Un argumento utilizado por los independentistas catalanes para defender la tesis de que Catalunya tendría más recursos si se independizara de España es que España está “expoliando” a Catalunya. No voy a entrar en este artículo en este tema, sobre el cual he escrito extensamente en varios artículos mostrando que el escaso desarrollo social de Catalunya no se debe al supuesto expolio nacional sino al enorme poder que las derechas catalanas y españolas han tenido y continúan teniendo a los dos lados del Ebro, situación responsable del subdesarrollo social de Catalunya y de otras partes de España, como documento en mi libro El Subdesarrollo social de España. Causas y Consecuencias, Anagrama. 2006.
En este artículo quiero centrarme en la existencia de un expolio del cual ni los nacionalistas de los dos lados del Ebro ni nadie más están hoy hablando, ni en Catalunya ni en España. Es el expolio de una minoría -lo que solía llamarse la burguesía financiera e industrial- al resto de la población, y que está ocurriendo a lo largo de todo el territorio español, incluyendo Catalunya. Tal minoría no está contribuyendo al Estado (tanto central como autonómico) lo que contribuyen todos los demás. Si pagara al Estado lo que pagan todos los demás, la cifra resultante para toda España sería de más de 30.000 millones de euros al año, con lo cual podríamos haber evitado hacer todos los recortes de gasto público y social que están dañando de una manera muy acentuada el bienestar y calidad de vida de la mayoría de la población en general y de las clases populares en particular, tanto en Catalunya como en el resto de España. (Ver el informe del Observatorio Social de España, El impacto de la crisis en las familias y en la infancia. Ariel. 2012).
Para entender la naturaleza de este expolio, hay que entender cuáles son las fuentes de ingreso más importantes al Estado que incluye, como he señalado en el párrafo anterior, no sólo el Estado central, sino los Estados autonómicos. Pues bien, cuatro son las fuentes más importantes:
1. Una son los ingresos derivados de los impuestos sobre las rentas, primordialmente del trabajo, o IRPF (que es un impuesto que paga la mayoría de la población trabajadora);
2. La otra fuente son los impuestos sobre el capital que afectan a un grupo muy minoritario de la población (predominantemente los burgueses y los grandes empresarios);
3. La tercera fuente son los impuestos sobre el consumo, IVA, que toda la población, independientemente de sus ingresos, paga cuando compra algo, y que es sumamente regresivo;
4. Una cuarta fuente son los impuestos especiales que, como su nombre indica, son impuestos para fines concretos; y, finalmente, otra categoría que se define como “otros impuestos”.
Pues bien, según el excelente informe de la Fundación 1º de Mayo de Comisiones Obreras (uno de los centros de estudios más rigurosos que publica periódicamente informes que cuestionan la credibilidad del conocimiento producido por los centros de estudios financiados por la Banca y la Gran Patronal, como FEDEA), escrito por el economista Manuel Lago (y del cual extraigo la mayoría de los datos que presento en este artículo), los ingresos derivados del IRPF en España, desde el último año antes de que se iniciara la crisis, 2006, hasta el año 2011, crecieron un 6%, pasando el Estado de ingresar 64.638 millones de euros a 68.557 millones. Los fondos públicos procedentes del impuesto sobre el consumo bajaron sólo ligeramente (-2%), pasando de 52.817 millones de euros a 51.580 millones. Los fondos que el Estado recogía vía los impuestos especiales crecieron muy poco (2%), pasando de 18.699 millones de euros a 19.025 millones, y la categoría de “otros impuestos” subió más (5%), pasando de 5.696 millones de euros a 5.971 millones. Estos fondos procedentes de tales impuestos derivan, en gran parte, de la mayoría de la gente que trabaja y consume (lo que la literatura sociológica definiría como clase trabajadora y clases medias). Y a lo largo del periodo 2006-2011 se han mantenido o han aumentado.
Ahora bien, si analizamos qué ha pasado con las rentas derivadas del capital y de sus diferentes componentes, tales como capital financiero (bancos, compañías de seguros y compañías de alto riesgo, entre otros), capital industrial (grandes corporaciones multinacionales) o capital de servicios (empresas de marketing y asesorías, entre otras) vemos que los ingresos al Estado derivados de la carga impositiva sobre el capital han bajado de una manera muy acentuada, casi espectacular (-68%), pasando de 41.675 millones de euros a 13.383 millones. Es decir, en otras palabras, el Estado ha dejado de ingresar 28.292 millones de euros. En realidad, el descenso total de ingresos al Estado, pasando de 183.525 millones de euros a 158.516 millones, procede mayoritariamente de gravar menos las rentas del capital, hecho que es el mayor responsable de la bajada de ingresos al Estado durante este periodo (14%). En total el Estado ha pasado a ingresar 25.009 millones de euros menos, que es una cifra muy cercana a los 28.292 millones que el Estado no ingresó como consecuencia del descenso de los ingresos procedentes de las empresas, es decir, del capital. Manuel Lago documenta con gran detalle los cambios que han ido ocurriendo en cada uno de estos impuestos y sus consecuencias en cuanto a los ingresos al Estado. Lo que les acabo de escribir es el resumen de cómo han evolucionado los ingresos. Y lo más llamativo es que los ingresos procedentes del impuesto de sociedades (que es el impuesto al capital), que representaban el 23% de todos los impuestos en el año 2006, han pasado a ser sólo un 8%. Sí, lo ha leído bien, sólo un 8%. El mundo empresarial contribuye mucho, mucho menos que la mayoría de la población, incluyéndole a usted, lector, y a mí.
Ni que decir tiene que los centros de estudios financiados por la banca y por la gran patronal han intentado explicar tal descenso de su contribución al Estado atribuyéndolo a la reducción de sus beneficios, resultado de la crisis económica. Manuel Lago muestra contundentemente que ello no es del todo cierto. La reducción de beneficios es sólo una pequeña parte de la causa del descenso de los ingresos al Estado procedente de las empresas. Tal descenso es mucho mayor que el descenso de beneficios, una situación que es particularmente acentuada entre las grandes empresas, llamadas multinacionales. En realidad, el descenso de su aportación al Estado es consecuencia de la gran cantidad de lo que llaman incentivos fiscales, incluyendo las enormes deducciones, y nuevos sistemas de ingeniería contable que hacen que lo que en teoría pagan las rentas del capital (35%, bajado más tarde a 30%) se haya reducido en la realidad a un 5%. Sí, repito, ha leído bien, a un 5%. Las otras empresas (que no son grandes empresas multinacionales y facturan menos de diez millones de euros) pagan menos que su tipo nominal, siendo el real 15,3%, más de tres veces más que las multinacionales.
El significado de estos datos y otros aportados por el informe es que, durante el periodo de la crisis 2007-2011, las empresas financieras, industriales y de servicios (es decir, el capital) declararon 851.933 millones de euros de beneficios, por los cuales tributaron 101.421 millones, es decir, un 11,9%. Si hubieran pagado el 28,5%, que es lo que la Agencia Tributaria considera como el tipo nominal medio, el Estado hubiera ingresado 242.801 millones de euros, es decir, 141.380 millones de euros más, unos 35.000 millones de euros más anuales (tomando las cifras de 2009), que es, por cierto, la cifra de recortes de gasto público que los sucesivos gobiernos han estado exigiendo a la población española, recortes que se están haciendo para compensar las enormes ventajas fiscales que se han hecho a las rentas del capital. Es el tamaño de lo que debería llamarse el expolio social, muchas veces superior al supuesto expolio nacional. Y, en cambio, el gran debate es sobre este último (entre aquellos que sustentan que hay un expolio nacional y los que señalan que no lo hay), y no sobre el anterior, que está perjudicando a las clases populares de toda España, incluida Catalunya. El hecho de que los establishments políticos y mediáticos españoles y catalanes se centren en el debate nacional y no en el debate social, se explica por el enorme poder que el capital tiene sobre tales establishments a los dos lados del Ebro. Así de claro. Incluso, descontando deducciones justificables y otras medidas, tal como Hace Manuel Lago, la cantidad continúa siendo respetable. Es más, si las rentas del capital se gravaran como las rentas del trabajo a la mayoría de la clase trabajadora que está en nómina (como algunos partidos han sugerido), la cantidad de 35.000 millones ascendería a muchos millones más.
¿No creen que hay algo injusto en ello? A las clases populares se les está imponiendo toda una serie de sacrificios, a fin de mantener enormes beneficios y privilegios fiscales al gran empresariado financiero y multinacional del país. Créanme que en España, incluyendo Catalunya, el que no está indignado es que no sabe lo que está pasando en su entorno. Así de claro.
Vicenç Navarro.
viernes, 14 de diciembre de 2012
jueves, 13 de diciembre de 2012
Por qué el intervencionismo humanitario es un callejón sin salida. Cuidado con la izquierda anti-anti-guerra
Traducido del francés por Beatriz Morales Bastos.
Desde la década de 1990 y en particular desde la guerra de Kosovo en 1999 los adversarios de las intervenciones occidentales y de la OTAN han tenido que enfrentarse a lo que se podría llamar una izquierda (y una extrema izquierda) anti-anti-guerra que reúne a la socialdemocracia, a los verdes y la mayor parte de la izquierda radical (el Nuevo Partido Anticapitalista francés [1], diversos grupos antifascistas etc.) [2]. No se declara abiertamente a favor de las intervenciones occidentales y a veces las critica (en general, únicamente en relación a las tácticas seguidas y los intereses, petroleros o geoestratégicos, que se atribuyen a las potencias occidentales), pero emplea todas sus energías en “advertir” de las supuestas derivas de la izquierda que se sigue oponiendo firmemente a estas intervenciones. Nos llama a apoyar a las “víctimas” frente a los “verdugos”, a ser “solidarios con los pueblos frente a los tiranos”, a no ceder a un “antiimperialismo”, un “antiamericanismo” o un “antisionismo” simplistas y, sobre todo, a no aliarse a la extrema derecha. Después de los albano-kosovares en 1999, les tocó a las mujeres afganas, a los kurdos iraquíes y más recientemente a los pueblos libio y sirio a los que “nosotros” tenemos que proteger.
No se puede negar que la izquierda anti-anti-guerra ha sido extremadamente eficaz. La guerra en Iraq, que se había presentado bajo la forma de una amenaza pasajera, suscitó una oposición pasajera, aunque en la izquierda solo hubo una oposición muy débil a las intervenciones presentadas como “humanitarias”, como la de Kosovo, el bombardeo de Libia o actualmente la injerencia en Siria. Cualquier reflexión sobre la paz o el imperialismo simplemente se barrió ante la invocación del “derecho de injerencia” o del “deber de asistencia a un pueblo en peligro”.
Una extrema izquierda nostálgica de las revoluciones y de las luchas de liberación nacional tiende a analizar cualquier conflicto en el interior de un país dado como una agresión de un dictador contra su pueblo oprimido que aspira a la democracia. La interpretación, común a la izquierda y a la derecha, de la victoria de Occidente en la lucha contra el comunismo tuvo un efecto parecido.
La ambigüedad fundamental de la izquierda anti-anti-guerra radica en la cuestión de saber quién es el “nosotros” que debe proteger, intervenir, etc. Si se trata de la izquierda occidental, de los movimientos sociales o de las organizaciones de derechos humanos, hay que plantearles la pregunta que hizo Stalin a propósito del Vaticano: “¿Cuántas divisiones tienen?”. En efecto, todos los conflictos en los que se supone que “nosotros” tenemos que intervenir son conflictos armados. Intervenir significa intervenir militarmente y para ello hace falta tener los medios militares de hacerlo. Es evidente que la izquierda europea no tienen estos medios. Podría apelar a los ejércitos europeos para que interviniera en vez del de Estados Unidos, pero aquellos nunca lo han hecho sin un apoyo masivo de Estados Unidos, lo que hace que el mensaje real de la izquierda anti-anti-guerra sea: “¡Señores estadounidenses, hagan la guerra, no el amor!”. Mejor aún, como después de la debacle en Afganistán y en Irak, los estadounidenses ya no se van a arriesgar a enviar tropas de tierra se pide a las Fuerzas Aéreas estadounidenses, y solo a ellas, que vayan a bombardear a los países violadores de los derechos humanos.
Evidentemente, se puede mantener que el futuro de los derechos humanos se puede confiar a la atención y a la buena voluntad del gobierno estadounidense, de sus bombarderos y de sus drones. Pero es importante comprender que eso es lo que significan concretamente todos los llamamientos a la “solidaridad” y al “apoyo” a los movimientos secesionistas o rebeldes implicados en luchas armadas. En efecto, estos movimientos no tienen necesidad alguna de las consignas gritadas en “manifestaciones de solidaridad” en Bruselas o París, y no es eso lo que piden. Quieren armas pesadas y que se bombardee a sus enemigos, y eso solo se lo puede suministrar Estados Unidos.
Si la izquierda anti-anti-guerra fuera honesta, debería asumir esta elección y pedir abiertamente a Estados Unidos que bombardeara ahí donde se violen los derechos humanos. Pero entonces debería asumir esta elección hasta el final. En efecto, esa misma clase política y militar que se supone salva a las poblaciones “víctimas de sus tiranos” es la que hizo la guerra de Vietnam, el embargo y las guerras contra Irak, la que impone sanciones arbitraras a Cuba, Irán y a todos los países que no le gustan, la que apoya incondicionalmente a Israel, la que se opone por todos los medios, incluidos los golpes de Estado, a los reformadores de América Latina, de Arbenz a Chavez pasando por Allende, Goulart y otros, y la que explota descaradamente los recursos y a los y las trabajadoras por todo el mundo. Hace falta mucha buena voluntad para ver en esta clase política y militar el instrumento de salvación de las “víctimas”, pero es lo que en la práctica preconiza la izquierda anti-anti-guerra ya que, dadas las relaciones de fuerza en el mundo, no existe ninguna otra instancia capaz de imponer su voluntad por medios militares.
Evidentemente, el gobierno estadounidense apenas tiene conocimiento de la existencia de la izquierda anti-anti-guerra europea. Estados Unidos decide hacer o no la guerra en función de sus posibilidades de éxito, de sus intereses, de la oposición interna y externa a ella, etc. Y una vez desencadenada quiere ganarla por todos los medios. No tienen ningún sentido pedirle que haga solo buenas intervenciones, solo contra los verdaderos malos y con unos medios amables que salven a los civiles y a los inocentes.
Quienes pidieron a la OTAN que “mantuviera los progresos para las mujeres afganas”, como hizo Amnistía Internacional (USA) durante una reunión de la OTAN en Chicago [3], piden de hecho a Estados Unidos que intervenga militarmente y, entre otras cosas, que bombardee a civiles afganos y envíe drones a Pakistán. No tiene ningún sentido pedirle que proteja y no bombardee, porque así es como funcionan los ejércitos.
Uno de los temas favoritos de la izquierda anti-anti-guerra es pedir a quienes se oponen a las guerras que no “apoyen al tirano”, en todo caso, no a aquel cuyo país es atacado. El problema es que toda guerra necesita un esfuerzo generalizado de propaganda y que este se basa en la criminalización del enemigo y, sobre todo, de su dirigente. Para oponerse eficazmente a esta propaganda es necesario denunciar las mentiras de la propaganda, contextualizar los crímenes del enemigo y compararlos a los de nuestro propio campo. Es una tarea necesaria, aunque ingrata y arriesgada: se reprochará eternamente el menor error, mientras que todas las mentiras de la propaganda de guerra se olvidan una vez que terminan las operaciones.
Ya durante la Primera Guerra Mundial se acusó a Bertrand Russell y a los pacifistas británicos de “apoyar al enemigo”, pero si desmontaron la propaganda de los aliados no fue por amor al Kaiser alemán, sino por apego a la paz. A la izquierda anti-anti-guerra le encanta denunciar“el doble rasero” de los pacifistas coherentes que critican los crímenes de su propio campo pero contextualizan o refutan los que se atribuyen al enemigo del momento (Milosevic, Gadafi, Assad etc.), pero este “doble rasero” no es sino la consecuencia de una opción deliberada y legítima: contrarrestar la propaganda de guerra ahí donde se encuentra (es decir, en Occidente), propaganda que se basa ella misma tanto en una constante criminalización del enemigo atacado como en una idealización de aquellos que lo atacan.
La izquierda anti-anti-guerra no tiene ninguna influencia en la política estadounidense, pero eso no quiere decir que no tenga efectos. Por una parte, su retórica insidiosa ha permitido neutralizar todo el movimiento pacifista o en contra de la guerra, pero también ha hecho imposible toda postura independiente de un país europeo, como fue el caso de Francia bajo De Gaulle e incluso, en menor medida, bajo Chirac, o de la Suecia de Olof Palme. Hoy la izquierda anti-anti-guerra, que tienen una considerable repercusión mediática, atacaría inmediatamente esta postura por considerarla un “apoyo al tirano”, otro “Munich” o un “crimen de indiferencia”.
Lo que ha conseguido la izquierda anti-anti-guerra es destruir la soberanía de los Estados europeos frente a Estados Unidos y eliminar toda postura de izquierda independiente ante las guerras y ante el imperialismo. También ha llevado a la mayoría de la izquierda europea a adoptar posturas totalmente contradictorias con las de la izquierda latinoamericana y a erigirse en adversarios de países como China o Rusia que tratan de defender el derecho internacional (y tienen toda la razón al hacerlo).
