_- MEMORIA HISTÓRICA. El Gobierno balear identifica los restos de Aurora Picornell, ‘La Pasionaria mallorquina’

_- Picornell fue enterrada en una fosa común con otras cuatro mujeres. Su padre y dos de sus hermanos también fueron asesinados por el franquismo

El Gobierno balear ha anunciado este jueves que los restos hallados en la exhumación de una fosa en el cementerio de Son Coletes a finales del año pasado corresponden a Aurora Picornell, conocida como La Pasionaria mallorquina. Modista de profesión, era la responsable de la organización de mujeres del Partido Comunista en las Islas Baleares. En los primeros días del golpe de Estado que dio origen a la Guerra Civil fue detenida, encarcelada y hecha desaparecer con otras compañeras la noche del 5 de enero de 1937. Tenía 25 años, estaba casada y era madre de una niña pequeña. “Hoy es un día histórico”, ha declarado el vicepresidente balear, Juan Pedro Yllanes. “Estamos muy orgullosos de haber encontrado sus restos. No han conseguido hacerla desaparecer....

_- Una obligación Internacional

_- Javier Cercas.

Unas semanas atrás publiqué en esta misma columna un texto titulado "No es memoria: es justicia", 

donde sostenía que la llamadqa Ley de Memoria Democrática"responde a una " obligación internaciuonal" en particular por lo que atañe al deber del Estado de localizar y exhumar a las víctimas del franquismo. Poco después recibí un correo electrónico de un amigo -un experto en derecho internacional humanitario (DIH) que trabaja como consejero jurídico para una organización internacional con sede en Ginebra, en el que reforzaba y ampliaba esa información elemental, pero a menudo olvidada. Sus observaciones son tan pertinentes que me siento abligado a glosarlas: primero porque ese tipo de argumentos apenas circula en el emponzoñado debate español sobre la cuestión; y, segundo, porque ello muestra que no estamos ante una cuestión partidaria, de izquierda contra derecha (o al revés), sino que, ante cualquier otra cosa, se trata de un asunto de respeto a la legislación internacional.

En su correo, mi amigo me explica que 

el DIH- conocido como derecho de la guerra o derecho internacional de conflictos armados- establece numerosas obligaciones jurídicas que deben respetarse por las partes en liza, 

también al final del conflicto; una de ellas es la búqueda de personas desaparecidas: el DIH impone a los bandos en cualquier guerra , en efecto deberes como la localización de tumbas o la necesidad de obtener informadión sobre el paradero de las personas extraviadas y de compartir dicha información con sus familiares, según acaba de hacer, por cierto el Estado colombiano, que ha creado una Unidad de Búsqueda de Personas Desaparecidas.

Por ello, razona mi amigo; 

"No haber localizado las tumbas de quienes murieron durante la Guerra Civil, para exhumar sus cadáveres y entregarselo a las familias es no sólo una injuticia, como bien señalas en tu artículo, sino tambien una flagrante violación de las obligaciones jurídicas de España de conformidad con el derecho internacional". 

Pregunta legítima: ¿hacía falta una Ley para cumplir con esas obligaciones?. En un artículo publicado el El Mundo el expresidente Aznar afirmaba que no. Pregunta obligada; entonces, ¿por qué todavía no ha cumplido con su deber el Estado? ¿Por qué no lo hizo el presidente Aznar? Que no existía una respuesta satisfactoria a esos interrogantes no constituye una prueba inequívoca de la necesidad de esa Ley de Memoria. Por lo demás, mi amigo recuerda una evidencia histórica, y es que el paso de la dictadura a la democracia supuso hacer la vista gorda con muchas violaciones del derecho internacional, y no sólo respecto a nuestro asunto. "Sucede lo mismo respecto a la ausencia de procesos judiciales para investigar crímenes de guerra", escribe. Así que con la ley internacional en la mano, la justicia española debería haber juzgado a los presuntos responsables de los crímenes de guerra cometidos por los franquistas; algunos todavía vivos tras la muerte de Franco; pero como en la guerra los republicanos también cometieron crímenes- esto no es equidistancia; es un hecho- en rigor debería haberse juzgado también a sus presuntos responsables. Es lo que tiene la ley que es igual para todos. Durante la tormentosa Transición, después de 3 años de guerra y 40 de dictadura (o de 43 de guerra), la clase política al completo y la inmensa mayoría de la población sintió que era imposible hacer del todo justicia y, al mismo tiempo, construir una democracia; Después de la tormenta todo el mundo es piloto, pero me pregunto que hubieramos hecho nosotros.

Así que ahora, con la democracia asentada en España, nuestra obligación consiste en terminar de hacer justicia (aunque ya sea tarde para hacerla del todo); ese es, o debería ser, el sentido profundo de la Ley de Memoria. Y por eso que, pese a haberse negado el PP de Feijóo a apoyar la ley si llega al poder no la derogue, como ya ha anunciado que hará y como hizo en la práctica el PP de Rajoy. Además de un tremendo error moral y político, supondrá un incumplimiento palmario de sus obligaciones internacionales.

Javier Cercas, columna de EL País semanal.

_- No es memoria: es justicia

_- Javier Cercas.

¿A quién le parece mal que el Estado se haga cargo de exhumar y enterrar con dignidad al padre fusilado de una anciana?

A juzgar por algunas reacciones a la llamada ley de memoria democrática, se diría que sus detractores no la han leído. El principal reproche que le hacen a esa norma es que ataque a la Transición; ahora bien, esto es lo que dice la ley sobre ella: “La conquista y consolidación de la democracia en España ha sido el logro histórico más significativo de la sociedad española”. O: el consenso que hizo posible el fin del franquismo y la Constitución de 1978 “fue el espíritu de nuestra transición política, y ha sido la base de la época de mayor esplendor y prosperidad que ha conocido nuestro pais". La verdad hace tiempo que no leía semejantes diritambos sobre la Transición. Es cierto que por algún portón mal cerrado, se cuela en la ley alguna ambiguedad resbaladiza; ninguna , sin embargo que autorice a Merche Aizpurua (Bildu) a sostener que la norma sirve para "poner en jaque al relato de una Transición ejemplar". ¡Como si no supieramos que en la historia no existe ningún periodo ejemplar! ¿Y cómo iba a serlo la Transición si provocó más de medio millar de muertos, más de la mitad de ellos asesinados por ETA? En cuanto al reproche de que la ley se aprobó con los votos de Bildu, me parece irrelevante; si una ley es útil, me da igual que se apruebe con el apoyo de Bildu, de Vox o de los Morancos.

¿Es útil la ley? Admitamos que, a ratos , está escrita de pena. Además, siempre inquieta que un Estado legisle sobre la memoria, como advietieron en 2008 Pierre Nora, Eric Hobsbawm y otros grandes historiadores. Pero es que esa es la cuestión. en rigor no se trata de justicia; más precisamente; de justicia transicional, esa rama del derecho que, como escribe Alvarez Junco, se enfrenta con las violaciones sistemáticas y generalizadas de los derechos Humanos en las situaciones de opresión y conflicto violento -guerras civiles, dictadura-, de las que se quiere salir hacia otras de paz, democracia e instituciones sometidas a normas". Este tipo de justicia abarca diversos campos, desde la justicia penal o la verdad histórica hasta la reparación de las victimas, en algunos de los cuales la democracia española más de lo que se suele recordar (a mediados de los años noventa, el 26% de los presupuestos del régimen de clases pasivas iba para las victimas); pero no ha hecho lo suficiente. La nueva ley, que no obedece a un capriicho del Gobierno, sino a una obligación internacional, corrige alguna carencias: impide que la Ley de Amnistía de 1977 pueda amparar delitos de genocidios y crímenes contra la humanidad; prevé una declaración general de condena del franquismo, que nunca se ha producido; declara ilegal los tribunales de la dictadura y nulas sus sentencias, y , sobre todo, obliga al Estado a asumir la exhumación de las victimas. no entiendo que se pueda estar contra eso. 

¿A alguien le parece mal que el Estado se haga cargo de exhumar y enterrar con dignidad al padre fusilado de una anciana, cuyo cadáver lleva más de 80 años en una fosa común? 

¿Cómo es posible que quienes exigen con razón desagravio, justicia y recuerdo para las victimas de ETA no los exijan también para las del franquismo? ¿ O es que las víctimas sólo son víctimas si son nuestras? dicho esto, repito que la ley presenta problemas, el mayor de los cuales es que no ha sido aprobada por una gran mayoría del Congreso, que al menos abarque al PP. Este asunto exige una casi unanimidad: primero, porque la democracia consiste en un minimo acuerdo sobre el presente, y un mínimo acuerdo sobre el pasado; y segundo porque en cuanto el PP llegue al poder derogará la ley (como ya hizo en la práctica con la anterior). Y estaremos donde estábamos.

Se dice que las heridad de una guerra civil tardan cien años en curarse. El problema es que nuestra guerra ni acabó en 1939, sino en 1978, porque el franquismo no fue la paz, sino la guerra por otros medios. Como sea, yo espero que, con todos sus defectos e insuficiencias, esta ley sirva para que, dentro de 14 años, cuando pasado un siglo del principio de todo, las heridas duelan menos. 

Javier Carca. El Pais Semanal. 7 de agosto de 2022.

_- Guerra Civil, la prueba de fuego de Unamuno, Azaña y Ortega

_- El historiador Raimundo Cuesta, Premio Nacional a la Innovación Educativa, acaba de presentar en el Centro Documental de la Memoria Histórica de Salamanca su obra “Unamuno, Azaña y Ortega, Tres luciérnagas en el ruedo ibérico” tras décadas de estudio e investigación centradas en lo que Nietzsche denomina (en su ensayo las Tres Caras de Clío) la Historia Crítica, es decir, aquella que trata de ajustar cuentas con el pasado y poner cada cosa en su lugar.

Nuestro autor, cofundador de las plataformas Cronos y Fedicaria, así como de la revista ConCiencia Social, nos sitúa “a las tres lumbreras” entre la espada y la pared, en una España desgarrada por los Hunos y los Otros, en la que al final se impone la dictadura que arroja a Azaña al exilio, destruye interiormente a Unamuno y deja a Ortega “una salida olímpica, más allá del bien y del mal”.

En la presentación, que tuvo lugar el pasado 28 de junio, Cuesta dio una lección magistral, (acompañado por los historiadores Jesús Baigorri y María José Turrión) sobre ”la travesía, en el Mare Procelosum, de esos tres náufragos en 1936”.

”La Guerra Civil selló el destino aciago de las tres luciérnagas, por causas diferentes y destinos contrarios, cuando la República soñada por cada uno de ellos iba a traspasar las puertas del cementerio”, subrayó Cuesta (de origen vasco y cántabro) considerado uno de los historiadores españoles más importantes del siglo XXI.

Al referirse a Ortega, por quien mostró “cierta antipatía”, (aunque reconoció su gran legado, de resonancia internacional señaló, en una sala repleta de público, que el filósofo madrileño defendía “una sofocracia” (un Gobierno de sabios) de vetustas resonancias platónicas” y que observaba con desprecio una hipotética “rebelión de las masas” que podría propagar “la peste revolucionaria”.

Ortega llegó a proponer -señaló Cuesta- “un partido nacional por encima de las izquierdas y las derechas”, algo así como una utópica asociación transversal para superar “las amenazas del comunismo y el fascismo”.

Respecto a Unamuno, a quien se acerca con gran simpatía y perdonando “sus dudas iniciales con el golpe de Estado”, le absuelve con contundencia y argumentos de peso.

“Unamuno fue la proa de la generación del 98 (…) Tras su destierro por oponerse a la dictadura militar de Primo de Rivera, se convierte en un héroe de multitudes y en el refulgente símbolo de la República soñada cuando regresa a su tierra en 1930”, recalcó Cuesta.

Para el historiador afincado en Salamanca “las tres luciérnagas representan otros tantos arquetipos de intelectual profético (Unamuno), político (Azaña) y olímpico (Ortega).

Azaña, el más sosegado e introvertido -dijo Cuesta- se mostró poseído “por una suerte de hundimiento durante la Guerra Civil”.

Para entender la cosa sumariamente sobre el rector y el filósofo madrileño -matizó- “Unamuno fue el Sócrates, y Ortega el Platón de nuestra tradición filosófica” (Salcedo, 1956, “Unamuno y Ortega, diálogo entre dos españoles”. Cuaderno de la Cátedra Miguel de Unamuno, 7, p.108).

Raimundo asimismo arremetió contra la idea de encorsetar a dicha troika “en el saco de las tres Españas”.

“Tras las promesas de la generación del 14 (…) Los tres, con distinto ritmo e intensidad, rompen las amarras con la monarquía y acaban apostando por la República”, enfatizó Cuesta.

Cuesta, que no olvida en ningún momento “la paupérrima situación en la que se encontraba España” (lo que tallaba de diferente forma a las tres luciérnagas) subrayó que “en ese mundo de incertidumbres Azaña, máximo exponente de la República, abogó por una revolución pacífica mediante una alianza entre las clases ilustradas y los trabajadores de orientación socialista”.

Eso chocaba -añadió- con el Gobierno de una “aristocracia intelectual” de Ortega.

Por su parte Unamuno, que “incluso dijo sí al Estatuto de Cataluña de 1932, a pesar de su fuerte oposición” y se mantuvo un “lapso de tiempo” como “filósofo de la duda”, poco antes de fallecer dejó, con claridad meridiana, su “testamento político”.

Poco antes de su muerte natural, el último día del año 36, -recalcó Cuesta- “emborronó unas cuantas cuartillas en las que lamentó su engaño al haber percibido en la sublevación militar una acción encaminada a la defensa de la civilización occidental y no la trastienda, como en ese momento alcanza a ver, de una militarada que abrió un movimiento de ´odio a la inteligencia, la envidia, el resentimiento, el complejo de inferioridad (…)”.

