
viernes, 10 de mayo de 2019
La Fiscalía pide 150 años de cárcel para un coronel salvadoreño implicado en el asesinato de Ellacuría
Inocente Montano participó en el "diseño y ejecución" de la matanza de seis jesuitas en 1989.*
Madrid 10 MAY 2019
La Fiscalía de la Audiencia Nacional ha pedido para el coronel Inocente Orlando Montano 150 años de cárcel por su participación en el asesinato en noviembre de 1989 en El Salvador del rector de la Universidad Centroamericana (UCA), el jesuita vasco Ignacio Ellacuría, y de otros cinco sacerdotes pertenecientes a esta orden religiosa, cuatro de ellos españoles.
El ministerio público solicita para Montano 30 años de prisión por cada uno de los “cinco asesinatos terroristas” de los religiosos españoles y la privación de todos los honores militares, según un escrito al que ha tenido acceso EL PAÍS.
Montano era en 1989 viceministro de Seguridad Pública de El Salvador. Insigne miembro de La Tandona, promoción de una veintena de oficiales ultraderechistas que ocupó puestos clave en el Ejército, el mando se hizo célebre por su fiereza contra los jesuitas, a los que atribuía conexiones terroristas. "Los jesuitas están plenamente identificados con los movimientos subversivos", llegó a clamar Montano días antes del 16 de noviembre de 1989.
Un grupo de militares salvadoreño asesinó esa madrugada a Ellacuría. Filósofo y teólogo de la liberación, el religioso se había convertido en un personaje perturbador para la dictadura. Sus posiciones proclives al diálogo y su voluntad para alcanzar la paz entre la guerrilla revolucionaria del Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN) y el Ejecutivo situaron al cura en la mirilla de los cenáculos más reaccionarios del Gobierno controlado por la formación Alianza Republicana Nacionalista.
Montano fue uno de los cinco coroneles considerados clave en el caso. El mando actuó bajo las órdenes del entonces jefe del Estado Mayor René Emilio Ponce, fallecido en 2014.
El ministerio público solicita también cinco años de prisión menor para el teniente René Yusshy Mendoza, miembro del batallón Atlacatl, grupo encargado de ejecutar la matanza.
La Fiscalía considera que Mendoza “ha colaborado activamente con la investigación” y “tenía notablemente disminuida su capacidad” porque la desobediencia a las órdenes del Estado Mayor podía suponer riesgo para la vida.
Montano, hoy con 76 años, “participó en la decisión, diseño y ejecución de los asesinatos”, según el escrito presentado por la Fiscalía al Juzgado Central de Instrucción número 6 de la Audiencia Nacional. El documento estima que el procesado constituyó “una estructura al margen de la legalidad, que alteró gravemente la paz pública […] con ejecuciones civiles y desapariciones forzosas”.
La Audiencia Nacional abrió la causa por la matanza de los jesuitas en 2011 en virtud del principio de justicia universal. EE. UU., donde Montano aterrizó en 2001 con documentación falsa, entregó al coronel a España en 2017. El juez envió en noviembre de ese año a Montano a prisión por su participación en el plan que culminó con el asesinato de Ellacuría y de los jesuitas españoles Ignacio Martín Baró, Segundo Montes Mozo, Armando López Quintana y Juan Ramón Moreno Pardo.
Con documentos desclasificados de EE. UU., la investigación judicial estima que Montano fue testigo del momento en el que el coronel y ministro de Defensa René Emilio Ponce ordenó a su subordinado Guillermo Alfredo Benavides asesinar a Ellacuría y no dejar testigos.
Días antes de la matanza, el Ejército había orquestado una campaña de desprestigio contra los jesuitas vinculados a la Universidad Centroamericana (UCA), según la Fiscalía. “A Ellacuría se le acusó en repetidas ocasiones de ser uno de los principales consejeros y estrategas del FLMN […]. Los jesuitas eran extranjeros enviados por España para recolonizar el país, eran líderes de hordas terroristas”, sostiene el ministerio público en un escrito firmado por Teresa Sandoval.
El viceministro de Defensa Juan Orlando Zepeda alegó incluso que los sacerdotes fueron cómplices del asesinato del fiscal general de El Salvador. “El enemigo está entre nosotros. Debe ser identificado y denunciado. Por tanto, por tanto, vamos a tomar la decisión final para resolver esta situación”.
https://elpais.com/internacional/2019/05/09/actualidad/1557420850_050890.html
* Hace ya 30 años del asesinato, la justicia tan lenta no es justicia, es lo mínimo que se puede decir.
Estos jesuitas lo que hicieron es ponerse del lado de la justicia, del pueblo, de la verdad, la luz, la bondad, la humanidad, el bien, la educación, el conocimiento, el saber, la ciencia, la liberación, la libertad, la alegría.
Los militares se situaron del lado de la injusticia, los poderosos, represión, el crimen, la mentira, la explotación, la violencia, la tortura, la maldad, la dominación, el sufrimiento, el mal, el oscurantismo, la ignorancia, la manipulación, la alienación, la esclavitud, la servidumbre...
Madrid 10 MAY 2019
La Fiscalía de la Audiencia Nacional ha pedido para el coronel Inocente Orlando Montano 150 años de cárcel por su participación en el asesinato en noviembre de 1989 en El Salvador del rector de la Universidad Centroamericana (UCA), el jesuita vasco Ignacio Ellacuría, y de otros cinco sacerdotes pertenecientes a esta orden religiosa, cuatro de ellos españoles.
El ministerio público solicita para Montano 30 años de prisión por cada uno de los “cinco asesinatos terroristas” de los religiosos españoles y la privación de todos los honores militares, según un escrito al que ha tenido acceso EL PAÍS.
Montano era en 1989 viceministro de Seguridad Pública de El Salvador. Insigne miembro de La Tandona, promoción de una veintena de oficiales ultraderechistas que ocupó puestos clave en el Ejército, el mando se hizo célebre por su fiereza contra los jesuitas, a los que atribuía conexiones terroristas. "Los jesuitas están plenamente identificados con los movimientos subversivos", llegó a clamar Montano días antes del 16 de noviembre de 1989.
Un grupo de militares salvadoreño asesinó esa madrugada a Ellacuría. Filósofo y teólogo de la liberación, el religioso se había convertido en un personaje perturbador para la dictadura. Sus posiciones proclives al diálogo y su voluntad para alcanzar la paz entre la guerrilla revolucionaria del Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN) y el Ejecutivo situaron al cura en la mirilla de los cenáculos más reaccionarios del Gobierno controlado por la formación Alianza Republicana Nacionalista.
Montano fue uno de los cinco coroneles considerados clave en el caso. El mando actuó bajo las órdenes del entonces jefe del Estado Mayor René Emilio Ponce, fallecido en 2014.
El ministerio público solicita también cinco años de prisión menor para el teniente René Yusshy Mendoza, miembro del batallón Atlacatl, grupo encargado de ejecutar la matanza.
La Fiscalía considera que Mendoza “ha colaborado activamente con la investigación” y “tenía notablemente disminuida su capacidad” porque la desobediencia a las órdenes del Estado Mayor podía suponer riesgo para la vida.
Montano, hoy con 76 años, “participó en la decisión, diseño y ejecución de los asesinatos”, según el escrito presentado por la Fiscalía al Juzgado Central de Instrucción número 6 de la Audiencia Nacional. El documento estima que el procesado constituyó “una estructura al margen de la legalidad, que alteró gravemente la paz pública […] con ejecuciones civiles y desapariciones forzosas”.
La Audiencia Nacional abrió la causa por la matanza de los jesuitas en 2011 en virtud del principio de justicia universal. EE. UU., donde Montano aterrizó en 2001 con documentación falsa, entregó al coronel a España en 2017. El juez envió en noviembre de ese año a Montano a prisión por su participación en el plan que culminó con el asesinato de Ellacuría y de los jesuitas españoles Ignacio Martín Baró, Segundo Montes Mozo, Armando López Quintana y Juan Ramón Moreno Pardo.
Con documentos desclasificados de EE. UU., la investigación judicial estima que Montano fue testigo del momento en el que el coronel y ministro de Defensa René Emilio Ponce ordenó a su subordinado Guillermo Alfredo Benavides asesinar a Ellacuría y no dejar testigos.
Días antes de la matanza, el Ejército había orquestado una campaña de desprestigio contra los jesuitas vinculados a la Universidad Centroamericana (UCA), según la Fiscalía. “A Ellacuría se le acusó en repetidas ocasiones de ser uno de los principales consejeros y estrategas del FLMN […]. Los jesuitas eran extranjeros enviados por España para recolonizar el país, eran líderes de hordas terroristas”, sostiene el ministerio público en un escrito firmado por Teresa Sandoval.
El viceministro de Defensa Juan Orlando Zepeda alegó incluso que los sacerdotes fueron cómplices del asesinato del fiscal general de El Salvador. “El enemigo está entre nosotros. Debe ser identificado y denunciado. Por tanto, por tanto, vamos a tomar la decisión final para resolver esta situación”.
https://elpais.com/internacional/2019/05/09/actualidad/1557420850_050890.html
* Hace ya 30 años del asesinato, la justicia tan lenta no es justicia, es lo mínimo que se puede decir.
Estos jesuitas lo que hicieron es ponerse del lado de la justicia, del pueblo, de la verdad, la luz, la bondad, la humanidad, el bien, la educación, el conocimiento, el saber, la ciencia, la liberación, la libertad, la alegría.