Un aspecto extraño de la izquierda anti-anti-guerra es que es la primera en denunciar las revoluciones del pasado que llevaron al totalitarismo (Stalin, Mao, Pol Pot etc.) y que constantemente nos pone en guardia ante la repetición de estos “errores” del apoyo a dictadores hecho por parte de la izquierda de la época. Pero ahora que la revolución la llevan a cabo los islamistas, se supone que tenemos que creer que todo va a ir bien y aplaudir. ¿Y si la “lección que hay que aprender del pasado” fuera que las revoluciones violentas, la militarización y las injerencias extranjeras no eran la única o la mejor manera de realizar cambios sociales?
A veces se nos responde que hay que actuar “con urgencia” (para salvar a las víctimas). Aunque se aceptara este punto de vista, el hecho es que después de cada crisis la izquierda no hace ninguna reflexión sobre lo que podría ser una política que no fuera el apoyo a las intervenciones militares. Esta política debería dar un giro de 180° respecto a la que actualmente predica la izquierda anti-anti-guerra. En vez de pedir más intervenciones deberíamos exigir a nuestros gobiernos un respeto estricto del derecho internacional, la no injerencia en los asuntos internos de otros Estados y sustituir las confrontaciones por la cooperación. La no injerencia no es solo la no intervención en el plano militar, sino también en los planos diplomático y económico: nada de sanciones unilaterales, nada de amenazas durante negociaciones y trato de todos los Estados en pie de igualdad. En vez de “denunciar” sin parar a los dirigentes malos de países como Rusia, China, Irán y Cuba en nombre de los derechos humanos, algo que le encanta hacer a la izquierda anti-anti-guerra, deberíamos escucharles, dialogar con ellos y hacer comprender sus puntos de vista a nuestros conciudadanos
Evidentemente, esta política no resolvería los problemas de derechos humanos, en Siria o Libia o en otra parte. Pero, ¿qué los resuelve? La política de injerencia aumenta las tensiones y la militarización en el mundo. Los países que se sienten objeto de esta política, y son muchos, se defienden como pueden; las campañas de criminalización impiden las relaciones pacíficas entre Estados, los intercambios culturales entre sus ciudadanos e indirectamente el desarrollo de las ideas liberales que se supone que promueven los partidarios de la injerencia. A partir del momento en que la izquierda anti-anti-guerra abandonó todo programa alternativo ante esta política, renunció de hecho a tener la menor influencia en los asuntos del mundo. No es cierto que “ayude a las víctimas”, como ella pretende. Aparte de destruir toda resistencia que hubiera aquí al imperialismo y a la guerra, no hace nada y, a fin de cuentas, los únicos que reaccionan realmente son los gobiernos estadounidenses. Confiarles el bienestar de los pueblos es una actitud de desesperación absoluta.
Esta actitud es un aspecto de la manera cómo ha reaccionado la mayoría de la izquierda ante la “caída del comunismo”, apoyando exactamente lo contrario de las políticas seguidas por los comunistas, en particular en los asuntos internacionales, donde toda oposición al imperialismo y toda defensa de la soberanía era considerada por la izquierda una forma de paleoestalinismo.
Tanto la política de injerencia como la construcción europea, otro importante ataque a la soberanía nacional, son dos políticas de derecha. La una se basa en los intentos estadounidenses de hegemonía mundial y la otra en el neoliberalismo y la destrucción de los derechos sociales, justificados en gran medida por unos discursos “de izquierda”: los derechos humanos, el internacionalismo, el antirracismo y el antinacionalismo. En ambos casos una izquierda desorientada por el fin del comunismo buscó una tabla de salvamiento en el discurso “humanitario” y “generoso” completamente carente de un análisis realista de las relaciones de fuerza en el mundo. Con semejante izquierda, la derecha prácticamente no necesita ideología, le basta con la de los derechos humanos.
Con todo, estas dos políticas, la injerencia y la construcción europea, se encuentran hoy en un punto muerto: el imperialismo estadounidense se enfrenta a unas dificultades enormes tanto en el plano económico como diplomático; la política de injerencia ha logrado unir a gran parte del mundo en contra ella. Ya casi nadie cree en otra Europa, en una Europa social, y la Europa que existe realmente, neoliberal (la única posible) no suscita mucho entusiasmo entre los y las trabajadoras. Por supuesto, estos fracasos benefician a la derecha y a la extrema derecha, pero ello solo porque la mayor parte de la izquierda ha abandonado la defensa de la paz, del derecho internacional y de la soberanía nacional como condición previa a la democracia.
Notas:
[1] Véase sobre esta organización Ahmed Halfaoui, Colonialiste d’«extrême gauche»? Véase:
http://www.legrandsoir.info/colonialiste-d-extreme-gauche.html.
[2] Por ejemplo, en febrero de 2011, una octavilla distribuida en Toulouse preguntaba a propósito de Libia y de las amenenazas de “genocidio” por parte de Gadafi: “¿Dónde está Europa? ¿Dónde está Francia? ¿Dónde está Estados Unidos? ¿Dónde están las ONG?” y “¿Acaso el valor del petróleo y del uranio son más importantes que el pueblo libio?”. es decir, que los autores de la octavilla - firmada entre otros por Alternative Libertaire, Europe Écologie-Les Verts, Gauche Unitaire, LDH, Lutte Ouvrière, Mouvement de la Paix (Comité 31), MRAP, NPA31, OCML-Voie Prolétarienne Toulouse, PCF31, Parti Communiste Tunisien, Parti de Gauche31- rerpochaban a los occidentales que no intervinieran debido a intereses económicos. Nos preguntamos qué pensaron estos autores cuando el CNT libio prometió vender el 35% del petróleo libio a Francia (y ello independientemente de que se mantuviera o no esta promesa o de que el petróleo sea o no la causa de la guerra).
[3] Véase por ejemplo: Jodie Evans, Why I Had to Challenge Amnesty International-USA's Claim That NATO's Presence Benefits Afghan Women.
http://www.alternet.org/story/156303/why_i_had_to_challenge_amnesty_international-usa's_claim_that_nato's_presence_benefits_afghan_women.
Fuente (en francés): http://www.legrandsoir.info/reponse-a-la-gauche-anti-anti-guerre.html
Versión inglesa: http://www.counterpunch.org/2012/12/04/beware-the-anti-anti-war-left/
Jean Bricmont, Le grand soir/Counterpunch
Desde la década de 1990 y en particular desde la guerra de Kosovo en 1999 los adversarios de las intervenciones occidentales y de la OTAN han tenido que enfrentarse a lo que se podría llamar una izquierda (y una extrema izquierda) anti-anti-guerra que reúne a la socialdemocracia, a los verdes y la mayor parte de la izquierda radical (el Nuevo Partido Anticapitalista francés [1], diversos grupos antifascistas etc.) [2]. No se declara abiertamente a favor de las intervenciones occidentales y a veces las critica (en general, únicamente en relación a las tácticas seguidas y los intereses, petroleros o geoestratégicos, que se atribuyen a las potencias occidentales), pero emplea todas sus energías en “advertir” de las supuestas derivas de la izquierda que se sigue oponiendo firmemente a estas intervenciones. Nos llama a apoyar a las “víctimas” frente a los “verdugos”, a ser “solidarios con los pueblos frente a los tiranos”, a no ceder a un “antiimperialismo”, un “antiamericanismo” o un “antisionismo” simplistas y, sobre todo, a no aliarse a la extrema derecha. Después de los albano-kosovares en 1999, les tocó a las mujeres afganas, a los kurdos iraquíes y más recientemente a los pueblos libio y sirio a los que “nosotros” tenemos que proteger.
No se puede negar que la izquierda anti-anti-guerra ha sido extremadamente eficaz. La guerra en Iraq, que se había presentado bajo la forma de una amenaza pasajera, suscitó una oposición pasajera, aunque en la izquierda solo hubo una oposición muy débil a las intervenciones presentadas como “humanitarias”, como la de Kosovo, el bombardeo de Libia o actualmente la injerencia en Siria. Cualquier reflexión sobre la paz o el imperialismo simplemente se barrió ante la invocación del “derecho de injerencia” o del “deber de asistencia a un pueblo en peligro”.
Una extrema izquierda nostálgica de las revoluciones y de las luchas de liberación nacional tiende a analizar cualquier conflicto en el interior de un país dado como una agresión de un dictador contra su pueblo oprimido que aspira a la democracia. La interpretación, común a la izquierda y a la derecha, de la victoria de Occidente en la lucha contra el comunismo tuvo un efecto parecido.
La ambigüedad fundamental de la izquierda anti-anti-guerra radica en la cuestión de saber quién es el “nosotros” que debe proteger, intervenir, etc. Si se trata de la izquierda occidental, de los movimientos sociales o de las organizaciones de derechos humanos, hay que plantearles la pregunta que hizo Stalin a propósito del Vaticano: “¿Cuántas divisiones tienen?”. En efecto, todos los conflictos en los que se supone que “nosotros” tenemos que intervenir son conflictos armados. Intervenir significa intervenir militarmente y para ello hace falta tener los medios militares de hacerlo. Es evidente que la izquierda europea no tienen estos medios. Podría apelar a los ejércitos europeos para que interviniera en vez del de Estados Unidos, pero aquellos nunca lo han hecho sin un apoyo masivo de Estados Unidos, lo que hace que el mensaje real de la izquierda anti-anti-guerra sea: “¡Señores estadounidenses, hagan la guerra, no el amor!”. Mejor aún, como después de la debacle en Afganistán y en Irak, los estadounidenses ya no se van a arriesgar a enviar tropas de tierra se pide a las Fuerzas Aéreas estadounidenses, y solo a ellas, que vayan a bombardear a los países violadores de los derechos humanos.
Evidentemente, se puede mantener que el futuro de los derechos humanos se puede confiar a la atención y a la buena voluntad del gobierno estadounidense, de sus bombarderos y de sus drones. Pero es importante comprender que eso es lo que significan concretamente todos los llamamientos a la “solidaridad” y al “apoyo” a los movimientos secesionistas o rebeldes implicados en luchas armadas. En efecto, estos movimientos no tienen necesidad alguna de las consignas gritadas en “manifestaciones de solidaridad” en Bruselas o París, y no es eso lo que piden. Quieren armas pesadas y que se bombardee a sus enemigos, y eso solo se lo puede suministrar Estados Unidos.
Si la izquierda anti-anti-guerra fuera honesta, debería asumir esta elección y pedir abiertamente a Estados Unidos que bombardeara ahí donde se violen los derechos humanos. Pero entonces debería asumir esta elección hasta el final. En efecto, esa misma clase política y militar que se supone salva a las poblaciones “víctimas de sus tiranos” es la que hizo la guerra de Vietnam, el embargo y las guerras contra Irak, la que impone sanciones arbitraras a Cuba, Irán y a todos los países que no le gustan, la que apoya incondicionalmente a Israel, la que se opone por todos los medios, incluidos los golpes de Estado, a los reformadores de América Latina, de Arbenz a Chavez pasando por Allende, Goulart y otros, y la que explota descaradamente los recursos y a los y las trabajadoras por todo el mundo. Hace falta mucha buena voluntad para ver en esta clase política y militar el instrumento de salvación de las “víctimas”, pero es lo que en la práctica preconiza la izquierda anti-anti-guerra ya que, dadas las relaciones de fuerza en el mundo, no existe ninguna otra instancia capaz de imponer su voluntad por medios militares.
Evidentemente, el gobierno estadounidense apenas tiene conocimiento de la existencia de la izquierda anti-anti-guerra europea. Estados Unidos decide hacer o no la guerra en función de sus posibilidades de éxito, de sus intereses, de la oposición interna y externa a ella, etc. Y una vez desencadenada quiere ganarla por todos los medios. No tienen ningún sentido pedirle que haga solo buenas intervenciones, solo contra los verdaderos malos y con unos medios amables que salven a los civiles y a los inocentes.
Quienes pidieron a la OTAN que “mantuviera los progresos para las mujeres afganas”, como hizo Amnistía Internacional (USA) durante una reunión de la OTAN en Chicago [3], piden de hecho a Estados Unidos que intervenga militarmente y, entre otras cosas, que bombardee a civiles afganos y envíe drones a Pakistán. No tiene ningún sentido pedirle que proteja y no bombardee, porque así es como funcionan los ejércitos.
Uno de los temas favoritos de la izquierda anti-anti-guerra es pedir a quienes se oponen a las guerras que no “apoyen al tirano”, en todo caso, no a aquel cuyo país es atacado. El problema es que toda guerra necesita un esfuerzo generalizado de propaganda y que este se basa en la criminalización del enemigo y, sobre todo, de su dirigente. Para oponerse eficazmente a esta propaganda es necesario denunciar las mentiras de la propaganda, contextualizar los crímenes del enemigo y compararlos a los de nuestro propio campo. Es una tarea necesaria, aunque ingrata y arriesgada: se reprochará eternamente el menor error, mientras que todas las mentiras de la propaganda de guerra se olvidan una vez que terminan las operaciones.
Ya durante la Primera Guerra Mundial se acusó a Bertrand Russell y a los pacifistas británicos de “apoyar al enemigo”, pero si desmontaron la propaganda de los aliados no fue por amor al Kaiser alemán, sino por apego a la paz. A la izquierda anti-anti-guerra le encanta denunciar“el doble rasero” de los pacifistas coherentes que critican los crímenes de su propio campo pero contextualizan o refutan los que se atribuyen al enemigo del momento (Milosevic, Gadafi, Assad etc.), pero este “doble rasero” no es sino la consecuencia de una opción deliberada y legítima: contrarrestar la propaganda de guerra ahí donde se encuentra (es decir, en Occidente), propaganda que se basa ella misma tanto en una constante criminalización del enemigo atacado como en una idealización de aquellos que lo atacan.
La izquierda anti-anti-guerra no tiene ninguna influencia en la política estadounidense, pero eso no quiere decir que no tenga efectos. Por una parte, su retórica insidiosa ha permitido neutralizar todo el movimiento pacifista o en contra de la guerra, pero también ha hecho imposible toda postura independiente de un país europeo, como fue el caso de Francia bajo De Gaulle e incluso, en menor medida, bajo Chirac, o de la Suecia de Olof Palme. Hoy la izquierda anti-anti-guerra, que tienen una considerable repercusión mediática, atacaría inmediatamente esta postura por considerarla un “apoyo al tirano”, otro “Munich” o un “crimen de indiferencia”.
Lo que ha conseguido la izquierda anti-anti-guerra es destruir la soberanía de los Estados europeos frente a Estados Unidos y eliminar toda postura de izquierda independiente ante las guerras y ante el imperialismo. También ha llevado a la mayoría de la izquierda europea a adoptar posturas totalmente contradictorias con las de la izquierda latinoamericana y a erigirse en adversarios de países como China o Rusia que tratan de defender el derecho internacional (y tienen toda la razón al hacerlo).
Un aspecto extraño de la izquierda anti-anti-guerra es que es la primera en denunciar las revoluciones del pasado que llevaron al totalitarismo (Stalin, Mao, Pol Pot etc.) y que constantemente nos pone en guardia ante la repetición de estos “errores” del apoyo a dictadores hecho por parte de la izquierda de la época. Pero ahora que la revolución la llevan a cabo los islamistas, se supone que tenemos que creer que todo va a ir bien y aplaudir. ¿Y si la “lección que hay que aprender del pasado” fuera que las revoluciones violentas, la militarización y las injerencias extranjeras no eran la única o la mejor manera de realizar cambios sociales?
A veces se nos responde que hay que actuar “con urgencia” (para salvar a las víctimas). Aunque se aceptara este punto de vista, el hecho es que después de cada crisis la izquierda no hace ninguna reflexión sobre lo que podría ser una política que no fuera el apoyo a las intervenciones militares. Esta política debería dar un giro de 180° respecto a la que actualmente predica la izquierda anti-anti-guerra. En vez de pedir más intervenciones deberíamos exigir a nuestros gobiernos un respeto estricto del derecho internacional, la no injerencia en los asuntos internos de otros Estados y sustituir las confrontaciones por la cooperación. La no injerencia no es solo la no intervención en el plano militar, sino también en los planos diplomático y económico: nada de sanciones unilaterales, nada de amenazas durante negociaciones y trato de todos los Estados en pie de igualdad. En vez de “denunciar” sin parar a los dirigentes malos de países como Rusia, China, Irán y Cuba en nombre de los derechos humanos, algo que le encanta hacer a la izquierda anti-anti-guerra, deberíamos escucharles, dialogar con ellos y hacer comprender sus puntos de vista a nuestros conciudadanos
Evidentemente, esta política no resolvería los problemas de derechos humanos, en Siria o Libia o en otra parte. Pero, ¿qué los resuelve? La política de injerencia aumenta las tensiones y la militarización en el mundo. Los países que se sienten objeto de esta política, y son muchos, se defienden como pueden; las campañas de criminalización impiden las relaciones pacíficas entre Estados, los intercambios culturales entre sus ciudadanos e indirectamente el desarrollo de las ideas liberales que se supone que promueven los partidarios de la injerencia. A partir del momento en que la izquierda anti-anti-guerra abandonó todo programa alternativo ante esta política, renunció de hecho a tener la menor influencia en los asuntos del mundo. No es cierto que “ayude a las víctimas”, como ella pretende. Aparte de destruir toda resistencia que hubiera aquí al imperialismo y a la guerra, no hace nada y, a fin de cuentas, los únicos que reaccionan realmente son los gobiernos estadounidenses. Confiarles el bienestar de los pueblos es una actitud de desesperación absoluta.
Esta actitud es un aspecto de la manera cómo ha reaccionado la mayoría de la izquierda ante la “caída del comunismo”, apoyando exactamente lo contrario de las políticas seguidas por los comunistas, en particular en los asuntos internacionales, donde toda oposición al imperialismo y toda defensa de la soberanía era considerada por la izquierda una forma de paleoestalinismo.
