Derivar responsabilidad penal de la tarea de dirección política, sin acreditar actos jurídicos concretos de los que puedan derivarse dicha responsabilidad, es una monstruosidad jurídica de tal magnitud, que resulta literalmente incomprensible que personas que se supone que tienen formación jurídica hayan podido cometerla
El Tribunal Supremo ha comunicado este pasado martes 26 que ha sido básicamente confirmada la sentencia que se dictó en su día por la Audiencia Provincial de Sevilla en el “caso de los ERES”. A diferencia de la sentencia de primera instancia que fue dictada por unanimidad, la sentencia del TS ha sido dictada por una mayoría de tres magistrados contra dos. No conocemos todavía ni la sentencia ni los votos particulares. En consecuencia este artículo no puede entrar en el análisis de la fundamentación jurídica en la que descansan.
Cuando hacia finales de septiembre que se supone que se darán a conocer tanto la sentencia como los votos particulares, tendré ocasión de hacer un análisis de la fundamentación jurídica de los mismos.
Hoy quiero simplemente ofrecer al lector el marco jurídico en el que se desarrolló la operación de los ERES, a fin de que tenga la información necesaria para valorar la decisión del TS cuando se conozca.
Para que se pudieran aprobar los ERES, era imprescindible que existiera una partida presupuestaria con base en la cual pudieran ser financiados. La financiación de los ERES no se produce como consecuencia de una decisión gubernamental, sino de una decisión parlamentaria. El Gobierno, sea el del Estado sea el de una Comunidad Autónoma, tiene que aprobar el Proyecto de Ley de Presupuestos para remitirlos a continuación al Parlamento, que es el órgano constitucional que los debate y aprueba.
La “potestad presupuestaria” (art. 66.2 de la Constitución) reside de manera exclusiva y excluyente en el Parlamento. El Gobierno se limita a elaborar un Proyecto sobre el que pierde el control en el momento en que entra en el Parlamento. Únicamente el Parlamento es portador de una “voluntad presupuestaria”. La manifestación de la voluntad presupuestaria del Estado corresponde única y exclusivamente al Parlamento, sin que el Gobierno participe en lo más mínimo en la misma. Los miembros del Gobierno que sean parlamentarios participarán como los demás miembros de la Cámara en la aprobación de los mismos. Los que no sean parlamentarios, ni siquiera podrán hacerlo.
Queda claro, pues, que sin una partida presupuestaria que sea expresión de la voluntad del Estado o de la Comunidad Autónoma, no pueden existir los ERES. El Parlamento tiene que manifestar expresamente su voluntad, que es la forma en que se expresa la voluntad del Estado o de la Comunidad Autónoma, para que los ERES cobren vida.
En ningún momento se ha acreditado que la acción de los expresidentes de la Junta de Andalucía, Manuel Chaves y José Griñán, así como la de los demás miembros de los Consejos de Gobierno por ellos presididos, haya ido más allá de la discusión en el seno del Consejo de Gobierno y la aprobación del Proyecto de Ley de Presupuestos de la Comunidad Autónoma de Andalucía. Esa es toda la relación que han tenido con la partida presupuestaria de financiación de los ERES como con cualquiera de las demás que acaban figurando en la Ley de Presupuestos.
En esa operación es imposible que se cometa un delito porque no hay ningún acto con sustantividad que pueda generar una responsabilidad de tipo penal. Insisto en que la “potestad presupuestaria” es exclusivamente parlamentaria. No hay un acto del Gobierno ni de ninguno de sus miembros en el proceso de elaboración del Proyecto de Ley de Presupuestos del que pueda derivarse responsabilidad penal de ningún tipo. Es radicalmente imposible.
Puede ocurrir que, una vez aprobada la Ley de Presupuestos por el Parlamento, de la que tampoco puede derivarse responsabilidad penal de tipo alguno, en la ejecución de los mismos se pueda hacer un uso desviado de alguna partida presupuestaria. En tal supuesto, es evidente que sí puede generarse responsabilidad de tipo penal por quien haya sido protagonista de esta conducta desviada.
El Presidente del Consejo de Gobierno no puede ser nunca protagonista de una tal conducta desviada, porque no interviene jamás en la ejecución de ninguna partida presupuestaria. Un Consejero o Consejera tal vez podría ser protagonista de una conducta de este tipo, aunque es muy poco probable que esto pueda ocurrir. El Consejero o Consejera no desciende al nivel en que se concretan las ejecuciones de las partidas presupuestarias.
En ningún momento en el caso de los ERES se ha acreditando que algún Consejero o Consejera haya participado en la ejecución de la partida presupuestaria que los hizo posibles. No hay ninguna prueba acreditativa de una conducta desviada por parte de ninguno de los miembros del Consejo de Gobierno. Repito: ninguna.
Ya veremos qué dice el TS, pero hasta el momento no se han acreditado conductas delictivas por parte ni de los expresidentes ni de los exconsejeros que han sido condenados. No hay ningún acto constitutivo de delito del que hayan sido protagonistas alguno de ellos en el caso de los ERES por el que puedan haber incurrido en responsabilidad penal.
La Audiencia de Sevilla condenó la “acción de gobierno” del Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía. Condenó la “dirección política” de la Comunidad Autónoma por parte del Consejo de Gobierno. La dirección política es, justamente, la primera tarea del Gobierno, como queda claro de la lectura del artículo 97 de la Constitución, que empieza así: “El Gobierno dirige la política…” En esa dirección política ocupa un lugar primordial la aprobación del Proyecto de Ley de Presupuestos, que, justamente por eso, no puede generar responsabilidad de tipo penal alguna.
Derivar responsabilidad penal de la tarea de dirección política, sin acreditar actos jurídicos concretos de los que puedan derivarse dicha responsabilidad, es una monstruosidad jurídica de tal magnitud, que resulta literalmente incomprensible que personas que se supone que tienen formación jurídica hayan podido cometerla.
Esperemos a ver cómo justifican dicha monstruosidad la mayoría que ha ratificado la sentencia y de qué manera la rechazan las firmantes de los votos particulares.
Quedo comprometido a dar la explicación pertinente.
Javier Pérez Royo
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viernes, 29 de julio de 2022
miércoles, 6 de julio de 2022
Indicador de creciente desprestigio
La sentencia sobre el aborto va a ser catastrófica para la población afroamericana en particular y para la población pobre en general. Va a contribuir todavía más a la polarización política del país y a que no se pueda llegar a acuerdos de ningún tipo sobre los principales problemas con los que los Estados Unidos tienen que enfrentarse
Roe vs Wade tuvo un impacto enorme en Estados Unidos y en todos los países del llamado mundo occidental. En 1973, en que se dictó la sentencia por la Corte Suprema de Estados Unidos, el prestigio de la jurisprudencia estadounidense era enorme. Incomparablemente superior a la de cualquier otro país del mundo. Únicamente la jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos podía comparársele.
La sentencia de la Corte Suprema conocida este pasado sábado ha rechazado que la decisión de la mujer embarazada sobre la continuidad o interrupción del embarazo pueda ser reconocida como un derecho constitucional. En Estados Unidos deja de existir un derecho constitucional a la interrupción del embarazo, pudiendo la legislatura de cada Estado regular dicha interrupción como le parezca oportuno. La interrupción del embarazo únicamente será posible en aquellos Estados que expresamente así lo decidan. La interrupción del embarazo pasa a ser un derecho de configuración legal por el legislador de cada uno de los cincuenta Estados que integran los Estados Unidos.
De acuerdo con los estudios fiables, la opinión pública es abrumadoramente favorable a que sea la mujer embarazada y no el legislador de cada uno de los Estados la que pueda decidir si continúa o interrumpe el embarazo. En los Estados controlados por el Partido Demócrata no cabe duda de que las mujeres podrán decidir lo que estimen pertinente. Por el contrario en los Estados controlados por el Partido Republicano, o se ha dictado ya legislación para prohibir el aborto o se han fijado unas condiciones para la práctica del mismo que lo hacen en la práctica imposible.
La sentencia va a ser catastrófica para la población afroamericana en particular y para la población pobre en general. Va a contribuir todavía más a la polarización política del país y a que, en consecuencia, no se pueda llegar a acuerdos de ningún tipo sobre los principales problemas con los que los Estados Unidos tienen que enfrentarse.
Pero fuera de Estados Unidos el impacto va a ser insignificante. El prestigio de la Corte Suprema de los Estados Unidos cotiza a la baja desde hace tiempo, pero dicha cotización se ha hundido de manera estrepitosa desde que Donald Trump ganó las primarias en el Partido Republicano primero y la presidencia de los Estados Unidos después. Las maniobra espurias a través de las cuales la mayoría republicana en el Senado privó a Barack Obama de la designación de un magistrado en el su último año en la presidencia y posibilitó que Donal Trump designara un magistrado pocos meses antes de que se celebraran las elecciones en las que Joe Biden ganó la presidencia, han conducido a una Corte Suprema con una supermayoría conservadora, de la que puede esperarse cualquier barbaridad.
Afortunadamente, no es probable que su doctrina constitucional vaya a tener influencia fuera de los Estados Unidos. Todo lo que de positivo para el prestigio de la jurisprudencia constitucional de los Estados Unidos tuvo la sentencia de 1973, lo va a tener de negativo la sentencia de este pasado sábado.
No deja de ser, en todo caso, un paso más en el proceso degradación de la democracia al que estamos asistiendo desde hace varias décadas.
https://www.eldiario.es/contracorriente/indicador-creciente-desprestigio_132_9118694.html
Roe vs Wade tuvo un impacto enorme en Estados Unidos y en todos los países del llamado mundo occidental. En 1973, en que se dictó la sentencia por la Corte Suprema de Estados Unidos, el prestigio de la jurisprudencia estadounidense era enorme. Incomparablemente superior a la de cualquier otro país del mundo. Únicamente la jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos podía comparársele.
La sentencia de la Corte Suprema conocida este pasado sábado ha rechazado que la decisión de la mujer embarazada sobre la continuidad o interrupción del embarazo pueda ser reconocida como un derecho constitucional. En Estados Unidos deja de existir un derecho constitucional a la interrupción del embarazo, pudiendo la legislatura de cada Estado regular dicha interrupción como le parezca oportuno. La interrupción del embarazo únicamente será posible en aquellos Estados que expresamente así lo decidan. La interrupción del embarazo pasa a ser un derecho de configuración legal por el legislador de cada uno de los cincuenta Estados que integran los Estados Unidos.
De acuerdo con los estudios fiables, la opinión pública es abrumadoramente favorable a que sea la mujer embarazada y no el legislador de cada uno de los Estados la que pueda decidir si continúa o interrumpe el embarazo. En los Estados controlados por el Partido Demócrata no cabe duda de que las mujeres podrán decidir lo que estimen pertinente. Por el contrario en los Estados controlados por el Partido Republicano, o se ha dictado ya legislación para prohibir el aborto o se han fijado unas condiciones para la práctica del mismo que lo hacen en la práctica imposible.
La sentencia va a ser catastrófica para la población afroamericana en particular y para la población pobre en general. Va a contribuir todavía más a la polarización política del país y a que, en consecuencia, no se pueda llegar a acuerdos de ningún tipo sobre los principales problemas con los que los Estados Unidos tienen que enfrentarse.
Pero fuera de Estados Unidos el impacto va a ser insignificante. El prestigio de la Corte Suprema de los Estados Unidos cotiza a la baja desde hace tiempo, pero dicha cotización se ha hundido de manera estrepitosa desde que Donald Trump ganó las primarias en el Partido Republicano primero y la presidencia de los Estados Unidos después. Las maniobra espurias a través de las cuales la mayoría republicana en el Senado privó a Barack Obama de la designación de un magistrado en el su último año en la presidencia y posibilitó que Donal Trump designara un magistrado pocos meses antes de que se celebraran las elecciones en las que Joe Biden ganó la presidencia, han conducido a una Corte Suprema con una supermayoría conservadora, de la que puede esperarse cualquier barbaridad.
Afortunadamente, no es probable que su doctrina constitucional vaya a tener influencia fuera de los Estados Unidos. Todo lo que de positivo para el prestigio de la jurisprudencia constitucional de los Estados Unidos tuvo la sentencia de 1973, lo va a tener de negativo la sentencia de este pasado sábado.
No deja de ser, en todo caso, un paso más en el proceso degradación de la democracia al que estamos asistiendo desde hace varias décadas.
https://www.eldiario.es/contracorriente/indicador-creciente-desprestigio_132_9118694.html
jueves, 23 de junio de 2022
Lectura andaluza/Lectura española.
Si el PP consigue transmitir con credibilidad al electorado de derecha que él solo puede ganar las elecciones, la posibilidad de que los electores de Vox vuelvan al PP es alta
La hegemonía del PSOE en Andalucía tiene su origen en el referéndum del 28 de Febrero de 1980. En las primeras elecciones, las del 15 de junio de 1977, el PSOE obtuvo el 36.69% de los votos y 27 escaños mientras que UCD obtuvo el 34.88% y 26 escaños. En las de 1979, UCD obtuvo 24 escaños y el PSOE, 23. Y en las municipales de 1979, UCD fue el partido más votado en el conjunto de Andalucía y ganó en seis de las ocho capitales: Almería, Cádiz, Granada, Huelva, Jaén y Sevilla. Fue la ventaja del PCE sobre AP lo que permitió que la izquierda superara ligeramente a la derecha. Pero entre UCD y PSOE había en el momento inicial de la democracia una situación de empate.
Es la catastrófica decisión de UCD en el referéndum del 28F la que lo cambió todo. El suicidio que supuso la opción de UCD dejó el espacio de la derecha en manos de un partido, AP, con cero escaños por Andalucía en el Congreso y en el Senado y casi sin representación municipal. La travesía del desierto que tuvo que hacer la derecha española como consecuencia de ello fue terrible. Solamente empezó a levantar cabeza en las elecciones municipales de 1991 y no sería hasta 1996 cuando conseguiría llegar a la presidencia del Gobierno.
Si así fue en general en el Estado, en Andalucía fue mucho peor. En realidad en las elecciones generales de 1993, si no hubiera sido por la diferencia de un millón de votos en Andalucía entre PSOE y PP, este último habría ganado.
En Andalucía tras el 28F, también como consecuencia de la descomposición del PCE-PSUC, que pasó de los 23 escaños de 1979 a 4 en 1982, el PSOE conseguiría una posición durante mucho tiempo mucho más que hegemónica. En una sola ocasión, en 2012, consiguió el PP ganarle al PSOE y fue una victoria pírrica, ya que no consiguió superar al conjunto de la izquierda. En todas las demás convocatorias las victorias del PSOE eran arrolladoras.
Hasta 2018 no se produciría la primera derrota de la izquierda en Andalucía. Y no por obra del PP, sino por la confluencia de las tres derechas, PP, Ciudadanos y Vox. Para el PP se trataba de una victoria agridulce, ya que en esas elecciones obtuvo sus peores resultados. Y los consiguió como consecuencia de la pérdida del monopolio en la representación de la derecha.
Pero en 2018 se quebró la hegemonía de la izquierda en general y del PSOE en particular. En 2022 esa quiebra se ha hecho todavía mayor desde un punto de vista cuantitativo y ha cambiado, sobre todo, desde un punto de vista cualitativo a favor del PP.
El PP no solamente ha conseguido ganar él solo a toda la izquierda, sino que ha conseguido, sobre todo, reducir la complejidad de la representación de las derechas. Ha hecho desaparecer a Ciudadanos y ha conseguido frenar a Vox, pudiendo empezar a plantearse volver a representar la derecha española en régimen de monopolio.
Si el PP consigue transmitir con credibilidad al electorado de derecha que él solo puede ganar las elecciones, la posibilidad de que los electores de Vox vuelvan al PP es alta. Vox nace ante la perspectiva de que el PP solo no puede ganar. Mientras el PP parecía que podía ganar solo, el voto de Vox se mantuvo dentro del PP sin rechistar. Es la perspectiva de la derrota del PP en solitario la que estimuló a una parte de los votantes del PP a expresarse autónomamente como Vox. Si la perspectiva de la victoria vuelve a parecer verosímil, el PP podría volver a concentrar todo el voto de la derecha española.
Esta perspectiva es la que ha abierto el resultado de este pasado 19J. El PP no solamente ha frenado a Vox en Andalucía, sino que puede empezar a transmitir con credibilidad el mensaje de que puede hacerlo desaparecer. El PP en Castilla y León puede plantearse repetir las elecciones el próximo mes de mayo, que, en realidad, es lo que debería ocurrir, ya que Castilla y León accedió a la autonomía por la vía del artículo 143 de la Constitución y las elecciones en dichas Comunidades se celebran conjuntamente con las municipales en el mes de mayo. En Madrid se va a hacer así. Si Alfonso Fernández Mañueco llega a la conclusión de que tiene más que perder manteniendo a Vox en el Gobierno que disolviendo y convocando elecciones, ahora puede hacerlo.
Aparte del destrozo que ha supuesto para la izquierda, el resultado electoral del pasado 19J puede alterar significativamente el funcionamiento del sistema político español de estos últimos años.
https://www.eldiario.es/contracorriente/lectura-andaluza-lectura-espanola_132_9101429.html
La hegemonía del PSOE en Andalucía tiene su origen en el referéndum del 28 de Febrero de 1980. En las primeras elecciones, las del 15 de junio de 1977, el PSOE obtuvo el 36.69% de los votos y 27 escaños mientras que UCD obtuvo el 34.88% y 26 escaños. En las de 1979, UCD obtuvo 24 escaños y el PSOE, 23. Y en las municipales de 1979, UCD fue el partido más votado en el conjunto de Andalucía y ganó en seis de las ocho capitales: Almería, Cádiz, Granada, Huelva, Jaén y Sevilla. Fue la ventaja del PCE sobre AP lo que permitió que la izquierda superara ligeramente a la derecha. Pero entre UCD y PSOE había en el momento inicial de la democracia una situación de empate.
Es la catastrófica decisión de UCD en el referéndum del 28F la que lo cambió todo. El suicidio que supuso la opción de UCD dejó el espacio de la derecha en manos de un partido, AP, con cero escaños por Andalucía en el Congreso y en el Senado y casi sin representación municipal. La travesía del desierto que tuvo que hacer la derecha española como consecuencia de ello fue terrible. Solamente empezó a levantar cabeza en las elecciones municipales de 1991 y no sería hasta 1996 cuando conseguiría llegar a la presidencia del Gobierno.
Si así fue en general en el Estado, en Andalucía fue mucho peor. En realidad en las elecciones generales de 1993, si no hubiera sido por la diferencia de un millón de votos en Andalucía entre PSOE y PP, este último habría ganado.
En Andalucía tras el 28F, también como consecuencia de la descomposición del PCE-PSUC, que pasó de los 23 escaños de 1979 a 4 en 1982, el PSOE conseguiría una posición durante mucho tiempo mucho más que hegemónica. En una sola ocasión, en 2012, consiguió el PP ganarle al PSOE y fue una victoria pírrica, ya que no consiguió superar al conjunto de la izquierda. En todas las demás convocatorias las victorias del PSOE eran arrolladoras.
Hasta 2018 no se produciría la primera derrota de la izquierda en Andalucía. Y no por obra del PP, sino por la confluencia de las tres derechas, PP, Ciudadanos y Vox. Para el PP se trataba de una victoria agridulce, ya que en esas elecciones obtuvo sus peores resultados. Y los consiguió como consecuencia de la pérdida del monopolio en la representación de la derecha.