Los militares se situaron del lado de la injusticia, los poderosos, represión, el crimen, la mentira, la explotación, la violencia, la tortura, la maldad, la dominación, el sufrimiento, el mal, el oscurantismo, la ignorancia, la manipulación, la alienación, la esclavitud, la servidumbre...
jueves, 20 de septiembre de 2018
El PP respondió a la ONU que “la voluntad de reconciliación” solo sería posible “a través del olvido, la amnesia y el perdón”. El relator especial de Naciones Unidas sobre los crímenes del franquismo: “O se juzga a sus responsables o se extraditan”
La Marea
“Mi más absoluta solidaridad con las víctimas”. Con esas palabras comenzaba su intervención en la Sala Constitucional del Congreso de los Diputados el argentino Fabián Salvioli, relator especial de Naciones Unidas para la promoción de la verdad, la justicia, la reparación y la garantía de no repetición. Invitado por el intergrupo de Memoria Histórica de las Cortes y apoyado por Unidos Podemos, PNV, ERC, PdeCat y Compromís, Salvioli abordó la situación de impunidad de los crímenes de la dictadura franquista y de la Guerra Civil.
El relator, muy crítico con la Administración española, ha planteado que “si quienes están a cargo de las funciones del Estado” no cumplen con sus obligaciones jurídicas, “¿para qué están?”. “No sé qué otra señal” necesitan, añadió. Y aseguró que la falta de soluciones no parte de un problema de Derecho: “Lo que ha faltado es voluntad política”.
Ya en 2014, su antecesor en el cargo, el colombiano Pablo de Greiff, emitió un informe donde instaba a España a reparar a las víctimas del franquismo. La respuesta no se hizo esperar. En septiembre, tal y como ha revelado este martes el relator, el gobierno del PP indicó lo siguiente: que “la voluntad de reconciliación” solo sería posible “a través del olvido, la amnesia y el perdón”. Unas declaraciones que, para el relator, “marcan un profundo desprecio por las víctimas”.
Al año siguiente, Salvioli advirtió a España ante el Comité de Derechos Humanos que debía “derogar la Ley de Amnistía, investigar, juzgar y condenar a los responsables”, ya que si cada país interpreta el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos como quiere “entonces no hay estándares internacionales de Derechos Humanos”. Ese mismo año, recuerda el relator, el Consejo de Ministros, entonces presidido por Mariano Rajoy, rechazó las extradiciones de una veintena de imputados por la justicia argentina. Tras tacharlo de surrealista, ha instado al ejecutivo de Pedro Sánchez a modificar esa directriz por considerarla “jurídicamente insostenible, además de apuntar a dos únicas vías de actuación posible: “o se juzgan o se extraditan”. Para lo primero, es fundamental actuar sobre la Ley de Amnistía, “incompatible con todo el andamiaje jurídico internacional”. Si no es suprimida, cree que “igual no debería ser tenida en cuenta” porque “sus efectos jurídicos son nulos”, afirmó. Sin embargo, durante la intervención de los distintos grupos políticos, el representante socialista se mostró contrario a esa petición por “todo lo que conlleva” y por lo que “en su día significó”.
Pide exhumar de una vez a las víctimas y rechaza la reconciliación. Asimismo, considera importante la decisión de exhumar del Valle de los Caídos los restos de Franco, pero mantiene que debe ser “complementado por otras cosas” porque sigue “revictimizando a las víctimas”, aludiendo a la simbología que profesa el mausoleo. Sobre la situación de las miles de personas que aún continúan en cunetas, ha insistido en que “la gente se está muriendo, y quiere morirse en paz”, así como tener “un lugar para llevarles una flor a un familiar; poder hacer el duelo”, ante lo que cuestiona “el grado de humanidad” de quienes hacen oídos sordos a estas demandas. A su juicio, “si el Estado fue capaz de hacer desaparecer una persona, tiene que ser capaz de decirle dónde está”.
Por otra parte, Fabián Salvioli rechaza el concepto de reconciliación de una víctima con su torturador. Una palabra cuyo sentido, señala, “se ha mal utilizado”, y que será objeto de su próximo informe, previsto para el año que viene. Para él, reconciliación es “la recuperación de la confianza de la sociedad en el Estado”, solo posible “a través de la restauración de la justicia”. “Cualquier otra interpretación es absolutamente perversa”. “Otra cosa es el perdón individual”.
Fuente: http://www.lamarea.com/2018/09/18/relator-naciones-unidas-crimenes-franquistas/
viernes, 24 de agosto de 2018
Gobiernos “posprogresistas”: la degradación de la prensa y la justicia
Leo los principales medios de la prensa hegemónica en la Argentina por necesidad. Es tarea ineludible de mi labor como analista político. Bien sé que son pocas las informaciones verídicas y relevantes que obtendré de esas fuentes. La razón: no son expresiones del periodismo sino dispositivos que de modo incesante fraguan operaciones de todo tipo para reforzar la primacía de los grandes intereses corporativos nacionales y extranjeros, de los cuales no sólo son voceros y operadores sino que también forman parte y tienen intereses que proteger. Esta inserción de los grandes medios en el corazón de la clase dominante explica las razones por las que a través de su prensa escrita, radial o televisiva muy rara vez podremos conocer la verdad.
A diferencia del periodismo -que languidece y sobrevive con inauditos esfuerzos en el capitalismo contemporáneo- la función de los medios concentrados no es informar objetivamente sino mentir, crear un mundo paralelo, escamotear las noticias inconvenientes para el gobierno y las clases dominantes, satanizar sin pausa a los liderazgos y las fuerzas políticas contestatarias, suprimir las voces disidentes o, de no ser tal cosa posible, acosarlas hasta tornarlas inaudibles. Pero bucear en sus mentiras es una vía para identificar sus intereses y sus planes. La historia confirmó la amarga premonición de Gilbert K. Chesterton cuando en el fragor de la Primera Guerra Mundial dijo que “los periódicos comenzaron a existir para decir la verdad y hoy existen para impedir que la verdad se diga.” El caso de la Argentina se ajusta como anillo al dedo a su vaticinio.
En este terreno los nefastos “logros” del gobierno de Mauricio Macri no tienen precedentes en el período democrático inaugurado el 10 de diciembre de 1983. En la actualidad el control ejercido sobre los medios de comunicación es casi total, propio de un híbrido político que todavía combina algunos pocos rasgos de la democracia con un número creciente de otros propios de las dictaduras. De ahí que la caracterización más apropiada que le cuadra al régimen macrista sea la de “democradura.” El “Ministerio de la Verdad” concebido por George Orwell en su célebre novela 1984 irrumpió con fuerza en la Argentina. Como aquél, la principal tarea de los medios hegemónicos es la propagación de “posverdades” y “plusmentiras” cuyo único objetivo es impedir que el público acceda a información verídica y conozca lo que está ocurriendo. Por eso la mezcla de iracundia y repugnancia que genera la mera lectura de esos vulgares pasquines en donde –especialmente en sus ediciones de fin de semana- la falsedad y el engaño están a la orden del día.
Este fin de semana en la sección de las noticias nacionales, por ejemplo, sólo existe el tema de la corrupción de la época kirchnerista. La sistemática destrucción del Estado de Derecho que ha venido padeciendo este país desde la llegada de Macri a la Casa Rosada es completamente soslayada por los propagandistas de la derecha que se arrogan el inmerecido título de “prensa independiente”. En este país ya no hacen falta pruebas para ser enviado a prisión; basta, como en el infausto caso del Brasil, que un juez tenga la “convicción” –repito, la “convicción” no las pruebas- de que Lula es culpable para enviarlo a la cárcel.
En la Argentina, el ex ministro Julio de Vido o Milagro Sala están en prisión sin que haya sentencia firme que así lo determine pero el juez que interviene en la causa está convencido de que son culpables y las dicta la prisión. El ex vicepresidente Amado Boudou fue condenado en una farsa judicial pese a que todas las evidencias del caso desmentían la acusación. En su caso del debido proceso no quedaron ni rastros. Lo mismo ocurrió en Ecuador con el ex vicepresidente Jorge Glas, perseguido con saña por un traidor que ya descendió a las ciénagas de la historia latinoamericana. Un rasgo común que hermana a las “democraduras pos-progresistas” de Argentina, Brasil y Ecuador es la elevación de la venganza y el escarmiento al rango de principios cardinales del nuevo orden jurídico-institucional.
En la lúgubre atmósfera de estos regímenes el derecho arroja por la borda cualquier atisbo de garantismo o debido proceso e involuciona hasta la época del absolutismo dinástico europeo, anterior a la Revolución Francesa; o de la Santa Inquisición, con la complicidad de los custodios de los valores republicanos llamados a un indigno silencio. En el caso de los cuadernos “Gloria” insólitamente arrojados a las llamas por su redactor -un inverosímil chofer que escribe como Vargas Llosa pero habla como un barrabrava y cuyos minuciosos recuerdos sólo son comparables a los prodigios que Borges le atribuía a “Funes el memorioso”- ¿no equivale ese arranque de piromanía a la destrucción de pruebas? ¿No está eso penado por la ley? Porque sin poder peritar esos cuadernos que supuestamente probarían la corrupción del kirchnerismo, ¿cómo saber si fueron escritos a lo largo de tantos años por quien dice ser su autor o encomendados de apuro a algún escriba para que terminara su tarea en vísperas del año electoral? Otra duda: mi caligrafía ha ido variando con el tiempo. No escribo exactamente igual hoy que hace diez años. Además, también cambia en función de las condiciones que rodean el acto de escribir, la comodidad con que puedo hacerlo, el lugar, y las emociones que atraviesan mi persona sobre todo si estoy a punto de revelar cuestiones como las que allí se denuncian. Los cuadernos del meticuloso Oscar Centeno, mejor dicho, las fotocopias, parecen escritas por un inmutable copista medieval cuya vida transcurre en un etéreo monasterio aislado del mundo y sus circunstancias.