Tanto la política de injerencia como la construcción europea, otro importante ataque a la soberanía nacional, son dos políticas de derecha. La una se basa en los intentos estadounidenses de hegemonía mundial y la otra en el neoliberalismo y la destrucción de los derechos sociales, justificados en gran medida por unos discursos “de izquierda”: los derechos humanos, el internacionalismo, el antirracismo y el antinacionalismo. En ambos casos una izquierda desorientada por el fin del comunismo buscó una tabla de salvamiento en el discurso “humanitario” y “generoso” completamente carente de un análisis realista de las relaciones de fuerza en el mundo. Con semejante izquierda, la derecha prácticamente no necesita ideología, le basta con la de los derechos humanos.
Con todo, estas dos políticas, la injerencia y la construcción europea, se encuentran hoy en un punto muerto: el imperialismo estadounidense se enfrenta a unas dificultades enormes tanto en el plano económico como diplomático; la política de injerencia ha logrado unir a gran parte del mundo en contra ella. Ya casi nadie cree en otra Europa, en una Europa social, y la Europa que existe realmente, neoliberal (la única posible) no suscita mucho entusiasmo entre los y las trabajadoras. Por supuesto, estos fracasos benefician a la derecha y a la extrema derecha, pero ello solo porque la mayor parte de la izquierda ha abandonado la defensa de la paz, del derecho internacional y de la soberanía nacional como condición previa a la democracia.
Notas:
[1] Véase sobre esta organización Ahmed Halfaoui, Colonialiste d’«extrême gauche»? Véase:
http://www.legrandsoir.info/colonialiste-d-extreme-gauche.html.
[2] Por ejemplo, en febrero de 2011, una octavilla distribuida en Toulouse preguntaba a propósito de Libia y de las amenenazas de “genocidio” por parte de Gadafi: “¿Dónde está Europa? ¿Dónde está Francia? ¿Dónde está Estados Unidos? ¿Dónde están las ONG?” y “¿Acaso el valor del petróleo y del uranio son más importantes que el pueblo libio?”. es decir, que los autores de la octavilla - firmada entre otros por Alternative Libertaire, Europe Écologie-Les Verts, Gauche Unitaire, LDH, Lutte Ouvrière, Mouvement de la Paix (Comité 31), MRAP, NPA31, OCML-Voie Prolétarienne Toulouse, PCF31, Parti Communiste Tunisien, Parti de Gauche31- rerpochaban a los occidentales que no intervinieran debido a intereses económicos. Nos preguntamos qué pensaron estos autores cuando el CNT libio prometió vender el 35% del petróleo libio a Francia (y ello independientemente de que se mantuviera o no esta promesa o de que el petróleo sea o no la causa de la guerra).
[3] Véase por ejemplo: Jodie Evans, Why I Had to Challenge Amnesty International-USA's Claim That NATO's Presence Benefits Afghan Women.
http://www.alternet.org/story/156303/why_i_had_to_challenge_amnesty_international-usa's_claim_that_nato's_presence_benefits_afghan_women.
Fuente (en francés): http://www.legrandsoir.info/reponse-a-la-gauche-anti-anti-guerre.html
Versión inglesa: http://www.counterpunch.org/2012/12/04/beware-the-anti-anti-war-left/
Jean Bricmont, Le grand soir/Counterpunch
martes, 11 de diciembre de 2012
Pere Casaldàliga abandona por amenazas de muerte su casa en São Félix don Araguaia
El obispo Pere Casaldàliga, de 84 años, se ha visto obligado marcharse de su casa en São Félix don Araguaia e irse a más de de 1.000 kilómetros de distancia por indicación de la policía federal de Brasil. La huída ha sido a causa de la intensificación en los últimos días de las amenazas de muerte que recibe por su tarea durante más de 40 años en defensa de los derechos de los indios Xavante. La productora Minoría Absoluta, que trabaja en una mini serie sobre el religioso, ha sido uno de los denunciantes. El hecho que el gobierno del Brasil haya decidido tomar las tierras a los 'fazendeiros' para devolverlas a los indígenas, legítimos propietarios, ha agravado el conflicto. Minoría Absoluta ha señalado que el equipo de rodaje tuvo que modificar su plan de trabajo. En concreto, y por recomendación del gobierno brasileño, el equipo tuvo que cruzar el bosque y hacer una ruta de 48 horas de duración para evitar la zona de conflicto. Casaldàliga se ha convertido en objetivo de los llamados 'invasores' que fraudulentamente se apropiaron de las tierras de los Marâiwatsédé a los Xavantes. El obispo, de 84 años y afectado de Parkinson, trabaja desde hace años a favor de los indígenas y de sus derechos fundamentales a la prelatura de São Félix y se ha convertido a nivel internacional en cara visible de la causa.
Los terratenientes y los colonos que ocuparon fraudulentamente y con violencia las tierras serán desalojados próximamente por la orden ministerial que desde hace 20 años está pendiente de cumplimiento. Según ha informado en un escrito la asociación Araguaia con el obispo Casaldàliga, el prelado ha tenido que coger un avión escoltado por la policía y ahora se encuentra en casa de un religioso amigo suyo cuya identidad y localización se ha ocultado por seguridad.
"Nos sentimos plenamente identificados con la defensa que desde siempre ha hecho el Obispo Pere y la Prelazia de Sâo Félix de la causa indígena", dice el escrito de la asociación, que emplaza a la comunidad internacional a velar por la seguridad de Casaldàliga y por los derechos de los indios de Xavantes. También a través de Twitter ha circulado el comunicado de apoyo del Conselho Indigenista Missionário --organismo vinculado a la Conferencia Nacional de Obispos del Brasil--, firmado por asociaciones y entidades vinculadas con la lucha indígena y con los derechos humanos.
Fuente: http://www.elperiodico.com/es/noticias/sociedad/pere-casaldaliga-abandona-por-amenazas-muerte-casa-felix-don-araguaia-2268124
domingo, 9 de diciembre de 2012
Inquietantes razones contra la huelga
La primera criticaba sus motivaciones: era “política”, con un objetivo difuso y, por ello, “condenada al fracaso”. El argumento, de entrada, asume una línea de demarcación entre causas justificadas, las económicas, y no justificadas, las políticas. Un trazo menos claro de lo que parece. Un plan de austeridad que rebaja los salarios de funcionarios, establece pagos por visita médica o abarata el despido afecta a la capacidad adquisitiva, a “la economía”. Dicho esto, es indiscutible que la huelga tenía un objetivo político. No es un drama. Que tuviera un objetivo político no quiere decir que pretendiera cambiar el sistema político. No se cuestionaba la legitimidad del Gobierno ni se pretendía sustituir un proceso electoral. Se pedía una respuesta a la crisis que tuviera en cuenta intereses fácilmente ignorados. No hay que olvidar que la política es poder y los gobiernos acostumbran a actuar por la línea de menor resistencia. Si uno no se queja, nadie le hará caso. Para algunos conseguir la atención es tan sencillo como contar su vida. Una gran empresa, a la vista de la legislación laboral o ambiental, puede avisar a un ministro que está pensando marcharse o no venir. El Gobierno, razonablemente, tendrá en cuenta esa opinión. Otros lo tienen más complicado.
Las quejas tenían que llegar al Gobierno o, más exactamente, a quien puede hacer que las cosas cambien. Porque era política tenía que ser “general”. De hecho, la protesta era europea. Sólo que se quejaron más quienes peor están, los que soportan las medidas más radicales. Un mensaje, por cierto, que el Gobierno no tenía por qué recibir con aspavientos: también él trata de decir a quién realmente manda que no todo es posible. Es así como se pueden conseguir las cosas. Porque no todas las huelgas generales acaban en fracaso. Recuerden la historia del “decretazo” de Aznar.
El segundo argumento criticaba la coerción. En dos planos. Por una parte, la huelga como tal, supondría una coacción al gobierno y, sobre todo, a quienes ven complicadas sus actividades, sus compras o sus desplazamientos. Esto, en rigor, no es un argumento, sino una tautología. Una huelga, por definición, es una acción que, mediante la presión, aspira a conseguir cierto objetivo. Si la huelga no fuera coactiva no sería huelga. En todo caso, se trataría de discutir si es una coacción legítima o no. Cuando, con alegre frivolidad, se equipara las huelgas a “chantajes”, “amenazas” o “extorsiones” se busca avecinar lo que es un derecho a un delito. Si ese léxico vale, también deberíamos aplicarlo a las empresas que llaman al ministro y le cuentan sus planes...
Leer más en El País.
Foto del dolmen del Mellizo I y II, por Valencia de Alcántara.
sábado, 8 de diciembre de 2012
La peligrosa sensación de desamparo
El problema es la desprotección que sienten hoy día la mayoría de los mortales en las sociedades desarrolladas frente a las abrumadoras fuerzas que la política no parece controlar.
El historiador británico Anthony Beevor, autor de importantes obras sobre la II Guerra Mundial, rechaza hacer comparaciones entre el momento que atraviesa hoy la sociedad europea y la situación en los años treinta del siglo XX. Salvo en una cosa: “El público está tan desinformado hoy día respecto a los peligros que encara la zona euro como lo estaban los ciudadanos británicos y franceses en 1938, durante la crisis checa”.
Beevor no cree que las guerras se eviten con una mayor integración económica, sino con mayor democracia. La pregunta que se hace es, pues, otra: “¿Llevará un dramático aumento del déficit democrático [la centralización del poder económico y político sin prácticamente rendición de cuentas] a un malestar e, incluso, a un conflicto, mientras Europa se desgarra?”.
En una época en la que los ciudadanos tienen más información que nunca, gracias a los sistemas de comunicación digital, sorprende la queja de Beevor. Pero no es el único en resaltarla, ni Europa el único escenario de ese malestar civil. Paul Volker, expresidente de la Reserva Federal, insiste en que la sociedad no hace frente a un problema de equilibrio financiero, sino a una cuestión más fundamental: un problema de gobernanza efectiva. El problema es el desamparo que sienten hoy día la mayoría de los mortales en sociedades desarrolladas frente a abrumadoras fuerzas que la política no parece controlar.
Hasta ahora, ese descontrol se justificaba ante los ciudadanos por la mejora de su nivel de vida. Eso se ha acabado. Ahora, la desigualdad aumenta, sin compensación alguna para la mayoría de la población, y el desorden, incrementado exponencialmente por la globalización, provoca una sensación de desvalimiento que está llegando a niveles desconocidos.
Algunas voces en Europa insisten en la urgencia de combatir ese descontrol y de exhibir pronto medidas efectivas que demuestren la reacción de la democracia y de la política ante esas fuerzas abrumadoras que, en palabras de James S. Henry, del Tax Justice Network, se han convertido en “el lado oscuro de la globalización”.
Henry es un especialista en paraísos fiscales y en las maniobras de ocultación de los grandes conglomerados y se pregunta si se ha llegado hasta el punto de tener que pensar que las entidades demasiado grandes son deshonestas: “Too big to be honest”. La proporción de fraude y de malas conductas ha crecido brutalmente con la globalización, hasta el extremo de que el agujero negro que representan los paraísos fiscales afecta ya a la presión fiscal y a las políticas económicas que sufren los ciudadanos normales.
En abril de 2009, el G-20 anunció que la “era del secreto bancario se ha acabado”, pero, por el momento, no se han tomado medidas para conseguir ese resultado. En teoría, la solución seria bastante simple, explicaba esta semana la BBC: bastaría con que todos los Gobiernos estuvieran obligados por ley a informar a los países de origen sobre el dinero que tienen los ciudadanos extranjeros.
La Unión Europea está dando pasos en ese camino, pero todavía no ha logrado superar las presiones de quienes sacan beneficios de ese sistema. Como tampoco consigue acabar con el “Too big to be honest”. Esta semana, la Comisión ha impuesto una gran multa a varios productores de tubos catódicos, entre ellos Philips, Samsung, LG o Toshiba, por conspirar para fijar precios. No parece que ese tipo de multas disuada a los grandes de seguir siendo deshonestos.
Según el diario alemán Der Tagesspiegel, se han descubierto carteles en la venta de café, productos para lavavajillas, cemento, pantallas de plasma, DVD, cristales, camiones de bomberos… El diario mantiene que una gran compañía química alemana ha sido perseguida entre 1990 y 2005 nada menos que en 26 ocasiones por formar parte de operaciones para estafar a los consumidores. Su equivalente francés lleva otras 18 denuncias. La razón es simple: compensa. La única manera de evitarlo sería llevar a los ejecutivos de esas empresas a la cárcel. Pero no parece que ese proyecto esté en marcha. Se comprende la peligrosa impresión de desamparo de la que habla Volker.
El historiador británico Anthony Beevor, autor de importantes obras sobre la II Guerra Mundial, rechaza hacer comparaciones entre el momento que atraviesa hoy la sociedad europea y la situación en los años treinta del siglo XX. Salvo en una cosa: “El público está tan desinformado hoy día respecto a los peligros que encara la zona euro como lo estaban los ciudadanos británicos y franceses en 1938, durante la crisis checa”.
Beevor no cree que las guerras se eviten con una mayor integración económica, sino con mayor democracia. La pregunta que se hace es, pues, otra: “¿Llevará un dramático aumento del déficit democrático [la centralización del poder económico y político sin prácticamente rendición de cuentas] a un malestar e, incluso, a un conflicto, mientras Europa se desgarra?”.
En una época en la que los ciudadanos tienen más información que nunca, gracias a los sistemas de comunicación digital, sorprende la queja de Beevor. Pero no es el único en resaltarla, ni Europa el único escenario de ese malestar civil. Paul Volker, expresidente de la Reserva Federal, insiste en que la sociedad no hace frente a un problema de equilibrio financiero, sino a una cuestión más fundamental: un problema de gobernanza efectiva. El problema es el desamparo que sienten hoy día la mayoría de los mortales en sociedades desarrolladas frente a abrumadoras fuerzas que la política no parece controlar.
Hasta ahora, ese descontrol se justificaba ante los ciudadanos por la mejora de su nivel de vida. Eso se ha acabado. Ahora, la desigualdad aumenta, sin compensación alguna para la mayoría de la población, y el desorden, incrementado exponencialmente por la globalización, provoca una sensación de desvalimiento que está llegando a niveles desconocidos.
Algunas voces en Europa insisten en la urgencia de combatir ese descontrol y de exhibir pronto medidas efectivas que demuestren la reacción de la democracia y de la política ante esas fuerzas abrumadoras que, en palabras de James S. Henry, del Tax Justice Network, se han convertido en “el lado oscuro de la globalización”.
Henry es un especialista en paraísos fiscales y en las maniobras de ocultación de los grandes conglomerados y se pregunta si se ha llegado hasta el punto de tener que pensar que las entidades demasiado grandes son deshonestas: “Too big to be honest”. La proporción de fraude y de malas conductas ha crecido brutalmente con la globalización, hasta el extremo de que el agujero negro que representan los paraísos fiscales afecta ya a la presión fiscal y a las políticas económicas que sufren los ciudadanos normales.
En abril de 2009, el G-20 anunció que la “era del secreto bancario se ha acabado”, pero, por el momento, no se han tomado medidas para conseguir ese resultado. En teoría, la solución seria bastante simple, explicaba esta semana la BBC: bastaría con que todos los Gobiernos estuvieran obligados por ley a informar a los países de origen sobre el dinero que tienen los ciudadanos extranjeros.
La Unión Europea está dando pasos en ese camino, pero todavía no ha logrado superar las presiones de quienes sacan beneficios de ese sistema. Como tampoco consigue acabar con el “Too big to be honest”. Esta semana, la Comisión ha impuesto una gran multa a varios productores de tubos catódicos, entre ellos Philips, Samsung, LG o Toshiba, por conspirar para fijar precios. No parece que ese tipo de multas disuada a los grandes de seguir siendo deshonestos.
Según el diario alemán Der Tagesspiegel, se han descubierto carteles en la venta de café, productos para lavavajillas, cemento, pantallas de plasma, DVD, cristales, camiones de bomberos… El diario mantiene que una gran compañía química alemana ha sido perseguida entre 1990 y 2005 nada menos que en 26 ocasiones por formar parte de operaciones para estafar a los consumidores. Su equivalente francés lleva otras 18 denuncias. La razón es simple: compensa. La única manera de evitarlo sería llevar a los ejecutivos de esas empresas a la cárcel. Pero no parece que ese proyecto esté en marcha. Se comprende la peligrosa impresión de desamparo de la que habla Volker.
viernes, 7 de diciembre de 2012
Científicos juegan a la lotería para salvar sus proyectos en España
Eso la convirtió en el décimo país del mundo en publicaciones científicas y el noveno que más investigadores produce, según la publicación Scientific American.
Durante la administración de Rodríguez Zapatero hubo, incluso, un Ministerio de Ciencia e Innovación, enteramente dedicado al tema.
Hoy es una subsecretaría del Ministerio de Economía y Competitividad pues, con la merma general, vino la caída en picado: primero, en 2008, se estancó la inversión pública en ciencia y luego se redujo, da cuenta Ana Fernández, experta en políticas públicas sobre ciencia y tecnología.
El presupuesto de 2012 dedicado a Investigación y Desarrollo en general terminará con 25% de ingresos menos que el año pasado.
Sin embargo, los científicos no se dan por vencidos y buscan formas alternativas, que incluyen hasta el azar, para mantener sus proyectos vivos, como comprobó BBC Mundo.
lunes, 3 de diciembre de 2012
Un negocio donde el discapacitado es el empleado preferido
Discapanch es un negocio que vende panchos -como se les llama en Argentina a los hot dogs o perros calientes- en la estación de Retiro, una de las terminales de tren más transitadas de Buenos Aires.
