Derecho a decir “sí”, derecho -y con frecuencia deber- a decir “no”

Asentir o disentir, expresándose libremente, sin cortapisas.

Sólo en los últimos años, ¡Si se hubiera dicho no cuando el dúo Reagan-Thatcher preconizó la sustitución de los “principios democráticos” -tan bien establecidos en la Constitución de la UNESCO desde 1945- por las leyes del mercado, y las Naciones Unidas por los grupos plutocráticos, G7. G8… G20!

¡Si se hubiera dicho no en un auténtico clamor popular, a la invasión de Irak! ¡Si se hubiera dicho no a una unión monetaria en Europa sin una previa unión económica y política!

¡Si se hubiera dicho no aquel día aciago del 10 de mayo de 2010 en el que el “gran dominio” impuso sus pautas de total dependencia económica!

¡Si se hubiera dicho no a los recortes en sanidad, educación, ciencia y justicia!

¡Si se hubiera dicho no a la retrógrada LOMCE! Si se hubiera dicho no a la increíble reducción progresiva de la “memoria histórica”, dejando sin esclarecer tantos hechos, dejando tantas heridas abiertas!
etc, etc, etc.

Hasta hace poco, la mayoría de la ciudadanía no podía expresarse. Permanecía silenciosa por silenciada. Ahora, no. Ahora, la tecnología digital permite de forma progresiva a muchos decir lo que desean decir. Y la voz del pueblo puede ser, será muy pronto, la expresión del poder ciudadano, esencial en una democracia genuina.

Comprendo que haya numerosas personas que se abstengan de manifestar su opinión por los nocivos resultados que para ellas y los suyos podrían derivarse. Pero animo a todos los demás a que unan su voz o su grito -”siempre nos quedará la palabra”, dijo Blas Infante- para manifestar, siempre sin violencia, lo que consideran que no debe ser aceptado en un contexto de libertades públicas. No es tolerable que cada día se inviertan en gastos militares y armas más de 3.000 millones de dólares cuando mueren de hambre decenas y decenas de personas; y no es tolerable que 2.000 millones de seres humanos vivan por debajo del umbral de la pobreza; y no es tolerable que, con total olvido de nuestros compromisos intergeracionales, dejemos que la habitabilidad de la Tierra se degrade; y es intolerable que 85 personas tengan una fortuna equivalente a la de de 3.500 millones de personas, la mitad de la Humanidad… Y no es tolerable, hoy mismo, que veamos cómo se pretende “recortar” el alcance de la justicia a escala mundial, cuando España estaba en la vanguardia…

Digamos no. O digamos sí cuando creamos que debemos asentir. Pero siendo dueños de nuestro destino. En otro caso, mereceríamos la terrible frase de Albert Camus que recuerdo con frecuencia: “Los despreciaba porque pudiendo tanto se atrevían a tan poco”.
http://federicomayor.blogspot.com.es/

Federico Mayor Zaragoza – Comité de Apoyo de ATTAC España

Ataque a los jueces que frenan los despidos colectivos

En los últimos años de crisis económica y recortes, los jueces españoles han alcanzado un protagonismo especial como defensores de los derechos de los ciudadanos. “En este momento los jueces españoles están siendo valorados muy positivamente porque están luchando contra la corrupción. También han sido pioneros en la lucha contra los desahucios y están teniendo mucho protagonismo en otros temas que afectan a los ciudadanos como las preferentes o las cláusulas abusivas. Creo que en estos momentos la percepción que hay es que los jueces están tutelando los derechos de la gente más desfavorecida socialmente, como muestra también el tema de la reforma laboral. La gente ve como la última confianza que tiene es acudir al juez”, afirma Margarita Robles, magistrada del Tribunal Supremo y vocal del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), en una entrevista para el dossier sobre la Justicia en el número de febrero de la revista de La Marea.

Sin embargo, el Gobierno está intentando cortarles las alas a los jueces, especialmente en los casos de despidos colectivos (EREs) en los que los tribunales han estado más del lado de los trabajadores que de las empresas desde que muchos conflictos laborales acabasen en los juzgados a consecuencia de la reforma laboral. La Troika –Comisión Europea, Banco Central Europeo y Fondo Monetario Internacional (FMI)- advertía en sus últimos informes sobre el rescate a la banca española de que los jueces eran un obstáculo.

El Ministerio de Trabajo ya retocó la legislación para reducir el margen de interpretación de los tribunales en los EREs. Y en enero, el Tribunal Supremo ratificó la reforma laboral y pidió a los jueces que no se excedan a la hora de evaluar las causas de los despidos colectivos. “El legislador de 2012 ha querido, y así lo ha hecho constar en la exposición de motivos de la Ley 3/2012, que los órganos jurisdiccionales encargados del enjuiciamiento de los despidos colectivos no sustituyan al empresario en la elección de las medidas concretas a adoptar, limitando su control a verificar que las causas económicas alegadas existen, que tienen seriedad suficiente para justificar una reestructuración de los objetivos y de los recursos productivos de la empresa, que no son por tanto un pretexto o excusa para despedir, y que la supresión o amortización de puestos de trabajo acordada es una medida apropiada (o una de las medidas apropiadas) para hacerles frente”, dijo el máximo órgano del poder judicial en un comunicado.

Al parecer no ha sido suficiente. Hace unos días, el FMI advirtió al Gobierno de España que “la eficacia de reformas pasadas se vio menoscabada, en parte, por una interpretación restrictiva por parte de los tribunales“. Esta recomendación ha provocado una respuesta contundente por parte de los jueces españoles que piden al Ejecutivo de Mariano Rajoy amparo del sistema judicial ante estas críticas de las organizaciones internacionales.

“Con estas manifestaciones el FMI está sugiriendo la supresión del poder judicial en material laboral y la vuelta a las relaciones laborales del siglo XIX, cuando no existían derechos. Con sus pretensiones este organismo internacional parece querer convertirse en una divinidad de adoración obligatoria. Sin embargo, debemos poner de manifiesto que los jueces españoles únicamente están sometidos al imperio de la ley y de los principios constitucionales, según establece nuestro ordenamiento jurídico. Además, esta actuación judicial es la propia de un Estado Constitucional con división de poderes, en la que nuestros tribunales son la garantía ante cualquier vulneración de derechos”, dijo Jueces para la Democracia en un comunicado.
Thilo Schäfer. La Marea
Fuente: http://www.lamarea.com/2014/02/02/ataque-los-jueces-que-frenan-los-despidos-colectivos/

Yo tengo razón, tú estás equivocado

Somos adictos a "tener razón", pero quedar cautivos de nuestras opiniones es un trampa
Escuchar a los demás es prueba de empatía y respeto, claves para crecer y estar en paz


La mayoría de nosotros creemos que podemos cambiar lo que los demás piensan; de otro modo, no pasaríamos tanto tiempo en la vida dándole vueltas a “qué opinan los demás de nosotros” y tratando de mejorar su juicio sobre nuestra persona. Eleanor Roosevelt dijo: “Nadie puede hacer que te sientas inferior si tú no lo permites”. Esta afirmación pone el foco de atención hacia nosotros mismos y no en los demás; por ello, quizá el único pensamiento que precisa ser cambiado es la creencia de que “los demás deberían pensar diferente”.

Querer tener razón es la enfermedad crónica de la humanidad, seguramente una de las causas que han enfrentado más a las personas, las naciones y las religiones organizadas del planeta. La posesión de las personas por sus propias ideas es siempre una causa de sufrimiento. El problema, al consistir las creencias en “posesiones mentales” no visibles, ha sido buscar la solución a nuestras diferencias tratando de cambiar a los demás antes que examinar la causa real de los conflictos (la necesidad de tener razón).

En demasiadas ocasiones comprobamos cómo querer imponer nuestras razones y opiniones a los demás nos cuesta caro. Tal vez logremos desautorizar las ideas de alguien, pero al final acabamos con una razón más y un amigo menos. ¿Vale la pena? Seguramente no. El resultado es que querer estar siempre en posesión de la verdad consume una gran cantidad de energía y tiempo que nos impide disfrutar de los demás y de la paz mental de saber que en el fondo todos tenemos nuestra propia lógica.

¿Es mejor tener razón a toda costa antes que ser feliz? Que cada uno responda esta pregunta con sinceridad.

La perspectiva materialista o newtoniana del universo nos conduce a cosificar todo con lo que entramos en contacto, ya sea algo material o inmaterial. Incluso lo no material, como un pensamiento, acaba tomando forma y se convierte en objeto de conflicto. Así, una idea o una creencia se acaban convirtiendo en una posesión, una propiedad, algo que debe ser defendido para que no perezca.

