_- La memoria borrada de la esclavitud en España.

_- La esclavitud fue una práctica muy habitual en España y sus colonias. Pese a su magnitud, son escasas sus huellas en el imaginario colectivo. Muchos historiadores y creadores llenan ahora con sus trabajos ese vacío

En el prólogo del Quijote, Miguel de Cervantes escribe: “Pues al cielo no le plugo / que salieses tan ladino / como el negro Juan Latino” para elogiar el manejo de la lengua de este erudito. Se trata de un esclavo negro que daba lecciones de gramática al nieto del Gran Capitán, que acabó siendo catedrático de Gramática en el siglo XVI. El Museo Metropolitano de Nueva York alberga un retrato pintado por Velázquez en 1650 de Juan de Pareja, un artista que a su vez acabó siendo un pintor importante y del que se conservan dos obras en el Prado. Fue también el esclavo del autor de Las meninas, aunque finalmente lo liberó. La esclavitud está por todas partes en la cultura española hasta el siglo XIX, como forma parte también de los ritmos del flamenco. Cuba, cuando todavía era España, fue el último territorio de Europa en abolirla. Sin embargo, aunque ocupa un lugar cada vez más prominente en la investigación académica y en las librerías, el recuerdo de la esclavitud no existe en el espacio público español.

En muchos otros países europeos el debate, impulsado por el movimiento Black Lives Matter, ya no está solo en que desaparezcan de las calles las estatuas de grandes esclavistas —como ocurrió en Barcelona con el marqués de Comillas, al que Martín Rodrigo y Alharilla ha dedicado el ensayo Un hombre, mil negocios (Crítica)—, sino en visibilizar una historia de sufrimiento y explotación. En Burdeos, desde 2019 una estatua de la esclava Modeste Testas recuerda que fue uno de los principales puertos de Francia para la trata del país. En Nantes se inauguró en 2012 un monumento a la abolición de la esclavitud, presente en muchos rincones de la ciudad, como por ejemplo en las fachadas de las casas nobles que dan al río Loira, en forma de esculturas con la cabeza de negros. Simbolizan de dónde venía la riqueza de las familias propietarias de aquellos edificios. En España, donde puertos como Cádiz o Barcelona fueron centrales en la trata atlántica, esa memoria no existe.

“En el Lazarillo está la esclavitud, también en el Quijote. Cuando te das cuenta la ves por todas partes”, explica Aurelia Martín Casares, catedrática de la Universidad de Málaga experta en este tema y autora, entre otros libros, de Juan Latino. Talento y destino. Un afroespañol en tiempos de Carlos V y Felipe II (Editorial Universidad de Granada). Martín Casares relata que empezó a trabajar en estos temas hace 20 años y que entonces no estaba presente en casi ningún libro de historia. “La memoria de la esclavitud fue silenciada. Nadie pensaba que la población esclava en el Siglo de Oro era tan importante. Ahora es cuando se empieza a tomar conciencia del racismo, de lo que ha supuesto esa historia en el mundo hispano”, sostiene. Cree que uno de los motivos de ese olvido es que no existe en la Península una población de descendientes negro­afri­canos, a diferencia de EE UU, de las colonias holandesas, danesas o de Cuba. En total, los expertos calculan que cerca de 11 millones de seres humanos fueron secuestrados y llevados como esclavos a América. Centenares de miles más murieron durante la travesía.

La ausencia de debate es una anomalía porque España fue el último país europeo en abolir la trata
“La población esclava no se autorre­produce por nacimientos. En todas las épocas las tasas de natalidad son bajas por sus condiciones de vida”, prosigue esta investigadora. “La esclavitud se reproduce por comercio, solo se mantiene donde llegan barcos negreros. Cuando la trata se paraliza o se abole, desciende drásticamente el número de esclavos. Desaparecen las huellas de estas personas esclavizadas, no se ven, sus descendientes son asimilados. También hay que tener en cuenta que en el Cádiz de la modernidad muchos esclavos proceden del Imperio Turco o del norte de África. Estos se integran sin dejar huellas visibles en la población contemporánea”.

“Francia, Inglaterra o Países Bajos han hecho todo lo posible para visibilizar las tratas y dejar claro que se responsabilizan de lo ocurrido”, señala por su parte Fabia Guillén, profesora en la Universidad de Pau y miembro del Ciresc (Centre International de Recherche sur les Esclavages, EHESS-CNRS), en París. “No fue nada fácil y hubo resistencias, pero en conjunto se admite la participación en las tratas negreras. Un aspecto fundamental que puede haber favorecido tal reconocimiento es el carácter colonial de esas tratas y formas de esclavitud. Tanto Inglaterra como Francia o Países Bajos fomentaban aquellas formas de alienación en sus respectivas colonias, muy lejos de los ojos de la metrópoli. Muy distinto parece ser el caso de España y, asimismo, Portugal e Italia, que no conocieron la ley del suelo libre y fueron partícipes de tratas y esclavización no solo en el mundo colonial, sino en su propio suelo desde la Antigüedad hasta por lo menos 1820 (para España). Puede entenderse el malestar y la dificultad a la hora de tener que mirar en el espejo una imagen poco halagüeña de su propia actuación histórica”.

Pero este olvido oficial no se corresponde en absoluto con lo que ocurre en el mundo de la cultura. Solo en los últimos meses se han publicado, aparte del libro de Martín Rodrigo y Alharilla, La esclavitud en el sur de la península Ibérica (Catarata), de Rafael M. Pérez García y Manuel F. Fernández Chaves (coordinadores); Negreros. Españoles en el tráfico y en los capitales esclavistas (Catarata), de José Antonio Piqueras; Barco de esclavos. La trata a través del Atlántico (Capitán Swing), de Marcus Rediker; o El ritmo perdido. El influjo negro en la canción española (Anagrama), reedición de un ensayo de Santiago Auserón sobre la huella de las músicas africanas en los ritmos españoles, como el flamenco.

Ese mismo tema aparece en el documental Gurumbé, del jerezano Miguel Ángel Rosales, o en el filme Cachita, la esclavitud borrada, que Álvaro Begines acaba de estrenar en diferentes plataformas. Uno de sus personajes es el esclavista malagueño Pedro Blanco, que protagoniza la novela histórica Mongo Blanco (2019), de Carlos Bardem, que aparece en el filme, mezcla de documental y recreación ficcionada. El Museo de América, en Madrid, acoge hasta febrero la exposición La esclavitud y el legado cultural de África en el Caribe, organizada por el CSIC, una muestra que recorre las distintas culturas, lenguas y pueblos de África y la esclavitud en América, desde el siglo XVI hasta su total abolición en 1886 (Cuba) y 1888 (Brasil).

“Los únicos países que no han hecho nada por la memoria de la esclavitud son Portugal y España”, asegura Martín Rodrigo y Alharilla. “¿Por qué? Una de las hipótesis es que en Francia, Gran Bretaña y Holanda hay una población afrodescendiente importante y se ha empujado desde la sociedad civil. En España, no ha sido una causa tan importante y las asociaciones existentes no han tenido la misma influencia. Si las cuestiones de memoria histórica vinculadas a la Guerra Civil y a la posguerra no se han resuelto aún y generan debate político, esta cuestión tampoco. Y es una anomalía, porque fue el último país europeo en abolir la esclavitud en sus territorios”.

En Gran Bretaña y Francia la población afrodescendiente ha mantenido vivo su recuerdo

La esclavitud en España empieza en la Antigüedad y se prolonga hasta finales del siglo XIX. La primera expedición esclavista directa entre África y América se produce en 1518 y los primeros cautivos llegan en 1520. El último territorio al que llegan esclavos es la isla de Cuba. Son 350 años, sin tener en cuenta la esclavitud en la Antigüedad y la Edad Media. Sin embargo, como explica Aurelia Martín Casares, en el siglo XIX en la Península la esclavitud era un fenómeno bastante marginal. “En 1817, un tratado firmado por Fernando VII con Gran Bretaña prohíbe el comercio de esclavos, pero respeta la esclavitud existente. En el siglo XIX tan solo pueden ser denominadas como auténticas sociedades esclavistas en el mundo occidental el sur de Estados Unidos, el área caribeña y Brasil (donde un tercio de la población eran esclavos en torno a 1860). Por supuesto en África subsahariana y en el mundo árabe sigue existiendo la esclavitud, incluso hasta bien entrado el siglo XX. En general, en la España del XVIII ya no había demanda. Se convierte en un servicio suntuario, de aristócratas y ricos, no se trata ya del patrón generalizado del XVI en que cualquiera podía comprar un esclavo o una esclava. En la España del siglo XIX no hubo un movimiento abolicionista de grandes dimensiones, no creo que su influencia marcara el final de la esclavitud, aunque algo contribuyó. No obstante, sí había una sociedad abolicionista, revistas abolicionistas… El abolicionismo estuvo ligado al sufragismo y la lucha por el voto de las mujeres”.

El profesor de la Universidad Autónoma y coordinador del Equipo Madrid de Investigaciones Históricas, José Miguel López, autor de La esclavitud a finales del antiguo régimen (Alianza), subraya que ese olvido está presente “en las calles y en las instituciones” porque no se ha hecho un trabajo de borrado sistemático de personajes que hicieron su fortuna con la esclavitud. “Vivimos una desmemoria completa: Carlos III tuvo 20.000 esclavos”, prosigue este investigador que ha querido buscar “la historia de gente sin historia”, como el último esclavo censado en Madrid, en 1830, que trabajaba para una cervecería. Aunque la esclavitud acaba en España en 1837, el proyecto de ley nunca llegó a aprobarse y muchos investigadores sospechan que hubo esclavos hasta mucho más tarde, solo que escondidos como criados o traídos ilegalmente. Incluso, López sostiene que esa misma práctica —camuflar esclavos como sirvientes— se mantuvo hasta el siglo XX en el Sáhara Occidental.

Precisamente ese enorme olvido colectivo es lo que llevó a Álvaro Begines a rodar su película, en la que mezcla la recreación de historias relacionadas con la esclavitud y la trata con entrevistas a diferentes expertos. “Estaba leyendo un ensayo y señalaba que en el siglo XVI había muchos esclavos en Sevilla, que Lope de Vega sostenía que la ciudad era como un ajedrez: uno blanco y uno negro. Nunca me había planteado que hubiese tantos, empecé a estudiar y me di cuenta de que existían muchos estudios de historiadores. Es entonces cuando me planteé dirigir un documental que abriese los ojos sobre esa realidad. Muchos potentados se enriquecieron con la esclavitud. También el clero y la nobleza”.

Una de las historias que cuenta Cachita es la de Cándida la Negra, una antigua esclava que vivió en El Puerto de Santa María (Cádiz) hasta mediados del siglo XX —falleció en 1951— y que demuestra hasta qué punto la esclavitud alcanza la historia de España más reciente. El historiador Manuel Pacheco la conoció a finales de los cuarenta, cuando ya era una anciana, y le dedicó un artícu­lo de investigación titulado Una cara de la esclavitud: la apasionante historia de ‘Cándida la negra’. Joaquín García de Romeu publicó en 2018 una novela sobre ella, La última negra.

Llegó en un cargamento de mujeres de Cuba, seguramente fletado por Antonio López, marqués de Comillas. Se trataba de hijas huérfanas de esclavas que eran exportadas a la Península “para satisfacer los deseos más oscuros” de sus compradores, explica el filme. El barco naufragó en la costa y ella salvó la vida, fue rescatada por un campesino y luego se emparejó con un gitano con el que no tuvo descendencia. Todo esto ocurre en la segunda parte del siglo XIX, cuando la trata ya era ilegal en la Península. La historia de Cándida la negra refleja la cercanía de la esclavitud, pero también las dificultades a las que se enfrentan los investigadores, porque una parte importante de la trata se hizo de forma clandestina, como ocurría con la llegada de barcos esclavistas a Cuba.

La recuperación de la memoria también puede ofrecer sorpresas desagradables: en febrero de 2018 el Tesoro del Reino Unido publicó, con el escándalo consiguiente, que cuando se abolió la esclavitud en 1833 pagó indemnizaciones a los dueños de esclavos (básicamente compró su libertad a sus dueños). No terminó de pagar a los esclavistas hasta 2015, de tal forma que los descendientes de esclavos estuvieron pagando indemnizaciones con sus impuestos a los que esclavizaron a sus padres, que no recibieron ningún tipo de compensación por sus sufrimientos. La memoria nunca es fácil. Tal vez por eso sea tan importante. Como escribe Santiago Auserón en el capítulo El canto esclavo de su ensayo: “La presencia de la negritud y su influjo musical en el Viejo Continente pertenece a una clase especial de sucesos que en la historia de España se han visto abocados a hundirse en el olvido, de suerte que nuestra memoria colectiva está como artificialmente labrada por algunos vacíos significativos”. Fuente: El País. https://elpais.com/babelia/2021-10-23/la-memoria-borrada-de-la-esclavitud-en-espana.html

_- Endogamia: la pandemia de la Universidad española

_- Por Susana Vega González | 19/10/2021 | Conocimiento Libre

Fuentes: huffingtonpost.es
No son pocos los casos de candidatos que se quedaron fuera de un proceso selectivo porque la plaza ya estaba pre-adjudicada a un favorito.

Imaginemos que una universidad española rechaza a un candidato en un concurso u oposición por el mero hecho de ser mujer. Ahora imaginemos que el rechazo es motivado por su orientación sexual. ¿Qué ocurriría? ¿Qué repercusión tendría ese hecho? Con toda seguridad se produciría una clamorosa condena y reivindicación desde diversos ámbitos: político, social, gubernamental, sindical, etc. La repercusión y reprobación global sería enorme.

Imaginemos ahora que una universidad española rechaza a un candidato por el mero hecho de no ser amigo o discípulo o pariente de determinada persona. Es decir, el rechazo no se produce en este caso ni por género ni por orientación sexual del candidato sino por sus contactos y amistades o relaciones. ¿Qué ocurriría? ¿Habría la misma condena y reivindicaciones? ¿Tendría la misma repercusión que los supuestos anteriores?

Según el diccionario de la Real Academia Española, la “actitud social de rechazo a la incorporación de miembros ajenos al propio grupo o institución” se denomina “endogamia”. Y este es uno de los mayores males de la universidad española en general. No son pocos los casos de candidatos que se quedaron fuera de un proceso selectivo para plazas de docente-investigador universitario porque la plaza ya estaba pre-adjudicada a un candidato favorito, y favorecido por lazos de amistad o parentesco o similares. Y no son pocos los casos aparecidos en prensa y otros medios. Cuando esto ocurre, los principios constitucionales de igualdad, mérito y capacidad en el acceso al empleo público—así como el derecho a un evaluador imparcial― quedan arrinconados y se elige al candidato no por ser el mejor sino por ser el más amigo o el más pariente, aunque haya otros candidatos mejores. 

Este fenómeno discurre por muchas de nuestras universidades sin que haya un clamor social, ni sindical, sin que se ponga el grito en el cielo por parte de las autoridades universitarias ni desde el ámbito político ni gubernamental. Hay una especie de normalización de la endogamia (=rechazo) y una suerte de aceptación encubierta que hace que en casos de rechazo de este tipo, no se ponga el grito en el cielo sino que las víctimas han de gritar solas, sabiendo que muchas veces el suyo es un grito en el desierto.

La palabra clave es el “rechazo” que, en el caso de la endogamia, se implementa generalmente mediante mala praxis, amaños de plazas y un despliegue de recursos reprobables que aseguran la plaza a un determinado candidato. En ocasiones se ve cierta confusión respecto al concepto de endogamia. Que un doctor trabaje en la misma universidad donde se doctoró nada tiene que ver con endogamia, si ese doctor logró su plaza en juego limpio, transparente y respetando los dictados constitucionales. Solo faltaba que a un candidato que resulte ser el mejor y de mejor currículum se le rechazara por haberse doctorado en esa universidad. (Hacer tal cosa sería un error y de ningún modo evitaría los amaños de plazas, pues la picaresca en este sentido es bien conocida en algunos casos reales en nuestro país).

Las consecuencias del fenómeno endogámico son varias y van en diversas direcciones:

1) Al no contratar al mejor candidato sino al más amigo, la calidad docente e investigadora merma y se tiende no a la excelencia sino a la mediocridad.

2) Los estudiantes padecen esa menor calidad en sus docentes, que sería más elevada si se contrataran a los mejores candidatos.

3) El gasto de dinero público que se produce en batallas judiciales por parte de las universidades enrocadas en defender lo indefendible (cuando se producen irregularidades en la adjudicación de plazas), lo pagan los contribuyentes con sus impuestos.

4) La salud mental de los docentes e investigadores que son víctimas de este fenómeno es otra consecuencia, especialmente silenciada, de la que no se habla. Ansiedad, angustia, estrés, depresión y otras dolencias son padecidas en silencio por las víctimas, mientras la rueda de un sistema lastrado continúa.

¿Dónde está la ética y los valores?

Se habla mucho de un solo valor, el de la igualdad de género, y se implementan asignaturas con la coletilla “perspectiva de género” mientras se obvian totalmente otros valores fundamentales. Parece como si valores como la ética y la justicia no fueran importantes. Cultivemos la igualdad de género pero olvidémonos de la igualdad en el acceso al empleo público, olvidémonos de cultivar la ética, la justicia.

Este no es el camino. No lo es. Alguien concienciado en igualdad de género pero carente de ética, de principios, y del sentido de la justicia no es precisamente un ejemplo a seguir. ¿Se pueden cambiar las cosas en la universidad española en lo tocante a la endogamia y la mala praxis asociada? Por supuesto que sí. Pero falta voluntad, no solo por parte de la clase política sino por parte de las propias autoridades universitarias. Tal vez falta valentía para defender lo éticamente correcto. ¿Para cuándo materias con “perspectiva de ética”? Disertar desde tribunas universitarias sobre un solo valor y olvidarse del resto de valores, siendo en algunos casos consentidor, partícipe y cómplice de procesos endogámicos antagónicos a la excelencia académica y humana, es no ver el bosque. Es volar bajo, por el peso del lastre. Ese no es el camino. Ni ese es el espejo en el que deberían mirarse los jóvenes de nuestra sociedad. 

Fuente: https://www.huffingtonpost.es/entry/endogamia-la-pandemia-de-la-universidad_es_616945cde4b0931431fbf9e1?ujgc 

 * Susana Vega González es filóloga y profesora de la Universidad de Oviedo.

_- La caza de dos gerifaltes nazis en Dénia y Valencia centra una película y una novela

_- El filme ‘El sustituto’, de Óscar Aibar, y el libro ‘Los días rojos’, de Miguel Herráez, renuevan el interés por el uso de España como refugio de exdirigentes de la Alemania nacionalsocialista.

En los descansos del rodaje en Denia de la película El sustituto, su director, Óscar Aibar, solía acercarse a algún bar para tomar algo. En uno de ellos oyó a unos ancianos un comentario que no olvida: “Están haciendo una película sobre nuestros nazis”. “Decían nuestros nazis como el que dice nuestros tomates”, sonríe el cineasta catalán recordando la anécdota.

La idea de la película le surgió hace 15 años, cuando vio en un restaurante de Calpe una fotografía de los años 60 de unos nazis, vestidos con uniformes, comiendo una paella. Fue tal el shock que decidió crear una ficción con esa imagen.

Comenzó a indagar y así descubrió al personaje de Gerhard Bremer, antiguo SS que en 1955 emigró a Denia después de cumplir una condena de seis años de cárcel. Magnate del turismo, Bremer levantó los Bremer Park Bungalows, que fueron retiro dorado para otros nazis. Tal era su preminencia que no es difícil encontrar fotos suyas con personajes como Manuel Fraga. Una de ellas sale en la película que, producida por Pedro Pastor y Gerardo Herrero, se estrenará previsiblemente el 29 de octubre.

A partir de la figura de Bremer y de dos misiones fallidas para matar a nazis en España, el director de Platillos volantes (2003) o El gran Vázquez (2010) construyó con su coguionista María Luisa Calderón una trama ambientada en 1982 que ha hecho realidad con la complicidad de su trío protagonista, Ricardo Gómez y Pere Ponce, con quienes coincidió en Cuéntame, y Vicky Luengo (Antidisturbios).

Gómez es el sustituto de un agente muerto en extrañas circunstancias; Ponce, su Virgilio en un infierno que finge ser paraíso; y Luengo, una joven doctora que hace las veces de narradora. El joven policía irá descubriendo la terrible verdad que oculta una Denia donde parece que “nunca pasa nada”, como dice el personaje de Ponce; pero solo parece.

El plácido exilio nazi en tierras valencianas había sido documentado, por citar algunos ejemplos, en novelas como Lo que esconde tu nombre de Clara Sánchez (premio Nadal 2010) y su continuación Cuando llega la luz, o libros como Cita en Sarajevo, de Francesc Bayarri. En este último se detalla el asesinato del general croata nazi Maks Luburic, ocurrido en Carcaixent, donde residía el Carnicero de Jasenovac, un criminal de guerra a quien los propios nazis calificaban de “sádico” y “enfermo”.