Pero estos son detalles menores, infundadas sospechas que la prensa hegemónica pasa alegremente por alto para barrerlas bajo la alfombra, lo mismo que el ilegal encarcelamiento y permanente hostigamiento a que es sometida Milagro Sala aun cuando su situación provoque el repudio de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Por supuesto, si se demostrase fehacientemente que los arriba nombrados incurrieron en un delito y fueron condenados en un juicio ajustado al debido proceso –cosa que hasta ahora no ha ocurrido- nadie en la izquierda saldría en defensa de los corruptos.
La corrupción es estructural, tolerada y aprobada en los gobiernos de derecha. ¿Qué otra cosa es el cruento despojo de millones de hectáreas a los pueblos originarios en el siglo diecinueve o los fabulosos negociados con la deuda externa y las exorbitantes comisiones bancarias pagadas por el gobierno de Macri, para hablar sólo del caso argentino? Pero no acontece lo mismo con los gobiernos y las fuerzas de izquierda, para los cuales la corrupción significa la malversación y posterior frustración de un proyecto revolucionario, razón por la cual la intransigencia ante la misma es absoluta. En los regímenes “pos-progresistas” lo que impera no es la justicia sino la venganza, la persecución política, el escarmiento. En su soberbia y rusticidad intelectual los actuales gobernantes y sus lenguaraces se dan el lujo de ignorar una grave enseñanza de la historia: más pronto que tarde, la monstruosidad jurídica que han creado se volverá en su contra y el derecho a un debido proceso que hoy le niegan a sus adversarios muy probablemente también les sea negado a ellos. Macri y los suyos también tendrán que desfilar por años por los pasillos de Comodoro Py.
Pero hay más. Los medios hegemónicos no sólo justifican el avasallamiento de la justicia sino que se hunden en la infamia y el escándalo al silenciar por completo el tema de los “aportantes truchos”. Para quienes no están familiarizados con lo que ocurre en la política argentina se trata de personas pobres o indigentes, beneficiarios de programas sociales del gobierno, cuyos nombres fueron sustraídos de los listados de distintas oficinas gubernamentales para convertirlos en espléndidos donantes de dinero para la campaña del macrismo, en montos inalcanzables para ellos, con el objeto de ocultar contribuciones ilegales recibida por la alianza Cambiemos. Este escándalo salpica desde el presidente para abajo, pasando sobre todo por la gobernadora María Eugenia Vidal y las principales figuras del macrismo. Pese a las flagrantes pruebas de lo que ha dado en llamarse el “Vidalgate”, la justicia argentina no dispuso la realización de allanamientos ni llamados a declaraciones indagatorias a los incursos en ese delito, como sí ocurrió en los casos en que los acusados pertenecían al anterior gobierno. Los graves delitos cometidos en el caso de los “aportantes truchos”, que incluyen desde fraude, evasión fiscal y lavado de dinero, son arteramente ocultados por los medios. Lo mismo ocurre con la completa desaparición del espectro noticioso del estallido de una garrafa de gas que causó las muertes de la Vicedirectora y un portero de una escuela en una barriada popular de Moreno, ocasionadas por la criminal desidia del gobierno de la provincia de Buenos Aires que había sido repetidamente advertido del problema.
Tampoco comentan esos diarios el papelón internacional causado por la celebración sin tapujos del rechazo del Senado a la ley de la interrupción voluntaria del embarazo manifestado por la inimputable Vicepresidenta de la Argentina, Gabriela Michetti, y María E. Vidal, en acelerada metamorfosis de Heidi a Maléfica. De estos temas los medios concentrados no hablan, como tampoco lo hacen de los Panamá Papers que involucra a prominentes figuras del gobierno, comenzando por el presidente; o del “affaire” del Correo Central y el resarcimiento exigido por el Grupo Macri y tantos otros asuntos más que esa prensa que se declara “seria, independiente, objetiva” tendría que mantener bajo constante escrutinio día a día si quisiera honrar la noble profesión del periodismo.
En suma: la progresiva disolución del Estado de Derecho requiere de una prensa degradada y prostituida, cuya misión no es informar a la ciudadanía sino manipularla, engañarla y embrutecerla con mentiras y un verdadero tsunami de fake news. La división del trabajo es muy clara: la prensa se encarga de linchar mediáticamente a los indeseables y de preparar un clima de opinión adverso a esos personajes. Luego de ello el poder judicial dicta la prisión preventiva de los acusados, mientras da por bueno lo establecido en los medios, comienza a acopiar las pruebas y pone en marcha el proceso legal. El principio de que alguien es inocente hasta que se pruebe lo contrario pasó a mejor vida. La prensa se encarga de demonizar o de encubrir, según el caso. Por eso la labor de este analista político que debe sumergirse día tras día en esa cloaca maloliente se ha transformado en un trabajo insalubre que provoca indignación y repugnancia moral. Pero el esfuerzo se justifica porque permite comprender la naturaleza maligna e insanable de los gobiernos que vinieron a redimir a nuestros países de los males de la izquierda o el progresismo.
sábado, 7 de julio de 2018
Una profesora de Cifuentes: “Me callé; veía que peligraba mi vida, mi carrera y mis hijos”. Clara Souto, vocal del acta del trabajo fin de máster, asegura que ese día estaba en Galicia.
“Me callé. Me parecía que era ir en contra del mundo. Veía que peligraba mi vida, mi carrera y mis hijos”. Así, con este desgarro, la profesora de la Universidad Rey Juan Carlos Clara Souto relató a la juez Carmen Rodríguez-Medel el pasado 10 de mayo su particular vía crucis por El caso Cifuentes. Su supuesta firma aparece en el acta del trabajo de fin de máster de la expresidenta madrileña, pero ella nega su autenticidad. “No fui capaz de enfrentarme. Me veía yendo en contra de mi catedrático, , Enrique Álvarez Conde, que es una persona que le tenía confianza desde hacía 10 años y contra mis compañeras”
La firma de Souto figura en la casilla de vocal del tribunal evaluador. Ella mantiene, sin embargo, que ese 2 de julio de 2012 estaba en Galicia a cargo de sus tres sobrinos al haber enfermado su hermana. “Yo lo único que sé es que yo no estuve el día que pone en ese documento”. La juez parece creerla porque Souto es la única de las tres firmantes del acta que no está imputada.
La profesora ha encontrado un recibo del 30 de junio que atestigua que ese día estaba en Galicia, pero ninguno del 2 de julio, la fecha de autos. Pese a los seis años transcurridos, recuerda “con certeza” el momento porque el día anterior “era la final de fútbol que ganó España y sé que estábamos en Galicia viéndolo”.
Además, la relación de Souto con el máster de Derecho Público fue muy lateral. Apenas dio cuatro horas de clase un sábado del curso 2011-2012. ¿Asistió ese día la delegada del gobierno? “ Yo en ese momento no tenía conocimiento de quién era Cristina Cifuentes. Era la primera vez que daba una masterlass. Estaba muy nerviosa porque me enfrentaba a alumnos más mayores de los de normalmente”.
Souto, aún sin plaza fija y con dos hermanas trabajando como ella en el Instituto de Derecho Público (IDP), lleva años encadenando penas y ante la juez las revivió todas y se desahogó.Sus niños, hoy de dos años y medio, estuvieron delicados de salud y el pasado septiembre murió su padre. Pero asegura que nada ni nadie le ha bloqueado tanto como el caso Cifuentes.“Nunca en mi vida pensé que se me pudiese poner en una situación así”.
El acta presuntamente se falseó el 21 de marzo de 2018, el día que eldiario.es publicó la noticia. “Si mi catedrático, llevo 10 años con él, me dice que hay un problema con el máster de Derecho Público confío completamente y para solucionarlo puede contar conmigo”, relata Souto. Y prosigue estremecida: “Él nunca me ha puesto en una situación negativa como para desconfiar. Pensar que se estaba realizando….”.
Bajo esta premisa Souto dio su permiso a Álvarez Conde para usar su nombre mientras iba camino de la guardería con sus hijos. Luego, siempre según su relato, impartió clase hasta las dos, se marchó a un centro de estética, volvió a la guardería... Asegura que estuvo tan atareada que hasta las diez de la noche no entró en “shock” al verse protagonista de la historia que abría los telediarios.
“Hasta este momento tenía una relación buena de jerarquía” con Álvarez Conde, contó Souto a la juez, y por unas horas la mantuvo. Se vieron luego en casa de su “maestro” junto a sus compañeras. “Le pedí por favor que solucionase el problema, que me veía incapaz de salir públicamente y llevarle la contraria a él. (...) Le dije: me estás arruinando la vida y él en todo momento nos tranquilizaba”.
Pero su “maestro” quiso mantener la primera versión vertida a los medios -hubo un error técnico en las actas- y Souto tocó fondo la mañana que tenía que declarar en la universidad. “Me levanté absolutamente desquiciada, no había dormido, me había dado un ataque de ansiedad…”. La URJC aplazó la citación de Álvarez Conde y el catedrático Pablo Chico, pero no la de sus tres discípulas que de pronto se vieron declarando primero. “Lo que te parece es que todo va contra ti. Fui a la doctora, me dio una pastilla fuerte y la baja” . La única que habló fue su compañera Alicia López de los Mozos que negó haber firmado.