Todo pensamiento consciente, repetido durante un tiempo, se convierte en un programa mental invisible. Con el tiempo acumulamos opiniones, creencias, que pasan a conformar lo que llamamos identidad construida o ego. Si alguien agrede esas posesiones mentales, en realidad es como si lanzara un ataque personal, porque confundimos pensamiento e identidad. No parece sensato confundir lo que somos con lo que pensamos, pero esto no lo tienen tan claro quienes se aferran a sus creencias con desesperación.

Tener opiniones es normal, también tener gustos y preferencias… pero que esas ideas y predilecciones le tengan a uno cautivo o secuestrado es una trampa. El libre pensamiento es una conquista humana, pero la libertad de opinión se convierte en una desventaja cuando las posiciones mentales impiden abrirse a nuevas perspectivas o puntos de vista que no concuerdan con las propias.

La pregunta ¿somos nuestras creencias? se responde con un rotundo no. Desde luego, tenemos convicciones, pero en esencia no somos lo que pensamos; a un nivel profundo y esencial, nuestras opiniones no pueden definirnos. Pero llegar a esta claridad no es sencillo ni rápido. De hecho, los conflictos del mundo son tanto disputas por pertenencias materiales (cosas) como por posesiones inmateriales (ideales). Cuando entendemos que tenemos una mente y la usamos, pero que no somos esta, nos liberamos de su contenido y nos autoexcluimos de cualquier conflicto y, por tanto, sufrimiento.
Fuente: El País.

¿Ilegal o parte de la cultura? El trabajo infantil divide a Bolivia

Veronica Smink BBC Mundo, Cono Sur

Se estima que 850.000 niños y adolescentes trabajan en Bolivia.

¿Deben o no deben trabajar los niños? Esa es la pregunta que tratan de responder por estos días los legisladores en Bolivia, país que está inmerso en una polémica sobre el trabajo infantil en la que hasta el presidente Evo Morales ha terciado diciendo que, por razones culturales, los menores deben trabajar para desarrollar "conciencia social", pese a que contraviene convenios internacionales suscritos por el país.

Se trata de un problema regional, según la Organización Internacional del Trabajo (OIT) en América Latina y el Caribe 13 millones de niños forman parte de la fuerza laboral.

A pesar de que en 1973 el organismo adoptó un convenio que prohibió que los menores de 14 años trabajen, en muchos países que son miembros de la organización es muy común ver a menores empleados.

Tal es el caso de Bolivia, donde el 28% de los chicos de entre cinco y 17 años trabaja, según datos de la Defensoría del Pueblo. Si bien el país ratificó el convenio de la OIT en 1997, aún hay muchos que se resisten a imponer por ley una edad mínima para trabajar.

A fines de 2013, un grupo de niños y adolescentes trabajadores protestó frente a la Asamblea Legislativa luego que la Cámara de Diputados aprobara el llamado Código Niña, Niño, Adolescente, que ratifica los 14 años como la edad mínima para trabajar y establece un plan para erradicar el empleo infantil.

La protesta, que fue reprimida por la policía con gases, generó una polémica que llevó al Senado a suspender el debate del Código hasta mediados de enero y a convocar una reunión con los menores, que forman parte de la Unión de Niños, Niñas y Adolescentes Trabajadores de Bolivia (Unatsbo), una organización que agrupa a más de 10 mil chicos.

Empleo infantil en Bolivia
850.000 niños y adolescentes trabajan
87% desempeña oficios considerados peligrosos como la zafra y la minería
77% no recibe sueldo porque ayuda a la familia
(Fuente: Defensoría del Pueblo de Bolivia)

Esta semana, representantes de la Unatsbo fueron recibidos por la presidenta del Senado, Gabriela Montaño, a quien le solicitaron que no se ponga límite de edad para el trabajo independiente (como la venta callejera o el cuidado de vehículos) y se establezcan los 12 años como la edad mínima para el trabajo en relación de dependencia.

El propio presidente Evo Morales terció a favor de los menores, expresando su rechazo a imponer un límite de edad en el nuevo Código.

"Mi experiencia, mi posición: no debería eliminarse el trabajo de niñas, niños y adolescentes, pero tampoco deberían explotar o incitarlos a trabajar. Algunos trabajan por necesidad, pero además eliminar el trabajo de niños es como eliminar que tengan conciencia social", afirmó el mandatario tras reunirse con los jóvenes de la Unatsbo unos días antes de Navidad.

"En las áreas rurales, desde el momento en que se aprende a caminar uno ya presta un servicio a la familia. No es explotación, es sacrificado pero eso es vivencia misma", agregó el mandatario.

Cuestión cultural
Históricamente, el tema del trabajo infantil ha generado polémica en Bolivia y otros países andinos, como Perú, donde muchos creen que es normal que los niños colaboren desde pequeños con las tareas del hogar y ayuden a mantener a su familia.

"En esta región los niños son considerados parte activa de la sociedad y de la economía familiar y desde pequeños cumplen un rol en la comunidad", explicó a BBC Mundo una vocera de la oficina andina de Save The Children, una de varias ONG dedicada a promover los derechos de los niños que no considera que toda forma de trabajo infantil sea explotación.

Lo mismo piensa el presidente Morales, quien cree que el foco debería estar puesto en erradicar las prácticas abusivas de empleo infantil y no todo el trabajo realizado por menores.

El mandatario incluso ha resaltado varias veces su propia historia de vida, recordando cómo ayudaba a su familia a los seis años vendiendo helados, y también usó el ejemplo de sus propios hijos para recalcar los efectos beneficiosos que puede traer el trabajo para los niños y adolescentes.

Contó que envió a sus hijos Eva Liz, de 19 años, y Álvaro, de 17, a pastear llamas en los arenales de su pueblo natal, Orinoca, en el departamento de Oruro, para que aprendan sobre los orígenes de su padre.

"Un poco que conozcan cómo se vive y viven todavía, se trata de eso, no es un castigo, sino que conozcan", afirmó, tras admitir que sus hijos se habían quejado por tener que cumplir con esa tarea.

Los niños que piden trabajar
Pero mientras que los hijos de Morales se quejaron, otros niños reclaman el derecho de poder trabajar.

Por eso, en los últimos años en la región andina surgieron una serie de movimientos de niños trabajadores, como la Unatsbo, que funcionan como sindicatos de menores.

Según ellos, establecer límites de edad para el trabajo infantil no lo erradicará, sino que generará mayor trabajo clandestino.

Sin embargo la OIT rechaza este tipo de argumento.
"El Ministerio de Trabajo y los sistemas de protección de los niños son los responsables de realizar inspecciones y evitar el trabajo clandestino", dijo a BBC Mundo Guillermo Dema, especialista en trabajo infantil de la oficina regional de la OIT.

Según Dema, los argumentos que se utilizan para justificar el empleo infantil son similares a los que se planteaban en el pasado para rechazar la abolición de la esclavitud.

"Dicen que limitar el empleo infantil perjudicará a los niños así como antes decían que si se liberaba a los esclavos morirían de hambre, y que era mejor concentrarse en garantizar la calidad de su empleo", afirmó.

El especialista también consideró "una excusa" el tema cultural, afirmando que en los países del norte también se consideraba una práctica normal y aceptada que los niños trabajasen en siglos pasados.

Además, señaló que otros países andinos, como Colombia, Perú y Ecuador, han trabajado para abolir el empleo infantil, por lo que no se trata de una polémica regional.

"Trampa perversa"
Para Dema, el trabajo infantil es "una trampa perversa que perpetúa la pobreza y la exclusión social".

"El límite de edad de 14 años se impone para que los niños se concentren en su educación, que es la única forma en la que podrán salir de la pobreza", afirmó.
Según el Instituto Nacional de Estadística (INE) solo el 2,5% de los niños que trabajan viven en condiciones de extrema pobreza.
Pero, ¿qué pasa con aquellos niños que trabajan por necesidad, como señaló Morales? Después de todo, Bolivia es uno de los países más pobres de Sudamérica y muchos menores trabajan para poder subsistir.
Según el funcionario de la OIT, la solución pasa por priorizar los recursos de otra manera.

"Honduras y Nicaragua lograron reducir el empleo infantil, a pesar de no ser países ricos", ejemplificó Dema.
Para el experto, es responsabilidad del Estado garantizar el derecho a la educación.

"Una nación que no apuesta por la educación y depende de la contribución del trabajo de los niños para su desarrollo es un país no está estableciendo bien sus prioridades", criticó.