Sin embargo, no son muchas las películas sobre el tema, excepción hecha de rara avis como Tras el cristal (Agustí Villaronga, 1987). En este sentido, Aibar es consciente de que se ha adentrado en tierras vírgenes para el cine español. “El motivo es porque fue silenciado, primero, por los servicios secretos del franquismo y, después, en democracia, porque hubo poco interés en mostrarlo”, se lamenta.

Las cosas, sin embargo, parecen que están cambiado algo en el mundo audiovisual español. Netflix acaba de estrenar la serie Jaguar, protagonizada por la actriz Blanca Suárez, en la que se recrean las andanzas del gerifalte nazi Otto Skorzeny, entre otros, en España. Este famoso coronel de las Waffen-SS y liberador de Mussolini ha suscitado un creciente interés en los últimos años, como demuestran el ensayo de Francisco José Rodríguez de Gaspar (Otto Skorzeny. El nazi más peligroso en la España de Franco, Almuzara) o el documental de Pedro de Echave García y Pablo Azorín Williams El hombre más peligroso de Europa, Otto Skorzeny en España. Casulamnet.

Ahora, una nueva voz ha dado una vuelta de tuerca más a este inquietante personaje: la del catedrático de Literatura Miguel Herráez con su última novela, Los días rojos (Piel de Zapa). En esta ficción Herráez fantasea con una hipotética visita del nazi Skorzeny a Valencia, una “palanca”, en sus palabras, “para hacer cristalizar todo el imaginario de los últimos años del franquismo”.

A diferencia de otras novelas suyas sobre el mismo periodo, las intenciones de Herráez han ido más allá del retrato memorístico para poner de manifiesto la complicidad entre nazismo y franquismo. Con una trama sencilla y realista, Los días rojos relata los desvelos de una célula comunista por captar una imagen de Skorzeny que le deben hacer llegar a unos cazanazis. La misión se verá complicada por una explosión en la Estación del Norte y un giro al final.

Herráez, como Aibar, aprovecha también la ficción para denunciar la anuencia con la que “el régimen de Franco, el Vaticano, la Argentina de Perón o la misma Alemania o Austria” trataron a los nazis tras la II Guerra Mundial. “Solo habría que recordar quién fue Kurt Waldheim y los cargos que ocupó [fue secretario general de la ONU], para determinar cómo la Guerra Fría generó una dinámica de bloques interesados en no mover la manta”, comenta.

Una manta que se tejió, y cómo, en España. “La fama de Josef Menguele volcó la imagen internacional y se extendió la idea de que los nazis vivían a sus anchas en Sudamérica”, dice Aibar. “Los niños del Brasil, Marathon Man… contribuyeron a ello. Pero aquí, en España, a apenas dos horas de avión de Alemania, había muchísimos”, explica. Para él la presencia nazi en España es una “historia triste” sobre la que queda pendiente una reflexión. “Muy contento” del rodaje en Denia (“filmar a 200 metros de donde ocurrió todo fue especial”), su película y la novela de Herráez vuelven a poner el foco sobre ella, sobre “nuestros nazis”.

https://elpais.com/espana/comunidad-valenciana/2021-09-25/la-caza-de-dos-gerifaltes-nazis-en-denia-y-valencia-centra-una-pelicula-y-una-novela.html

_- España no es Finlandia, pero puede sacar a sus estudiantes de la mediocridad

_- Por David Jiménez
Es escritor y periodista. Su libro más reciente es El director. NYT

MADRID — Parciales, finales, globales, orales, escritos, de recuperación, control, reválida… La escuela española ama los exámenes por encima de todas las cosas. Un estudiante pasa por cientos de pruebas antes de graduarse y enfrentarse —oh, sorpresa— a un nuevo examen. En la Evaluación para el Acceso a la Universidad (EvAU), un maratón de un par de días para acceder a la educación superior, un mal día puede truncar sueños profesionales y enviar al médico vocacional a estudiar periodismo. ¿Pasaste el corte? Estás de suerte: empiezan otros cuatro años de interminables exámenes.

La obsesión nacional por los exámenes es parte de un sistema educativo roto y anclado en el pasado. La octava ley educativa en cuatro décadas, que empieza a implementarse con el nuevo curso, no servirá para arreglarlo. La norma pretende restar rigidez y añadir innovación, pero le falta ambición y nace condenada por falta de consenso.

España no necesita más reformas, sino una revolución total del sistema educativo.

El modelo de evaluación de los estudiantes puede resultar anecdótico, pero es un buen lugar por donde empezar. Los exámenes actuales se han mostrado inútiles para dotar a los estudiantes de los conocimientos necesarios, prepararlos para un mercado laboral moderno o inculcarles la cultura del esfuerzo que reclaman padres y profesores. Se limitan a amargar la experiencia escolar, desmotivar a los estudiantes y envenenar su relación con los docentes, sometidos a una carga de trabajo que podrían emplear en promover la innovación, la creatividad o el pensamiento crítico.

Toda esa práctica examinadora no ha logrado evitar que los estudiantes suspendan masivamente unos tests que se han convertido en comida rápida de materias que se vomitan y olvidan, según la apta descripción de la doctora en Economía por la Universidad de Yale Caterina Calsamiglia. Detrás de esa fascinación por las notas hay una idea perniciosa: el empeño en decirle a un buen número de estudiantes que están fracasando, cuando son los responsables educativos los que llevan décadas haciéndolo.

España tiene el segundo mayor índice de abandono escolar de la Unión Europea, solo por detrás de Malta. El porcentaje de alumnos que repiten curso antes de los 15 años es alrededor de 25 puntos mayor que en el Reino Unido o Finlandia. Y, sin embargo, siguen siendo varias las voces que reclaman más dureza como solución a los problemas de la educación.

¿Qué tiene que pasar para que nos demos cuenta de que más exámenes, deberes y suspensos no hacen mejor un sistema educativo? No se trata de recordar a los estudiantes para qué no sirven, sino de buscar sus talentos individuales y potenciarlos.

La exigencia, la disciplina y el respeto a los profesores, desaparecido de las aulas, deben ser recuperadas en un entorno motivador. Los críticos con el sistema español llevan años apuntando a Finlandia como solución. Pero aun siendo el país nórdico un ejemplo de éxito, con una estrategia innovadora que va desde una evaluación personalizada al diseño de sus escuelas, no hace falta irse tan lejos para encontrar inspiración en la transformación educativa.

Portugal, sin apenas hacer ruido, ha renovado su modelo y dado la vuelta a los malos resultados que sus estudiantes solían lograr en los informes que comparan la educación de diferentes países, donde ahora destacan favorablemente. Los portugueses son una mejor guía, además, porque sus problemas eran parecidos a los nuestros hoy: un sistema de evaluación demasiado punitivo, un acercamiento homogéneo de la educación, un profesorado desmotivado —se invirtió en formación y se les dio más autonomía—, un currículo demasiado amplio y, para algunos, desactualizado…

La nueva ley aprobada por el gobierno español tiene carencias y sin duda es mejorable, pero da un vuelco hacia un aprendizaje menos memorístico y más ajustado a las necesidades actuales. El nuevo currículo busca sustituir una acumulación de datos fácilmente accesibles en internet por la capacidad de utilizar y analizar toda esa información de forma práctica. Ofrece más libertad a los centros para decidir su camino, añade una necesaria asignatura de Valores Cívicos y Éticos y establece nuevos métodos, muchas veces explicados de forma ambigua o aderezados con dosis de corrección política (como el caso de las matemáticas con “perspectiva de género”) que no aportan nada.

Las propuestas del gobierno han sido ridiculizadas, unas veces con razón y otras injustamente, por la oposición. Cualquier iniciativa educativa, desde hace años, se convierte inmediatamente en una pelea ideológica. Los partidos políticos, incapaces de llegar a un pacto, imponen su modelo nada más llegar al poder, generando discontinuidad y confusión en padres, alumnos y profesores. Pagan esa polarización los estudiantes, que asisten al interminable debate sobre si la religión debe contar para las notas, mientras se les hurtan conocimientos clave en nuevas tecnologías, debate público, inglés o capacidad de análisis del mundo en el que viven.

La Unión Europea considera que se necesitan doce años para que las medidas educativas empiecen a tener efecto. La disfuncionalidad de la política española, con un parlamento fragmentado en 16 partidos, sumado a que esos plazos no reportan inmediatos beneficios electorales a los partidos, desincentivan los acuerdos y retrasan los cambios. Y, sin embargo, no tenemos tiempo que perder. Cada retraso supone una nueva condena a la precariedad para otra generación de jóvenes españoles atrapados en un círculo vicioso de fracaso escolar, empleos inestables, casi siempre ligados a los servicios y el turismo, y falta de proyecto de futuro.

La revolución educativa no tiene por qué implicar la total erradicación de exámenes y tareas, que pueden servir para valorar el momento en el que se encuentran los alumnos. Pero pruebas como la que ahora da acceso a la universidad se han convertido en un obstáculo. Muchas escuelas abandonan novedosos y exitosos programas de aprendizaje utilizados en primaria para preparar a los alumnos para la EvAU, cuyo porcentaje de aprobados es erróneamente empleado para valorar los centros.

La supresión de este y otros muchos exámenes innecesarios sería un primer paso, pero insuficiente. Terminar con la mediocridad en la que están instalados los alumnos obligará a apoyar y formar continuamente a los profesores, renovar de forma más ambiciosa el currículo escolar, acabar con la cultura de la repetición de curso, erradicar la endogamia en institutos y universidades y liberar a los centros de corsés educativos que impiden la innovación.

El objetivo debe ser acabar con una cultura que se explica mejor con la anécdota que me relató un estudiante universitario de ingeniería. El profesor llegó un día con una sonrisa entre los labios y anunció satisfecho que solo uno de los alumnos había aprobado. ¿No se daba cuenta de que el que había fracasado era él? 

David Jiménez (@DavidJimenezTW) es escritor y periodista de España. Su libro más reciente es El director. 

https://www.nytimes.com/es/2021/08/26/espanol/opinion/prueba-acceso-universidad-espana.html

_- La BBC destaca lo que España ha mostrado al mundo con el coronavirus

_- La BBC británica ha dedicado en su versión en castellano un extenso reportaje a analizar el comportamiento del coronavirus en España y ha llegado a una conclusión clara a la que hace referencia en el propio titular: el ejemplo de este país muestra que el mundo necesitará nuevas cuarentenas.

En el artículo se subraya que uno de los principales desafíos científicos es descubrir qué tamaño tiene realmente la pandemia y asegura que España está haciendo “uno de los esfuerzos más robustos” para encontrar respuestas.

En este sentido, la BBC hace referencia al estudio de seroprevalencia del Ministerio, que muestra que únicamente un 5% de la población ha estado en contacto con la enfermedad.

Con esos datos, BBC Brasil ha contactado con diferentes expertos que han advertido de que las próximas oleadas de contagios y los nuevos periodos de cuarentena van a ser inevitables.

En el texto se destaca que, con un porcentaje tan pequeño de afectados, España vivió un auténtico caos en el que vio a su sistema de salud entrar en colapso, por lo que tuvo que adoptar uno de los confinamientos “más rígidos del mundo para contener la propagación del virus”.

“Teniendo en cuenta grandes poblaciones, como los casi 50 millones de habitantes en España, sin ninguna medida para contener el virus el número de infecciones aumenta mucho, y el 1% de las muertes significaría la muerte de mucha gente ”, asegura a la BBC Ana Freitas Ribeiro, del servicio de epidemiología del Instituto de Infectología Emílio Ribas, en Sao Paulo, Brasil.

El Pais.

_- Un estudio alerta de que España es el tercer país de la OCDE con más colegios gueto.

_- El informe, que analiza la situación de 64 países, 28 de ellos de la OCDE, pone de manifiesto que España es el que más segrega a los alumnos en centros según su renta familiar, por detrás de Turquía y Lituania

España es uno de los países europeos con mayor número de colegios gueto, situación que se da cuando el nivel de concentración de alumnado con bajos recursos socioeconómicos en un mismo centro supera el 50%. Es, por tanto, uno de los países que más divide a los estudiantes de primaria en diferentes centros educativos en función de su renta familiar, según un estudio pionero de la ONG Save the Children y el centro de estudios EsadeEcPol (dependiente de la escuela de negocios Esade), que analiza datos de 64 países. Esta segregación escolar genera que los alumnos más desaventajados se concentren en los mismos centros y vean reducidas sus posibilidades de relacionarse con niños de otros estratos sociales, lo que deriva en sociedades menos integradoras.

Los dos autores del estudio han analizado por primera vez los datos socioeconómicos del perfil de los alumnos que se desprenden del informe internacional TIMSS (Estudio de las Tendencias en Matemáticas y Ciencias, en sus siglas en inglés), que elabora desde 1995 y cada cuatro años la Asociación Internacional para la Evaluación del Rendimiento Educativo (IEA son sus siglas en inglés). El TIMSS mide las competencias en Matemáticas y Ciencias de los alumnos de 4º de primaria (niños de 10 años) de 64 países, 28 de ellos pertenecientes a la OCDE ―del total de 37 integran el organismo―. En esa comparativa internacional, uno de los apartados configura un índice socioeconómico construido a partir de tres componentes: el número de libros del hogar, la carencia de materiales escolares y el nivel educativo más elevado entre los dos progenitores del alumno. Con esas variables, se construye un índice para conocer el capital sociocultural y económico de las familias

Una vez analizados esos datos, los investigadores, Lucas Gortázar y Álvaro Ferrer, concluyen en el estudio, titulado Diversidad y libertad: reducir la segregación escolar respetando la capacidad de elección de centro, que España ocupa la tercera posición, por detrás de Turquía y Lituania, en segregación escolar en los colegios de primaria de los 64 países analizados ―de diferentes continentes y niveles de desarrollo, como Chile, Hungría, Alemania, Marruecos, Filipinas o Sudáfrica―.

El estudio se sustenta sobre un índice que mide la segregación del 0 al 1 donde la media de la OCDE se sitúa en 0,26. A la cabeza en desigualdad están Turquía (0,40), Lituania (0,34) y España (0,32), mientras que los que la presentan en menor medida son Finlandia (0,19), Dinamarca (0,20) y Japón (0,20). La Comunidad de Madrid es la única región de España que ofreció a TIMSS sus datos en abierto, y de ellos se desprende que en Primaria su índice de segregación es del 0,34, por encima del 0,32 de media de España.

En los últimos años, la Comisión Europea, el Comité de Derechos del Niño o la ONU han urgido a España a revisar y aprobar políticas que frenen la segregación escolar, que afecta al 46,8% de los centros educativos del país —9 de cada 10 son públicos—, según el estudio Magnitud de la segregación escolar por nivel socioeconómico, publicado en 2018 por dos investigadores de la Universidad Autónoma de Madrid. Estos analizaron los datos socioeconómicos de los estudiantes reflejados en el informe PISA 2014, que mide las competencias en Matemáticas, Ciencias y comprensión lectora de los alumnos de secundaria de 15 años de los países de la OCDE. Este nuevo estudio de Save the Children y EsadeEcPol analiza por primera vez en España la segregación de los alumnos de primaria.

Lucas Gortázar, coautor del informe, expone: “En el debate político se ha puesto sobre la mesa el derecho que tienen las familias a elegir el centro educativo que quieren para sus hijos, pero la situación de segregación escolar en España pone de manifiesto que son necesarias políticas que aseguren una matriculación equilibrada tanto en centros públicos como concertados”. Los investigadores analizaron también los datos del perfil socioeconómico de los alumnos de 15 años del informe PISA 2018 y extrajeron que la Comunidad de Madrid es la región que registra una mayor segregación en la ESO (0,41), mientras otras comunidades como La Rioja (0,21), Cantabria (0,22) Aragón (0,23) presentan los niveles más bajos, similares a los de Canadá (0,23), Irlanda (0,23) o Noruega (0,20). La media de segregación por motivos socioeconómicos en la ESO de España (0,29) está al mismo nivel que la media del resto de países de la OCDE (0,29).

Segregación escolar socioeconómica en primaria
El problema, señala Álvaro Ferrer, coautor del informe, son las “dinámicas de huida que se generan” cuando las familias de clase media deciden a qué centros, mayoritariamente públicos, no quieren llevar a sus hijos por la alta concentración de alumnos con pocos recursos o inmigrantes. “Es muy importante que por parte de la Administración se trabaje con las familias autóctonas en los prejuicios que tienen con la diversidad de perfiles en las aulas, cuando la evidencia científica muestra que los estudiantes con progenitores con estudios superiores no ven afectado su rendimiento académico”.

En los últimos años, señala el informe, organismos internacionales como la OCDE o la UNESCO han alertado de los riesgos sociales y económicos que puede generar una “segregación escolar excesiva”. El hecho de que exista un amplio número de centros con una elevada proporción de alumnado vulnerable puede elevar las tasas de abandono escolar temprano ―jóvenes entre 18 y 24 años que no continuaron sus estudios y obtuvieron, como mucho, el título de la ESO; España está a la cabeza con un 16%, frente al 10% de media de la UE―, aumentar el desgaste y la desafección de estudiantes y profesores, y repercutir en la cohesión social o el mercado de trabajo.

Segregación escolar por origen inmigrante en primaria
Xavier Bonal, catedrático de Sociología de la Universidad Autónoma de Barcelona, cree que los alumnos “construyen sus objetivos vitales muy influenciados por los de sus compañeros de aula, si el alumnado de entorno desfavorecido no está expuesto a otro tipo de aspiraciones, probablemente se estanque”. La falta de diversidad en las clases puede afectar a la capacidad de aprendizaje de ese alumnado, a la probabilidad de que obtengan un título, e incluso a sus ingresos en la vida adulta.

Según dos investigaciones recientes, una de ellas dirigida por Xavier Bonal, la segregación escolar no se produce mayoritariamente en zonas periféricas deprimidas, sino dentro de barrios con una composición social diversa. “Hay escuelas que a una distancia de 100 metros son radicalmente distintas, puede que una de ellas concentre al alumnado inmigrante y acabe convertida en un gueto; las políticas de la Administración han sido insuficientes para frenar este fenómeno”, indica Bonal.

Para Gortázar y Ferrer, las políticas “juegan un papel muy importante”, y ponen como ejemplo el llamado sistema de elección controlada acuñado por la OCDE y puesto en marcha en países como Bélgica, en el que la Administración da a las familias la opción de escoger colegio con ciertas limitaciones y con mecanismos para asegurar la integración, como porcentajes máximos por centro de alumnos desaventajados, incentivos económicos para las escuelas que admiten a un mayor número de estos estudiantes o la eliminación de las cuotas (empleadas en la concertada).

Pauline Musset, analista de la OCDE, explica sobre el sistema Pupil Premium, que otorga una cuantía extra a los centros británicos por cada estudiante que percibe beca de comedor: “Cuando se da una libertad total de elección, hay más desigualdad y mayor segregación. Los países que han mejorado su diversidad en las aulas, como Reino Unido, han puesto en marcha sistemas de financiación extra, han dotado a esos centros de un mayor número de profesores y han reducido las ratios. Esta medida hace que para los colegios sea más atractivo escolarizar a alumnos con menos capital”.

Otro caso de éxito es el de Flandes (Bélgica), donde se ha puesto en marcha el llamado sistema de doble lista, que supone reservar plazas en el proceso de matriculación para alumnos con rentas bajas y altas, de modo que se garantiza la mezcla. En esta región, en ningún caso las familias son obligadas a matricular a sus hijos en determinados centros; a través de campañas informativas se anima a las familias a romper sus esquemas. En España, Cataluña es la primera autonomía que ha aprobado un pacto contra la segregación escolar que obliga a las escuelas a reservar un porcentaje de plazas para alumnos con pocos recursos o dificultades de aprendizaje.

Aunque la nueva ley educativa, Lomloe, aprobada el pasado noviembre, es la primera normativa estatal que aborda el problema de la segregación e incluye un paquete de medidas para frenarla, la decisión final está en manos de las autonomías, que son las que diseñan los procesos de admisión. Los autores del informe hacen una serie de recomendaciones, como organizar visitas para que familias de clase media conozcan escuelas de alta complejidad, dar soporte a esos centros para que puedan comunicar su proyecto educativo a la comunidad, o animar a progenitores socialmente aventajados a que elijan en grupo uno de esos centros para equilibrar su composición.

Mejora de la escuela pública
A la hora de escoger un centro, señala el informe, la escuela concertada presenta en España algunas ventajas, como la jornada escolar partida o un servicio de comedor más amplio. En el caso de la Comunidad de Madrid, un 60% de los colegios públicos ya han implantado la jornada continua (las clases terminan a las dos de la tarde), mientras que en la red concertada solo lo han hecho un 3%. “Las familias”, señala Xavier Bonal, “necesitan tener a sus hijos más horas en la escuela, además de por una cuestión de conciliación, por asegurarse de que las horas de la tarde van a estar bien empleadas. Los profesores que son funcionarios han luchado por conseguir la jornada continua, ignorando las consecuencias sobre el aprendizaje, sobre todo, de los más desaventajados”.