Pero en 2018 se quebró la hegemonía de la izquierda en general y del PSOE en particular. En 2022 esa quiebra se ha hecho todavía mayor desde un punto de vista cuantitativo y ha cambiado, sobre todo, desde un punto de vista cualitativo a favor del PP.
El PP no solamente ha conseguido ganar él solo a toda la izquierda, sino que ha conseguido, sobre todo, reducir la complejidad de la representación de las derechas. Ha hecho desaparecer a Ciudadanos y ha conseguido frenar a Vox, pudiendo empezar a plantearse volver a representar la derecha española en régimen de monopolio.
Si el PP consigue transmitir con credibilidad al electorado de derecha que él solo puede ganar las elecciones, la posibilidad de que los electores de Vox vuelvan al PP es alta. Vox nace ante la perspectiva de que el PP solo no puede ganar. Mientras el PP parecía que podía ganar solo, el voto de Vox se mantuvo dentro del PP sin rechistar. Es la perspectiva de la derrota del PP en solitario la que estimuló a una parte de los votantes del PP a expresarse autónomamente como Vox. Si la perspectiva de la victoria vuelve a parecer verosímil, el PP podría volver a concentrar todo el voto de la derecha española.
Esta perspectiva es la que ha abierto el resultado de este pasado 19J. El PP no solamente ha frenado a Vox en Andalucía, sino que puede empezar a transmitir con credibilidad el mensaje de que puede hacerlo desaparecer. El PP en Castilla y León puede plantearse repetir las elecciones el próximo mes de mayo, que, en realidad, es lo que debería ocurrir, ya que Castilla y León accedió a la autonomía por la vía del artículo 143 de la Constitución y las elecciones en dichas Comunidades se celebran conjuntamente con las municipales en el mes de mayo. En Madrid se va a hacer así. Si Alfonso Fernández Mañueco llega a la conclusión de que tiene más que perder manteniendo a Vox en el Gobierno que disolviendo y convocando elecciones, ahora puede hacerlo.
Aparte del destrozo que ha supuesto para la izquierda, el resultado electoral del pasado 19J puede alterar significativamente el funcionamiento del sistema político español de estos últimos años.
https://www.eldiario.es/contracorriente/lectura-andaluza-lectura-espanola_132_9101429.html
domingo, 19 de junio de 2022
_- El chantaje de Núñez Feijóo.
_- Sea cual sea el resultado de las elecciones andaluzas de este domingo. El PP no se va a sentar a negociar de buena fe la renovación del CGPJ, que conllevaría inmediatamente la renovación del TC. Además de que tiene la convicción de que el CGPJ es su mejor arma, tiene también la de que su actitud no tiene coste electoral de ningún tipo
La renovación del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) y del Tribunal Constitucional (TC) es una obligación. La Constitución ordena que se renueven en unos tiempos que la propia Constitución establece. Los preceptos relativos a dicha renovación son de fácil interpretación. Cada cinco años tiene que ser renovado el CGPJ en su totalidad. Cada tres se renueva por tercios el TC.
Una obligación no puede ser transformada en lo contrario, es decir, en un título de crédito que permita negociar los términos del cumplimiento de la misma. La renovación del CGPJ y del TC no puede estar sometida a condición de ningún tipo por parte de quienes están obligados a llevarla a cabo. Vincular la renovación al cumplimiento de determinadas condiciones unilateralmente establecidas es una operación de chantaje. Es en lo que está el señor Núñez Feijóo.
Aunque cuando se produjo la sustitución de Pablo Casado por Alberto Núñez Feijóo, se especuló con que dicha sustitución facilitaría el pacto para la renovación del CGPJ, estamos viendo que no solo no es así, sino que incluso se está endureciendo todavía más la posición del PP, que vincula dicha renovación a que el Gobierno de la Nación acepte determinadas propuestas del PP. El Gobierno no puede aceptar ninguna propuesta hasta que no se haya producido la renovación del CGPJ. Ya aceptó la de renovar parcialmente el TC, el Defensor del Pueblo y los miembros del Tribunal De Cuentas con la esperanza de que a continuación se renovara el CGPJ y ya hemos visto el resultado. El CGPJ, en su composición actual, es el instrumento de poder más importante para el PP. Estoy convencido de que no están dispuestos a perderlo.
Pienso que la misma forma en que se hizo y deshizo el acuerdo de renovación que se alcanzó en 2019, en el que el Presidente de la Sala Segunda, Manuel Machena, pasaría a ser Presidente del CGPJ y del Tribunal Supremo, es una buena muestra de lo que digo. El PP no ha estado dispuesto nunca a negociar de buena fe la renovación del CGPJ. De ahí que el acuerdo fuera torpedeado por el senador Cosidó, que había sido uno de los negociadores del mismo, mediante la remisión de un SMS a los senadores del PP redactado en unos términos que no podían conducir más que a donde condujeron: a la ruptura del acuerdo y a remitir la renovación a una nueva negociación para la que no se fijaba ninguna fecha.
En esas estamos y me temo que vamos a seguir estando. Sea cual sea el resultado de las elecciones andaluzas de este domingo. El PP no se va a sentar a negociar de buena fe la renovación del CGPJ, que conllevaría inmediatamente la renovación del TC. Además de que tiene la convicción de que el CGPJ es su mejor arma, tiene también la convicción de que su actitud no tiene coste electoral de ningún tipo para él, mientras que sí lo tiene para el PSOE. El mensaje que están transmitiendo es que las instituciones no funcionan cuando el PSOE gobierna, mientras que sí lo hacen cuando gobierna el PP.
Impedir la renovación del CGPJ y del TC juega a su favor. Cuanto más ruido se genere, mejor. Su estrategia es la de que se produzca una descomposición del sistema político que obligue a disolver las Cortes Generales y convocar elecciones anticipadas. La renovación del CGPJ y del TC es una garantía de que la legislatura acabará cuando llegue la hora y de que no habrá disolución anticipada.
A menos que se produzca una intervención muy firme de la Comisión Europea, Alberto Núñez Feijóo seguirá con su estrategia de chantaje.
La renovación del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) y del Tribunal Constitucional (TC) es una obligación. La Constitución ordena que se renueven en unos tiempos que la propia Constitución establece. Los preceptos relativos a dicha renovación son de fácil interpretación. Cada cinco años tiene que ser renovado el CGPJ en su totalidad. Cada tres se renueva por tercios el TC.
Una obligación no puede ser transformada en lo contrario, es decir, en un título de crédito que permita negociar los términos del cumplimiento de la misma. La renovación del CGPJ y del TC no puede estar sometida a condición de ningún tipo por parte de quienes están obligados a llevarla a cabo. Vincular la renovación al cumplimiento de determinadas condiciones unilateralmente establecidas es una operación de chantaje. Es en lo que está el señor Núñez Feijóo.
Aunque cuando se produjo la sustitución de Pablo Casado por Alberto Núñez Feijóo, se especuló con que dicha sustitución facilitaría el pacto para la renovación del CGPJ, estamos viendo que no solo no es así, sino que incluso se está endureciendo todavía más la posición del PP, que vincula dicha renovación a que el Gobierno de la Nación acepte determinadas propuestas del PP. El Gobierno no puede aceptar ninguna propuesta hasta que no se haya producido la renovación del CGPJ. Ya aceptó la de renovar parcialmente el TC, el Defensor del Pueblo y los miembros del Tribunal De Cuentas con la esperanza de que a continuación se renovara el CGPJ y ya hemos visto el resultado. El CGPJ, en su composición actual, es el instrumento de poder más importante para el PP. Estoy convencido de que no están dispuestos a perderlo.
Pienso que la misma forma en que se hizo y deshizo el acuerdo de renovación que se alcanzó en 2019, en el que el Presidente de la Sala Segunda, Manuel Machena, pasaría a ser Presidente del CGPJ y del Tribunal Supremo, es una buena muestra de lo que digo. El PP no ha estado dispuesto nunca a negociar de buena fe la renovación del CGPJ. De ahí que el acuerdo fuera torpedeado por el senador Cosidó, que había sido uno de los negociadores del mismo, mediante la remisión de un SMS a los senadores del PP redactado en unos términos que no podían conducir más que a donde condujeron: a la ruptura del acuerdo y a remitir la renovación a una nueva negociación para la que no se fijaba ninguna fecha.
En esas estamos y me temo que vamos a seguir estando. Sea cual sea el resultado de las elecciones andaluzas de este domingo. El PP no se va a sentar a negociar de buena fe la renovación del CGPJ, que conllevaría inmediatamente la renovación del TC. Además de que tiene la convicción de que el CGPJ es su mejor arma, tiene también la convicción de que su actitud no tiene coste electoral de ningún tipo para él, mientras que sí lo tiene para el PSOE. El mensaje que están transmitiendo es que las instituciones no funcionan cuando el PSOE gobierna, mientras que sí lo hacen cuando gobierna el PP.
Impedir la renovación del CGPJ y del TC juega a su favor. Cuanto más ruido se genere, mejor. Su estrategia es la de que se produzca una descomposición del sistema político que obligue a disolver las Cortes Generales y convocar elecciones anticipadas. La renovación del CGPJ y del TC es una garantía de que la legislatura acabará cuando llegue la hora y de que no habrá disolución anticipada.
A menos que se produzca una intervención muy firme de la Comisión Europea, Alberto Núñez Feijóo seguirá con su estrategia de chantaje.
lunes, 13 de junio de 2022
_- Las izquierdas van a ganar en Andalucía
_- La tesis de la inevitabilidad del triunfo de las derechas ha sido puesta en circulación con una cantidad de medios extraordinarios y de manera muy prolongada en el tiempo con la finalidad de desmovilizar a los electores de las diferentes izquierdas para que no acudan a las elecciones
Antonio Avendaño, muy buen amigo y excelente analista, publicó el pasado domingo, 5 de julio, un artículo en El Plural Andalucía con el título “El 19-J en diez claves y un prólogo”, que comenzaba así: “estas son las primeras elecciones andaluzas en cuarenta años donde existe certeza de que la izquierda no gobernará”.
Como habrán visto por el título que he puesto a esta entrada del blog, que no por casualidad se llama “Contracorriente”, no estoy de acuerdo con esta tajante afirmación de Antonio Avendaño. Tal como yo veo el proceso electoral que finalizará el próximo domingo, la tesis de la inevitabilidad del triunfo de las derechas ha sido puesta en circulación con una cantidad de medios extraordinarios y de manera muy prolongada en el tiempo con la finalidad de desmovilizar a los electores de las diferentes izquierdas para que no acudan a las elecciones. No viene de estos meses finales, sino que es una tesis que se viene reiterando de manera asfixiante desde que empezó la legislatura en diciembre de 2018. “Andaluz de izquierdas: estas no son tus elecciones”. Este es el mensaje.
Y es el que se ha concretado con la elección de la fecha electoral. El jueves 16 es el día del Corpus, que es festivo en varias provincias andaluzas y supone un corte en la semana final de la campaña electoral. Es un día del que se hace uso como comienzo de puente por muchas familias, especialmente cuando el calor aprieta, como lo está haciendo este año. La elección del 19-J no ha sido una elección inocente. Es un obstáculo más para la movilización del electorado de izquierda.
Y también con el planteamiento de la campaña electoral, en la que el PP y el Gobierno de la Junta de Andalucía están jugando a que las elecciones pasen desapercibidas, con la finalidad de que no haya debate que pueda despertar la atención de los electores. Ya tuvimos ocasión de comprobarlo en el primer debate electoral en televisión. La actitud cuasi ausente del candidato del PP, Juanma Moreno, fue, para mí, lo más llamativo del debate. Parecía casi que estuviera evacuando un trámite penoso y no participando en un acto central de la liturgia democrática. Su único objetivo parecía ser dejar que pasara el tiempo sin involucrarse en discusión de ningún tipo. Ni con los otros partidos de la derecha ni con los de las izquierdas. Lo único que faltó es que mirara su reloj, como hizo el Presidente Bush padre en el debate con Bill Clinton en 1992.
No tengo la menor duda de que esa va a ser su actitud esta semana final y especialmente en el debate de este lunes. Es algo para lo que los partidos de las izquierdas tienen que estar preparados. Con educación, pero con firmeza, tienen que reprocharle al Presidente Moreno Bonilla la forma en que ha comprometido nada menos que al Rey Felipe VI en su campaña electoral. Sería el momento oportuno para que se formulara la pregunta de si la Casa Real ha sido consultada por la dirección del PP antes de hacer uso de su imagen. No se puede tolerar que el juego sucio se lleve hasta hacer uso de la figura del rey.
Todo ello es indicativo de la inseguridad de las derechas en general y del PP en particular. Saben que son minoría y que únicamente si consiguen desmovilizar a los votantes de izquierda, pueden ganar. No es una campaña ganadora en la que se confía en el propio programa y su fuerza atractiva. No confían en ganar convenciendo, sino en ganar embarrando el terreno de juego para que la ciudadanía se ausente.
Esta fue la estrategia del Gobierno de Adolfo Suárez en el referéndum del 28-F, para impedir el acceso a la autonomía por la vía del artículo 151 de la Constitución. La reacción del cuerpo electoral andaluz desbarató dicha estrategia.
En este 19-J se está ensayando la misma estrategia con la finalidad de ir erosionando lo conseguido en las décadas que siguieron al 28-F. La movilización del cuerpo electoral no es menos importante en este 19-J de lo que lo fue en el 28-F. No hay que dar credibilidad a las encuestas y hacer oídos sordos a todos los mensajes para que la gente se quede en su casa. Si las izquierdas vamos a las urnas, ganamos.
Tenemos que prepararnos para celebrar el 19-J como un éxito. No aceptemos que nos condenen a la resignación.
https://www.eldiario.es/contracorriente/izquierdas-ganar-andalucia_132_9075256.html
Antonio Avendaño, muy buen amigo y excelente analista, publicó el pasado domingo, 5 de julio, un artículo en El Plural Andalucía con el título “El 19-J en diez claves y un prólogo”, que comenzaba así: “estas son las primeras elecciones andaluzas en cuarenta años donde existe certeza de que la izquierda no gobernará”.
Como habrán visto por el título que he puesto a esta entrada del blog, que no por casualidad se llama “Contracorriente”, no estoy de acuerdo con esta tajante afirmación de Antonio Avendaño. Tal como yo veo el proceso electoral que finalizará el próximo domingo, la tesis de la inevitabilidad del triunfo de las derechas ha sido puesta en circulación con una cantidad de medios extraordinarios y de manera muy prolongada en el tiempo con la finalidad de desmovilizar a los electores de las diferentes izquierdas para que no acudan a las elecciones. No viene de estos meses finales, sino que es una tesis que se viene reiterando de manera asfixiante desde que empezó la legislatura en diciembre de 2018. “Andaluz de izquierdas: estas no son tus elecciones”. Este es el mensaje.
Y es el que se ha concretado con la elección de la fecha electoral. El jueves 16 es el día del Corpus, que es festivo en varias provincias andaluzas y supone un corte en la semana final de la campaña electoral. Es un día del que se hace uso como comienzo de puente por muchas familias, especialmente cuando el calor aprieta, como lo está haciendo este año. La elección del 19-J no ha sido una elección inocente. Es un obstáculo más para la movilización del electorado de izquierda.
Y también con el planteamiento de la campaña electoral, en la que el PP y el Gobierno de la Junta de Andalucía están jugando a que las elecciones pasen desapercibidas, con la finalidad de que no haya debate que pueda despertar la atención de los electores. Ya tuvimos ocasión de comprobarlo en el primer debate electoral en televisión. La actitud cuasi ausente del candidato del PP, Juanma Moreno, fue, para mí, lo más llamativo del debate. Parecía casi que estuviera evacuando un trámite penoso y no participando en un acto central de la liturgia democrática. Su único objetivo parecía ser dejar que pasara el tiempo sin involucrarse en discusión de ningún tipo. Ni con los otros partidos de la derecha ni con los de las izquierdas. Lo único que faltó es que mirara su reloj, como hizo el Presidente Bush padre en el debate con Bill Clinton en 1992.
No tengo la menor duda de que esa va a ser su actitud esta semana final y especialmente en el debate de este lunes. Es algo para lo que los partidos de las izquierdas tienen que estar preparados. Con educación, pero con firmeza, tienen que reprocharle al Presidente Moreno Bonilla la forma en que ha comprometido nada menos que al Rey Felipe VI en su campaña electoral. Sería el momento oportuno para que se formulara la pregunta de si la Casa Real ha sido consultada por la dirección del PP antes de hacer uso de su imagen. No se puede tolerar que el juego sucio se lleve hasta hacer uso de la figura del rey.
Todo ello es indicativo de la inseguridad de las derechas en general y del PP en particular. Saben que son minoría y que únicamente si consiguen desmovilizar a los votantes de izquierda, pueden ganar. No es una campaña ganadora en la que se confía en el propio programa y su fuerza atractiva. No confían en ganar convenciendo, sino en ganar embarrando el terreno de juego para que la ciudadanía se ausente.
Esta fue la estrategia del Gobierno de Adolfo Suárez en el referéndum del 28-F, para impedir el acceso a la autonomía por la vía del artículo 151 de la Constitución. La reacción del cuerpo electoral andaluz desbarató dicha estrategia.
En este 19-J se está ensayando la misma estrategia con la finalidad de ir erosionando lo conseguido en las décadas que siguieron al 28-F. La movilización del cuerpo electoral no es menos importante en este 19-J de lo que lo fue en el 28-F. No hay que dar credibilidad a las encuestas y hacer oídos sordos a todos los mensajes para que la gente se quede en su casa. Si las izquierdas vamos a las urnas, ganamos.
Tenemos que prepararnos para celebrar el 19-J como un éxito. No aceptemos que nos condenen a la resignación.
https://www.eldiario.es/contracorriente/izquierdas-ganar-andalucia_132_9075256.html
sábado, 11 de junio de 2022
_- Dos novedades alarmantes
_- No tengo la menor duda de que Felipe VI no ha autorizado el uso desvergonzado de su imagen por el presidente de la Junta de Andalucía. Pero esto tiene que quedar claro antes de que los ciudadanos acudan a las urnas
La campaña para las elecciones al Parlamento de Andalucía para el próximo 19 de junio nos ha traído dos novedades que no habían hecho acto de presencia en ninguna de todas las demás elecciones celebradas hasta la fecha desde las del 15 de junio de 1977.
En ninguna, fuera municipal, autonómica, estatal o europea, el Rey había sido incorporado a la campaña electoral de un partido, ni un obispo había decido instrumentalizar un acto religioso de la envergadura del Rocío, para participar en la campaña electoral.
Esas dos barreras de la neutralidad de la Casa Real y de la Iglesia Católica en los procesos electorales han sido derribadas en Andalucía. El rey Felipe VI ha sido utilizado por el PP de manera inequívoca en la propaganda de su candidato a la Presidencia. El obispo de Huelva ha hecho un discurso en plena romería del Rocío con una carga política inequívoca a favor de los partidos de las derechas españolas.
Esto, insisto, no lo habíamos visto hasta la fecha. En mi opinión, no deberíamos volver a verlo. Para que sea así, sería imprescindible que los partidos de la izquierda española, se dirigieran, por un lado, a la Casa Real y, por otro, a la Conferencia Episcopal, a fin de que explicaran cómo es posible que haya sucedido lo que ha sucedido y que dieran garantías de que no volverá a ocurrir en el futuro.