“Esta guerra civil, no es civil. Es un ejército de mercenarios-la legión y los regulares, no el pueblo” (citado por F. Blanco Prieto. Unamuno. Profesor y rector de la Universidad de Salamanca, Salamanca, 2011, pa. 546).

Cuesta elogió a Azaña, quien sufrió, quizás, “un naufragio más duro que Unamuno”.

“Se mantuvo hasta 1939 al frente de la II República, es decir, su compromiso con el régimen nacido en 1931 llegó prácticamente hasta el final. Ello le costó el oneroso tributo de morir en el exilio el 3 de noviembre de 1940 en la localidad francesa de Montauban, únicamente arropado por su mujer, el séquito de fieles amigos y la solidaria ayuda material de la Embajada de México”, recordó Cuesta.

En su exhaustivo ensayo -de más de 500 páginas- Raimundo analiza de forma profunda y pormenorizada la Historia y la Intrahistoria de la vieja España, así como su mutilación física y espiritual, en línea con su pensamiento, reflejado en gran parte de su obra, de que “el franquismo y sus secuaces practicaron una cirugía de cuerpos y almas”, cuyas secuelas seguimos padeciendo en la España actual, en la cual sigue brillando “la patina del fascismo”.

Esta es la web de Raimundo Cuesta: Cronos

Rebelión ha publicado este artículo con el permiso del autor mediante una licencia de Creative Commons, respetando su libertad para publicarlo en otras fuentes.

https://rebelion.org/guerra-civil-la-prueba-de-fuego-de-unamuno-azana-y-ortega/

_- ANIVERSARIO DEL BOMBARDEO DE GERNIKA. Gernika no quiere más ‘gernikas’.

_- El recuerdo del bombardeo de 1937 resuena contra la “barbarie” que sufre Ucrania por la invasión rusa

Es 26 de abril de 2022 y han pasado 85 años del bombardeo de Gernika. A las cuatro menos cuarto de la tarde suenan las sirenas en el pueblo, como aquel día de 1937, y los vecinos guardan en silencio un respetuoso recuerdo del ataque aéreo que destruyó la villa y provocó la muerte de cientos de personas. Hoy es un día triste aquí, sigue sonando el pitido de la alarma y algunas gentes levantan la mirada al cielo, donde no se divisan aviones destructores. La localidad vizcaína revive en paz su pasado. Al conmemorar esta dolorosa efeméride, abre sus brazos a Ucrania, le brinda su solidaridad y proclama la injusticia de la invasión rusa. En algunos balcones, también en la fachada del Ayuntamiento, lucen las ikurriñas con crespones negros junto a la bandera ucrania.

Deja de sonar la sirena y se oye el tañido de la vieja campana de la iglesia de San Juan, destruida durante el ataque aéreo del 37. La misma campaña que avisaba a los vecinos de Gernika de la llegada de los aviones alemanes de la Legión Cóndor y los italianos de la Aviazione Legionaria, aliados de las tropas franquistas en la Guerra Civil, que sembraron el horror con el lanzamiento de cientos de bombas explosivas e incendiarias durante tres horas ininterrumpidas. Era un lunes, día de mercado. Hubo más de 200 muertos, según unos; se superaron los 1.600, según otros. Los proyectiles devastaron casas, la iglesia, el ayuntamiento, el teatro.... Un pueblo arrasado, lleno de escombros que hoy aún se pueden observar durante la visita al Museo de la Paz. “Que el horizonte de todo conflicto sea la reconciliación”, reza uno de los escritos destacados en este centro memorial. Las pruebas de la barbarie siguen presentes hoy en Gernika y se muestran con la dignidad que envuelve a esta villa vizcaína que se ha erigido en un símbolo contra la crueldad de la guerra.

Gernika no quiere más gernikas. Por eso, clama contra la injusticia que sufre el pueblo ucranio. Tañe la campana vieja del 37 durante el responso y la ofrenda floral que todos los años, cada 26 de abril, reúne a las autoridades y a los vecinos en el cementerio local, frente al mausoleo que recuerda a las víctimas del bombardeo. Este año, el acto ha tomado una dimensión especial tras la referencia que el presidente ucranio, Volodímir Zelenski, hizo del bombardeo de Gernika durante su intervención por videoconferencias ante el Congreso de los Diputados el pasado día 6: “Estamos en abril de 2022 pero podríamos estar en abril de 1937″. El lehendakari, Iñigo Urkullu, en nombre del Gobierno vasco, ha invitado en esta ocasión a la representación del Gobierno de Ucrania en España. El primer secretario de la embajada de aquel país, Sergii Solovey, ha depositado un ramo de flores ante el mausoleo. Allí han quedado también los enviados por el Gobierno alemán, de los Consulados de Francia y Polonia, del Ayuntamiento de Auschwitz, junto a las flores entregadas por refugiados ucranios en Euskadi y de dos supervivientes del bombardeo de Gernika, Mari Carmen Aguirre y Josu Erezuma.

“Han pasado 85 años y seguimos asistiendo, con perplejidad y angustia, a otras gernikas a lo largo del mundo, en una dramática demostración de la incapacidad de aprender de la historia. En plena Europa, Ucrania y sus ciudades mártires, sufren la misma barbarie que asoló Gernika”, dice la declaración que el Ejecutivo vasco ha aprobado este martes. Por eso, el equipo de Urkullu ha reclamado que “cese la agresión armada” que está causando muerte y sufrimiento a millones de personas inocentes en Ucrania.

El lehendakari también ha querido destacar el paso dado hoy por el Gobierno de Pedro Sánchez al condenar por primera vez el bombardeo de Gernika. Es “un paso positivo”, ha señalado Urkullu al referirse a la declaración institucional aprobada por el Consejo de Ministros que rechaza expresamente la crueldad del ataque contra la villa vasca en el 37.

Este 26 de abril no se parece en nada al mismo día del 37 en Gernika. Las crueles escenas de entonces, gente aterrada que buscaba despavorida refugio en una ciudad humeante y destrozada, han dado paso hoy a una conmemoración pacífica y solidaria con el Este de Europa, donde ahora está focalizado el dolor de miles de inocentes ucranios atacados desde hace dos meses por las bombas rusas. Aquello queda para el recuerdo y como ejemplo de la sinrazón del presente.

Condena del Gobierno
El Gobierno ha aprobado este martes una declaración institucional de condena al bombardeo de Gernika y lo ha comparado con los ataques aéreos a civiles en la actual guerra de Ucrania. En la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, el titular de Presidencia, Relaciones con las Cortes y Memoria Democrática, Félix Bolaños, ha destacado que es la primera vez que el Gobierno condena este ataque, del 26 de abril de 1937, por "las tropas nazis y la aviación fascista italiana", según ha recordado. Así, ha indicado que este bombardeo fue uno de los primeros que se produjeron de forma indiscriminada contra civiles y por tanto se convirtió en "símbolo universal" contra la barbarie y los horrores de la guerra y de las agresiones contra personas indefensas. En esta misma línea ha indicado que al rememorar este episodio se debe tener presente que actualmente hay una guerra en Ucrania, a las puertas de la Unión Europea y se está atacando a la población civil.

Más información, https://www.bbc.com/mundo/noticias-39633923  

Por qué el bombardeo de Gernika es considerado el primer ensayo de guerra total de la historia

_- Las brigadistas judías en la Guerra Civil: de España, rumbo a la tragedia europea.

                Las llamadas mamás belgas, en la plaza de Cataluña a su llegada a Barcelona en mayo de 1937.

Sven Tuytens recupera en ‘Las mamás belgas’ a 30 voluntarias que ejercieron de enfermeras en la contienda española

Cuando Vera, Golda y Rachel Luftig se enteraron del bombardeo de Gernika, decidieron que debían comprometerse con la República Española. Rachel vendió su bicicleta y tanto ella como sus dos hermanas hicieron la maleta con lo justo para trasladarse desde Bélgica a la frontera pirenaica. No era su primer viaje, ni sería el último. A los Países Bajos habían llegado huyendo del antisemitismo que desde principios de la década de los treinta sacudía Polonia, su país de origen. De España, con la derrota a cuestas y zumbando, volverían al norte. Golda y Rachel acabaron en los campos de concentración con suertes dispares. Vera se libró de ellos sin dejar un constante activismo como espía contra el enemigo en plena ocupación nazi.

Las tres ejemplifican la incierta y trágica odisea del siglo XX. Ese paréntesis en la historia que se mueve entre los ideales y el apocalipsis. Comprendieron pronto que su condición de perseguidas las obligaría a no quedarse paradas. También, que España representaba el primer frente de una guerra total en el continente, con los judíos en el amenazante punto de mira. Por eso, junto a otras 30 mujeres residentes en Bélgica entonces, pero provenientes de la diáspora del este europeo ―Polonia, Checoslovaquia, Hungría o Rumania―, se decidieron a arrimar el hombro en pro de los republicanos durante la Guerra Civil. Así lo cuenta el libro Las mamás belgas, del periodista Sven Tuytens, publicado por la editorial El Mono Libre.

Querían luchar, fusil en mano, “pero el machismo de las facciones dominantes respecto a las Brigadas [Internacionales] en el bando republicano, los comunistas, ante todo, no lo permitían”, comenta Tuytens. Acabaron de enfermeras en Ontinyent (Valencia) en un hospital improvisado en un convento franciscano que llegó a tener 1.000 camas. El edificio sigue en pie, pero sin rastro del episodio.

Sin embargo, la memoria de Rosario Llin Belda, Rosariet, custodia aquellos días. “Yo había cumplido 15 años y entré a trabajar allí como voluntaria. Entonces tenía dos hermanas enfermas y me iba a ser más fácil conseguir comida y medicinas para ellas desde dentro”, comenta en su casa de Ontinyent, con 97 años a cuestas y suficiente lucidez sobre el pasado. “Las primeras dos semanas me las tiré limpiando el sudor a los doctores mientras operaban. Hasta que les dije: '¿Voy a estarme así toda la vida?' Porque yo quiero hacer algo”.

“Yo sí tengo una foto de su madre”
Miriam Luftig no partió a España con sus tres hermanas para enrolarse en las Brigadas Internacionales. Acababa de tener un hijo y decidió seguir en Amberes. Pero eso no quería decir que su destino fuera más seguro. "En una de esas razias, [redadas que los nazis hicieron en las ciudades belgas], cayó presa", cuenta Sven Tuytens, autor de Las mamás belgas. De ahí pasó a Malinas, una localidad ferroviaria desde donde partieron 25.000 judíos residentes en la zona hacia los campos de concentración y exterminio. "Los alemanes dejaron constancia rigurosa de todo, con nombres, procedencias y fotografías de los prisioneros", asegura el autor. Tuytens tuvo acceso a estos archivos en perfecto estado cuando investigaba para su libro. Un buen día, Jacob Baal-Schem se puso en contacto con él. Era el hijo de Miriam. Vivía en Tel Aviv y quería información sobre la familia Luftig para seguir el rastro de su madre: "Tengo 76 años y nunca he visto su fotografía", le confesaba a Sven. "Yo sí", respondió el periodista. La había encontrado en los archivos. Se la envió a Israel a su hijo, quien la enmarcó y hoy preside el salón de su casa, donde se la enseña a sus amigos y familiares. Su historia pone de relieve el verdadero valor de un retrato.

Trabajaban a destajo: “Llegué a ver como en dos horas curaron 28 hernias y una fimosis”, rememora. Montaron un quirófano en el coro de la iglesia y poco a poco fueron poniendo en marcha mejoras para sanar a los heridos. Llegaban en tromba y a centenares desde frentes encarnizados y masacres como la del bombardeo de Játiva. De esa forma se convirtió en un centro más que decente y con medios provistos por la Internacional Socialista. “Lo utilizaron con cierto propósito propagandista”, dice Tuytens, autor también de un documental titulado como el libro.

Contaba con máquinas de rayos X, avances en ortopedia, laboratorio y especialidad en venéreas: “A ese último espacio de enfermedades contagiosas ninguna queríamos entrar, la llamábamos la sala de los toreros”, recuerda Rosario. Ella pronto se convirtió en una especie de mascota. “Vera Luftig me adoptó, me protegían y me enseñaban. Eran todas excepcionales, muy agradables y muy trabajadoras”.

No solo Vera y las Luftig, también aquellas cerca de 30 mujeres ―21 de origen judío―, entre las que destacaban Genia Gross, Henia Hass, Lya Berger o las hermanas Anna y Adela Korn, todas ellas retratadas en el libro. Cada una, por diversos motivos y un muy arraigado ideal, formó parte de las Brigadas Internacionales. “Si algo destaco de su ejemplo fue ese compromiso generoso sin esperar nada a cambio, tan extraño en estos tiempos de narcisismo exacerbado por las redes sociales”, comenta Tuytens.

La asombrosa humildad del héroe es lo que deslumbró a este corresponsal en España de la radio y televisión pública belga para contar sus historias. Algunas, como Vera o Genia Gross, llegaron con sus esposos y novios en el frente. El de la primera, Emiel Akkerman, cayó muy pronto defendiendo Madrid. Maks Stark, en cambio, murió en Teruel. Genia lo supo cuando le enviaron devuelto el paquete con leche condensada que le había enviado. La primera pareja se había conocido en el Kultur Farein de Amberes y casado en 1934. Al principio ella no comprendió porqué Emiel quiso arriesgarse a ir a un país extraño: “No puedo quedarme de brazos cruzados mientras mujeres como tú o niños inocentes caen a diario asesinados”, le explicó.

Vera quedó tan impresionada por su experiencia que no solo se implicó ella, también lideró al grupo en que estaban sus hermanas. Pero cuando llegaron la división en el bando republicano ya agrietaba la victoria. “Se presentaron en Barcelona en mayo de 1937, pocos días antes de que los estalinistas aniquilaran al POUM (Partido Obrero de Unificación Marxista). La idea de la división como motivo de la derrota anda por todo el libro”, remata el autor.