Sobre el comedor escolar, un 71,6% de los colegios públicos en España tiene este servicio, frente al 82,2% de los concertados y privados. En secundaria, solo un 11,4% de los públicos lo ofrece, frente al 85% de los concertados y privados. Solo un 2,9% del alumnado de la ESO en centros públicos hizo uso de este servicio el curso pasado, frente al 24% de los estudiantes de la concertada y la privada, según datos del Ministerio de Educación.

https://elpais.com/educacion/2021-04-28/espana-lidera-la-creacion-de-colegios-gueto-por-detras-de-turquia-y-lituania.html

_- “Amenaza transnacional”, según las Naciones Unidas. Racismo y neonazis, flagelos mundiales crecientes.

_- Grupos ideológicos de extrema derecha con concepciones neonazis y supremacistas que se refuerzan en unos y otros países.

El racismo cada vez más anclado en instituciones, grupos de poder y en el funcionamiento cotidiano en diversas sociedades. Una radiografía que preocupa particularmente a las Naciones Unidas que acaba de iniciar la última semana de febrero y hasta el 23 de marzo, en Ginebra, la sesión 46 del Consejo de Derechos Humanos.

La pandemia refuerza los “ismos”
“Aprovechando la pandemia del coronavirus hay otra epidemia que se esparce rápidamente entre países y se incrusta en nuestras sociedades: la de los movimientos racistas, supremacistas y neonazis”, subrayó António Guterres, secretario general de la ONU, al inaugurar este evento.

Explicó que los grupos que promueven estas ideologías han aprovechado la aparición de la pandemia para aumentar su propio poder mediante la “polarización social y la manipulación política y cultural”. Afirmó, además, que representan la mayor amenaza a la seguridad interna en muchos países.

En algunos países también se da el caso de autoridades que han usado “políticas de mano dura” en cuestiones de seguridad y adoptado medidas de emergencia para “aplastar la disidencia, criminalizar las libertades básicas, silenciar la información independiente y restringir las actividades de las organizaciones no gubernamentales”. Es esencial “una acción mundial coordinada para acabar con este grave y creciente peligro”, enfatizó.

España en la mira
En paralelo, los últimos días de febrero, la Comisión Europea contra el Racismo y la Intolerancia (ECRI, en inglés), agencia dependiente del Consejo de Europa, criticó a España por no haber hecho nada con respecto a dos de las recomendaciones que le había presentado tres años atrás: el problema del abandono escolar entre los niños gitanos y la necesidad de crear un organismo independiente para la promoción de la igualdad ( https://rm.coe.int/fifth-report-on-spain-spanish-translation-/16808b56cb ) .

El periódico El País, de España, cuestionó recientemente la abstención ibérica relativa a dos resoluciones clave votadas en Naciones Unidas. En su análisis titulado Es el momento de actuar contra el racismo en España (https://elpais.com/planeta-futuro/2021-02-10/es-momento-de-actuar-contra-el-racismo-en-espana.html), dicho periódico se refiere primero a la resolución del 31 de diciembre pasado sobre la adopción de medidas concretas para la eliminación total de la discriminación racial, el racismo, la xenofobia y formas conexas de intolerancia.

España, junto con otros 43 países occidentales, se abstuvo. A pesar de dicha abstención y de varios votos en contra (entre otros, los de Estados Unidos, Canadá, Israel, Australia, Alemania, Francia, Reino Unido, Hungría y la República Checa) la propuesta contó con el apoyo de más de un centenar de países https://www.un.org/press/en/2020/ga12307.doc.htm).

El análisis de El País recuerda que, en 2019, España también se abstuvo al momento de votarse otra resolución significativa; en esa ocasión, contra la glorificación del nazismo y el neonazismo y otras formas políticas que contribuyen a exacerbar las formas contemporáneas de racismo. “Ambas abstenciones manifiestan una falta clara de voluntad política a la hora de abordar el racismo en nuestro país, que no podemos permitirnos”, subraya este análisis elaborado por Jesús Migallón y Sergio Barciela, ambos expertos en el tema de la migración.

“España está siendo apremiada para desarrollar un marco normativo que combata el racismo de forma decidida, en forma de una Ley Integral contra el racismo y la xenofobia”, sostienen. Y recuerdan que tanto el Consejo de Derechos Humanos como el Comité para la Eliminación de la Discriminación Racial –ambos de Naciones Unidas–, así como la Comisión Europea contra el Racismo y la Intolerancia, han incluido en varios de sus informes sobre el país ibérico la recomendación de aprobar esta ley.

Los analistas identifican una tendencia preocupante y en aumento: aunque la sociedad española se ha caracterizado por su tolerancia, su país está experimentando, en los últimos años, un auge de la xenofobia al calor de discursos de partidos populistas que agitan los fantasmas y miedos de la inseguridad ciudadana, el paro, o la pérdida de soberanía, igual que sucede en otros estados europeos.

La expresión española de estas fuerzas políticas de extrema derecha -con presencia parlamentarias en muchos de los países europeos- es VOX, fundada en 2013. Con casi el 15 % del electorado en los últimos comicios, estructurada en torno a un discurso antiinmigración y xenofóbico, resume su proyecto “en la defensa de España, de la familia y de la vida… Un movimiento de extrema necesidad que nace para poner a las instituciones al servicio de los españoles, en contraste con el actual modelo que pone a los españoles al servicio de los políticos”, declama.

Más violaciones que denuncias
El último informe del Consejo para la Eliminación de la Discriminación Racial o Étnica (CEDRE), adscrito a la secretaria española de Estado para la Igualdad y Contra la Violencia de Género, sirve como termómetro de la realidad española en cuestiones de segregación durante 2020.

Publicado a fines de enero del 2021, dicho documento (Percepción de la discriminación por origen racial o étnico por parte de sus potenciales víctimas en 2020) señala que, a la luz de «hechos documentados», el nivel de discriminación ha variado de forma sustancial con respecto al que se documentó en su informe anterior, en 2013. Los sectores donde los individuos experimentan la mayor discriminación debido a su origen étnico son el acceso a la vivienda (31%), los establecimientos o espacios abiertos al público (30%), y el ámbito laboral (26%). Las comunidades que se perciben como más discriminadas por el color de su piel u otros rasgos físicos proceden de África no mediterránea (82%) y del pueblo gitano (71%).

La discriminación por motivos religiosos, incluso indumentarias o vestimentas peculiares, ha aumentado considerablemente y se concentra especialmente en la comunidad magrebí (56%) y entre la población indo-pakistaní (45%). Según este informe, esto último podría deberse «a una creciente estigmatización de dichos grupos, asociados a conductas terroristas y a la islamofobia». Por otro lado, cabe destacar una creciente percepción de afrofobia, o racismo contra personas negras.

Uno de los datos más destacados del informe es la “infra” denuncia, ya que solamente el 18,2% de las personas que el último año han experimentado una situación discriminatoria ha presentado una queja, reclamación o denuncia. En cuanto a este porcentaje tan reducido, los motivos son varios: inutilidad de la utilidad de la misma (22%), minimización y/o justificación de la situación de discriminación (25%), desconocimiento de cómo hacerlo o por problemas de idioma (11%), o miedo a generarse problemas legales de residencia, documentación y regularización (10%).

El racismo “a la suiza”
Los electores helvéticos deberán decidir el 7 de marzo sobre una iniciativa que, de ser aceptada, impedirá llevar el rostro oculto en lugares públicos. Conocida como «la prohibición del burka», y promovida, fundamentalmente, por grupos de derecha y activistas conservadores, incluye también la prohibición del nicab, así como de otras formas no religiosas para ocultar los rasgos faciales. Paradójico en época de pandemia y del uso generalizado y obligatorio de los barbijos.

Los partidarios de la iniciativa argumentan que la prohibición de cubrir el rostro contribuye a prevenir ataques terroristas y otras formas de violencia. Al mismo tiempo, con un sesgo oportunista y para canalizar el apoyo de ciertos sectores feministas minoritarios, los promotores consideran la prohibición como una forma de promover la igualdad entre mujeres y hombres musulmanes.

Los miembros del comité que ha promovido esta iniciativa han señalado que el islam se está extendiendo en Europa y que supone una amenaza para la cultura cristiana. Una de las consignas más extendidas de la campaña se expresa en afiches murales con el eslogan “Frenar el extremismo”.

Los promotores de esta campaña anti burka, entre los cuales figuran las fuerzas más xenofóbicas del país, buscan definir la agenda política nacional con temas de sociedad de gran simbología, aunque de escaso significado cuantitativo. Diferentes estudios muestran que las mujeres que usan regularmente el burka en Suiza no llegan a medio centenar.

Los que empujan la iniciativa son el mismo sector que logró presentar en noviembre de 2009 otra iniciativa popular que logró el apoyo de la mayoría del electorado: la prohibición de construir minaretes –torres externas en las mezquitas musulmanas– en el territorio helvético. A pesar de que el sector que en Suiza se identifica con el islam apenas llega al 5% de la población, durante meses el debate público giró en torno a los riesgos que conlleva ese pensamiento, las *amenazas externas al sistema de valores occidentales y cristianos*, y la necesidad de reforzar la mano dura del Estado contra eventuales agresiones inspiradas en esa concepción.

Definiendo un debate sobre temas que no son esenciales ni prioritarios -como el del uso de burkas-, la derecha racista impacta notablemente hoy la agenda mediática nacional. Moviliza el instinto más conservador, aun de los sectores populares. Genera miedos de lo que es el contacto con lo extranjero y lo diferente. Y, sobre todo, desplaza el escenario político nacional hacia la derecha, marcando la cancha con reglas de juego cada día más retrógradas y represivas. Aguas tibias donde se bañan, cómodamente, neonazis, xenófobos y racistas.

José Andrés: "El hambre no se ve y está presente en tu ciudad”. El chef viaja a Madrid desde Estados Unidos para ver cómo funciona su ONG durante la pandemia. “No puede dejarse a la casualidad que una ong cubra al día miles de comidas”, afirma.

LA OPORTUNIDAD DE ESPAÑA DE SER “LA SUIZA DE LA HOSTELERÍA”
Entrevista al chef José Andrés que ha venido a España a visitar las cocinas de su ong world central kitchen madrid centro

Foto: Inma Flores
En las cocinas de World Kitchen Food han participado chefs a los que José Andrés admira. Sus negocios han estado parados, con los envíos a domicilio como única salida posible. De cara a la recuperación económica, el chef asturiano plantea la importancia de promocionar la gastronomía como baza turística. “El turismo es un motor importante en España. Si hay algún ministro que piense que hay que diversificar la industria que empiece hacerlo creando las medidas” para “atraer inversión nacional y extranjera”.

Lo ejemplifica con que hay “muy pocas campañas” que intenten atraer al turista de invierno. “¿Por qué no invertir en eso? ¿Por qué no nos podemos convertir en la nueva Suiza de la hostelería?”, se pregunta, y destaca el éxito “notable” de la Escuela de Hostelería en el País Vasco, en San Sebastián. “¿Por qué España no toma la iniciativa con ayuda pública y privada y crea cinco o seis escuelas más de hostelería si somos líderes en turismo? Si somos potencia turística en atraer, tenemos que serlo también en crear. ¿Por qué las mejores escuelas están todas en Suiza, EEUU o Alemania? Yo quise hacer una con un grupo de amigos en Sigüenza (Guadalajara), un sitio maravilloso y ahí se quedó. La de riqueza que hubiera traído a un lugar así”, dice. La ONG dice adiós a los chefs más notables pero seguirá en marcha: ha creado escuela para continuar la labor.

Karla Hoyos, en la cocina de Santa Eugenia de la ONG WCK de José Andrés.
La enviada especial de José Andrés para alimentar a familias vulnerables de Madrid
Comedor social en la parroquia San Ramón Nonato en Puente de Vallecas. Alvaro Garcia. 22/04/2020

Las colas del hambre y la pobreza inician su escalada en Madrid: “Cada día viene más gente nueva”.

No acabó el bachillerato. No hizo el examen final de la escuela de Barcelona porque estaba en la mili, trabajó en el Bulli, se fue a Estados Unidos con 50 dólares en el bolsillo y se quedó. Hoy es un líder indiscutible a nivel mundial con su ONG World Central Kitchen (WCK), fundada en 2010. Con ella entra en países azotados por una tragedia y coordina a cocineros y voluntarios para alimentar al mayor número de personas posibles. Solo durante la covid-19 han repartido en el mundo 15 millones de comidas.

El cocinero asturiano voló de Washington a Madrid el jueves sin billete de vuelta y anunció su visita solo a las personas de su confianza. “Quería planear las siguientes semanas y agradecer personalmente a los cientos de personas que se han volcado”, explica. Los voluntarios, distribuidos en 16 ciudades españolas y capitaneados por cocineros como su mano derecha Karla Hoyos, Pepa de El Qüenco de Pepa, Diego Guerrero, Carlos Tejedor, Iván Morales o Álvaro Castellanos, han elaborado casi dos millones de comidas desde el 27 de marzo: en algunos días llegaron a repartir 50.000 en toda España, 25.000 en Madrid. “Tenemos aquí a los Messi de la cocina. Habrá pocas emergencias en la historia que la comida sea más rica”, cuenta.

José Andrés camina con decisión por la Escuela de Hostelería Santa Eugenia, la mayor cocina solidaria que ha montado World Central Kitchen y los voluntarios, sin parar de trabajar, le dan las gracias. Muchos cuentan que no sabían cómo colaborar en estos días y que WCK les ofreció el canal para hacerlo. La actividad es frenética. Diego Guerrero carga con cajas, Karla Hoyos le echa un ojo al estofado y las comidas empaquetadas salen rumbo a Villaverde Alto, donde José Andrés se pondrá a repartir en un rato. “Para entender el problema de raíz hay que estar con la gente en la calle”, dice.
Pero esta pedazo de cocina, ¿cómo no estaba abierta?

JOSÉ ANDRÉS, A SU LLEGADA A LAS INSTALACIONES DE LA ESCUELA DE HOSTELERÍA DE SANTA EUGENIA

José Andrés camina por las estancias de la cocina y exclama: “Pero este pedazo de cocina, ¿cómo no estaba abierta y para qué la hicieron?”. Nadie contesta. “¿Me has visto a mí hacer una rueda de prensa para decir que voy a hacer un millón de comidas? No. ¿Cómo anunciaron que iban a hacer 50.000 diarias en un estadio? Karla, que es una tía curtida en mil batallas y que ha cocinado en playas desiertas sin nada, podría hacerlo”, admite.

Pregunta. ¿Cuándo moviliza a World Central Kitchen?
Respuesta. Nuestra misión es alimentar en tragedias en el momento donde la gente lo ha perdido todo y no hay nadie dispuesto a hacerlo. Cada vez llegamos a más gente porque tenemos más medios, pero se hace complicado porque a su vez también hay más huracanes, terremotos, tifones, incendios, etc. Hay muchos lugares donde ya había hambre y una pandemia como esta te muestra problema a corazón abierto.

P. ¿Y en España?
R. Me dijeron que 5.000 pequeñas cocinas sociales llevadas por diferentes grupos habían cerrado por falta de fondos, de voluntarios o porque les obligaron. Muchos compañeros míos desde sus restaurantes empezaron a cubrir las necesidades de lo que iban pudiendo. Daban cien comidas aquí, doscientas allá y veían que no era suficiente. Cuando hay un incendio en un barrio sabes que siempre va a haber un restaurante que abra sus puertas para dar de comer a los bomberos, a la gente que ha perdido la casa y a los que han ido a ayudar. Para eso no necesitas a WCK. Pero cuando las cosas se convierten en algo más grande, nos movemos como pez en el agua. No hacemos nada muy especial: somos una ONG fundada por cocineros, apoyada por cocineros, siempre hay cocinas en cualquier parte del mundo, sabemos donde hay comida y fuego, voluntarios y gente que nos ayude a distribuir. Cuando eso entra en un plan que trazas sobre la marcha es algo mágico. Nosotros solo decimos: dejarnos a nosotros que sabemos lo que hacemos. No tiene sentido que haya otro tipo de personas hablando de dar de comer cuando tienes a los mejores dispuestos a hacerlo.


Voluntarios de la ong preparando bocadillos en las cocinas de la Escuela de Hostelería de Santa Eugenia. Voluntarios de la ong preparando bocadillos en las cocinas de la Escuela de Hostelería de Santa Eugenia.INMA FLORES / EL PAIS

P. ¿Y cuándo abandonan un lugar?
R. En Madrid ya estamos empezando a hacerlo [este lunes regresa a Miami Karla Hoyos]. Pero no nos gusta irnos hasta que no apoyamos al crecimiento. En Puerto Rico dimos préstamos a fondo perdido a doscientas granjas de pequeños agricultores que se hubieran tenido que ir por haberlo perdido todo. En Haití montamos una escuela de hostelería para chicas, les buscamos puestos de trabajo y espero que sea el futuro del país con más turismo.

P. Y en España han presentado el Plan Nacional de Emergencia Alimentaria.
R. Sí. Para poner en marcha un sinfín de mecanismos y evitar el hambre. Porque el hambre es algo que no se ve y está presente en tus ciudades. Piensas que nunca te va a pasar hasta que te sucede. Hay que buscar formas para que todo el mundo pueda beneficiarse de la riqueza que genera una sociedad de consumo. En una tragedia como esta lo primero es reconocer que hay una crisis humanitaria. Yo estoy con los pies en los barrios y veo cómo la gente que vive al día se ha quedado de golpe sin empleo y no tiene ninguna forma de que nadie les ayude. Esa gente va a pasar hambre. Y como no queremos tener una ciudad llena de gente pidiendo, no porque haya que ocultarlos sino porque no es digno darle a las personas esa única salida, hemos hecho ese plan con ayudas y posibilidades que hay que adaptar a la realidad de España, a los partidos políticos con la visión que ellos tengan. Pero hay que tener un plan. No puede dejarse a la casualidad que una ONG como WCK venga a cubrir 50.000 comidas al día, más de dos millones en total. Los gobiernos están aquí para en momentos así cubrir estas necesidades. El hambre no debería ser de derechas ni de izquierdas, sino que debería ser algo que todo el mundo apoyara para que no existiera.

Para entender el problema de raíz hay que estar con la gente, en la calle”

P. ¿WCK tiene muchas donaciones españolas?
R. No me fijo mucho en eso pero España no es tan fácilmente caritativa. En América hemos tenido apoyos de Laurene Jobs, Jeff Bezos o Bloomberg, el alcalde de Nueva York. Lo bueno o lo malo es que lo hacemos igualmente porque como tengamos que esperar a tener dinero en el banco no habríamos hecho nada. A veces recibo la llamada de que estamos en números rojos pero la gente sigue con hambre y pienso que ya nos apañaremos. Y así vamos tirando. Pero América es más generosa. En España habría que hacer una ley que permita donar y tener algún beneficio con los impuestos. Al fin y al cabo, esto lo tiene que hacer alguien. Y así sería una manera indirecta de que lo hiciera el gobierno.

P. Acaba de llegar de Washington, ¿cómo ha vivido el ambiente en la calle?
R. La gente está enfadada pero ha sido muy pacifista. La noche es como las películas, donde hay grupos de individuos que han hecho destrozos. Si pones todas esas imágenes juntas, sí puede parecer el apocalipsis y el derrumbe de la democracia americana. Pero te puedo poner las mismas imágenes todas positivas. Ha habido destrucción pero no como para decir que los cimientos de América se están tambaleando. Hay mucha gente muy ofendida y la gente que te tiene que estar protegiendo te está matando. Yo entiendo que los policías en América viven bajo mucho miedo. No hay país en el mundo con más armas en la historia ni en el que muera más gente por arma. Yo ahora no quisiera ser policía en Estados Unidos porque nadie es Superman. Pero es verdad que por esa actitud casi probélica que tienen algunos, en parte por defensa en parte por ser malas personas si están viendo que estás en el suelo, esposado y con dos policías encima no tiene sentido que te maten porque tiene su rodilla en tu cuello durante nueve minutos. Eso hay que cambiarlo con empatía.