“Estoy tomando pastillas porque no soy capaz de superar esta situación. Sigo de baja. No puedo entender que te puedan hacer algo así. He venido porque necesito que se aclare esto”, confesó Souto a la juez. Sus contestaciones fueron largas y, cada poco tiempo, echaba mano de una botella de agua para calmar su desazón. No mantiene contacto con ninguno de los implicados, tan solo se cruzó un mensaje con Cecilia Rosado, su compañera, para desearse suerte cuando empezó la instruccción.
https://politica.elpais.com/politica/2018/07/04/actualidad/1530735721_353498.html
P:D: Es una situación dramática e inadmisible la que relata la noticia. En nuestra Universidad hay excelentes profesores, medianos, regulares y francamente malos. Y algunos de estos consiguen construir una especie de Reino de Taifas en pleno siglo XXI. Criticar desde afuera a profesores que se encuentran sumidos en estos reinos es fácil, a veces demasiado fácil. Sufrir su estructura y tener que aguantar sus injusticias es otra cosa, tenemos que vivir, pagar hipotecas, educar a nuestros hijos, mantener una familia,... no no es fácil. Si todo este escándalo que ha salido a la luz con Cifuentes, y que sin duda ha partido de sus propios colegas de partido como cruel venganza, sirve para limpiar aunque sea un poco ese ambiente enrarecido e injusto de algunos departamentos bienvenido sea. Si no es así la coruupción tomará más fuerza. El gobierno debe tomar cartas en el asunto y hacer lo posible e imposible por imponer transparencia en las relaciones y la verdad en el sistema. Por el bien del sistema mismo y de nuestras universidades.
La firma de Souto figura en la casilla de vocal del tribunal evaluador. Ella mantiene, sin embargo, que ese 2 de julio de 2012 estaba en Galicia a cargo de sus tres sobrinos al haber enfermado su hermana. “Yo lo único que sé es que yo no estuve el día que pone en ese documento”. La juez parece creerla porque Souto es la única de las tres firmantes del acta que no está imputada.
La profesora ha encontrado un recibo del 30 de junio que atestigua que ese día estaba en Galicia, pero ninguno del 2 de julio, la fecha de autos. Pese a los seis años transcurridos, recuerda “con certeza” el momento porque el día anterior “era la final de fútbol que ganó España y sé que estábamos en Galicia viéndolo”.
Además, la relación de Souto con el máster de Derecho Público fue muy lateral. Apenas dio cuatro horas de clase un sábado del curso 2011-2012. ¿Asistió ese día la delegada del gobierno? “ Yo en ese momento no tenía conocimiento de quién era Cristina Cifuentes. Era la primera vez que daba una masterlass. Estaba muy nerviosa porque me enfrentaba a alumnos más mayores de los de normalmente”.
Souto, aún sin plaza fija y con dos hermanas trabajando como ella en el Instituto de Derecho Público (IDP), lleva años encadenando penas y ante la juez las revivió todas y se desahogó.Sus niños, hoy de dos años y medio, estuvieron delicados de salud y el pasado septiembre murió su padre. Pero asegura que nada ni nadie le ha bloqueado tanto como el caso Cifuentes.“Nunca en mi vida pensé que se me pudiese poner en una situación así”.
El acta presuntamente se falseó el 21 de marzo de 2018, el día que eldiario.es publicó la noticia. “Si mi catedrático, llevo 10 años con él, me dice que hay un problema con el máster de Derecho Público confío completamente y para solucionarlo puede contar conmigo”, relata Souto. Y prosigue estremecida: “Él nunca me ha puesto en una situación negativa como para desconfiar. Pensar que se estaba realizando….”.
Bajo esta premisa Souto dio su permiso a Álvarez Conde para usar su nombre mientras iba camino de la guardería con sus hijos. Luego, siempre según su relato, impartió clase hasta las dos, se marchó a un centro de estética, volvió a la guardería... Asegura que estuvo tan atareada que hasta las diez de la noche no entró en “shock” al verse protagonista de la historia que abría los telediarios.
“Hasta este momento tenía una relación buena de jerarquía” con Álvarez Conde, contó Souto a la juez, y por unas horas la mantuvo. Se vieron luego en casa de su “maestro” junto a sus compañeras. “Le pedí por favor que solucionase el problema, que me veía incapaz de salir públicamente y llevarle la contraria a él. (...) Le dije: me estás arruinando la vida y él en todo momento nos tranquilizaba”.
Pero su “maestro” quiso mantener la primera versión vertida a los medios -hubo un error técnico en las actas- y Souto tocó fondo la mañana que tenía que declarar en la universidad. “Me levanté absolutamente desquiciada, no había dormido, me había dado un ataque de ansiedad…”. La URJC aplazó la citación de Álvarez Conde y el catedrático Pablo Chico, pero no la de sus tres discípulas que de pronto se vieron declarando primero. “Lo que te parece es que todo va contra ti. Fui a la doctora, me dio una pastilla fuerte y la baja” . La única que habló fue su compañera Alicia López de los Mozos que negó haber firmado.
“Estoy tomando pastillas porque no soy capaz de superar esta situación. Sigo de baja. No puedo entender que te puedan hacer algo así. He venido porque necesito que se aclare esto”, confesó Souto a la juez. Sus contestaciones fueron largas y, cada poco tiempo, echaba mano de una botella de agua para calmar su desazón. No mantiene contacto con ninguno de los implicados, tan solo se cruzó un mensaje con Cecilia Rosado, su compañera, para desearse suerte cuando empezó la instruccción.
https://politica.elpais.com/politica/2018/07/04/actualidad/1530735721_353498.html
P:D: Es una situación dramática e inadmisible la que relata la noticia. En nuestra Universidad hay excelentes profesores, medianos, regulares y francamente malos. Y algunos de estos consiguen construir una especie de Reino de Taifas en pleno siglo XXI. Criticar desde afuera a profesores que se encuentran sumidos en estos reinos es fácil, a veces demasiado fácil. Sufrir su estructura y tener que aguantar sus injusticias es otra cosa, tenemos que vivir, pagar hipotecas, educar a nuestros hijos, mantener una familia,... no no es fácil. Si todo este escándalo que ha salido a la luz con Cifuentes, y que sin duda ha partido de sus propios colegas de partido como cruel venganza, sirve para limpiar aunque sea un poco ese ambiente enrarecido e injusto de algunos departamentos bienvenido sea. Si no es así la coruupción tomará más fuerza. El gobierno debe tomar cartas en el asunto y hacer lo posible e imposible por imponer transparencia en las relaciones y la verdad en el sistema. Por el bien del sistema mismo y de nuestras universidades.
martes, 15 de mayo de 2018
Feminismo & ¿Justicia? ¿Puede la justicia ser feminista?
www.publico.es
La sentencia de la Audiencia Provincial de Navarra que absuelve a los miembros de “La Manada” de violación, tipificando el acto delictivo como un abuso sexual, constituye un indulto repugnante revelador de la íntima relación entre patriarcado e (in) justicia.
Varias de las injusticias contra las que luchan las mujeres se derivan de un patriarcalismo que permea el sistema jurídico, directamente implicado en la reproducción de la dominación masculina y la cultura patriarcal. ¿No es violación que cinco hombres penetren forzadamente a una joven? ¿Qué tipo de mentalidad es la de un juez que solo aprecia en el vídeo de la agresión "actos sexuales en un ambiente de jolgorio y regocijo"? Se trata de una sentencia propia de una justicia miope más preocupada por las reacciones de la víctima ("ni dolor ni asco, era excitación sexual") que por la conducta de los agresores.
La justicia en general y la justicia de género en particular se hallan de nuevo en entredicho en España, una justicia que no ve probada la violencia que requiere la violación, pero que sí ve probada la violencia en la organización de un referéndum pacífico. Lo grave es que no estamos ante un hecho aislado, como ponen de manifiesto otros casos recientes que destilan patriarcalismo jurídico. Me referiré a dos. El primero es el caso de las feministas encausadas de Palma, condenadas a un año de cárcel por interrumpir en 2014 con una protesta pacífica una liturgia religiosa celebrada en la parroquia de Sant Miquel.
La movilización se enmarcaba en un acto de protesta contra la reforma de la ley del aborto que preparaba el por entonces ministro de Justicia Alberto Ruiz-Gallardón. Las activistas protestaban por la influencia que la Iglesia católica tuvo en la reforma Gallardón. En 2016, la sentencia de la Audiencia Provincial de Palma las consideró autoras de un delito penal contra la libertad religiosa. Ese mismo año, el Juzgado de lo Penal número 6 de Madrid condenaba a la portavoz del Ayuntamiento de Madrid, Rita Maestre, a una multa de 4.320 euros por un delito contra los sentimientos religiosos por una protesta en 2011 en la capilla del campus de Somosaguas de la Universidad Complutense de Madrid, del que posteriormente fue absuelta.
El segundo caso es el de la apertura de juicio oral a la activista feminista Nina Parrón, Consejera de Igualdad del Consell Insular de Mallorca. Parrón se enfrenta a un supuesto delito de injurias y calumnias con publicidad contra Jorge Skibinsky, presidente de la Asociación de Padres de Familias Separados de Baleares, quien, en una carta publicada en julio de 2016 en un rotativo local, negaba que el asesinato de Xue Sandra por parte de su expareja fuera una “acción machista”, sino que se trataba de un “crimen pasional” motivado por la “incapacidad del agresor de aceptar que su pareja iba a dejarle”.
Parrón denunció el caso ante la Fiscalía, que archivó la denuncia. A su salida declaró ante los medios de comunicación que las palabras de Skibinsky podían ser constitutivas de un posible delito de apología de la violencia machista. Skibinsky interpuso una querella criminal contra Parrón por calumnias e injurias con publicidad, alegando que las declaraciones habían generado un “clima de tensión” y una “animadversión injusta” contra él. El Juzgado de Instrucción número 8 de Palma impuso recientemente a Parrón una fianza civil de 30.000 euros a la espera de que se celebre el juicio oral.
¿Cómo es posible que quien defiende desde las instituciones públicas los derechos de las mujeres pueda llegar a ser condenada a raíz de una querella de quien reduce un problema estructural como la violencia de género a un episodio de obsesión y enajenación personal?.