Su trabajo en Ontinyent fue un capítulo activo en la cápsula de una vida plagada de vicisitudes no siempre buscadas, a las que no tuvieron más remedio que hacer frente. De las tres hermanas, Vera se comprometió como espía a favor de los soviéticos cuando los nazis tomaron Bélgica. “Eso la marcó también después en la Guerra Fría como sospechosa”, asegura Tuytens. Murió de cáncer en 1959. Rachel fue enviada al campo de Ravensbrück, pero sobrevivió. Golda, en cambio, acabó como sus padres: en Auschwitz-Birkenau, sin poder contarlo.

Allí ingresó Golda Luftig con el número 175. El siguiente, 176, se lo plantaron a su hijo, concebido precisamente en Ontinyent con el soldado Berliner, otro brigadista. El niño se llamaba Madrid.

https://elpais.com/cultura/2019/02/26/actualidad/1551171907_654454.html#?rel=mas

_- Paul Preston: “Franco era tímido con las mujeres; Mussolini, un predador agresivo, y Hitler, un abanico de perversiones”

                     

 Cuando al historiador nacido en Liverpool le preguntan en el Reino Unido si la guerra civil española y el franquismo dan para tanto, se le ocurre otro libro más. Ha pasado su vida dedicado al siglo XX de un país cuyas heridas sangrantes ha ayudado a clarificar. Ahora, con ‘Arquitectos del terror’, su nuevo ensayo, desmonta y señala a los autores de los bulos y mentiras que llevaron al desastre.

Con el Reino Unido bloqueado y a trancas y barrancas tras el Brexit, Paul Preston (Liverpool, 75 años) vive en Londres una suerte de distopía: “Aunque, bueno, es lo que sabíamos que se nos venía encima con este Gobierno incompetente, corrupto y mentiroso”, nos dice. Su virtud como ciudadano es la claridad. Y como historiador, más. Es necesaria esa claridad cuando abordas una materia como la suya: el siglo XX español. Sobre todo cuando desde algunos bandos continúa una tergiversación de los hechos. 

A Preston le debemos sin embargo la mejor biografía sobre Franco que se ha escrito hasta la fecha. Y muchos ensayos alrededor de esa figura, que han colocado el foco en su perfil sanguinario cuando, no solo en España, también fuera, se había instalado una suerte de imagen blanda respecto a otros tiranos coetáneos suyos.

Con Preston aprendimos que Franco estuvo a la altura —o, más bien, en la misma cloaca— que otras bestias en términos de crueldad. Una crueldad que además, más allá del fanatismo, el dictador español aplicó por ventajismo. Para asegurarse a perpetuidad en el poder. Algo que consiguió tras haber laminado a todo tipo de opositores, al menos hasta el punto de que no le estorbaran más de lo necesario su meta de morir como jefe del Estado. Lo leímos, por ejemplo, en La guerra civil española, Un pueblo traicionado, El holocausto español —el libro que más ha hecho sufrir a Preston, nos confiesa— y ahora en Arquitectos del terror (Debate), donde cuenta cómo el franquismo se alzó con el poder en los años treinta, entre otros factores, por medio de bulos. Bulos que provocaron entonces una guerra civil y que hoy, 90 años después, todavía siguen esparciéndose y, lo que resulta más asombroso, calando en un sector nada desdeñable de la población.

No cesa la ofensiva por cambiar los consensos sobre el franquismo. Hemos tenido que escuchar a dirigentes del PP que la guerra no se produjo tras un golpe de Estado, o a Vox, en el Congreso, calificando al actual Gobierno de Pedro Sánchez como el peor en 80 años, es decir, más nocivo que la dictadura. ¿No le deprime que, tras años de trabajo echando abajo esas teorías con hechos, continúen extendiéndose en boca de líderes políticos?

Recuerdo que hace 20 años, cuando los periodistas me preguntaban si esa tensión sobre la Guerra Civil iba a durar, yo, guiri inocente, respondía: “No, seguramente es cuestión de tiempo”. Pero cada vez que lo digo, surge un brote de franquismo preocupante. Lo que no veo es la ventaja de hablar en estos términos. En Occidente existe un debate entre izquierda y derecha intenso e interesante sobre temas que afectan a la gente que en España, en cambio, se reduce a términos de guerra cultural. Sobre todo cuando tocan asuntos como la homosexualidad y vienen con varias chuminadas provistas de una amargura… Incluso aquí, en el Reino Unido, cuando se ha polarizado todo en lo del Brexit, no han llegado a tanto. Las distancias en cuestión de tiempo respecto a los años treinta son colosales. Pero, aun así, continúan con ello.

¿Qué beneficios reporta, aparte de traumas? ¿Un retorcido masoquismo?

La izquierda, aun con alguna justificación, o los familiares todavía pueden hablar de temas pendientes. Pero en la derecha lloraron a sus muertos. Lo solucionaron en el momento en las zonas tomadas por los franquistas. Entonces, ¿de qué coño hablan?

Cuando llegó a España por primera vez en los años sesenta, como dice usted, empeñarse en hablar de la guerra era cuestión de tiempo. ¿Cuánto pensaba entonces que duraría?

Yo entendía muy poco. Era verdaderamente un país extraño y extranjero. Mi abuelo me advertía: “Ten cuidado, hijo, que allí comen cosas rarísimas y lo cocinan todo con aceite de oliva…”. Yo había nacido justo después de la II Guerra Mundial. En el colegio, en casi todos los atlas había muchos países en rojo, es decir, que formaban parte del Imperio Británico. Nos educaron con esa superioridad que yo me quité pronto de encima. Y mira ahora, de ahí viene en parte el Brexit. Cuando yo empecé a estudiar España, la República, la Guerra Civil, me chocaba el cerrilismo de la derecha. En comparación, entonces, los conservadores británicos eran mucho más listos.

¿En qué?
Aplicaban lo de Giuseppe Tomasi di Lampedusa en El Gatopardo: cambiar algo para que todo siguiera igual. Ahora, la derecha británica es tan cerril, casi, como la española.

Dice que ese sentido de superioridad usted se lo quitó pronto. ¿Cómo?

Viajando. Para mí, lo más importante en mi vida han sido los años que pasé en España. Ahí adquirí conciencia de qué suponía ser británico. Al vivir fuera. Yo aprendí en Oxford que para conocer y hacerte especialista en un país debías adquirir una especie de segunda identidad. Los cuatro años que pasé en España desarrollé una percepción de la diferencia o aprecié el sentido de la vida familiar. En el Reino Unido, con la revolución industrial, muchas costumbres folclóricas, tradicionales, habían desaparecido. En España no. Y eso me parecía divino. O que los acentos no estuvieran ligados a la clase social… Yo pertenezco a la clase obrera del norte. Ahora da igual, estoy viejo y más cerca de cascar, pero para sobrevivir en el mundo en el que yo me he desenvuelto… Por ejemplo, ir a Oxford con una beca no era nada normal en mi caso. Todavía pasa. Sigue siendo muy elitista. Sentías esa presión, la de hablar como ellos. Lo que pasa es que, al ser de Liverpool, tenemos una mala follá que nos sirve para defendernos. Se puede decir que en el Reino Unido conviven dos idiomas: el normando para las clases altas y el anglosajón para las clases más bajas. En esos aspectos me llamaban mucho la atención esas diferencias.

¿Cuánto tiempo se quedó en España la primera vez?
Tardé mucho en regresar. Viajar entonces era muy caro y más complicado. Me quedé como dos años. Llegué al aeropuerto de Gatwick en hora punta. Al montarme en un tren, acostumbrado a la gente con piel de aceituna, me sorprendieron tantas caras rojas. Todos me parecían caricaturas de novelas de Dickens. Llegué y sentí la delicia de haber aprendido otro idioma. Algo que se ha perdido ahora también con las becas Erasmus, esa maravilla, gracias a que estos desgraciados del Brexit han cortado con eso.

Vuelven ustedes al famoso parte de guerra de la II Guerra Mundial: “Niebla en el canal, el continente está aislado”. ¿Le deprime?
¡Muchísimo! Y encima la pandemia ha beneficiado en ese aspecto a Boris Johnson. Ha ralentizado las consecuencias, que serán muchas más que las que vivimos ahora.

Las que veíamos venir: sin exagerar y bien rápido.

Ya el referéndum fue un horror. No se hubiera tenido que permitir una victoria por solo un 51%. Se han cometido demasiados errores. Si, como en el referéndum de Escocia, hubiesen permitido a los menores de 16 años votar, el resultado hubiese sido otro, por ejemplo. En fin…

Aquella primera vez en España, llegó usted a Vallecas directamente. ¿Es así?

Fue un día, solo, por contacto con un amigo. Pero cuando llegué a Madrid, lo que me sorprendió en los alrededores de la Puerta del Sol eran las tiendas ortopédicas para mutilados de la guerra. También los olores en los restaurantes o los artesanos trabajando a la puerta en sus tiendas. Para alguien británico resultaba muy exótico.

Se sufre mucho por usted leyendo este último libro. Si para prepararlo ha tenido que escuchar los discursos de los generales Queipo de Llano o Mola, o los del padre Tusquets y José María Pemán, piensas: se le ha debido quedar el cerebro seco. ¿Cómo se supera eso?

Bueno, yo ya me había curtido con El holocausto español. Muchos días, mi mujer, al volver del trabajo, me encontraba llorando sobre el teclado. Los crímenes contra mujeres y niños eran insoportables. En este libro iba trazando biografías concretas. Hablamos de tipos retorcidos, perversos o, en el caso de Tusquets y Pemán, responsables con sus doctrinas de muchos muertos mientras que en algunos periodos dieron la impresión de ser una especie de santos laicos. El Pemán que quedó en la Transición poco tenía que ver con el de la guerra. Y el padre Tusquets, para alguien que como yo se crio católico —aunque ya me quité hace tiempo—, es un caso que repele por esa hipocresía que lo caracteriza.

La tenían más que tomada con los judíos. El antisemitismo fanático que todos ellos despiden es clarificador.

Increíble. Existían en España 3.000 judíos antes de que empezaran a ser expulsados del norte y centro de Europa. Luego pasaron a 6.000. Masones eran 8.000, más o menos. En el fichero de Tusquets reunía a 80.000; entre ellos, muchos de los militares franquistas. ¿Cómo podía ser posible? El caso es que les sirvió como buena excusa para perseguir a cualquiera.

De hecho, si a Franco le hubieran inspeccionado la biblioteca, hubiese caído. Poseía unos cuantos volúmenes masónicos.

¡Claro! Muy interesante. Parece que sí, que coqueteó con ellos e intentó entrar en la masonería.

Ya, porque Franco, muy al principio, ¿sabía que era franquista?

Efectivamente, eso se lo tuvo que enseñar su esposa, doña Carmen.

Antes resultaba una especie de ameba ideológica. No enseñaba las cartas.

Ni sabía dónde las tenía.

Y de su nuevo libro se desprende que era el moderado, al lado de Mola, Queipo de Llano, ­Tusquet o Pemán. ¿Les tomaba en serio?

En comparación, sí, lo era. No solo de ellos, que cuentan con su capítulo propio en el libro. También en relación con quienes pululan alrededor: Serrano Suñer, Carrero Blanco, ambos llegaron a ser cruciales para el régimen como miembros destacados del Gobierno, pero también el escritor Giménez Caballero. Todos ellos muy moralistas sin que precisamente llevaran una vida pulcra.

En el antisemitismo que todos ellos compartían, la Iglesia, por su parte, ¿no mantiene una posición más ambigua?

Yo creo que la Iglesia es entonces antisemita, claramente. Pero, además, en todos ellos no operaba una distinción entre lo étnico y lo religioso, igual que ocurría con los nazis. Eran antisemitas y punto.

¿De dónde viene ese sentido patrimonial que empuja a la derecha más radical a pensar que España es suya?

Entre otras cosas, de la construcción de la anti España como idea. Aquello empuja a querer eliminar al 60% de la población. Tienen a la mayoría del país en contra de ello. Por eso deciden exterminarlos o expulsarlos.

Con atención especial a los maestros, por ejemplo, o la inquina en ese caso redoblada a la Institución Libre de Enseñanza, que formaban ante todo liberales, no una izquierda dogmática.

Ellos hablan del peligro de la formación. Más que desprecio, aquello se debía al miedo. De ahí su rechazo a que se generalizara la educación, porque creían que formar obreros o pastores incrementaba el peligro de revueltas.

El fanatismo y la radicalidad de Mola y Queipo de Llano, ¿llegan a asustar al propio Franco? Usted apunta con datos, casi sin dudas, a que la muerte del primero pudo ser conscientemente provocada. Un complot. Y que la caída en desgracia del segundo no extraña. Incluso en este último caso apunta a una relación rara con su hija. ¿Qué pasó?

Mantenía una relación insana, diría. En la biografía que hizo su nieta, Ana Quevedo, describe como sofocante el vínculo del general con su hija Maruja. Eso trajo las consecuentes sospechas de su mujer. Cuando Maruja decidió casarse sin su consentimiento, Queipo, en un arrebato de cólera incontrolable, la desheredó. Su madre entonces dio rienda suelta a sus sospechas y le preguntó a Maruja si su oposición al matrimonio se debía a motivos, dijo, “que iban más allá del amor paterno”. Y le preguntó: “¿Alguna vez se te ha insinuado o se ha propasado contigo?”. Maruja se negó a responder. A todos les superaba la doble moral, la hipocresía. Ahí nos movemos en un territorio delicado. He tenido muchísimo cuidado. En el libro, por un lado, se ve adoración; por otro, rechazo. Yo lo trato en el límite de lo permisible legalmente.

¿De ahí el título del capítulo que le dedica: El psicópata del sur? Es un extremo que se sostiene mediante testigos en ese regusto por la violencia y los abusos con que incitaba a sus tropas.