Su particularidad es que es un comercio que principalmente contrata a personas con discapacidades y su dueño y fundador, Saúl Macyszyn, busca con ello lograr integrarlos al mundo laboral y terminar con su discriminación.
Macyszyn quedó discapacitado de niño y fue rescatado por la propia Eva Perón en los años '50. En agradecimiento se planteó hacer algo para ayudar a personas discapacitadas como él.
Vea de qué se trata Discapanch, en el marco del Día Internacional de las Personas con Discapacidad de la ONU, en este video de Vladimir Hernández, corresponsal de BBC Mundo en Argentina.
Vea también: La ignorada discapacidad de grandes hombres de la historia Fuente: BBC
Cómo Alemania anuló el secreto postal y telefónico
Un historiador de Freiburg desvela que el correo y las comunicaciones telefónicas con y desde el Este comunista fueron masivamente intervenidas y censuradas durante décadas
Casi todo el correo procedente de la Alemania comunista, la RDA, enormes cantidades de correspondencia y paquetes de los países comunistas así como las comunicaciones telefónicas y telegráficas hacia y desde la RDA, e incluso muchas en el interior de la RFA, fueron sistemáticamente intervenidas, censuradas o incautadas durante décadas en Alemania.
Este es el simple e impresionante resultado de la investigación realizada por el historiador de la Universidad de Freiburg Josef Foschepoth, que acaba de publicar un libro titulado Alemania vigilada. El control de correos y teléfonos en la antigua República Federal.
Desde los primeros años de la República Federal Alemana hasta principios de los años setenta “más de 100 millones de envíos postales” procedentes de la RDA fueron confiscados, abiertos y destruidos, explica el historiador en una entrevista con La Vanguardia. Si a eso se le añade lo que hicieron los aliados, se llega a un total de “250 o 300 millones de envíos incautados entre 1949 y 1970”. A ello se suman otros envíos de la propia RFA que eran retirados de la circulación y que se estiman en unos cien mil al año.
“Todo el correo que venía del Este en trenes fue parado, controlado y también destruido, porque se pensaba que contenía propaganda que podía hacer daño a la República Federal”, explica Foschepoth. La intercepción, censura y destrucción afectaba libros, paquetes, cartas privadas y misivas enviadas a diputados del Bundestag, por ejemplo. En esa labor participaron miles de funcionarios de correos, del servicio de aduanas, del ejército, la policía y los servicios secretos, así como jueces y políticos que violaron el artículo 10 de la constitución alemana que establece entre sus derechos fundamentales el de la “inviolabilidad” de las comunicaciones postales, telefónicas y electrónicas.
“El correo era transportado aquí desde el depósito de correos de la estación, cargado en el ascensor y llevado al séptimo piso donde unas 4000 cartas eran separadas diariamente”, recuerda Carl-Henry Dahms, un empleado de correos de Hamburgo en los años sesenta y setenta. “La violación de la ley formaba parte de la rutina del ejecutivo”, contaba siempre con la “lealtad de los funcionarios”, incluidos jueces y fiscales, dice el historiador.
En 2009 Foschepoth descubrió una carpeta con el título Censura de correo durante una investigación en archivos sobre la guerra. “Me sorprendió encontrar un expediente con ese título en un archivo de Alemania occidental, ya que pensaba que la censura del correo solo existía en la RDA”, dice. “Estudié el expediente y eso me llevó a una investigación mayor, desde la creación de la República Federal hasta el año 1990, paré en ese año, pero el asunto continúa”.
Conseguir el acceso a las fichas de los archivos fue un “proceso complicado que me costó año y medio”, explica el historiador. “Durante ese largo proceso me di cuenta de que existen millones de fichas secretas en los archivos”. Al principio Foschepoth estimó en 7,5 millones el número de esas fichas no accesibles, pero la cifra se ha disparado a la medida en que se iban añadiendo más y más archivos, entre ellos el de los servicios secretos (BND), la policía política de “protección de la constitución” (BfV) y el Ministerio de Defensa.
“Solo en el Ministerio de Defensa hay cinco kilómetros de estanterías llenas de documentos secretos, y puede que aún haya más”, explica el historiador, según el cual, “para la historia contemporánea es importante saber que la historia de la República Federal Alemana todavía no se ha escrito”.
Entre 1949 y 1989 la República Federal fue un enorme, eficaz estado policial. “La Alemania controlada deja de ser un tema específico de la RDA para situarse como una cuestión alemana común”, dice Foschepoth, según el cual, “a diferencia del sistema de vigilancia postal y telefónica de la RDA el de la RFA no ha sido investigado y carecemos de una comparación histórica crítica de los sistemas de vigilancia de los dos estados alemanes”.
Con 80.000 empleados en su Ministerio de Seguridad del Estado, la RDA, “tenía una reputación absolutamente justificada de vigilancia y escuchas clandestinas, pero nuestras limitaciones técnicas se encargaban de impedir que pudiéramos igualar a los norteamericanos en ese terreno”, escribe en sus memorias Markus Wolf el ya fallecido jefe del Hauptverwaltung Aufklärung HVA, el espionaje exterior de la Alemania del Este.
Nada ilustra mejor el doble estándar propagandístico en este tema que la meticulosa atención y seguimiento que merece el estado policial en la RDA, a cargo del Bundesbeauftragte für die Unterlagen des Staatssicherheitsdienstes (BStU), la autoridad encargada de ventilar las hazañas de la Stasi, cotejada con el secretismo y la desmemoria que rodean a la situación en el lado vencedor de la guerra fría. Con un presupuesto anual de 100 millones de euros, la BStU organiza más de 750 eventos al año en todo el país, mantiene a 1800 empleados y genera constantemente noticias sobre la vigilancia en la extinta RDA.
”Quien crea que todo eso se acabó con la reunificación de 1990 se equivoca: Alemania era y sigue siendo un estado vigilado”, dice Franziska Augstein, la sagaz columnista del Süddeutsche Zeitung. Un informe de los servicios secretos (BND) de 1996 mencionado por Foschepoth demuestra que el BND intercepta diariamente unos 600 “paquetes” de telecomunicaciones. Tras diversos procedimientos de selección esos paquetes se reducen primero a 45 y así sucesivamente hasta identificar una media de cinco comunicaciones por día. Cada uno de esos paquetes contiene más de 15.000 llamadas, faxes, teletextos, etc., con lo que el número de telecomunicaciones interceptadas supera los 5,28 millones. El control parlamentario de todo eso “es imposible” reconoce Claus Arndt miembro durante treinta años de la comisión de control competente del Bundestag (G-10).
En el curso de una jornada de protesta contra una manifestación nazi que tuvo lugar el 19 de febrero de 2011 en Dresde, la policía interceptó medio millón de llamadas de teléfono móvil para controlar al espectro antinazi de la ciudad sin la menor base jurídica. Eso demuestra que, “el fundamental derecho a la comunicación se pone a disposición de la policía cuando se quiere, lo que es una clara tendencia hacia un estado de vigilancia”, dice Foschepoth.
La Alemania 'libre' de Adenauer
La investigación de Foschepoth abunda en lo ya sabido: que la historia de la Alemania de posguerra aún está por escribir. El autor se pregunta si, “la democracia de Adenauer era un estado liberal moderno“. Mas bien fue un estado autoritario sostenido por una administración llena de ex nazis reconvertidos que mantuvo, por lo menos en los años cincuenta muchos “paralelos” con la RDA estalinista ante la que se presentaba como “mundo libre”. La persecución de la izquierda aporta ejemplos abrumadores a ese respecto.
El recién estrenado documental Verboten–Verfolgt–Vergessen (“Prohibidos, Perseguidos, Olvidados”) de Daniel Burkholz, muestra que la represión política y la caza de brujas fue generalizada y despiadada en la Alemania de aquella época.
En 1950 un decreto de Adenauer decretó la expulsión del servicio público de los miembros de once organizaciones izquierdistas, y de dos nazis. Con la reforma penal de 1951, la llamada ley relámpago, se podía detener a cualquier adversario del rearme alemán que entonces comenzaba.
Entre 1951 y 1968 se emprendieron 200.000 procesos contra comunistas e izquierdistas en Alemania y diez mil personas fueron encarceladas. Por tener libros impresos en la RDA o cantar una canción comunista a favor de la unificación alemana te podían meter 18 meses de cárcel, explica Herbert Wils un veterano que sufrió esa suerte por el segundo motivo. Un joven obrero de 21 años, Philipp Müller fue abatido a tiros por la policía en una manifestación pacifista celebrada en Essen en mayo de 1952.
En 1956 se prohibió el Partido Comunista (KPD) y se criminalizó a amplios sectores de la izquierda, de la socialdemocracia y de la Iglesia. Millones de personas fueron víctimas de seguimientos y prohibiciones para ejercer su profesión por motivos ideológicos. Su vida resultó quebrada y es una historia hoy apenas conocida en el país, cuyas autoridades dedican ingentes cantidades de dinero y recursos a evocar semanalmente hasta el último detalle de la represión política en la RDA.
Fuente: http://www.lavanguardia.com/internacional/20121201/54356015715/alemania-anulo-secreto-postal-telefonico.html
Casi todo el correo procedente de la Alemania comunista, la RDA, enormes cantidades de correspondencia y paquetes de los países comunistas así como las comunicaciones telefónicas y telegráficas hacia y desde la RDA, e incluso muchas en el interior de la RFA, fueron sistemáticamente intervenidas, censuradas o incautadas durante décadas en Alemania.
Este es el simple e impresionante resultado de la investigación realizada por el historiador de la Universidad de Freiburg Josef Foschepoth, que acaba de publicar un libro titulado Alemania vigilada. El control de correos y teléfonos en la antigua República Federal.
Desde los primeros años de la República Federal Alemana hasta principios de los años setenta “más de 100 millones de envíos postales” procedentes de la RDA fueron confiscados, abiertos y destruidos, explica el historiador en una entrevista con La Vanguardia. Si a eso se le añade lo que hicieron los aliados, se llega a un total de “250 o 300 millones de envíos incautados entre 1949 y 1970”. A ello se suman otros envíos de la propia RFA que eran retirados de la circulación y que se estiman en unos cien mil al año.
“Todo el correo que venía del Este en trenes fue parado, controlado y también destruido, porque se pensaba que contenía propaganda que podía hacer daño a la República Federal”, explica Foschepoth. La intercepción, censura y destrucción afectaba libros, paquetes, cartas privadas y misivas enviadas a diputados del Bundestag, por ejemplo. En esa labor participaron miles de funcionarios de correos, del servicio de aduanas, del ejército, la policía y los servicios secretos, así como jueces y políticos que violaron el artículo 10 de la constitución alemana que establece entre sus derechos fundamentales el de la “inviolabilidad” de las comunicaciones postales, telefónicas y electrónicas.
“El correo era transportado aquí desde el depósito de correos de la estación, cargado en el ascensor y llevado al séptimo piso donde unas 4000 cartas eran separadas diariamente”, recuerda Carl-Henry Dahms, un empleado de correos de Hamburgo en los años sesenta y setenta. “La violación de la ley formaba parte de la rutina del ejecutivo”, contaba siempre con la “lealtad de los funcionarios”, incluidos jueces y fiscales, dice el historiador.
En 2009 Foschepoth descubrió una carpeta con el título Censura de correo durante una investigación en archivos sobre la guerra. “Me sorprendió encontrar un expediente con ese título en un archivo de Alemania occidental, ya que pensaba que la censura del correo solo existía en la RDA”, dice. “Estudié el expediente y eso me llevó a una investigación mayor, desde la creación de la República Federal hasta el año 1990, paré en ese año, pero el asunto continúa”.
Conseguir el acceso a las fichas de los archivos fue un “proceso complicado que me costó año y medio”, explica el historiador. “Durante ese largo proceso me di cuenta de que existen millones de fichas secretas en los archivos”. Al principio Foschepoth estimó en 7,5 millones el número de esas fichas no accesibles, pero la cifra se ha disparado a la medida en que se iban añadiendo más y más archivos, entre ellos el de los servicios secretos (BND), la policía política de “protección de la constitución” (BfV) y el Ministerio de Defensa.
“Solo en el Ministerio de Defensa hay cinco kilómetros de estanterías llenas de documentos secretos, y puede que aún haya más”, explica el historiador, según el cual, “para la historia contemporánea es importante saber que la historia de la República Federal Alemana todavía no se ha escrito”.
Entre 1949 y 1989 la República Federal fue un enorme, eficaz estado policial. “La Alemania controlada deja de ser un tema específico de la RDA para situarse como una cuestión alemana común”, dice Foschepoth, según el cual, “a diferencia del sistema de vigilancia postal y telefónica de la RDA el de la RFA no ha sido investigado y carecemos de una comparación histórica crítica de los sistemas de vigilancia de los dos estados alemanes”.
Con 80.000 empleados en su Ministerio de Seguridad del Estado, la RDA, “tenía una reputación absolutamente justificada de vigilancia y escuchas clandestinas, pero nuestras limitaciones técnicas se encargaban de impedir que pudiéramos igualar a los norteamericanos en ese terreno”, escribe en sus memorias Markus Wolf el ya fallecido jefe del Hauptverwaltung Aufklärung HVA, el espionaje exterior de la Alemania del Este.
Nada ilustra mejor el doble estándar propagandístico en este tema que la meticulosa atención y seguimiento que merece el estado policial en la RDA, a cargo del Bundesbeauftragte für die Unterlagen des Staatssicherheitsdienstes (BStU), la autoridad encargada de ventilar las hazañas de la Stasi, cotejada con el secretismo y la desmemoria que rodean a la situación en el lado vencedor de la guerra fría. Con un presupuesto anual de 100 millones de euros, la BStU organiza más de 750 eventos al año en todo el país, mantiene a 1800 empleados y genera constantemente noticias sobre la vigilancia en la extinta RDA.
”Quien crea que todo eso se acabó con la reunificación de 1990 se equivoca: Alemania era y sigue siendo un estado vigilado”, dice Franziska Augstein, la sagaz columnista del Süddeutsche Zeitung. Un informe de los servicios secretos (BND) de 1996 mencionado por Foschepoth demuestra que el BND intercepta diariamente unos 600 “paquetes” de telecomunicaciones. Tras diversos procedimientos de selección esos paquetes se reducen primero a 45 y así sucesivamente hasta identificar una media de cinco comunicaciones por día. Cada uno de esos paquetes contiene más de 15.000 llamadas, faxes, teletextos, etc., con lo que el número de telecomunicaciones interceptadas supera los 5,28 millones. El control parlamentario de todo eso “es imposible” reconoce Claus Arndt miembro durante treinta años de la comisión de control competente del Bundestag (G-10).
En el curso de una jornada de protesta contra una manifestación nazi que tuvo lugar el 19 de febrero de 2011 en Dresde, la policía interceptó medio millón de llamadas de teléfono móvil para controlar al espectro antinazi de la ciudad sin la menor base jurídica. Eso demuestra que, “el fundamental derecho a la comunicación se pone a disposición de la policía cuando se quiere, lo que es una clara tendencia hacia un estado de vigilancia”, dice Foschepoth.
La Alemania 'libre' de Adenauer
La investigación de Foschepoth abunda en lo ya sabido: que la historia de la Alemania de posguerra aún está por escribir. El autor se pregunta si, “la democracia de Adenauer era un estado liberal moderno“. Mas bien fue un estado autoritario sostenido por una administración llena de ex nazis reconvertidos que mantuvo, por lo menos en los años cincuenta muchos “paralelos” con la RDA estalinista ante la que se presentaba como “mundo libre”. La persecución de la izquierda aporta ejemplos abrumadores a ese respecto.
El recién estrenado documental Verboten–Verfolgt–Vergessen (“Prohibidos, Perseguidos, Olvidados”) de Daniel Burkholz, muestra que la represión política y la caza de brujas fue generalizada y despiadada en la Alemania de aquella época.
En 1950 un decreto de Adenauer decretó la expulsión del servicio público de los miembros de once organizaciones izquierdistas, y de dos nazis. Con la reforma penal de 1951, la llamada ley relámpago, se podía detener a cualquier adversario del rearme alemán que entonces comenzaba.
Entre 1951 y 1968 se emprendieron 200.000 procesos contra comunistas e izquierdistas en Alemania y diez mil personas fueron encarceladas. Por tener libros impresos en la RDA o cantar una canción comunista a favor de la unificación alemana te podían meter 18 meses de cárcel, explica Herbert Wils un veterano que sufrió esa suerte por el segundo motivo. Un joven obrero de 21 años, Philipp Müller fue abatido a tiros por la policía en una manifestación pacifista celebrada en Essen en mayo de 1952.
En 1956 se prohibió el Partido Comunista (KPD) y se criminalizó a amplios sectores de la izquierda, de la socialdemocracia y de la Iglesia. Millones de personas fueron víctimas de seguimientos y prohibiciones para ejercer su profesión por motivos ideológicos. Su vida resultó quebrada y es una historia hoy apenas conocida en el país, cuyas autoridades dedican ingentes cantidades de dinero y recursos a evocar semanalmente hasta el último detalle de la represión política en la RDA.
Fuente: http://www.lavanguardia.com/internacional/20121201/54356015715/alemania-anulo-secreto-postal-telefonico.html
domingo, 2 de diciembre de 2012
ENTREVISTA Tim Weiner
2 de diciembre de 2012 Lo prometido es deuda. Aquí tenéis una selección de las músicas que han sonado en el programa de hoy.