Los partidos de la izquierda española deberían dirigir a la Casa Real un escrito en el que formularan al rey Felipe VI las siguientes preguntas:
¿Fue consultado el rey Felipe VI por el candidato del PP a la presidencia de la Junta de Andalucía para hacer uso de una foto suya en plena campaña electoral? Si fue así, ¿dio el Rey autorización para que se hiciera uso de su imagen en dicha campaña? Si no fue así, ¿no debería la Casa Real emitir un comunicado dirigido a los ciudadanos aclarando que ni ha sido consultado ni de ninguna manera autorizaría que se pudiera hacer uso de su imagen de manera partidista en una campaña electoral?
La callada por respuesta no es aceptable. El que calla otorga no es verdad siempre. Hay veces en que el silencio es pura expresión de prudencia. Pero en una campaña electoral, en la que un partido, cuyo candidato, al ser presidente de la Junta de Andalucía, es el máximo representante del Estado en la Comunidad Autónoma hace uso de la imagen del Rey, el silencio de la Casa Real no sería expresión de prudencia, sino de todo lo contrario. Los partidos de izquierda deben exigirle al Rey que desautorice expresamente el uso que se ha hecho de su imagen por el PP. No basta con un recurso ante la Junta Electoral. Al descaro del PP hay que responder abiertamente.
No tengo la menor duda de que el rey Felipe VI no ha autorizado el uso desvergonzado de su imagen por el presidente de la Junta de Andalucía. Pero esto tiene que quedar claro y, dada la importancia que tiene el tiempo en la campaña electoral, tiene que quedar claro antes de que los ciudadanos acudan a las urnas.
De forma parecida, los partidos de izquierda deberían dirigir un escrito a la Conferencia Episcopal, en el que preguntaran si se considera aceptable que un miembro de dicha Conferencia, se exprese en los términos en que lo ha hecho el obispo de Huelva en la romería de El Rocío. Dicho de otra manera: si la Conferencia Episcopal se reconoce en la intervención del obispo.
En un Estado no confesional, como es el Estado español desde la entrada en vigor de la Constitución, es inadmisible que un obispo se exprese de la forma en que lo ha hecho el de Huelva en plena campaña electoral. Si la Conferencia Episcopal no emite una nota a la opinión pública condenando expresamente la intervención del Obispo de Huelva, tal vez habría que replantearse la normativa que regula las relaciones entre la Iglesia y el Estado. Lo que no se puede admitir es que la Iglesia Católica disfrute de todos los privilegios que los Acuerdos entre el Estado y la Santa Sede le reconoce y que sea incapaz de guardar la imparcialidad en las campañas electorales.
Las dos novedades que han hecho acto de presencia en la campaña electoral de Andalucía son de una gravedad extraordinaria. Más todavía si las contemplamos a la luz de lo que ha sido la presencia de la Monarquía y de la Iglesia Católica en nuestra historia constitucional.
https://www.eldiario.es/contracorriente/novedades-alarmantes_132_9066418.html
La campaña para las elecciones al Parlamento de Andalucía para el próximo 19 de junio nos ha traído dos novedades que no habían hecho acto de presencia en ninguna de todas las demás elecciones celebradas hasta la fecha desde las del 15 de junio de 1977.
En ninguna, fuera municipal, autonómica, estatal o europea, el Rey había sido incorporado a la campaña electoral de un partido, ni un obispo había decido instrumentalizar un acto religioso de la envergadura del Rocío, para participar en la campaña electoral.
Esas dos barreras de la neutralidad de la Casa Real y de la Iglesia Católica en los procesos electorales han sido derribadas en Andalucía. El rey Felipe VI ha sido utilizado por el PP de manera inequívoca en la propaganda de su candidato a la Presidencia. El obispo de Huelva ha hecho un discurso en plena romería del Rocío con una carga política inequívoca a favor de los partidos de las derechas españolas.
Esto, insisto, no lo habíamos visto hasta la fecha. En mi opinión, no deberíamos volver a verlo. Para que sea así, sería imprescindible que los partidos de la izquierda española, se dirigieran, por un lado, a la Casa Real y, por otro, a la Conferencia Episcopal, a fin de que explicaran cómo es posible que haya sucedido lo que ha sucedido y que dieran garantías de que no volverá a ocurrir en el futuro.
Los partidos de la izquierda española deberían dirigir a la Casa Real un escrito en el que formularan al rey Felipe VI las siguientes preguntas:
¿Fue consultado el rey Felipe VI por el candidato del PP a la presidencia de la Junta de Andalucía para hacer uso de una foto suya en plena campaña electoral? Si fue así, ¿dio el Rey autorización para que se hiciera uso de su imagen en dicha campaña? Si no fue así, ¿no debería la Casa Real emitir un comunicado dirigido a los ciudadanos aclarando que ni ha sido consultado ni de ninguna manera autorizaría que se pudiera hacer uso de su imagen de manera partidista en una campaña electoral?
La callada por respuesta no es aceptable. El que calla otorga no es verdad siempre. Hay veces en que el silencio es pura expresión de prudencia. Pero en una campaña electoral, en la que un partido, cuyo candidato, al ser presidente de la Junta de Andalucía, es el máximo representante del Estado en la Comunidad Autónoma hace uso de la imagen del Rey, el silencio de la Casa Real no sería expresión de prudencia, sino de todo lo contrario. Los partidos de izquierda deben exigirle al Rey que desautorice expresamente el uso que se ha hecho de su imagen por el PP. No basta con un recurso ante la Junta Electoral. Al descaro del PP hay que responder abiertamente.
No tengo la menor duda de que el rey Felipe VI no ha autorizado el uso desvergonzado de su imagen por el presidente de la Junta de Andalucía. Pero esto tiene que quedar claro y, dada la importancia que tiene el tiempo en la campaña electoral, tiene que quedar claro antes de que los ciudadanos acudan a las urnas.
De forma parecida, los partidos de izquierda deberían dirigir un escrito a la Conferencia Episcopal, en el que preguntaran si se considera aceptable que un miembro de dicha Conferencia, se exprese en los términos en que lo ha hecho el obispo de Huelva en la romería de El Rocío. Dicho de otra manera: si la Conferencia Episcopal se reconoce en la intervención del obispo.
En un Estado no confesional, como es el Estado español desde la entrada en vigor de la Constitución, es inadmisible que un obispo se exprese de la forma en que lo ha hecho el de Huelva en plena campaña electoral. Si la Conferencia Episcopal no emite una nota a la opinión pública condenando expresamente la intervención del Obispo de Huelva, tal vez habría que replantearse la normativa que regula las relaciones entre la Iglesia y el Estado. Lo que no se puede admitir es que la Iglesia Católica disfrute de todos los privilegios que los Acuerdos entre el Estado y la Santa Sede le reconoce y que sea incapaz de guardar la imparcialidad en las campañas electorales.
Las dos novedades que han hecho acto de presencia en la campaña electoral de Andalucía son de una gravedad extraordinaria. Más todavía si las contemplamos a la luz de lo que ha sido la presencia de la Monarquía y de la Iglesia Católica en nuestra historia constitucional.
https://www.eldiario.es/contracorriente/novedades-alarmantes_132_9066418.html
domingo, 5 de junio de 2022
_- CGPJ: Situación insostenible.
_- No solo Carlos Lesmes, todos los miembros del CGPJ deberían dimitir de forma inmediata si no se resuelve ya su polémica renovación.
Parece que el Presidente del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) advirtió a Alberto Núñez Feijóo que la no renovación del CGPJ está llevando a dicho órgano y ,por extensión, al poder judicial a una situación insostenible. Le urgió, según se ha informado de forma generalizada, a que alcance un acuerdo “antes del comienzo del verano”, para que el órgano de gobierno de los jueces y magistrados que integran el poder judicial deje de estar “en funciones” y pueda ejercer las competencias que la Constitución y su propia Ley Orgánica le atribuye.
Carlos Lesmes identificó claramente dónde está el obstáculo al cumplimiento de la Constitución, ya que es únicamente la negativa de la dirección del PP lo que impide la renovación, permitiendo de paso que el CGPJ acumule más de tres años de prórroga, lo que en un órgano de “naturaleza política” es una salvajada constitucional.
Es obvio que el presidente del CGPJ tenía en la cabeza la renovación de cuatro Magistrados del Tribunal Constitucional (TC), cuyo mandato caduca el 12 de junio. Que un órgano “en funciones” pueda proceder nada menos que a designar para nueve años a quienes van a formar parte del máximo intérprete de la Constitución es algo tan anómalo, que no hay forma democrática posible de justificarlo.
Me gustaría equivocarme y que el nuevo Presidente del PP sea capaz de pactar la renovación del CGPJ, que no es más que cumplir con lo que la Constitución y la LOPJ establecen. Pero me temo que no sea así y que, con la excusa que sea, se mantenga la situación de estancamiento en que nos encontramos.
Dado que el propio Carlos Lesmes ha puesto el 21 de junio, día en que comienza el verano, como fecha límite para la renovación, pienso que, por simple coherencia personal, debería hacer pública la decisión de dimitir de manera irrevocable de la Presidencia que ocupa, si no se ha alcanzado un acuerdo para la renovación en dicha fecha.
La pelota está en el tejado del PP. Pero también en el del CGPJ, cuyos miembros deberían ser conscientes de que, con su conducta, están favoreciendo el incumplimiento de la obligación constitucional de renovación del CGPJ por parte del PP.
En mi opinión deberían ser todos los miembros del CGPJ los que deberían dimitir de forma inmediata. Bastaría con que el Presidente anunciara la suya, pero, por decoro institucional, debería ser el órgano en su totalidad el que adoptara tal decisión.
https://www.eldiario.es/contracorriente/cgpj-situacion-insostenible_129_9048010.html
Parece que el Presidente del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) advirtió a Alberto Núñez Feijóo que la no renovación del CGPJ está llevando a dicho órgano y ,por extensión, al poder judicial a una situación insostenible. Le urgió, según se ha informado de forma generalizada, a que alcance un acuerdo “antes del comienzo del verano”, para que el órgano de gobierno de los jueces y magistrados que integran el poder judicial deje de estar “en funciones” y pueda ejercer las competencias que la Constitución y su propia Ley Orgánica le atribuye.
Carlos Lesmes identificó claramente dónde está el obstáculo al cumplimiento de la Constitución, ya que es únicamente la negativa de la dirección del PP lo que impide la renovación, permitiendo de paso que el CGPJ acumule más de tres años de prórroga, lo que en un órgano de “naturaleza política” es una salvajada constitucional.
Es obvio que el presidente del CGPJ tenía en la cabeza la renovación de cuatro Magistrados del Tribunal Constitucional (TC), cuyo mandato caduca el 12 de junio. Que un órgano “en funciones” pueda proceder nada menos que a designar para nueve años a quienes van a formar parte del máximo intérprete de la Constitución es algo tan anómalo, que no hay forma democrática posible de justificarlo.
Me gustaría equivocarme y que el nuevo Presidente del PP sea capaz de pactar la renovación del CGPJ, que no es más que cumplir con lo que la Constitución y la LOPJ establecen. Pero me temo que no sea así y que, con la excusa que sea, se mantenga la situación de estancamiento en que nos encontramos.
Dado que el propio Carlos Lesmes ha puesto el 21 de junio, día en que comienza el verano, como fecha límite para la renovación, pienso que, por simple coherencia personal, debería hacer pública la decisión de dimitir de manera irrevocable de la Presidencia que ocupa, si no se ha alcanzado un acuerdo para la renovación en dicha fecha.
La pelota está en el tejado del PP. Pero también en el del CGPJ, cuyos miembros deberían ser conscientes de que, con su conducta, están favoreciendo el incumplimiento de la obligación constitucional de renovación del CGPJ por parte del PP.
En mi opinión deberían ser todos los miembros del CGPJ los que deberían dimitir de forma inmediata. Bastaría con que el Presidente anunciara la suya, pero, por decoro institucional, debería ser el órgano en su totalidad el que adoptara tal decisión.
https://www.eldiario.es/contracorriente/cgpj-situacion-insostenible_129_9048010.html
jueves, 2 de junio de 2022
_- Cuidar la mayoría de Gobierno.
_- Mucho ruido y pocas nueces reza un conocido refrán. No es de aplicación a esta legislatura más que en su primera parte. El ruido es realmente ensordecedor. Pero las nueces son muchas
El lector que me haya seguido en estos últimos años recordará que vengo sosteniendo reiteradamente que en la moción de censura que hizo presidente del Gobierno a Pedro Sánchez se hizo visible la única mayoría de Gobierno posible para la izquierda española. Para las izquierdas españolas, porque las izquierdas, igual que las derechas, son varias. Con las elecciones generales de diciembre de 2015 quedó claro que se había puesto fin al sistema de bipartidismo dinástico vigente desde la primera legislatura constitucional de 1979 y que se entraba en un nuevo ciclo político, en el que la imprevisibilidad en el sistema de partidos desde la perspectiva de la formación del Gobierno se convertiría en la normalidad. Hemos tenido desde entonces dos disoluciones anticipadas de las Cortes Generales por la imposibilidad de investir a un presidente de Gobierno y dos elecciones generales tras las cuales se ha conseguido investir a un presidente: Mariano Rajoy en 2016 y Pedro Sánchez en 2020. Hay que añadir la investidura a través de la moción de censura en julio de 2018.
Aunque la moción de censura de 2018 dio como resultado un Gobierno monocolor socialista con los 84 escaños que el PSOE había obtenido con la repetición de elecciones en 2016, la mayoría parlamentaria que hizo posible la investidura de Pedro Sánchez en aquel momento sigue siendo una mayoría parlamentaria de Gobierno de una estabilidad y de una productividad sorprendentes.
La supervivencia del Gobierno parece estar pendiente de un hilo. La impresión es que puede caer en cualquier momento. Y sin embargo, la evidencia empírica de que disponemos no autoriza sacar esta conclusión. Todo lo contrario. Con base en el resultado de las elecciones generales de noviembre de 2019 se constituyó el primer gobierno de coalición de la historia de la democracia española y, a pesar de que ha tenido que hacer frente a una pandemia de intensidad no conocida desde hacía más de un siglo y a una situación dificilísima como consecuencia de la invasión de Ucrania por Rusia, ha conseguido aprobar un programa legislativo realmente sorprendente.
En 2020 la mayoría parlamentaria aprobó 3 leyes orgánicas y 11 leyes ordinarias, entre las que se debe destacar la Ley de Presupuestos. En 2021 se aprobaron 11 leyes orgánicas y 22 leyes ordinarias. Y en lo que llevamos de 2022 se han aprobado 4 leyes orgánicas y 8 leyes ordinarias. Si el presidente del Gobierno decide agotar la legislatura, será una de las más productivas de toda la democracia.
Mucho ruido y pocas nueces reza un conocido refrán. No es de aplicación a esta legislatura más que en su primera parte. El ruido es realmente ensordecedor. Pero las nueces son muchas. Hay una mayoría sólida de Gobierno. Del Gobierno que tiene, por mandato constitucional, que “dirigir la política interior y exterior” (art. 97 CE). Y que lo está haciendo con una visibilidad, sobre todo en el ámbito de la Unión Europea, como no se recordaba desde la época de Felipe González.
La solidez de la mayoría parlamentaria, en contra de lo que parece y a pesar de la campaña orquestada para hacer que no lo parezca, es más que notable. En mi opinión, se puede contemplar lo que queda de legislatura con cierta tranquilidad. E incluso más. Los autoproclamados “constitucionalistas” son minoría en el cuerpo electoral, que es el lugar de residenciación del poder. Tienen “ocupadas” algunas instituciones muy importantes, que se resisten a abandonar y cuentan con apoyos confesables e inconfesables, dispuestos a montar conspiraciones y a poner zancadillas. Pero su idea de España y de la Constitución es claramente minoritaria.
Es en el rechazo de esa idea de España en la que se asienta la solidez de la mayoría parlamentaria de Gobierno. El problema de esa mayoría parlamentaria es de cohesión interna, fundamentalmente como consecuencia del “naufragio” de la Reforma del Estatuto de Autonomía de Catalunya ante el Tribunal Constitucional. Las heridas infligidas por el gobierno de Mariano Rajoy al nacionalismo catalán están vivas todavía y sobre ellas las derechas, con la inestimable colaboración de determinados jueces y magistrados, no dejan de derramar sal y vinagre. La revisión de los indultos por el Tribunal Supremo que hemos conocido esta semana es un buen botón de muestra. Ello dificulta la acción de gobierno. Pero, a pesar de todos los pesares, la mayoría de Gobierno aguanta.
Me imagino que Pedro Sánchez, por instinto de conservación y porque así se lo estarán haciendo llegar sus asesores, es consciente de que, tras las próximas elecciones, únicamente podrá seguir como presidente con una mayoría parlamentaria similar a la que tiene en este momento. La moción de censura de 2018, la única que ha sido aprobada en toda la historia de la democracia española, estableció la línea divisoria en el sistema político de la Constitución de 1978. Mientras la visión de la Constitución territorial de España de las derechas sea la que se ha manifestado desde la presidencia del partido y del Estado por Mariano Rajoy, Pedro Sánchez será el beneficiario de la reacción negativa contra la misma del resto de la población española.
Esa coalición inicialmente negativa hay que cultivarla, como ha subrayado en alguna ocasión Yolanda Díaz. Tengo la impresión de que el presidente del Gobierno no lo está haciendo con la dedicación que merece. De ahí han venido algunos de los sustos de esta legislatura, que no deberían volver a producirse. Y menos con una polarización tan extraordinaria como la que tenemos y vamos a seguir teniendo.
Javier Pérez Royo
El lector que me haya seguido en estos últimos años recordará que vengo sosteniendo reiteradamente que en la moción de censura que hizo presidente del Gobierno a Pedro Sánchez se hizo visible la única mayoría de Gobierno posible para la izquierda española. Para las izquierdas españolas, porque las izquierdas, igual que las derechas, son varias. Con las elecciones generales de diciembre de 2015 quedó claro que se había puesto fin al sistema de bipartidismo dinástico vigente desde la primera legislatura constitucional de 1979 y que se entraba en un nuevo ciclo político, en el que la imprevisibilidad en el sistema de partidos desde la perspectiva de la formación del Gobierno se convertiría en la normalidad. Hemos tenido desde entonces dos disoluciones anticipadas de las Cortes Generales por la imposibilidad de investir a un presidente de Gobierno y dos elecciones generales tras las cuales se ha conseguido investir a un presidente: Mariano Rajoy en 2016 y Pedro Sánchez en 2020. Hay que añadir la investidura a través de la moción de censura en julio de 2018.
Aunque la moción de censura de 2018 dio como resultado un Gobierno monocolor socialista con los 84 escaños que el PSOE había obtenido con la repetición de elecciones en 2016, la mayoría parlamentaria que hizo posible la investidura de Pedro Sánchez en aquel momento sigue siendo una mayoría parlamentaria de Gobierno de una estabilidad y de una productividad sorprendentes.
La supervivencia del Gobierno parece estar pendiente de un hilo. La impresión es que puede caer en cualquier momento. Y sin embargo, la evidencia empírica de que disponemos no autoriza sacar esta conclusión. Todo lo contrario. Con base en el resultado de las elecciones generales de noviembre de 2019 se constituyó el primer gobierno de coalición de la historia de la democracia española y, a pesar de que ha tenido que hacer frente a una pandemia de intensidad no conocida desde hacía más de un siglo y a una situación dificilísima como consecuencia de la invasión de Ucrania por Rusia, ha conseguido aprobar un programa legislativo realmente sorprendente.