La Asamblea Nacional de Bolivia anunció que se crearán dos comisiones para estudiar posibles ajustes al Código Niña, Niño y Adolescente.

Si Bolivia decidiera eliminar o reducir la edad mínima para el empleo infantil quedaría en violación de varios tratados internacionales que subscribió, entre ellos el de la OIT.
Fuente: BBC.

Iqbal Masih: defensor de los derechos de los niños from Laura Colo

ABC. Con esta ley se seguirá abortando igual, solo que las ricas lo harán con garantías y en el extranjero y las pobres en una carnicera mesa de cocina. Ya hemos vivido eso

Nunca pensé que me tocaría volver a discutir este tema desde tan abajo. Creí que ese nivel básico de debate estaba superado, que era una obviedad, un logro civil comúnmente aceptado. Ese fue mi primer error: todo avance colectivo puede verse amenazado por un impulso reaccionario; no se debe bajar jamás la guardia.

Así que heme aquí volviendo a teclear, 30 años después, el mismo abecedario elemental sobre el aborto. Y así, repetiré que nadie está a favor del aborto: es siempre un horror, una pena, un trauma. Y, desde luego, no es un método anticonceptivo; de hecho, debemos fomentar por todos los medios el acceso a los anticonceptivos para minimizar los embarazos no deseados (por cierto: a veces quienes más protestan contra el aborto son también los más reticentes a la contracepción). De lo que estamos a favor es de una ley justa que permita el acceso igualitario a una intervención que, además de penosa, puede ser peligrosa. Es evidente que hay grandes desigualdades sociales y culturales; hay personas desprotegidas que no conocen bien los métodos anticonceptivos o no tienen acceso a ellos: por dinero, por prejuicio social, por imposición familiar. Y ni siquiera usando un método adecuado se está a salvo de un fallo: el condón, por ejemplo, solo tiene un 98% de efectividad. Por no hablar de la crueldad de no contemplar la malformación del feto como causa suficiente. Como dice Mónica Arango, del Centro de Derechos Reproductivos, desde 1994 más de 30 países del mundo han liberalizado sus leyes de aborto. El retrógrado proyecto de Gallardón (contestado incluso desde el PP) nos descolgaría del entorno europeo y nos dejaría al nivel de la ultracatólica Polonia y de Malta. Con esta ley se seguirá abortando igual, solo que las ricas lo harán con garantías y en el extranjero y las pobres en una carnicera mesa de cocina. Ya hemos vivido eso.
Fuente: Rosa Montero. El País.

La esclavitud no se regula. Se declara ilegal y se combate

Gustavo Duch Guillot La Jornada


Que pocas corporaciones globales y fondos capitalistas estén sistemáticamente pertrechando crímenes ecológicos y sociales en todo el mundo –en forma de explotación de minas a cielo abierto, expulsando pueblos de sus moradas, privatizando zonas marítimas o acaparando las semillas– sólo se explica por una perfecta arquitectura de impunidad construida con la complicidad de gobiernos neoliberales, que, como un sastre particular, tallan a su medida legislaciones que les protege y favorece. Por si tales mecanismos no fueran suficientes, las propias empresas se acicalan con maquillajes color verde solidario en tiernos espots publicitarios donde explican su compromiso con el planeta y la humanidad. Bajo esta farsa –insitucionalizada con el apelativo de Responsabilidad Social Corporativa (RSC)– encontramos al BBVA, Unión Fenosa, Repsol o Iberdrola, qué más da, presumiendo de lo que no son: empresas comprometidas con la calidad de vida de las personas, con el cuidado del medio ambiente, o una empresa que escucha a la gente.

El mecanismo siempre es parecido. Primero se comete el delito, explotar mano de obra o expoliar recursos naturales. A continuación, como es lógico, llegan las denuncias, los reclamos, la lucha y se deja en evidencia a tales corporaciones, y entonces, éstas contratacan con directores de marketing en las cocinas que le dan la vuelta a la tortilla. Nuestros negocios –dicen entre fogones– favorecerán el desarrollo de la zona. Y finalmente llegamos a la fase más perversa, cuando instituciones internacionales gubernamentales y no gubernamentales avalan y promocionan el elegante vestido de la prestigiosa marca RSC.

En este punto nos encontramos ahora, cuando el ya bien conocido y denunciado fenómeno de acaparamiento de tierras está encontrando en el Banco Mundial, la Organización de Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO) y en algunas ONG una inverosímil legitimidad bajo el eufemismo de inversión agrícola responsable. Fíjense en la trampa semántica, es la clave. Cuando el hacerse con tierras campesinas –se calcula que al menos 80 millones de hectáreas en todo el mundo han pasado al control de grandes corporaciones, fondos de inversión e incluso gobiernos extranjeros, generando enormes desplazamientos de personas que pierden sus raíces y su sustento– cambia de nombre, y ya no es acaparamiento, sino inversión, rápidamente se justifica tremenda injusticia. Eso es lo que hay detrás de nuevos protocolos y regulaciones voluntarias que estas instituciones proponen para descatalogar lo que son injustos e inaceptables acaparamientos y colocarlos en la categoría siempre bien vista de inversiones y sus supuestas bondades.

Los argumentos que defienden este tipo de regulación dicen que permite diferenciar entre negocios hechos con buenas intenciones, que generan empleo y economía, de los claramente acaparamientos y todos sus estigmas, algo muy parecido a quienes justificaban la esclavitud porque había buenos amos que mucho cuidaban del bienestar de sus siervos. Pero, como dice GRAIN: La esclavitud no se regula, se declara ilegal. De la misma manera, cualquier enfoque serio para luchar contra el hambre y la pobreza requiere garantizar a los pueblos el control sobre sus tierras y territorios, no directrices y reglas sobre qué puedan hacer las corporaciones y los inversionistas extranjeros para trabajar para sí mismos. Lo que necesitamos no es inversión responsable en tierras agrícolas, sino restitución. Por esto queremos decir que en vez de tratar de hacer funcionar esta nueva tendencia de financializar la tierra agrícola, se necesita detener estos negocios y revertirlos, restituyendo las tierras a las comunidades que vivían de ellas.

En esta línea también se han pronunciado los movimientos sociales de América Latina y el Caribe (entre ellos CLOC-La Vía Campesina y el MAELA) reunidos el pasado 7 y 8 de agosto en Bogotá, Colombia, en una consulta continental para discutir sobre el concepto de inversión agrícola responsable. Allí afirmaron que se deben rechazar cualquier medida que siga promoviendo o justificando el crecimiento de la agricultura industrial y agroexportadora, como la que se desarrolla en los acaparamientos de tierra. Y que, en cambio, se necesita fortalecer, en todo el mundo, el enfoque de la soberanía alimentaria, basada en una agricultura gestionada por las propias comunidades, de pequeña escala y para los mercados locales.

De acuerdo, los acaparamientos no se regulan se declaran ilegales.
Gustavo Duch Guillot. Coordinador de la revista Soberanía alimentaria, biodiversidad y culturas
Fuente: http://www.jornada.unam.mx/2013/10/15/index.php?section=opinion&article=022a1pol

La ONU insta a España a juzgar las desapariciones del franquismo. Enviados de Naciones Unidas piden al Gobierno un plan estatal de búsqueda de fusilados

• La izquierda critica el parón en Memoria Histórica
• REPORTAJE | El franquismo en el banquillo, por N. JUNQUERA
• “Disfrutaba torturando. Al pegarte, tenía un gesto de placer”
• El fiscal se inclina por mantener libres a los acusados por Argentina

Fuente: El País.

El Constitucional impide que se revise la causa de Garzón que firmó su presidente

El tribunal alega que no cabe recurso contra sus decisiones

El exjuez cuestionaba la imparcialidad del presidente de la institución

• Auto del Tribunal Constitucional
• Es cuestión de ética, señor Pérez de los Cobos, por JAN M. AHRENS
• ESPECIAL Francisco Pérez de los Cobos

El Tribunal Constitucional ha rechazado por unanimidad el recurso que planteó el exjuez Baltasar Garzón contra la decisión que le inhabilitaba, al poner en duda la imparcialidad del presidente del Alto tribunal, Francisco Pérez de los Cobos, por su militancia en el PP.

El Tribunal Constitucional alega que no admite recurso a sus decisiones, por lo que no cabe la petición de nulidad. Y lo dice así: la ley "no contempla el incidente de nulidad de actuaciones entre los medios impugnatorios que puedan promoverse contra las resoluciones de este tribunal". Con lo que argumenta más una cuestión de forma que de fondo. Considera que "resulta inviable, con carácter general, cualquier petición de revisión o nulidad, puesto que una vez que ha devenido firme la resolución que puso fin al correspondiente proceso ni siquiera este Tribunal puede dejarla sin efecto sino, a lo más, proceder a su aclaración o a corregir errores materiales".