(1) Tom Petty, "Wildflowers"
(2) Rufus Wainwright,"Chelsea hotel, nº 2"
(3) Marta Wainwright, "La foule"
(4) The Killers, "Runaways"
(5) The wailing wall, "Song to the siren"
“No hay negociación posible”. El responsable sanitario se aferra a sus planes privatizadores para el sistema de salud.
El consejero de Sanidad madrileño, Javier Fernández-Lasquetty (Madrid, 1966), ha conseguido algo inaudito: poner de acuerdo a buena parte de la comunidad sanitaria madrileña en contra de su reforma, que incluye privatizar la gestión de seis hospitales y de 27 centros de salud.
Asegura que no dará marcha atrás, por más huelgas o protestas que hagan los médicos. Y defiende que la gestión privada es más eficiente.
Pregunta. ¿Realmente cree que los profesionales sanitarios mienten a la población cuando explican por qué están en huelga?
Respuesta. Cualquiera que en este momento le diga a la población que la sanidad se vende, se privatiza, que va a dejar de ser gratuita y se va a cobrar está mintiendo a sabiendas.
P. Pero sí se privatiza la gestión de los hospitales.
R. No, privatizar consistiría en vender los hospitales y darlos al sector privado para que los administrara como le pareciera conveniente. Nosotros lo que hacemos es externalizar la gestión, es decir, de un hospital público de titularidad pública.
P. En el diccionario de la RAE externalizar no existe y privatizar significa exactamente lo mismo de lo que estamos hablando. ¿Por qué no le gusta ese verbo?
R. Porque induce a confusión, a pensar que van a pasar a ser hospitales privados. Van a seguir siendo hospitales públicos.
P. Eso la gente lo sabe, ¿no?
R. En estos momentos se está queriendo que la gente piense que la sanidad va a ser privada. Basta ver los eslóganes de las manifestaciones o las pancartas. No va a pasar a ser sanidad privada. Es pública, eso sí, encomendada para su gestión a una sociedad concesionaria.
P. Eso es lo que le critica la comunidad sanitaria. La tiene a toda en contra, empezando por el Colegio de Médicos, las sociedades científicas... ¿Sigue creyendo que todos están equivocados y ustedes tienen razón?
R. No voy a juzgar las motivaciones ni las razones que les llevan a adoptar esa actitud. Sí digo que el ámbito sanitario, como cualquier organización grande, es muy inercial. Hay un componente de resistencia o de inercia frente al cambio. Yo lo que sé es cuál es mi responsabilidad y la del Gobierno. Si para el año que viene tenemos 530 millones de euros menos en el presupuesto, queremos seguir teniendo asistencia sanitaria de la máxima calidad, evidentemente con las reglas de universalidad, gratuidad, equidad, tenemos que trabajar de una manera distinta.
P. Parte de la base de que la sanidad pública y sus funcionarios son ineficientes. Pero usted es su jefe. ¿No es eso admitir su fracaso como gestor?
R. Las nóminas de cualquier empleado público están llenas de complementos que nacieron para incentivar o premiar el trabajo de excelencia y que se convirtieron muy inmediatamente en complementos lineales e iguales para todos. Y eso ha pasado durante décadas y en un partido y otro. La gestión pública tiene una rigidez que tiene que ver con la necesaria reforma de la función pública en España, pero eso es otra cuestión.
P. Hace un mes que oposición y prensa le piden estudios independientes o datos económicos que justifiquen que el modelo que ha elegido es más eficiente y de mayor calidad. ¿Los tiene? ¿Por qué no los hace públicos?
R. Sí, sí, sí, y los tenemos que hacer públicos. Hoy mismo se ha presentado un estudio de una consultora [Iasist] que compara resultados de los hospitales de gestión directa e indirecta, y da unos resultados muy similares a los que nosotros hemos obtenido. Que los indicadores de calidad asistencial son muy similares, o idénticos. Y el coste presupuestario es sensiblemente inferior.
P. ¿Por qué ha puesto en marcha una reforma de este calado sin consultar a los profesionales?
R. Sobre muchas de las cuestiones incluidas en el plan habíamos ido hablando a lo largo de los últimos dos años. Luego llega un momento, en verano, en que se comunica a la Comunidad de Madrid que tiene 1.000 millones de euros menos y que el límite de déficit es del 0,8%, lo que obliga a hacer un ajuste de 2.700 millones. Y eso tiene consecuencias.
P. Hoy mismo [por ayer] le han entregado casi un millón de firmas contra la reforma. ¿Va a escuchar? ¿Hay marcha atrás?
R. Yo escucho siempre. Lo que se está pidiendo al Gobierno regional es que no haga nada, es que teniendo un presupuesto inferior, queriendo mantener el nivel de calidad, que hagamos como Zapatero, o sea, como si no pasara nada, hasta dejar que esto se hunda, que es lo que él hizo con España. Eso yo no lo voy a hacer, porque me parecería una irresponsabilidad.
P. Si lee la petición, verá que lo que le están pidiendo es que retire el plan de medidas…
R. O sea, que no haga nada.
P. … y discuta con los profesionales antes de tomar otras medidas consensuadas.
R. Esas otras medidas… A mí me encantará conocer cualquier propuesta que me hagan de reducción de costes, manteniendo la calidad y las características del sistema. Cualquier persona, no me hacen falta 900.000, con que me venga uno con una propuesta la estudiaré con el mayor interés.
P. Entonces podría retirar el plan a la espera de hablar con…
R. En absoluto, en absoluto.
P. ¿Dónde está la negociación entonces?
R. Si es que no hay negociación posible. La negociación consiste en que vamos a hablar sobre cómo algo se puede hacer o aplicar. Le recuerdo que nosotros somos el Gobierno apoyado por un 53% de los madrileños.
P. En su programa electoral no hablaban de privatizar la gestión de los hospitales públicos.
R. No, pero en nuestro programa tampoco había una previsión de que se nos fuera a reducir la financiación autonómica en 1.000 millones de euros.
P. ¿Le ha molestado la respuesta del Gobierno central a su anuncio del euro por receta, más agresiva que con Cataluña?
R. Bueno, no me ha molestado. Hubiese preferido otra, desde luego. Lo que me parece es que tenemos una situación presupuestaria que nos obliga a tomar medidas como el euro por receta, que pensamos que entra absolutamente dentro de nuestras competencias. La tasa no es tanto recaudatoria como disuasoria.
P. Por primera vez un Gobierno del PP cierra un hospital, el Instituto de Cardiología.
R. No, no es un hospital, es una unidad asistencial que procedía de la Escuela Nacional de Estudio del Tórax. Estaba haciendo una tarea de apoyo, no tenía población de referencia y creemos que será más eficaz integrándola en el Hospital Clínico.
P. La Consejería lo considera hospital [modificó la página web oficial para eliminar la palabra hospital días después de que se conociera su cierre] en todas sus publicaciones.
R. No estamos hablando de un hospital. Leer más en El País.
Asegura que no dará marcha atrás, por más huelgas o protestas que hagan los médicos. Y defiende que la gestión privada es más eficiente.
Pregunta. ¿Realmente cree que los profesionales sanitarios mienten a la población cuando explican por qué están en huelga?
Respuesta. Cualquiera que en este momento le diga a la población que la sanidad se vende, se privatiza, que va a dejar de ser gratuita y se va a cobrar está mintiendo a sabiendas.
P. Pero sí se privatiza la gestión de los hospitales.
R. No, privatizar consistiría en vender los hospitales y darlos al sector privado para que los administrara como le pareciera conveniente. Nosotros lo que hacemos es externalizar la gestión, es decir, de un hospital público de titularidad pública.
P. En el diccionario de la RAE externalizar no existe y privatizar significa exactamente lo mismo de lo que estamos hablando. ¿Por qué no le gusta ese verbo?
R. Porque induce a confusión, a pensar que van a pasar a ser hospitales privados. Van a seguir siendo hospitales públicos.
P. Eso la gente lo sabe, ¿no?
R. En estos momentos se está queriendo que la gente piense que la sanidad va a ser privada. Basta ver los eslóganes de las manifestaciones o las pancartas. No va a pasar a ser sanidad privada. Es pública, eso sí, encomendada para su gestión a una sociedad concesionaria.
P. Eso es lo que le critica la comunidad sanitaria. La tiene a toda en contra, empezando por el Colegio de Médicos, las sociedades científicas... ¿Sigue creyendo que todos están equivocados y ustedes tienen razón?
R. No voy a juzgar las motivaciones ni las razones que les llevan a adoptar esa actitud. Sí digo que el ámbito sanitario, como cualquier organización grande, es muy inercial. Hay un componente de resistencia o de inercia frente al cambio. Yo lo que sé es cuál es mi responsabilidad y la del Gobierno. Si para el año que viene tenemos 530 millones de euros menos en el presupuesto, queremos seguir teniendo asistencia sanitaria de la máxima calidad, evidentemente con las reglas de universalidad, gratuidad, equidad, tenemos que trabajar de una manera distinta.
P. Parte de la base de que la sanidad pública y sus funcionarios son ineficientes. Pero usted es su jefe. ¿No es eso admitir su fracaso como gestor?
R. Las nóminas de cualquier empleado público están llenas de complementos que nacieron para incentivar o premiar el trabajo de excelencia y que se convirtieron muy inmediatamente en complementos lineales e iguales para todos. Y eso ha pasado durante décadas y en un partido y otro. La gestión pública tiene una rigidez que tiene que ver con la necesaria reforma de la función pública en España, pero eso es otra cuestión.
P. Hace un mes que oposición y prensa le piden estudios independientes o datos económicos que justifiquen que el modelo que ha elegido es más eficiente y de mayor calidad. ¿Los tiene? ¿Por qué no los hace públicos?
R. Sí, sí, sí, y los tenemos que hacer públicos. Hoy mismo se ha presentado un estudio de una consultora [Iasist] que compara resultados de los hospitales de gestión directa e indirecta, y da unos resultados muy similares a los que nosotros hemos obtenido. Que los indicadores de calidad asistencial son muy similares, o idénticos. Y el coste presupuestario es sensiblemente inferior.
P. ¿Por qué ha puesto en marcha una reforma de este calado sin consultar a los profesionales?
R. Sobre muchas de las cuestiones incluidas en el plan habíamos ido hablando a lo largo de los últimos dos años. Luego llega un momento, en verano, en que se comunica a la Comunidad de Madrid que tiene 1.000 millones de euros menos y que el límite de déficit es del 0,8%, lo que obliga a hacer un ajuste de 2.700 millones. Y eso tiene consecuencias.
P. Hoy mismo [por ayer] le han entregado casi un millón de firmas contra la reforma. ¿Va a escuchar? ¿Hay marcha atrás?
R. Yo escucho siempre. Lo que se está pidiendo al Gobierno regional es que no haga nada, es que teniendo un presupuesto inferior, queriendo mantener el nivel de calidad, que hagamos como Zapatero, o sea, como si no pasara nada, hasta dejar que esto se hunda, que es lo que él hizo con España. Eso yo no lo voy a hacer, porque me parecería una irresponsabilidad.
P. Si lee la petición, verá que lo que le están pidiendo es que retire el plan de medidas…
R. O sea, que no haga nada.
P. … y discuta con los profesionales antes de tomar otras medidas consensuadas.
R. Esas otras medidas… A mí me encantará conocer cualquier propuesta que me hagan de reducción de costes, manteniendo la calidad y las características del sistema. Cualquier persona, no me hacen falta 900.000, con que me venga uno con una propuesta la estudiaré con el mayor interés.
P. Entonces podría retirar el plan a la espera de hablar con…
R. En absoluto, en absoluto.
P. ¿Dónde está la negociación entonces?
R. Si es que no hay negociación posible. La negociación consiste en que vamos a hablar sobre cómo algo se puede hacer o aplicar. Le recuerdo que nosotros somos el Gobierno apoyado por un 53% de los madrileños.
P. En su programa electoral no hablaban de privatizar la gestión de los hospitales públicos.
R. No, pero en nuestro programa tampoco había una previsión de que se nos fuera a reducir la financiación autonómica en 1.000 millones de euros.
P. ¿Le ha molestado la respuesta del Gobierno central a su anuncio del euro por receta, más agresiva que con Cataluña?
R. Bueno, no me ha molestado. Hubiese preferido otra, desde luego. Lo que me parece es que tenemos una situación presupuestaria que nos obliga a tomar medidas como el euro por receta, que pensamos que entra absolutamente dentro de nuestras competencias. La tasa no es tanto recaudatoria como disuasoria.
P. Por primera vez un Gobierno del PP cierra un hospital, el Instituto de Cardiología.
R. No, no es un hospital, es una unidad asistencial que procedía de la Escuela Nacional de Estudio del Tórax. Estaba haciendo una tarea de apoyo, no tenía población de referencia y creemos que será más eficaz integrándola en el Hospital Clínico.
P. La Consejería lo considera hospital [modificó la página web oficial para eliminar la palabra hospital días después de que se conociera su cierre] en todas sus publicaciones.
R. No estamos hablando de un hospital. Leer más en El País.
miércoles, 28 de noviembre de 2012
Un camino propio. Hay una confluencia de opiniones sobre la posibilidad de que Francia sea el próximo rompeolas
Cuando Mitterrand ganó las presidenciales a principios de los años ochenta inició una vía propia de política económica que condujo a Francia a la quiebra. A los pocos meses hubo de rectificar. Treinta años después, con un mundo mucho más globalizado, ¿se va a consentir al socialista Hollande tener su propia senda de austeridad, distinta de la que impulsan las fuerzas conservadoras que dominan en Europa y, sobre todo, en la cada vez más hegemónica Alemania?
¿Qué diferencia la austeridad socialdemócrata de la austeridad autoritaria vigente hasta ahora? Primero, el ritmo: los socialistas franceses son partidarios de ampliar los plazos de la consolidación fiscal y no dar lugar a compulsiones sociales como las que están viviendo Grecia, Portugal o España. Segundo, entienden que tienen menos efectos recesivos las subidas de impuestos (bien dirigidas, mayores para los que más ganan o poseen) que las reducciones de gasto público que van dejando atrás a los perdedores de la crisis. Tercero, son más partidarios de que las reformas estructurales que haya que hacer (fundamentalmente la del mercado de trabajo, en busca de una mayor flexibilidad del mismo a cambio de una mayor seguridad para los trabajadores: la célebre flexiseguridad nórdica) sean pactadas por los agentes. La plasmación de estas características está en el Pacto de Competitividad presentado por Hollande hace poco más de dos semanas.
A tal pacto no le han dado el plazo de rigor para saber si funcionará. En los últimos días ha confluido todo tipo de declaraciones, procedentes de Bruselas y de Berlín; publicaciones como la portada del semanario anglosajón The Economist; decisiones como la rebaja de calificación de la agencia Moody’s (que se une a la anterior, de Standard & Poor’s), etcétera, que concluyen que los problemas estructurales de la economía francesa (falta de competitividad, rigidez de algunos mercados, tamaño de su sector público...) y los coyunturales (anemia en el crecimiento, aumento del paro...) la convierten en el próximo eslabón más débil de la cadena europea, tras España e Italia. No será ese el único problema del Gobierno francés. También por su izquierda política y sindical (y en el interior del propio Partido Socialista) se han alzado voces contra algo que a los españoles nos resulta muy familiar: la contradicción entre el programa electoral y las prácticas adoptadas o anunciadas por Hollande. La diferencia es que este no tiene la mayoría parlamentaria holgada de Rajoy, sobre todo en el Senado, para adoptar la política económica que estime conveniente.
Además, la resistencia en la calle a los cambios que se consideran redistributivos en sentido inverso suele ser muy fuerte. Por ello, hay quien piensa que la rebaja de la calificación del riesgo —muy agresiva para la grandeur francesa— puede ser de utilidad al Ejecutivo francés para hacer pedagogía con sus ciudadanos. Leer más en El País
¿Qué diferencia la austeridad socialdemócrata de la austeridad autoritaria vigente hasta ahora? Primero, el ritmo: los socialistas franceses son partidarios de ampliar los plazos de la consolidación fiscal y no dar lugar a compulsiones sociales como las que están viviendo Grecia, Portugal o España. Segundo, entienden que tienen menos efectos recesivos las subidas de impuestos (bien dirigidas, mayores para los que más ganan o poseen) que las reducciones de gasto público que van dejando atrás a los perdedores de la crisis. Tercero, son más partidarios de que las reformas estructurales que haya que hacer (fundamentalmente la del mercado de trabajo, en busca de una mayor flexibilidad del mismo a cambio de una mayor seguridad para los trabajadores: la célebre flexiseguridad nórdica) sean pactadas por los agentes. La plasmación de estas características está en el Pacto de Competitividad presentado por Hollande hace poco más de dos semanas.
A tal pacto no le han dado el plazo de rigor para saber si funcionará. En los últimos días ha confluido todo tipo de declaraciones, procedentes de Bruselas y de Berlín; publicaciones como la portada del semanario anglosajón The Economist; decisiones como la rebaja de calificación de la agencia Moody’s (que se une a la anterior, de Standard & Poor’s), etcétera, que concluyen que los problemas estructurales de la economía francesa (falta de competitividad, rigidez de algunos mercados, tamaño de su sector público...) y los coyunturales (anemia en el crecimiento, aumento del paro...) la convierten en el próximo eslabón más débil de la cadena europea, tras España e Italia. No será ese el único problema del Gobierno francés. También por su izquierda política y sindical (y en el interior del propio Partido Socialista) se han alzado voces contra algo que a los españoles nos resulta muy familiar: la contradicción entre el programa electoral y las prácticas adoptadas o anunciadas por Hollande. La diferencia es que este no tiene la mayoría parlamentaria holgada de Rajoy, sobre todo en el Senado, para adoptar la política económica que estime conveniente.