Todo se resume en una película de ‘La guerra de las galaxias’: está el bien, el mal y unos contra los otros. Necesitamos líderes que todos quieran ser Jedis

P. ¿Qué le pediría a Trump?
R. Lo mismo que todos. La salida que hizo de la Casa Blanca el otro día fue patética. Hay dos imágenes que para mí lo explican todo: la del presidente Obama en la marcha de Selma, cruzando el puente, sin prácticamente nadie de seguridad a su alrededor junto a miles de personas detrás y la de Trump saliendo solo, apoyado por dos líneas de policías y guardia militar armados hasta los dientes. Por dar la impresión de ser opresivo y militarista en vez de tener empatía para escuchar, sucede lo que está pasando en diferentes ciudades norteamericanas. Es un momento histórico, la tormenta perfecta para que de aquí salga algo. Esta no es la América que la gente quiere. Nunca ha habido más desunión y todo comienza por una persona. Trump no tiene la culpa de todo el racismo. Pero es el líder que lleva tres años sacando lo peor de América en vez de intentar apaciguar y acercar más a las personas. Cuando hay ese tipo de liderazgo vale más cambiar de país. Pero eso se lo digo a todo el mundo. Cuando tenemos líderes que van a insultar, denigrar y no buscar consenso hay que quitarlos del medio rápidamente porque lo único que van a lograr es llevar a nuestros hijos a guerras civiles. El pasado está lleno de ellas. Tenemos que exigir líderes que busquen el consenso y nos guíen a lo mejor de nosotros mismos. Cuando hay partidos políticos que solo lanzan discursos de unos contra otros hasta que se den, así no se puede crear un país. En temas raciales es lo mismo. Parece que todo se resume en una película de La guerra de las galaxias: está el bien, el mal y unos contra los otros. Y el que era malo resulta que tenía el corazón bueno. La vida es más compleja que todo esto pero necesitamos líderes que todos quieran ser Jedis. Y que entiendan que el que no es como tú también te puede enriquecer. Yo no pienso lo mismo ahora que cuando tenía 20 años. He ido escuchando, aprendiendo y encontrando un punto más pragmático en la vida.

Los cocineros de la ong WKF, este sábado en Santa Eugenia. Los cocineros de la ong WKF, este sábado en Santa Eugenia.INMA FLORES / EL PAIS

P. En su biografía de Twitter dice: “Si estás perdido, comparte un plato de comida con un extraño y te encontrarás”. ¿Cuándo fue la primera vez que lo descubrió?
R. No lo recuerdo. A mí me gusta ir a los restaurantes más high top y a las barriadas más pobres donde una señora cocinando con un carbón te ofrece un humilde plato de potaje con un poco de arroz. Ahí entablas conversación con gente con la que nunca hablas porque socialmente estamos muy fragmentados. Esos sitios me ponen en mi lugar. Creo que cuando hay esas grandes conferencias de “vamos a cambiar el mundo”, las hacen en los lugares equivocados. Esas personas que hablan de acabar con el hambre en el edifico de las Naciones Unidas, cuando hay un receso se van a comer a los restaurantes más lujosos de Manhattan. Hay tal desconexión entre el mensaje y la realidad, que es imposible que las palabras de estos líderes tengan efecto.

P. ¿Y se lo dice a ellos?
R. Y me responden que ellos también van a las barriadas. Pero sé que sólo acuden para hacerse la foto. Cuando los discursos los das en el lugar equivocado es imposible tener efecto. Ahora hablando contigo estoy perdiendo tiempo de estar en los barrios de Madrid. Lo que perdemos en los discursos se lo estamos quitando a los sitios donde hay que estar. Hay que estar en la calle, al pie del cañón. No puedes ser líder de despacho.

LA OPORTUNIDAD DE ESPAÑA DE SER “LA SUIZA DE LA HOSTELERÍA”
Entrevista al chef José Andrés que ha venido a España a visitar las cocinas de su ong world central kitchen madrid centro

Foto: Inma Flores
En las cocinas de World Central Kitchen Food han participado chefs a los que José Andrés admira. Sus negocios han estado parados, con los envíos a domicilio como única salida posible. De cara a la recuperación económica, el chef asturiano plantea la importancia de promocionar la gastronomía como baza turística. “El turismo es un motor importante en España. Si hay algún ministro que piense que hay que diversificar la industria que empiece hacerlo creando las medidas” para “atraer inversión nacional y extranjera”.

Lo ejemplifica con que hay “muy pocas campañas” que intenten atraer al turista de invierno. “¿Por qué no invertir en eso? ¿Por qué no nos podemos convertir en la nueva Suiza de la hostelería?”, se pregunta, y destaca el éxito “notable” de la Escuela de Hostelería en el País Vasco, en San Sebastián. “¿Por qué España no toma la iniciativa con ayuda pública y privada y crea cinco o seis escuelas más de hostelería si somos líderes en turismo? Si somos potencia turística en atraer, tenemos que serlo también en crear. ¿Por qué las mejores escuelas están todas en Suiza, EEUU o Alemania? Yo quise hacer una con un grupo de amigos en Sigüenza (Guadalajara), un sitio maravilloso y ahí se quedó. La de riqueza que hubiera traído a un lugar así”, dice. La ONG dice adiós a los chefs más notables pero seguirá en marcha: ha creado escuela para continuar la labor.

https://elpais.com/espana/madrid/2020-06-06/jose-andres-el-hambre-no-se-ve-y-esta-presente-en-tu-ciudad.html

_- Su suerte es nuestra suerte

_- Acabo de oír en televisión las emocionantes palabras del jefe de la oposición portuguesa Rui Rio, manifestando un apoyo cerrado e incondicional al gobierno de su país: “Señor primer ministro, cuente con la colaboración del PSD. Ayudaremos todo lo que nosotros podamos. Le deseo coraje, nervios de acero y mucha suerte. Porque su suerte es nuestra suerte”. Me he sentido orgulloso de la oposición que tiene la sociedad del país hermano. Porque es imprescindible la unidad para salir de esta crisis.

Y me he preguntado por los partidos de oposición de mi país. Con pena. Con rabia. Tanto el PP como Vox están mostrando una actitud desleal y miserable. (Ciudadanos parece haber aprendido las importantes lecciones que le ha dado la historia). Estoy avergonzado de la oposición que tenemos. “La peor crisis gestionada por el peor presidente de la historia de España”, dice el PP. “Que dimita este gobierno ilegítimo”, dice Vox. ¿Eso es ayuda? ¿Eso es lealtad? ¿Eso es unidad? ¿Eso es patriotismo? “Proponen firmar unos nuevos Pactos de la Moncloa porque quieren mantener a Pedro Sánchez en el poder”, dice el PP. Ante la propuesta de esos pactos de reconstrucción, Vox dice no acudirá a la cita y que llevará al gobierno a los tribunales por si hubiera existido “dejación de responsabilidades, imprudencia grave o, en su caso, delitos dolosos”, tal y como anunciaba este lunes, en rueda de prensa, el falangista eurodiputado y portavoz del partido, Jorge Buxadé. ¿Eso es colaboración? ¿Eso es solidaridad? ¿Eso es arrimar el hombro?

Se dice que las catástrofes unen a los pueblos. Pues eso no pasa en el nuestro. Si se puede destruir al gobierno que tiene que salvarnos del desastre, mejor. Si se puede cuestionar lo que hace, mejor que mejor. Y para ello, vale todo. Desde el insulto agresivo al bulo más falaz. “Su suerte es nuestra desgracia y su desgracia es nuestra suerte”, viene a decir la oposición.

Cómo no reconocer que el gobierno ha cometido errores. Cómo no aceptar que podría haber hecho las cosas antes o de otro modo, que podría haber informado más y mejor, que podría haber contado más con la oposición, que debería haber repartido material de protección con más celeridad y eficacia… Pero no se puede ignorar que la incertidumbre es total y que estamos inmersos en una crisis única, impredecible y devastadora.

No es negativa la crítica que ayuda, que estimula, que corrige, que orienta, que hace mejorar. Pero esta operación de acoso y derribo, esta descalificación irracional, persistente y mentirosa es repugnante e inadmisible.

He leído un excelente artículo de mi compatriota leonés Julio Llamazares, publicado en El País el día 3 de abril. Está cargado de una lúcida ironía.

“Lo que uno no se explica es que, viviendo en un país con más de 46 millones de expertos en pandemias, hayamos llegado a esta situación. En un país en el que todo el mundo sabía lo que se nos avecinaba con días y hasta semanas de antelación, no se comprende que nadie advirtiera a las autoridades sanitarias para que tomaran las medidas oportunas para protegernos. Que la autoridades sanitarias no tengan ni idea de virus no nos justifica al resto (carpinteros, fontaneros, escritores, periodistas, abogados, ingenieros de caminos…) no haberlas tomado por nuestra cuenta.

Tampoco se comprende bien que, sabiendo como sabemos lo que hay que hacer a cada momento, no solo ante una pandemia sino ante cualquier problema, elijamos siempre para que lo hagan por nosotros a los más ineptos.

Da igual cuál sea el gobierno; siempre es el más incapaz, el más impresentable y el más torpe. La oposición, en cambio, siempre está más preparada; lo que no se comprende bien es por qué no la elegimos para gobernar. Debe de ser que la población vota siempre lo contrario de lo que querría…”.

He visto horrorizado la sesión parlamentaria en la que se ha aprobado la prórroga del estado de alarma. Las intervenciones de la oposición (me refiero, sobre todo, al PP y a Vox) han sido nauseabundas. ¿No se dan cuenta de que ahora hay que remar en la misma dirección? ¿No piensan que es la hora de arrimar el hombro y no de poner zancadillas? ¿No se dan cuenta de que su posición es un escándalo para el mundo?

¿Cómo puede Vox votar en contra del estado de alarma? De 54 votos en contra, 52 pertenecen a Vox. ¿Qué quieren? ¿Qué salgamos todos a la calle? Ellos, que tanto y tan virulentamente atacan, ¿no habrían decretado el estado de alarma? ¿O es que lo único que les anima es decir no a cualquier propuesta del gobierno? Acaba de decir una portavoz de Vox que el gobierno, como es partidario de la eutanasia, la está aplicando a los ancianos de una forma feroz. Increíble acusación. Una afirmación que no muestra cómo es aquel al que acusan sino cómo es quien la formula.

Estoy harto de ver tantos bulos, tantos chistes, tanta mala baba contra el gobierno de mi país que, con sus errores, evitables unos e inevitables otros, está intentado sacarnos de esta crisis: Sánchez dimisión, dicen unos, cárcel para los ministros y el presidente del gobierno, dicen otros. ¡Cuánto odio, cuánto sectarismo en las actitudes y en las opiniones! ¡En estos momentos en los que tenemos el agua al cuello! Pero, ¿qué país es este?, ¿qué patria es la mía?

Si el presidente del gobierno español hubiese dicho sobre el coronavirus lo que afirmó el primer ministro británico Boris Johnson (o Bolsonaro, o Trump, o López Obrador o tantos otros…) la oposición le habría crucificado o habría tenido que exiliarse.

Cuando se dice que solo podemos salir de la crisis estando unidos, cuando se pide lealtad hacia las demás fuerzas políticas, cuando se dice que hay que remar en la misma dirección, la oposición suscribe todas esas frases, pero debe entender que la dirección la tiene que marcar la derecha. Hay un pequeño inconveniente: que la ciudadanía no dijo eso. La ciudadanía dijo en las urnas quién tenía que marcar la dirección. ¿Lo entenderán algún día? ¿Estaremos todavía a tiempo?

Para la oposición, el gobierno no hace nada bien y, si alguna cosa hace bien, la hace tarde. Y si la hace bien y a tiempo, la hace para su mayor gloria y no en beneficio de los ciudadanos y ciudadanas “A usted solo le interesa el poder, a nosotros los españoles”, dice Pablo Casado con un cinismo insoportable. Por eso el PP no se presentará a las próximas elecciones ya que no quiere el poder. Y por eso Sánchez toma decisiones y hace todo lo que hace para los africanos o para los chicos. Los españoles no le importan un bledo. Qué barbaridad. Estoy profundamente escandalizado del comportamiento de la oposición.

Se dice que, cuando esto acabe, habrá que pedir cuentas de cómo se han hecho las cosas. Claro que si. De cómo actuó el gobierno. Pero también habrá que pedir cuentas por la actitud que ha tenido la oposición. Para la oposición el juicio empezó el primer día. Y nunca cesa. Es la hora de la unidad, es la hora de la acción, no del juicio.

He dicho en otras ocasiones y lugares que no me gusta el nombre “la oposición”. Me gusta más “la alternativa”. Porque, cuando se habla de oposición, se puede pensar que el deber es oponerse, sea a lo que sea. Y no. Porque no hay que oponerse a lo que se hace bien. Si se hablase de alternativa, se tendría que hacer hincapié en cómo se habría hecho en el pasado o cómo se haría en el futuro (de forma distinta y mejor que la de quien gobierna). Y los electores sabrán, en la próxima ocasión, por quién deben decantarse.

https://mas.laopiniondemalaga.es/blog/eladarve/2020/04/18/su-suerte-es-nuestra-suerte/

Coronavirus: por qué Portugal tiene un número de fallecidos 32 veces menor que su vecino España (y el inusual papel de su clase política)

_- El peor problema de España es la derecha

_- No se escuchan críticas de Pablo Casado a Vox, salvo el lamento de que aún no estén integrados en su formación

El cónclave de Vox ha consagrado una candidatura única, un líder único, y un único discurso de la rabia: contra el Gobierno, al que ya califica de “criminal”, y contra las feministas, a las que reputa de “locas de odio”. Todo ello en un acto presidido por la censura, al que impide acceder —e insulta— a periodistas y periódicos. Amparándose torticeramente en que la naturaleza de un partido es en exclusiva privada. Cuando su función está constitucionalizada. Y legislada, y reglamentada, hasta el punto de que su cuenta de resultados positiva para 2019 se debió a que las subvenciones públicas recibidas ascendieron a casi 10 millones de euros.

El candidato crítico a quien se impidió concursar por el liderazgo, Carmelo González, anunció que acudiría a los tribunales, porque la dirección empleó “tácticas mafiosas”: incumplimiento de plazos; corrupción, al figurar una candidata del equipo de Santiago Abascal en el comité electoral; negación de informar a su candidatura; secreto sobre las cifras de votos previos; amenazas a quienes le apoyasen. Veremos qué dicen los jueces.

Siendo todo eso preocupante, no es lo más grave. Lo peor es que este partido tiene cautiva a la que debería ser la derecha democrática del país, el PP. No se escuchan críticas de Pablo Casado a estos sujetos, salvo el lamento de que aún no estén integrados en su formación.

Al contrario, Vox es el apoyo, el aliado en gobiernos y el hermano de sangre de la actual dirección del PP, según el diseño de Josemari Aznar: la contrafigura ultra de la canciller Merkel, que en vez de aliarse con Alternativa para Alemania, facilita en Turingia la investidura del líder de Die Linke, un partido con izquierdistas y prosoviéticos, lo que no oscurece su DNI democristiano. Alguna rencilla menor con Vox sirve solo para distraer la atención sobre su unidad de destino en lo universal.

De todos los problemas de España, el peor está en la derecha, porque evoluciona mal. Este país afronta un elenco de enredos viscosos, de difícil solución. Uno es el territorial, con la cuestión catalana a la cabeza: pero ha entrado en una fase, aunque confusa, de cierta desinflamación. Otro es el desempleo, que disminuye, aunque sea a menor velocidad. Y el tercero es todavía solo una gran amenaza, el coronavirus y su impacto económico eventualmente recesivo. El peor está en el tándem PP-Vox, Casado-Abascal, porque agrava esos asuntos. Y bloquea las instituciones, encona las divisiones, tensa a la sociedad.

XAVIER VIDAL-FOLCH

https://elpais.com/elpais/2020/03/08/opinion/1583695032_504010.html

Historia de la patata frita que cruzó la alfombra roja. Una patata de cine.

Las ventas de la marca coruñesa Bonilla a la Vista se han disparado en España tras el Oscar de 'Parásitos', pero los consumidores gourmet de Corea del Sur se disputan el producto desde 2016


SILVIA R. PONTEVEDRA Arteixo 27 FEB 2020 -

Hay una imagen que expresa el delirio que sembraron las patatas fritas Bonilla a la Vista cuando arribaron a Corea del Sur, en abril de 2016. Como en una escena de racionamiento en guerra, una hilera de mujeres hacen cola en la caja de los grandes almacenes Hyundai en Seúl, y cada una lleva dos latas de 500 gramos de la marca gallega de aperitivos. La fila avanza disciplinadamente con la esperanza de pagar por fin y llevarse el cotizado producto a casa. El primer barco cargado con esta mercancía acababa de llegar al país tras 42 días de navegación y el atraque había sido retransmitido por la tele. No había envases suficientes para satisfacer tanta expectación creada por los distribuidores coreanos que las habían descubierto en un viaje a España, así que el supermercado improvisó una norma: cada cliente podía llevarse dos latas. Solo dos. En un par de horas se agotaron. Cuando le tocó su turno, una señora con un niño en brazos hizo valer los derechos del menor. "Dos personas, cuatro latas", reivindicó aupando al pequeño.

La anécdota la cuenta con la energía de los tiempos en que repartía las patatas por los bares en su Guzzi roja el dueño de la fábrica. César Bonilla, de 87 años, hijo de Salvador Bonilla, que fundó la marca (de churros y patatas) meses antes de nacer el crío, en 1932, va dando saltos en su relato sin perder casi nunca el hilo. Habla de la primera churrería en Ferrol; del hotel que abrieron luego y fracasó; del día en plena postguerra en que tuvieron que marchar de su ciudad de origen "con una mano delante y otra detrás". De cómo empezaron de nuevo en A Coruña, donde ahora tienen seis churrerías; de las noches que pasaba solo cortando finas láminas de tubérculo; de las tortillas que a la mañana siguiente preparaba su madre con los extremos que no daban para hacer patatas fritas; del día en que un empresario le encargó 100.000 bolsas para la visita de Juan Pablo II en 1989 y luego le devolvió sin contemplaciones las 40.000 que no había vendido.

Bonilla relata con todo lujo de detalles cómo un día una emigrante enamorada de sus productos le pidió que le montase una churrería en Venezuela y allá se fue para instalarle unas máquinas. Habla también de las veces que ha rechazado convertir su marca en franquicia, porque "la calidad exige un control y esto se complica en la distancia" y de cómo un grupo de Corea del Sur quiso replicar allá la fórmula de las churrerías coruñesas. Lo deseaban con tanto ahínco que "ya tenían elegido un local", pero el gallego se mantuvo firme y ese barco jamás zarpó.



Una trabajadora de Bonilla a la Vista empaqueta latas de patatas en la factoría de Arteixo (A Coruña). Ó.C.

Hoy, este amante del mar (excampeón de pesca submarina que ha tenido varios veleros y ahora navega en barco a motor) sigue capitaneando la nave industrial que fundó en Arteixo (A Coruña) en 1988, sin la bendición de su padre, para retomar la fabricación de patatas que este había abandonado tres décadas antes porque prefería centrarse en el chocolate con churros. Allí, César Bonilla recibe excursiones escolares y últimamente decenas de reporteros que han picado el cebo de una publicidad no buscada. Hoy le ha visitado incluso un equipo que quiere rodar un documental.

En la madrugada de los Oscar, el turno que entra a las cuatro para producir 23.000 churros para la hostelería ya estaba friendo la masa cuando supo que la triunfadora había sido la coreana 'Parásitos'. En la película, como glamuroso aperitivo de una familia adinerada, se ve la inconfundible lata blanca de patatas con el velero azul sobre un mar ondulado y la tipografía de la marca. "Bonilla a la vista" era la proclama que repetía Salvador, cabo de maniobras en el puerto de Ferrol, cuando desde el barco, en la noche, le preguntaban "¿quién va?". Lo de envasar en lata fue, sin embargo, un empeño del hijo cuando montó la fábrica, porque así (aunque en formato cuadrado y retornable) las transportaba de joven a los bares para que no se rompieran con el traqueteo de la moto.

https://elpais.com/economia/2020/02/26/actualidad/1582747058_120007.html

Declaración del Relator Especial de las Naciones Unidas sobre la extrema pobreza y los derechos humanos, Philip Alston. "España está prosperando económicamente, aunque la mitad de su población no".

Conclusión de su visita oficial a España, 27 de enero – 7 de febrero de 2020

I. Introducción

España está prosperando económicamente, aunque la mitad de su población, no. La cuarta economía más grande de la Unión Europea ha experimentado un crecimiento constante del PIB desde la crisis económica, el paro está disminuyendo, los salarios medios están aumentando y las exportaciones también están en auge.1 Pero casi la mitad de los españoles considera el desempleo y la inseguridad económica como sus principales preocupaciones.2 Durante mi visita de casi dos semanas a España, quedó muy claro que la recuperación después de la recesión, que tan positiva ha sido para algunos, ha dejado atrás a muchas personas, y que se ha hecho muy poco por la mayoría de los miembros de ese enorme grupo.

España finalmente tiene un nuevo gobierno; uno que exhibe grandes esperanzas y ambiciones impresionantes, especialmente en el ámbito social. Pero este gobierno se enfrenta a enormes desafíos. El país tiene un alto nivel de paro, un desempleo juvenil crónico, una crisis de vivienda de proporciones inquietantes, una profunda pobreza generalizada, disposiciones de protección social en gran medida inadecuadas, un sistema educativo segregado y cada vez más anacrónico, políticas fiscales que brindan muchos más beneficios a los ricos que a los pobres, y una mentalidad burocrática profundamente arraigada en muchas partes del gobierno que valora los procedimientos formalistas por encima del bienestar de las personas.