Garzón había pedido al Constitucional que anulase la resolución por la que este tribunal inadmitió, el pasado octubre, la petición de amparo contra la condena por prevaricación que pesa sobre él. En aquel recurso, el juez pedía al tribunal que revisara la inhabilitación de 12 años que se le impuso en una condena relacionada con las escuchas telefónicas del caso Gurtel que, en su opinión, era injusta.

En octubre, el Constitucional consideró que no debía admitir a trámite aquel recurso, pero Garzón cree que, como esa decisión fue adoptada por una Sala en la que figuraba el presidente del Constitucional, que en aquel momento era militante del PP, el rechazo de su recurso debía ser anulado.

A juicio de Garzón, la militancia en el PP privaba a Cobos de imparcialidad para decidir sobre su asunto, por lo que debió abstenerse. Como no lo hizo, ahora el exjuez solicitaba al tribunal que anulara el rechazo de su petición de amparo y volviera a estudiarlo.

Pero el alto tribunal ha rechazado de nuevo la solicitud de Garzón y ha adoptado por unanimidad una decisión contraria a sus pretensiones...

Fuente: El País.

Víctimas del franquismo piden a la ONU investigar los crímenes de la dictadura

Unos 150 afectados se concentran en Madrid antes de reunirse con el Grupo de Desapariciones Forzadas de la ONU

"Fosas cerradas, heridas abiertas". Esa era una de las consignas que gritaban las 150 personas reunidas el martes por la tarde en la plaza de Neptuno de Madrid, frente al hotel NH. Era el grito de Gregorio Rodrigálvarez, que quiere encontrar los restos de su padre, fusilado en 1936. También el de Víctor Díaz, encarcelado nueve años por haber participado en una huelga en 1962. Hasta el del historiador británico Ian Gibson, a quien los asistentes no dejaban de saludar y de felicitar por sus obras publicadas sobre la Guerra Civil y la dictadura franquista.

La concentración se ha organizado con motivo de la visita del Grupo de Trabajo sobre Desapariciones Forzadas de la ONU, cuya intervención fue solicitada en 2012 y que, un año después, se encuentra alojado en el céntrico hotel madrileño para entrevistarse con los juristas y víctimas de crímenes franquistas y familiares de bebés robados. Este martes ha sido el turno de los afectados, representados por la Plataforma Comisión de la Verdad, una agrupación que aglutina un centenar de asociaciones de afectados. Sus principales reclamaciones son que se cree una Comisión de la Verdad y que las Naciones Unidas insten a España a abrir las fosas comunes e investigar los casos de bebés robados. A día de hoy, se calcula que existen entre 130.000 y 150.000 desaparecidos, según datos de la Plataforma. Los niños robados, según la estimación que el juez Garzón dio en su momento, asciende 30.000.

"Las comisiones de la verdad son instrumentos que la ONU ha desarrollado en más de 40 países que han vivido situaciones de conflicto durante mucho tiempo y ha habido miles de víctimas", explicaba Jaime Ruiz, representante de la Plataforma Comisión de la Verdad, en medio de una algarabía en la que se distinguen eslóganes como "Tenemos memoria, queremos justicia" y "Hay que juzgar el franquismo criminal". "Estas facilitan que se pueda encontrar una vía de solución como ya ha ocurrido en Chile, Argentina, Sudáfrica y, el último caso, en Guatemala con Rios Montt".

Con un grueso mamotreto entre las manos, Ruiz explica que ese es el dossier que van a entregar a la comisión, que en los próximos días visitará Barcelona, Sevilla y Bilbao, con información sobre 2.500 fosas comunes que hay en España. "Hubiera sido preferible que la justicia española hubiera afrontado este asunto, pero esas puertas hoy están cerradas. El Gobierno ha dejado sin presupuesto la ley de memoria histórica, ha cerrado las oficinas de atención de las víctimas y desde que se dictó la condena contra el juez Garzón, todos los juzgados han archivado las querellas que hemos interpuesto, que han sido más de 70", denuncia. "El Estado no está haciendo su deber con los muertos de la guerra, y es una vergüenza. Si desde fuera puede venir alguna ayuda para que se reconozcan los derechos de las víctimas, será miel sobre hojuelas", añade Gibson.

La concentración tiene lugar el mismo día en que la Fiscalía anuncia que no tiene intención de detener a los tres torturadores de víctimas franquistas que la justicia argentina reclamó la semana pasada porque, según ha justificado, son crímenes prescritos y sus autores se acogieron a la Ley de Amnistía de 1997. La decisión ha inflamado los ánimos de los manifestantes. "Es una falacia", critica Ruiz. "La ley de amnistía es preconstitucional, no hace referencia a esos delitos, y además los crímenes de guerra nunca prescriben ni están limitados al territorio nacional. No se puede decir que han prescrito delitos de desaparición forzada porque estos solo se resuelven cuando aparece la víctima o cuando se identifica, se averigua qué le ocurrió y quién pudo ser el responsable de su desaparición y muerte", argumenta....

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Argentina abre sus consulados para las víctimas del franquismo

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Justicia a 10.000 kilómetros del crimen

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Argentina pide la detención de cuatro torturadores del franquismo

MÁS INFORMACIÓN FFuente: El País.

Es cuestión de ética, señor Pérez de los Cobos

Sin importarle las consecuencias de su decisión, el Tribunal Constitucional ha optado, en el caso de la recusación contra su presidente, por dar amparo a la impunidad moral

JAN MARTÍNEZ AHRENS

Toda decisión judicial tiene un sentido ético. Las resoluciones y sentencias son plasmaciones de un conjunto de normas pactadas, las leyes, que el juez ajusta en su interpretación a un ecosistema de valores más o menos cambiantes. El margen puede ser mínimo, pero ni siquiera en los casos de observancia más estricta dejan de ser un reflejo de su voluntad y, por lo tanto, de un juicio moral. Es por ello que no existe “neutralidad” en los magistrados ni cabe exigirles una vida de “aislamiento social y político”, como recuerda el Constitucional al rechazar las recusaciones que la Generalitat y del Parlamento catalán han planteado contra el presidente del tribunal, Francisco Pérez de los Cobos, a raíz de su militancia oculta en el PP, sus excesos verbales contra “lo catalán” y su antigua colaboración con FAES, el think tank de la derecha aznarista.

El problema es que esta resolución no responde a la pregunta planteada por las recusaciones. La cuestión básica radica en si un magistrado del Tribunal Constitucional, al que, aparte de destreza técnica, se le exigen planteamientos ideológicos profundos, mantiene su independencia si milita en un partido que es parte de esas causas.

Ya no se trata de activar el mecanismo de la exclusión como ocurrió en 2007 con la recusación por parte del PP del magistrado Pablo Pérez Tremps por una mera “apariencia de parcialidad” (que en el caso de Pérez de los Cobos es palmaria), sino analizar si se sostiene el principio de independencia. Un precepto que impone la Constitución a los jueces y que, desde el punto de vista ético, se presupone, más allá de la letra de la ley, a todo magistrado del Constitucional, sea o no juez.  

Y aquí reverdecen las contradicciones habituales en nuestra cosmología judicial. Del mismo modo que en su día el Tribunal Supremo consideró que dar 50 puñaladas a una mujer no suponía ensañarse con ella, ahora el Constitucional sostiene que estar afiliado a escondidas en el partido político que te da el puesto, y te impone estatutariamente directrices y una jerarquía no afecta al principio de independencia. Dicho de otro modo, es insólito que alguien afiliado a un partido y que lo haya ocultado para ascender pueda decir en voz alta y sin rubor que tiene total independencia para dictaminar sobre los asuntos de ese partido. Y no lo es menos que sus iguales lo defiendan.

No se trata, como quiere hacernos creer el Constitucional, de que se pretenda recusar a Pérez de los Cobos por tener una determinada ideología, algo que se da por necesidad en todo ser humano, sea magistrado o no, sino de su independencia para decidir sobre cuestiones planteadas por un partido siendo militante del mismo. Y nuevamente, la sospecha es que el Constitucional, un organismo de elección partidista, no ha sido independiente al tomar su decisión, sino que se ha sometido al dictado de quienes lo configuraron y se niegan a cambiar el status quo.