Además, la resistencia en la calle a los cambios que se consideran redistributivos en sentido inverso suele ser muy fuerte. Por ello, hay quien piensa que la rebaja de la calificación del riesgo —muy agresiva para la grandeur francesa— puede ser de utilidad al Ejecutivo francés para hacer pedagogía con sus ciudadanos. Leer más en El País
martes, 27 de noviembre de 2012
ELVIRA MÉNDEZ, PROFESORA DE DERECHO EN LA UNIVERSIDAD DE ISLANDIA “Moriremos diciendo a los nietos que no confíen en los bancos”
Pregunta. ¿Puede España fijarse aún en el espejo de la crisis islandesa?
Respuesta. Sí y no. La realidad es compleja. Se puede aprender muchísimo de nuestros errores y aciertos. El sistema económico y político de Islandia, aunque es un país pequeño, es similar al español, pero las diferencias vienen de la pertenencia de España a la UE, zona euro y Unión Económica y Monetaria. Se puede aprender que la política de austeridad por sí sola no funciona. [El premio Nobel de Economía Joseph] Stiglitz lo repite frecuentemente. En Islandia hubo recortes racionales, coordinando los tiempos. Tuvimos suerte de que la crisis fuera en octubre de 2008, porque así con todo lo recaudado durante el año, el presupuesto para el siguiente no fue austero. Además, el Gobierno de centroizquierda ha intentado preservar el Estado de bienestar nórdico. Eso creó un colchón. Hubo una moratoria de dos años a los desahucios, más general que en España. No fue una moratoria para todos porque pesaba el control del FMI: si uno demostraba dificultades, que había asumido una deuda de buena fe, una situación familiar concreta…
No hubo prácticamente desahucios en dos años. En 2010, cuando se iba a acabar la moratoria, hubo una gran manifestación y se amplió, pero ya se ha terminado. Los desahucios han comenzado y volvemos a tener un problema.
P. ¿Qué recetas han funcionado?
R. El Estado declaró la quiebra de los tres bancos principales, levantó otros tres nuevos y en los ordenadores creó depósitos bancarios para los residentes con el montante que hubieran tenido. Además se impuso un control de capitales exhaustivo que aún existe. No se saca el dinero del país que no esté ligado a la economía real. Ahora bien, si uno se tiene que operar en el extranjero o enviar dinero a un familiar enfermo, por supuesto que te dan permiso. Si hay operaciones de bienes y servicios, compraventa, sí; pero capital por capital, no.
P. ¿Le podría servir esto a España?
R. La UE ya está tomando nota. Los acreedores, los inversores tienen que sufrir las pérdidas, pero no se pueden trasladar al contribuyente o a la clase media. La pertenencia a la zona euro está siendo muy perjudicial para España porque no da libertad a su política monetaria y fiscal.
P. Es decir, la clave es trasladar el primer impacto de la crisis a los acreedores.
R. Lo primero es ir al origen del problema: una deuda irreal desligada de la actividad económica. En Islandia, según la investigación del Parlamento, lo que provocó la bancarrota no fue la deuda de particulares, no fue que alguien se comprara una pantalla plana, un coche o una casa. El 80% de la deuda estaba en manos de otros bancos, de amigos o de los mismos propietarios [de las entidades financieras] para la compraventa de empresas en el extranjero a cuatro veces su precio. En España también hay deuda privada, de empresas y familias, pero imagino que hay mucha deuda de la construcción. Habría que determinar qué deuda se puede pagar, qué deuda es moral que la sociedad ayude a pagar y cuál no. El derecho de la vivienda obligaría a que la sociedad asistiese a una familia que se ha endeudado de buena fe para la compra de su residencia. Y como en Islandia, habría que imponer un control de capitales para que el dinero no salga. Si no, se crea una fuga de capitales. Lo que se ha hecho en Islandia se puede hacer, pero a escala europea.
P. ¿Cómo logró Islandia recuperarse en algo más de tres años?
R. Se ha recuperado la economía de lo real. Los recortes han sido escalonados, se ha procurado un ajuste fiscal y presupuestario para no provocar pobreza y exclusión social, aunque también se ha producido, pero se intentó evitar. La clave es el no rescate indiscriminado de los bancos, que ha librado a Islandia del destino de Grecia, Irlanda o España. Se ha librado de una deuda externa. Y la interna, la de los bancos, que ha asumido el Estado, se ha podido asumir porque Islandia no tenía un gran déficit. Además con el corralito [control de capitales] no se saca el dinero del país, circula, circula y circula como si fuera una partida de la oca. Y hay que tener en cuenta que el IVA es de un 25,5%. Al mismo tiempo se ha ayudado mucho a los tres sectores que han provocado la llegada de divisas masiva: pesca, aluminio y turismo. La importación de productos de lujo, a la que los islandeses eran asiduos, desciende. Dejas de importar, exportas, equilibras la balanza comercial, el dinero circula y, como la banca no está dedicada a la especulación, se centra en sus clientes. El criterio de territorialidad, Islandia primero, es lo que está levantando el país, pero eso va en contra del mercando interior europeo. Es la política económica de nosotros primero y luego también.
P. ¿Hay vikingos en España como los que llevaron a Islandia al colapso financiero?
R. Los llamamos los vikingos expansivos: son unas 40 personas, empresarios muy agresivos, muy jóvenes, todos hombres de entre 30 y 50 años, que se fueron a Estados Unidos e importaron el modelo de negocio de casino. En España también ha habido una élite que ha caído en lo mismo, pero, claro, son 46 millones de habitantes. Hasta que no haya una investigación no se pueden poner nombres y apellidos.
P. Pese a las cifras, toda una generación en Islandia está marcada por la crisis.
R. La factura que ha pasado la crisis es inolvidable. Nos moriremos diciéndoles a los nietos que no confíen en los bancos. Nos ha dejado muy marcados. Los peor parados han sido los jóvenes que habían puesto todos sus ahorros en un primer piso, y como la deuda estaba indexada en moneda extranjera, ahora deben una casa y media. Muchos han abandonado el país, han dado las llaves y malvendido la casa. Esta gente no va a olvidar que les han privado de su futuro. En Islandia nacen unos 5.000 bebés al año. En dos años, se han marchado 20.000 personas, de ellas, 10.000 islandeses. Se han perdido dos generaciones, aunque ahora empiezan a regresar. Los mayores de 60 años, que perdieron sus ahorros, también están marcados. ¿Quién tira del país? Los que se han quedado, los que tienen entre 40 y 60 años. Pero los islandeses no se quejan en público. Son un pueblo que mira hacia delante, hacia tiempos mejores. Esa factura también está llegando a España. De El País.
viernes, 23 de noviembre de 2012
Quique Dacosta y Eneko Atxa, tres estrellas en la lotería Michelin
También ha logrado el brillo triple el vizcaíno Eneko Atxa —al que se le soltaron las lágrimas de emoción—, cuyo Azurmendi se convierte en el único tres estrellas de su provincia. El chef vasco renovó con fuerte acento ecológico y un espectacular huerto hace nueve meses su espacio gastronómico de Larrabetzu, junto al aeropuerto de Bilbao, y el restaurante inicial, por el que logró dos estrellas en 2010, tiene formato prêt-à-porter.
Madrid, la ciudad anfitriona de la noche de las estrellas, no se ha llevado las cotizadas tres. Otro año sin ellas. A pesar de que los responsables de la edición española de Michelin dicen que “en Madrid hay mucho banquillo”. Las quinielas apuntaban a Óscar Velasco, que vuela solo con personalidad en Santceloni sobre el terreno legado por Santi Santamaria. Las apuestas no acertaron, pero el chef estaba contento y contaba con el apoyo de Regina Santamaría, hija de su maestro, fallecido en 2011. Los que sí pueden estar satisfechos son los profesionales catalanes, triunfadores de la guía 2013 con ocho galardonados. La Enoteca, con Paco Pérez al frente, y Moments, con Raül Balam, hijo de Carme Ruscalleda en los fogones, son los dos únicos dos estrellas nuevos de esta edición. Ambos están en hoteles (Arts y Mandarin Oriental), lo que confirma el tirón de las apuestas gastronómicas en estos establecimientos. Y Barcelona logra además revalidar su japonesismo culinario con una estrella para Dos Palillos y otra para el sushi bar Koy Shunka..., seguir leyendo en El País
jueves, 22 de noviembre de 2012
Se dispara la pobreza infantil en España
La crisis se ceba con los más necesitados de protección y es ahí, al analizar el impacto sobre sus vidas, donde encontraremos un buen indicador de la intensidad de la violencia de esta crisis. Una violencia estructural, silente, aparentemente neutra en la selección de sus objetivos pero certeramente eficaz en su impacto sobre los de siempre, los más desprotegidos.
Nadie más necesitado de protección que un niño y, por tanto, nada más cruel que negarles el futuro. Esa contradicción en los términos que es el grito angustiado de decenas de miles de jóvenes de este país, “somos una juventud sin futuro”, se hace aún más obscena cuando la pueden convertir en propia los niños y niñas que ni siquiera han llegado a jóvenes: “somos una niñez sin futuro”.
Y es que, en este país, la pobreza infantil ha aumentado un 45% desde que comenzó la crisis. En estos momentos, la tasa de pobreza infantil llega al 27,2% de la población, es decir, más de 2.226.000 niños y niñas malviven bajo el umbral de la pobreza. ¿Puede ser de otra manera cuando el número de hogares con niños con todos sus miembros adultos que se encuentran sin trabajo creció un 120% tan sólo en los primeros cuatro años de la crisis? ¿Sabemos el drama que esconden las puertas de cada uno de esos hogares? Algo podemos imaginar: son hogares en los que no se pueden cubrir las necesidades de alimentación, de vestimenta, de calefacción, las escolares, incluso de vivienda y, como el empleo ni está ni se le espera y las políticas sociales están en fase de desmantelamiento, el problema se va enquistando: según Unicef, la pobreza crónica, es decir, aquellos que llevan tres de los últimos cuatro años bajo el umbral de la pobreza ha aumentado en un 53% en tres años.
Familias sin futuro; jóvenes sin futuro; niños sin futuro. Ese es nuestro futuro. Y lo más grave de todo, lo que revuelve más las entrañas, es saber que acabar con eso tiene un precio. Que sabemos cuánto cuesta erradicarlo, acabar con ello, lograr que la infancia vuelva a tener futuro. Y lo que cuesta es, evidentemente, mucho menos de lo que nos está costando rescatar a bancos e instituciones financieras, culpables parciales de esta crisis que hace engordar, cada día, las cifras de la pobreza infantil.
Bastaría con 26.000 millones de euros para resolver ese problema. Con ese dinero podríamos conseguir que ningún niño se fuera a la cama sin cenar; que todos pudieran vestirse adecuadamente; que vivieran en hogares que cumplieran condiciones de salubridad y habitabilidad dignas; que pudieran acudir a la escuela; que no experimentaran en carne propia las desigualdades heredadas y todos tuvieran, desde el inicio de sus vidas, igualdad de oportunidades con independencia de dónde y de quién nacieron. En definitiva, con ese dinero podríamos conseguir que el capitalismo salvaje no las convirtiera en el eslabón más débil de una cadena que, a la búsqueda del plusvalor, tensa hasta quebrarlo por su parte más tierna.
Que toleremos que el sistema en el que vivimos permita expoliarle la infancia a millones de niñas y niños de este país es la prueba más evidente de que, camino de la modernidad, hemos llegado a la barbarie.
Alberto Montero Soler (@amonterosoler) es profesor de Economía Aplicada de la Universidad de Málaga y presidente de la Fundación CEPS. Acaba de publicar junto a Juan Pablo Mateo el libro "Las finanzas y la crisis del euro: colapso de la Eurozona", en Editorial Popular. Puedes leer otros textos suyos en su blog La Otra Economía.
Nadie más necesitado de protección que un niño y, por tanto, nada más cruel que negarles el futuro. Esa contradicción en los términos que es el grito angustiado de decenas de miles de jóvenes de este país, “somos una juventud sin futuro”, se hace aún más obscena cuando la pueden convertir en propia los niños y niñas que ni siquiera han llegado a jóvenes: “somos una niñez sin futuro”.
Y es que, en este país, la pobreza infantil ha aumentado un 45% desde que comenzó la crisis. En estos momentos, la tasa de pobreza infantil llega al 27,2% de la población, es decir, más de 2.226.000 niños y niñas malviven bajo el umbral de la pobreza. ¿Puede ser de otra manera cuando el número de hogares con niños con todos sus miembros adultos que se encuentran sin trabajo creció un 120% tan sólo en los primeros cuatro años de la crisis? ¿Sabemos el drama que esconden las puertas de cada uno de esos hogares? Algo podemos imaginar: son hogares en los que no se pueden cubrir las necesidades de alimentación, de vestimenta, de calefacción, las escolares, incluso de vivienda y, como el empleo ni está ni se le espera y las políticas sociales están en fase de desmantelamiento, el problema se va enquistando: según Unicef, la pobreza crónica, es decir, aquellos que llevan tres de los últimos cuatro años bajo el umbral de la pobreza ha aumentado en un 53% en tres años.
Familias sin futuro; jóvenes sin futuro; niños sin futuro. Ese es nuestro futuro. Y lo más grave de todo, lo que revuelve más las entrañas, es saber que acabar con eso tiene un precio. Que sabemos cuánto cuesta erradicarlo, acabar con ello, lograr que la infancia vuelva a tener futuro. Y lo que cuesta es, evidentemente, mucho menos de lo que nos está costando rescatar a bancos e instituciones financieras, culpables parciales de esta crisis que hace engordar, cada día, las cifras de la pobreza infantil.
Bastaría con 26.000 millones de euros para resolver ese problema. Con ese dinero podríamos conseguir que ningún niño se fuera a la cama sin cenar; que todos pudieran vestirse adecuadamente; que vivieran en hogares que cumplieran condiciones de salubridad y habitabilidad dignas; que pudieran acudir a la escuela; que no experimentaran en carne propia las desigualdades heredadas y todos tuvieran, desde el inicio de sus vidas, igualdad de oportunidades con independencia de dónde y de quién nacieron. En definitiva, con ese dinero podríamos conseguir que el capitalismo salvaje no las convirtiera en el eslabón más débil de una cadena que, a la búsqueda del plusvalor, tensa hasta quebrarlo por su parte más tierna.
Que toleremos que el sistema en el que vivimos permita expoliarle la infancia a millones de niñas y niños de este país es la prueba más evidente de que, camino de la modernidad, hemos llegado a la barbarie.
Alberto Montero Soler (@amonterosoler) es profesor de Economía Aplicada de la Universidad de Málaga y presidente de la Fundación CEPS. Acaba de publicar junto a Juan Pablo Mateo el libro "Las finanzas y la crisis del euro: colapso de la Eurozona", en Editorial Popular. Puedes leer otros textos suyos en su blog La Otra Economía.
miércoles, 21 de noviembre de 2012
Lo que tienen en común negociar la liberación de un rehén y pedir un ascenso
Hace poco el presidente francés Francois Hollande pidió a un grupo de secuestradores que liberen a los rehenes cautivos en la región de Sahel en África occidental.
En octubre, después de ocho meses de negociaciones, un buque griego y su tripulación de 21 personas, cautivas por piratas somalíes, fueron liberados una vez realizado el pago de rescate estimado en millones de dólares.
El tipo de negociación requerida para conseguir la liberación de rehenes es costosa y requiere de entrenamiento profundo.
Pero según George Kohlrieser, un antiguo negociador de liberación de rehenes para la policía estadounidense, ese entrenamiento también ofrece lecciones para situaciones menos mortíferas en el mundo laboral.
Dice que un empleado debe estar tranquilo y convincente cuando habla con su jefe, especialmente cuando discute algo como un aumento de sueldo.
Kohlrieser vive en Suiza, donde es profesor de liderazgo en la escuela de negocios IMD en Lausana. Él mismo fue rehén, una vez en una sala de emergencia, otra en su oficina y dos veces en la casa de alguien más. "Estaba haciendo trabajo especializado con la policía, tratando de reducir la tasa de homicidio en los hogares", señala.
Afinidad
Asegura que lo principal en esas situaciones es mostrar algún grado de afinidad.
"El hecho que un negociador pueda mostrar algo de afinidad, incluso con un secuestrador, le permite al cerebro desconectarse y dedicarse a resolver problemas y encontrar oportunidades", indica.
"Una persona que ha tomado un rehén siempre está motivada por una pérdida, y si uno entiende ese pérdida y lo que ellos anticipan, entonces uno tiene el poder de ejercer influencia sobre ellos".
Kohlrieser dice que uno debe entrar en la mente del secuestrador y crear una conexión emocional.
"El acto de mostrar interés dispara en el cerebro el deseo de cooperar y colaborar", dice.
Al hablar de la primera vez que fue tomado como rehén, dice que tardó 30 minutos tomar el control de la situación después de preguntarle al secuestrador cómo quería que sus hijos lo recordaran.
Indefensión
Kohlrieser dice que puede usarse lo aprendido en esas situaciones extremas en otros contextos, por ejemplo en el mundo laboral en momentos donde se necesita negociar.
"La mayoría de las personas se sienten indefensas ante un jefe, un colega, una situación, un equipo, o en su vida personal, por eso los principios de la negociación de rehenes son aplicables en otras situaciones", asegura.