En 2020 la mayoría parlamentaria aprobó 3 leyes orgánicas y 11 leyes ordinarias, entre las que se debe destacar la Ley de Presupuestos. En 2021 se aprobaron 11 leyes orgánicas y 22 leyes ordinarias. Y en lo que llevamos de 2022 se han aprobado 4 leyes orgánicas y 8 leyes ordinarias. Si el presidente del Gobierno decide agotar la legislatura, será una de las más productivas de toda la democracia.
Mucho ruido y pocas nueces reza un conocido refrán. No es de aplicación a esta legislatura más que en su primera parte. El ruido es realmente ensordecedor. Pero las nueces son muchas. Hay una mayoría sólida de Gobierno. Del Gobierno que tiene, por mandato constitucional, que “dirigir la política interior y exterior” (art. 97 CE). Y que lo está haciendo con una visibilidad, sobre todo en el ámbito de la Unión Europea, como no se recordaba desde la época de Felipe González.
La solidez de la mayoría parlamentaria, en contra de lo que parece y a pesar de la campaña orquestada para hacer que no lo parezca, es más que notable. En mi opinión, se puede contemplar lo que queda de legislatura con cierta tranquilidad. E incluso más. Los autoproclamados “constitucionalistas” son minoría en el cuerpo electoral, que es el lugar de residenciación del poder. Tienen “ocupadas” algunas instituciones muy importantes, que se resisten a abandonar y cuentan con apoyos confesables e inconfesables, dispuestos a montar conspiraciones y a poner zancadillas. Pero su idea de España y de la Constitución es claramente minoritaria.
Es en el rechazo de esa idea de España en la que se asienta la solidez de la mayoría parlamentaria de Gobierno. El problema de esa mayoría parlamentaria es de cohesión interna, fundamentalmente como consecuencia del “naufragio” de la Reforma del Estatuto de Autonomía de Catalunya ante el Tribunal Constitucional. Las heridas infligidas por el gobierno de Mariano Rajoy al nacionalismo catalán están vivas todavía y sobre ellas las derechas, con la inestimable colaboración de determinados jueces y magistrados, no dejan de derramar sal y vinagre. La revisión de los indultos por el Tribunal Supremo que hemos conocido esta semana es un buen botón de muestra. Ello dificulta la acción de gobierno. Pero, a pesar de todos los pesares, la mayoría de Gobierno aguanta.
Me imagino que Pedro Sánchez, por instinto de conservación y porque así se lo estarán haciendo llegar sus asesores, es consciente de que, tras las próximas elecciones, únicamente podrá seguir como presidente con una mayoría parlamentaria similar a la que tiene en este momento. La moción de censura de 2018, la única que ha sido aprobada en toda la historia de la democracia española, estableció la línea divisoria en el sistema político de la Constitución de 1978. Mientras la visión de la Constitución territorial de España de las derechas sea la que se ha manifestado desde la presidencia del partido y del Estado por Mariano Rajoy, Pedro Sánchez será el beneficiario de la reacción negativa contra la misma del resto de la población española.
Esa coalición inicialmente negativa hay que cultivarla, como ha subrayado en alguna ocasión Yolanda Díaz. Tengo la impresión de que el presidente del Gobierno no lo está haciendo con la dedicación que merece. De ahí han venido algunos de los sustos de esta legislatura, que no deberían volver a producirse. Y menos con una polarización tan extraordinaria como la que tenemos y vamos a seguir teniendo.
Javier Pérez Royo
sábado, 21 de mayo de 2022
_- ¿Qué está pasando en Podemos?
_- ¿Cómo es posible que la dirección de Podemos no se haya dado cuenta de que había partido en Andalucía y que ella tenía que ser la que tomara la iniciativa de configurar la coalición de izquierda que saltara al terreno de juego?
— La Junta Electoral de Andalucía rechaza incluir a Podemos en la coalición andaluza de izquierdas
En buena lógica la coalición de las izquierdas que, por el motivo que sea, no se reconocen en el partido socialista, debería estar siendo liderada por Podemos. No solamente en Andalucía de cara a las elecciones del próximo 19 de junio, sino en el conjunto del Estado, ya que no se puede perder de vista que en mayo de 2023 habrá elecciones municipales en todos los municipios y elecciones autonómicas en 12 Comunidades Autónomas más las dos Ciudades Autónomas. Y que a finales de 2023 habrá elecciones generales en el supuesto de que no se celebren antes, cosa que, tal como está el patio, no es descartable.
Con el resultado de las elecciones anticipadas en la Comunidad de Madrid se abrió un nuevo ciclo electoral, ya que la dirección del PP en ese momento creyó que se le abría una oportunidad de reforzar su liderazgo y de frenar a Vox con la anticipación de las elecciones primero en Castilla y León e inmediatamente después en Andalucía. Aunque el resultado de las elecciones en Castilla y León no fue el que la dirección del PP esperaba, el adelanto electoral en Andalucía se ha producido en todo caso.
Nadie en el terreno de la izquierda no socialista puede llamarse a engaño. Todos las diferentes formaciones políticas en dicho terreno sabían que el calendario electoral era el que iba a ser y con unas fechas previsibles, mes arriba mes abajo. Para competir eficazmente, era obvio que había que iniciar la negociación de la forma en que se iba a concurrir en cada Comunidad Autónoma y en los municipios más importantes. Los programas y los candidatos que tendrían que explicárselos a los ciudadanos tenían que ser acordados. Y esto solo hay una forma de hacerlo: negociando entre las direcciones de todas las formaciones que estuvieran dispuestas a hacerlo.
Dada la primacía de Podemos, cabía esperar que fuera dicha formación política la que hubiera tomado la iniciativa y hubiera convocado a las demás para empezar a discutir el qué y el cómo de lo que se iba a producir inexorablemente. Podemos ha sido la gran novedad en la izquierda del sistema de partidos español. Hasta su aparición, PSOE e IU habían ocupado el espacio casi por completo. La llegada de Podemos revolucionó dicho espacio. Lo hizo con una eficacia extraordinaria. Yo milité en el PCE y fui candidato en las elecciones de 1977 y 1979 y recuerdo la imposibilidad en que nos encontramos de llegar más allá de los 23 escaños. Por eso valoré y sigo valorando la hazaña que supuso la irrupción de Podemos de la forma tan extraordinaria en que lo hizo.
Lo que no acabo de entender es por qué habiendo hecho lo más difícil, romper el corsé que entre la Ley para la Reforma Política de 1976 y el Real Decreto-ley de normas electorales de marzo de 1977 impuso al ejercicio del derecho de sufragio, que supuso décadas de bipartidismo, esté renunciando a ocupar la posición que había conseguido y a dirigir la única coalición que puede consolidar dicha posición.
En Castilla y León la situación para las izquierdas era muy difícil, pero en Andalucía no lo era. Con la aprobación de la reforma laboral y con la visibilidad de los efectos de la misma, que conlleva un cierre de filas de los sindicatos en torno a las candidaturas de izquierda, socialistas y no socialistas, se había abierto una posibilidad de competir con la derecha en un partido de resultado abierto.
¿Cómo es posible que la dirección de Podemos no se haya dado cuenta de que había partido en Andalucía y que ella tenía que ser la que tomara la iniciativa de configurar la coalición de izquierda que saltara al terreno de juego? Para mí no es que me haya parecido incomprensible que se haya firmado por Podemos fuera de plazo la formalización de la coalición ante la Junta Electoral, sino que no haya sido el primer firmante al que hubieran seguido todos los demás.
Me temo que para las elecciones andaluzas ya no hay solución. Podemos no va a poder formar parte, jurídicamente, de la coalición electoral de las izquierdas, aunque en las listas puedan figurar dirigentes de Podemos sin aparecer identificados como tales. En el terreno electoral, el componente jurídico del proceso político es muy importante y, en consecuencia, el error tiene un coste alto para ellos.
De los errores se aprende o, mejor dicho, se debe aprender. Y esto es lo que tendría que hacer Podemos. Además de participar en la campaña electoral como si formalmente figurara en la coalición electoral, debería poner en marcha el proceso de preparación de todos los procesos electorales del 2023. Le va en ello su propia supervivencia.
https://www.eldiario.es/contracorriente/pasando_132_8978850.html
— La Junta Electoral de Andalucía rechaza incluir a Podemos en la coalición andaluza de izquierdas
En buena lógica la coalición de las izquierdas que, por el motivo que sea, no se reconocen en el partido socialista, debería estar siendo liderada por Podemos. No solamente en Andalucía de cara a las elecciones del próximo 19 de junio, sino en el conjunto del Estado, ya que no se puede perder de vista que en mayo de 2023 habrá elecciones municipales en todos los municipios y elecciones autonómicas en 12 Comunidades Autónomas más las dos Ciudades Autónomas. Y que a finales de 2023 habrá elecciones generales en el supuesto de que no se celebren antes, cosa que, tal como está el patio, no es descartable.
Con el resultado de las elecciones anticipadas en la Comunidad de Madrid se abrió un nuevo ciclo electoral, ya que la dirección del PP en ese momento creyó que se le abría una oportunidad de reforzar su liderazgo y de frenar a Vox con la anticipación de las elecciones primero en Castilla y León e inmediatamente después en Andalucía. Aunque el resultado de las elecciones en Castilla y León no fue el que la dirección del PP esperaba, el adelanto electoral en Andalucía se ha producido en todo caso.
Nadie en el terreno de la izquierda no socialista puede llamarse a engaño. Todos las diferentes formaciones políticas en dicho terreno sabían que el calendario electoral era el que iba a ser y con unas fechas previsibles, mes arriba mes abajo. Para competir eficazmente, era obvio que había que iniciar la negociación de la forma en que se iba a concurrir en cada Comunidad Autónoma y en los municipios más importantes. Los programas y los candidatos que tendrían que explicárselos a los ciudadanos tenían que ser acordados. Y esto solo hay una forma de hacerlo: negociando entre las direcciones de todas las formaciones que estuvieran dispuestas a hacerlo.
Dada la primacía de Podemos, cabía esperar que fuera dicha formación política la que hubiera tomado la iniciativa y hubiera convocado a las demás para empezar a discutir el qué y el cómo de lo que se iba a producir inexorablemente. Podemos ha sido la gran novedad en la izquierda del sistema de partidos español. Hasta su aparición, PSOE e IU habían ocupado el espacio casi por completo. La llegada de Podemos revolucionó dicho espacio. Lo hizo con una eficacia extraordinaria. Yo milité en el PCE y fui candidato en las elecciones de 1977 y 1979 y recuerdo la imposibilidad en que nos encontramos de llegar más allá de los 23 escaños. Por eso valoré y sigo valorando la hazaña que supuso la irrupción de Podemos de la forma tan extraordinaria en que lo hizo.
Lo que no acabo de entender es por qué habiendo hecho lo más difícil, romper el corsé que entre la Ley para la Reforma Política de 1976 y el Real Decreto-ley de normas electorales de marzo de 1977 impuso al ejercicio del derecho de sufragio, que supuso décadas de bipartidismo, esté renunciando a ocupar la posición que había conseguido y a dirigir la única coalición que puede consolidar dicha posición.
En Castilla y León la situación para las izquierdas era muy difícil, pero en Andalucía no lo era. Con la aprobación de la reforma laboral y con la visibilidad de los efectos de la misma, que conlleva un cierre de filas de los sindicatos en torno a las candidaturas de izquierda, socialistas y no socialistas, se había abierto una posibilidad de competir con la derecha en un partido de resultado abierto.
¿Cómo es posible que la dirección de Podemos no se haya dado cuenta de que había partido en Andalucía y que ella tenía que ser la que tomara la iniciativa de configurar la coalición de izquierda que saltara al terreno de juego? Para mí no es que me haya parecido incomprensible que se haya firmado por Podemos fuera de plazo la formalización de la coalición ante la Junta Electoral, sino que no haya sido el primer firmante al que hubieran seguido todos los demás.
Me temo que para las elecciones andaluzas ya no hay solución. Podemos no va a poder formar parte, jurídicamente, de la coalición electoral de las izquierdas, aunque en las listas puedan figurar dirigentes de Podemos sin aparecer identificados como tales. En el terreno electoral, el componente jurídico del proceso político es muy importante y, en consecuencia, el error tiene un coste alto para ellos.
De los errores se aprende o, mejor dicho, se debe aprender. Y esto es lo que tendría que hacer Podemos. Además de participar en la campaña electoral como si formalmente figurara en la coalición electoral, debería poner en marcha el proceso de preparación de todos los procesos electorales del 2023. Le va en ello su propia supervivencia.
https://www.eldiario.es/contracorriente/pasando_132_8978850.html
jueves, 19 de mayo de 2022
_- Cuando falta el 'alguien' más importante.
_- La empresa fabricante tiene que tener el registro. Verificar quién ha dado la orden en cada caso, si se ha solicitado o no autorización judicial, en definitiva, rastrear el uso que se ha hecho del programa es en lo que se debería estar trabajando por quien tiene autoridad para hacerlo, que son las Cortes Generales
— Todas las preguntas sobre el espionaje que no aclara el cese de la directora del CNI
Mariola Urrea publicó el pasado 9 de mayo un artículo en El País con el título “Cuando ese alguien es más de uno”, en el que pasaba revista a la cadena de decisiones que se habían ido adoptando en relación con el uso del programa Pegasus en nuestro país.
Estoy de acuerdo con lo que ella dice en dicho artículo, de lectura más que recomendable. Con lo que no estoy de acuerdo es con lo que omite. El programa Pegasus, mejor dicho el uso de dicho programa, ha sido conocido de forma generalizada por la opinión pública a raíz de la publicación de un artículo en la revista The New Yorker con base en la investigación de una Universidad canadiense sobre espionaje al nacionalismo catalán. El impacto del artículo en la opinión pública española y en la agenda política ha sido enorme y todavía tiene recorrido.
Mariola Urrea pasa revista a los “alguienes” que han tomado decisiones respecto del programa a partir de ese momento del espionaje catalán, pero deja fuera de su campo de análisis la figura de quien ha tomado la decisión más importante, en mi opinión, de la que traen causa todas las demás, tanto a las que ella se refiere, como todas las demás de las que ella no se ocupa.
El programa Pegasus no nace con el impulso del nacionalismo catalán a lo que se ha acabado denominando el procés, sino que estaba en el mercado, como mínimo, desde 2014. Con la velocidad de los acontecimientos, los cinco años que van de ese 2014 al 2019 en adelante en que se concreta el uso del programa para espiar a los nacionalistas catalanes es una eternidad.
El interrogante más importante, con mucha diferencia, respecto del programa Pegasus es el de quién tomó la decisión de que, una vez conocido el impacto del programa en el ejercicio de los derechos fundamentales más fundamentales, valga la redundancia, el programa pudiera ser adquirido en España. “¿Quién autorizó la compra del programa? ¿Quién decidió la persona o las personas que podrían hacer uso del mismo y en qué condiciones?
El programa es tan letal que no puede ser adquirido fácilmente. ¿Quién fue el “alguien” que está en el origen de la introducción de Pegasus en España?¿Lo adquirió solamente el Estado o fue adquirido también por personas, físicas o jurídicas, privadas? En el caso de que no fuera adquirido solamente por el Estado, ¿fue informado el Gobierno por la empresa fabricante de dicha adquisición con identificación de los compradores y las condiciones para poder hacer uso del mismo?
“Sin orden no hay conocimiento”, fue la primera lección que recibí del profesor Lojendio en 1966, mi primer año como profesor ayudante de clases prácticas. Y el orden en que se han tomado las decisiones respecto del programa Pegasus es lo que falta. Por eso en realidad no sabemos nada. Ahora mismo estamos dando palos de ciego.
Reconstruir ese orden no debería ser difícil. Se trata de un programa del que, por su propia naturaleza, solamente se puede hacer uso de forma limitada y queda rastro de cada vez que se utiliza. Conectar los distintos eslabones de la cadena de utilización del programa en nuestro país debería poder hacerse con facilidad. Es en lo que, en mi opinión, debería estar trabajando la Comisión de Secretos Oficiales del Congreso de los Diputados. Ir poniendo cronológicamente en orden todas las ocasiones en que se ha hecho uso del programa. La empresa fabricante tiene que tener el registro de todas. Verificar quién ha dado la orden en cada caso, si se ha solicitado o no autorización judicial, en definitiva, rastrear el uso que se ha hecho del programa es en lo que se debería estar trabajando por quien tiene autoridad para hacerlo, que son las Cortes Generales.
Mientras no se empiece por donde se debe empezar, no vamos a poder saber qué ha pasado realmente y a quién o quiénes es exigible responsabilidad y de qué tipo. Y, sobre todo, no vamos a aprender cómo tendríamos que actuar de ahora en adelante.
https://www.eldiario.es/contracorriente/falta-alguien-importante_132_8984760.html
— Todas las preguntas sobre el espionaje que no aclara el cese de la directora del CNI
Mariola Urrea publicó el pasado 9 de mayo un artículo en El País con el título “Cuando ese alguien es más de uno”, en el que pasaba revista a la cadena de decisiones que se habían ido adoptando en relación con el uso del programa Pegasus en nuestro país.
Estoy de acuerdo con lo que ella dice en dicho artículo, de lectura más que recomendable. Con lo que no estoy de acuerdo es con lo que omite. El programa Pegasus, mejor dicho el uso de dicho programa, ha sido conocido de forma generalizada por la opinión pública a raíz de la publicación de un artículo en la revista The New Yorker con base en la investigación de una Universidad canadiense sobre espionaje al nacionalismo catalán. El impacto del artículo en la opinión pública española y en la agenda política ha sido enorme y todavía tiene recorrido.
Mariola Urrea pasa revista a los “alguienes” que han tomado decisiones respecto del programa a partir de ese momento del espionaje catalán, pero deja fuera de su campo de análisis la figura de quien ha tomado la decisión más importante, en mi opinión, de la que traen causa todas las demás, tanto a las que ella se refiere, como todas las demás de las que ella no se ocupa.
El programa Pegasus no nace con el impulso del nacionalismo catalán a lo que se ha acabado denominando el procés, sino que estaba en el mercado, como mínimo, desde 2014. Con la velocidad de los acontecimientos, los cinco años que van de ese 2014 al 2019 en adelante en que se concreta el uso del programa para espiar a los nacionalistas catalanes es una eternidad.
El interrogante más importante, con mucha diferencia, respecto del programa Pegasus es el de quién tomó la decisión de que, una vez conocido el impacto del programa en el ejercicio de los derechos fundamentales más fundamentales, valga la redundancia, el programa pudiera ser adquirido en España. “¿Quién autorizó la compra del programa? ¿Quién decidió la persona o las personas que podrían hacer uso del mismo y en qué condiciones?
El programa es tan letal que no puede ser adquirido fácilmente. ¿Quién fue el “alguien” que está en el origen de la introducción de Pegasus en España?¿Lo adquirió solamente el Estado o fue adquirido también por personas, físicas o jurídicas, privadas? En el caso de que no fuera adquirido solamente por el Estado, ¿fue informado el Gobierno por la empresa fabricante de dicha adquisición con identificación de los compradores y las condiciones para poder hacer uso del mismo?