Era absolutamente repugnante.

Pero ahí sigue, enterrado en la iglesia de la Macarena.

Curioso que él continúe ahí y a Franco se lo hayan llevado del Valle de los Caídos.

Insisto en un punto: ¿le desespera después de haberse pasado la vida denunciando con hechos las brutalidades de estos personajes que se les reivindique o se quite importancia a sus crímenes?

Soy consciente de que mis libros llegan a una ínfima parte de la población. Intento ser honesto, aunque a la prensa de derechas les parezca un mentiroso diletante. Pero no se me ocurre contestarles ni a quienes se pasan la vida tratando de desacreditarme. Hago lo que puedo, soy consciente. Además, no utilizo las redes sociales. Me parecen una pérdida de tiempo que prefiero emplear en leer clásicos.

¿Qué tiene ahora entre manos?
Estoy en algo que no sé si va a cuajar. Ando recopilando material, pero me gustaría escribir algo sobre la vida sexual de los dictadores. Aunque va a ser complicado. Me gustaría abordar a Franco, a Hitler, a Mussolini. Otros no dan mucho de sí. De Mussolini podría escribir cientos de páginas, pero de Salazar, el portugués, como mucho, tres.

¿Que caracterizaba a cada uno de ellos?
Franco era tímido con las mujeres; Mussolini era predador agresivo, incluso un violador, y Hitler, un abanico de perversiones.

Promete la cosa. Pero aparte de eso, que ya nos irá contando, entretanto, ¿le llega el ruido político que ensordece hoy España?

Me llega porque leo los medios españoles, pero, si me limitara a informarme sobre ello desde el Reino Unido, no me enteraría. No lo cubren, ni le dan importancia.

¿Le preocupa?
Algo que repito mucho en mi caso es que menudo problema tengo yo con el pasado como para preocuparme ahora por el futuro. En eso, quizás, sea demasiado complaciente. Primero, dentro de la Unión Europea es muy difícil que se produzcan estallidos de violencia. Lo que buscan de manera descarada es volver al poder. Y eso dependerá, como siempre, de que la izquierda no se divida.

Pues ese error puede volver a cometerse. ¿Tampoco le desespera, en ese espacio, el desprecio al pasado como para volver a tropezar otra vez con la misma piedra?

En el Reino Unido ya se ha vuelto a cometer. El actual líder moderado, sir Keir Starmer, está intentando llevar al Partido Laborista hacia el centro para evitar los errores que cometió su antecesor de izquierdas, Jeremy Corbyn. Los seguidores de este, a quien se puede hacer una comparación muy interesante con Largo Caballero por su retórica hueca revolucionaria, están obstaculizando lo que pretende Starmer. Entonces, se puede decir que la izquierda británica no es consciente del pasado español. Quien sí fue muy consciente de ello y al principio, como mínimo, actuaba en consecuencia fue Felipe González. Y creo que Pedro Sánchez también lo es. Ahora, yo, insisto, no sé si los políticos leen los libros en los que se tratan esos asuntos. Ni idea de hasta qué punto un político tiene tiempo para leerse un tocho de 700 páginas. 

SOBRE LA FIRMA
Jesús Ruiz Mantilla
Entró en EL PAÍS en 1992. Ha pasado por la Edición Internacional, El Espectador, Cultura y El País Semanal. Publica periódicamente entrevistas, reportajes, perfiles y análisis en las dos últimas secciones y en otras como Babelia, Televisión, Gente y Madrid. En su carrera literaria ha publicado ocho novelas, aparte de ensayos, teatro y poesía.

https://elpais.com/eps/2021-11-05/paul-preston-franco-era-timido-con-las-mujeres-mussolini-un-predador-agresivo-y-hitler-un-abanico-de-perversiones.html?event_log=oklogin

_- La familia de uno de los asesinados con Lorca intenta que Estraburgo deje de mirar a otro lado en los crímenes del franquismo

_- Por Álvaro Sánchez Castrillo | 23/08/2021 | España

Granada, 5 de septiembre de 1936. Ha pasado ya algo más de un mes desde el golpe de Estado contra la Segunda República y el Boletín Oficial de la Provincia sigue echando humo. El gobernador civil emite una circular con la vista puesta en los maestros de la zona. «En cuanto tengan conocimiento de esta circular, harán entrega de la escuela a la autoridad municipal correspondiente y desalojarán la casa vivienda que se les tuviera asignada o cesarán en el percibo de indemnización de habitación, con efectos del primero de agosto», reza el escrito. Más de una treintena de nombres forman parte de esa lista de depuración. Entre ellos, el de Dióscoro Galindo. Sin embargo, el profesor nunca llevaría a cabo esa entrega. Y no lo haría porque había sido asesinado diecisiete días antes. Sus restos nunca aparecieron. Ahora, ochenta y cinco años después, la familia se agarra a Estrasburgo como última esperanza para su localización. Una instancia que, sin embargo, siempre ha mirado hacia otro lado con las víctimas del franquismo.

Galindo ni era granadino ni su primera opción fue la enseñanza. Nacido en Ciguñuela (Valladolid) en 1877, comenzó estudiando Veterinaria en Madrid. Sin embargo, tras perder una pierna en un accidente sufrido con un tranvía el hijo de Clemente y Marcelina decidió regresar al pueblo. Fue entonces cuando empezó a estudiar para maestro. Su primer destino fue en Uribarri Harana (Araba), al que le siguió, con un sueldo de 825 pesetas anuales, Aia (Gipuzkoa). «Luego fue pidiendo traslados», cuenta al otro lado del teléfono su nieta adoptiva Nieves García. En su hoja de servicios constan lugares como Algete (Madrid), Tejina (Tenerife) o Daimiel (Ciudad Real). Y así, tras pasar previamente por los municipios sevillanos de Osuna y Santiponce e Íllora (Granada), recaló en el que sería su último destino. El 1 de noviembre de 1934, el maestro tomó posesión en la localidad granadina de Pulianas. «Era una buena persona. No solo daba clases a sus alumnos, también enseñaba a personas mayores», apunta García.

Y llegaron las elecciones de febrero de 1936, en las que el maestro participó activamente. A fin de evitar un fraude por parte de los caciques del pueblo, decidió representar al Frente Popular en la mesa electoral. Cinco meses después, tras el golpe de Estado, los militares se presentaron en su casa. Primero fue un registro. A la segunda, se lo llevaron. Su hijo Antonio no dudó en agarrar la bicicleta y comenzó a seguirles. «Le apuntaron y le dijeron que o se largaba o llevaría el mismo camino», cuenta su hija. El muchacho, que no podía hacer mucho más, regresó a casa con su madre Juliana y sus dos hermanas. Es la última vez que le vio con vida. Pocas horas después, fue asesinado. La nieta lo define como un maestro «de enseñanza liberal, no creyente». «Hizo una labor pésima enseñando a los niños cosas contra la religión diciéndoles que no existe dios», se recoge en un informe elaborado por el cura del pueblo que se incorporó al expediente de depuración de Galindo, ese en cuya resolución final consta escrita a lápiz la palabra «fusilado».

Dióscoro podría ser solo uno más de esos casi 60.000 profesores que se estima que fueron depurados durante el franquismo. Sin embargo, su historia cuenta con un elemento especial que le ha otorgado gran reconocimiento público. Porque Galindo fue una de las personas que acompañó al poeta Federico García Lorca en sus últimas horas de vida. Con el autor de Romancero Gitano o La Casa de Bernarda Alba coincidió en el Gobierno Civil o en La Colonia, antiguo molino convertido por los golpistas en cárcel provisional. Y fue asesinado junto a él y un par de banderilleros que pertenecían a la CNT –Francisco Galadí y Juan Arcollas– en el trayecto entre Víznar y Alfacar. Pero ochenta y cinco años después, los restos de todos ellos siguen desaparecidos. Los diferentes intentos por localizarlos terminaron fracasando. «Mi padre siempre dijo que antes todo aquello era un olivar. Ahora, solo hay pinos. La tierra se ha removido en todas estas décadas«, resume García.

El arqueólogo Javier Navarro participó en uno de esos intentos fallidos. «Removimos más de 4.500 metros cúbicos de tierra para llegar al nivel del suelo original», cuenta. Solo encontraron los restos de una bala mauser y un casquillo de Mosin-Nagant, de fabricación soviética. Un hilo del que, dice, está tirando ahora después de descubrir «un documento» de un espía en Argel durante la Guerra de Marruecos en el que informaba de la llegada de un barco desde San Petersburgo con armamento y munición para Abd el-Krim. «Estamos viendo documentalmente si además de mauser llegaron también Mosin-Nagant, porque cuando Abd el-Krim se rinde se envió ese material al Parque de Artillería de Granada», desliza el arqueólogo. La hipótesis es que esa munición, que encontraron durante los trabajos que realizaron en la zona, podría haber sido la que se utilizó en el asesinato del poeta.

Pero, ¿Dónde pueden estar entonces los restos en la actualidad? Una posibilidad, dice, podría ser el Barranco de Víznar, un lugar repleto de fosas comunes. Otra hipótesis que se ha puesto sobre la mesa, añade, es que su cadáver fuera exhumado y el resto arrojados a ese paraje natural. En la batalla actual, García, que fue acogida por los Galindo cuando solo tenías tres días de vida, está sola. Arcollas, dice, no tuvo descendientes. El hijo de Galadí decidió dejarlo tras el primer intento porque «su madre estaba padeciendo mucho». Y los Lorca siempre se han mostrado en contra de que se busquen sus restos. Pero ella está decidida a continuar luchando por localizar a su abuelo y tener un lugar al que poder ir a depositar un ramo de flores. Ahora, su mirada está puesta en un punto a 500 metros de donde se realizaron los primeros trabajos de búsqueda. Por los testimonios recogidos, ahí podría hallarse la fosa. «Pero tampoco es algo que sepamos a ciencia cierta», concede la nieta del maestro.

Sin «oportunidad» de ser compensados «por el daño sufrido»
A finales de diciembre de 2019, García interpuso una denuncia para que se investigara por la vía penal el asesinato de su abuelo. Lo hizo poniendo sobre la mesa una entrevista telefónica que Víctor Fernández Puertas, periodista e investigador de la figura del poeta, hizo a quien fuera en la década de los ochenta diputado de Obras y Servicios de la Diputación de Granada. En ella, el político explicaba que en las obras que se realizaron en 1986 en el Parque Federico García Lorca –uno de los enclaves en los que se han centrado los trabajos de búsqueda– apareció un fémur completo que echaron a otra finca. Sin embargo, el juez dio carpetazo al asunto al entender que el autor de los asesinatos tendría más de cien años, que faltaba determinación de la persona concreta contra la que se dirigía la acción penal y que la Ley de Amnistía de 1977 constituía causa de extinción de la responsabilidad penal.

Recurrió, sin éxito, ante la Audiencia Provincial de Granada. Y luego puso el asunto en manos del Tribunal Constitucional. De nuevo, chocaron contra un muro. «[Se rechaza el recurso por] no apreciar en el mismo la trascendencia constitucional que, como condición para su admisión, requiere», recogía la resolución. Ahora, con todas las puertas cerradas, García agota su última bala ante Europa. Este miércoles, ha registrado una demanda ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Es su última esperanza. En ella, denuncia que se ha violado su derecho a un proceso equitativo, a un recurso efectivo y los artículos que hacen referencia a la prohibición de discriminación y de abuso de derecho. «El Estado viola su obligación de investigar de forma efectiva (…) cuando tras el descubrimiento de restos con signos de muerte violenta las autoridades rechazan iniciar/abrir un proceso penal sobre la base de ‘ausencia de los elementos constitutivos del crimen», recoge el escrito.

«Los familiares de las víctimas no han tenido oportunidad alguna de ser compensados por el daño sufrido», señalan los demandantes. Eduardo Ranz, el abogado que ha llevado el caso, explica al otro lado del teléfono que no están buscando «enjuiciar culpables», sino que la justicia española «cumpla su deber de investigar y esclarecer los hechos». Esos trabajos, dice, son «fundamentales» para poder saber qué ocurrió, cómo sucedió y dónde se encuentran los restos de todas estas personas que sufrieron la brutalidad del régimen franquista. «Es increíble que lo único que se nos dijera es que fuéramos a la jurisdicción voluntaria, que es algo que no podemos hacer desde 2015», asevera el letrado, que reconoce que todas las esperanzas están puestas al otro lado de la frontera española, en esa institución que se encarga de proteger los derechos humanos.

Estrasburgo, un muro infranqueable
No será sencillo. Y no lo será porque, en lo referente a las víctimas del franquismo, Estrasburgo siempre ha mirado por el momento hacia otro lado. «Todos los intentos que se han producido hasta ahora han sido rechazados», recuerda Emilio Silva, presidente de la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica (ARMH). El primer golpe llegó en abril de 2012, cuando el TEDH decidió inadmitir la demanda que presentaron la hija y el nieto del diputado socialista por Málaga Luis Dorado Luque, detenido el 18 de julio de 1936 y del que no volvió a saberse nada diez días después. Lo hizo al entender que se había presentado «fuera de plazo». No obstante, la resolución ya dejaba claro que no había margen para abordar aquellos hechos ocurridos antes de la adopción (1950) y posterior ratificación por España de la Convención Europea de Derechos Humanos (1979).

La inadmisión se conoció pocos días después de que en España el Supremo dictaminase que no cabía investigar penalmente los crímenes del franquismo por la ley de amnistía. Tras el varapalo en el caso de Dorado Luque, vinieron más. En julio, se inadmitieron demandas similares de UGT y Carmen Negrín –nieta del último presidente del Gobierno de la Segunda República– por el cerrojazo de los tribunales en relación con los actos de naturaleza genocida cometidos en España. En noviembre de 2012, queda guardado en un cajón de Estrasburgo el caso de Fausto Canales, a cuyo padre Valerio hicieron desaparecer el 20 de agosto de 1936 en Pajares de Adaja (Ávila), algo que los tribunales españoles jamás llegaron a investigar. Y a comienzos de 2013 el de Fernando León, cuyos padres fueron detenidos «por escuadras fascistas» en 1936 y nunca más volvieron a aparecer. Sus intentos de que se investigase en suelo español siempre fueron rechazados.