El caso de Nina Parrón recuerda a la justicia invertida de la que habla Lewis Carroll en Alicia a través del espejo, que primero sentencia y después juzga. Ambos casos tienen un denominador común: la denuncia de alguna forma de violencia contra las mujeres, pero también ambos presentan contenidos perturbadores para la libertad de expresión, en estado crítico en España tras sentencias como las de Valtonyc, Pablo Hasel, César Strawberry, Cassandra Vera, el caso de los titiriteros, el secuestro del libro Fariña sobre el narcotráfico gallego y la retirada de la obra “Presos políticos” de Arco.
El caso de Parrón es un suma y sigue: representa una mordaza del patriarcado que limita la libertad de expresión, a la par que un aviso para que las feministas anden con pies de plomo y abanderen sus convicciones de forma silenciosa. Sin embargo, conviene situar el retroceso actual de la libertad de expresión en España en el contexto más amplio de la escalada represiva diseñada para silenciar los movimientos sociales, sobre todo a raíz de las movilizaciones que surgieron del 15M, cuya respuesta institucional fue la aprobación de Ley de Seguridad Ciudadana (más conocida como Ley Mordaza) por el Gobierno de Rajoy en 2015.
Las políticas de austeridad que la Unión Europea y el Gobierno español adoptaron en respuesta a la crisis forman parte de una misma estrategia neoliberal y conservadora que criminaliza el activismo social y limita la libertad de expresión. Se trata de una estrategia que combina austeridad y represión para garantizar los beneficios del capital financiero mediante las crisis que genera.
En este contexto, urge reformular la pregunta que se hacía Boaventura de Sousa (“¿puede el derecho ser emancipador?”) de este modo: ¿puede el sistema de justicia ser un instrumento de lucha emancipadora de las mujeres? ¿Puede el derecho dejar de ser un producto de la cultura machista y sexista hegemónica al servicio de la dominación patriarcal que trata a las mujeres como el “segundo sexo”, según la conocida expresión de Simone de Beauvoir?.
Cabe cuestionar de raíz la teoría jurídica, poniendo en tela de juicio los presupuestos e intereses que asume, así como poner en jaque el modo en el que el derecho se aplica, todavía por medio de instituciones que, aunque contemplen las demandas de las mujeres, siguen estando moldeadas por la ideología patriarcal.
Necesitamos un derecho articulado con los conocimientos y los movimientos feministas: ¿por qué en las Facultades de Derecho de las universidades públicas no hay asignaturas de jurisprudencia feminista y sí de Derecho eclesiástico del Estado?.
Un derecho con más acciones de sensibilización, formación y sobre todo de movilización de los juristas comprometidos con el cambio social progresista.
Los platos en equilibrio de la balanza de Temis, la diosa de la justicia en la mitología griega, indican que no hay diferencias entre las personas cuando se juzgan sus aciertos y errores. Desgraciadamente, los hijos del patriarcado han desequilibrado una vez más los platos de la justicia a su favor.
Fuente: http://blogs.publico.es/dominiopublico/25670/puede-la-justicia-ser-feminista/
viernes, 27 de abril de 2018
En Madrid las concentradas tomaron la Gran Vía, mientras multitudinarias movilizaciones se repetían en decenas de ciudades españolas. Una marea feminista dicta su sentencia en la calle: "No es abuso, es violación".
eldiario.es
La rabia feminista organizada en la calle. Un grito de furia colectiva se percibió en los ojos de las mujeres que ayer por la tarde decidieron tomar la calle contra la sentencia dictada este jueves que condena a los miembros de 'la manada'. La convocatoria, que ya circulaba en redes sociales desde el miércoles, tomó fuerza tras la lectura pública del fallo, que rebajó los hechos a un delito de abuso sexual, al entender los magistrados que no hubo violencia ni intimidación.
Las protestas se sucedieron por varias ciudades de España tras oír el fallo pronunciado por el presidente de la Sección Segunda de la Audiencia Nacional, José Francisco Cobo, que leyó la sentencia pasadas las 13.00 horas. En ella, condena a los cinco miembros de 'la manada' por un delito continuado de abuso sexual con prevalimiento. Esto es, aprovechándose el agresor de una situación de superioridad manifiesta que coarta la libertad de la víctima.
Les ha absuelto así del delito de agresión sexual, que pedía la Fiscalía y la acusación particular. Y es que el tribunal ha entendido que no medió violencia ni intimidación en los hechos ocurridos el 7 de julio de 2016, cuando una joven denunció haber sido agredida en un portal de la calle pamplonesa Paulino Caballero. La sentencia considera que no hubo agresión sexual porque no hubo una violencia física explícita.
Pamplona, la ciudad donde se produjeron los hechos, fue una de las que más se volcó en esta concentración. Miles de personas marchaban ya a las siete de la tarde por las calles del Casco Viejo. Tanto el Ayuntamiento como el Gobierno foral fueron acusación particular. Centenares de personas coreaban la misma frase que servía de lema en el resto de movilizaciones, la sentencia en la calle: "No es abuso, es violación".
En Madrid, pasadas las 19.30 las aceras de la calle San Bernardo ya estaban repletas de mujeres para mostrar su apoyo a la víctima. Unos minutos más tarde, se echaron al centro de la vía y la Policía Nacional cortó el paso de los vehículos. "Si no nos matan, nadie nos cree", gritaban. Elia y Ester tienen 20 y 19 años respectivamente, y aseguraron que "saliera lo que saliera" ya habían decidido acudir a la concentración en la capital. "No estar es ser cómplice con el sistema" dice Ester, que enseña un cartel morado en el que se lee "Os da más reparo sentenciar una violación que cometerla".
El carácter multitudinario de la concentración ya se observaba en las calles aledañas, repletas de gente que se unían a una misma reivindicación: "Sola, borracha, quiero llegar a casa". Y es que el juicio a 'la manada' ponía en juego varios conceptos sociales y judiciales, entre ellos, qué se entiende por consentimiento o por violencia. Un fallo muy esperado que no contentó a los colectivos feministas. Se notó la fuerza del pasado 8M, el golpe en la mesa que sacó de casa a miles de mujeres en toda España en una jornada histórica de movilización. "Luego diréis que somos cinco o seis", gritaron. Son más, muchas más mujeres y hombres que acompañaban los que le están echando un pulso al machismo y a la "justicia sexista", lo llaman, desde la calle.
En Barcelona, la Plaza Sant Jaume se llenó de gritos como "yo te creo" o "si nos tocan a una nos tocan a todas", uno de los lemas que ya se escucharon en la primera marcha que se celebró en noviembre en apoyo de la víctima de 'la manada'. "Hemos venido aquí a expresar nuestra indignación por una sentencia que no solo es injusta, sino que nos dice que es incapaz de reconocer una violación", expresó Montse Pineda, activista en la entidad Creación Positiva, una de las organizadoras de la protesta.
Las mujeres también se concentraron en Valencia, en una plaza del Ayuntamiento a rebosar que cantaba "Tranquila, hermana, aquí está tu manada" y "Si toquen a una ens toquen a totes" ("si nos tocan a una nos tocan a todas"). "Jueces machistas" fur otro de los lemas más coreados en Sevilla, que también se unió, como casi todas las ciudades españolas, a esta movilización contra la sentencia y a favor de la protección de la mujer ante las violencias sexuales.
En Bilbao, las personas congregadas, que cortaron el tráfico en la calle Buenos Aires, corearon eslóganes como "No estás sola, te queremos". "Es algo así como si todas nos sintiéramos interpeladas por esto. No es solo la víctima de sanfermines, es que muchas mujeres hemos vivido agresiones sexuales a lo largo de nuestra vida. Y eso es una vulneración de derechos", contaba convencida Ángela desde Madrid, que hizo hincapié en el cuestionamiento al que se enfrentan las victimas de violencia sexual. Un clima de sospecha y de duda que pisotearon las asistentes en un clamor colectivo. El poder de convocatoria del movimiento feminista hizo que apenas se pudiera acceder a las puertas del Ministerio de Justicia y la Policía tuviera que cerrar las bocas del Metro que permitían llegar a la sede de un ministerio, clamaban, en el que "no hay justicia".
Teresa señalaba y miraba para los lados para hablar "de la gente joven", con la que asegura que está "muy emocionada" porque "se han sumado al feminismo de una manera que antes no ocurría". Lo dijo recordando los 8M de hace años, cuando "se tenía más miedo". Y es que el movimiento feminista se ha revitalizado en los últimos años con mujeres jóvenes, que, desde los colegios y universidades, han dado un impulso. "Aquí estamos las feministas", gritaban entre palmas.
Poco después, la concentración se convirtió espontáneamente en marcha y las feministas caminaron por Gran Vía escoltadas por la Policía Nacional. A la altura de Callao, un par de furgones policiales cortaron la arteria madrileña y la manifestación se partió por calles aledañas con el grito "Aquí estamos las feministas".
La sentencia de las mujeres fue unánime en las calles de España: "No es abuso, es violación".