“Sin orden no hay conocimiento”, fue la primera lección que recibí del profesor Lojendio en 1966, mi primer año como profesor ayudante de clases prácticas. Y el orden en que se han tomado las decisiones respecto del programa Pegasus es lo que falta. Por eso en realidad no sabemos nada. Ahora mismo estamos dando palos de ciego.
Reconstruir ese orden no debería ser difícil. Se trata de un programa del que, por su propia naturaleza, solamente se puede hacer uso de forma limitada y queda rastro de cada vez que se utiliza. Conectar los distintos eslabones de la cadena de utilización del programa en nuestro país debería poder hacerse con facilidad. Es en lo que, en mi opinión, debería estar trabajando la Comisión de Secretos Oficiales del Congreso de los Diputados. Ir poniendo cronológicamente en orden todas las ocasiones en que se ha hecho uso del programa. La empresa fabricante tiene que tener el registro de todas. Verificar quién ha dado la orden en cada caso, si se ha solicitado o no autorización judicial, en definitiva, rastrear el uso que se ha hecho del programa es en lo que se debería estar trabajando por quien tiene autoridad para hacerlo, que son las Cortes Generales.
Mientras no se empiece por donde se debe empezar, no vamos a poder saber qué ha pasado realmente y a quién o quiénes es exigible responsabilidad y de qué tipo. Y, sobre todo, no vamos a aprender cómo tendríamos que actuar de ahora en adelante.
https://www.eldiario.es/contracorriente/falta-alguien-importante_132_8984760.html
martes, 10 de mayo de 2022
Catalunya lo complica todo
Sin la conexión catalana, Pegasus habría sido abordado como en los demás países en que se ha hecho uso. Como un problema grave que afecta a la seguridad del Estado, pero que, por eso mismo, tiene que ser abordado con discreción. Al nacionalismo catalán le interesa todo lo contrario
Pegasus ha entrado en la agenda política española por el artículo de The New Yorker sobre el uso de dicho programa para espiar a algo más de sesenta personas insertas en o estrechamente relacionadas con el nacionalismo catalán. El origen del artículo está en una investigación de una universidad canadiense de reconocida solvencia.
Esta conexión con Catalunya es lo que ha convertido a Pegasus en un problema difícilmente manejable. Sin la conexión catalana, Pegasus habría sido abordado como lo ha sido y está siendo en los demás países en que se ha hecho uso de dicho programa. Como un problema grave que afecta a la seguridad del Estado, pero que, por eso mismo, tiene que ser abordado con discreción.
Al nacionalismo catalán le interesa todo lo contrario. Le interesa poner de manifiesto que el Estado español no ha respetado ni la Constitución, ni el Convenio Europeo de Derechos Humanos, ni la Carta de Derechos Fundamentales de la Unión Europea en la represión de los acontecimientos que tuvieron lugar en los meses de septiembre y octubre de 2017.
Le interesa políticamente, porque el problema de la integración de Catalunya en el Estado sigue siendo un problema fundamentalmente político, aunque esté muy fuertemente judicializado. Y le interesa jurídicamente, porque todavía hay procesos abiertos ante el Tribunal Constitucional, el Tribunal de Justicia, el Tribunal General de la Unión Europea y el Tribunal Europeo de Derechos Humanos.
La judicialización del conflicto constitucional entre el Estado y la Generalitat no puede no volverse en contra del interés del Estado por manejar la investigación sobre el programa Pegasus de manera discreta. En todas las causas judiciales que están abiertas, que son todas, ya que si en algunas de ellas se ha agotado la vía judicial española, en ninguna se han pronunciado todavía mediante sentencia firme los tribunales europeos (TJUE y TEDH), se acabará reclamando la información que se haya obtenido mediante el uso del programa Pegasus. No veo de qué forma podrá oponerse el Estado español a que dicha información sea proporcionada al Tribunal que lo reclame.
Convertir el problema político de la integración de Catalunya en el Estado en un problema judicial, en el que el que fuera a la sazón Fiscal General del Estado, José Manuel Maza, definió la estrategia a seguir: persecución de todos los ex miembros del Govern presidido por Carles Puigdemont y de los ex miembros de la Mesa del Parlament presidida por Carme Forcadell por el delito de rebelión, pareció permitir al Gobierno presidido por Mariano Rajoy, controlar el procés.
Ha ocurrido todo lo contrario. El procés se ha internacionalizado de una manera que no se hubiera producido manteniéndolo dentro del ámbito estrictamente político español sin acudir al poder judicial y, además, hace perder al Estado el control de la información en materia tan delicada como el uso de programas de espionaje, ya que es imposible no atender la reclamación que se produzca por parte de órganos judiciales a los que se ha remitido la respuesta del problema.
El hecho de que la información obtenida con el programa Pegasus tenga que ser puesta a disposición de los tribunales que la reclamen y, por tanto, a disposición de los abogados de los procesados, puede poner en entredicho la conducta de los órganos gubernamentales y judiciales españoles en lo que a la respuesta que han dado al conflicto constitucional entre el Estado y la Generalitat se refiere. El contraste entre las fechas en que se obtuvo información y en las que tomaron decisiones la Fiscalía y los tribunales no sabemos todavía a dónde puede conducir, pero no se puede descartar que tenga importantes consecuencias sobre las resoluciones ya dictadas.
Pero, sobre todo, la investigación sobre el uso de Pegasus contra los nacionalistas catalanes va a salpicar la investigación de todos los demás usos que se haya hecho de dicho programa, estén judicializados o no todavía.
Catalunya es un problema constitucional de tal envergadura que no puede ser puesto en manos judiciales, porque el Poder Judicial es constitutivamente incapaz de darle respuesta. El Poder Judicial sirve para lo que sirve y no sirve para lo que no sirve y cuando se pretende hacer uso del mismo para lo que no puede serlo, el resultado es un disparate monumental. Las consecuencias de dicho disparate se están haciendo visibles y lo van a ser todavía más por tiempo indefinido.
https://www.eldiario.es/contracorriente/catalunya-complica_132_8962188.html
Pegasus ha entrado en la agenda política española por el artículo de The New Yorker sobre el uso de dicho programa para espiar a algo más de sesenta personas insertas en o estrechamente relacionadas con el nacionalismo catalán. El origen del artículo está en una investigación de una universidad canadiense de reconocida solvencia.
Esta conexión con Catalunya es lo que ha convertido a Pegasus en un problema difícilmente manejable. Sin la conexión catalana, Pegasus habría sido abordado como lo ha sido y está siendo en los demás países en que se ha hecho uso de dicho programa. Como un problema grave que afecta a la seguridad del Estado, pero que, por eso mismo, tiene que ser abordado con discreción.
Al nacionalismo catalán le interesa todo lo contrario. Le interesa poner de manifiesto que el Estado español no ha respetado ni la Constitución, ni el Convenio Europeo de Derechos Humanos, ni la Carta de Derechos Fundamentales de la Unión Europea en la represión de los acontecimientos que tuvieron lugar en los meses de septiembre y octubre de 2017.
Le interesa políticamente, porque el problema de la integración de Catalunya en el Estado sigue siendo un problema fundamentalmente político, aunque esté muy fuertemente judicializado. Y le interesa jurídicamente, porque todavía hay procesos abiertos ante el Tribunal Constitucional, el Tribunal de Justicia, el Tribunal General de la Unión Europea y el Tribunal Europeo de Derechos Humanos.
La judicialización del conflicto constitucional entre el Estado y la Generalitat no puede no volverse en contra del interés del Estado por manejar la investigación sobre el programa Pegasus de manera discreta. En todas las causas judiciales que están abiertas, que son todas, ya que si en algunas de ellas se ha agotado la vía judicial española, en ninguna se han pronunciado todavía mediante sentencia firme los tribunales europeos (TJUE y TEDH), se acabará reclamando la información que se haya obtenido mediante el uso del programa Pegasus. No veo de qué forma podrá oponerse el Estado español a que dicha información sea proporcionada al Tribunal que lo reclame.
Convertir el problema político de la integración de Catalunya en el Estado en un problema judicial, en el que el que fuera a la sazón Fiscal General del Estado, José Manuel Maza, definió la estrategia a seguir: persecución de todos los ex miembros del Govern presidido por Carles Puigdemont y de los ex miembros de la Mesa del Parlament presidida por Carme Forcadell por el delito de rebelión, pareció permitir al Gobierno presidido por Mariano Rajoy, controlar el procés.
Ha ocurrido todo lo contrario. El procés se ha internacionalizado de una manera que no se hubiera producido manteniéndolo dentro del ámbito estrictamente político español sin acudir al poder judicial y, además, hace perder al Estado el control de la información en materia tan delicada como el uso de programas de espionaje, ya que es imposible no atender la reclamación que se produzca por parte de órganos judiciales a los que se ha remitido la respuesta del problema.
El hecho de que la información obtenida con el programa Pegasus tenga que ser puesta a disposición de los tribunales que la reclamen y, por tanto, a disposición de los abogados de los procesados, puede poner en entredicho la conducta de los órganos gubernamentales y judiciales españoles en lo que a la respuesta que han dado al conflicto constitucional entre el Estado y la Generalitat se refiere. El contraste entre las fechas en que se obtuvo información y en las que tomaron decisiones la Fiscalía y los tribunales no sabemos todavía a dónde puede conducir, pero no se puede descartar que tenga importantes consecuencias sobre las resoluciones ya dictadas.
Pero, sobre todo, la investigación sobre el uso de Pegasus contra los nacionalistas catalanes va a salpicar la investigación de todos los demás usos que se haya hecho de dicho programa, estén judicializados o no todavía.
Catalunya es un problema constitucional de tal envergadura que no puede ser puesto en manos judiciales, porque el Poder Judicial es constitutivamente incapaz de darle respuesta. El Poder Judicial sirve para lo que sirve y no sirve para lo que no sirve y cuando se pretende hacer uso del mismo para lo que no puede serlo, el resultado es un disparate monumental. Las consecuencias de dicho disparate se están haciendo visibles y lo van a ser todavía más por tiempo indefinido.
https://www.eldiario.es/contracorriente/catalunya-complica_132_8962188.html
domingo, 1 de mayo de 2022
El mundo al revés: Pegasus y el derecho a la defensa.
Aparte de la investigación política que pueden y deben poner en marcha las Cortes Generales, cada uno de los afectados directa o indirectamente podrá acudir a los tribunales a denunciar la violación de sus derechos fundamentales
— El caso del espionaje en Catalunya expone las carencias en el control del CNI.
Margarita Robles, ministra de Defensa, ha hecho pública su preocupación por la situación material de indefensión en que se encuentra el CNI como consecuencia del carácter secreto de su actividad. “Todo lo que hace el CNI es secreto. Es muy fácil imputarle actos de los que no se puede defender”. Han sido sus palabras al ser preguntada por la utilización del Programa Pegasus para intervenir los teléfonos de alrededor de 60 personas integradas en o relacionadas más o menos estrechamente con el nacionalismo independentista catalán.
El secreto del CNI parece ser para la ministra de Defensa el equivalente a la inviolabilidad del Rey. Todo lo que hace el CNI es secreto. Todo lo que hace el Rey está cubierto por la inviolabilidad. Punto final. No hay nada que investigar, ni nada sobre lo que dar explicaciones. Confíen ustedes en que España es un Estado de Derecho donde el Gobierno actúa siempre cumpliendo de manera escrupulosa la ley y con el máximo respeto de los derechos fundamentales y libertades públicas de los ciudadanos.
Si este va a ser el contenido de su intervención en el Congreso de los Diputados ante el que ha solicitado comparecer, no se qué sentido puede tener su comparecencia. Si no hay nada que decir, porque, al ser secreta la actividad del CNI, cualquier cosa que se diga supondría una vulneración de la ley, de la Ley de Secretos Oficiales y de la Ley reguladora del CNI, mejor no comparecer.
En todo caso, ya sabemos cual es la posición del Gobierno. Es la imposibilidad del ejercicio del derecho a la defensa del CNI lo que le preocupa y no la imposibilidad del ejercicio del derecho a la defensa de los ciudadanos cuyos teléfonos han sido intervenidos con el programa Pegasus.
Porque el problema de no poder ejercer el derecho a la defensa lo tienen los ciudadanos investigados con el programa Pegasus y no el CNI. No hay que haber estudiado en una Facultad de Derecho para entender que la alegación a la indefensión del CNI por parte de la Ministra no tiene nada que ver con el derecho fundamental reconocido en la Constitución. Es una maniobra para introducir confusión donde no la hay. En la utilización del programa Pegasus para interceptar los teléfonos de los nacionalistas catalanes, los únicos derechos fundamentales que están en juego son los de las personas cuyos teléfonos han sido intervenidos y los de nadie más. Bueno, para decirlo con más precisión: los de los titulares de tales teléfonos y los de todas las personas que hayan entrado en contacto con ellos telefónicamente.
La herramienta Pegasus es tan invasiva, que no es posible hacer un uso constitucional de la misma. No solo supone una limitación de los derechos constitutivos de la personalidad reconocidos en el artículo 18 de la Constitución. No solamente la del secreto de las comunicaciones, sino la de todos: la intimidad, el honor y la propia imagen. La de los titulares de los teléfonos y la de de todos los que se comunican con ellos por dicha vía. Incluso las de quienes no se comunican directamente pero aparecen en la conversación o en las fotografías almacenadas en el teléfono intervenido.
Sin una Ley que contemple la especificidad de esta herramienta y delimite en qué supuestos y bajo qué condiciones se puede hacer uso de la misma, ningún juez puede autorizar su uso. La naturaleza de los derechos reconocidos en el artículo 18, los sustantivos, intimidad, honor y propia imagen y los que, siendo también sustantivos, son instrumentales de los primeros, inviolabilidad del domicilio y secreto de las comunicaciones, ocupa un lugar tan estratégico en la Constitución, que no se puede autorizar una intervención sobre los mismos, ya que que puede suponer la negación absoluta de todos ellos. Ahora mismo no hay ningún juez que pueda autorizar el uso del programa Pegasus.
No se si será posible siquiera que las Cortes Generales aprueben una ley que lo haga posible, ya que el “núcleo esencial” de los derechos fundamentales es indisponible para el legislador. “Solo por ley que, en todo caso, deberá respetar su contenido esencial…”, dice el artículo 53.1 de la Constitución, se podrá regular el ejercicio de los derechos fundamentales. Esta limitación opera para todos los derechos fundamentales, pero la intensidad es diferente dependiendo de la manera que afecta cada uno de ellos a la convivencia en libertad. La afectación de los derechos reconocidos en el artículo 18 es la máxima.
Quiere decirse que nos encontramos ante un problema de una magnitud extraordinaria. Aparte de la investigación de naturaleza política que pueden y deben poner en marcha las Cortes Generales, es obvio que cada uno de los ciudadanos afectados directa o indirectamente podrá acudir a los tribunales a denunciar la violación de sus derechos fundamentales por haber sido sometido a investigación con base en el programa Pegasus.
La información de la que disponemos en este momento es mínima. Estamos al comienzo de una investigación sobre el uso que se ha hecho del programa Pegasus. Lo único que podemos dar por seguro en este momento es que no será la indefensión del CNI la que estará en el centro de la investigación, sino la indefensión de los ciudadanos afectados por la aplicación del Programa.
Atentos, porque todavía es mucho el recorrido de este turbio asunto.
Margarita Robles, ministra de Defensa, ha hecho pública su preocupación por la situación material de indefensión en que se encuentra el CNI como consecuencia del carácter secreto de su actividad. “Todo lo que hace el CNI es secreto. Es muy fácil imputarle actos de los que no se puede defender”. Han sido sus palabras al ser preguntada por la utilización del Programa Pegasus para intervenir los teléfonos de alrededor de 60 personas integradas en o relacionadas más o menos estrechamente con el nacionalismo independentista catalán.
El secreto del CNI parece ser para la ministra de Defensa el equivalente a la inviolabilidad del Rey. Todo lo que hace el CNI es secreto. Todo lo que hace el Rey está cubierto por la inviolabilidad. Punto final. No hay nada que investigar, ni nada sobre lo que dar explicaciones. Confíen ustedes en que España es un Estado de Derecho donde el Gobierno actúa siempre cumpliendo de manera escrupulosa la ley y con el máximo respeto de los derechos fundamentales y libertades públicas de los ciudadanos.
Si este va a ser el contenido de su intervención en el Congreso de los Diputados ante el que ha solicitado comparecer, no se qué sentido puede tener su comparecencia. Si no hay nada que decir, porque, al ser secreta la actividad del CNI, cualquier cosa que se diga supondría una vulneración de la ley, de la Ley de Secretos Oficiales y de la Ley reguladora del CNI, mejor no comparecer.
En todo caso, ya sabemos cual es la posición del Gobierno. Es la imposibilidad del ejercicio del derecho a la defensa del CNI lo que le preocupa y no la imposibilidad del ejercicio del derecho a la defensa de los ciudadanos cuyos teléfonos han sido intervenidos con el programa Pegasus.
Porque el problema de no poder ejercer el derecho a la defensa lo tienen los ciudadanos investigados con el programa Pegasus y no el CNI. No hay que haber estudiado en una Facultad de Derecho para entender que la alegación a la indefensión del CNI por parte de la Ministra no tiene nada que ver con el derecho fundamental reconocido en la Constitución. Es una maniobra para introducir confusión donde no la hay. En la utilización del programa Pegasus para interceptar los teléfonos de los nacionalistas catalanes, los únicos derechos fundamentales que están en juego son los de las personas cuyos teléfonos han sido intervenidos y los de nadie más. Bueno, para decirlo con más precisión: los de los titulares de tales teléfonos y los de todas las personas que hayan entrado en contacto con ellos telefónicamente.
La herramienta Pegasus es tan invasiva, que no es posible hacer un uso constitucional de la misma. No solo supone una limitación de los derechos constitutivos de la personalidad reconocidos en el artículo 18 de la Constitución. No solamente la del secreto de las comunicaciones, sino la de todos: la intimidad, el honor y la propia imagen. La de los titulares de los teléfonos y la de de todos los que se comunican con ellos por dicha vía. Incluso las de quienes no se comunican directamente pero aparecen en la conversación o en las fotografías almacenadas en el teléfono intervenido.
Sin una Ley que contemple la especificidad de esta herramienta y delimite en qué supuestos y bajo qué condiciones se puede hacer uso de la misma, ningún juez puede autorizar su uso. La naturaleza de los derechos reconocidos en el artículo 18, los sustantivos, intimidad, honor y propia imagen y los que, siendo también sustantivos, son instrumentales de los primeros, inviolabilidad del domicilio y secreto de las comunicaciones, ocupa un lugar tan estratégico en la Constitución, que no se puede autorizar una intervención sobre los mismos, ya que que puede suponer la negación absoluta de todos ellos. Ahora mismo no hay ningún juez que pueda autorizar el uso del programa Pegasus.
No se si será posible siquiera que las Cortes Generales aprueben una ley que lo haga posible, ya que el “núcleo esencial” de los derechos fundamentales es indisponible para el legislador. “Solo por ley que, en todo caso, deberá respetar su contenido esencial…”, dice el artículo 53.1 de la Constitución, se podrá regular el ejercicio de los derechos fundamentales. Esta limitación opera para todos los derechos fundamentales, pero la intensidad es diferente dependiendo de la manera que afecta cada uno de ellos a la convivencia en libertad. La afectación de los derechos reconocidos en el artículo 18 es la máxima.