La nieta del maestro, sin embargo, alberga cierta esperanza. Espera poder abrir una grieta en un muro que hasta el momento ha sido infranqueable. No solo por ella, sino también por tantas y tantas familias que todavía, en la actualidad, siguen buscando desesperadamente a sus seres queridos. «Los años no pasan en balde», dice. No llega a comprender cómo es posible que en una democracia asentada desde hace décadas todos ellos se vean obligados a buscar ayuda lejos de nuestras fronteras. Y hasta que no se levante esta losa, poco se podrá avanzar. «Mientras no podamos resolver esta situación, nunca se podrá estudiar la historia de España como realmente fue», sentencia.

Fuente: https://www.infolibre.es/noticias/politica/2021/08/19/dioscoro_123669_1012.html

_- Puntualización al exministro Ignacio Camuñas

_- Empiezo esta puntualización declarando mi ignorancia. No conocía a Ignacio Camuñas en el papel de historiador sentando cátedra sobre el pasado. He quedado sorprendido que no quisiera discutir con sus aparentes "colegas". Las afirmaciones que ha hecho en un discursito que ha corrido como el fuego por las redes sociales son muy rotundas. La responsabilidad de la guerra civil corresponde a la República; el 18 de julio no fue un golpe de Estado; la derecha no es la culpable del 36; hay que responder a la izquierda. Es decir, las derechas (Vox, PP, C´s) deben pasar a la ofensiva y olvidarse de los más o menos 5.000 libros (Eduardo González Calleja) que se han escrito sobre el período republicano.

Hay que regresar, en consecuencia, a los embustes de los conspiradores de 1936: peligro inminente, revolución roja a la vuelta de la esquina, riesgo existencial para la PATRIA. Se materializaron en una guerra civil que siempre desearon las izquierdas. Camuñas retoma el espíritu de la Carta Colectiva del Episcopado español (1937) y del Dictamen sobre la ilegitimidad de los poderes actuantes en 18 de julio de 1936 (1939).

Tan altisonante palabrería se halla en la misma línea que las denuncias contra el "Gobierno social-comunista", como si la URSS siguiera existiendo, un peligro inminente se abatiera sobre el Occidente cristiano (singularmente sobre España) y los equivalentes de la Comintern continuaran proyectando amenazas sobre el baluarte de la civilización europea, expuesto a las influencias foráneas, a los refugiados de otras creencias y colores de piel, a la delicuescencia de las costumbres y, no en último término, al abuso despótico de los poderes del Estado. ¿Y el PP? Vuelve a sus orígenes, a los "siete magníficos", que probablemente Camuñas no ha olvidado.

Es decir, en el año de gracia jacobeo de 2021 un retorno. No, por supuesto, de la República, sino del gran régimen que levantó a España de la ruina en la que la habían dejado las variopintas izquierdas, merced a la sabiduría del Inmarcesible, aunque innombrable.

Quedan olvidadas muchas cosas. La conspiración monárquica, militar, fascista, cuyos orígenes remontan a, por lo menos, 1932. A las estupideces que propagaron incansablemente La Nación y los medios de su cuerda. A la ayuda solicitada a Mussolini en dinero para pagar a pistoleros falangistas y fomentar la subversión de un sector del Ejército. También, cuando llegó el momento, para obtener armamento. En suma, todo lo que los historiadores hemos ido aprendiendo a lo largo de los últimos cuarenta años, visitando archivos, buscando papeles, entrecruzando evidencias.

Él, Ignacio Camuñas, ministro del Gobierno de España en los años primeros de la Transición, dotado de presciencia, conoce a la perfección los mecanismos que han impulsado la Gran Historia de España. Se pronuncia, con verbo arrebatador, sobre verdades trascendentes, cuya actualidad inmanente hace suya. Son eternas, aunque las izquierdas, enconadas, siguen desparramando vituperios sobre un pasado que deforman, prostituyen, aborrecen. No él.

Para llorar. Recuerda los años iniciales de la República Federal de Alemania, cuando la huella nacionalsocialista seguía perviviendo, más o menos disfrazada, en ciertos despachos ministeriales, en algunas minorías del Bundestag y en una publicística de medio pelo en la que encontraban acomodo los testimonios de militares, diplomáticos y pensadores que todavía no habían renegado de su pasado inmediato. Una arruga en la historia. Como la dictadura franquista.

¿Y qué decir del líder del PP? Uno de sus antecesores, ministro de Desinformación y Turismo, hubiese saltado a la brecha, recitado de memoria treinta o cuarenta páginas de datos, referencias, autores, todos en atropellada confusión. Él, en cambio, se contenta con una sonrisita cómplice, como abobado ante la facundia del orador que lanza rayos y centellas contra las izquierdas, siempre culpables de los desmanes que llevaron a la guerra civil. Porque lo dice él.

Moraleja: empieza a levantarse el telón sobre lo que nos espera de cara a los debates parlamentarios del proyecto de Ley de Memoria Democrática. Ya lo anuncia el Sr. Casado: la eliminará de un plumazo y la sustituirá por una ley sobre la Concordia.

Pero, ¿qué concordia puede desarrollar y elaborar un partido que se niega a aceptar la Historia y prefiere "su" pequeñita historia de simples creencias?. Porque muchos españoles no nos vemos representados ni en él ni en ella. Como simples ciudadanos. También como historiadores.

¿Me permitirá Ignacio Camuñas que le refiera a mis dos últimos libros sobre los orígenes de la guerra civil? Han tenido algún éxito y estoy ya deseando que bien él, en plan de historiador, o con la ayuda de alguno de sus "colegas", desmonte "mis" falacias, "mis" argumentos y, sobre todo, los papeles que he ido recopilando a lo largo de tres años en casi veinte archivos españoles y extranjeros. Le deseo, les deseo, mucho ánimo y mucha suerte. Los necesitarán.

Ángel Viñas Historiador, economista, diplomático. Es catedrático emérito de la UCM.

Pablo de Greiff, exrelator de la ONU: “La Fundación Franco es una anomalía en Europa”

El experto, que ha asesorado al Gobierno en la nueva ley de memoria, advierte del riesgo de manipular la historia y negar que la Guerra Civil comenzase con un golpe de Estado

Su nombre se repitió el martes en multitud de ocasiones en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros en la que Félix Bolaños, ministro de la Presidencia, presentó la nueva ley de memoria. La razón es que el demoledor informe que Pablo de Greiff redactó en 2014 tras visitar España como relator especial de la ONU ha sido fundamental en la redacción de la norma que el Gobierno llevará a las Cortes. En los últimos meses, De Greiff ha sido consultado en varias ocasiones por el secretario de Estado para la memoria democrática, Fernando Martínez, y ha ido recibiendo los borradores del texto. El martes, tras la presentación del documento, el experto en derechos humanos charló con EL PAÍS desde Nueva York, donde es profesor de Derecho en la NYU.

Pregunta. ¿Cuáles eran las principales carencias o defectos de la ley de memoria de 2007?
Respuesta. España podía haber hecho mucho más en ese momento. La interpretación de la ley de amnistía hacía al sistema judicial completamente inaccesible a los ciudadanos y creo que eso era un error. La ley privatizaba la búsqueda de restos y hacía que toda la carga recayera en los familiares de las víctimas, cuando era el Estado quien debía asumirla, y permitía que no hubiera equidad dependiendo del territorio donde se encontraran las fosas. La anulación de las sentencias era algo fundamental y al Gobierno le faltó determinación. Uno siempre vuelve de estas misiones con una imagen particularmente dolorosa. La mía en España fue la de una mujer que tenía la misma edad de mi madre y que me explicó que a ella le habían dicho que a sus padres los habían fusilado por ser asesinos. Ella, que tenía cinco años cuando ocurrió, lloraba diciéndome que lo había creído hasta que supo que los habían matado por ser maestros y pertenecer a un sindicato de maestros. Esa carga sobre los ciudadanos es cruel. Siempre pensé que la anulación de las sentencias era un tema relativamente fácil de solucionar. Varios países que pasaron por ese mismo proceso lo habían hecho. Para las familias era crucial sobre todo en un contexto en el que las víctimas del otro lado han sido homenajeadas y beneficiadas económicamente mientras ellos eran olvidados y represaliados. Ha habido una asimetría brutal en el tratamiento de las víctimas, y la ley no hacía lo suficiente para restablecer ese balance.

P. ¿Qué cambios de la nueva ley le parecen más importantes?
R. La ley expresa la voluntad del Gobierno de hacerse cargo de las exhumaciones y centralizar el proceso. Y que se cree un fiscal especial también es muy importante porque abre posibilidades que hasta ahora las víctimas no tenían. Veremos qué atribuciones y recursos se le da.

P. Otra de las novedades de la norma es que prevé la extinción de fundaciones como la que lleva el nombre de Franco. ¿Es su existencia una anomalía en Europa?
R. Absoluta. En el entorno europeo no hay nada parecido y existe una legislación que impide la apología del odio y criminaliza el negacionismo. La nueva ley acerca a España en este sentido al contexto europeo, donde no cabe una Fundación Hitler o una Fundación Mussolini.

P. El líder de la oposición en España, Pablo Casado, ha sugerido en el Parlamento que la Guerra Civil no comenzó por un golpe de Estado.
R. Wow. La democracia necesita tener respeto por la verdad. Nada me aterra más en este momento que la forma en que se está manipulado la Historia a nivel político en tantos lugares del mundo. Es una amenaza brutal. Y es especialmente triste porque están utilizando métodos democráticos para socavar la democracia. Nos debe preocupar a todos, independientemente de si uno es de izquierdas o de derechas.

El País.

_- Los historiadores desmienten a Pablo Casado: “La Guerra Civil la provocó un golpe de Estado”. Los indultos y el franquismo provocan otra bronca sesión en el Congreso

_- La sesión de este miércoles en el Congreso ha dejado nuevos ejemplos de la concordia imposible entre las diferentes fuerzas políticas, con palabras gruesas, insultos, falsedades y manipulaciones históricas.

El líder del PP, Pablo Casado, fue el más madrugador en los trending topic cuando leyó, de un papel que llevaba escrito, la siguiente frase: “La Guerra Civil fue el enfrentamiento entre los que querían la democracia sin ley y los que querían la ley sin democracia. Y nuestra Constitución es el pacto por el cual no puede haber democracia sin ley ni ley sin democracia”. La afirmación, que revolvió a los historiadores, apartó el foco de los indultos a los condenados del procés, tema estrella de la mañana pese a que Pedro Sánchez había incluido en el orden del día los últimos acuerdos de los consejos europeos.

Momento de la intervención de Pablo Casado, líder del PP, en el pleno del Congreso de los Diputados, este miércoles.
El catedrático de Historia Contemporánea Julián Casanova lamenta que se hayan pronunciado tales palabras en un parlamento. “Hay gente que no quiere respetar el conocimiento. Casado se dirige a un público amplio, dispuesto a escuchar que la República no fue un régimen legítimo, lo que nos convierte a los historiadores en sospechosos por decir que sí. Pero no hay debate historiográfico sobre esto. La Guerra Civil la provocó un golpe de Estado. La República no era un imperio sin ley. Hizo reformas profundas en el ejército, para separar la Iglesia del Estado, en la educación, en la aprobación del voto femenino... Si no reconoce eso, está planteando una mentira sobre el pasado. Si además cree que la República destruyó el orden público está legitimando de alguna manera el golpe de 1936, que es la gran mentira del franquismo, decir que aquello era ineludible para limpiar España. Es una gran operación de propaganda que está aquí hace muchísimo tiempo y que no ampara ninguna investigación rigurosa”.

En la misma línea se pronuncia Ángel Viñas, catedrático jubilado de la Universidad Complutense de Madrid: “Es una estupidez. Una de esas frases que suenan bien para quien no sabe nada, pero que no corresponde a los hechos demostrados inequívocamente”.

Enrique Moradiellos, catedrático de Historia Contemporánea de la Universidad de Extremadura y Premio Nacional por Historia mínima de la Guerra Civil (Turner), explica: “Toda guerra civil empieza con un golpe de Estado. La definición de guerra civil la fijó el Tribunal Supremo de EEUU en 1861. Es un acto de fuerza para ocupar el poder y expulsar a los que están. En España, la República tenía muchos problemas, pero lo que vino después fue infinitamente peor”.

La equiparación de Casado entre el régimen legítimo y los golpistas en 1936 acaparó minutos del debate. “La única ley legítima”, le replicó el presidente del Gobierno, “es la ley democrática. Y, por tanto, espero que usted se retracte de sus palabras. Quizá se alzaron aquellos que lo hicieron contra la ley y la democracia porque la única ley legítima es la de la democracia y entonces era la de la Segunda República”. La portavoz del PSOE, Adriana Lastra, criticó con dureza al líder del PP: “Así que las cunetas de nuestro país están repletas de gente que quería una democracia sin ley, ¿no? Claro, si están ahí será que algo hicieron, ¿no? ¡Qué vergüenza y qué indecencia la declaración que ha hecho!”.

También censuraron a Casado, Íñigo Errejón, de Más País —“Los golpistas se levantaron contra el pueblo español y contra la ley vigente en España y un demócrata lo debería tener meridianamente claro”—, y Joan Baldoví, de Compromís: “Me parece peligroso que por esta competencia con Vox se oigan aquí unas palabras que nunca se atrevería a decir la derecha europea. Son absolutamente impresentables, injustas y reprobables”. 

https://elpais.com/espana/2021-06-30/los-historiadores-desmienten-a-pablo-casado-la-guerra-civil-la-provoco-un-golpe-de-estado.html?rel=lom

_- Orígenes agrarios de la guerra civil. Comentario crítico al libro de James Simpson y Juan Carmona

_- Ricardo Robledo, Catedrático (jubilado) de Historia Económica, Universidad de Salamanca, e Investigador visitante de la Universitat Pompeu Fabra (*).