Pero más allá de estas sombras, muy comunes en España, el acto público de mantener incólume a Pérez de los Cobos tiene implicaciones éticas evidentes. En sí mismo, por la incoherencia que supone imponer el principio de independencia en toda la esfera judicial y crear una excepción en el caso del presidente del Tribunal Constitucional. ¿Qué principio moral permite a Pérez de los Cobos saltarse lo que rige y es bueno para todos los jueces de España?

Y por sus consecuencias, ya que muestra el desprecio de los pares de Pérez de los Cobos hacia la confianza que los ciudadanos depositan en sus más altos magistrados y de los que se espera, más allá de la estricta legalidad, que respondan a unas pautas éticas mínimas. ¿O acaso la resolución fortalece la credibilidad, la honorabilidad y el respeto al tribunal?

Aplicando su propia doctrina, la decisión del Constitucional no es para nada una respuesta técnica ni se genera en el aislamiento social e ideológico, sino que exuda una conocida forma de entender la política. Harían bien los magistrados que votaron contra las recusaciones (y los partidos que los eligieron) en preguntarse cuál. Seguro que se la imaginan.

Fuente: El País.

Rajoy elude responder a tres grupos que le acusan de mentir al Parlamento. El Gobierno reta a la oposición a presentar una moción de censura

• Los puntos negros de la versión del Gobierno sobre Bárcenas

No es habitual en el Congreso que tres grupos distintos acusen reiteradamente a un presidente del Gobierno de mentir sistemáticamente en el Parlamento. Ayer lo hicieron PSOE, UPyD e Izquierda Unida. El Gobierno respondió descalificando al principal grupo de la oposición y retándolo a presentar una moción de censura, reiterando el anuncio de una ambiciosa propuesta de reformas legales contra la corrupción, pidiendo que los demás se atengan a las decisiones judiciales y sacando pecho por la lucha contra la crisis económica.

Lo que no hicieron Mariano Rajoy ni la vicepresidenta, Soraya Saénz de Santamaría, fue molestarse en rebatir lo que los portavoces presentaron como mentiras. El presidente, incluso, puso en manos de la vicepresidenta y del ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón, la defensa de su palabra, porque renunció a responder a las dos interpelaciones.

Fue una sesión de control al Gobierno tensa, que volvió a poner sobre la mesa lo que según la oposición no aclaró el presidente en su comparecencia del 1 de agosto sobre el caso Bárcenas. Y Rajoy, directamente o a través de los dos miembros de su Gobierno, no hizo más que remitirse a aquella intervención, pero sin dar ninguna explicación más, aunque después se hayan conocido detalles sobre el contrato del extesorero, su militancia yla declaración ante el juez de Dolores de Cospedal...

Los puntos negros de la versión del Gobierno sobre Bárcenas

Nómina. “Desde hace cuatro años el señor Bárcenas ya no estaba de tesorero en el PP; desde hace más de tres años no ostenta ninguna representación política, ni siquiera es militante de este partido. Cuando yo fui elegido presidente, el señor Bárcenas ya no estaba allí”. (Rajoy en el Parlamento).

El 19 de abril de 2010 causó alta en la Seguridad Social del PP como trabajador por cuenta ajena. Esta alta se mantuvo hasta el 31 de enero de 2013, según su vida laboral. Mariano Rajoy llegó a la Presidencia del Gobierno el 21 de diciembre de 2011.

SMS de apoyo. “Creí en su inocencia, lo hice hasta el momento en que a los cuatro años de iniciadas las investigaciones llegaron datos que confirmaban la existencia de cuentas millonarias en Suiza, no declaradas a la Hacienda pública, a nombre del señor Bárcenas”. (Rajoy en el Congreso el 1 de agosto).

El 18 de enero de 2013 se conoció que Bárcenas tenía dinero negro en Suiza, 22 millones de euros, por una comisión rogatoria que pasó por el Ministerio de Justicia. Dos días después Rajoy le envío este SMS: “Luis. Lo entiendo. Se fuerte. Mañana te llamare. Un abrazo”.

Militancia. El presidente aseguró el 1 de agosto en el Congreso que desde hace tres años el extesorero ya no es militante del PP. La semana pasada Rajoy negó en el pleno que Cospedal hubiera dicho al juez que él pactó con Bárcenas un finiquito muy favorable.

Los listados de la Agencia Tributaria que constan en el sumario reflejan que Bárcenas pagó su cuota de militante en 2008, 2009 y 2011. Otras informaciones aseguran que también en 2012. Cospedal dijo en su declaración judicial que Rajoy y Javier Arenas pactaron en marzo de 2010 el finiquito con Bárcenas y su mujer.

Leer más en El País.

Dictan orden de detención contra cuatro torturadores del franquismo

La jueza Servini de Cubría pidió a través de Interpol, la extradición de funcionarios policiales y de la Guardia Civil, en la causa abierta para juzgar los crímenes del franquismo.

En un día histórico para las víctimas del franquismo, la magistrada María Servini de Cubría ha dictado una resolución por la que dicta orden internacional de detención preventiva, con fines de extradición, para cuatro ex funcionarios de seguridad acusados de torturas: el ex guardia civil Jesús Muñecas Aguilar, el ex escolta de Francisco Franco y de la Casa Real Celso Galván Abascal, el ex comisario José Ignacio Giralte González; y ex inspector José Antonio González Pacheco, alias "Billy El Niño".

Es decir, que en la causa abierta en Argentina para juzgar los crímenes del franquismo, han pasado a ser imputados estos cuatro ex funcionarios, que deben ser extraditados "a efectos de recibir declaración indagatoria".

Es decir, que en la causa abierta en Argentina para juzgar los crímenes del franquismo, han pasado a ser imputados estos cuatro ex funcionarios, que deben ser extraditados "a efectos de recibir declaración indagatoria". "Se procede que esta magistratura curse específicamente a las autoridades españolas esta orden de detención", dice textual la resolución de la magistrada. El texto especifica que se debe comunicar "el arresto preventivo de los nombrados con fines de extradición a efectos de recibir declaración indagatoria a la Organización Internacional de Policía Criminal (INTERPOL)".

La resolución, entonces, será enviada tanto a INTERPOL como a las autoridades españolas para proceder a la detención de los primeros cuatro procesados de la causa, abierta en abril de 2010, tal y como acaba de confirmar a Público uno de los abogados que ha recibido en mano la resolución de la jueza, el argentino Carlos Slepoy.

Los abogados solicitaron por escrito a la jueza, en marzo de este año, que emitiera órdenes de captura internacional contra nueve responsables del régimen franquista: tres ex ministros, José Utrera Molina (suegro del ministro de Justicia Alberto Ruiz-Gallardón), Rodolfo Martín Villa y Fernando Suárez; y dos ex jueces, además de los cuatro exfuncionarios de seguridad que ahora han pasado a estar procesados en la causa. La magistrada ha decidido proceder, por ahora, contra estos últimos.

La ley procesal argentina prevé que, si existen indicios de criminalidad en una persona, se la llame para que preste declaración indagatoria, cuyo efecto es la orden internacional de detención si el acusado se encuentra fuera del país. Ésta es la victoria más importante que consiguen las víctimas del franquismo en el marco de una causa que comenzó hace más de tres años. El proceso ha sufrido varios escollos que ahora comienzan a disiparse.

Siguientes pasos
La jueza recibirá el próximo 20 de noviembre, aniversario de la muerte de Francisco Franco, a víctimas de la dictadura y a funcionarios españoles para que presten su testimonio en el marco de la causa. Se espera la llegada de parlamentarios de BNG, IU, Amaiur, y quizás alguno del PSOE. Es probable que se adelante el diputado de ERC Joan Tardà, para interponer en octubre una querella por el asesinato durante la dictadura de Lluis Companys, presidente de la Generalitat durante la II República, y que también lo acompañen varios concejales y alcaldes de su partido.

Diputados de BNG, IU, Aralar y PSOE irán con las víctimas que testificarán en Buenos Aires el 20-N

A ello se le suma el creciente apoyo institucional que en Argentina otorga cada vez más relevancia a la causa. Además de la resolución de apoyo del Congreso Nacional a la causa judicial, el alcalde de de la ciudad de La Plata ha declarado de interés municipal la querella argentina contra los crímenes del franquismo, y lo mismo está estudiando la legislatura provincial de Buenos Aires. La última en mostrar su respaldo ha sido la legislatura porteña (el Parlamento de la ciudad de Buenos Aires), que acaba de aprobar por unanimidad una declaración de apoyo a la querella y de condena al franquismo. Hace unos días, se constituyó la Plataforma Argentina de Apoyo a la Querella contra los Crímenes del Franquismo, a la que se adhirieron casi 100 organizaciones, y uno de sus objetivos es el de sumar el apoyo de más instituciones a la qerella, en sintonía con lo que está sucediendo en España con la Coordinadora Estatal de apoyo a la Querella Argentina (CeAQUA).