Es difícil equiparar una negociación en donde alguien quiere matarlo a uno, con una petición de alza de salario a su jefe.
Pero el académico lo ve así.
"Cuando uno negocia un aumento salarial, lo primero es saber cuáles son las necesidades del jefe. ¿Es justo, está siendo razonable, puede crear una relación y ayudarle a entender porqué usted cree que se merece el aumento?", dice Kohlrieser.
El experto nuevamente insiste en la necesidad de sentir empatía.
Sin embargo, añade que cerca de 80% de las personas no confían en su superior, y es crucial pensar en términos que sean justos para toda la organización.
"Cuando la gente piensa que algo es justo, van a crear una actitud más positiva, y las investigaciones muestran que cuando esas personas están motivadas por valores como contribuir al equipo, haciendo algo, lo que sea, para hacer del mundo un sitio mejor, van a a ser los que mejor se desempeñan".
"La mayoría de los líderes están usando amenazas de manipulación o tácticas coercitivas para hacer que la gente se desenvuelva a un nivel más alto y las motivaciones como bonificaciones o dinero no van a llevar a un desempeño sostenido.
"Es la actitud de empatía del jefe la que produce un compromiso que se transfiere en un aumento de productividad", asegura. James Melik. BBC
En octubre, después de ocho meses de negociaciones, un buque griego y su tripulación de 21 personas, cautivas por piratas somalíes, fueron liberados una vez realizado el pago de rescate estimado en millones de dólares.
El tipo de negociación requerida para conseguir la liberación de rehenes es costosa y requiere de entrenamiento profundo.
Pero según George Kohlrieser, un antiguo negociador de liberación de rehenes para la policía estadounidense, ese entrenamiento también ofrece lecciones para situaciones menos mortíferas en el mundo laboral.
Dice que un empleado debe estar tranquilo y convincente cuando habla con su jefe, especialmente cuando discute algo como un aumento de sueldo.
Kohlrieser vive en Suiza, donde es profesor de liderazgo en la escuela de negocios IMD en Lausana. Él mismo fue rehén, una vez en una sala de emergencia, otra en su oficina y dos veces en la casa de alguien más. "Estaba haciendo trabajo especializado con la policía, tratando de reducir la tasa de homicidio en los hogares", señala.
Afinidad
Asegura que lo principal en esas situaciones es mostrar algún grado de afinidad.
"El hecho que un negociador pueda mostrar algo de afinidad, incluso con un secuestrador, le permite al cerebro desconectarse y dedicarse a resolver problemas y encontrar oportunidades", indica.
"Una persona que ha tomado un rehén siempre está motivada por una pérdida, y si uno entiende ese pérdida y lo que ellos anticipan, entonces uno tiene el poder de ejercer influencia sobre ellos".
Kohlrieser dice que uno debe entrar en la mente del secuestrador y crear una conexión emocional.
"El acto de mostrar interés dispara en el cerebro el deseo de cooperar y colaborar", dice.
Al hablar de la primera vez que fue tomado como rehén, dice que tardó 30 minutos tomar el control de la situación después de preguntarle al secuestrador cómo quería que sus hijos lo recordaran.
Indefensión
Kohlrieser dice que puede usarse lo aprendido en esas situaciones extremas en otros contextos, por ejemplo en el mundo laboral en momentos donde se necesita negociar.
"La mayoría de las personas se sienten indefensas ante un jefe, un colega, una situación, un equipo, o en su vida personal, por eso los principios de la negociación de rehenes son aplicables en otras situaciones", asegura.
Es difícil equiparar una negociación en donde alguien quiere matarlo a uno, con una petición de alza de salario a su jefe.
Pero el académico lo ve así.
"Cuando uno negocia un aumento salarial, lo primero es saber cuáles son las necesidades del jefe. ¿Es justo, está siendo razonable, puede crear una relación y ayudarle a entender porqué usted cree que se merece el aumento?", dice Kohlrieser.
El experto nuevamente insiste en la necesidad de sentir empatía.
Sin embargo, añade que cerca de 80% de las personas no confían en su superior, y es crucial pensar en términos que sean justos para toda la organización.
"Cuando la gente piensa que algo es justo, van a crear una actitud más positiva, y las investigaciones muestran que cuando esas personas están motivadas por valores como contribuir al equipo, haciendo algo, lo que sea, para hacer del mundo un sitio mejor, van a a ser los que mejor se desempeñan".
"La mayoría de los líderes están usando amenazas de manipulación o tácticas coercitivas para hacer que la gente se desenvuelva a un nivel más alto y las motivaciones como bonificaciones o dinero no van a llevar a un desempeño sostenido.
"Es la actitud de empatía del jefe la que produce un compromiso que se transfiere en un aumento de productividad", asegura. James Melik. BBC
martes, 20 de noviembre de 2012
Callos, 12 restaurantes que bordan la receta madrileña
1. El Landó Castizos como los que más, no les falta de nada: pata, morro, tripa, chorizo y morcilla ahumada. Todo en la justa proporción y picado menudo, para conseguir una salsa melosa con toque picante de la guindilla cayena. Plaza de Gabriel Miró, 8. Madrid.Teléfono: 913 667 681.
2. La Tasquita de Enfrente Juanjo López Bedmar utiliza callos “negros” y los somete a un lavado exhaustivo. Les añade, pata, morro, lacón, huesos de jamón, pimentón y pimiento choricero. Sin tomate, ni zanahoria. Untuosos, de sabor potente y con mucha personalidad. Un punto canallas. Ballesta, 6. Madrid. Teléfono: 915 325 449.
3. San Mamés Tiernos pero no blandengues, bien guisados y con esas notas picantes que los caracteriza. Fieles a la receta clásica madrileña, su salsa anaranjada y espesa invita a mojar pan. Bravo Murillo, 88. Madrid. Teléfono: 915 345 065
4. Mesón de Doña Filo Dice Julio Reoyo que lo que él prepara no son callos sino que es un guiso de callos. Los cocina de manera atípica. Cuece los callos con verduras y con codillo de jamón. Aparte hace el sofrito y por separado prepara el jamón, el chorizo y la morcilla con especias y pimiento choricero. Al final lo junta todo y el guiso está para mojar y mojar. San Juan, 3. Colmenar de Arroyo. Madrid. Teléfono: 918 651 471
5. Maldonado 14 Son herederos de los famosos callos del restaurante Las Cuatro Estaciones. Siguen la receta madrileña clásica en su versión más burguesa y refinada. Añaden chorizo y morcilla asturiana ahumada. Por cada 8 kilos de callos, 2 morros y 6 manos de ternera. A la salsa no le ponen tomate, parten de un sofrito con ajo, cebolla, harina y pimentón de la Vera. Maldonado, 14. Madrid. Teléfono: 914 355 045
6. Casa Manolo Los propietarios, que son madrileños, llevaron la receta familiar hasta la Comunidad Valenciana. Cortados en tamaño regular, con buena presencia de pata y morro, para que resulten gelatinosos y su toque de cayena. Colorados y sabrosos. Pº Marítimo, 5. Playa de Daimuz. Valencia. Teléfono: 962 818 568
7. Puerta 57 Los callos son uno de los emblemas de su barra. Partidos en trozos menudos y con la salsa bien gelatinosa y colorada. El toque picante y la morcilla ahumada asturiana les dan gracia. Padre Damián, s/n. Madrid. Teléfono: 914 573 361
8. Taberna Viavélez Curiosamente los callos de Paco Ron no llevan morcilla, ni asturiana, ni ninguna, tal vez por eso resultan ligeros. El ingrediente principal es el estómago, poco morro y poca pata. Pimentón dulce y picante. ¡Suculentos! General Perón, 10. Madrid. Teléfono: 915 799 539
9. Lhardy Los preparan según una receta de más de cien años, una de las más apreciadas por los puristas, y se comen con cuchara de plata, todo un logro para tan humilde plato. Carrera de San Jerónimo, 8. Madrid. Teléfono: 915 222 207
10. La Ancha Cada semana guisan 50 kilos de callos a la manera clásica madrileña. Estómago, pata, morro, pimentón y guindilla entre los ingredientes principales. A la mesa llegan humeantes y suculentos, tanto que invitan a repetir. Zorrilla, 7. Madrid. Teléfono: 914 298 186. Príncipe de Vergara, 204. Madrid. Teléfono: 915 638 977
11. Arzabal Todo en ellos responde al clasicismo menos la cazuela de hierro fundido en que se sirven, que les da un toque moderno y algo “fashion”. Se cortan en trozos grandes y se acompañan de buen embutido (morcilla ahumada). La salsa algo ligera, pero sabrosa. Avenida Menéndez Pelayo, 13. Madrid. Teléfono: 914 095 661.
12. Sal Gorda Siguen la receta tradicional, y mezclan estómago, morro y pata. En el sofrito, ajo, cebolla y pimentón. Los hacen eventualmente y por encargo. Beatriz de Bobadilla, 9. Madrid. Teléfono: 915 539 506
13. Casa Lucio. Para mi gusto riquísimos, con chorizo y morcilla. También sus huevos rotos con patatas están exquisitos. Cava Baja, 32 · Madrid +34 91 3663838 +34 91 3668323.
En Sevilla
14. Casa Carmelo
Calle Gloria, 6
Barrio Santa Cruz
41004 Sevilla
Teléfono 954225332
carmelo@barriosantacruz.com
lunes, 19 de noviembre de 2012
¡Aquel Tratado de Maastricht!
Es curioso que solo muy poca gente se acuerde ahora del Tratado de Maastricht, cuando es en él donde se encuentra el origen de los problemas que tiene ahora la Unión Europea. A base de muchas mentiras se está haciendo creer a la gente que lo que le sucede a los países que sufren las mayores perturbaciones es que han realizado mucho gasto público social y que eso ha aumentado hasta niveles insoportables el peso de la deuda pública, de donde deducen la exigencia de llevar a cabo políticas de austeridad basadas en el recorte de derechos y prestaciones sociales. La realidad es otra bien distinta: lo que verdaderamente ha hecho que crezca la deuda pública (además del impacto más reciente de la crisis financiera internacional y la subsiguiente caída en los ingresos públicos) no ha sido el incremento del gasto público primario (es decir, el asociado a gastos corrientes o de inversión), sino el dedicado a pagar intereses y la deuda que ha ido siendo necesaria para afrontar la deuda anterior.
Se calcula que los Estados europeos vienen pagando a la Banca privada unos 350.000 millones de euros cada año en concepto de intereses desde que dejaron de ser financiados por sus antiguos Bancos centrales y después por el Banco Central Europeo (Jacques Holbecq y Philippe Derudder, La dette publique, une affaire rentable: A qui profite le systéme?’, Ed. Yves Michel, París, 2009). Esa es, pues, la verdadera losa que ahora lastra a las economías europeas y no en el peso insoportable, como quieren hacer creer, del Estado de Bienestar. No podemos cansarnos de repetir que si los saldos primarios que ha ido teniendo el Estado español desde 1989 se hubieran financiado a un interés del 1% por un Banco central (como es lógico que hubiera sido) el peso de la deuda pública española sería ahora del 14% del PIB y no el 87% actual (Eduardo Garzón Espinosa. Situación de las arcas públicas si el estado español no pagara intereses de deuda pública: http://eduardogarzon.net/?p=328 ). Esa es la demostración palpable de que son los intereses financieros y no el gasto social el verdadero origen de la deuda, que se quiere combatir a base de recortar derechos y democracia.
Y se olvida ahora que fue el artículo 104 del Tratado de Maastricht el que consagró esa prohibición de que los Bancos centrales financiaran a los gobiernos. Una condición completamente absurda desde el punto de vista económico y financiero, que solo beneficia a la Banca privada, que así ha podido hacer un negocio de dimensiones auténticamente astronómicas: es fácil calcular que gracias a ello los Bancos europeos habrán recibido graciosamente alrededor de unos siete billones de euros desde que se ratificó el Tratado de Maastricht en concepto de intereses. Un dinero, además, que en lugar de haberse dedicado a financiar preferentemente el desarrollo productivo europeo ha sido el que ha alimentado la especulación financiera, la formación de burbujas que al estallar se han llevado por delante a economías enteras y las cuentas multimillonarias que los Bancos europeos mantienen en los paraísos fiscales o que dedican a financiar todo tipo de crímenes y delitos, el tráfico de armas, de personas, de droga o la corrupción política.
Para que eso fuese posible, el Tratado también estableció otra medida igualmente carente de fundamento científico: la independencia de los Bancos centrales que, en realidad, simplemente ha sido el procedimiento que permite que actúen con total libertad al servicio de la Banca privada. Prueba de ello es que la gestión de los Bancos centrales desde que son independientes ha sido la menos exitosa de toda su historia, pues en esta época es cuando se ha producido el mayor número de crisis financieras y los episodios más graves de inestabilidad monetaria. Aunque, eso sí, la mayor distribución de renta a favor de los poderosos gracias a la política de tipos de interés y al manejo de la cantidad de dinero circulante.
Con tal de favorecer a la Banca privada, el Tratado de Maastricht es el responsable original de que los Estados europeos estén maniatados a la hora de hacer política económica, cuyo éxito se basa inexcusablemente en la coordinación constante entre sus diferentes responsables y entre sus diferentes manifestaciones e instrumentos. Y de ahí, desde Maastricht, que sean tan impotentes para controlar lo que ahora se nos está viviendo encima.
También fue ese Tratado el que por primera vez estableció reglas igualmente absurdas de convergencia nominal, que el tiempo se ha encargado de demostrar que eran completamente inútiles para conseguir el equilibrio y la armonía que precisa una unión monetaria para funcionar correctamente y sin generar más problemas que los que resuelve. O las de estabilidad presupuestaria, tan infundadas e injustificadas desde el punto de vista científico, que han sido incumplidas en unas 140 ocasiones por los diferentes Estados. Y cuya perversión se demuestra simplemente preguntándonos en qué situación se encontrarían hoy día los países, ahora más avanzados del mundo, si hubieran estado sometidos a esas normas de estabilidad presupuestaria desde hace 100 o 150 años.
Pero el Tratado de Maastricht no solo fue decisivo por la introducción de estas ataduras económicas y privilegios que condenaron a los pueblos de Europa y a sus diferentes naciones a la situación en la que ahora nos encontramos, sino que igualmente lo fue por la forma tan antidemocrática en la que se ratificó, soslayando el debate social sobre este tipo de aspectos esenciales, o mejor dicho, ocultando a los ciudadanos sus consecuencias, e incluso haciendo trampas a la hora de aprobarlo.
Maastricht fue, por eso, la primera y más clara alerta de que los constructores y beneficiarios de la Europa neoliberal que allí se ponía en marcha no necesitaban democracia, sino todo lo contrario y que, por tanto, con el Tratado comenzaba su desmantelamiento real.
El lado positivo de Maastricht es que demuestra el origen ilegítimo que ha tenido la deuda que injustamente se hace recaer sobre los pueblos europeos. Y, por lo tanto, la primera razón para auditarla en toda Europa y repudiarla cuanto antes. Juan Torres López. Sistema Digital
Se calcula que los Estados europeos vienen pagando a la Banca privada unos 350.000 millones de euros cada año en concepto de intereses desde que dejaron de ser financiados por sus antiguos Bancos centrales y después por el Banco Central Europeo (Jacques Holbecq y Philippe Derudder, La dette publique, une affaire rentable: A qui profite le systéme?’, Ed. Yves Michel, París, 2009). Esa es, pues, la verdadera losa que ahora lastra a las economías europeas y no en el peso insoportable, como quieren hacer creer, del Estado de Bienestar. No podemos cansarnos de repetir que si los saldos primarios que ha ido teniendo el Estado español desde 1989 se hubieran financiado a un interés del 1% por un Banco central (como es lógico que hubiera sido) el peso de la deuda pública española sería ahora del 14% del PIB y no el 87% actual (Eduardo Garzón Espinosa. Situación de las arcas públicas si el estado español no pagara intereses de deuda pública: http://eduardogarzon.net/?p=328 ). Esa es la demostración palpable de que son los intereses financieros y no el gasto social el verdadero origen de la deuda, que se quiere combatir a base de recortar derechos y democracia.
Y se olvida ahora que fue el artículo 104 del Tratado de Maastricht el que consagró esa prohibición de que los Bancos centrales financiaran a los gobiernos. Una condición completamente absurda desde el punto de vista económico y financiero, que solo beneficia a la Banca privada, que así ha podido hacer un negocio de dimensiones auténticamente astronómicas: es fácil calcular que gracias a ello los Bancos europeos habrán recibido graciosamente alrededor de unos siete billones de euros desde que se ratificó el Tratado de Maastricht en concepto de intereses. Un dinero, además, que en lugar de haberse dedicado a financiar preferentemente el desarrollo productivo europeo ha sido el que ha alimentado la especulación financiera, la formación de burbujas que al estallar se han llevado por delante a economías enteras y las cuentas multimillonarias que los Bancos europeos mantienen en los paraísos fiscales o que dedican a financiar todo tipo de crímenes y delitos, el tráfico de armas, de personas, de droga o la corrupción política.
Para que eso fuese posible, el Tratado también estableció otra medida igualmente carente de fundamento científico: la independencia de los Bancos centrales que, en realidad, simplemente ha sido el procedimiento que permite que actúen con total libertad al servicio de la Banca privada. Prueba de ello es que la gestión de los Bancos centrales desde que son independientes ha sido la menos exitosa de toda su historia, pues en esta época es cuando se ha producido el mayor número de crisis financieras y los episodios más graves de inestabilidad monetaria. Aunque, eso sí, la mayor distribución de renta a favor de los poderosos gracias a la política de tipos de interés y al manejo de la cantidad de dinero circulante.