Si los planes estratégicos, los programas de acción y los informes voluminosos pero ilegibles pudieran resolver la pobreza, España estaría en la cresta de la ola. Pero sin un compromiso significativo con la defensa de los derechos sociales de las personas a la vivienda, la educación y a un nivel de vida adecuado, estos grandes planes seguirán siendo tan ineficaces como lo han sido durante la última década. España necesita un liderazgo innovador a nivel nacional, respaldado por los recursos necesarios para alentar a las comunidades autónomas a apoyar reformas de gran alcance. La pobreza es en última instancia una opción política y los gobiernos pueden, si lo desean, optar por superarla.

Este informe se centra en las cuestiones clave que requieren atención urgente. Entre estas cuestiones cabe destacar: adoptar medidas integrales y creativas para aliviar la crisis inmobiliaria; reestablecer condiciones decentes de trabajo, especialmente para trabajos mal pagados; diseñar un sistema nacional de ingresos mínimos que garantice un nivel de vida básico para todas las personas que necesitadas; implementar un programa de educación para la primera infancia para todos los niños y niñas de 0 a 3 años, y lanzar reformas fiscales de gran alcance para garantizar un fuerte impacto redistributivo, reducir el fraude y la evasión, y lograr la transparencia de los acuerdos fiscales de empresas.

II. El rostro de la España pobre

España es un país con una gran historia, un líder mundial en algunas áreas y un baluarte cultural. Pero hoy España debería mirarse de cerca en el espejo. Lo que verá no es lo que desearía la mayoría de españoles. La autoimagen de una sociedad familiar cercana enraizada en unos valores profundamente compartidos y una fuerte solidaridad social se ha visto gravemente fracturada por una crisis económica y la implementación de políticas neoliberales. Las redes de seguridad locales y familiares que habían sido históricamente importantes continúan beneficiando a las personas más acomodadas, pero se han visto seriamente socavadas para una gran parte de la población. Actualmente España se sitúa cerca de las últimas posiciones de la UE en demasiados indicadores sociales.

Las tasas de pobreza son alarmantemente altas. En 2018, el 26,1% de la población en España, y el 29,5% de los y las menores, se encontraban en riesgo de pobreza o exclusión social, una de las tasas más altas de Europa.3 Más del 55% experimentó algún grado de dificultad para llegar a fin de mes,4 y el 5,4% sufrió carencia material severa.5 La tasa de paro del 13,78% es más del doble de la que presenta la media de la UE y la situación de los y las jóvenes es particularmente angustiante con una tasa de paro del 30,51% entre menores de 25 años.6 Las cifras de empleo ocultan una de las tasas más altas de pobreza activa de la UE, donde muchas personas trabajan en empleos mal pagados, a tiempo parcial o temporales y ganan salarios lamentablemente inadecuados para cubrir las necesidades fundamentales.7 La desigualdad también es sorprendentemente alta, con indicadores muy por encima de los promedios de la UE.8

Detrás de estas cifras hay personas reales que experimentan graves dificultades. En Galicia, el País Vasco, Extremadura, Andalucía, Cataluña y Madrid me reuní con muchas personas que pasan apuros para salir adelante. Muchas perdieron todos sus ahorros durante la crisis y otras se encuentran en una situación en la que tienen que elegir entre poner comida sobre la mesa o calentar su casa. Demasiadas afrontan la posibilidad de ser desalojadas, incapaces de encontrar una vivienda asequible. Casi todas las personas que conocí buscaban ávidamente un trabajo decente. Hablé con una madre viuda en Andalucía que solo había podido encontrar 18 horas de trabajo a la semana, insuficiente para mantener a sus hijos; un hombre sin hogar en Bilbao que de niño sufrió abusos y a quien se le negó la asistencia social porque no pudo empadronarse; y una mujer en las afueras de Madrid que criaba a sus hijos en un área considerada peligrosa para la salud humana, rodeada por el olor de incineradoras de residuos cercanas y en una casa en riesgo de colapsar.

También visité lugares que sospecho que muchas personas en España no reconocerían como parte de su país: un barrio pobre con condiciones mucho peores que un campamento de refugiados, sin agua corriente, electricidad ni saneamiento, donde los trabajadores inmigrantes llevan años viviendo sin que su situación haya mejorado; vecindarios de pobreza concentrada donde las familias crían hijos con una grave escasez de servicios estatales, clínicas de salud, centros de empleo, seguridad, carreteras asfaltadas o incluso suministro eléctrico legal, o una escuela segregada en un barrio pobre con un cuerpo estudiantil 100% gitano y una tasa de abandono escolar del 75%. Me llamaron la atención la capacidad de resistencia y la compasión de las personas con las que me reuní. Todas mostraron una genuina generosidad al compartir conmigo experiencias a menudo muy personales para elaborar este informe.

La palabra que escuché más veces en las últimas dos semanas fue “abandonados”. Los personas menos favorecidas describieron sentirse abandonadas en una ciudad rural sin ningún tipo de transporte público para acudir a una consulta médica, sin dinero para pagar el transporte privado y sin saber con seguridad si acudiría una ambulancia en caso de una emergencia; abandonadas en un suburbio estigmatizado de bajos ingresos que la policía evita; abandonados ante personas propietarias sin escrúpulos, subidas desmesuradas de alquiler o viviendas públicas sin ningún tipo de mantenimiento, y también abandonadas ante un sistema burocrático arbitrario que de repente niega o revoca ayudas vitales sin ofrecer explicación. El hilo conductor era siempre la ausencia de apoyo gubernamental para garantizar que las personas no experimenten innecesariamente los peores efectos de la pobreza, una situación que muchas enfrentan debido a fenómenos que escapan a su control, como la pérdida de empleo, la discriminación estructural o la enfermedad.

Muchas personas en España tienen motivos para sentirse abandonadas. Los beneficios de la recuperación económica han ido a parar en gran medida a las empresas y las personas más ricas, mientras que los servicios públicos y las garantías sociales que se vieron severamente restringidas después de 2008 no se han restaurado en numerosos aspectos. El aumento de los ingresos ha acabado principalmente en las manos de quienes ocupan el nivel más alto en la escala de distribución del ingreso. Entre 2007 y 2017, las rentas del 1% más rico crecieron un 24%, mientras que el 90% más pobre experimentó un crecimiento por debajo de la media de 2%.9 Los beneficios de las empresas se han recuperado en gran medida desde la crisis, pero los ingresos tributarios en concepto de impuesto sobre sociedades disminuyeron a la mitad entre 2007 y 2019, del 22,3% de los ingresos fiscales totales al 11,9%.10 Antes de la crisis, España había sido relativamente inmune a la creciente desigualdad que azotaba a tantos otros países, pero desde 2010, la desigualdad se ha disparado.11 Con la desregulación y los fuertes recortes de impuestos sobre sociedades, no es sorprendente que a los ricos y a las empresas les haya ido tan bien.

En comparación, las instituciones formuladoras de políticas les han fallado en gran medida a las personas que viven en la pobreza. Está muy claro que los derechos sociales y económicos rara vez se toman en serio, incluso a pesar de ser invocados con frecuencia de manera abstracta. Las personas enfrentan costes de vivienda prohibitivos, la privatización de bloques de apartamentos y desalojos agresivos. Sin embargo, la vivienda social de bajo coste es casi inexistente a pesar del acuerdo generalizado sobre su necesidad. El sistema para brindar asistencia social está quebrado. Si bien debería desempeñar un papel importante en la reducción de la pobreza, es notablemente ineficaz: son las familias acaudaladas las que se benefician más de las transferencias de efectivo que las familias pobres.12 El sistema está fragmentado, es imposible de navegar y no llega a las personas desfavorecidas que más necesitan la ayuda. La capacidad de las transferencias monetarias existentes para reducir la pobreza se sitúa entre las más bajas de la UE.13 Como me dijeron muchas de las personas con las que hablé, este no es un sistema diseñado principalmente para maximizar la ayuda para las personas con dificultades económicas.

No soy el único que ha tomado nota de esto. La semana pasada, el Fondo Monetario Internacional –no precisamente un defensor notorio de la necesidad de un sistema de protección social adecuado— informó que los programas españoles de asistencia social no cumplen plenamente sus objetivos, que el gasto es bajo, que las brechas en la adecuación y la cobertura obstaculizan la reducción de la pobreza, que los obstáculos burocráticos disminuyen la captación y que los y las menores más vulnerables y los hogares de ingresos más bajos son los que menos asistencia social reciben.14 Esta es solo la última de una serie de conclusiones similares por parte de actores nacionales y externos como la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF),15 la OCDE,16 y la Comisión Europea.17

Muchos de los políticos y funcionarios con los que me reuní estuvieron de acuerdo en que existen profundos problemas estructurales. Muchos reconocieron que la pobreza y la precariedad están integradas en el sistema. Pero aunque el nuevo gobierno de coalición está comprometido con llevar a cabo una reforma de gran alcance y algunos asesores políticos de alto rango me hablaron en estos términos, en demasiadas instituciones parecían contentarse con culpar a “otras” partes del sistema. Algunos funcionarios afirmaron, aunque sin brindar evidencias materiales, que la pobreza no es tan elevada como muestran las estadísticas porque el coste de vida es más bajo en algunas comunidades autónomas. Los aumentos recientes en los subsidios familiares, las asignaciones por hijo y el salario mínimo son importantes primeros pasos, pero están lejos de ser adecuados teniendo en cuenta las dimensiones de las dificultades que atraviesa el país. Existe un consenso notable sobre el alcance del daño causado por las políticas existentes de vivienda y protección social y sobre lo que se debería hacer, pero hasta ahora ha habido muy poca acción.

Me impresionó el increíble trabajo realizado por el tercer sector, que es uno de los más vibrantes con los que me he encontrado. Me reuní con muchos trabajadores y trabajadoras y personas voluntarias profundamente dedicadas a apoyar a las personas que buscan alcanzar la seguridad económica y niveles de vida adecuados. También aprendí mucho de la información que estos grupos compartieron conmigo antes y durante mi visita. Sin embargo, el gobierno tiene obligaciones directas con los derechos humanos que no pueden ser subcontratadas de facto, y tampoco puede abandonar sus propias responsabilidades a un mosaico de grupos del tercer sector con fondos insuficientes. Esto no puede reemplazar al Estado, ni puede ofrecer el apoyo integral y sistemático necesario para combatir la pobreza a escala y garantizar que las personas estén protegidas contra los peores efectos de esta pobreza.

Después de un período prolongado de inestabilidad y parálisis en la formulación de políticas, la formación de un nuevo gobierno presenta una oportunidad para el cambio. Con su acogida de los derechos sociales y la justicia fiscal, y su priorización de las condiciones de vida de las personas más vulnerables, aplaudimos el mensaje del gobierno, pero es necesario que sus acciones estén a la altura de ese discurso. Si se tomasen medidas concertadas y efectivas sobre los problemas identificados a continuación, saldrían beneficiados no solo los grupos más vulnerables sino España en su conjunto. Tomarse en serio la eliminación de la pobreza facilitará la movilidad laboral, generará más ingresos tributarios para ayudar a abordar la deuda a mediano y largo plazo, mejorará la eficiencia del gasto existente y establecerá el rumbo para un crecimiento futuro inclusivo.

III. Desafíos clave

Si el nuevo gobierno tiene intención de cumplir su promesa de hacer de España un líder en derechos sociales en Europa, deberá abordar los siguientes problemas fundamentales.

A. Protección social

Asistencia social

La asistencia social en España no cumple con su función de combatir la pobreza. El efecto de las transferencias sociales en la reducción de la pobreza es el sexto más bajo de los países informantes de la UE. 18 En 2014, el 10% o menos de las transferencias fueron a parar al 20% de los hogares más pobres, la mitad de lo que hubieran recibido si las transferencias se hubieran distribuido por igual entre los hogares.19 Según Cáritas, la mayoría de los 1,8 millones de personas que vivían en la pobreza extrema en España en 2018 no utilizaron mecanismos de protección social.20 Entre las personas adultas pobres que viven en hogares donde todos están desempleados, la proporción de quienes recibieron prestaciones sociales se encontraba entre los más bajos de la UE en 2016, más de 15 puntos por debajo de la media de la UE.21

Cuando el apoyo llega a las personas, la cantidad puede ser extremadamente escasa, como es el caso de la prestación nacional por cada hijo o hija, que es de solo 341 euros por año para familias de bajos ingresos y de 588 euros para las que viven en la extrema pobreza.22 En realidad, esto es menos que lo que les aportaría una desgravación tributaria por hijo disponible exclusivamente para familias de ingresos medios altos y altos con obligaciones fiscales.23 Del mismo modo, para aquellos que no recibirán una pensión completa, el monto básico para una pensión no contributiva es de solo 392 euros al mes.

La calidad de la protección social en España está a nivel de los recursos que se le asignan. Comparativamente, gasta muy poco y los resultados lo demuestran. En 2017, gastó el 16,6% del PIB en protección social, muy por debajo de la media de 18,8% de la UE.24 El gasto per cápita fue de 5.426,73 euros en 2017, en comparación con los 7.651,89 euros en la UE en 2016, aproximadamente un 40% más.25 El desembolso de España fue significativamente menor que el de otros países de la UE, incluso en discapacidad (1,6% del PIB en comparación con una media del 2%), prestaciones familiares (1,2% del PIB en comparación con el 2,3%), y vivienda y otras exclusiones sociales (0,3% del PIB en comparación con el 1,1%).26

La burocratización del sistema de asistencia social es una de las principales causas de exclusión y los requisitos excesivos de presentación de documentos actúan como obstáculos a las ayudas. Conocí a una mujer en Sevilla que había huido de un marido abusivo pero que no podía acceder a la vivienda social porque todavía no tenía documentos oficiales de divorcio, y a otra en Madrid que me contó que le habían dicho a su hijo que necesitaba proporcionar un documento oficial que “probara” que él no se dedicaba al trabajo informal. En muchos municipios, el empadronamiento es la clave para acceder a los servicios sociales. Sin embargo, los requisitos son completamente inadecuados para las personas que viven en la pobreza, las personas sin hogar o en viviendas temporales, o las personas que no pueden cumplir los requisitos de las solicitudes de documentos muy específicas.

La estructura descentralizada de gran parte de la asistencia social no contributiva de España, sumada a la ausencia de cualquier estándar nacional sobre qué asistencia mínima debe ofrecerse, ha llevado a que existan grandes diferencias entre las comunidades autónomas. Esto es especialmente cierto para la última capa de la red de seguridad social, que está específicamente destinada a prevenir la pobreza y ayudar a las personas de bajos ingresos sin acceso a otras prestaciones: los sistemas de renta mínima de inserción de las comunidades autónomas. Si bien algunos de los sistemas claramente ayudan a las personas a evitar la pobreza, en ciertas comunidades autónomas son fracasos abyectos. Las cantidades de las ayudas son bajas, los períodos de espera pueden extenderse a muchos meses, los requisitos punitivos de residencia pueden impedir el acceso a nuevos residentes hasta durante tres años y excluir completamente a las personas sin hogar, los programas a menudo son incompatibles con los tipos de trabajo a corto plazo o a tiempo parcial que podrían ser las únicas opciones disponibles, las personas menores de 25 años generalmente no son elegibles y la carga de papeleo puede ser un obstáculo insuperable para muchos.27

Madrid podría verse como un laboratorio para los problemas que presentan los programas de renta mínima y pone en evidencia por qué pueden ser tan inefectivos como red de seguridad. Madrid tiene el segundo PIB más alto de España, una tasa de desempleo comparativamente baja y un coste de vida alto. Aunque su tasa de pobreza severa se más que duplicó en 10 años, del 3% en 2008 al 7,8% en 2017, 28 su sistema de renta mínima proporciona apenas unos miserables 400 euros al mes, el más escaso de todos estos programas en el país. Para ayudarme a entender por qué solo la percibía el 1,5% de la población,29 las personas con las que hablé en Madrid describieron cómo los numerosos requisitos de la prestación los excluyeron formalmente y de facto. Una mujer explicó que perdió la ayuda cuando aceptó un trabajo en período de prueba, pero se quedó sin hogar después de que no fue contratada permanentemente y su solicitud para reiniciar la prestación fue denegada.

La forma en que se ha administrado el programa en los últimos años lo ha hecho aún más irrelevante. La tasa de concesión de las solicitudes iniciales cayó drásticamente entre 2016 y 2018, del 50% al 23%,30 y el número de suspensiones y denegaciones aumentó más del doble.31 Si bien los representantes del gobierno de Madrid están de acuerdo en que la situación no es satisfactoria, un funcionario insistió en que las autoridades no son responsables y que la culpa es de los solicitantes por no cumplir con los requisitos del programa. Pero estos resultados tan terribles sugieren que el sistema está estructurado intencionalmente para excluir a las personas o está extremadamente mal diseñado.

Un programa nacional de renta mínima bien diseñado y adecuadamente financiado podría ser de gran ayuda para arreglar lo que está roto, pero debe evitar las deficiencias manifestadas en algunos de los sistemas de distintas comunidades autónomas. Debe tener al menos las siguientes características: portabilidad total independientemente de la comunidad autónoma; compatibilidad con el mercado laboral existente para que las personas no pierdan el acceso a la ayuda simplemente porque han aceptado un trabajo precario o temporal; un monto adecuado para garantizar que las personas no vivan en la pobreza y que se adapte al coste de vida; un enfoque individualizado y flexible a la administración que facilite el acceso al minimizar los onerosos requisitos de papeleo; disponibilidad para personas menores de 25 años; y la ausencia de condiciones excesivas vinculadas a la búsqueda de empleo que podrían burocratizar aún más el sistema y reducir la aceptación.

En caso de querer reducir significativamente las altas tasas de pobreza en España, no hay alternativa a un gasto público adicional importante para arreglar un sistema de asistencia social quebrado. Las deducciones fiscales no son sustitutos, ya que lógicamente solo benefician a las personas más ricas que pagan impuestos sobre la renta. Tampoco se puede confiar únicamente en el empleo. Las personas en situación de pobreza desean ávidamente trabajar, pero a menudo no pueden encontrar un empleo decente debido a la alta tasa de paro y la precariedad de los trabajos que existen.

Educación

La educación y la pobreza están estrechamente vinculadas. En España, en 2018 el 33,7% de las personas con educación primaria o inferior estaban en riesgo de pobreza o exclusión social, en comparación con solo un 12,6% de personas con educación superior.32 Sin embargo, la inversión pública absoluta en educación como porcentaje del PIB ha disminuido significativamente entre 2009 y 2017.33 Existen problemas reales con el coste y la calidad de la educación, así como con la segregación por estado socioeconómico y étnico.

España proporciona educación gratuita, pero esto no cubre el gasto de transporte, comida, libros y material escolar. Esos gastos, incurridos por las familias, aumentaron un 34% entre 2009 y 2016.34 Según un informe de Save the Children de 2019, el 32% de las familias enfrentan dificultades para pagar los gastos de educación35 y un informe de la Comisión Europea reveló que a partir de 2017, el 25,7% de los hogares con niños y niñas en riesgo de pobreza declararon tener grandes dificultades para pagar los gastos asociados a la educación reglada.36 Una madre me dijo: “El año pasado no pudimos pagar ni un solo libro de texto”.

España lidera la UE en abandono escolar, con una tasa de deserción temprana del 17,9% en educación y formación en 2018,37 a un coste estimado de entre 5,9 y 10,7% del PIB total.38 También registra la tasa de repetición de segundo curso más alta de la UE:39 los estudiantes con desventajas económicas son seis veces más propensos a repetir el año.40 Estas preocupantes cifras apuntan no solo a serios problemas de calidad del sistema educativo en general, sino también a una importante pérdida en el bienestar económico general del país.

Un alarmante 44% de los estudiantes y el 72% de los menores en situaciones vulnerables estudian en escuelas segregadas de facto que tienen una gran concentración de alumnado de entornos socioeconómicos pobres, gitanos e inmigrantes, así como con mayores necesidades de apoyo, lo que afecta al 46,8% del total de los centros educativos.41 La segregación escolar hace que aumente la repetición de curso así como el fracaso y el abandono escolar; disminuye las puntuaciones de las evaluaciones y afecta negativamente las expectativas de los y las estudiantes de cursar estudios universitarios.42 Visité una escuela en Andalucía, con un alumnado 100% gitano, donde el 75% de los estudiantes abandonan los estudios antes de completar la escuela secundaria y las familias reciben muy poco apoyo, a pesar de vivir en una de las zonas más pobres del país. Y en Extremadura, un funcionario me explicó que se trata de un viejo problema arraigado en la “planificación urbana”, pero no ofreció ningún plan de acción para abordarlo. Concentrar a los niños y las niñas de los entornos más pobres en las mismas escuelas no es una receta para el éxito educativo ni la superación de la pobreza.43

Atención sanitaria

Con razón, España está orgullosa de su excelente sistema de atención sanitaria, con una cobertura casi universal. Sin embargo, siguen existiendo brechas importantes para quienes más necesitan esta cobertura.