Quiere decirse que nos encontramos ante un problema de una magnitud extraordinaria. Aparte de la investigación de naturaleza política que pueden y deben poner en marcha las Cortes Generales, es obvio que cada uno de los ciudadanos afectados directa o indirectamente podrá acudir a los tribunales a denunciar la violación de sus derechos fundamentales por haber sido sometido a investigación con base en el programa Pegasus.
La información de la que disponemos en este momento es mínima. Estamos al comienzo de una investigación sobre el uso que se ha hecho del programa Pegasus. Lo único que podemos dar por seguro en este momento es que no será la indefensión del CNI la que estará en el centro de la investigación, sino la indefensión de los ciudadanos afectados por la aplicación del Programa.
Atentos, porque todavía es mucho el recorrido de este turbio asunto.
domingo, 24 de abril de 2022
_- Una línea divisoria ambigua.
_- La suciedad acumulada durante las diferentes experiencias monárquicas sale a la superficie de vez en cuando, pero continúa formando parte del paisaje. No fuimos capaces de hacer el barrido después del 14 de abril de 1931, por eso estamos donde estamos
1931 ha sido la única ocasión en que España ha vivido un proceso constituyente genuino. Fue posible por la implosión del sistema político de la Restauración, incapaz de poner en marcha un programa de reformas, que permitiera pasar de la Monarquía Constitucional a la Monarquía parlamentaria. Aunque en las dos primeras décadas del siglo XX la reforma de la Constitución, con la finalidad de ir situando el centro de gravedad del sistema político en el Parlamento, estuvo presente en la agenda política, no llegó a formalizarse como proyecto de ley de reforma constitucional ninguna propuesta. El resultado fue que una manifestación relativamente subalterna del sufragio universal, como son unas elecciones municipales, produjeron un cambio de régimen. España se acostó monárquica y amaneció republicana.
El 14 de abril enterró la Monarquía Española, que es como se denominó la Monarquía del siglo XIX en nuestro país. Desde el momento en que se inició una experiencia democrática indiscutible, el retorno a lo que fue el “Antiguo Régimen monárquico-constitucional” resultó imposible. En esto, la Segunda República se diferenció nítidamente de la otra gran experiencia modernizadora anterior: el Sexenio Revolucionario. La Restauración de la dinastía borbónica se abrió camino con relativa facilidad tras el fracaso de la experiencia monárquica de Amadeo de Saboya y de la Primera República. Eso no sería posible tras el 14 de abril de 1931.
El 14 de abril de 1931 simboliza la democracia. Una vez que se alcanza ese umbral, ya no es posible la vuelta atrás, no es posible la vuelta a una sociedad predemocrática. Se pueden imponer fórmulas políticas anti-democráticas, rabiosamente antidemocráticas incluso, pero no se puede volver al universo predemocrático al que pertenecía la Monarquía española.
Lo más parecido a la línea divisoria del 14 de abril es la línea divisoria del 2 de mayo de 1808. Esta última supuso la quiebra de la Monarquía Absoluta. La primera supuso la quiebra de la Monarquía Constitucional. Desde el momento en que hace acto de presencia la soberanía nacional en 1812 o la soberanía popular en 1931 estamos en otro mundo. Con hipotecas muy fuertes del pasado, pero en otro mundo.
Ambas líneas divisorias intentaron ser borradas de manera brutal. La reacción de Fernando VII frente a la Constitución de Cádiz es similar a la reacción de Franco frente a la Constitución republicana. Se intentó en ambos casos hacerlas desaparecer, como si nunca hubieran existido. Pero el programa de futuro del que cada una de ellas era portadora no pudo ser borrado del horizonte por completo. Se conseguiría retrasarlo, rebajarlo y condicionarlo cuando resultó imposible impedir que empezara a abrirse camino. Pero no se pudo volver al pasado anterior.
La forma en que se intentó condicionar la llegada de la Monarquía Constitucional tras la muerte de Fernando VII y la Monarquía parlamentaria tras la muerte de Franco también tiene similitudes. De la misma manera que el Estatuto Real perimetró el terreno de la futura Monarquía Española, la Ley para la Reforma política condicionó el disfraz de la Restauración monárquica como transición a la democracia.
La forma en que se transitó de Fernando VII a Isabel Segunda es similar a la forma en que se transitó del General Franco al Rey Juan Carlos I de Borbón. Y entre la conducta de la primera Reina constitucional y el primer Rey parlamentario también hay similitudes.
La suciedad acumulada durante las diferentes experiencias monárquicas sale a la superficie de vez en cuando, pero continúa formando parte del paisaje. No fuimos capaces de hacer el barrido después del 14 de abril de 1931 y por eso seguimos estando donde estamos.
Contracorriente. Javier Pérez Royo.
1931 ha sido la única ocasión en que España ha vivido un proceso constituyente genuino. Fue posible por la implosión del sistema político de la Restauración, incapaz de poner en marcha un programa de reformas, que permitiera pasar de la Monarquía Constitucional a la Monarquía parlamentaria. Aunque en las dos primeras décadas del siglo XX la reforma de la Constitución, con la finalidad de ir situando el centro de gravedad del sistema político en el Parlamento, estuvo presente en la agenda política, no llegó a formalizarse como proyecto de ley de reforma constitucional ninguna propuesta. El resultado fue que una manifestación relativamente subalterna del sufragio universal, como son unas elecciones municipales, produjeron un cambio de régimen. España se acostó monárquica y amaneció republicana.
El 14 de abril enterró la Monarquía Española, que es como se denominó la Monarquía del siglo XIX en nuestro país. Desde el momento en que se inició una experiencia democrática indiscutible, el retorno a lo que fue el “Antiguo Régimen monárquico-constitucional” resultó imposible. En esto, la Segunda República se diferenció nítidamente de la otra gran experiencia modernizadora anterior: el Sexenio Revolucionario. La Restauración de la dinastía borbónica se abrió camino con relativa facilidad tras el fracaso de la experiencia monárquica de Amadeo de Saboya y de la Primera República. Eso no sería posible tras el 14 de abril de 1931.
El 14 de abril de 1931 simboliza la democracia. Una vez que se alcanza ese umbral, ya no es posible la vuelta atrás, no es posible la vuelta a una sociedad predemocrática. Se pueden imponer fórmulas políticas anti-democráticas, rabiosamente antidemocráticas incluso, pero no se puede volver al universo predemocrático al que pertenecía la Monarquía española.
Lo más parecido a la línea divisoria del 14 de abril es la línea divisoria del 2 de mayo de 1808. Esta última supuso la quiebra de la Monarquía Absoluta. La primera supuso la quiebra de la Monarquía Constitucional. Desde el momento en que hace acto de presencia la soberanía nacional en 1812 o la soberanía popular en 1931 estamos en otro mundo. Con hipotecas muy fuertes del pasado, pero en otro mundo.
Ambas líneas divisorias intentaron ser borradas de manera brutal. La reacción de Fernando VII frente a la Constitución de Cádiz es similar a la reacción de Franco frente a la Constitución republicana. Se intentó en ambos casos hacerlas desaparecer, como si nunca hubieran existido. Pero el programa de futuro del que cada una de ellas era portadora no pudo ser borrado del horizonte por completo. Se conseguiría retrasarlo, rebajarlo y condicionarlo cuando resultó imposible impedir que empezara a abrirse camino. Pero no se pudo volver al pasado anterior.
La forma en que se intentó condicionar la llegada de la Monarquía Constitucional tras la muerte de Fernando VII y la Monarquía parlamentaria tras la muerte de Franco también tiene similitudes. De la misma manera que el Estatuto Real perimetró el terreno de la futura Monarquía Española, la Ley para la Reforma política condicionó el disfraz de la Restauración monárquica como transición a la democracia.
La forma en que se transitó de Fernando VII a Isabel Segunda es similar a la forma en que se transitó del General Franco al Rey Juan Carlos I de Borbón. Y entre la conducta de la primera Reina constitucional y el primer Rey parlamentario también hay similitudes.
La suciedad acumulada durante las diferentes experiencias monárquicas sale a la superficie de vez en cuando, pero continúa formando parte del paisaje. No fuimos capaces de hacer el barrido después del 14 de abril de 1931 y por eso seguimos estando donde estamos.
Contracorriente. Javier Pérez Royo.
sábado, 23 de abril de 2022
_- Francia y el futuro de la UE.
_- En la elección del próximo domingo no está en juego la elección de la presidencia de Francia, sino mucho más. Desde cosas pequeñitas, como es por ejemplo, la convocatoria inmediata de las elecciones autonómicas en Andalucía, que se dan por convocadas en el caso de que Emmanuel Macron repita
Me cuesta trabajo pensar que Emmanuel Macron pueda perder el domingo y que Marine Le Pen se convierta en presidenta, pero tras el resultado del referéndum del Brexit en junio y la victoria de Donald Trump en noviembre de 2016, la ausencia de previsibilidad se ha convertido en la norma política en casi todos los países democráticamente constituidos. Las últimas elecciones presidenciales en Francia tuvieron lugar en 2017, después del referéndum del Brexit y de la elección de Donald Trump y, sin embargo, a nadie se le pasó todavía por la cabeza que Marine Le Pen tenía la más mínima no probabilidad, sino posibilidad, de ganar la elección presidencial. Se repitió con ella el resultado de su padre en 2002. Ocurrió lo que todo el mundo daba por supuesto que iba a ocurrir. Sin embargo, en este 2022, a pesar de que el resultado de la primera vuelta se asemeja al de la primera de hace cinco años, no se descarta como completamente imposible que Marine Le Pen pueda ser presidenta el domingo. Es improbable que lo sea, pero los resultados que arrojan las encuestas no son concluyentes.
En la elección del próximo domingo no está en juego la elección de la presidencia de Francia, sino mucho más. Desde cosas pequeñitas, como es por ejemplo, la convocatoria inmediata de las elecciones autonómicas en Andalucía, que se dan por convocadas en el caso de que Emmanuel Macron repita como presidente y que no es nada seguro que se convoquen si fuera presidenta Marine Le Pen. ¿Se atrevería el PP, no digo Juan Manuel Moreno Bonilla, sino la dirección nacional del PP, a convocar unas elecciones en la resaca de la victoria de Marine Le Pen, quien, sin lugar a dudas, tendría en la noche del domingo una nutrida compañía de dirigentes de Vox? Con Marine Le Pen en la presidencia la convocatoria no sería la del PP, sino la de Vox.
Pero esto, por mucho que nos afecte a los españoles en general y a los andaluces en particular, es insignificante en comparación con las réplicas que el terremoto podría tener en la Unión Europea. ¿Podría la Comisión Europea, por ejemplo, condicionar la entrega de los fondos para la reconstrucción económica al respeto al Estado de Derecho, como ha hecho recientemente con Hungría y Polonia? ¿Habría el consenso imprescindible para que la decisión pudiera ser siquiera tomada? ¿Se pronunciaría el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) con la rotundidad que lo ha hecho tras los recursos interpuestos por los Gobierno de Hungría y Polonia? ¿Se sentiría con la autoridad para expresarse de la forma en que lo ha venido haciendo desde los años sesenta del siglo pasado?
Son preguntas retóricas. En su formulación está la respuesta. La UE es una comunidad jurídica. Su fuerza es la fuerza del Derecho, que exige un consenso casi unánime entre los distintos Estados miembros para poder operar. La necesidad de consenso no es ocasional, sino permanente. Es la fuerza persuasiva de la argumentación lo que acaba inclinando la balanza en una u otra dirección.
Obviamente, en la forja del consenso no todos los Estados tienen el mismo peso y Francia, desde luego, no es uno más. Es posible que anatómicamente la UE no experimente grandes cambios después del próximo domingo, pero fisiológicamente, será completamente distinta con Marine Le Pen en la presidencia del país. Es probable que los Tratados fundacionales sigan como están y que las instituciones se mantengan con su configuración actual, pero nada será igual.
La presidencia de Marine Le Pen no supondrá previsiblemente la destrucción no ya inmediata, sino a corto plazo siquiera, de la UE, pero sí el comienzo de un proceso de descomposición, que acabará conduciendo a su disolución. La energía que hace falta para mantener con vida una organización supranacional tan enorme y tan compleja como es la UE es inmensa. Sin la contribución francesa no es posible alcanzarla. Las tendencias centrífugas se proyectarían en múltiples direcciones.
Es posible incluso que una victoria ajustada de Emmanuel Macron tenga un impacto negativo en la operatividad de la UE. Incluso muy negativo. Su autoridad se vería disminuida en la misma medida en que se vería acrecentada la de quienes se resisten a aceptar la supremacía del derecho de la UE sobre el derecho de los Estados miembros, o la prevalecía de las sentencias del TJUE sobre las de los Tribunales de cada Estado.
El domingo es un momento crítico para la UE. Es su propia supervivencia lo que puede estar en juego.
Javier Pérez Royo
Me cuesta trabajo pensar que Emmanuel Macron pueda perder el domingo y que Marine Le Pen se convierta en presidenta, pero tras el resultado del referéndum del Brexit en junio y la victoria de Donald Trump en noviembre de 2016, la ausencia de previsibilidad se ha convertido en la norma política en casi todos los países democráticamente constituidos. Las últimas elecciones presidenciales en Francia tuvieron lugar en 2017, después del referéndum del Brexit y de la elección de Donald Trump y, sin embargo, a nadie se le pasó todavía por la cabeza que Marine Le Pen tenía la más mínima no probabilidad, sino posibilidad, de ganar la elección presidencial. Se repitió con ella el resultado de su padre en 2002. Ocurrió lo que todo el mundo daba por supuesto que iba a ocurrir. Sin embargo, en este 2022, a pesar de que el resultado de la primera vuelta se asemeja al de la primera de hace cinco años, no se descarta como completamente imposible que Marine Le Pen pueda ser presidenta el domingo. Es improbable que lo sea, pero los resultados que arrojan las encuestas no son concluyentes.
En la elección del próximo domingo no está en juego la elección de la presidencia de Francia, sino mucho más. Desde cosas pequeñitas, como es por ejemplo, la convocatoria inmediata de las elecciones autonómicas en Andalucía, que se dan por convocadas en el caso de que Emmanuel Macron repita como presidente y que no es nada seguro que se convoquen si fuera presidenta Marine Le Pen. ¿Se atrevería el PP, no digo Juan Manuel Moreno Bonilla, sino la dirección nacional del PP, a convocar unas elecciones en la resaca de la victoria de Marine Le Pen, quien, sin lugar a dudas, tendría en la noche del domingo una nutrida compañía de dirigentes de Vox? Con Marine Le Pen en la presidencia la convocatoria no sería la del PP, sino la de Vox.
Pero esto, por mucho que nos afecte a los españoles en general y a los andaluces en particular, es insignificante en comparación con las réplicas que el terremoto podría tener en la Unión Europea. ¿Podría la Comisión Europea, por ejemplo, condicionar la entrega de los fondos para la reconstrucción económica al respeto al Estado de Derecho, como ha hecho recientemente con Hungría y Polonia? ¿Habría el consenso imprescindible para que la decisión pudiera ser siquiera tomada? ¿Se pronunciaría el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) con la rotundidad que lo ha hecho tras los recursos interpuestos por los Gobierno de Hungría y Polonia? ¿Se sentiría con la autoridad para expresarse de la forma en que lo ha venido haciendo desde los años sesenta del siglo pasado?
Son preguntas retóricas. En su formulación está la respuesta. La UE es una comunidad jurídica. Su fuerza es la fuerza del Derecho, que exige un consenso casi unánime entre los distintos Estados miembros para poder operar. La necesidad de consenso no es ocasional, sino permanente. Es la fuerza persuasiva de la argumentación lo que acaba inclinando la balanza en una u otra dirección.
Obviamente, en la forja del consenso no todos los Estados tienen el mismo peso y Francia, desde luego, no es uno más. Es posible que anatómicamente la UE no experimente grandes cambios después del próximo domingo, pero fisiológicamente, será completamente distinta con Marine Le Pen en la presidencia del país. Es probable que los Tratados fundacionales sigan como están y que las instituciones se mantengan con su configuración actual, pero nada será igual.
La presidencia de Marine Le Pen no supondrá previsiblemente la destrucción no ya inmediata, sino a corto plazo siquiera, de la UE, pero sí el comienzo de un proceso de descomposición, que acabará conduciendo a su disolución. La energía que hace falta para mantener con vida una organización supranacional tan enorme y tan compleja como es la UE es inmensa. Sin la contribución francesa no es posible alcanzarla. Las tendencias centrífugas se proyectarían en múltiples direcciones.
Es posible incluso que una victoria ajustada de Emmanuel Macron tenga un impacto negativo en la operatividad de la UE. Incluso muy negativo. Su autoridad se vería disminuida en la misma medida en que se vería acrecentada la de quienes se resisten a aceptar la supremacía del derecho de la UE sobre el derecho de los Estados miembros, o la prevalecía de las sentencias del TJUE sobre las de los Tribunales de cada Estado.
El domingo es un momento crítico para la UE. Es su propia supervivencia lo que puede estar en juego.
Javier Pérez Royo
viernes, 22 de abril de 2022
_- Desprecio por la Constitución. El PP y su comportamiento ante la renovación de los órganos como el TC y el CGPJ.
_- Alberto Núñez Feijóo y Elías Bendodo siguen la estela de Mariano Rajoy, a quien le gustaba decir que la gente le preguntaba por el paro o por la inmigración, pero no por la reforma de la Constitución
Alberto Núñez Feijóo, después de entrevistarse con Pedro Sánchez el pasado jueves, dijo de pasada que al ciudadano no le preocupa la renovación del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) sino la subida del precio de la luz. Elías Bendodo, en una entrevista en El País este pasado domingo, ha dicho lo mismo de otra manera: “La renovación del Poder Judicial no es una prioridad”.
Ambos siguen la estela del Mariano Rajoy, expresidente del Gobierno, a quien le gustaba decir que la gente le preguntaba por el paro o por la inmigración, pero no por la reforma de la Constitución.
Los tres tienen razón, pero la tienen porque ningún ciudadano/a tienen jamás un problema con la Constitución. Ni en España ni en ningún otro país democráticamente constituido. La Constitución no da respuesta a ningún problema de los que se le presenta a cualquier ciudadano/a a lo largo de su vida.
La Constitución no está para resolver los problemas que se plantean en la convivencia. Está para posibilitar que cualquier problema que se plantee en la convivencia ciudadana encuentre una respuesta política de una manera jurídicamente ordenada. La Constitución no resuelve ningún problema, pero sin ella no puede resolverse ninguno de manera civilizada. La Constitución es la premisa para que cualquier problema tenga una contestación civilizada, es decir, la que se obtiene mediante el debate político y que cristaliza en una norma jurídica, en una ley. Son las leyes y no la Constitución las que dan respuesta a los problemas que surgen en la convivencia.
Ahora bien, la ley —la ley democráticamente aprobada— solo es posible con base en la Constitución. Eso es lo que distingue ante todo a una sociedad democráticamente constituida de otra que no lo está. Con Franco no hacía falta Constitución para que se dictara una ley. En democracia eso no es posible. Pero en democracia, como en la época de Franco, el ciudadano/a entra en contacto con la ley y no con la Constitución. Con una ley aprobada por las Cortes Generales elegidas periódicamente mediante el ejercicio del derecho de sufragio. Pero con una ley.
Por eso, nadie tiene un problema de reforma constitucional o de renovación del Consejo General del Poder Judicial o del Tribunal Constitucional (TC) en su vida.