Fuente: http://www.eldiario.es/sociedad/Feministas-sentencia-manada_0_765024432.html
sábado, 14 de abril de 2018
14 de abril, memoria, verdad, justicia y reparación
Enrique Javier Díez Gutiérrez
El Presidente del Gobierno del Partido Popular, que hace unos días envió a cuatro ministros a cantar a voz en cuello en la calle como novios de la muerte, homenajeó en Argentina a las víctimas de la dictadura de ese país. Lo hace el presidente de un país que tiene todavía a las de nuestra dictadura en las cunetas y acaba de oponerse su partido en el Congreso a exhumar los restos de Franco del Valle de los Caídos, dignificar a las víctimas enterradas allí y convertirlo en un centro nacional de la memoria. Rajoy recorrió en Buenos Aires el Parque de la Memoria y lanzó al río de la Plata una ofrenda floral en honor a los asesinados. El Parque de la Memoria es uno de los denominados “lugares de la memoria”, un espacio público que recuerda a las víctimas del terrorismo de Estado. Contrasta radicalmente con el Valle de los Caídos en España, donde se rinde honor a Francisco Franco y donde permanecen sepultados cientos de restos de represaliados sin identificar y que funciona en la práctica como un monumento al franquismo. Contrasta con Argentina, donde uno de los principales centros ilegales de detención de la dictadura, la Escuela de Mecánica de la Armada, ha sido convertida en un "espacio de memoria" en el que se explican los crímenes cometidos por el gobierno militar, los procesos judiciales, se recogen testimonios de los supervivientes y se organizan visitas en las que personas que estuvieron confinadas allí cuentan su experiencia.
Por eso Argentina es considerada un ejemplo mundial en la recuperación de la memoria histórica y la reivindicación de los derechos de las víctimas de la dictadura militar que asoló el país. Aunque los juicios a las Juntas Militares que condenaron a la cabeza del régimen, tras la recuperación de la democracia, fueron empañados por las posteriores leyes de Punto Final y Obediencia Debida, además de los indultos del gobierno de Carlos Menem, sin embargo, desde 2005 el país se ha embarcado en un proceso de reapertura de las causas judiciales, que ha supuesto la derogación de esas leyes exculpatorias y también de los indultos, juzgando cientos de crímenes de lesa humanidad.
De ahí el contraste con un presidente de un gobierno que escribe en el memorial una pequeña carta donde muestra “mi testimonio de admiración y mi reconocimiento a todos los que dieron su vida por la libertad y los derechos de todos”. Y cuyo silencio pasmoso, cuando un periodista argentino le preguntó qué iba a hacer con las víctimas del franquismo, muestra claramente la política de su partido respecto a la memoria histórica, dado que su partido es heredero del franquismo y se ha negado sistemática y reiteradamente a condenar los crímenes de la dictadura franquista.
Más que por acudir a los lugares de la memoria, Rajoy ha sido criticado por su “hipocresía” al alabar a las víctimas de la dictadura argentina, pero menospreciar, e incluso obviar, a las españolas, recordándole su partida de 0 euros durante muchos años seguidos para memoria histórica en los presupuestos o que el Estado sigua financiando y permitiendo las actividades de la Fundación Francisco Franco.
De hecho, las principales organizaciones de derechos humanos argentinas –Abuelas de Plaza de Mayo, Madres de Plaza de Mayo Línea Fundadora, CELS y la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos, entre otros– se han negado a acompañar a Rajoy en su visita, plantándole. Todos estas asociaciones y organismos defensores de los derechos humanos le hicieron llegar una carta en la que le exigían que se juzguen los crímenes cometidos durante el franquismo y que “contribuya a la Memoria, Verdad y Justicia” de las víctimas de la dictadura.
También le reclamaron que “adopte las medidas necesarias” para que “el Estado español extradite” a exfuncionarios y antiguos miembros de las fuerzas de seguridad españoles imputados en la causa que desde hace ocho años encabeza la jueza federal María Servini de Cubría y en la cual aparece el exministro leonés Rodolfo Martín Villa, que ocupó diversos altos cargos a lo largo de los años del régimen dictatorial franquista, investigado por delitos de lesa humanidad por los "sucesos de Vitoria" de 1976, cuando él era ministro de Relaciones Sindicales, en los que la represión policial de una concentración de trabajadores dejó cinco muertos, así como por estar acusado de ser responsable de otros seis asesinatos cometidos en operativos policiales cuando era titular del Ministerio de la Gobernación, cartera entonces encargada de las fuerzas de seguridad del Estado.
Pero el gobierno Rajoy lo ha impedido anulando la legislación española que aplicaba el principio de la jurisdicción internacional para juzgar crímenes de lesa humanidad, por el que España se había convertido en pionera en materia de derechos humanos a nivel internacional.
Todos estos graves hechos, que marcan la política del Partido Popular y del Gobierno Rajoy, han llevado a que el Relator Especial de Naciones Unidas sobre la promoción de la Verdad, la Justicia, la Reparación y las Garantías de No Repetición, se haya pronunciado en 2017 recordándole a España que "el Estado debe atender de forma urgente los reclamos de las víctimas de la guerra civil y del franquismo". El relator señaló como prioridad las exhumaciones, el Valle de los Caídos y la nulidad de las sentencias arbitrarias adoptadas durante la Guerra Civil y el franquismo.
Por eso las asociaciones de memoria histórica seguimos luchando por la verdad, la justicia y la reparación y celebramos cada 14 de abril en el Cementerio de León la memoria, la dignidad, la lucha y los valores por los que dieron su vida tantos luchadores antifranquistas y republicanos que fueron asesinados por la dictadura que el PP se niega siquiera a condenar. Este año además se iniciarán los actos de homenaje en el Campo de Tiro de Puente Castro a las 11 horas, recordando el lugar de la memoria donde fueron asesinados masivamente tantos defensores de la democracia republicana.
El homenaje continuará posteriormente, a las 12 horas, como todos los años en el Cementerio de León, conducido por Eloina Terrón, Coordinadora Provincial de Izquierda Unida de León, donde participarán como ponente principal Maite Mola, Vicepresidenta del Partido de la Izquierda Europea que hará el discurso inicial; a continuación, intervendrá José Sarrión, Procurador en las Cortes de CyL de Izquierda Unida; y posteriormente asumirá la palabra Ana Marcello, diputada nacional de Unidos Podemos. Finalmente tomarán la voz diversos poetas y cantautores que pondrán palabras, música y poesía a la dignidad.
Este acto anual rinde tributo a la memoria de aquellos que fueron represaliados por la defensa de la legalidad republicana y de una sociedad más justa y democrática, sí, pero también es una mirada al futuro compartiendo la lucha y los valores por una República de justicia y dignidad para toda la humanidad que es su legado y nuestro compromiso, transformando el olvido y no-memoria propiciado por la dictadura, en un espacio de impulso para seguir luchando por una tercera república de la justicia social, el trabajo digno y la solidaridad.
Enrique Javier Díez Gutiérrez. Vicepresidente del Foro por la Memoria de León
El Presidente del Gobierno del Partido Popular, que hace unos días envió a cuatro ministros a cantar a voz en cuello en la calle como novios de la muerte, homenajeó en Argentina a las víctimas de la dictadura de ese país. Lo hace el presidente de un país que tiene todavía a las de nuestra dictadura en las cunetas y acaba de oponerse su partido en el Congreso a exhumar los restos de Franco del Valle de los Caídos, dignificar a las víctimas enterradas allí y convertirlo en un centro nacional de la memoria. Rajoy recorrió en Buenos Aires el Parque de la Memoria y lanzó al río de la Plata una ofrenda floral en honor a los asesinados. El Parque de la Memoria es uno de los denominados “lugares de la memoria”, un espacio público que recuerda a las víctimas del terrorismo de Estado. Contrasta radicalmente con el Valle de los Caídos en España, donde se rinde honor a Francisco Franco y donde permanecen sepultados cientos de restos de represaliados sin identificar y que funciona en la práctica como un monumento al franquismo. Contrasta con Argentina, donde uno de los principales centros ilegales de detención de la dictadura, la Escuela de Mecánica de la Armada, ha sido convertida en un "espacio de memoria" en el que se explican los crímenes cometidos por el gobierno militar, los procesos judiciales, se recogen testimonios de los supervivientes y se organizan visitas en las que personas que estuvieron confinadas allí cuentan su experiencia.
Por eso Argentina es considerada un ejemplo mundial en la recuperación de la memoria histórica y la reivindicación de los derechos de las víctimas de la dictadura militar que asoló el país. Aunque los juicios a las Juntas Militares que condenaron a la cabeza del régimen, tras la recuperación de la democracia, fueron empañados por las posteriores leyes de Punto Final y Obediencia Debida, además de los indultos del gobierno de Carlos Menem, sin embargo, desde 2005 el país se ha embarcado en un proceso de reapertura de las causas judiciales, que ha supuesto la derogación de esas leyes exculpatorias y también de los indultos, juzgando cientos de crímenes de lesa humanidad.
De ahí el contraste con un presidente de un gobierno que escribe en el memorial una pequeña carta donde muestra “mi testimonio de admiración y mi reconocimiento a todos los que dieron su vida por la libertad y los derechos de todos”. Y cuyo silencio pasmoso, cuando un periodista argentino le preguntó qué iba a hacer con las víctimas del franquismo, muestra claramente la política de su partido respecto a la memoria histórica, dado que su partido es heredero del franquismo y se ha negado sistemática y reiteradamente a condenar los crímenes de la dictadura franquista.
Más que por acudir a los lugares de la memoria, Rajoy ha sido criticado por su “hipocresía” al alabar a las víctimas de la dictadura argentina, pero menospreciar, e incluso obviar, a las españolas, recordándole su partida de 0 euros durante muchos años seguidos para memoria histórica en los presupuestos o que el Estado sigua financiando y permitiendo las actividades de la Fundación Francisco Franco.
De hecho, las principales organizaciones de derechos humanos argentinas –Abuelas de Plaza de Mayo, Madres de Plaza de Mayo Línea Fundadora, CELS y la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos, entre otros– se han negado a acompañar a Rajoy en su visita, plantándole. Todos estas asociaciones y organismos defensores de los derechos humanos le hicieron llegar una carta en la que le exigían que se juzguen los crímenes cometidos durante el franquismo y que “contribuya a la Memoria, Verdad y Justicia” de las víctimas de la dictadura.