Algunas de las personas más desfavorecidas no tienen acceso a la atención médica. Según un estudio de EAPN de 2019, alrededor del 5% de las personas en hogares pobres que necesitaban asistencia sanitaria, el 25,5% de los que necesitaban asistencia bucodental y el 3% de los que necesitaban servicios de salud mental no pudieron recibir atención por razones económicas. El 6,9% no pudo acceder a los medicamentos recetados; entre las personas desempleadas este porcentaje era del 8,3%. La Encuesta Nacional de Salud indica que entre el 9 y el 10% de las personas en riesgo de pobreza no están involucradas en prácticas preventivas de salud.44 Y el crecimiento del empleo precario significa que no es posible tomarse un día libre debido a una enfermedad. “No me puedo permitir enfermar”, me dijo una persona.

En 2018, España derogó en gran medida el Real Decreto-ley 16/2012, que limitaba la cobertura sanitaria universal, excluyendo incluso a las personas inmigrantes. Sin embargo, el sistema actual excluye a algunas personas inmigrantes en sus primeros 90 días en España,45 y REDER documentó 4.755 casos de exclusión del sistema nacional de salud solo desde 2014.46 El Ministerio de Salud reconoció esta brecha, pero aparentemente no cuenta con ningún plan para abordarla.

También me preocupa la creciente privatización de elementos dentro del sistema de salud, lo que corre el riesgo de priorizar los beneficios sobre la provisión de servicios. El Ministerio de Salud sostuvo que esto se hizo solo en circunstancias excepcionales, por razones de eficiencia y necesidad y que la calidad de la atención no se vio afectada. Sin embargo, no pudieron proporcionarme estimaciones del grado de privatización del sistema ni estudios que evaluaran su impacto.

Comunidades Autónomas

Las comunidades autónomas asumen una responsabilidad significativa en la protección social, pero los recortes de fondos relacionados con los programas de austeridad afectaron significativamente su capacidad de invertir en estas áreas, tuvieron un impacto negativo en muchas personas y socavaron la capacidad de las comunidades para combatir la pobreza. Es escandaloso que Extremadura, la comunidad autónoma con la tasa AROPE más alta y el ingreso medio más bajo, recibiera una inversión menor del gobierno central en 2018 que en 2008 (3.002 millones de euros en 2018 en comparación con 3.180 millones de euros en 2008). Del mismo modo, Andalucía, la comunidad autónoma más poblada de España, con una tasa AROPE muy superior a la media, experimentó una caída en la financiación recibida de 19.099 millones en 2008 a 18.983 millones de euros en 2018.47 En 2018, el gasto social total de las comunidades autónomas, incluida la asistencia sanitaria, la educación y la protección social, seguía siendo un 3,4% más bajo que antes de la crisis, a pesar del aumento significativo de la demanda provocado por la crisis y sus secuelas.48

B. La vivienda

Las autoridades no pararon de repetir el estribillo de que la vivienda es uno de los primeros pasos para abordar la pobreza. Pero eso hace aún más impactante que se haya hecho tan poco para garantizar el derecho a la vivienda. Según la fundación FOESSA, el 24% de la población se enfrentó a la “exclusión de la vivienda” en 2018 y 4,6 millones de personas vivían en viviendas que no reúnen las condiciones adecuadas.49 La situación ha empeorado tanto que una organización con la que me reuní ha recurrido a celebrar más de 200 asambleas de vivienda en todo el país cada semana para compartir información y consejos colectivos sobre cómo navegar el laberinto de los desafíos de la vivienda.

Los precios de la vivienda siguen subiendo a tasas alarmantes. La asequibilidad del mercado de alquiler privado se encuentra entre las más bajas de la OCDE, con más del 38% de los inquilinos privados que pagan precios de mercado sobrecargados por los costes del alquiler.50 El Banco de España halló que el precio de la vivienda en alquiler se ha incrementado más del 50% entre 2013 y 2019,51 mientras que los salarios han perdido un 7,8% de su poder de compra en la última década.52 España también ha sido criticada por permitir que las empresas de capital privado e inversión compren viviendas asequibles y para personas de bajos ingresos e incrementen sustancialmente el alquiler, obligando a los inquilinos a abandonar sus hogares.53 Visité un bloque de viviendas en las afueras de Madrid donde los vecinos me contaron que, de la noche a la mañana, les habían duplicado el alquiler, como resultado de una decisión del Gobierno madrileño de vender vivienda social a gran escala al fondo Blackstone.

La subida de los precios de la vivienda se ha visto acompañada por tasas sorprendentes de desalojos: el número anual de desalojos aumentó de 16.097 en 2006 a 59.671 en 2018, con un total de 712.723 desalojos entre 2006 y el tercer trimestre de 2019.54 Sin embargo, se trata de una imagen incompleta que no tiene en cuenta los desalojos de ocupantes ilegales ni el número total de personas afectadas.

A pesar de la evidente necesidad, la vivienda de alquiler de bajo coste es casi inexistente en España. En 2018, solo el 2,7% de la población alquilaba viviendas por debajo del precio del mercado.55 Housing Europe estima que la vivienda social en España comprende el 2,5% del stock nacional de viviendas ocupadas, en comparación con el 30% en los Países Bajos, el 24% en Austria, el 17,6% en el Reino Unido y 16,8% en Francia.56 La construcción de viviendas nuevas públicas se ha desplomado: de 63.900 nuevas unidades construidas en 2008 a 2.737 en 2018.57 Mientras tanto, el último censo nacional de viviendas (2011) encontró 3,4 millones de viviendas vacías y Housing Europe calcula que había 3,8 millones de viviendas vacías en 2017.58

Las estadísticas sobre la falta de vivienda son extremadamente limitadas, pero se estima que había entre 27.500 y 33.000 personas sin hogar en 2015,59 y FOESSA estima que otros dos millones de personas corren el riesgo de quedarse sin hogar.60 Pero la respuesta política es confusa. Por ejemplo, en Extremadura, un funcionario me contó que “no tienen a personas sin hogar”. Las políticas preventivas son “prácticamente inexistentes”,61 y hablé con personas sin hogar que enfatizaron las serias dificultades que tenían para acceder a los servicios sociales sin una dirección permanente, lo que impide que aquellas personas que están en las situaciones más precarias obtengan el apoyo al que tienen derecho. En 2015, entre las personas sin hogar, el 19,8% no tenía tarjeta sanitaria, incluido un 32,7% de personas extranjeras.62 Las comunidades autónomas deberían corregir urgentemente esta situación, implementar un enfoque de Vivienda Primero y buscar estrategias preventivas que enfaticen la intervención y el apoyo antes de que la gente se vea abocada a la calle.

Además, en 2018, casi el 10% de la población de España no podía permitirse mantener su vivienda a una temperatura adecuada, y las personas se veían forzadas a elegir entre calentar sus hogares o alimentar a sus hijos e hijas. España debería ampliar el acceso a los subsidios para pagar los servicios públicos, y garantizar que no se corte el suministro a las familias vulnerables. La ley de Cataluña sobre la pobreza energética, resultado de la continua movilización en materia de vivienda, es un paso en la dirección correcta.

Después de que tantas personas en ciudades clave de España enfatizaran la gravedad de la crisis inmobiliaria y tras mis conversaciones con funcionarios del gobierno nacional, me preocupa que exista un profundo desajuste entre las necesidades y las respuestas políticas que se están contemplando. Nadie duda de que se requieren medidas urgentes. Un Plan Nacional de Vivienda 2018-21 incluye la construcción de 20.000 unidades de vivienda pública durante cuatro años,63 pero eso está muy lejos de cubrir las necesidades. Las nuevas leyes que aumentan la duración mínima de los contratos de alquiler y condonan la deuda de la vivienda en caso de ejecución hipotecaria o embargo son un paso en la dirección correcta, aunque esta última medida debería aplicarse retroactivamente. España debería tomar medidas enérgicas para aumentar sustancialmente la disponibilidad de viviendas de bajo coste, pero eso no aliviará la situación durante varios años. De manera similar, partiendo de numerosas experiencias en el pasado, la propuesta de dependencia significativa de las Asociaciones Público Privadas probablemente beneficiará a las clases medias, pero no a las más dramáticamente afectadas. Si bien en Barcelona se han adoptado controles sobre los alquileres, siguen siendo controvertidos a nivel nacional y los funcionarios con los que hablé no les dieron mucha importancia. Esto me parece un error. La experiencia en París, Berlín y un número creciente de ciudades en Estados Unidos indica que los sistemas de estabilización de los alquileres pueden funcionar bien, siempre que estén cuidadosamente diseñados para evitar la torpeza y la inflexibilidad de programas ideados hace décadas en circunstancias muy diferentes.64

El Gobierno también debería dar contenido sustancial al derecho a una vivienda digna. A pesar de su reconocimiento constitucional y las protestas a favor de este derecho, toda la información disponible me lleva a la conclusión de que actualmente el derecho a la vivienda está vacío de contenido y carece de importancia. Si bien no se puede hacer justiciable sin una enmienda constitucional, hay muchas maneras de tomar medidas administrativas para convertirlo en un concepto significativo en la configuración de las leyes y políticas de vivienda.

C. Política fiscal

Si España quiere realmente combatir la pobreza y está dispuesta a realizar inversiones muy necesarias en políticas de asistencia social, educación y vivienda, también deberá reformar sus políticas fiscales. Los ingresos que recauda en la actualidad son demasiado bajos para garantizar los derechos sociales y lograr un presupuesto equilibrado, el sistema es inadecuadamente progresista, y el fraude fiscal, la evasión y la elusión le cuestan al país potencialmente miles de millones al año.

Los ingresos fiscales de España son relativamente bajos. La relación impuestos/PIB fue del 35,4% en 2018, mucho más baja que la media del 40,3% de la UE y la del 41,7% de la zona euro, y especialmente baja en comparación con países similares como Italia (42,1%) y Francia (48,5).65

Los tipos de gravamen en el impuesto sobre sociedades se han reducido desde 2007, del 35 al 25%,66 y las empresas también se aprovechan de generosas deducciones y subsidios, por lo que en realidad terminan pagando mucho menos que el tipo nominal. El Ministerio de Hacienda no pudo proporcionarme una cifra del tipo efectivo real que están pagando las empresas, con el argumento de que las cifras están “protegidas”. Esta posición es insostenible dados los obvios intereses públicos involucrados, y aún más a la luz de la promesa del nuevo gobierno de elevar el tipo efectivo a un mínimo del 15%. Los ingresos por impuestos sobre sociedades han disminuido masivamente en los últimos años. Entre 2007 y 2018, los impuestos sobre sociedades cayeron como porcentaje de los ingresos totales de 22,34 a 11,9%, y de 44.823 millones de euros a 24.838 millones de euros.67 Si bien algunas de estas pérdidas se han visto compensadas por una dependencia cada vez mayor del Impuesto al Valor Agregado (IVA), entre 2007 y 2017 la recaudación fiscal total disminuyó en realidad unos 6.725 millones de euros.68

Además de no aumentar la recaudación necesaria para financiar la realización de los derechos sociales, el sistema tributario es inadecuadamente progresista y apenas comienza a aprovechar la capacidad de los impuestos para reducir la desigualdad, la cual se disparó después de la crisis. Entre 2007 y 2015, el coeficiente de Gini aumentó en 2,1 puntos, el S80/20 en 0,9 y el índice de Palma en 1,4.69 Sin embargo, el efecto redistributivo de los impuestos directos a los hogares es mucho más bajo que el promedio de la UE, reduciendo la relación S80 / S20 en un 8,6% en 2016, en comparación con el 12,4% en la UE.70 Los impuestos indirectos en realidad aumentaron la desigualdad en un 3,5%.71 España depende cada vez más del IVA, con un aumento del tipo del 16 al 21% entre 2009 y 2013, elevando el porcentaje de la recaudación total del 27,83% al 33,63%. 72 Esto es problemático, ya que el tributo es generalmente regresivo, y en España lo es aún más debido a una serie de deducciones que benefician a los más ricos, como en el caso de los hoteles. También hay comunidades autónomas en España donde el impuesto a la herencia es extremadamente bajo, y los hijos y los cónyuges pueden heredar hasta un millón de euros libres de impuestos.73

El fraude fiscal es un problema importante en España que priva al Estado de recursos. Un estudio reciente del FMI estimó que el tamaño de la economía sumergida en España es del 20,3% del PIB, incluso más que en 2007. Se estima que la economía sumergida reduce los ingresos fiscales hasta en 70.000 millones de euros.74 Y en 2018, las empresas del IBEX 35 tenían 805 filiales en paraísos fiscales, lo que sugiere que se estarían perdiendo cantidades significativas de ingresos por evasión fiscal.75

D. Cambio climático

El cambio climático tendrá consecuencias devastadoras para las personas que viven en la pobreza y un fuerte impacto en las políticas vigentes para prestarles apoyo.76 Además de los esfuerzos de mitigación y adaptación ya implementados, España debe garantizar que sus políticas de protección social tengan en cuenta los efectos inminentes del cambio climático y que esté en posición de apoyar a las personas en la pobreza que serán las más perjudicadas, así como a aquellas que se verán empujadas a la pobreza por el cambio climático. Las olas de calor ya han provocado la muerte de cientos de personas, y las familias pobres sin acceso a electricidad o aire acondicionado afrontarán un riesgo cada vez mayor.77

En 2019, el gobierno anunció un plan de inversión pública de 47.000 millones de euros para abordar el cambio climático en la próxima década, con el objetivo de hacer que España sea neutral en carbono para 2050.78 En enero declaró una emergencia climática 79 y ha reducido significativamente su dependencia del carbón.80 Pero aún no se ha aprobado la tan esperada ley sobre el cambio climático y el Congreso debería actuar sin demora.81

Es alentador que el Gobierno ya tenga un acuerdo con la Organización Internacional del Trabajo (OIT) para implementar una Transición Justa,82 y será crucial que el nuevo gobierno tome medidas para garantizar que los trabajadores y trabajadoras afectados durante la transición de los combustibles fósiles reciban un apoyo social adecuado y acceso a programas de capacitación. La insuficiencia del actual sistema general de protección social indica que esto supondrá un gran desafío.

E. Transparencia y rendición de cuentas administrativa

Muchos de mis interlocutores comentaron sobre la falta de transparencia en relación con el proceso de toma de decisiones del gobierno y la dificultad de comprender, y mucho menos utilizar, gran parte de la información proporcionada por fuentes oficiales. Como me dijo un funcionario muy bien informado: “No falta información. Lo que pasa es que es imposible determinar cuál es la estrategia subyacente, o cómo evaluar los resultados o el efecto de la política”. El gobierno debería promover que la información sea más fácil de usar y acceder y que esté más relacionada con indicadores de efectividad.

Los procedimientos burocráticos, incluida la tendencia a recopilar documentación aparentemente sin ningún objetivo claro, y una cultura de verificación interminable, han causado estragos en muchas áreas de la protección social. Muchos de los requisitos y supuestos básicos parecen más propios del siglo XIX que del siglo XXI. Pero es notablemente difícil cambiar la forma en que operan las arraigadas burocracias. Dados los costes e ineficiencias del lado del gobierno, y las molestias e inconveniencia del lado de la ciudadanía y otros, así como la necesidad imperiosa de adaptarse a la era digital, el gobierno debería iniciar una investigación de gran alcance diseñada para reducir el papeleo innecesario y reformar las prácticas burocráticas en el campo de la protección social. Dicha revisión podría llevarla a cabo un grupo de expertos designado a tal efecto, o por la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF). Los objetivos deberían incluir: reducir los obstáculos burocráticos, agilizar los procesos de solicitud, digitalizar los datos con el debido respeto por los derechos humanos, facilitar el empadronamiento y garantizar que las personas conozcan las prestaciones a las que tienen derecho.

Además, la AIReF debería estar facultada para realizar auditorías e investigaciones por iniciativa propia, sin una solicitud externa de una autoridad pública.

IV. Grupos vulnerables

Convertirse en un país líder en derechos sociales también requiere prestar atención a los efectos desproporcionados de la pobreza en grupos concretos de personas. Los siguientes grupos se encuentran entre los que necesitan particular atención y apoyo:

A. Mujeres

En España, al igual que en muchos países, las mujeres registran tasas más altas de pobreza relativa, carencia material severa, baja intensidad de empleo y pobreza extrema, y en general están en peores condiciones en casi todas las variables relacionadas con el mercado laboral.83

El Real Decreto-ley 6/2019 introdujo medidas para garantizar la igualdad de trato y oportunidades entre mujeres y hombres en el ámbito laboral, pero aún queda mucho trabajo por hacer.84 España tiene la segunda tasa más alta de desempleo femenino en la UE por un margen significativo.85 Y el trabajo de cuidado no remunerado afecta los ingresos de las mujeres: el 47% de las mujeres que trabajan a tiempo parcial lo hacen por razones de cuidado infantil, en comparación con el 7% de los hombres. Y el 23% de las mujeres con hijos están desempleadas, un total de 10 puntos porcentuales por encima de los hombres.86

La violencia de género también es una causa de pobreza. Conocí a varias mujeres que explicaron las dificultades económicas que afrontaron después de abandonar relaciones abusivas, entre ellas una mujer que no pudo acceder a la asistencia social porque había huido a otra comunidad autónoma y aún no había alcanzado el mínimo de un año de residencia. Según un informe de 2019, el 61,2% de las mujeres encuestadas que fueron víctimas de violencia de género estaban desempleadas, y un 6,9% adicional trabajó en empleos sin contrato.87

Las ayudas familiares extremadamente bajas por tener un hijo o hija y la escasa inversión en asistencia social para familias y menores perjudican especialmente a las mujeres. El 82% de los hogares monoparentales están encabezados por una mujer y, en 2018, la mitad de los hogares monoparentales estaban en riesgo de pobreza o exclusión social, frente al 45% en 2008.88 En 2018, el 53,5% no podía afrontar un gasto imprevisto y el 17,4 se había retrasado en el pago relacionado con la vivienda principal o servicios públicos.89 Ampliar la educación de la primera infancia a niños y niñas de entre 0 y 3 años y desarrollar servicios asequibles después del horario escolar para menores puede ayudar a que los padres, y especialmente las madres, mantengan un empleo. La proporción de niños y niñas en edad escolar cubiertos por servicios después de la escuela es del 8%, muy por debajo de la media de la OCDE del 29%.90

Si bien los funcionarios del gobierno expusieron una serie de políticas diseñadas para promover la igualdad de género, existe una notable ausencia de atención a las arraigadas estructuras económicas que perpetúan la desigualdad. Se debería prestar mayor atención a la economía del trabajo de cuidado no remunerado y a las formas de compensarlo y reemplazarlo. En mi reunión con el Ministerio de Igualdad, me llevé la impresión de que el organismo no emplea a economistas profesionales y no ve esta ausencia como un problema, lo cual es muy desafortunado dado que la lucha para lograr la igualdad de género sin duda debe librarse en parte en el dominio de las ciencias económicas.

B. Niños, niñas y jóvenes

En 2018 el 29,5% de los y las menores estaban en riesgo de pobreza o exclusión social, y el 6,5% experimentó carencia material severa.91 Las tasas de pobreza infantil son aún más alarmantes en las zonas rurales; entre las poblaciones inmigrantes, refugiadas y gitanas, y en familias con personas con discapacidad.92 Los hogares con niños, niñas o adolescentes tienen un mayor riesgo de pobreza o exclusión social que aquellos integrados solamente por personas adultas,93 y un 29% de los hogares con menores a cargo describieron pasar “graves dificultades” para llegar a fin de mes.94 Sorprendentemente, los funcionarios de varias comunidades autónomas me aseguraron que la mejor manera de lidiar con la pobreza infantil era abordar la pobreza del hogar, descartando por tanto problemáticamente las características únicas y el efecto permanente de la pobreza infantil.

El gasto social para las familias con niños y niñas está mal orientado y se mantiene entre los más bajos de la UE, lo que resulta en un impacto muy bajo. En 2017, el gasto dedicado a prestaciones familiares fue poco más de la mitad del gasto medio de la UE: 1,2% del PIB en comparación con 2,3%.95 La efectividad de las medidas también es baja y la protección social en España solo logra reducir en 6,9 puntos la tasa de pobreza infantil, en comparación con, por ejemplo, 32 puntos en Irlanda.96 España es prácticamente un caso único entre los países de la UE por carecer de un sistema universal y no contributivo de prestaciones familiares y de menores.97 En 2019, el Real Decreto-ley 8/2019 aumentó la prestación familiar para menores dependientes a 341 euros al año para familias en riesgo de pobreza (1,3 millones de niños y niñas), y hasta 588 euros para familias en situación de pobreza severa (630.000 niños y niñas). Sin embargo, casi la mitad de los menores que viven en la pobreza, un millón de niños y niñas, no tienen acceso a la ayuda, que sigue siendo muy escasa en poco más de 28 euros por menor al mes.98

El panorama para los jóvenes en España también es desafiante, con bajas tasas de empleo y alto abandono escolar. En el cuarto trimestre de 2019 España registró una tasa de paro del 30,51% entre los menores de 25 años99 y más del 70% de los trabajadores jóvenes tenían contratos de trabajo temporales, un porcentaje significativamente más alto que los promedios de la UE.100 En 2018, el 12,4% de los jóvenes de 15 a 24 años101 y el 19,6% de los de 20 a 34 años no estudiaban ni trabajaban (“Nini”).102

En general, el hecho de que España no disponga de un conjunto de políticas más concertado y generoso para eliminar la pobreza infantil generalizada supone tanto un fracaso moral como una herida económica autoinfligida.103 Una población infantil que recibe educación y cuidados de mala calidad significará una fuerza laboral menos sofisticada y una carga adicional para los servicios de protección social en los próximos años.