Y sin embargo, la reforma de la Constitución o, mejor dicho, la ausencia de reforma de la Constitución o la no renovación del CGPJ o del TC puede acabar convirtiéndose en la fuente de problemas más importante para los ciudadanos. Más importante que cualquier otra, en la medida en que pone en cuestión la normatividad del texto constitucional de la que depende la respuesta civilizada a todos los problemas que se presentan en el presente o puedan presentarse en el futuro.
La reforma de la Constitución, como la renovación del CGPJ o del TC afecta al principio de legitimidad, en el que descansa la convivencia democrática. No al principio de legalidad, sino al principio de legitimidad. Por eso la Constitución exige la mayoría cualificada de tres quintos de ambas Cámaras para su aprobación.
La reforma de la Constitución, el Poder Judicial y el Tribunal Constitucional son institutos que están en la Constitución para garantizar la renovación de una manera jurídicamente ordenada del principio de legitimidad en el que descansa el principio de legalidad, que es el principio con el que entramos en contacto los ciudadanos en nuestra vida diaria.
Sin renovación del principio de legitimidad, el principio de legalidad acaba entrando en un proceso de deterioro progresivo que acaba inevitablemente en la descomposición del sistema político y del ordenamiento jurídico de la democracia.
La no renovación del principio de legitimidad supone un desprecio por la Constitución, que deja de ser primero una Constitución “normativa” para pasar a ser una Constitución “nominal” y que acaba después, si tal desprecio se prolonga en el tiempo, en una Constitución “semántica” (Karl Loewenstein), en la que política y el derecho tienen poco que ver con la voluntad constituyente originaria.
Esto es lo que significan las palabras de Mariano Rajoy sobre la reforma de la Constitución y las de Alberto Núñez Feijóo y Elías Bendodo sobre la renovación del Poder Judicial: un desprecio por la Constitución.
Alberto Núñez Feijóo, después de entrevistarse con Pedro Sánchez el pasado jueves, dijo de pasada que al ciudadano no le preocupa la renovación del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) sino la subida del precio de la luz. Elías Bendodo, en una entrevista en El País este pasado domingo, ha dicho lo mismo de otra manera: “La renovación del Poder Judicial no es una prioridad”.
Ambos siguen la estela del Mariano Rajoy, expresidente del Gobierno, a quien le gustaba decir que la gente le preguntaba por el paro o por la inmigración, pero no por la reforma de la Constitución.
Los tres tienen razón, pero la tienen porque ningún ciudadano/a tienen jamás un problema con la Constitución. Ni en España ni en ningún otro país democráticamente constituido. La Constitución no da respuesta a ningún problema de los que se le presenta a cualquier ciudadano/a a lo largo de su vida.
La Constitución no está para resolver los problemas que se plantean en la convivencia. Está para posibilitar que cualquier problema que se plantee en la convivencia ciudadana encuentre una respuesta política de una manera jurídicamente ordenada. La Constitución no resuelve ningún problema, pero sin ella no puede resolverse ninguno de manera civilizada. La Constitución es la premisa para que cualquier problema tenga una contestación civilizada, es decir, la que se obtiene mediante el debate político y que cristaliza en una norma jurídica, en una ley. Son las leyes y no la Constitución las que dan respuesta a los problemas que surgen en la convivencia.
Ahora bien, la ley —la ley democráticamente aprobada— solo es posible con base en la Constitución. Eso es lo que distingue ante todo a una sociedad democráticamente constituida de otra que no lo está. Con Franco no hacía falta Constitución para que se dictara una ley. En democracia eso no es posible. Pero en democracia, como en la época de Franco, el ciudadano/a entra en contacto con la ley y no con la Constitución. Con una ley aprobada por las Cortes Generales elegidas periódicamente mediante el ejercicio del derecho de sufragio. Pero con una ley.
Por eso, nadie tiene un problema de reforma constitucional o de renovación del Consejo General del Poder Judicial o del Tribunal Constitucional (TC) en su vida.
Y sin embargo, la reforma de la Constitución o, mejor dicho, la ausencia de reforma de la Constitución o la no renovación del CGPJ o del TC puede acabar convirtiéndose en la fuente de problemas más importante para los ciudadanos. Más importante que cualquier otra, en la medida en que pone en cuestión la normatividad del texto constitucional de la que depende la respuesta civilizada a todos los problemas que se presentan en el presente o puedan presentarse en el futuro.
La reforma de la Constitución, como la renovación del CGPJ o del TC afecta al principio de legitimidad, en el que descansa la convivencia democrática. No al principio de legalidad, sino al principio de legitimidad. Por eso la Constitución exige la mayoría cualificada de tres quintos de ambas Cámaras para su aprobación.
La reforma de la Constitución, el Poder Judicial y el Tribunal Constitucional son institutos que están en la Constitución para garantizar la renovación de una manera jurídicamente ordenada del principio de legitimidad en el que descansa el principio de legalidad, que es el principio con el que entramos en contacto los ciudadanos en nuestra vida diaria.
Sin renovación del principio de legitimidad, el principio de legalidad acaba entrando en un proceso de deterioro progresivo que acaba inevitablemente en la descomposición del sistema político y del ordenamiento jurídico de la democracia.
La no renovación del principio de legitimidad supone un desprecio por la Constitución, que deja de ser primero una Constitución “normativa” para pasar a ser una Constitución “nominal” y que acaba después, si tal desprecio se prolonga en el tiempo, en una Constitución “semántica” (Karl Loewenstein), en la que política y el derecho tienen poco que ver con la voluntad constituyente originaria.
Esto es lo que significan las palabras de Mariano Rajoy sobre la reforma de la Constitución y las de Alberto Núñez Feijóo y Elías Bendodo sobre la renovación del Poder Judicial: un desprecio por la Constitución.
martes, 12 de abril de 2022
El desorden sigue avanzando.
En las democracias occidentales está dejando de existir lo que tradicionalmente hemos denominado el “sistema de partidos”. Hay partidos, pero no hay un sistema de partidos que transmita fiabilidad en el interior de cada país y en las relaciones de cada uno de ellos con los demás
En 2016, cuando el primer ministro David Cameron, después de haber tenido un éxito sorprendente y notable en las elecciones generales, convocó un referéndum sobre la permanencia de Gran Bretaña en la Unión Europea, prácticamente a casi nadie se le pasó por la cabeza que el resultado iba a ser el que fue. Y sin embargo, fue el que fue. El 23 de junio los ciudadanos británicos decidieron poner fin a la integración de Gran Bretaña en la UE.
Pocos meses más tarde, en las elecciones presidenciales en noviembre en Estados Unidos, aunque la casi totalidad de los estudios de opinión daban por supuesto que Hillary Clinton sería la nueva presidenta del país, fue Donald Trump quien acabó ocupando la Casa Blanca. A punto ha estado de quedarse en ella tras haber perdido las elecciones.
Hace unos meses que se ha hundido otro pilar del orden mundial posterior a la Segunda Guerra Mundial en las elecciones celebradas en Alemania. El partido democratacristiano, la CDU, no ha sido un partido europeo más, sino que ha sido sin duda la pieza más importante en el continente europeo de dicho orden mundial. Aunque no es la primera vez que ha dejado de ocupar el Gobierno, sí es la primera vez que deja de ocuparlo de la manera en que lo ha hecho. En las dos ocasiones anteriores seguía siendo un partido de gobierno, aunque estuviera en la oposición. Basta recordar quiénes fueron sus líderes en esos periodos, Helmut Kohl y Angela Merkel, que acabarían siendo Canciller Federal durante dieciséis años cada uno.
Hace cinco años que en Francia no participa en la segunda vuelta de las elecciones presidenciales ningún candidato de los dos partidos que han ocupado la presidencia de la V República. En dos ocasiones, en 1969 y 2002, no participó el candidato del Partido Socialista, pero nunca había dejado de estar presente el candidato de la derecha republicana. En las últimas elecciones no ha habido presencia de ninguno de los dos.
Este domingo se celebra la primera vuelta de las elecciones presidenciales francesas y la tendencia que van marcando los sondeos son inquietantes. Aunque Emmanuel Macron todavía sigue siendo el candidato con más probabilidades de renovar el mandato como presidente, Marine Le Pen va recortando la distancia hasta aproximarla en algunos sondeos a lo que se considera el margen de error de toda encuesta.
Podríamos seguir con Italia y España y casi con todos los países europeos. En las democracias occidentales está dejando de existir lo que tradicionalmente hemos denominado el “sistema de partidos”. Hay partidos, pero no hay un sistema de partidos que transmita fiabilidad en el interior de cada país y en las relaciones de cada uno de ellos con los demás.
En estas circunstancias se ha iniciado por Rusia la invasión de Ucrania. Vladimir Putin, que lleva desde que llegó a la presidencia de Rusia intentando desordenar los sistemas políticos de los países democráticos occidentales, ha cometido tal vez un error de cálculo pensando que las democracias occidentales estaban todavía más deterioradas de lo que realmente están y que sería difícil que pudieran responder a una embestida como la que ha protagonizado Rusia con la invasión de Ucrania.
Está claro que en la primera embestida ha fracasado, pero el desenlace del enfrentamiento que se está produciendo está lejos de haber quedado resuelto. Este pasado domingo hemos asistido al triunfo rotundo de Viktor Orbán en Hungría, donde, por cierto, se va a celebrar este año la gran conferencia de la derecha americana. Crucemos los dedos por lo que pueda pasar en Francia en las próximas semanas y lo que puede suponer la progresiva incorporación de Vox a los Gobiernos de Comunidades Autónomas, que puede acabar con su participación en el Gobierno del Estado tras unas elecciones generales.
Hay muchos quintacolumnistas de Putin en el resto de Europa e incluso en Estados Unidos. Y no se debe olvidar que es mucho más fácil destruir que construir. Aunque sorprendentemente la reacción de la UE ha sorprendido positivamente, no creo que se pueda decir lo mismo de cada uno de los Estados miembros. El desorden sigue avanzando.
https://www.eldiario.es/contracorriente/desorden-sigue-avanzando_132_8902100.html
En 2016, cuando el primer ministro David Cameron, después de haber tenido un éxito sorprendente y notable en las elecciones generales, convocó un referéndum sobre la permanencia de Gran Bretaña en la Unión Europea, prácticamente a casi nadie se le pasó por la cabeza que el resultado iba a ser el que fue. Y sin embargo, fue el que fue. El 23 de junio los ciudadanos británicos decidieron poner fin a la integración de Gran Bretaña en la UE.
Pocos meses más tarde, en las elecciones presidenciales en noviembre en Estados Unidos, aunque la casi totalidad de los estudios de opinión daban por supuesto que Hillary Clinton sería la nueva presidenta del país, fue Donald Trump quien acabó ocupando la Casa Blanca. A punto ha estado de quedarse en ella tras haber perdido las elecciones.
Hace unos meses que se ha hundido otro pilar del orden mundial posterior a la Segunda Guerra Mundial en las elecciones celebradas en Alemania. El partido democratacristiano, la CDU, no ha sido un partido europeo más, sino que ha sido sin duda la pieza más importante en el continente europeo de dicho orden mundial. Aunque no es la primera vez que ha dejado de ocupar el Gobierno, sí es la primera vez que deja de ocuparlo de la manera en que lo ha hecho. En las dos ocasiones anteriores seguía siendo un partido de gobierno, aunque estuviera en la oposición. Basta recordar quiénes fueron sus líderes en esos periodos, Helmut Kohl y Angela Merkel, que acabarían siendo Canciller Federal durante dieciséis años cada uno.
Hace cinco años que en Francia no participa en la segunda vuelta de las elecciones presidenciales ningún candidato de los dos partidos que han ocupado la presidencia de la V República. En dos ocasiones, en 1969 y 2002, no participó el candidato del Partido Socialista, pero nunca había dejado de estar presente el candidato de la derecha republicana. En las últimas elecciones no ha habido presencia de ninguno de los dos.
Este domingo se celebra la primera vuelta de las elecciones presidenciales francesas y la tendencia que van marcando los sondeos son inquietantes. Aunque Emmanuel Macron todavía sigue siendo el candidato con más probabilidades de renovar el mandato como presidente, Marine Le Pen va recortando la distancia hasta aproximarla en algunos sondeos a lo que se considera el margen de error de toda encuesta.
Podríamos seguir con Italia y España y casi con todos los países europeos. En las democracias occidentales está dejando de existir lo que tradicionalmente hemos denominado el “sistema de partidos”. Hay partidos, pero no hay un sistema de partidos que transmita fiabilidad en el interior de cada país y en las relaciones de cada uno de ellos con los demás.
En estas circunstancias se ha iniciado por Rusia la invasión de Ucrania. Vladimir Putin, que lleva desde que llegó a la presidencia de Rusia intentando desordenar los sistemas políticos de los países democráticos occidentales, ha cometido tal vez un error de cálculo pensando que las democracias occidentales estaban todavía más deterioradas de lo que realmente están y que sería difícil que pudieran responder a una embestida como la que ha protagonizado Rusia con la invasión de Ucrania.
Está claro que en la primera embestida ha fracasado, pero el desenlace del enfrentamiento que se está produciendo está lejos de haber quedado resuelto. Este pasado domingo hemos asistido al triunfo rotundo de Viktor Orbán en Hungría, donde, por cierto, se va a celebrar este año la gran conferencia de la derecha americana. Crucemos los dedos por lo que pueda pasar en Francia en las próximas semanas y lo que puede suponer la progresiva incorporación de Vox a los Gobiernos de Comunidades Autónomas, que puede acabar con su participación en el Gobierno del Estado tras unas elecciones generales.
Hay muchos quintacolumnistas de Putin en el resto de Europa e incluso en Estados Unidos. Y no se debe olvidar que es mucho más fácil destruir que construir. Aunque sorprendentemente la reacción de la UE ha sorprendido positivamente, no creo que se pueda decir lo mismo de cada uno de los Estados miembros. El desorden sigue avanzando.
https://www.eldiario.es/contracorriente/desorden-sigue-avanzando_132_8902100.html
lunes, 28 de marzo de 2022
La materia de la que está hecha la vida.
El PP se encuentra en 2022 en peor situación que en 2018. Casado no solamente ha deslavazado la organización interna del partido, sino que además ha permitido con su discurso que VOX haya aumentado su presencia.
No acabo de entender por qué Alberto Núñez Feijóo renunció a la oportunidad de convertirse en presidente del PP en 2018, cuando Mariano Rajoy tuvo que abandonar la Presidencia del Gobierno como consecuencia de la aprobación de la moción de censura encabezada por Pedro Sánchez. Si hubiera decidido presentar su candidatura en el Congreso extraordinario que se convocó entonces para sustituir a Mariano Rajoy, se habría producido casi con total seguridad la confluencia en torno a su candidatura que se acaba de producir tras el “golpe” de Isabel Díaz Ayuso contra Pablo Casado.
Cuatro años es mucho tiempo. Especialmente en política. Y más todavía cuando opera en el interior de una organización política extraordinariamente degradada como era el PP tras los casi quince años de la presidencia de Mariano Rajoy, siete de los cuales en calidad, además, de presidente del Gobierno. No se puede perder de vista que el PP dejó de ser Gobierno de la nación tras la certificación judicial de la corrupción por la Audiencia Nacional. Los casos de corrupción se habían ido acumulando y eran sobradamente conocidos, pero hacía falta que fuera acreditada por el poder judicial para que resultara insoportable. Es lo que ocurrió en 2018.
Con Mariano Rajoy se cierra la época que se inició con la llegada de José María Aznar en 1989 con la refundación de AP como PP. Desde 1989 a 2018 hay una generación de dirigentes que se mantiene al frente del partido tanto cuando están en el gobierno, entre 1986 y 2004 y entre 2011 y 2018, como cuando están en la oposición entre 2004 y 2011. Hay una continuidad en el discurso político y en las personas portadoras del mismo, así como también en la práctica continuada de la corrupción en todos los escalones de nuestra fórmula de gobierno.
Quien sustituyera a Mariano Rajoy tenía que hacer un ajuste de cuentas con la trayectoria del PP durante veinte años. No se trataba, por tanto, de una sustitución normal, sino de una sustitución excepcional, ya que tenía que ocuparse, ante todo, de taponar el proceso de deterioro que se había venido acelerando en el interior del partido como paso previo para intentar recuperar la imagen de un partido de gobierno de España.
En esta circunstancia el tiempo es un factor fundamental. No se podían dar pasos en falso, que no solamente no consiguieran revertir el proceso de deterioro, sino que incluso lo aceleraran. Y sin embargo, eso es justamente lo que hizo Alberto Núñez Feijóo al permitir que Pablo Casado se convirtiera en presidente del PP.
El PP se encuentra en 2022 en peor situación que en 2018. Casado no solamente ha deslavazado la organización interna del partido, sino que además ha permitido con su discurso que VOX haya conseguido aumentar su presencia en el escenario político.
Pablo Casado heredó de Mariano Rajoy un partido muy deteriorado. Núñez Feijóo va a heredar de Pablo Casado un partido todavía más deteriorado. Con una competidora interna, como Isabel Díaz Ayuso y con un competidor externo crecido como Santiago Abascal, que le van a privar de autonomía para definir la línea estratégica del PP hacia dentro y hacia fuera.
Y Feijóo no puede hacer responsable a nadie más que a sí mismo de iniciar su ejecutoria como presidente en las circunstancias en que va a hacerlo. Si hubiera optado por serlo en 2018, no tendría a Isabel Díaz Ayuso en la presidencia de la Comunidad de Madrid y habría podido defender su espacio político frente a la penetración de VOX.
Benjamin Franklin nos advirtió frente al riesgo que supone perder el tiempo, porque el tiempo es la materia de la que está hecha la vida. Me imagino que Alberto Núñez Feijóo se tiene que estar arrepintiendo de no haber atendido a la advertencia de B. Franklin. El Gobierno de coalición con VOX en Castilla y León se lo acaba de recordar antes incluso de ser proclamado formalmente presidente. Es la primera estación del vía crucis que le espera.
https://www.eldiario.es/contracorriente/materia-hecha-vida_132_8846646.html
No acabo de entender por qué Alberto Núñez Feijóo renunció a la oportunidad de convertirse en presidente del PP en 2018, cuando Mariano Rajoy tuvo que abandonar la Presidencia del Gobierno como consecuencia de la aprobación de la moción de censura encabezada por Pedro Sánchez. Si hubiera decidido presentar su candidatura en el Congreso extraordinario que se convocó entonces para sustituir a Mariano Rajoy, se habría producido casi con total seguridad la confluencia en torno a su candidatura que se acaba de producir tras el “golpe” de Isabel Díaz Ayuso contra Pablo Casado.
Cuatro años es mucho tiempo. Especialmente en política. Y más todavía cuando opera en el interior de una organización política extraordinariamente degradada como era el PP tras los casi quince años de la presidencia de Mariano Rajoy, siete de los cuales en calidad, además, de presidente del Gobierno. No se puede perder de vista que el PP dejó de ser Gobierno de la nación tras la certificación judicial de la corrupción por la Audiencia Nacional. Los casos de corrupción se habían ido acumulando y eran sobradamente conocidos, pero hacía falta que fuera acreditada por el poder judicial para que resultara insoportable. Es lo que ocurrió en 2018.