Con tal de favorecer a la Banca privada, el Tratado de Maastricht es el responsable original de que los Estados europeos estén maniatados a la hora de hacer política económica, cuyo éxito se basa inexcusablemente en la coordinación constante entre sus diferentes responsables y entre sus diferentes manifestaciones e instrumentos. Y de ahí, desde Maastricht, que sean tan impotentes para controlar lo que ahora se nos está viviendo encima.
También fue ese Tratado el que por primera vez estableció reglas igualmente absurdas de convergencia nominal, que el tiempo se ha encargado de demostrar que eran completamente inútiles para conseguir el equilibrio y la armonía que precisa una unión monetaria para funcionar correctamente y sin generar más problemas que los que resuelve. O las de estabilidad presupuestaria, tan infundadas e injustificadas desde el punto de vista científico, que han sido incumplidas en unas 140 ocasiones por los diferentes Estados. Y cuya perversión se demuestra simplemente preguntándonos en qué situación se encontrarían hoy día los países, ahora más avanzados del mundo, si hubieran estado sometidos a esas normas de estabilidad presupuestaria desde hace 100 o 150 años.
Pero el Tratado de Maastricht no solo fue decisivo por la introducción de estas ataduras económicas y privilegios que condenaron a los pueblos de Europa y a sus diferentes naciones a la situación en la que ahora nos encontramos, sino que igualmente lo fue por la forma tan antidemocrática en la que se ratificó, soslayando el debate social sobre este tipo de aspectos esenciales, o mejor dicho, ocultando a los ciudadanos sus consecuencias, e incluso haciendo trampas a la hora de aprobarlo.
Maastricht fue, por eso, la primera y más clara alerta de que los constructores y beneficiarios de la Europa neoliberal que allí se ponía en marcha no necesitaban democracia, sino todo lo contrario y que, por tanto, con el Tratado comenzaba su desmantelamiento real.
El lado positivo de Maastricht es que demuestra el origen ilegítimo que ha tenido la deuda que injustamente se hace recaer sobre los pueblos europeos. Y, por lo tanto, la primera razón para auditarla en toda Europa y repudiarla cuanto antes. Juan Torres López. Sistema Digital
sábado, 17 de noviembre de 2012
Los rostros del poder: Jens Weidmann
En el desbarajuste que rodea a la eurocrisis, el alemán Jens Weidmann, presidente del Bundesbank, ocupa un lugar central. Es el más joven presidente que ha tenido nunca esa institución. Nacido en 1968, con 38 años se convirtió en el principal asesor económico de la canciller Angela Merkel y en el 2011 esta le designó para dirigir, con 43 años, el Bundesbank con un sueldo de 400.000 euros anuales.
“Separarme de él se me hace duro, tanto en el terreno profesional como desde el punto de vista personal”, comentó la canciller en febrero del 2011, cuando su asesor fue designado para presidir el Bundesbank. Casi dos años después, Weidmann y su institución se están quedando solos en los debates que acompañan el desbarajuste europeo. ¿Por qué? ¿Quién es y qué tiene este brillante jovencito de fulgurante carrera y aspecto tímido y frágil?
Nació en Solingen (Renania del Norte-Westfalia), en el seno de una familia de clase media. La madre de Weidmann era maestra, y el padre, ingeniero. Al presidente del Bundesbank no le gusta hablar de su vida privada, no existen libros sobre su persona, no pisa los platós de la tele, y la prensa alemana no está particularmente interesada en el cotilleo, así que se sabe poco de su vida personal, de sus aficiones, nada no profesional; sólo que está casado y tiene dos hijos, lo que obliga a conocer su perfil desde su faceta profesional.
Desde que empezó a trabajar en Berlín, en el 2006, alquiló un piso discreto en la plaza Postdam, cerca de la oficina. Cuando podía, no todas las semanas, se iba a ver a la familia, que continuó viviendo en Frankfurt. Cuando uno de sus hijos hizo la primera comunión, Weidmann llegó tarde. Parece que llevó como pudo la relación con la familia durante esa separación por motivos profesionales, que duró hasta su nombramiento en el Bundesbank, que tiene su sede en Frankfurt.
El presidente del Bundesbank es un hombre entregado al trabajo. Discreto, porque en su cargo una palabra de más puede desencadenar terremotos económicos. Afable en el trato con la prensa, carente de vanidad, dicen quienes le conocen, pero al mismo tiempo se muestra como un negociador duro e inflexible.
Estudió Economía en París y Bonn y tuvo dos mentores y un padrino. Sus directores de tesis fueron los profesores Roland Vaubel y Manfred Neumann. Primera sorpresa: cuando fue nombrado presidente del Bundesbank y se preguntó a Vaubel si su discípulo era la persona apropiada para el cargo, respondió con una tajante negativa: “Temo que no está a la altura de la tarea”, dijo. Cuando le pidieron que describiera a su pupilo, añadió: “Es un tecnócrata gris”. Muchos se quedaron pasmados. En cambio, su otro mentor salió en su defensa: “No hay nadie mejor que él”, dijo.
El padrino de Weidmann fue Axel Weber, un profesor de la Universidad de Bonn que fue nombrado presidente del Bundesbank en el 2002. Weber se llevó a Weidmann como director del departamento de política monetaria. Más tarde le hizo vicedirector económico. De allí, recomendado por Weber, pasó a la cancillería, donde Merkel le encargó la dirección de la preparación de sus encuentros con el G-8 y el G-20 en los complicados años del inicio de la crisis.
Aunque el Banco Central Europeo (BCE) se diseñó a imagen y semejanza del Bundesbank, es decir, como guardián independiente de la estabilidad de precios, el BCE se encuentra con que la eurocrisis y el sentido común le empujan a salirse un poco de ese guión. Al frente del Bundesbank, Weber denunció tal sacrilegio y acabó dimitiendo de su cargo por ese motivo. Pero Weidmann sigue estrictamente los pasos de Weber y se ha convertido en un adversario del presidente del BCE, Mario Draghi, especialmente desde que este dio a conocer en septiembre su programa de compra “ilimitada y condicional” de deuda de países en dificultades.
La moneda europea está en crisis por los altos costes que dejó la crisis financiera, los defectos de nacimiento del euro y toda una serie de problemas nacionales de los países de la eurozona; desde el dumping salarial y el desequilibrio en competitividad entre socios, hasta los embellecidos presupuestos griegos, la corrupción y el clientelismo mediterráneos... Ignorando esos motivos y la interrelación nacional que toda crisis sistémica tiene, la eurocrisis prefirió explicarse a sí misma como un problema de deuda de países meridionales mal administrados. Y Weidmann encaja muy bien con ese esquema que el economista Heiner Ganssmann denomina “Merkelantismus” –o, en latín, furiosa Teutonicorum insania– y que define como “una específica doctrina alemana contemporánea con fuertes connotaciones morales”.
El Bundesbank y su presidente son los máximos representantes de esa doctrina, así que no era casualidad que Weidmann se opusiera a Draghi. Weidmann defiende el papel clásico del BCE con la intransigencia de un Thomas Becket ante Enrique II de Inglaterra, ha reconocido quien fue su mentor, Manfred Neumann.
¿Cuales son las raíces del empecinamiento de Weidmann y su banco? La respuesta obliga a explorar el mundo académico alemán de los años 60, cuando se forjó la ortodoxia económica alemana. El economista alemán más influyente de la posguerra, Herbert Giersch, renegó de la teoría de la demanda de Keynes en la que el Estado tenía mayor credibilidad que el mercado y que había dominado el pensamiento económico desde la crisis del 29, para abrazar un dogmatismo neoliberal. Su centro fue el Instituto de Economía Mundial de Kiel.
“El Instituto de Kiel, el consejo de sabios que asesora al gobierno y el Bundesbank crearon la santísima trinidad que durante casi 40 años dominó el debate económico alemán”, dice el periodista económico Robert von Heusinger, autor de un ensayo sobre Weidmann titulado El impasible. Keynes fue demonizado, y se estableció un particular dogmatismo monetarista. “Quien quisiera llegar a ser algo como economista en Alemania debía adaptarse a las instituciones y ser un poco dogmático”, explica Von Heusinger.
Mientras los esquemas neoliberales eran puestos a prueba por la práctica y daban lugar a las desastrosas experiencias mundiales de los 80 y 90 que aún se pagan hoy en algunos países, en Alemania, la reunificación nacional de 1990 impuso una experiencia completamente diferente, lo que el execonomista jefe del Deutsche Bank Norbert Walter describe como “el mayor programa keynesiano de la historia”: dos billones de euros (un 8% del PIB alemán a lo largo de 25 años, desde 1995 hasta el 2015) gastados en la anexión y absorción de la RDA. Aquello generó cierta alergia al gasto público y al endeudamiento y es mucho más significativo que la siempre citada memoria de la inflación de la República de Weimar. En la época de Weimar, no ya Weidmann, que nació casi 40 años después, ni siquiera su padre había nacido.
En cualquier caso, esa mezcla alemana de dogmatismo académico y alergia empírica al gasto público y las cuentas desmadradas que Weidmann y su institución encarnan, está de capa caída. En el contexto de la crisis, hasta algunos prominentes discípulos del fallecido profesor Giersch han cambiado un poco el chip y apoyan las compras de deuda decididas por el BCE. La santísima trinidad alemana se tambalea, pero Weidmann se mantiene impertérrito.
“Dos de los cinco miembros del consejo de sabios y el director del Instituto de Kiel se han pronunciado a favor de la compra de deuda a corto plazo”, explica Von Heusinger. También la canciller Merkel ha tenido que flexibilizar su postura. Sólo el Bundesbank de Weidmann se opone. Weidmann dice que comprar deuda es una “droga peligrosa”, un factor de inflación y una manera de destruir la disciplina de los países “culpables”. ¿Y el público alemán? Como dijo en cierta ocasión Jacques Delors, “no todos los alemanes creen en Dios, pero todos creen en el Bundesbank”. “Weidmann contra todos”, podría ser el título de la película de la que el jovial presidente del Bundesbank es protagonista.
Rafael Poch. magazinedigital.com
Fuente: http://www.magazinedigital.com/reportajes/los_reportajes_de_la_semana/reportaje/cnt_id/8503
“Separarme de él se me hace duro, tanto en el terreno profesional como desde el punto de vista personal”, comentó la canciller en febrero del 2011, cuando su asesor fue designado para presidir el Bundesbank. Casi dos años después, Weidmann y su institución se están quedando solos en los debates que acompañan el desbarajuste europeo. ¿Por qué? ¿Quién es y qué tiene este brillante jovencito de fulgurante carrera y aspecto tímido y frágil?
Nació en Solingen (Renania del Norte-Westfalia), en el seno de una familia de clase media. La madre de Weidmann era maestra, y el padre, ingeniero. Al presidente del Bundesbank no le gusta hablar de su vida privada, no existen libros sobre su persona, no pisa los platós de la tele, y la prensa alemana no está particularmente interesada en el cotilleo, así que se sabe poco de su vida personal, de sus aficiones, nada no profesional; sólo que está casado y tiene dos hijos, lo que obliga a conocer su perfil desde su faceta profesional.
Desde que empezó a trabajar en Berlín, en el 2006, alquiló un piso discreto en la plaza Postdam, cerca de la oficina. Cuando podía, no todas las semanas, se iba a ver a la familia, que continuó viviendo en Frankfurt. Cuando uno de sus hijos hizo la primera comunión, Weidmann llegó tarde. Parece que llevó como pudo la relación con la familia durante esa separación por motivos profesionales, que duró hasta su nombramiento en el Bundesbank, que tiene su sede en Frankfurt.
El presidente del Bundesbank es un hombre entregado al trabajo. Discreto, porque en su cargo una palabra de más puede desencadenar terremotos económicos. Afable en el trato con la prensa, carente de vanidad, dicen quienes le conocen, pero al mismo tiempo se muestra como un negociador duro e inflexible.
Estudió Economía en París y Bonn y tuvo dos mentores y un padrino. Sus directores de tesis fueron los profesores Roland Vaubel y Manfred Neumann. Primera sorpresa: cuando fue nombrado presidente del Bundesbank y se preguntó a Vaubel si su discípulo era la persona apropiada para el cargo, respondió con una tajante negativa: “Temo que no está a la altura de la tarea”, dijo. Cuando le pidieron que describiera a su pupilo, añadió: “Es un tecnócrata gris”. Muchos se quedaron pasmados. En cambio, su otro mentor salió en su defensa: “No hay nadie mejor que él”, dijo.
El padrino de Weidmann fue Axel Weber, un profesor de la Universidad de Bonn que fue nombrado presidente del Bundesbank en el 2002. Weber se llevó a Weidmann como director del departamento de política monetaria. Más tarde le hizo vicedirector económico. De allí, recomendado por Weber, pasó a la cancillería, donde Merkel le encargó la dirección de la preparación de sus encuentros con el G-8 y el G-20 en los complicados años del inicio de la crisis.
Aunque el Banco Central Europeo (BCE) se diseñó a imagen y semejanza del Bundesbank, es decir, como guardián independiente de la estabilidad de precios, el BCE se encuentra con que la eurocrisis y el sentido común le empujan a salirse un poco de ese guión. Al frente del Bundesbank, Weber denunció tal sacrilegio y acabó dimitiendo de su cargo por ese motivo. Pero Weidmann sigue estrictamente los pasos de Weber y se ha convertido en un adversario del presidente del BCE, Mario Draghi, especialmente desde que este dio a conocer en septiembre su programa de compra “ilimitada y condicional” de deuda de países en dificultades.
La moneda europea está en crisis por los altos costes que dejó la crisis financiera, los defectos de nacimiento del euro y toda una serie de problemas nacionales de los países de la eurozona; desde el dumping salarial y el desequilibrio en competitividad entre socios, hasta los embellecidos presupuestos griegos, la corrupción y el clientelismo mediterráneos... Ignorando esos motivos y la interrelación nacional que toda crisis sistémica tiene, la eurocrisis prefirió explicarse a sí misma como un problema de deuda de países meridionales mal administrados. Y Weidmann encaja muy bien con ese esquema que el economista Heiner Ganssmann denomina “Merkelantismus” –o, en latín, furiosa Teutonicorum insania– y que define como “una específica doctrina alemana contemporánea con fuertes connotaciones morales”.
El Bundesbank y su presidente son los máximos representantes de esa doctrina, así que no era casualidad que Weidmann se opusiera a Draghi. Weidmann defiende el papel clásico del BCE con la intransigencia de un Thomas Becket ante Enrique II de Inglaterra, ha reconocido quien fue su mentor, Manfred Neumann.
¿Cuales son las raíces del empecinamiento de Weidmann y su banco? La respuesta obliga a explorar el mundo académico alemán de los años 60, cuando se forjó la ortodoxia económica alemana. El economista alemán más influyente de la posguerra, Herbert Giersch, renegó de la teoría de la demanda de Keynes en la que el Estado tenía mayor credibilidad que el mercado y que había dominado el pensamiento económico desde la crisis del 29, para abrazar un dogmatismo neoliberal. Su centro fue el Instituto de Economía Mundial de Kiel.
“El Instituto de Kiel, el consejo de sabios que asesora al gobierno y el Bundesbank crearon la santísima trinidad que durante casi 40 años dominó el debate económico alemán”, dice el periodista económico Robert von Heusinger, autor de un ensayo sobre Weidmann titulado El impasible. Keynes fue demonizado, y se estableció un particular dogmatismo monetarista. “Quien quisiera llegar a ser algo como economista en Alemania debía adaptarse a las instituciones y ser un poco dogmático”, explica Von Heusinger.
Mientras los esquemas neoliberales eran puestos a prueba por la práctica y daban lugar a las desastrosas experiencias mundiales de los 80 y 90 que aún se pagan hoy en algunos países, en Alemania, la reunificación nacional de 1990 impuso una experiencia completamente diferente, lo que el execonomista jefe del Deutsche Bank Norbert Walter describe como “el mayor programa keynesiano de la historia”: dos billones de euros (un 8% del PIB alemán a lo largo de 25 años, desde 1995 hasta el 2015) gastados en la anexión y absorción de la RDA. Aquello generó cierta alergia al gasto público y al endeudamiento y es mucho más significativo que la siempre citada memoria de la inflación de la República de Weimar. En la época de Weimar, no ya Weidmann, que nació casi 40 años después, ni siquiera su padre había nacido.
En cualquier caso, esa mezcla alemana de dogmatismo académico y alergia empírica al gasto público y las cuentas desmadradas que Weidmann y su institución encarnan, está de capa caída. En el contexto de la crisis, hasta algunos prominentes discípulos del fallecido profesor Giersch han cambiado un poco el chip y apoyan las compras de deuda decididas por el BCE. La santísima trinidad alemana se tambalea, pero Weidmann se mantiene impertérrito.
“Dos de los cinco miembros del consejo de sabios y el director del Instituto de Kiel se han pronunciado a favor de la compra de deuda a corto plazo”, explica Von Heusinger. También la canciller Merkel ha tenido que flexibilizar su postura. Sólo el Bundesbank de Weidmann se opone. Weidmann dice que comprar deuda es una “droga peligrosa”, un factor de inflación y una manera de destruir la disciplina de los países “culpables”. ¿Y el público alemán? Como dijo en cierta ocasión Jacques Delors, “no todos los alemanes creen en Dios, pero todos creen en el Bundesbank”. “Weidmann contra todos”, podría ser el título de la película de la que el jovial presidente del Bundesbank es protagonista.
Rafael Poch. magazinedigital.com
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