"Este apoyo es fundamental", resalta Slepoy. Los abogados se han reunido con prácticamente todas las fuerzas del Congreso, y con el director de Derechos Humanos de la Cancillería, Federico Villegas Beltrán, para garantizar que las próximas videoconferencias que realice la jueza con víctimas del franquismo no vuelvan suspenderse, como ya sucedió en tres ocasiones. Los querellantes también estuvieron con Mario Fera, presidente de Consejo de la Magistratura, órgano encargado de la tramitación técnica de las querellas, para dejar asegurado nuevos problemas.

Estado de la causa
Hasta ahora, la jueza había enviado a España dos comisiones rogatorias. En la primera, solicitaba que le informaran sobre si había investigaciones en curso sobre el franquismo, en qué juzgado estaban, en qué estado se encontraban. También pedía información sobre el plan sistemático de exterminio de la dictadura, y en específico, sobre el plan deliberado, planificado y legalizado del secuestro de niños. Varios meses después, contestó la Fiscalía General de Estado que encabezaba Cándido Conde-Pumpido, cuando por entonces el PSOE estaba en el Gobierno. La Fiscalía alegó que en España estaba investigando el franquismo, y advertía que el principio de jurisdicción universal es subsidiario, es decir, que podía aplicarse cuando no había investigaciones en el país donde se cometió el crimen, por lo se entendía que Argentina no tenía competencia para investigar.

La única causa judicial abierta en el mundo sobre los crímenes del franquismo es la que se impulsa desde Argentina

Los abogados de la querella replicaron con un escrito, aclarando que todos los procesos abiertos en distintos juzgados del país a raíz de los testimonios que había enviado el juez Baltasar Garzón, habían sido archivados en su inmensa mayoría, y que sólo quedaban tres abiertos, pero relacionados con la existencia de fosas comunes y exhumación de cuerpos, sin que hubiera una investigación penal. La jueza reaccionó inmediatamente y mandó una segunda comisión rogatoria a España, pidiendo la identificación de muchos responsables. La Fiscalía General volvió a contestar cuando ya estaba el PP en el Gobierno, con Eduardo Torres-Dulce como nuevo fiscal general, en donde reiteraban que Servini de Cubría no tenía competencia para juzgar los crímenes franquistas. Para entonces, Garzón ya había sido condenado en febrero de 2012 por el Tribunal Supremo.

La magistrada decidió entonces viajar a España, pero el viaje fue cancelado porque la Corte limitó el número de funcionarios con los que podía viajar. Para su llegada se había creado un movimiento con una lista de 100 declarantes. La suspensión de su viaje generó una enorme frustración.

Pero con la actual resolución de la jueza, con la que dicta la primera orden internacional de detención contra los primeros representantes del franquismo, la magistrada ha dado un paso que puede marcar un hito en la historia española.

La única causa judicial que hay abierta en el mundo en relación a los crímenes del franquismo es la que se impulsa desde Argentina. La Constitución argentina reconoce desde 1853 el principio de justicia universal, por el que este país tiene jurisdicción para perseguir los crímenes franquistas al haberse negado España a investigar por sí misma los crímenes cometidos entre el 17 de julio de 1936 y el 15 de junio de 1977. Según los autos de Garzón, la represión franquista dejó al menos 113.000 desaparecidos y unos 30.000 niños apropiados por el régimen que fueron sustraídos a las familias republicanas.

Nota: Podemos decir lo mismo que en otra entrada del blog, Mario Amorós dice de Chile y su dictadura, "La represión dejó una huella muy marcada en España (Chile). Primero porque eliminó a varias generaciones de dirigentes políticos y segundo porque el daño que ha dejado en la sociedad ha sido terrible".
Fuente: http://www.diariopanorama.com/seccion/nacionales_16/dictan-orden-de-detencion-contra-cuatro-torturadores-del-franquismo_a_155771 Más aquí. Y en El País.
(Foto tomada de El País, internet)
Leer aquí relatos de las victimas de estos torturadores. “Disfrutaba torturando. Al pegarte, tenía un gesto de placer” Víctimas de Billy El Niño y de los otros tres torturadores describen cómo eran sus interrogatorios. El País.

LAS VÍCTIMAS SE ENCOMIENDAN A LA ONU. La Plataforma por la Comisión de la Verdad está ansiosa de contarle la historia de los crímenes del franquismo al Grupo de Trabajo sobre Desapariciones Forzadas o Involuntarias de la ONU, que visitará España por primera vez la semana que viene. Ayer presentaron en un acto ante el Congreso, al que asistieron diputados de IU, PSOE y ERC, el informe que darán a los enviados de Naciones Unidas. / ULY MARTIN. Fuente: El País.

Contradicciones sobre el disco duro de Bárcenas.

Cospedal dijo que Bárcenas no trabajaba para el PP pero se le pagaba la Seguridad Social (aquello de la “simulación en diferido”, ¿recuerdan?).

Los secretarios generales del PP dicen ante el juez, primero, que pueden asegurar que no había contabilidad B y, después, que no tenían ni idea de lo que hacía el tesorero. La dirección del PP dijo que destruyó un disco duro de un ordenador de Bárcenas en cumplimiento de la Ley de Protección de Datos, y el abogado de Cospedal dice ahora que ese disco duro era “de una virginidad total que no contenía absolutamente nada”. Pero... si no tenía datos, ¿cómo lo destruyen en cumplimiento de la Ley de Protección de Datos?

Por favor, ¡que dejen de tratarnos como imbéciles de una vez!— José Díez. Barcelona. Cartas al director. El País.

Albert Jacquard (1925-2013), in memoriam

Salvador López Arnal

"El país perdió hoy [12 de septiembre] a un hombre que, viniendo de las ciencias, abrazó los combates por la igualdad y la justicia", ha señalado en un comunicado el PCF, el Partido Comunista Francés [1]. El genetista, el filósofo, el pensador que siempre apoyó y se declaró públicamente a favor de la elección del esperanto como segunda lengua universal, el consistente defensor de los “sin papeles”, el activo militante ciudadano en múltiples causas, el gran científico e incansable divulgador científico (autor de una treintena de libros) Albert Jacquard,, murió el pasado jueves en su domicilio de París a los 87 años a causa de una leucemia. El ex investigador genetista y presidente de la Universidad París Descartes, Axel Kahn, ha hablado de este hombre "valiente y profundamente bueno", cuyo combate era "la humanidad de los hombres".

Científico de alto nivel, AJ consagró sus estudios a demostrar la falsedad del racismo, a demostrar la infamia científica y poliética de la idea de una supuesta superioridad natural de algunos pueblos sobre otros, así como a la defensa del entorno natural para preservar la vida en el planeta. Activista de la organización antinuclear “Salir de lo Nuclear” hizo esta definición del humanismo crítico: “Tener conciencia de que el mañana existirá y yo puedo ejercer una influencia en él, es lo propio del hombre". En varias de sus obras, así como en sus crónicas regulares para “France Culture”, AJ criticó “los males del capitalismo, causantes de los problemas de la contaminación y el desperdicio y reclamó el acceso a los recursos naturales por igual para todos los pueblos”.

Nacido en Lyon en 1925, en el seno de una familia católica y conservadora acomodada (su padre fue director del Banco de Francia) del Franco Condado, AJ quedó desfigurado a los 9 años de edad en un accidente de coche en el que falleció su hermano. En 1943, obtuvo dos bachilleratos en matemática y filosofía. En 1948, se graduó en ingeniería de fábricas públicas en la Escuela politécnica francesa y se integró en el Instituto francés de estadística. Tres años más tarde, se incorporó a SEITA como ingeniero de organización y de método. Posteriormente trabajó como investigador en el tribunal de cuentas francés y como alto ejecutivo en el ministerio de salud.

En 1966, a los 40 años, se matriculó en Stanford (USA) para especializarse en genética de las poblaciones. Su estancia en la universidad norteamericana, que culminó con sendos doctorados en genética y biología humana, el crítico y rebelde ambiente político norteamericano de los años sesenta, le impulsó a dar un vuelco a su vida: “le llevó a luchar contra la explotación con fines comerciales del genoma humano y comprometerse entre otras causas con el abandono de la energía nuclear, la ecología, los sin papeles y el derecho a la vivienda”.