C. Comunidad gitana

España tiene una de las comunidades gitanas más grandes de la UE, de aproximadamente 750.000 personas o el 1,6% de la población.104 Pero los indicadores oficiales de empleo sociales no desglosan las estadísticas, lo que invisibiliza la situación de esta comunidad. El Ministerio de Educación me dijo que no se les permitía recabar datos sobre alumnado gitano. Pero según las encuestas de la Fundación Secretariado Gitano, en las que se basan los funcionarios gubernamentales con los que me reuní, en España las personas gitanas enfrentan tasas de pobreza e indicadores asociados alarmantemente altos.

Más del 80% de la población gitana se enfrenta a la pobreza o la exclusión social y el 46% es extremadamente pobre con un ingreso mensual inferior a 310 euros. La tasa de pobreza infantil se sitúa en el 89% y el desempleo en el 52%. Las mujeres gitanas están en clara desventaja en todas las áreas, con una tasa de empleo que solo alcanza el 16%. Y las tasas de alumnado gitano que asisten a escuelas segregadas también son elevadas: solo el 17% de la población gitana mayor de 16 años tiene completados estudios de secundaria (ESO) o superiores.105

Visité dos comunidades gitanas: el Polígono Sur de Sevilla y la Cañada Real a las afueras de Madrid. Aunque estos son ejemplos extremos, no representativos de las condiciones de la mayoría de las personas gitanas en España, me sorprendió la medida en que los gobiernos pertinentes parecen haberse olvidado de las personas que viven allí. Aquellos con quienes hablé estaban involucrados en una batalla perdida para asegurar formas básicas de apoyo o servicios gubernamentales. En la Cañada Real, conocí a personas que vivían sin acceso a una clínica, un centro de empleo o una escuela, o incluso sin suministro eléctrico legal, en una carretera sin asfaltar, directamente adyacente a plantas incineradoras, en un área considerada insalubre. A pesar de un acuerdo de 2018 para reubicar a las personas que viven en el área, hasta ahora el gobierno solo ha trasladado a 34 familias, y el gobierno de la Comunidad de Madrid no pudo proporcionarme ninguna fecha definitiva para cuándo habría reubicado al resto de manera segura. También parecía brillar por su ausencia cualquier disposición para una consulta significativa, a pesar de la existencia de varias estructuras formales para este propósito.

Los funcionarios del gobierno con los que me reuní estuvieron de acuerdo en que la situación para muchas personas gitanas es grave, pero me llamó la atención la falta de urgencia y la resignación con la que aceptan que partes enteras de la población se hayan visto relegadas a un estado de tercera clase sin acceso a los derechos de los cuales son titulares. Después de años de planes y puntos de referencia que han dejado los indicadores de pobreza de la comunidad gitana en niveles deplorables, existe una necesidad real de una respuesta de emergencia. Algunos funcionarios con los que hablé solo parecían preocupados por haber marcado ciertas casillas de acción, en lugar de lograr resultados tangibles.

D. Inmigrantes

En España hay aproximadamente 6 millones de inmigrantes.106 Los que provienen de fuera de la UE tienen el mayor riesgo de pobreza y exclusión social (56%) seguidos por los ciudadanos de la UE (47,7%), ambos significativamente más altos que la población española (23,1%).107 Para los y las menores con al menos un progenitor inmigrante, el riesgo de pobreza o exclusión social salta al 49,6%, el más alto de la UE.108

Las organizaciones de la sociedad civil describieron un sistema de reasentamiento que impide que los y las inmigrantes puedan trabajar o pagar una vivienda. Las personas refugiadas e inmigrantes a menudo enfrentan serios obstáculos para acceder a una vivienda digna debido a la escasez de oferta, los requisitos de acceso y la discriminación en la asignación, por lo que con frecuencia terminan en situaciones precarias o de hacinamiento.109

Las organizaciones de la sociedad civil describieron condiciones muy angustiosas para las mujeres y niñas inmigrantes, especialmente aquellas que trabajan en la agricultura, como situaciones de alta vulnerabilidad, explotación sexual y comercial, violencia institucional y falta de protección en los niveles más básicos. Según Women’s Link Worldwide, las trabajadoras agrícolas a menudo son engañadas en cuanto a los términos de su empleo: por ejemplo, les prometen jornadas de 6,5 horas pero acaban trabajando 10 horas; los contratos fijos pasan de ser de tres meses a una terminación de empleo discrecional, y los salarios pactados de 39-40 euros al día disminuyen significativamente, con lapsos de pago.110

Estoy extremadamente preocupado por la situación de los y las menores no acompañados, una población vulnerable que ha sido demonizada en el actual debate político. España sigue utilizando técnicas de evaluación de la edad desacreditadas y poco confiables para determinar la edad de los menores no acompañados, entre ellos exámenes genitales invasivos y humillantes, a pesar de las críticas por parte del Comité de los Derechos del Niño de la ONU.111 La denegación de la condición de menor puede dejar al individuo sin acceso a apoyo o refugio para menores o adultos, lo que provoca una brecha que puede empujar a los niños y niñas a la pobreza hasta desembocar en la trata de personas, el trabajo sexual, el abuso sexual, la drogodependencia o incluso la desaparición.112

En Huelva, me reuní con trabajadores que vivían en un asentamiento de inmigrantes en condiciones que rivalizan con las peores que he visto en cualquier parte del mundo. Están a kilómetros de distancia de agua potable y viven sin electricidad ni saneamiento adecuado. Muchos llevan años en España y pueden permitirse un alquiler, pero dijeron que nadie los acepta como inquilinos. Ganan apenas unos 30 euros al día y casi no tienen acceso a ningún tipo de apoyo gubernamental. Una persona me dijo: “Cuando hay trabajo, España necesita inmigrantes, pero a nadie le interesan nuestras condiciones de vida”. Según la sociedad civil, entre 2.300 y 2.500 personas viven en condiciones similares durante la temporada de la fresa. En 2018-19, la cosecha de fresas en Huelva facturó 533 millones de euros113 y el mayor productor es Driscoll’s y sus empresas asociadas. Driscoll’s cuenta con un conjunto de estándares laborales que “se aplican a todos los trabajadores en nuestra cadena de suministro, sin distinción”. Debido a que las condiciones que observé en Huelva eran simplemente inhumanas y dado el dominio de esta empresa multinacional en la industria local y global de la fresa, tengo planeado preguntarles qué están haciendo para monitorear y mejorar las condiciones laborales en esta área.

E. Pobreza en áreas rurales

Casi una quinta parte de la población española vive en áreas rurales,114 donde el ingreso medio real per cápita ha caído un 13,5% entre 2009 y 2018.115 Las áreas rurales están experimentando una aguda despoblación y envejecimiento. Catorce provincias están muy afectadas por el “declive demográfico”: más del 25% de su población tiene al menos 65 años.116 Las personas que viven en la pobreza en la “España vaciada” enfrentan desafíos únicos y un riesgo muy alto de pobreza o exclusión social (31%).117

Las personas con las que me reuní en zonas rurales destacaron los beneficios de la vida en el campo, incluida la proximidad a la naturaleza, pero también describieron el aislamiento, la exclusión y la pobreza. Un grupo en Extremadura explicó haber sufrido cortes de energía que duraron días, no poder visitar a un médico debido a la falta de transporte público o dinero para pagar un taxi y sentir que sus votos no le importan al gobierno central. En Galicia visité un área sin atención médica especializada, sin guardería y sin educación secundaria. Allí una mujer me dijo: “Mi hija me dice que aquí no ve futuro para ella”. La gente también describió los altos precios de Internet, lo que plantea riesgos de exclusión digital para familias pobres y de bajos ingresos, especialmente a medida que el gobierno toma medidas para digitalizar aspectos de la asistencia social.

El Gobierno no debería dejar que este gran colectivo sufra las consecuencias de fuerzas del mercado que no pueden controlar, y debería diseñar una estrategia integral para hacer frente a los problemas que afectan a un número creciente de personas.

F. Personas con discapacidad

Las personas con discapacidad sufren muchos tipos de discriminación estructural y desventajas en España, como en ámbitos relacionados con el empleo, los ingresos, la educación y la vivienda. En 2018 aproximadamente un tercio de las personas con discapacidad en España, el 31,1%, estaban en riesgo de pobreza o exclusión social, en comparación con el 24,1% de las personas sin discapacidad.118 Y la tasa de empleo fue solo del 25,8% para las personas con discapacidad, muy por debajo de la mitad de la tasa de empleo de las personas sin discapacidad (65,9%).119

La ausencia de viviendas accesibles empeora su situación. Solo el 0,6% de los 9,8 millones de edificios residenciales en España cumplen con los criterios de accesibilidad universal para personas con movilidad reducida o discapacidad.120 Una mujer en Badajoz me explicó que después de que su marido desarrolló una discapacidad, tuvo que instalar un baño improvisado en su sala de estar porque el baño de su unidad de vivienda pública no era accesible. Según una encuesta de 2019, 1,8 millones de personas con movilidad reducida necesitan asistencia para abandonar su hogar, y 100.000 nunca salen.121 Y el 16,5% de los y las menores con discapacidad reciben una educación segregada en España, fuera del sistema educativo general.122

Visité un centro para personas con discapacidad en Galicia que está haciendo un trabajo excelente para apoyar la vida independiente y la capacitación laboral, pero la cruda realidad es que solo un número muy pequeño de personas que necesitan este tipo de apoyo lo reciben. Escuché varios poderosos testimonios en todas las comunidades autónomas que visité sobre la discriminación que enfrentan en el mercado laboral y en la sociedad, y las batallas que deben librar para reivindicar sus derechos. El Gobierno debería otorgar una mayor prioridad a la erradicación de estas formas de discriminación.

A. Personas dedicadas al trabajo doméstico y al cuidado de personas

Las estimaciones de la cantidad de personas empleadas del hogar en España oscilan entre una cifra oficial de 453.000123 y una estimación de la sociedad civil de 700.000 personas que trabajan como empleados y empleadas domésticas o trabajadores y trabajadoras del cuidado a personas. Las mujeres representan el 97,9%124 y están marginadas por la ley española, que coloca dicho trabajo en un “régimen especial” con menos derechos.125

La sociedad civil informó que una de cada tres trabajadoras domésticas en España vive en la pobreza, y muchas trabajan en la economía informal para empleadores que no realizan pagos a la seguridad social. Muy a menudo trabajan el doble de sus ocho horas contratadas por día, ganando apenas 800 euros al mes, pero generalmente tienen que alquilar una habitación para pasar la noche libre semanal y el coste de los alimentos se deduce de su salario. Los trabajadores indocumentados son especialmente vulnerables a la explotación, y escuché testimonios sobre empleadores que confiscan los pasaportes de las trabajadoras domésticas.

Me reuní con un grupo de empleadas del hogar en Madrid, en el Servicio Doméstico Activo (SEDOAC), un centro que entiendo que es el primero de su tipo en Europa y desempeña un papel extremadamente importante en la defensa de los derechos y el bienestar de las trabajadoras domésticas. Escuché relatos profundamente inquietantes sobre las condiciones de trabajo, mujeres que trabajaban encerradas durante años en lo que sentían como una “cárcel”, sufriendo acoso sexual, horas extraordinarias sin compensación y sin acceso a la seguridad social o las pensiones. “Estoy a punto de cumplir 72 años y sigo pasando apuros”, dijo una mujer. Me explicaron que el centro ahora está en peligro porque el gobierno de Madrid ha retirado su financiación. Dado el nivel de la necesidad, sería una tragedia si se viera obligado a cerrar.

El nuevo gobierno de coalición se ha comprometido a ratificar el Convenio 189 de la OIT sobre trabajadores y trabajadoras domésticas. La plena implementación de las disposiciones de la Convención supondría un gran paso adelante en España.

Madrid, 7 de febrero de 2020

Notas: 1 Instituto Nacional de Estadística, “Contabilidad Nacional Trimestral de España: principales agregados, Cuarto trimestre de 2019. Avance”, 31 de enero de 2020, https://www.ine.es/daco/daco42/daco4214/cntr0419a.pdf; Instituto Nacional de Estadística, “Encuesta de Población Activa (EPA) Cuarto trimestre de 2019”, 28 de enero de 2020, https://www.ine.es/daco/daco42/daco4211/epa0419.pdf.

2 Centro de Investigaciones Sociológicas, “Barómetro de Enero 2020”, datos.cis.es/pdf/Es3271marMT_A.pdf.

3 Eurostat, “People at risk of poverty or social exclusion by sex”, 2018, https://ec.europa.eu/eurostat/tgm/graph.do?tab=graph&plugin=1&pcode=tepsr_lm410&language=en&toolbox=sort; Instituto Nacional de Estadística, “Riesgo de pobreza o exclusión social (estrategia Europa 2020) y de sus componentes por edad y sexo”, https://www.ine.es/jaxiT3/Tabla.htm?t=10005.

4 Instituto Nacional de Estadística, “Personas por dificultades para llegar a fin de mes y edad y sexo”, https://www.ine.es/jaxiT3/Tabla.htm?t=9985.

5 Instituto Nacional de Estadística, “Riesgo de pobreza o exclusión social (estrategia Europa 2020) y de sus componentes por edad y sexo”, https://www.ine.es/jaxiT3/Tabla.htm?t=10005.

6 Instituto Nacional de Estadística, “Tasas de paro”, cuarto trimestre de 2019, https://www.ine.es/infografias/tasasepa/desktop/tasas.html?t=0&lang=es; Eurostat, “Unemployment Statistics”. https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php?title=Employment_statistics/es

7 FMI, “Spain 2018 Article IV Consultation”, noviembre de 2018, https://www.imf.org/en/Publications/CR/Issues/2018/11/21/Spain-2018-Article-IV-Consultation-Press-Release-Staff-Report-and-Statement-by-the-Executive-4638, pág. 5. El riesgo de pobreza activa es el segundo más alto entre los países que forman la UE, con un 12,9% a partir de 2018. Eurostat, “Social Scoreboard of Indicators”, https://ec.europa.eu/eurostat/web/european-pillar-of-social-rights/indicators/social-scoreboard-indicators.

8 España es el sexto país más desigual de la UE cuando se comparan los ingresos de los quintiles superior e inferior, y el séptimo más desigual según lo medido por el índice de Gini. Eurostat, “Income quintile share ratio (S80/S20) by sex”, consultado por última vez el 19 de enero de 2020, https://ec.europa.eu/eurostat/tgm/table.do?tab=table&init=1&language=en&pcode=tessi180&plugin=1; Eurostat, “Gini coefficient of equivalised disposable income”, consultado por última vez el 19 de enero de 2020.

9 Amory Gethin, et al., “Desigualdades Crecientes y Divisiones Políticas en España”, 2019, págs. 2-3.

10 Información proporcionada por el Ministerio de Hacienda, 4 de febrero de 2020.

11 OCDE, “Income inequality”, (consultado el 18 de octubre de 2019), https://data.oecd.org/inequality/income-inequality.htm.

12 OCDE, “Economic Surveys: Spain”, noviembre de 2018, https://www.oecd-ilibrary.org/economics/oecd-economic-surveys-spain-2018_eco_surveys-esp-2018-en, págs. 43-44 (cita datos de 2013).

13 Ministerio de Sanidad, Consumo y Bienestar Social, “Estrategia Nacional de Prevención y Lucha Contra La Pobreza y la Exclusión Social 2019-2023”, 2019, pág. 71.

14 FMI, “Effectiveness and Equity in Social Spending: The Case of Spain”, informe de trabajo, pág. 21.

15 Autoridad Independiente de Autoridad Fiscal (AIReF), “Los programas de rentas mínimas en España”, junio de 2019, https://www.airef.es/wp-content/uploads/RENTA_MINIMA/20190626-ESTUDIO-Rentas-minimas.pdf.

16 OCDE, “Economic Surveys: Spain”, 2017, https://www.oecd-ilibrary.org/economics/oecd-economic-surveys-spain-2017_eco_surveys-esp-2017-en, pág. 1.

17 Comisión Europea, “Recomendación del Consejo: España”, 2019, https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?qid=1560258234004&uri=CELEX%3A52019DC0509, págs. 5, 8.

18 Para las transferencias sociales que excluyen las pensiones, España logró una reducción del 22,94% en las tasas de AROPE en 2018, en comparación con una media del 33,2% en la UE, el 35,9% en el Reino Unido, el 44,4% en Francia y el 53,67% en Finlandia. Eurostat, “Social Scoreboard of Indicators”, https://ec.europa.eu/eurostat/web/european-pillar-of-social-rights/indicators/social-scoreboard-indicators.

19 Oretta Causa y Mikkel Hermansen, “Income redistribution through taxes and transfers across OECD countries”, 2019, https://www.oecd-ilibrary.org/docserver/bc7569c6-en.pdf?expires=1579564630&id=id&accname=guest&checksum=23CF047B7FCBD51BF5FA82600104FDC7, pág. 18.

20 Cáritas utiliza el término de “sociedad expulsada” para referirse a los 1,8 millones de personas que registraron la peor puntuación en su índice multidimensional de la pobreza de 35 indicadores. Declaración de Cáritas. https://www.ohchr.org/Documents/Issues/Poverty/VisitSpainSubmissions/32_Caritas_FOESSA_EN.pdf.

21 Comisión Europea, “Informe sobre España 2019”, 27 de febrero de 2019, https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/file_import/2019-european-semester-country-report-spain_es.pdf, pág. 62.

22 Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado, “Real Decreto-ley 8/2019, de 8 de marzo, de medidas urgentes de protección social y de lucha contra la precariedad laboral en la jornada de trabajo”, https://www.boe.es/eli/es/rdl/2019/03/08/8

23 El monto exacto del crédito fiscal por hijos depende de la tasa impositiva en la comunidad autónoma de los padres, por ejemplo: 528 por hijo en Madrid. Euromod, María del Valle Navas y Néstor López de la Cruz , “Spain (ES) 2015-2018”, https://www.euromod.ac.uk/sites/default/files/country-reports/year9/Y9_CR_ES_Final.pdf, pág. 97.

24 Eurostat, “Social Scoreboard of Indicators”, https://ec.europa.eu/eurostat/web/european-pillar-of-social-rights/indicators/social-scoreboard-indicators.

25 Eurostat, “Perfiles de países”, https://ec.europa.eu/eurostat/guip/introAction.do?profile=cpro&theme=euroind&lang=en&country1=ES&country2=eu28.

26 Eurostat, “Expenditure on social protection benefits by function, 2017-table 1”, consultado por ultima vez el 17 de enero de 2020, https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php?title=File:Expenditure_on_social_protection_benefits_by_function,_2017-table_1.png.

27 Véase por ejemplo, Autoridad Independiente de Autoridad Fiscal (AIReF), “Los programas de rentas mínimas en España”, junio de 2019; Luis Ayala Cañón, José María Arranz, Carlos García Serrano y Lucía Martínez Virto, “El sistema de garantía de ingresos en España: tendencias, resultados y necesidades de reforma. Informe Completo”, diciembre de 2016.

28 European Anti-Poverty Network, “El Estado de la Pobreza Seguimiento del Indicador de Pobreza y Exclusión Social en España 2008-2017”, 2018, https://eapn-clm.org/wp-content/uploads/2019/02/Informe_AROPE_2018_LA_SITUACION_EN_LAS_CCAA.pdf, pág. 13.

29 33.000 hogares o 106.746 personas. Comunidad de Madrid, “Renta Mínima de Inserción. Informe 2018”, 2019, https://www.comunidad.madrid/sites/default/files/informe_anual_rmi_2018_definitivo_.pdf, pág. 23.

30 En 2018, había aproximadamente 12.650 concesiones en procedimiento inicial. Comunidad de Madrid, “Renta Mínima de Inserción. Informe 2018”, 2019, pág. 54. En 2016, había aproximadamente 13.800 concesiones en procedimiento inicial. Comunidad de Madrid, “Balance anual de gestión de la Renta Mínima de Inserción Comunidad de Madrid 2016”, 2017, pág. 13.

31 (aproximadamente de 4.850 a 10.040), así como también el número de denegaciones (de 2.708 a 5.767).

32 Instituto Nacional de Estadística, “Riesgo de pobreza o exclusión social (indicador AROPE) por nivel de formación alcanzado (personas de 16 años y más años)”, https://www.ine.es/jaxiT3/Datos.htm?t=10007.

33 En 2017, fue del 4,24% del PIB (49,458 millones de euros) en comparación con el 4,99% del PIB (53,895 millones de euros) en 2009. European Anti-Poverty Network, “Poverty Watch Spain 2019”, https://www.eapn.es/publicaciones/367/poverty-watch-2019, págs. 32-33.