También le reclamaron que “adopte las medidas necesarias” para que “el Estado español extradite” a exfuncionarios y antiguos miembros de las fuerzas de seguridad españoles imputados en la causa que desde hace ocho años encabeza la jueza federal María Servini de Cubría y en la cual aparece el exministro leonés Rodolfo Martín Villa, que ocupó diversos altos cargos a lo largo de los años del régimen dictatorial franquista, investigado por delitos de lesa humanidad por los "sucesos de Vitoria" de 1976, cuando él era ministro de Relaciones Sindicales, en los que la represión policial de una concentración de trabajadores dejó cinco muertos, así como por estar acusado de ser responsable de otros seis asesinatos cometidos en operativos policiales cuando era titular del Ministerio de la Gobernación, cartera entonces encargada de las fuerzas de seguridad del Estado.
Pero el gobierno Rajoy lo ha impedido anulando la legislación española que aplicaba el principio de la jurisdicción internacional para juzgar crímenes de lesa humanidad, por el que España se había convertido en pionera en materia de derechos humanos a nivel internacional.
Todos estos graves hechos, que marcan la política del Partido Popular y del Gobierno Rajoy, han llevado a que el Relator Especial de Naciones Unidas sobre la promoción de la Verdad, la Justicia, la Reparación y las Garantías de No Repetición, se haya pronunciado en 2017 recordándole a España que "el Estado debe atender de forma urgente los reclamos de las víctimas de la guerra civil y del franquismo". El relator señaló como prioridad las exhumaciones, el Valle de los Caídos y la nulidad de las sentencias arbitrarias adoptadas durante la Guerra Civil y el franquismo.
Por eso las asociaciones de memoria histórica seguimos luchando por la verdad, la justicia y la reparación y celebramos cada 14 de abril en el Cementerio de León la memoria, la dignidad, la lucha y los valores por los que dieron su vida tantos luchadores antifranquistas y republicanos que fueron asesinados por la dictadura que el PP se niega siquiera a condenar. Este año además se iniciarán los actos de homenaje en el Campo de Tiro de Puente Castro a las 11 horas, recordando el lugar de la memoria donde fueron asesinados masivamente tantos defensores de la democracia republicana.
El homenaje continuará posteriormente, a las 12 horas, como todos los años en el Cementerio de León, conducido por Eloina Terrón, Coordinadora Provincial de Izquierda Unida de León, donde participarán como ponente principal Maite Mola, Vicepresidenta del Partido de la Izquierda Europea que hará el discurso inicial; a continuación, intervendrá José Sarrión, Procurador en las Cortes de CyL de Izquierda Unida; y posteriormente asumirá la palabra Ana Marcello, diputada nacional de Unidos Podemos. Finalmente tomarán la voz diversos poetas y cantautores que pondrán palabras, música y poesía a la dignidad.
Este acto anual rinde tributo a la memoria de aquellos que fueron represaliados por la defensa de la legalidad republicana y de una sociedad más justa y democrática, sí, pero también es una mirada al futuro compartiendo la lucha y los valores por una República de justicia y dignidad para toda la humanidad que es su legado y nuestro compromiso, transformando el olvido y no-memoria propiciado por la dictadura, en un espacio de impulso para seguir luchando por una tercera república de la justicia social, el trabajo digno y la solidaridad.
Enrique Javier Díez Gutiérrez. Vicepresidente del Foro por la Memoria de León
viernes, 2 de marzo de 2018
Elogio de la bondad
Daniel Raventós, Julie Wark
Julie Wark y Daniel Raventós han escrito un libro que Counterpunch acaba de publicar en enero de 2018 con el título de Against Charity. Están previstas las traducciones al catalán y al castellano. Ofrecemos a continuación la traducción del prefacio de Against Charity.
La palabra inglesa kind (tipo, clase)—palabra raíz de kindness (bondad)—en inglés antiguo cynd(e), es de origen germánico y está relacionada con kin (familiares). El sentido original era naturaleza o característica innata, por lo que vino a significar una clase de algo, distinguido por sus características innatas y, para el siglo XIV, cortesía o acciones nobles que expresaban el sentimiento que los familiares o semejantes tienen entre sí. Hay un sentido de igualdad forjado en esta palabra. También de fraternidad. Y de respeto.
La caridad, al menos en su forma institucional, casi ha dejado atrás sus muy tempranos significados de la bondad en sus sentidos de "disposición para hacer el bien" y "buenos sentimientos, buena voluntad y amabilidad" para asumir su forma actual de relación entre el que da y el que recibe, que es desigual porque el receptor no está en posición de corresponder. Pero todavía se presenta generalmente como bondad, o como una forma de enmascarar la poco amable (unkind) disparidad construida en la relación y, a veces, quizás, expresando el deseo de que nunca haya renunciado a su pasado más amable. Por ejemplo, Jack London escribía: “Un hueso para el perro no es caridad. La caridad es el hueso compartido con el perro cuando estás tan hambriento como el perro”. La “caridad” que describe se remonta a los orígenes y se parece más a la bondad que a la caridad tal y como la conocemos porque sugiere igualdad, una suerte de familiaridad o parentesco (kinship) en el hambre entre el que da y el perro. Y tal vez el perro pueda corresponder al hombre dándole calor.
El tipo de caridad más habitual, la que ha sido institucionalizada, es de la que habla Chinua Achebe en su Anthills of the Savannah: “Mientras llevamos a cabo nuestras buenas obras, no olvidemos que la solución real reside en un mundo donde la caridad se habrá vuelto innecesaria”. Este es, por desgracia, el tipo de caridad que se ha vuelto casi sacrosanta, el tipo de caridad que atrae la atención sobre lo diferente, y se enmascara como bondad cuando generalmente beneficia al donante más que a quien recibe. Una de las revelaciones menos jugosas de las grabaciones de Lady Di recientemente lanzadas es que, cuando se le preguntó por qué participaba en obras de caridad, se ríe y dice: “¡No tengo nada más que hacer!”. Demasiado para los destinatarios.
Dado que, en su sentido más antiguo, la bondad (kindness: el tratamiento otorgado a los familiares o a los miembros de una comunidad de semejantes) se ocupa del bien de los familiares y de la comunidad, Aristóteles nos dice en el primer parágrafo de la Política: “Todo estado es una comunidad de algún tipo, y cada comunidad se establece con miras a algún bien [...] Pero si todas las comunidades aspiran a algún bien, el estado o la comunidad política que es superior, y que abarca a todas las demás, apunta al bien en mayor grado que cualquier otra, y al más alto bien”. Hoy en día, sin embargo, la palabra operativa en política es “división”, el gran abismo entre los muy ricos y la gran cantidad de pobres, la división entre hombres y mujeres, ciudadanos y refugiados, negros y blancos, el enfrentamiento de un grupo étnico contra otro, una religión contra las otras, el “progreso” contra el planeta, lo privado contra lo público, y así sucesivamente. El gobierno, y especialmente la Administración Trump, está incitando a la división en beneficio de unos pocos poderosos en lo que equivale a una guerra abierta contra la esfera pública, lo público en sí y el bien público. La caridad institucional, que enriquece aún más a los millonarios y multimillonarios exentos de impuestos mientras reparten su filantropía entre sus proyectos preferidos, solo contribuye a sostener esta división.
La historia, por supuesto, y los estudios psicológicos -siendo el experimento de Milgram uno de los más notorios- han mostrado cómo en un contexto autoritario y egocéntrico, seres humanos aparentemente razonables pueden llegar a ser insensibilizados ante el sufrimiento de los otros y actuar cruelmente entre sí. El coste psicológico de esta insensibilización sobre los perpetradores o los instrumentos humanos de falta de amabilidad o la crueldad (unkindness) (donde kind se toma como adjetivo [bondadoso] y sustantivo [semejantes]) no recibe mucha atención, pero, por poner un ejemplo, el Centro RAND para Investigación de Políticas de Salud Militar estima que el 20% de los veteranos que sirvieron en Irak o Afganistán sufren depresión grave o trastorno de estrés postraumático. Ser cruel (unkind) y, por tanto, actuar en contra de la propia familia humana (kin), no es bueno para los humanos. Sin embargo, la misantropía sistemática de líderes políticos para quienes la gente común tiene escaso valor, y los multimillonarios que no son personas como nosotros, sino que se pavonean como personajes extravagantes que hacen extrañas declaraciones en sus demostraciones de irrealidad [i], insensibilizan a naciones enteras ante la difícil situación de los demás, llevando, a nivel individual, a crímenes de odio, ataques racistas y un resurgimiento de la extrema derecha, y a nivel nacional, a los que imponen políticas de austeridad que, con conocimiento de causa (y sólo hace falta leer las memorias recientes de Yanis Varoufakis, Comportarse como adultos, para ver lo bien que conocen la causa) destruyen millones de vidas, y a gobiernos que están gastando miles de millones de dólares para dañar a refugiados e inmigrantes, para vergüenza y angustia de muchos ciudadanos ante este tratamiento de nuestros semejantes.
La compulsión terrible y estúpida de la vida capitalista está, en nombre de la libertad, restringiendo cada vez más nuestras opciones de elección de vida y estrangulando nuestra capacidad para apreciar la belleza de nuestro planeta y aprender de otras especies más humildes hasta tal punto que lo estamos matando todo sin pensar, con tal de obtener bienes de consumo innecesarios e idiotas distracciones. Los científicos están hablando de una Sexta Extinción. Si no somos capaces de reconocernos y respetarnos mutuamente, reclamar nuestra especie (kin), nuestra familia humana, reconocer a todos los seres humanos como nuestros parientes, y practicar la bondad (kindness) con nuestros semejantes y otras especies animales y vegetales no tan semejantes con las que compartimos el planeta, la alternativa a la que nos dirigimos es realmente aterradora.