Su militancia fue fruto de una toma de consciencia tardía, hecho que nunca ocultó. Durante la ocupación nazi de Francia estuvo demasiado concentrado en sus estudios, viviendo, con sus propias palabras, como "un pasajero de la historia". El futuro aliado del Abad Pierre en su defensa de los derechos humanos de los más desfavorecidos, el futuro presidente de honor de la asociación Derecho al Alojamiento (DAL) y cofundador en 1994 de la asociación Droit Devant, se forjó como filósofo tras su regreso de EE.UU. Se convirtió en defensor de un "decrecimiento optimista" capaz de afrontar "la economía triunfante" y los perjuicios del capitalismo, como los derroches y la contaminación”.

En 1968, AJ dirigió el servicio genético de la INED, enseñó en las universidades de París VI, Ginebra (1973-1976) y Lovaina (Bélgica, 1979-1981), colaboró con la OMS de 1973 a 1985, dio cursos en la Accademia di Architettura di Mendrisio Suiza y recibió, entre otros galardones, el grado de oficial de la Legión de Honor. Formando parte del Comité consultivo francés de ética en los años noventa, se opuso rotundamente a la comercialización del genoma humano. En 1987 fue nombrado Doctor Honoris Causa por la Universidad de Quebec, y, posteriormente, por las universidades de Brunswick y Lovaine-la-Neuve. Fue consejero científico en el Instituto Nacional de Estudios Demográficos entre 1990 a 1991. En 1992 fue galardonado con el premio literario de la Villa de Ginebra.

En una de sus últimas entrevistas, primavera de 2013, señalaba AJ: “Lo que es seguro es que, llegado a mi edad, uno se pregunta qué significó tal compromiso, tal frase escrita hace decenas de años, que solo ahora percibo tiene sentido o un sentido diferente". Empero, añadía, "no hace falta esperar a los 87 años para hacer este ejercicio".

“La verdad no se posee, solo se busca”. Así rezaba un popular aforismo suyo (Pequeña filosofía para los no filósofos, 1997). AJ no cesó de buscarla, como tampoco cesó en su empeño para ayudar a construir un mundo más justo, más fraternal, más humano, más libre, menos fáustico y más respetuoso con el entorno.

PS: En su libro póstumo sobre la tercera cultura, Francisco Fernández Buey dedica un paso al gran científico francés en los compases iniciales del primer capítulo de su ensayo [3]. Resumo: Por otra parte, señala, “y nos conviene no olvidar la otra parte”, si queremos tener una noción clara y precisa de hasta dónde llega y puede llegar razonablemente la ayuda de las ciencias naturales en la resolución de los problemas éticos-políticos contemporáneos “también es evidente que los científicos en activo necesitan formación humanística”. La ciencia sin más complementos no genera conciencia ético-política. Del saber científico no se deriva directamente, sin mediaciones, la conciencia ciudadana, y “las ciencias de la naturaleza y de la vida dicen poco acerca de las complicadas mediaciones por las que el ser humano pasa de la teoría en sentido propio a la decisión de actuar”, a favor, por ejemplo, de la conservación del medio ambiente, de un modo de producir y de vivir ecológicamente fundamentado, del respeto a la diversidad o de la sostenibilidad ecológica. Viene aquí a cuento, son palabras de FFB, “precisamente porque a partir de ella se puede empezar a generalizar sobre la complicada relación entre ciencia y conciencia, entre teoría y decisión”, una interesante declaración autocrítica del genetista francés Albert Jacquard: “Gracias a la biología, yo, el genetista, creía ayudar a la gente a que viese las cosas más claramente, diciéndoles: Vosotros habláis de raza, pero ¿qué es eso en realidad? Y acto seguido les demostraba que el concepto de raza no se puede definir sin caer en arbitrariedades y ambigüedades [...] En otras palabras: que el concepto de raza carece de fundamento y, consiguientemente, el racismo debe desaparecer. Hace unos años yo habría aceptado de buen grado que, una vez hecha esta afirmación, mi trabajo como científico y como ciudadano había concluido. Hoy no pienso así, pues aunque no haya razas la existencia del racismo es indudable”. En líneas generales, concluye FFB, se podía decir que hay conciencia de la necesidad “de un acercamiento o reconciliación entre ciencias y humanidades desde la década de los sesenta del siglo XX y que el debate provocado por Charles Percy Snow a propósito de lo que él llamó las dos culturas ha sido un elemento central en la difusión de esta conciencia”. Como la preocupación por la cada vez mayor separación de las letras y las ciencias, del humanista y del científico, tiene antecedentes, y particularmente uno importante en el último tercio del siglo XIX en Gran Bretaña, conviene, apunta el autor de La gran perturbación, “dedicar unas palabras a esta otra historia antes de entrar en la polémica suscitada por C.P. Snow ya en el siglo XX”. La historia que nos cuenta FFB a continuación está entre sus grandes momentos.

Notas:
[1] He tomado pie en Miguel Mora, “AJ, genetista y valedor de los más pobres”. El País, 14 de septiembre de 2013, p. 54;
http://www.agenciasinc.es/Multimedia/Fotografias/Muere-el-genetista-y-humanista-frances-Albert-Jacquard-a-los-87-anos y
http://www.elconfidencial.com/ultima-hora-en-vivo/2013-09-12/murio-el-genetista-ensayista-y-militante-frances-albert-jacquard_40575/
[2] En 2010 AJ hizo un llamamiento a la "resistencia global" ante la evolución del mundo, dadas las amenazas existentes sobre la humanidad
[3] Francisco Fernández Buey, Por la tercera cultura, Montesinos, Barcelona, en prensa (edición de Jordi Mir Garcia y SLA).
Salvador López Arnal es miembro del Front Cívic Somos Mayoría y del CEMS (Centre d’Estudis sobre els Movimi

Lo que no puede ser visto debe ser mostrado. (That which cannot be seen must be shown) -

Contempla aquí el vídeo en este enlace: http://vimeo.com/34218157

Lo que no puede ser visto debe ser mostrado. Es un documental sobre la memoria de la Transición construido a partir de ciertas producciones del cine militante que contradicen las imágenes oficiales que han elaborado nuestra memoria del final del franquismo y del inicio de la democracia.
"Desde el deber de la memoria", en palabras de Primo Levi, María Ruido aborda la construcción de la memoria histórica del estado español, pero su aproximación no se basa en los testimonios registrados, sino en la constatación de la falta de imágenes sobre determinados acontecimientos o problemáticas.

La oficina de la Alta Comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Navi Pilay, ha pedido al Estado español la derogación de la ley de amnistía de 1977 porque incumple la normativa internacional en materia de derechos humanos. "España está obligada, bajo la ley internacional, a investigar las graves violaciones de los Derechos Humanos, incluidas las cometidas durante el régimen de Franco, y a procesar y castigar a los responsables si todavía están vivos", ha afirmado el portavoz de Pillay, Rupert Colville, durante una rueda de prensa en Ginebra.
Además, según la Oficina de Derechos Humanos de la ONU, existe un deber hacia las víctimas, que tienen "derecho de reparación". Colville ha recordado que, conforme a una recomendación de 2009 de la Comisión de Derechos Humanos de la ONU, "España debe derogar su ley de amnistía, puesto que no es conforme con las leyes internacionales de derechos humanos". Dicha recomendación, elaborada por 18 expertos de la organización internacional, toma como base el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Político, ratificado por el Estado español en 1985.

Nace una Red de Solidaridad Popular que huye de la caridad y trata de recuperar un espacio de la izquierda

Su objetivo es "cubrir las necesidades básicas e inmediatas de las familias que se han quedado sin recursos por culpa de las políticas neoliberales"

"A diferencia de la solidaridad, que es horizontal y se ejerce de igual a igual, la caridad se practica de arriba abajo, humilla a quien la recibe y jamás altera ni un poquito las relaciones de poder: en el mejor de los casos, alguna vez habrá justicia, pero en el alto cielo. Aquí en la tierra, la caridad no se perturba la injusticia. Sólo se propone disimularla". El discurso, escrito por Eduardo Galeano y publicado en su libro Patas arriba, podría servir de reclamo para la recién creada Red de Solidaridad Popular, una asociación de ámbito estatal que busca "cubrir las necesidades básicas e inmediatas de las familias que se han quedado sin recursos por culpa de las políticas neoliberales". Quien habla así es Ismael González, responsable de la Red. La Red de Solidaridad Popular, que este miércoles presentará una de sus vertientes en el Puente de Vallecas, Madrid, nace con el objetivo de emular a Socorro Rojo Internacional (SRI), la organización impulsada por la Internacional Comunista en los años 20 que pretendía internacionalizar la solidaridad, o a los Programas de Superviviencia de los Panteras Negras. La idea de crear la Red germina, cuenta González, hace un año: "Varios compañeros nos planteamos la urgencia de cubrir las necesidades de esa parte de la población que se ha quedado sin recursos, en situación de emergencia social, y no pueden hacer frente a algo tan básico como son, sobre todo, la alimentación y la educación. Están desarticulando el Estado del Bienestar y nosotros queremos recuperar todos esos derechos e incluso conseguir otros nuevos".