Adolfo Vázquez Humasqué, director de la reforma agraria, entre los yunteros de Fernán Caballero que iban a asentarse en la finca de Navalrosal (Foto de Cortés, Mundo gráfico, 8 de abril de 1936). El último libro de James Simpson y Juan Carmona, reseñado por los propios autores en Nada es Gratis, llega después de varias investigaciones sobre la reforma agraria contemplada más bien escépticamente como medio de incrementar la producción o solucionar adecuadamente la pobreza rural. Y, entre otros temas, desarrollaron los problemas de aplicación de la Ley Agraria de 1932 a un país con un grado de desarrollo como el de España. En este mismo sentido Why democracy failed: The agrarian origins of the Spanish Civil War marca una ruptura con un discurso muy influyente en la historia social y económica española y con la reciente literatura centrada en el papel de las élites. En su lugar se nos invita a dirigir la mirada hacia “los pequeños agricultores que no pudieron explotar más eficazmente su recién estrenada voz política”. Estoy seguro que este libro animará el debate académico. Mi comentario se ciñe básicamente a la presentación que hicieron sus autores aquí. Propongo los siguientes puntos de discusión:

1) Relativización del “problema agrario” del latifundio y, en consecuencia, una visión reducida de los problemas de tipo distributivo.

Aunque pueda juzgarse exagerada esta deducción mía, lo cierto es que no aparecen en el texto consideraciones sobre la desigualdad. La forma de relativizar la importancia del latifundismo se hace atribuyéndole el 3% del PIB –¿estimación del PIB agrario de las provincias latifundistas? – y el escaso peso relativo de los jornaleros sin tierra en el conjunto español. Pero es comprensible que existe un haz de relaciones sociales y políticas –las instituciones– con un impacto que no se puede encorsetar en indicadores macro y que determinaron en gran medida la agitada vida social y política de la Segunda República.

Al igual que ocurrió en Italia, la cuestión meridional española constituyó una auténtica «cuestión nacional» (Zamagni, 1987) en la que estaba implicado el desarrollo económico y social de todo el país. Un planteamiento similar había sido expuesto ya por el jiennense Flores de Lemus en 1914, el principal economista español, al afirmar que “la concentración de la propiedad representa el mayor mal no solamente para la agricultura, sino también para la constitución social de España”. Y añadiría, en la línea de M. Weber, que Andalucía y Extremadura se asemejaban a Prusia, el “país de la gran aristocracia territorial”. Cuando se dispuso de la información, parcial, del Catastro, el economista y Ministro de Hacienda Gabriel Franco concretó en 1934 el grado de concentración: el 1,25 % de los contribuyentes poseía más del 40 por 100 de toda la riqueza rústica comprendida en el Avance Catastral y el 2,33 % de aquellos más de la mitad (DS, 7 de mayo de 1936). Cualquier lector familiarizado con los datos actuales de la desigualdad y de su copiosa literatura puede deducir el grado de distorsión y de generación de tensión social que entrañaban potencialmente aquellos indicadores en los años 30.

2) Reforma imposible sin información.

Con el paso del “conflicto de clases” a un segundo plano, toma relevo como protagonista el débil estado español que no aprovechó la coyuntura de la Primera Guerra Mundial para desarrollar, según dicen, “el área de la recopilación estadística y su interpretación” como hicieron otros países. Esto fue grave, argumentan, porque al aprobarse la ley de reforma agraria “nadie sabía” cómo se cultivaban los latifundios, ni siquiera aproximadamente, cuánta tierra había disponible para asentar las familias campesinas. Aunque suavicemos la hipérbole de que “nadie sabía”, creo que la tesis adolece de algún defecto: a) En la estadística española había imperfecciones como expuso Bernis en 1911, pero se consiguió aprovecharlas para fundamentar cambios y tendencias de la agricultura española (aquí). Al fin y al cabo los historiadores agrarios nos fiamos, críticamente, de estas fuentes (recopiladas por el GEHR en 1991 aquí ). Y conocemos, al igual que los ingenieros agrarios y las instituciones agronómicas o financieras de la época, cuál era la superficie cultivable y el grado de modernización de la gran explotación. Menos fiable había sido la estadística de la propiedad, pero hacia 1930 estaban catastradas casi la totalidad de las provincias latifundistas. b) No hizo falta esperar a septiembre de 1932 pues en mayo de 1931 se formó, como es sabido, la Comisión Técnica Agraria. No se hallará otro grupo de expertos sobre la reforma agraria en la historia de España. Solo llamaré la atención sobre A. Vázquez Humasqué, encargado de ejecutar la reforma agraria en 1932-1933 y en 1936. Pues bien, no creo que hubiera otra persona mejor informada sobre precio y calidades de la tierra dado su cargo de Inspector técnico del Banco Hipotecario. c) En mi opinión la gran oportunidad perdida de la neutralidad española, aparte del fracaso en la reforma fiscal por los beneficios extraordinarios de la guerra, estuvo en no seguir la senda del reformismo agrario postbélico como hicieron otros países. Así se convirtió, según S. Aznar (1930: 82), en “el único país de Europa que tiene un régimen agrario lamentable sin que lo advierta y sin que haga esfuerzo alguno por sacudirlo”. Y este lastre robusteció la intransigencia, de modo que, por ejemplo, fue imposible reformar la legislación de arrendamientos, heredada de las Cortes de Cádiz, hasta 1931. Sin esta path dependence no se entenderá bien el fracaso o la hostilidad contra la reforma agraria.

3) Debilidad del estado y polarización

Los autores acuden al lugar común del doble perjuicio de la reforma agraria que divulgó, entre otros, Malefakis: muchos propietarios se sintieron amenazados y los propios trabajadores se desilusionaron. Repito la pregunta formulada hace más de veinte años: ¿puede hacerse responsable del estallido de la guerra civil a la reforma agraria republicana si se acepta al mismo tiempo que fue un fracaso y defraudó las expectativas de los de abajo? La interpretación de los cambios en el mercado de trabajo durante el primer bienio ofrece otra perspectiva.

Fuente: Anuario(s) Estadístico (s) de la Producción Agrícola 1930-1935.
La correlación entre cambio político y decisiones económicas del gráfico anterior resulta atractiva intuitivamente porque la recuperación de las sembraduras se produce en 1934-1935 con la llegada de los conservadores y la reacción de 1935. No todas las provincias siguieron este patrón y hay que tener en cuenta otros factores económicos (precios, salarios, etc.) y políticos (aquí), pero fue casi general la disminución de faenas complementarias como la escarda y otras. De modo que no es que “hubiera huelgas generalizadas de jornaleros durante las cosechas” y los patronos no quisieran contratar luego a “los involucrados en actividades sindicales”, como dicen los autores. La disminución en la demanda de empleo llegó de inmediato porque no se confiaba en el marco de negociación colectiva que buscaba acomodar España a la institucionalización de las políticas sociales de otros países (aquí). Dicho de otra manera, de entrada solía funcionar la discriminación: «Antes me cortaría una mano que consentir que trabajasen mi casa asociados de la Casa del Pueblo”, confesaba un propietario de La Mancha, algo que no se inventó entonces: en 1919, el sindicato católico-agrario de Vila-real ordenó “no buscar para trabajar en sus fincas a los socialistas, aun a costa de trabajar mal las fincas” (aquí). En mi opinión la idea de la división y polarización de los pueblos con la que concluyen Simpson y Carmona su texto tiene que ver más con estos comportamientos que con la frustración o la ineficacia del estado “en administrar las reformas de manera eficiente y justa”. Y aquí también había path dependence.

A diferencia de otras publicaciones, los autores han incorporado en su análisis variables políticas como el caciquismo. Quizá se podría matizar que ese caciquismo no solo probaba la debilidad del estado sino que era muestra más bien de una especie de Deep state; el reflejo del poder social colectivo de una clase a escala local, que también estaba acostumbrada a decidir a cuánto se pagaba el jornal o incluso a qué vecinos “subversivos” hacer la vida imposible. Esto condicionaba la dinámica sociopolítica más allá de las posibles pérdidas que pudiera suponerle la reforma agraria. Y desde el otro ángulo social estaban aquellos a quienes la República les dio la oportunidad de ser ciudadanos plenos, sin que ello tuviese que ver exclusivamente con su aspiración a la tierra o se dedicasen a la agricultura.

Es posible que se haya sobrevalorado la capacidad del estado como un agente autónomo o instrumental, en vez de fijarnos más en las resistencias y negociaciones para trasladar sus iniciativas al tejido social (aquí). Parece claro que el estado de fines de 1934-1935 negoció muy poco y era bastante diferente al de tres años atrás. Según Azaña –en su discurso en las Cortes el 15 de abril de 1936– lo que había existido en 1934-35 era “la anarquía del propio Estado”. La política de tierra quemada después de octubre (represión, desahucios, caída de los salarios), que escandalizó hasta al diario católico El Debate, profundizó en la brecha social y alentó una polarización que era lo que más convenía a quienes estaban diseñando el golpe de estado a fines de 1935.

4) Cuestión agraria y guerra civil
Tienen razón Simpson y Carmona al referirse a la frustración de expectativas de los trabajadores a los que se habría prometido tierras al llegar la República. Pero habrá que distinguir tiempo y espacio. En el corto plazo, con una alta presión social, el modelo de ocupaciones temporales de una parte de la gran explotación (a cuyo propietario se pagaba una renta) sirvió para superar las restricciones de una reforma que apenas expropió a los terratenientes. ¿Es posible que no hubiera faltado tierra con otro horizonte temporal del que no dispuso el gobierno del Frente Popular?

De todos modos, la tesis “fuerte” de los autores (sin poder entrar en el tema de las bases sociales de la democracia en el período de entreguerras, Luebbert, Cobo) es el papel protagonista concedido a los pequeños cultivadores que serían, según Simpson y Carmona, quienes decidirían la suerte de la República. Incluso afirman en su libro que sin su apoyo no habría habido golpe militar (pág. 240). Esta es una afirmación problemática desde la historia política, lo que no quiere decir que no haya confluencias entre cuestión agraria y guerra civil que yo creo son de otro tipo. Incluso en sentido contrario, pues el movimiento social más sólido en favor de la República fue el de los pequeños cultivadores como los rabassaires (aquí). La intensificación de la reforma en marzo de 1936 se produce cuando el golpe militar contra la República había entrado en una fase ejecutiva; de hecho, la gran ocupación de tierras en Extremadura coincide con alguna de las reuniones de los generales en Madrid para fijar el día D. Reforma agraria y golpe militar eran líneas paralelas, perfiladas ya en abril del 31, que solo se cruzaban para justificar la necesidad del golpe militar debido a la ‘anarquía rural’. Se necesitaba un clima moral de caos inducido del que se encargaba “el brazo civil de la sublevación” (aquí). La guerra pudo no haberse buscado intencionadamente al principio, pero no se excluyó luego con tal de conseguir lo que no se había logrado electoralmente ha documentado Ángel Viñas recientemente.

Ahora bien, el “alzamiento nacional” no se convirtió en un movimiento popular, como se lamentaba el consejero de la Embajada alemana a Hitler el 23 de julio de 1936, por carecer de “auténtico Caudillo” y programa social (aquí). Eso hace explicable la dureza de las instrucciones de Mola de imponer el terror para vencer cualquier resistencia pues reconocía que “el entusiasmo demostrado era ficticio” (aquí). El resultado fue la dura represión que sufrió la región de los “propietarios muy pobres” (aquí) –por ejemplo, Zamora y La Rioja con 2.000 asesinados cada una. Esto solo se comprende por la necesidad de acabar con la democracia rural –jurados mixtos, acceso a bienes comunales, etc.– y con la reforma que se aplicaba sin titubeos desde 1936. Más que por el fracaso de la democracia me inclino por La destrucción de la democracia en España que investigó Preston en 1978. Parafraseando a mi modo el poema de Gil de Biedma, concluyo diciendo …Que la reforma iba en serio, pronto lo comprendieron los que querían llevarse la República por delante…

(*) Agradezco las observaciones de M. Artola Blanco, S. Calatayud, F. Espinosa, S. Garrido, A. López Estudillo, J. Millán y J. Pan Montojo.

_- Víctimas de una guerra civil. El Estado democrático tiene que corregir una anomalía derivada de la propia historia y tratar con igual respeto a los “paseados” por uno u otro bando. Y cumplir así una resolución del Parlamento Europeo

_- La guerra civil española de 1936-1939, como otras similares antes o después, no estalló de improviso como un fenómeno natural ni por la acción malévola de minorías aisladas y sin arraigo social profundo. Es un error considerarla mero producto de la rebelión militar de un puñado de traicioneros “generales facciosos” o entenderla como acción preventiva para anular “un complot comunista” inminente. Con independencia de sus causas (más complejas de lo que pretende el maniqueísmo especular filofranquista o prorrepublicano), la contienda fue un cataclismo colectivo que partió por la mitad a la sociedad española y abrió las puertas a un aterrador infierno de violencia y sangre: en torno a 200.000 muertos en combate, más de 350.000 muertos por penurias alimentarias y carencias sanitarias y una cifra de víctimas mortales por represión política de no menos de 130.000 personas a manos franquistas (la mayoría en guerra y unas decenas de miles en posguerra) y poco más de 55.000 a manos republicanas (estas solo durante la guerra).