Nuestro título es Against Charity, pero podría ser igualmente "For Kindness" (también en el sentido común de reconocer a todos, a cada uno, de nuestro tipo), que de hecho sería un llamado por los derechos humanos universales y sus tres grandes principios de libertad, justicia y dignidad. Casi cualquier ser humano dirá que él o ella aspira a tenerlos y disfrutarlos. Pero no pueden ser dados por la caridad porque la igualdad y la fraternidad son sus otras dos cualidades esenciales. Solo pueden ser efectivos cuando reconocemos que todos somos parientes (kin). Y cuando actuamos en (y para el bien de la) especie. Entonces, al escribir este libro, no nos limitamos a revelar la caridad como la estafa de "bondad" (kindness) que es, sino que también hemos descrito los medios por los cuales podemos ser más amables (kinder) entre nosotros como criaturas, -como familiares -que comparten el mismo planeta.
Tal medida debería ser universal. Nadie puede ser excluido o tratado como diferente. Una renta básica universal e incondicional no es una quimera. En términos económicos, es perfectamente factible. Y podría garantizar el derecho a existir absolutamente de todos. La pobreza podría ser abolida y la violencia de lo que Pankaj Mishra describe en su reciente libro La edad de la ira como una pandemia global de ira podría al menos atenuarse. Con una renta básica universal e incondicional, sería posible compartir los valores de libertad, justicia y dignidad con toda nuestra familia humana por el simple hecho de respetar el derecho básico (o “primer derecho”) de la existencia material. Si pudiéramos lograrlo, la caridad sería innecesaria y podría sentar las bases para que la amabilidad y la bondad (kindness) prevalezcan.
http://www.sinpermiso.info/textos/elogio-de-la-bondad
Julie Wark y Daniel Raventós han escrito un libro que Counterpunch acaba de publicar en enero de 2018 con el título de Against Charity. Están previstas las traducciones al catalán y al castellano. Ofrecemos a continuación la traducción del prefacio de Against Charity.
La palabra inglesa kind (tipo, clase)—palabra raíz de kindness (bondad)—en inglés antiguo cynd(e), es de origen germánico y está relacionada con kin (familiares). El sentido original era naturaleza o característica innata, por lo que vino a significar una clase de algo, distinguido por sus características innatas y, para el siglo XIV, cortesía o acciones nobles que expresaban el sentimiento que los familiares o semejantes tienen entre sí. Hay un sentido de igualdad forjado en esta palabra. También de fraternidad. Y de respeto.
La caridad, al menos en su forma institucional, casi ha dejado atrás sus muy tempranos significados de la bondad en sus sentidos de "disposición para hacer el bien" y "buenos sentimientos, buena voluntad y amabilidad" para asumir su forma actual de relación entre el que da y el que recibe, que es desigual porque el receptor no está en posición de corresponder. Pero todavía se presenta generalmente como bondad, o como una forma de enmascarar la poco amable (unkind) disparidad construida en la relación y, a veces, quizás, expresando el deseo de que nunca haya renunciado a su pasado más amable. Por ejemplo, Jack London escribía: “Un hueso para el perro no es caridad. La caridad es el hueso compartido con el perro cuando estás tan hambriento como el perro”. La “caridad” que describe se remonta a los orígenes y se parece más a la bondad que a la caridad tal y como la conocemos porque sugiere igualdad, una suerte de familiaridad o parentesco (kinship) en el hambre entre el que da y el perro. Y tal vez el perro pueda corresponder al hombre dándole calor.
El tipo de caridad más habitual, la que ha sido institucionalizada, es de la que habla Chinua Achebe en su Anthills of the Savannah: “Mientras llevamos a cabo nuestras buenas obras, no olvidemos que la solución real reside en un mundo donde la caridad se habrá vuelto innecesaria”. Este es, por desgracia, el tipo de caridad que se ha vuelto casi sacrosanta, el tipo de caridad que atrae la atención sobre lo diferente, y se enmascara como bondad cuando generalmente beneficia al donante más que a quien recibe. Una de las revelaciones menos jugosas de las grabaciones de Lady Di recientemente lanzadas es que, cuando se le preguntó por qué participaba en obras de caridad, se ríe y dice: “¡No tengo nada más que hacer!”. Demasiado para los destinatarios.
Dado que, en su sentido más antiguo, la bondad (kindness: el tratamiento otorgado a los familiares o a los miembros de una comunidad de semejantes) se ocupa del bien de los familiares y de la comunidad, Aristóteles nos dice en el primer parágrafo de la Política: “Todo estado es una comunidad de algún tipo, y cada comunidad se establece con miras a algún bien [...] Pero si todas las comunidades aspiran a algún bien, el estado o la comunidad política que es superior, y que abarca a todas las demás, apunta al bien en mayor grado que cualquier otra, y al más alto bien”. Hoy en día, sin embargo, la palabra operativa en política es “división”, el gran abismo entre los muy ricos y la gran cantidad de pobres, la división entre hombres y mujeres, ciudadanos y refugiados, negros y blancos, el enfrentamiento de un grupo étnico contra otro, una religión contra las otras, el “progreso” contra el planeta, lo privado contra lo público, y así sucesivamente. El gobierno, y especialmente la Administración Trump, está incitando a la división en beneficio de unos pocos poderosos en lo que equivale a una guerra abierta contra la esfera pública, lo público en sí y el bien público. La caridad institucional, que enriquece aún más a los millonarios y multimillonarios exentos de impuestos mientras reparten su filantropía entre sus proyectos preferidos, solo contribuye a sostener esta división.
La historia, por supuesto, y los estudios psicológicos -siendo el experimento de Milgram uno de los más notorios- han mostrado cómo en un contexto autoritario y egocéntrico, seres humanos aparentemente razonables pueden llegar a ser insensibilizados ante el sufrimiento de los otros y actuar cruelmente entre sí. El coste psicológico de esta insensibilización sobre los perpetradores o los instrumentos humanos de falta de amabilidad o la crueldad (unkindness) (donde kind se toma como adjetivo [bondadoso] y sustantivo [semejantes]) no recibe mucha atención, pero, por poner un ejemplo, el Centro RAND para Investigación de Políticas de Salud Militar estima que el 20% de los veteranos que sirvieron en Irak o Afganistán sufren depresión grave o trastorno de estrés postraumático. Ser cruel (unkind) y, por tanto, actuar en contra de la propia familia humana (kin), no es bueno para los humanos. Sin embargo, la misantropía sistemática de líderes políticos para quienes la gente común tiene escaso valor, y los multimillonarios que no son personas como nosotros, sino que se pavonean como personajes extravagantes que hacen extrañas declaraciones en sus demostraciones de irrealidad [i], insensibilizan a naciones enteras ante la difícil situación de los demás, llevando, a nivel individual, a crímenes de odio, ataques racistas y un resurgimiento de la extrema derecha, y a nivel nacional, a los que imponen políticas de austeridad que, con conocimiento de causa (y sólo hace falta leer las memorias recientes de Yanis Varoufakis, Comportarse como adultos, para ver lo bien que conocen la causa) destruyen millones de vidas, y a gobiernos que están gastando miles de millones de dólares para dañar a refugiados e inmigrantes, para vergüenza y angustia de muchos ciudadanos ante este tratamiento de nuestros semejantes.
La compulsión terrible y estúpida de la vida capitalista está, en nombre de la libertad, restringiendo cada vez más nuestras opciones de elección de vida y estrangulando nuestra capacidad para apreciar la belleza de nuestro planeta y aprender de otras especies más humildes hasta tal punto que lo estamos matando todo sin pensar, con tal de obtener bienes de consumo innecesarios e idiotas distracciones. Los científicos están hablando de una Sexta Extinción. Si no somos capaces de reconocernos y respetarnos mutuamente, reclamar nuestra especie (kin), nuestra familia humana, reconocer a todos los seres humanos como nuestros parientes, y practicar la bondad (kindness) con nuestros semejantes y otras especies animales y vegetales no tan semejantes con las que compartimos el planeta, la alternativa a la que nos dirigimos es realmente aterradora.
Nuestro título es Against Charity, pero podría ser igualmente "For Kindness" (también en el sentido común de reconocer a todos, a cada uno, de nuestro tipo), que de hecho sería un llamado por los derechos humanos universales y sus tres grandes principios de libertad, justicia y dignidad. Casi cualquier ser humano dirá que él o ella aspira a tenerlos y disfrutarlos. Pero no pueden ser dados por la caridad porque la igualdad y la fraternidad son sus otras dos cualidades esenciales. Solo pueden ser efectivos cuando reconocemos que todos somos parientes (kin). Y cuando actuamos en (y para el bien de la) especie. Entonces, al escribir este libro, no nos limitamos a revelar la caridad como la estafa de "bondad" (kindness) que es, sino que también hemos descrito los medios por los cuales podemos ser más amables (kinder) entre nosotros como criaturas, -como familiares -que comparten el mismo planeta.
Tal medida debería ser universal. Nadie puede ser excluido o tratado como diferente. Una renta básica universal e incondicional no es una quimera. En términos económicos, es perfectamente factible. Y podría garantizar el derecho a existir absolutamente de todos. La pobreza podría ser abolida y la violencia de lo que Pankaj Mishra describe en su reciente libro La edad de la ira como una pandemia global de ira podría al menos atenuarse. Con una renta básica universal e incondicional, sería posible compartir los valores de libertad, justicia y dignidad con toda nuestra familia humana por el simple hecho de respetar el derecho básico (o “primer derecho”) de la existencia material. Si pudiéramos lograrlo, la caridad sería innecesaria y podría sentar las bases para que la amabilidad y la bondad (kindness) prevalezcan.
http://www.sinpermiso.info/textos/elogio-de-la-bondad
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