Desde el principio, los promotores de la Red están convencidos de que hay que apostar por el modelo de solidaridad y no por el de caridad. "El planteamiento -señala González- es el de trabajar desde la igualdad y la dignidad". Esto significa que no vale con donar alimentos, o libros escolares, y luego retirarse; ni tampoco recoger alimentos, o libros escolares, y volver a casa. El coordinador de la Red se explica: "Tanto las personas que aportan como las que reciben tienen el mismo tratamiento. Quien reciba algo, debe seguir trabajando en ayudar a cubrir las necesidades de otras familias en la misma situación. Lo mismo sucede con quien entrega. Siempre que hay recogida de alimentos o libros, tratamos de explicar en qué consiste la Red y por qué deberían participar en ella. Lo mismo ocurre cuando realizas entrega de alimentos o libros: se habla con todas las personas que acuden al lugar y se les comenta que en dos semanas hay que realizar otra actividad similar y que ellos deberían ayudar".

Ahora mismo, el trabajo de la Red se centra principalmente en las Despensas de Alimentos (suelen conocerse como Banco de Alimentos, aunque la Red opina que también es importante incidir en el tema del lenguaje), y en la contribución a la Educación, a través de ayudas para comedores, libros escolares, etc. En algunos lugares, sin embargo, ya se ha comenzado a laborar en el tema de huertos: "Las mismas personas que están afectadas por la crisis abogan, a través de huertos populares, por una soberanía alimentaria". Si bien no hay programas implantados respecto a la Sanidad, es algo que está en estudio, afirma González. "Hay cuestiones que tienen su dificultad: no es lo mismo repartir alimentos que medicamentos, sobre todo por asuntos legales". No obstante, sí se han realizado, por ejemplo, acompañamientos a personas inmigrantes a las que no dejaban entrar en determinados Centros de Salud. Con el tiempo, también se crearán programas de apoyo a los mayores y de intercambio con jóvenes, aquello que se conoce como Banco de Recurso del Tiempo.

La Red, aunque quiere estar presente en todo el Estado, cuenta actualmente con afluentes en diversos barrios de Madrid (Retiro -que se unirá a Puente de Vallecas-, Rivas, Fuenlabrada y Parla), en Cartagena, Murcia, en Camargo, Cantabria, y próximamente se constituirá en Aragón. Pese a tratarse de una asociación registrada en el Ministerio del Interior, no tiene un contenido "excesivamente formal", sino que funciona por asambleas locales. "Por nodos", dice González. Esto quiere decir que la Red no está planteada de forma que "nosotros lo planteamos, nosotros lo creamos", sino que ofrece apoyo metodológico a cada localidad que quiera propulsarla.

En principio, se trata de un proyecto independiente desde la perspectiva política y autonómico en lo referido a la organización. Cuenta, de todos modos, con el apoyo de Izquierda Unida, que la potenció. Con todo, al igual que sucedió en el pasado con Socorro Rojo Internacional, la Red de Solidaridad Popular no esconde su ideología y aboga por recuperar un espacio que antaño, con experiencias justamente como la de SRI, ocupaba la izquierda y que en los últimos años, véase el caso de Amanecer Dorado en Grecia, ha tratado de utilizar la extrema derecha para lograr el apoyo popular.

Por ello, uno de los aspectos más importantes es el de darse a conocer. Por ahora, el método utilizado es el del boca a boca. "La gente que es ayudada por la Red y al mismo tiempo trabaja para ella se lo cuenta a otras personas y así vamos generando los nodos", apunta el responsable de la Red, que añade además que quien lo desee puede contactar con ellos y enterarse de todo lo que hacen a través de su página web.

Fuente: http://www.publico.es/458661/nace-una-red-de-solidaridad-popular-que-huye-de-la-caridad-y-trata-de-recuperar-un-espacio-de-la-izquierda

¿Alguien se pregunta si una ley es justa?

Un buen pacto sobre la educación sería hoy tan importante como algunos acuerdos de la Transición.

“Ya no nos preguntamos nunca si una sentencia judicial o un acto legislativo es bueno. ¿Es imparcial?, ¿es justo?, ¿es correcto? ¿Ayudará a construir una sociedad mejor?”. No son preguntas ingenuas, impropias de ciudadanos de democracias maduras. Tony Judt, que realizó esa reflexión, no era un ingenuo, sino un intelectual valioso, a cuyos libros regresamos, agobiados y desconcertados, en busca de su análisis y de su inspiración. “Esas solían ser las auténticas preguntas de índole política, incluso aunque no invitaran a respuestas fáciles. Debemos aprender de nuevo a plantearlas”.

En ningún caso serían más oportunas esas preguntas que en materia de leyes sobre la educación. Un buen pacto sobre la educación, capaz de mejorar la calidad de la enseñanza, la formación de los profesores y la apreciación social de ese profesorado sería hoy tan importante como lo fueron algunos acuerdos de la Transición. De hecho, el mayor fracaso que puede haber para la generación que hizo aquella transición es el fracaso del pacto educativo. No puede existir una mayor decepción para esa generación, al margen de su raíz ideológica, que comprobar impotente cómo la organización educativa termina por acentuar las desigualdades. Qué mayor fracaso para todos que un joven o una muchacha que, estando capacitado, no continúa sus estudios por falta de recursos familiares y de apoyo social.

¿Es buena?, ¿es correcta?, ¿será justa la nueva Ley Orgánica para la Mejora de la Calidad Educativa? ¿Ayudará a construir una sociedad mejor? De momento cabe decir que es una ley que puede nacer con el apoyo de un único partido, con mayoría absoluta parlamentaria, pero con el rechazo de la mayoría de profesores, padres y alumnos y de la oposición en pleno. Una vez más, la educación corre el riesgo de quedar regulada por las opiniones de un partido concreto y no por intereses generales.

No sería la primera vez, cierto, pero en esta ocasión el desacuerdo es todavía más amargo porque la sociedad atraviesa una crisis dramática que ha dejado en evidencia las carencias del sistema y porque la necesidad del acuerdo es más evidente que nunca. Tenemos la generación de jóvenes mejor preparada de nuestra historia, sin duda, pero también una generación con un porcentaje intolerable de jóvenes con formación claramente insuficiente o inadecuada. Son estos últimos quienes han sido enviados masivamente al paro, sin que tengan instrumentos para lograr su recuperación laboral.

La educación tiene una clara raíz política, pero esas tensiones ideológicas no impidieron en su día un primer consenso, en la difícil etapa de la Constitución. Los artículos relativos a la educación fueron uno de los principales escollos para alcanzar el pacto y exigieron un debate laborioso y difícil. Quizá no esté de más recordar que la defensa de los textos finalmente pactados se confió al entonces diputado de la Minoría Catalana Miquel Roca, y que fueron UCD y PSOE conjuntamente los que rechazaron cuarenta enmiendas en el Senado. Allí se pactó el elemento más intratable de un acuerdo para la educación ente socialistas y democristianos: la financiación de las escuelas religiosas. Entonces fue posible.

Las tensiones ideológicas no han impedido en otros países establecer pautas compartidas para el desarrollo de los acuerdos constitucionales. ¿Acaso no existe una derecha conservadora en Francia? ¿No hay liberales y socialistas en Finlandia? ¿No existen Estados federados con soberanía compartida? ¿Cuál es nuestro fallo? ¿Están implicados en España intereses más brutales que en esos otros países?

Quizá el pacto sobre el desarrollo constitucional de la educación no es posible porque no existe suficiente presión social al respecto, porque la sociedad española no tiene el mismo aprecio por la educación que en esas otras sociedades. Es posible, pero en ese caso la responsabilidad de los agentes políticos sería aún mayor, porque su primera obligación sería precisamente promover ese debate y cambiar esa apreciación social. ¿Se pregunta hoy algún gobernante si la nueva ley será justa? ¿Es eso incompatible con la ideología?, ¿o con los intereses?
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(Foto, cumpleaños de Rosa, lo celebró con amigas en Nueva York)