En el fragor del combate
Esa última categoría, las víctimas como sujetos de daño mortal por acción de otros al margen de operaciones bélicas, son siempre parte definitoria de esa violencia salvaje contra el “enemigo interno”. Son la máxima expresión de toda guerra civil porque revela la combinación letal de odio y miedo que es previa condición de posibilidad del estallido de un conflicto donde los enemigos hablan el mismo idioma, residen en los mismos lugares y pueden incluso ser familiares o conocidos y por eso odiados y temidos de manera personalizada. En esas guerras, la violencia contra ellos tiene carácter estratégico (anula su resistencia por eliminación física o intimidación moral ante el castigo ejemplar) y por eso anegó de sangre ambas retaguardias, sobre todo en los primeros meses testigos del “terror caliente” de 1936 (casi el 70% de esos represaliados perdieron la vida en ese lapso temporal).

El perfil de las víctimas en España es contrastado, desde luego, como corresponde a una guerra que fue combinación de lucha de clases sociales por las armas, pugna de ideologías políticas enfrentadas, choque entre mentalidades religioso-culturales contrapuestas, enfrentamiento de sentimientos nacionales mutuamente incompatibles. En la zona sublevada, truncado el objetivo de triunfo rápido y total, la represión alentada por los mandos militares pretendía “limpiar” de escoria el cuerpo social de la nación católica mediante la liquidación de las autoridades institucionales adversas (militares y civiles), así como de los dirigentes socio-políticos de los partidos y sindicatos de izquierda y de sus militantes más activos, desafectos o peligrosos.

En la zona republicana, impotente su Gobierno legal ante un proceso revolucionario amorfo, eliminaba obstáculos a la transformación social a través de las vidas de militares hostiles, líderes políticos derechistas, patronos opuestos al sindicalismo obrero y, sobre todo, clérigos de la Iglesia católica, erigida en símbolo culpable del mal acumulado durante siglos.

Esa dinámica violenta y fratricida generó víctimas y verdugos en ambos bandos, como en toda guerra civil previa o posterior. Y por eso, puestos a usar los muertos como arma arrojadiza del presente, nadie saldría ganando de manera diáfana e inmaculada. Sin entrar en primacías temporales o grados de vesania criminal, por cada “paseado” como Federico García Lorca o el alcalde de Granada a manos de militares sublevados siempre cabe citar otro “paseado” como Pedro Muñoz Seca o el tribuno Melquíades Álvarez a manos de milicianos revolucionarios. Por cada muerto inocente y vulnerable registrado tras la ocupación franquista de la ciudad de Badajoz en agosto de 1936 (fueran los 530 registrados por estudios locales o los más de 3.000 apuntados por otras fuentes), siempre cabe recordar otro muerto inocente y vulnerable enterrado por milicias revolucionarias en las fosas de Paracuellos del Jarama (entre 2.200 y 2.500, según las fuentes).

En todo caso, es innegable que la violencia insurgente (luego franquista) fue más efectiva por organizada y progresivamente centralizada, además de superior en número porque empezó aplicándose a media España pero logró expandirse al compás de sus avances militares y extenderse temporalmente más allá de la victoria. Es algo lógico que confirman otras guerras civiles (el que gana mata más) y que se aprecia tanto en la cuantificación general como en la esfera microhistórica. Un ejemplo sin pretensiones, pero ilustrativo: el famoso por conflictivo pueblo pacense de Castilblanco (3.000 habitantes), que estuvo en poder republicano toda la contienda, registró 10 víctimas derechistas entre 1936 y 1939 frente a 45 víctimas izquierdistas entre 1939 y 1942.

Esta es la triste realidad histórica de la represión, fueran víctimas inocentes, culpables o mezcla de ambas cosas en algún momento o caso. Por eso, en términos cívico-democráticos, los crímenes de lesa humanidad cometidos por reaccionarios insurgentes en un lado no legitiman ni anulan los crímenes de lesa humanidad cometidos por el terror revolucionario impuesto en el otro lado. No se trata de ninguna “equidistancia” moral (absurda porque ese concepto geométrico nunca invalidaría la necesaria imparcialidad de juicio que reclama la historia si no quiere ser mitología propagandística). Se trata de evidencia imborrable que nutre la mirada histórica atenta a la complejidad del fenómeno y trituradora de consoladores mitos maniqueos deformadores por ignorancia o cerrazón ideológica. ¿Acaso la “imparcialidad” en la historia es ahora delito en vez de ser obligación deontológica y debe reemplazarse por flagrante “parcialidad”? ¿Acaso ocultar los crímenes de unos para ensalzar la enormidad exclusiva de los crímenes de otros es hacer “buena Historia”?

Todo lo contrario. Y sin que ello sea óbice para que el Estado democrático corrija una anomalía derivada de la propia historia y trate a todas las víctimas con igual respeto. Porque mientras que durante mucho tiempo unas tuvieron lugares honorables de reposo y a sus herederos reconocidos y gratificados, las otras sufrieron la vergüenza de permanecer en fosas comunes y carecieron de amparo para sus deudos. Así estaríamos cumpliendo la resolución del Parlamento Europeo sobre “memoria histórica europea” de abril de 2009 que pide recordar “con dignidad e imparcialidad” a “todas las víctimas de los regímenes totalitarios y antidemocráticos en Europa”, considerando “irrelevante qué régimen les privó de su libertad o les torturó o asesinó por la razón que fuera”.

Enrique Moradiellos es catedrático de Historia Contemporánea de la Universidad de Extremadura y Premio Nacional por Historia mínima de la Guerra Civil (Turner).

150 años de la Comuna de París. De la Guerra Civil al 15M: los ecos de la Comuna de París que llegaron a España

Las reminiscencias del levantamiento francés impregnaron a una España que se dividió: el movimiento cantonalista, la persecución a La Internacional, la simbología compartida y las conmemoraciones de la revolución parisina fueron algunos de los hechos que llegaron del país fronterizo.

París era un hervidero de libertad y fervor patriótico. Aquella revolución del 18 de marzo de 1871 dio comienzo al primer gobierno de la clase obrera del mundo. Duraría poco, tan solo 60 días, el tiempo que trascurrió hasta que una implacable represión acabaría con la novedosa legislación vertebrada en torno al socialismo autogestionario.

La Comuna de París murió el 28 de mayo, y con ella los decretos que daban más poder al pueblo, entre otros: la obligación de las iglesias a acoger asambleas de vecinos, la laicidad del Estado, la creación de guarderías para los hijos de las obreras, la autogestión de las fábricas abandonadas por los patrones y la abolición de los intereses de las deudas.

En España, la revolución fue ampliamente difundida por la cobertura que hicieron los periódicos de la época con sus diferentes líneas editoriales. «El arco político se dividió entre aquellos que la apoyaron y los que la denostaban, pero hay referencias explícitas de La Comuna hasta 1937», comenta Marie-Angèle Orobon, profesora en la Université Sorbonne Nouvelle-Paris 3 (La Sorbona) y estudiosa del tema.

Una Francia en el calderero que acaba de salir de la guerra franco-prusiana se convirtió en la protagonista de la prensa española. «Los diarios republicanos españoles, muy importantes en aquella época, recalcaron en seguida la legitimidad de la reacción del pueblo ante lo que consideraban un ataque gubernamental, mientras que los medios monárquicos, liberales, conservadores e incluso carlistas denunciaron la anarquía y el desorden que reinaba en París», explica Orobon. En España, inmersa en su sexenio democrático, el republicanismo percibe a La Comuna como un modelo de nuevo orden social, llegándolo a tildar de «templo de la libertad, igualdad y fraternidad».

Las primeras consecuencias de la revolución parisina no se hacen esperar: «Los círculos internacionalistas son prudentes con el apoyo al levantamiento popular, pero el 2 de mayo, una fecha muy señalada al marcar el inicio de la resistencia antifrancesa, la sección madrileña de La Internacional organiza una velada de té fraternal en apoyo de La Comuna; un acto que terminó siendo reprimido», en los términos de Orobon.

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El legado de la alcaldesa María Domínguez y una generación de mujeres que se abrió paso entre el machismo y las bombas

Fuentes: Público [Foto: Recepción de Unión Republicana Femenina a las alcaldesas de la provincia de Madrid, marzo de 1933. En el centro, Clara Campoamor. — Incluida en la obra Mujeres en los gobiernos locales]

La obra ‘Mujeres en los Gobiernos locales’ repasa la participación de las féminas en la política local desde la dictadura de Primo de Rivera hasta la democracia. La primera mujer elegida democráticamente fue Catalina San Martín López, alcaldesa de Rivas durante la II República.

– «¿No les importa a ustedes que les mande una mujer?»

– No (…) Y además esta vale por bastantes hombres»

Esta conversación fue recogida en octubre de 1932 en el diario Ahora. El periodista había acudido hasta el pueblo de Gallur, en Zaragoza, para preguntar a los vecinos y vecinas por la llegada a la alcaldía de María Domínguez, la primera mujer en ocupar el puesto de alcaldesa durante la II República. La respuesta, como se aprecia, es contundente.

Domínguez había sido elegida alcaldesa de Gallur el 29 de julio de 1932. Pero no tras unas elecciones. El Gobierno republicano la había elegido para tratar de normalizar la situación en la localidad zaragozana donde el Gobierno municipal, que había salido de las urnas del 12 de abril de 1931, había dimitido en bloque. Su nombramiento supuso que Domínguez se convirtiera en la primera mujer en alcanzar la condición de alcaldesa durante la II República y su objetivo, tal y como explicaba ella misma, era el de «pacificar los espíritus».

Estuvo apenas siete meses en el poder hasta que dimitió para dejar paso al nuevo Ayuntamiento, constituido tras la celebración de las elecciones municipales parciales del 23 de abril de 1933. En este breve período de tiempo, Domínguez trató de aplicar las disposiciones republicanas en materia de jornales, llevar a cabo un reparto de tierras entre los jornaleros y crear una bolsa de trabajo para paliar el paro obrero. También mandó construir una escuela local. Era una feminista convencida. «La hora presente es de una gravedad extraordinaria. ¡Despertad mujeres! Haced un esfuerzo supremo y sacudid este letargo!, escribió Domíngez en Vida Nueva, en mayo de 1930.

Sus ideas republicanas y su empuje feminista, sin embargo, la convirtieron en objetivo de las fuerzas franquistas tras el golpe de Estado del 18 de julio de 1936 y el estallido de la Guerra Civil. Su espíritu contradecía el ideal de la mujer sumisa que propugnaba el nacionalcatolicismo. Solo el ejemplo que había dejado era peligroso. Había que borrar su nombre de la Historia. Consciente del peligro que corría, por republicana, por roja y por feminista, Domínguez huyó de Gallur tras el golpe de Estado, pero no sirvió de nada. Fue detenida y fusilada frente a las tapias del cementerio de Fuendejalón (Zaragoza). Era el mes de septiembre de 1936 y los franquistas se llevaban por delante a la primera mujer en ocupar una alcaldía en la II República.

El caso de María Domínguez saltó este domingo a los medios de comunicación. El equipo de arqueólogos de Charata y Arico localizó los restos de una mujer en una fosa del cementerio de Fuendejalón, muy cerca de donde cuenta la memoria popular que había sido fusilada María Domínguez. Francisco Javier Ruiz, director de la exhumación, explica a Público que todavía no hay confirmación genética que permita asegurar que los restos encontrados son de la primera alcaldesa republicana, por lo que habría que esperar a la prueba de ADN para estar 100% seguros. Sin embargo, también explica a que hay indicios que apuntan a que sí. A que es ella. Son varios. Por el lugar donde ha aparecido; porque el cuerpo es claramente el de una mujer, tal y como muestran las peinetas y demás utensilios que acompañan al cuerpo; y porque no hay constancia de otras mujeres en las fosas comunes de este cementerio. La propia vicepresidenta del Gobierno, Carmen Calvo, alabó la figura de Domínguez tras el hallazgo del equipo encargado de la exhumación en un tuit.

Sin embargo, el caso de María Domínguez no es único. Tampoco excepcional. Domínguez formó parte de una generación de mujeres que se abrió paso a codazos en una sociedad machista y patriarcal, que luchó contra los prejuicios de sus propios compañeros, contra las bombas y rifles de los enemigos y, muchos años después, contra la desmemoria de una democracia que propugnaba el olvido para procurar su supervivencia. María Domínguez fue la primera, pero antes hubo otras muchas que lucharon por abrir el camino. Mujeres como las que, a principios del siglo XX, habían empujado a través de organizaciones tan potentes como la Asociación Nacional de Mujeres Españolas o la Unión de Mujeres Españolas, y que después, tras el golpe de Estado de 1936, decidieron seguir luchando para defender su libertad y la de toda la sociedad contra la tiranía fascista.

Previamente, también están las siete mujeres que fueron designadas alcaldesas de sus localidades por el dictador Primo de Rivera. Se trata del caso, entre otras, de Matilde Pérez, designada alcaldesa de Cuatretondeta (Alicante) en 1924 o Dolor Codina i Arnau, que presidió el Ayuntamiento de Talladell (Lleida) ese mismo año. La dictadura primorriverista, ante un movimiento feminista pujante, había decidido abrir los municipios a la participación de las mujeres entendiendo que los ayuntamientos eran una especie de «hogar de hogares» o «casa grande», donde las mujeres podían participar como una extensión de las tareas de cuidados que ejercían dentro del hogar, ya fuera en tareas de salud pública, ayuda a los más necesitados o en una buena administración de los recursos.

Foto: María Purificación Gómez González, alcaldesa de A Cañiza (Pontevedra), 1936. — Incluido en la obra ‘Mujeres en los gobierno locales’ por cortesía de María José Bernete Navarro

La obra Mujeres en los gobiernos locales. Alcaldesas y concejalas en la España contemporánea (Editorial Biblioteca Nueva), coordinado por la catedrática Gloria Nielfa Cristóbal, da una buena muestra de la lucha de estas mujeres por su derecho a votar, a ser elegidas, y a participar activamente de la política. Se trata de un libro de investigación centrado exclusivamente en las mujeres que, como María Domínguez, participaron en los ayuntamientos de España durante el siglo XX, una parte de la política que suele quedar en segundo o tercer plano de la Historia, alejada de los grandes titulares y de las grandes biografías que protagonizan las figuras que llegaron hasta el Gobierno o jugaron un papel en el Congreso de los Diputados de la época.