34 Comisión Europea, “Informe sobre España 2019”, 27 de febrero de 2019, https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/file_import/2019-european-semester-country-report-spain_es.pdf, pág. 58.

35 Save the Children, “Country Page of Save the Children Spain”, septiembre de 2019, pág. 1.

36 Comisión Europea, “Informe sobre España 2019”, 27 de febrero de 2019, https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/file_import/2019-european-semester-country-report-spain_es.pdf, pág. 55.

37 Eurostat, “Early leavers from education and training”, https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php/Early_leavers_from_education_and_training.

38 European Anti-Poverty Network, “Poverty Watch Spain 2019”, https://www.eapn.es/publicaciones/367/poverty-watch-2019, pág. 38. (citando a Save The Children).

39 OCDE, “Economic Surveys: Spain”, noviembre de 2018, https://www.oecd-ilibrary.org/economics/oecd-economic-surveys-spain-2018_eco_surveys-esp-2018-en, pág. 53.

40 Save the Children, “The Future We Want to Grow Up In” , febrero de 2019, pág. 5.

41 European Anti-Poverty Network, “Poverty Watch Spain 2019”, https://www.eapn.es/publicaciones/367/poverty-watch-2019, pág. 34; Save the Children, “Mézclate conmigo: De la segregación socioeconómica a la educación inclusiva”, https://www.savethechildren.es/sites/default/files/imce/docs/mezclate_conmigo.pdf, pág. 7.

42 European Anti-Poverty Network, “Poverty Watch Spain 2019”, https://www.eapn.es/publicaciones/367/poverty-watch-2019, pág. 34.

43 Save the Children, “Mézclate Conmigo”, 2018, https://www.savethechildren.es/sites/default/files/imce/docs/mezclate_conmigo.pdf.

44 European Anti-Poverty Network, “Poverty Watch Spain 2019”, https://www.eapn.es/publicaciones/367/poverty-watch-2019, pág. 27.

45 REDER, “No dejar a nadie atrás: Es urgente garantizar la sanidad universal”, octubre de 2018, https://www.medicosdelmundo.org/Informe_REDER_Octubre_2018, págs. 4, 6 y 7; Informe anual 2018 Defensor del Pueblo de España, https://www.ohchr.org/Documents/Issues/Poverty/VisitSpainSubmissions/11_Defensor_del_Pueblo.pdf, pág. 6.

46 REDER, “No dejar a nadie atrás: Es urgente garantizar la sanidad universal”, octubre de 2018, https://www.medicosdelmundo.org/Informe_REDER_Octubre_2018, pág. 12.

47 Ministerio de Economía, “Financiacion 2008-2020”, datos proporcionados el 4 de febrero de 2019.

48 Asociación Estatal de Directoras y Gerentes en Servicios Sociales, “El Gasto Social por Comunidades: Sanidad, Educación y Servicios Sociales”, septiembre de 2019, https://www.directoressociales.com/images/Noticias/Evol_gasto_CCAA_2018/2018._Raking_CCAA_por_recortes_y_gastos.pdf, pág.1.

49 Fundación FOESSA, “Vulneración de derechos: Vivienda”, https://caritas-web.s3.amazonaws.com/main-files/uploads/sites/16/2019/06/Focus-Vivienda-FOESSA.pdf, págs. 2-3.

50 Eurostat, “Housing cost overburden rate by tenure status”, 2018, https://ec.europa.eu/eurostat/tgm/refreshTableAction.do?tab=table&plugin=1&pcode=tessi164&language=en.

51 Informe de Amnistía Internacional, https://www.ohchr.org/Documents/Issues/Poverty/VisitSpainSubmissions/31_Amnesty_International.docx, pág. 4; Banco de España, David López-Rodríguez y María de los Llanos Matea, “Evolución reciente del mercado del alquiler de vivienda en España”, agosto de 2019, pág. 6.

52 UGT (Unión General de Trabajadores), “Los salarios tienen que despegar en 2019”, 19 de marzo de 2019, http://www.ugt.es/los-salarios-tienen-que-despegar-en-2019.

53 ACNUDH, “States and real estate private equity firms questioned for compliance with human rights”, 26 de marzo de 2019, https://www.ohchr.org/EN/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=24404&LangID=E.

54 Cifras de 2006-2012: Consejo General del Poder Judicial, “Solicitud de Datos, Informes o Documentos”, 4 de marzo de 2013, https://bit.ly/2S2DoBo; cifras de 2013-2018: Contestación del Gobierno español a solicitud de información por parte de don Cayo Lara Moya (GIP), “Datos sobre el efecto de la crisis en los órganos judiciales por TSJ hasta Segundo Trimestre 2019”, https://bit.ly/382hT95.

55 Instituto Nacional de Estadística, “Hogares por régimen de tenencia de la vivienda y edad y sexo de la persona de referencia”.

56 Housing Europe, “State of Housing within the EU, 2019”, octubre de 2019, http://www.housingeurope.eu/resource-1323/the-state-of-housing-in-the-eu-2019, págs. 85-87.

57 Ministerio de Fomento, “Vivienda Protegida, Series Anual, (1.5) Número de calificaciones definitivas: Planes estatales”, 2019, https://apps.fomento.gob.es/BoletinOnline2/sedal/31305000.XLS.

58 Instituto Nacional de Estadística, “Censos de Población y Viviendas 2011”, https://inmalome.files.wordpress.com/2012/09/cifine01-2013.pdf, pág. 8; Housing Europe, “The State of Housing in the EU 2019”, http://www.housingeurope.eu/file/860/download, pág. 87.

59 Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, “Estrategia Nacional Integral para Personas sin Hogar”, https://www.mscbs.gob.es/ssi/familiasInfancia/inclusionSocial/docs/ENIPSH.pdf, pág. 12.

60 Fundación FOESSA, “La vulneración del derecho a vivienda: una mirada a la exclusión residencial”, 2018, https://www.caritas.es/noticias/viii-informe-foessa-la-exclusion-social-se-enquista-en-una-sociedad-cada-vez-mas-desvinculada/.

61 Red Europea de Política Social, “ESPN Thematic Report on National strategies to fight homelessness and housing exclusion”, 2019, https://ec.europa.eu/social/BlobServlet?docId=21628&langId=en, pág. 12.

62 Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, “Estrategia Nacional Integral para Personas sin Hogar”, https://www.mscbs.gob.es/ssi/familiasInfancia/inclusionSocial/docs/ENIPSH.pdf, pág 19.

63 OCDE, “Economic Surveys: Spain”, noviembre de 2018, https://www.oecd-ilibrary.org/economics/oecd-economic-surveys-spain-2018_eco_surv.eys-esp-2018-en, pág. 98.

64 M. Pastor, V. Carter y M. Abood, “Rent Matters: What are the Impacts of Rent Stabilization Measures?”, 2018.

65 Eurostat, “Tax-to-GDP ratio up to 40.3percent in EU”, 20 de octubre de 2019, https://ec.europa.eu/eurostat/documents/2995521/10190755/2-30102019-AP-EN.pdf/68739572-f06a-51e4-3a5b-86e660a23376.

66 Comisión Europea, “Statutory tax rates: VAT rates in member states”, ec.europa.eu/taxation_customs/business/economic-analysis-taxation/data-taxation_en.

67 Información proporcionada por el Ministerio de Hacienda, 4 de febrero de 2020.

68 Información proporcionada por el Ministerio de Hacienda, 4 de febrero de 2020.

69 OCDE, “Income inequality”, (consultado el 18 de octubre de 2019) https://data.oecd.org/inequality/income-inequality.htm.

70 Comisión Europea, “Country Report Spain 2019”, 27 de febrero de 2019, https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/file_import/2019-european-semester-country-report-spain_en.pdf, pág. 32.

71 Ídem.

72 Información proporcionada por el Ministerio de Hacienda, 4 de febrero de 2020.

73 OCDE, “Economic Surveys: Spain”, noviembre de 2018, https://www.oecd-ilibrary.org/economics/oecd-economic-surveys-spain-2018_eco_surveys-esp-2018-en, pág. 42

74 FUNCAS, “Economía Sumergida y Fraude Fiscal en España: ¿Qué Sabemos? ¿Qué Podemos Hacer?”, 2018, https://www.funcas.es/publicaciones_new/Sumario.aspx?IdRef=5-04095, pág. 40; véase también, “La economía sumergida resta un 23% a la recaudación fiscal”, El País, 21 de junio de 2018, https://elpais.com/economia/2018/06/20/actualidad/1529518143_236168.html.

75 Oxfam, “Quien Parte y Reparte: la huella en la desigualdad de las empresas del IBEX 35”, https://cdn2.hubspot.net/hubfs/426027/Oxfam-Website/OxfamWeb-Documentos/OxfamWeb-Informes/quien-parte-y-reparte-informe-ibex-2019.pdf, 2019, pág 2.

76 Relator Especial de la ONU sobre la extrema pobreza y los derechos humanos, “El cambio climático y la pobreza”, 17 de julio de 2019, https://undocs.org/A/HRC/41/39.

77 Estudio de AEMET con el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, “Efectos del Cambio Climático en España”, 3 de marzo de 2019, http://www.aemet.es/en/noticias/2019/03/Efectos_del_cambio_climatico_en_espanha; Greenpeace, “Así nos afecta el cambio climático”, 28 de noviembre de 2018, https://es.greenpeace.org/es/wp-content/uploads/sites/3/2018/11/GP-cambio-climatico-LR.pdf, pág. 43.

78 “El Gobierno propone una inversión pública de 47.000 millones en un plan sobre el cambio climático”, Reuters, 20 de febrero de 2019 https://es.reuters.com/article/topNews/idESKCN1Q91YT-OESTP.

79 “Spain declares climate emergency, gets climate plan ready”, AP, 21 de enero de 2020, https://apnews.com/1e946085841af1e942659d4154d75d03.

80 “España se desengancha del carbón y las emisiones de efecto invernadero se desploman”, El País, 3 de enero de 2020, https://elpais.com/sociedad/2020/01/02/actualidad/1577980066_743415.html.

81 Congreso de los Diputados ¨Proposición de Ley sobre Cambio Climático y Transición Energética,” http://www.congreso.es/public_oficiales/L13/CONG/BOCG/B/BOCG-13-B-48-1.PDF.

82 Ministerio para la Transición Ecológica, “La Transición Justa dentro del Marco Estratégico de Energía y Clima”, https://www.miteco.gob.es/es/prensa/etj-castellano-interactivo_tcm30-505654.pdf.

83 European Anti-Poverty Network, “Poverty Watch Spain 2019”, https://www.eapn.es/publicaciones/367/poverty-watch-2019, págs. 13-14.

84 Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado, “Real Decreto-ley 6/2019, de 1 de marzo, de medidas urgentes para garantía de la igualdad de trato y de oportunidades entre mujeres y hombres en el empleo y la ocupación”, https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2019-3244; Solidar, “Monitor de derechos sociales 2019”, https://www.solidar.org/system/downloads/attachments/000/001/070/original/ES_Spain.pdf?1580208673, pág. 4.

85 Eurostat, “Unemployment by sex and age - monthly average”, https://appsso.eurostat.ec.europa.eu/nui/show.do?dataset=une_rt_m&lang=en.

86 Save the Children, “The Future We Want to Grow Up In” , febrero de 2019, pág. 7.

87 Fundación Adecco, “Un empleo contra la violencia”, noviembre de 2019, https://s03.s3c.es/imag/doc/2019-11-22/informe-empleo-contra-la-violencia-2019.pdf, pág. 15.

88 European Anti-Poverty Network, “Poverty Watch Spain 2019”, https://www.eapn.es/publicaciones/367/poverty-watch-2019, pág. 18; Instituto Nacional de Estadística, “Riesgo de pobreza o exclusión social (indicador AROPE), por tipo de hogar”, https://www.ine.es/jaxiT3/Datos.htm?t=10010.

89 Instituto Nacional de Estadística, “Hogares con carencia material por tipo de hogar”, https://www.ine.es/jaxiT3/Tabla.htm?t=9974.

90 OCDE, “Economic Surveys: Spain”, noviembre de 2018, https://www.oecd-ilibrary.org/economics/oecd-economic-surveys-spain-2018_eco_surveys-esp-2018-en, págs. 51, 54.

91 Instituto Nacional de Estadística, “Riesgo de pobreza o exclusión social (estrategia Europa 2020) y de sus componentes por edad y sexo”, https://www.ine.es/jaxiT3/Tabla.htm?t=10005. Véase también, Save the Children, “Familias en riesgo”, 2020.

92 Declaración de European Anti-Poverty Network, https://www.ohchr.org/Documents/Issues/Poverty/VisitSpainSubmissions/17_EAPN_SP.pdf, pág. 2.

93 European Anti-Poverty Network, “Poverty Watch Spain 2019”, https://www.eapn.es/publicaciones/367/poverty-watch-2019, pág. 4.

94 Fundación FOESSA, “Vulneración de derechos: Infancia”, https://caritas-web.s3.amazonaws.com/main-files/uploads/sites/16/2019/05/Focus-Infancia.-FOESSA.pdf, pág. 3.

95 Eurostat, “Expenditure on social protection benefits by function, 2017-table 1”, consultado por última vez el 17 de enero de 2020, https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php?title=File:Expenditure_on_social_protection_benefits_by_function,_2017-table_1.png; Declaración de Plataforma de Infancia, https://www.ohchr.org/Documents/Issues/Poverty/VisitSpainSubmissions/5_Plataforma_de_Infancia.pdf, pág. 4.

96 Save the Children, “Country Page of Save the Children Spain”, septiembre de 2019.

97 UNICEF, Olga Canto Sánchez y Luis Ayala Canon, “Políticas públicas para reducir la pobreza infantil en España: Análisis del impacto”, marzo de 2014, https://www.unicef.es/sites/unicef.es/files/unicef_politicas_para_reducir_pobreza_infantil_espana_baja.pdf, pág. 73; ILO-UNICEF, “Towards universal social protection for children: Achieving SDG 1.3”, 41, 2019.

98 Solidar, “Monitor de derechos sociales 2019”, https://www.solidar.org/system/downloads/attachments/000/001/070/original/ES_Spain.pdf?1580208673, pág. 8; Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado, “Real Decreto-ley 8/2019, de 8 de marzo, de medidas urgentes de protección social y de lucha contra la precariedad laboral en la jornada de trabajo”, https://www.boe.es/eli/es/rdl/2019/03/08/8; Comisión Europea, “Informe sobre España 2019”, 27 de febrero de 2019, https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/file_import/2019-european-semester-country-report-spain_es.pdf, pág. 64; Save the Children, “Country Page of Save the Children Spain”, septiembre de 2019, pág. 1.

99 Instituto Nacional de Estadística, “Tasas de paro”, 4T 2019, https://www.ine.es/infografias/tasasepa/desktop/tasas.html?t=0&lang=es; Eurostat, “Unemployment Statistics”, https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php/Unemployment_statistics.

100 Eurofund, “Los jóvenes, especialmente los poco cualificados, son los más afectados por las desigualdades sociales en España”, 11 de octubre de 2019, https://www.eurofound.europa.eu/es/news/news-articles/young-people-particularly-those-low-qualified-bear-the-brunt-of-social-inequalities-in-spain

101 Eurostat, “Social Scoreboard of Indicators”, https://ec.europa.eu/eurostat/web/european-pillar-of-social-rights/indicators/social-scoreboard-indicators; Comisión Europea, “Informe sobre España 2019”, 27 de febrero de 2019, https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/file_import/2019-european-semester-country-report-spain_es.pdf, pág. 64; Save the Children, “Country Page of Save the Children Spain”, septiembre de 2019, pág. 13.

102 Eurostat, “Statistics on young people neither in employment nor in education or training”, https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php/Statistics_on_young_people_neither_in_employment_nor_in_education_or_training.

103 Alto Comisionado para la lucha contra la pobreza infantil, “DB012 - Mapa territorializado de la pobreza infantil en España”, https://www.comisionadopobrezainfantil.gob.es/es/db012-mapa-territorializado-de-la-pobreza-infantil-en-españa.

104 Comisión Europea, “Informe sobre España 2019”, 27 de febrero de 2019, https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/file_import/2019-european-semester-country-report-spain_es.pdf, pág. 65.

105 Fundación Secretariado Gitano, “La Fundación Secretariado Gitano presenta su ‘Estudio comparado sobre la situación de la población gitana en España en relación al empleo y la pobreza 2018’”, 24 de septiembre de 2019; https://www.gitanos.org/actualidad/archivo/129382.html.

106 Ministerio de Trabajo, Migraciones, y Seguridad Social, “Extranjeros residentes en España: Principales resultados”, septiembre de 2019, http://extranjeros.mitramiss.gob.es/es/Estadisticas/operaciones/con-certificado/201906/Residentes_Principales_Resultados_30062019.pdf, pág. 1.

107 Instituto Nacional de Estadística, “Riesgo de pobreza o exclusión social (indicador AROPE) por nacionalidad (personas de 16 y más años)”, https://www.ine.es/jaxiT3/Datos.htm?t=10009.

108 Eurostat, “Children at risk of poverty or social exclusion”, enero de 2019, https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/pdfscache/50126.pdf, pág. 6.

109 Declaración de la Comisión Española de Ayuda al Refugiado (CEAR), https://www.ohchr.org/Documents/Issues/Poverty/VisitSpainSubmissions/15_CEAR.pdf, pág. 3.

110 Declaración de Women’s Link Worldwide, https://www.ohchr.org/Documents/Issues/Poverty/VisitSpainSubmissions/20_Women_Worldwide.pdf, págs. 2-3 y 5.

111 Comité de la ONU de los Derechos del Niño, “Dictamen aprobado por el Comité en relación con el Protocolo Facultativo de la Convención sobre los Derechos del Niño relativo a un procedimiento de comunicaciones respecto de la Comunicación Núm. 16/2017”, 10 de julio de 2017, https://tbinternet.ohchr.org/Treaties/CRC/Shared%20Documents/ESP/CRC_C_81_D_16_2017_28553_S.docx, pág. 13.

112 Declaración de Fundación Raíces, https://www.ohchr.org/Documents/Issues/Poverty/VisitSpainSubmissions/16_Fundacion_Raices.pdf, págs. 1-2.

113 Fresh Plaza, “La campaña de fresas de la provincia española de Huelva cierra con cifras positivas”, https://www.freshplaza.es/article/9144061/la-campana-de-fresas-de-la-provincia-espanola-de-huelva-cierra-con-cifras-positivas/.

114 El Banco Mundial, “Población rural (% de la población total) - España”, 2019 https://data.worldbank.org/indicator/SP.RUR.TOTL.ZS?locations=ES.

115 European Anti-Poverty Network, “Poverty Watch Spain 2019”, https://www.eapn.es/publicaciones/367/poverty-watch-2019, págs. 23-24.

116 Comisión Europea, “Informe sobre España 2019”, 27 de febrero de 2019, https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/file_import/2019-european-semester-country-report-spain_es.pdf , pág 80.

117 Eurostat, “Living conditions in Europe - poverty and social exclusion”, https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php?title=Living_conditions_in_Europe_-_poverty_and_social_exclusion.

118 Eurostat, “The Europe 2020 indicator of at-risk-of-poverty or social exclusion AROPE by level of activity limitation”, https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php?title=File:The_Europe_2020_indicator_of_at-risk-of-poverty_or_social_exclusion_AROPE_by_level_of_activity_limitation,_2018_2.png.

119 Instituto Nacional de Estadística, “El empleo de las personas con discapacidad (EPD Año 2018”, 18 de diciembre de 2019, https://www.ine.es/prensa/epd_2018.pdf, pág. 1.

120 Fundación Mutua de Propietarios, “La accesibilidad de las viviendas en España”, 22 de marzo de 2018, https://www.fundacionmdp.org/wp-content/uploads/2018/04/201803-Accesibilidad-viviendas-espana_FundacionMdP-min.pdf.

121 COCEMFE, “1,8 millones de personas con movilidad reducida dependen de la ayuda de terceros para salir de su casa y 100.000 no salen nunca”, 22 de junio de 2019, http://www.cocemfe.es/informate/noticias/18-millones-de-personas-con-movilidad-reducida-dependen-de-la-ayuda-de-terceros-para-salir-de-su-casa-y-100-000-no-salen-nunca/.

122 Ministerio de Educación y Formación Profesional, “Las cifras de la educación en España. Curso 2016-2017 (Edición 2019)”, http://www.educacionyfp.gob.es/servicios-al-ciudadano/estadisticas/indicadores-publicaciones-sintesis/cifras-educacion-espana/2016-17.html.

123 Instituto Nacional de Estadística, “Activos por sexo y ocupación. Valores absolutos y porcentajes respecto del total de cada ocupación”, https://www.ine.es/jaxiT3/Tabla.htm?t=4077.

124 Ídem.

125 Futuro en Común, “Una Agenda 2030 transformadora para las personas y la planeta”, 24 d