Así, tras la proclamación de la II República fueron decenas y decenas las mujeres que consiguieron llegar al puesto de alcaldesa o concejal en su localidad. Sin embargo, como en el caso de María Domínguez, en un inicio, ocuparon el puesto de manera interina como presidentas de una comisión gestora provisional. Gloria Nielfa explica a Público que la República había ordenado repetir los comicios municipales en todos aquellos ayuntamientos en los que en 1931 no se había podido votar al alcalde porque solo se había presentado una persona al cargo. Mientras tanto, ordenó disolver esos gobiernos municipales y nombrar una comisión gestora formada por un funcionario, un líder sindical y un contribuyente para que se hicieran cargo de los respectivos gobiernos hasta la celebración de nuevas elecciones municipales en 1933.

Fue en este contexto donde decenas de maestras ocuparon las alcaldías de sus pueblos de manera interina hasta la celebración de los citados comicios. «Hay que tener en cuenta que en muchas localidades la única funcionaria era la maestra de la escuela», explica Nielfa. Sólo en la provincia de Zaragoza, por ejemplo, hasta 17 mujeres alcaldesas participaron el 20 de febrero de 1933 en una cena con el Gobernador Civil. De ellas, 16 eran maestras y una propietaria o contribuyente.

Pero hay multitud de ejemplos de este tipo por toda la geografía nacional. Julia Mayoral Márquez (1902-1983) presidió la Comisión Gestora del Ayuntamiento de Alange (Badajoz) desde el 2 de enero hasta el 9 de mayo de 1933. «Comprendo que cuando la mujer es llamada a realizar una misión de paz y progreso para su pueblo, debe seguir la voz del deber y poner en el cargo gran entusiasmo y amor a España, así como fe en luchar por ella y por la pacificación de los espíritus», escribía.

La maestra Felipa Torrens García también llegó a la alcaldía de Marcilla (Navarra). Victoriana Fernández Calvo ocupó la alcaldía de Lominchar (Toledo) o el caso de Natividad Yarza Planas, en el municipio barcelonés de Bellprat, en la comarca de la Anoia. La lista sigue hasta hacerse interminable en municipios de Madrid, Guipúzcoa, Ciudad Real, Toledo, Palencia, Asturias, Salamanca, Murcia y Santa Cruz de Tenerife.

Foto: Natividad Yarza, alcaldesa de Bellprat (Barcelona) es recibida en la Generalitat por el president Companys. — ANC-Fons Companys Se trató de una experiencia breve. En muchos casos, apenas llegaban a los meses y el margen de maniobra era escaso ya que el presupuesto venía ya dado de la anterior corporación, pero sí permitía mostrar la voluntad de cambio del período republicano y el avance hacia una igualdad que estaba reconocida en la Constitución de 1931, pero que estaba lejos de plasmarse. La República, tal y como explica la catedrática de la Complutense Mirta Núñez, había supuesto una transformación del marco legal que otorgaba a la mujer, por primera vez, una condición de ciudadanía en igualdad de derechos con el hombre. La elección de mujeres para presidir las comisiones gestoras fue una buena muestra de esta voluntad de cambio. «La mujer empieza a ser ciudadana prácticamente a raíz de la II Republica. Hasta ese momento no era más que una especie de adjunta a la dirección. Su ascenso o no dependía de los logros de su marido o padre», apunta.

En ese momento, aunque de manera interina, estaban asumiendo la gestión de ayuntamientos. Y, a diferencia de la época primorriverista, no se trataba únicamente de mujeres ligadas al orden y vinculadas al caciquismo o las fuerzas tradicionales. No. Era un grupo de mujeres plural, variado, que aspiraba a una España diferente. «Había solteras, casadas y viudas, jóvenes y mayores; con ideas políticas definidas o sin ellas. Tenían en común, eso sí, la voluntad de querer cumplir el cometido encargado por el Gobierno de gestionar sus ayuntamientos hasta la celebración de elecciones», explica Gloria Nielfa.

La primera alcaldesa elegida democráticamente
Así se llegó a la celebración de las elecciones municipales del 23 de abril de 1933 en 2.653 municipios del territorio español y que afectaba al 10% del censo electoral. Las primeras mujeres alcaldesas de la II República ya habían dimitido y así llegaba la hora de la primera alcaldesa elegida democráticamente: Catalina San Martín López, en Rivas Vaciamadrid (Madrid), una maestra que había presidido la comisión gestora de la localidad, que decidió presentarse como alcaldesa y que logró la victoria.

«Es el único caso que tenemos localizado de una mujer que después de haber presidido una comisión gestora se presentara a las elecciones de abril de 1933 y fuera revalidada para el cargo por las urnas, y es también la primera alcaldesa elegida en España de la que hemos tenido noticia», escribe Neifa en la obra Mujeres en los gobiernos locales en el capítulo firmado junto a Rosario Ruiz Franco. Asimismo, las autoras explican que no parece que Catalina San Martín representara una opción política concreta sino que «cabe suponer que el apoyo que recibió estuvo basado en su actuación al frente del Ayuntamiento en los meses en que presidió la Comisión Gestora».

Las autoras explican que hay pocos datos que permitan conocer si tras estas elecciones hubo más alcaldesas. Sí conocen el caso de Juana García Rodríguez, que fue elegida concejala en Artenara (Las Palmas) como independiente y poco tiempo después pasó a ocupar la alcaldía. O el ya comentado caso de Natividad Yarza, que consiguió ser reelegida como alcaldesa de Bellprat, en las elecciones municipales catalanas de enero de 1934.

Tras las elecciones generales de febrero de 1936, la victoria del Frente Popular tendrá efecto en la convulsa vida municipal de muchas localidades ya que, como consecuencia, se produjo la reposición de varios ayuntamientos que habían sido destituidos durante el conocido como Bienio Negro. En A Cañiza (Pontevedra), por ejemplo, el 15 de marzo de 1936, los 16 concejales eligieron como alcaldesa de la localidad a Purificación Gómez González, de Izquierda Republicana. Durante su mandato, el Ayuntamiento solicitó la creación de cuatro escuelas, dos de párvulos y otras dos unitarias, para niños y niñas. Su programa de Gobierno constaba de tres ejes: fomento de la enseñanza, mejoras urbanísticas para combatir el paro y medidas simbólicas para recuperar el espíritu inicial de la República. Tras el golpe de Estado del 18 de julio, Purificación fue detenida, encarcelada y condenada a muerte. Afortunadamente, su pena fue conmutada por la de reclusión perpetua, que después también sería reducida. También pertenecía a Izquierda Republicana Guillermina Medrano, que a los 23 años se convirtió en la primera concejala del Ayuntamiento de València. Era febrero de 1936 y estuvo en el cargo hasta febrero de 1937.

Foto: Portada de Crónica de 1932 donde se habla de María Domínguez, la primera alcaldesa republicana

El golpe de Estado del 18 de julio y el aumento de la participación
El golpe de Estado del 18 de julio provocó un desmoronamiento institucional de la República en muchos de sus ayuntamientos y, además, una obligada reconstrucción para sustituir a aquellos concejales que apoyaban el golpe contra la República. Así, el golpe de Estado también provocó que llegaran a la alcaldía de sus localidades mujeres como Joana Matia Borau, del PSUC, que fue elegida alcaldesa de Alpens. Además, el decreto de 4 de enero de 1937 de Largo Caballero estableció la disolución de ayuntamientos y su sustitución por Consejos municipales en los que estuvieran representados los partidos del Frente Popular y las organizaciones sindicales obreras.

Así, en el País Valencià se encuentran numerosos ejemplos de mujeres que dieron un paso adelante para participar en la vida política de sus localidades en el más conflictivo y delicado de los momentos. En Montavernet, en abril de 1937, llega al Consejo Municipal María Carbó Vañó, del PCE. En la misma comarca, la Vall d’ Albaida, Isabel Montagut Monferrer, una mujer socialista ocupaba la alcaldía de Terrateig desde octubre de 1937 hasta el final de la guerra. En Elche (Alicante) la enfermera Matilde García Iborra y Rita García Agulló, del Grupo Femenino Socialista, también entraron a formar parte del Consejo Municipal hasta el final de la guerra. Un año después, en la misma ciudad, también lo harían Gregoria Lozoya Lag y Josefa Pastor Brotons. En la ciudad de Alicante, una joven de 17 años, Marina Olcina González, militante del PCE, ocuparía también un puesto en el Consejo Municipal.

Y así sucedió en gran parte de los municipios del país. En la provincia de Córdoba, por ejemplo, tras los brutales avances de las tropas franquistas, la localidad de Villanueva de Córdoba se había convertido en la capital de la zona republicana y entre su Consejo Municipal se encontraba la concejala María Josefa López Garrido, quien en su participación en septiembre de 1937 en la II Conferencia Nacional de Mujeres Antifascistas explica cómo las brigadas de choque femenino recogían las cosechas en los campos cordobeses bajo el fuego enemigo.

En el Ayuntamiento de Madrid, el golpe de Estado dio lugar a un nuevo Consejo Municipal que supuso la participación de una mujer en el Gobierno municipal. Se trataba de Petronila Maciá Simón, militante del PCE. Durante su discurso en el Cine Monumental en el acto de constitución del Consejo, Petronila hizo referencia a la necesidad de seguir captando a las mujeres que todavía no luchaban contra el fascismo. Después le seguirían en nombramientos municipales otras mujeres como Ángeles Sánchez Flores, Aurora Rodríguez Peral o Josefa Reviejo Pérez. También en esta época, en Barcelona, llega a la Corporación Municipal la primera mujer. Se trata de Dolors Piera, una de la fundadoras de la Federación de Enseñanza de UGT, secretaria General de la Unió de Mujeres de Catalunya y responsable de la Comisión de la Mujer del PSUC. Ocuparía el cargo hasta la caída de la ciudad a manos de las tropas franquistas y se exilió en París, donde pasó cuatro meses en la prisión de Fresnes. detenida por los nazis.

Asesinato, represión y exilio

La participación de la mujer en los Consejos municipales republicanos se extendió hasta el final de la guerra. La llamada al frente de muchos hombres también provocó el aumento en número de mujeres en puestos de representación. Pero la guerra terminó y la represión franquista no iba a permitir que quedara el ejemplo de unas mujeres que no se sometieron al fascismo. El hecho de ocupar un cargo público en la etapa republicana era motivo de represión e, incluso, de muerte.

Se ha explicado antes el caso de María Domínguez, que primero tuvo que huir del pueblo y, finalmente, fue fusilada junto a las tapias del cementerio de Fuentejalón. Pero no fue el único caso. La alcaldesa de Rivas, Catalina San Martín, también sería detenida y encarcelada. Gracias a contactos con autoridades franquistas, San Martín consiguió evitar la muerte, aunque sería inhabilitada de por vida y nunca pudo volver e ejercer el magisterio.

Otras muchas, como fue el caso de Rosa Estruc Espinós, alcaldesa de Vilallonga (València), sufrieron terribles torturas. Estruc estuvo presa en el convento reconvertido en prisión de Santa Clara y en la Prisión Provincial. Fue condenada a 15 años de cárcel, aunque la pena fue conmutada a 12 años de prisión atenuada, ya que quedó inmovilizada de por vida como consecuencia de las torturas.

También fueron condenadas a muerte, aunque sus penas fueron conmutadas por años de prisión, concejalas socialistas como Mercedes Francia Zapatero (Ciudad Real); Severiana Bermúdez García, teniente de alcalde de Torrenueva (Ciudad Real) o Carmen del Río Toral, Peñamellera Baja (Asturias).

Otras muchas mujeres tuvieron que emprender el camino hacia el exilio. Es el caso ya mencionado de Dolor Piera Llobera, que tras pasar por París se marchó a Chile; o Aurèlia Pijoan Querol quien, tras ser concejala en el Ayuntamiento de Lleida, se tuvo que exiliar en México donde continuó su activismo feminista, llegando a ser secretaria de la Unión de Mujeres Españolas en México en 1945.

Borradas de la memoria
La experiencia de las mujeres que participaron en política durante la II República fue completamente borrada durante la dictadura franquista. Prueba de ello, explica Gloria Nielfa, es que cuando en 1967 una mujer fue nombrada para ocupar la alcaldía de Ubidea (Vizcaya), la noticia apareciera repetidamente en la prensa bajo el rótulo de que era la primera vez que ese hecho se producía en España.

La Transición tampoco recuperó la Memoria de estas mujeres. Se recuperaron algunos nombres y trayectorias de figuras importantes femeninas que habían alcanzado posiciones relevantes en la política nacional del momento. Pero la historia de tantas y tantas mujeres que lucharon para abrirse paso entre el machismo y las bombas quedó relegada al olvido.

El domingo, 85 años después de su fusilamiento, se consiguieron recuperar los restos de María Dominguez, la primera alcaldesa de la España republicana. Ahora solo falta poder confirmar el hallazgo con una prueba de ADN. La ocasión parece ideal para recuperar toda una tradición de lucha feminista de más de 100 años.

«Dice mucho de lo que ha sido la Memoria en España y su difícil devenir que hayamos tardado 85 años en recuperar el cuerpo de María Domínguez. Pero también nos indica que caminamos hacia el despertar, que nos vamos sacudiendo miedo y volviendo a situar a estas personas en el lugar de la Historia que les pertenece», sentencia Mirta Núñez.

Fuente:

https://www.publico.es/politica/legado-alcaldesa-maria-dominguez-generacion-mujeres-abrio-paso-machismo-bombas.html