Con Mariano Rajoy se cierra la época que se inició con la llegada de José María Aznar en 1989 con la refundación de AP como PP. Desde 1989 a 2018 hay una generación de dirigentes que se mantiene al frente del partido tanto cuando están en el gobierno, entre 1986 y 2004 y entre 2011 y 2018, como cuando están en la oposición entre 2004 y 2011. Hay una continuidad en el discurso político y en las personas portadoras del mismo, así como también en la práctica continuada de la corrupción en todos los escalones de nuestra fórmula de gobierno.
Quien sustituyera a Mariano Rajoy tenía que hacer un ajuste de cuentas con la trayectoria del PP durante veinte años. No se trataba, por tanto, de una sustitución normal, sino de una sustitución excepcional, ya que tenía que ocuparse, ante todo, de taponar el proceso de deterioro que se había venido acelerando en el interior del partido como paso previo para intentar recuperar la imagen de un partido de gobierno de España.
En esta circunstancia el tiempo es un factor fundamental. No se podían dar pasos en falso, que no solamente no consiguieran revertir el proceso de deterioro, sino que incluso lo aceleraran. Y sin embargo, eso es justamente lo que hizo Alberto Núñez Feijóo al permitir que Pablo Casado se convirtiera en presidente del PP.
El PP se encuentra en 2022 en peor situación que en 2018. Casado no solamente ha deslavazado la organización interna del partido, sino que además ha permitido con su discurso que VOX haya conseguido aumentar su presencia en el escenario político.
Pablo Casado heredó de Mariano Rajoy un partido muy deteriorado. Núñez Feijóo va a heredar de Pablo Casado un partido todavía más deteriorado. Con una competidora interna, como Isabel Díaz Ayuso y con un competidor externo crecido como Santiago Abascal, que le van a privar de autonomía para definir la línea estratégica del PP hacia dentro y hacia fuera.
Y Feijóo no puede hacer responsable a nadie más que a sí mismo de iniciar su ejecutoria como presidente en las circunstancias en que va a hacerlo. Si hubiera optado por serlo en 2018, no tendría a Isabel Díaz Ayuso en la presidencia de la Comunidad de Madrid y habría podido defender su espacio político frente a la penetración de VOX.
Benjamin Franklin nos advirtió frente al riesgo que supone perder el tiempo, porque el tiempo es la materia de la que está hecha la vida. Me imagino que Alberto Núñez Feijóo se tiene que estar arrepintiendo de no haber atendido a la advertencia de B. Franklin. El Gobierno de coalición con VOX en Castilla y León se lo acaba de recordar antes incluso de ser proclamado formalmente presidente. Es la primera estación del vía crucis que le espera.
https://www.eldiario.es/contracorriente/materia-hecha-vida_132_8846646.html
miércoles, 16 de marzo de 2022
Javier Pérez Royo, catedrático de Derecho Constitucional. Es el momento de que las Cortes Generales investiguen al emérito.
Debería ser este órgano constitucional el que definiera de qué manera se va a proceder en la investigación las potenciales irregularidades en la ejecutoria de don Juan Carlos I de Borbón.
Como el lector sin duda recordará, la Casa Real emitió el comunicado informando de la conducta posiblemente irregular e incluso potencialmente constitutiva de delito y, en todo caso, condenable desde una perspectiva ética de don Juan Carlos, el mismo día en que se hizo público en el BOE el Real Decreto mediante el que se declaró por primera vez el Estado de Alarma. Dado que, como se decía en el propio comunicado, el rey Felipe VI había tenido conocimiento de dicha conducta desde hacía casi año y medio, parecía claro que, con la elección de la fecha, se pretendía distraer la atención de la opinión pública de la información que se transmitía.
La Fiscalía Anticorrupción ha decidido seguir la senda de la Casa Real y anunciar el archivo definitivo de la investigación sobre la conducta de don Juan Carlos en el momento en que la invasión de Ucrania por Rusia está ocupando la atención de la opinión pública nacional e internacional. Ante el desasosiego generado por el escenario bélico, es posible que se haya pensado que era el momento oportuno para anunciar la mencionada medida de archivo.
Nunca he sido partidario de la investigación de la conducta de don Juan Carlos por el Poder Judicial y, por lo tanto, no estoy ni a favor ni en contra de la decisión del Ministerio Fiscal. En mi opinión, son las Cortes Generales, que es el único órgano constitucional que "representa al pueblo español" (art. 66.1 de la Constitución Española, CE), las que deben decidir si someten a juicio la conducta del rey. La de don Juan Carlos I o la de Felipe VI, llegado el caso. "La justicia se administra… en nombre del Rey por Jueces y Magistrados integrantes del poder judicial" dice el primer inciso del primer artículo del Título VI de la Constitución, "Del Poder Judicial". No hay en la Constitución nada que permita atribuir al Poder Judicial el conocimiento de la conducta del rey.
Tampoco hay nada que permita atribuir dicho conocimiento a las Cortes Generales. Pero entre los Jueces y Magistrados que integran el Poder Judicial y las Cortes Generales hay una diferencia determinante. Las Cortes Generales son el único órgano constitucional a través del cual se expresa "La soberanía nacional que reside en el pueblo español" (art. 1.2 CE). El artículo 66.1 es el único artículo que conecta de manera inmediata y directa con el artículo 1.2 de la Constitución.
Como consecuencia de ello, las Cortes Generales es el único órgano constitucional que tiene "libertad" para actuar. No necesita tener una habilitación expresa para dar a un problema la respuesta que estime conveniente. Las Cortes Generales tienen "libertad" para identificar el problema y darle a continuación respuesta. Solamente ellas pueden hacerlo.
Quiere decirse, pues, que, en ausencia de previsión constitucional sobre un determinado asunto, como puede ser el de la exigencia de responsabilidad al rey en los actos no refrendados, son las Cortes Generales las que, si así lo consideran necesario, tienen que tomar la iniciativa y decidir de qué manera se tiene que proceder.
Ante la acumulación de informaciones sobre potenciales irregularidades en la ejecutoria de don Juan Carlos I de Borbón tanto durante los años en que fue titular de la Jefatura del Estado como en los que han transcurrido después de su abdicación, deberían ser las Cortes Generales las que definieran de qué manera se va a proceder en la investigación de las mismas. Y una vez concluida la investigación, las que tendrían que adoptar la decisión que estimaran pertinente.
Para las Cortes Generales la inviolabilidad no excluye la investigación de la conducta del rey. La inviolabilidad podría proteger frente a la exigencia de investigación por parte del Poder Judicial, pero no por parte de las Cortes Generales. Tras la investigación de su ejecutoria, las Cortes Generales pueden decidir que no hay nada que reprochar al rey o bien que el rey se ha inhabilitado con su conducta para ocupar la Jefatura del Estado. No se le puede condenar a una pena privativa de libertad, pero sí a que deje de ser Jefe del Estado.
Las Cortes Generales también pueden, tras dicha investigación, decidir qué reformas de tipo normativo se tendrían que introducir en el ordenamiento para evitar que puedan volver a producirse conductas como las que se habrían estado investigando.
Incluso pueden proponer que se active el procedimiento de revisión de la Constitución, con la finalidad de que quede definida la Monarquía Parlamentaria de manera más precisa. Dado que la revisión constitucional exige la ratificación en referéndum de la decisión adoptada por las Cortes Generales, podría ser una buena ocasión para que, lo que debió hacerse en el momento constituyente originario, se acabe haciendo en este.
https://www.eldiario.es/contracorriente/momento-cortes-generales-investiguen-emerito_132_8797236.html
Como el lector sin duda recordará, la Casa Real emitió el comunicado informando de la conducta posiblemente irregular e incluso potencialmente constitutiva de delito y, en todo caso, condenable desde una perspectiva ética de don Juan Carlos, el mismo día en que se hizo público en el BOE el Real Decreto mediante el que se declaró por primera vez el Estado de Alarma. Dado que, como se decía en el propio comunicado, el rey Felipe VI había tenido conocimiento de dicha conducta desde hacía casi año y medio, parecía claro que, con la elección de la fecha, se pretendía distraer la atención de la opinión pública de la información que se transmitía.
La Fiscalía Anticorrupción ha decidido seguir la senda de la Casa Real y anunciar el archivo definitivo de la investigación sobre la conducta de don Juan Carlos en el momento en que la invasión de Ucrania por Rusia está ocupando la atención de la opinión pública nacional e internacional. Ante el desasosiego generado por el escenario bélico, es posible que se haya pensado que era el momento oportuno para anunciar la mencionada medida de archivo.
Nunca he sido partidario de la investigación de la conducta de don Juan Carlos por el Poder Judicial y, por lo tanto, no estoy ni a favor ni en contra de la decisión del Ministerio Fiscal. En mi opinión, son las Cortes Generales, que es el único órgano constitucional que "representa al pueblo español" (art. 66.1 de la Constitución Española, CE), las que deben decidir si someten a juicio la conducta del rey. La de don Juan Carlos I o la de Felipe VI, llegado el caso. "La justicia se administra… en nombre del Rey por Jueces y Magistrados integrantes del poder judicial" dice el primer inciso del primer artículo del Título VI de la Constitución, "Del Poder Judicial". No hay en la Constitución nada que permita atribuir al Poder Judicial el conocimiento de la conducta del rey.
Tampoco hay nada que permita atribuir dicho conocimiento a las Cortes Generales. Pero entre los Jueces y Magistrados que integran el Poder Judicial y las Cortes Generales hay una diferencia determinante. Las Cortes Generales son el único órgano constitucional a través del cual se expresa "La soberanía nacional que reside en el pueblo español" (art. 1.2 CE). El artículo 66.1 es el único artículo que conecta de manera inmediata y directa con el artículo 1.2 de la Constitución.
Como consecuencia de ello, las Cortes Generales es el único órgano constitucional que tiene "libertad" para actuar. No necesita tener una habilitación expresa para dar a un problema la respuesta que estime conveniente. Las Cortes Generales tienen "libertad" para identificar el problema y darle a continuación respuesta. Solamente ellas pueden hacerlo.
Quiere decirse, pues, que, en ausencia de previsión constitucional sobre un determinado asunto, como puede ser el de la exigencia de responsabilidad al rey en los actos no refrendados, son las Cortes Generales las que, si así lo consideran necesario, tienen que tomar la iniciativa y decidir de qué manera se tiene que proceder.
Ante la acumulación de informaciones sobre potenciales irregularidades en la ejecutoria de don Juan Carlos I de Borbón tanto durante los años en que fue titular de la Jefatura del Estado como en los que han transcurrido después de su abdicación, deberían ser las Cortes Generales las que definieran de qué manera se va a proceder en la investigación de las mismas. Y una vez concluida la investigación, las que tendrían que adoptar la decisión que estimaran pertinente.
Para las Cortes Generales la inviolabilidad no excluye la investigación de la conducta del rey. La inviolabilidad podría proteger frente a la exigencia de investigación por parte del Poder Judicial, pero no por parte de las Cortes Generales. Tras la investigación de su ejecutoria, las Cortes Generales pueden decidir que no hay nada que reprochar al rey o bien que el rey se ha inhabilitado con su conducta para ocupar la Jefatura del Estado. No se le puede condenar a una pena privativa de libertad, pero sí a que deje de ser Jefe del Estado.
Las Cortes Generales también pueden, tras dicha investigación, decidir qué reformas de tipo normativo se tendrían que introducir en el ordenamiento para evitar que puedan volver a producirse conductas como las que se habrían estado investigando.
Incluso pueden proponer que se active el procedimiento de revisión de la Constitución, con la finalidad de que quede definida la Monarquía Parlamentaria de manera más precisa. Dado que la revisión constitucional exige la ratificación en referéndum de la decisión adoptada por las Cortes Generales, podría ser una buena ocasión para que, lo que debió hacerse en el momento constituyente originario, se acabe haciendo en este.
https://www.eldiario.es/contracorriente/momento-cortes-generales-investiguen-emerito_132_8797236.html
sábado, 12 de marzo de 2022
_- Javier Pérez Royo. El vía crucis de las inmatriculaciones de la Iglesia Católica: una aberración jurídica
_- Como el lector habrá advertido, el título del artículo no es mío, sino de Raúl Rejón, que detalló este pasado martes cómo el Gobierno de José María Aznar, mediante el Real Decreto 1867/1998 por el que se modifican determinados artículos del Reglamento hipotecario, habilitó a la Iglesia católica para registrar inmuebles con la sola firma del obispo de la diócesis como prueba de su propiedad.
Dicha habilitación supone una innovación del ordenamiento jurídico de una trascendencia extraordinaria. Lo que no se podía hacer en ningún caso antes del Real Decreto, se ha podido hacer después de su publicación y entrada en vigor. En decenas de miles de ocasiones la Iglesia católica no ha necesitado nada más que la firma del obispo de la diócesis para acreditar la propiedad de un determinado inmueble y poder proceder a inscribirlo a continuación en el Registro de la Propiedad.
Esta facultad que se atribuye a la Iglesia católica no deriva de los Acuerdos entre el Estado y la Santa Sede de enero de 1979. No encuentra su fundamento tampoco en ninguna Ley aprobada por las Cortes Generales. Es una facultad que crea ex novo una norma de naturaleza reglamentaria, que carece de rango normativo para poder hacerlo.
Se trata de una aberración jurídica, que subvierte el sistema de fuentes del derecho vigente en nuestro país desde la entrada en vigor de la Constitución. En realidad, desde siempre, desde que existe en España el Estado Constitucional. Incluso en la época del General Franco.
Únicamente las Cortes Generales pueden innovar el ordenamiento jurídico del Estado. El monopolio de creación del derecho a favor de las Cortes Generales es la brújula que permite al jurista, y al no jurista también, orientarse en la selva de disposiciones en que el ordenamiento del Estado de nuestros días consiste. Siempre que se encuentre ante una disposición de carácter normativo el jurista tiene que hacerse la siguiente pregunta: ¿se innova con ella el ordenamiento jurídico, hay creación de derecho? Y si la respuesta es afirmativa, tiene que formularse inmediatamente otra. ¿Dónde están las Cortes Generales? Si estas no aparecen, esa creación del derecho es anticonstitucional.
Esto es lo que ocurre con el Real Decreto 1867/1998, con base en el cual la Iglesia Católica ha procedido a inscribir en el Registro de la Propiedad decenas de miles de inmuebles. Es obvio que otorgar a la firma del obispo de una diócesis el valor de prueba acreditativa de la propiedad de un bien inmueble supone una innovación del ordenamiento jurídico español. En ningún momento de la historia del Estado Constitucional español han dispuesto los obispos de tal facultad. Jamás se la ha ocurrido a las Cortes Generales contemplar siquiera tal posibilidad.
Quiere decirse, pues, que todas las operaciones de registro de bienes con base exclusivamente en la firma del obispo de la diócesis correspondiente tienen que ser consideradas nulas de pleno derecho. El Estado no tiene que negociar con la Iglesia católica respecto a qué debe hacerse con tales bienes. Son las Cortes Generales las que tienen que tomar la decisión de lo que debe hacerse. Sin negociar nada. De manera unilateral, como titular que es de la potestad legislativa en régimen de monopolio.
A la Iglesia católica no hay ni siquiera que oírla, aunque las Cortes Generales pueden decidir que aleguen lo que estime pertinente. Pero no porque tenga derecho a ser oída, sino porque las Cortes Generales graciosamente así lo deciden.
Habría que retrotraer el status de todos los inmuebles registrados por la Iglesia con base en el Real Decreto 1867/1998 al que tenían antes de que tal Real Decreto fuera dictado. Una vez corregida la aberración que ha supuesto la publicación de dicho Real Decreto y su aplicación posterior, se estaría en condiciones de decidir de manera jurídicamente correcta qué es lo que debe ocurrir con cada uno de tales inmuebles.
Un mínimo de dignidad democrática impone que los órganos constitucionales del Estado actúen de esta manera.
[Fuente: eldiario.es
Dicha habilitación supone una innovación del ordenamiento jurídico de una trascendencia extraordinaria. Lo que no se podía hacer en ningún caso antes del Real Decreto, se ha podido hacer después de su publicación y entrada en vigor. En decenas de miles de ocasiones la Iglesia católica no ha necesitado nada más que la firma del obispo de la diócesis para acreditar la propiedad de un determinado inmueble y poder proceder a inscribirlo a continuación en el Registro de la Propiedad.
Esta facultad que se atribuye a la Iglesia católica no deriva de los Acuerdos entre el Estado y la Santa Sede de enero de 1979. No encuentra su fundamento tampoco en ninguna Ley aprobada por las Cortes Generales. Es una facultad que crea ex novo una norma de naturaleza reglamentaria, que carece de rango normativo para poder hacerlo.
Se trata de una aberración jurídica, que subvierte el sistema de fuentes del derecho vigente en nuestro país desde la entrada en vigor de la Constitución. En realidad, desde siempre, desde que existe en España el Estado Constitucional. Incluso en la época del General Franco.
Únicamente las Cortes Generales pueden innovar el ordenamiento jurídico del Estado. El monopolio de creación del derecho a favor de las Cortes Generales es la brújula que permite al jurista, y al no jurista también, orientarse en la selva de disposiciones en que el ordenamiento del Estado de nuestros días consiste. Siempre que se encuentre ante una disposición de carácter normativo el jurista tiene que hacerse la siguiente pregunta: ¿se innova con ella el ordenamiento jurídico, hay creación de derecho? Y si la respuesta es afirmativa, tiene que formularse inmediatamente otra. ¿Dónde están las Cortes Generales? Si estas no aparecen, esa creación del derecho es anticonstitucional.
Esto es lo que ocurre con el Real Decreto 1867/1998, con base en el cual la Iglesia Católica ha procedido a inscribir en el Registro de la Propiedad decenas de miles de inmuebles. Es obvio que otorgar a la firma del obispo de una diócesis el valor de prueba acreditativa de la propiedad de un bien inmueble supone una innovación del ordenamiento jurídico español. En ningún momento de la historia del Estado Constitucional español han dispuesto los obispos de tal facultad. Jamás se la ha ocurrido a las Cortes Generales contemplar siquiera tal posibilidad.
Quiere decirse, pues, que todas las operaciones de registro de bienes con base exclusivamente en la firma del obispo de la diócesis correspondiente tienen que ser consideradas nulas de pleno derecho. El Estado no tiene que negociar con la Iglesia católica respecto a qué debe hacerse con tales bienes. Son las Cortes Generales las que tienen que tomar la decisión de lo que debe hacerse. Sin negociar nada. De manera unilateral, como titular que es de la potestad legislativa en régimen de monopolio.
A la Iglesia católica no hay ni siquiera que oírla, aunque las Cortes Generales pueden decidir que aleguen lo que estime pertinente. Pero no porque tenga derecho a ser oída, sino porque las Cortes Generales graciosamente así lo deciden.
Habría que retrotraer el status de todos los inmuebles registrados por la Iglesia con base en el Real Decreto 1867/1998 al que tenían antes de que tal Real Decreto fuera dictado. Una vez corregida la aberración que ha supuesto la publicación de dicho Real Decreto y su aplicación posterior, se estaría en condiciones de decidir de manera jurídicamente correcta qué es lo que debe ocurrir con cada uno de tales inmuebles.
Un mínimo de dignidad democrática impone que los órganos constitucionales del Estado actúen de esta manera.
[Fuente: eldiario.es
miércoles, 9 de marzo de 2022
_- Javier Pérez Royo. Un problema estructural. El PP.
_- La elección de manera democrática del presidente del partido ha sido la excepción y no la norma en el partido de gobierno de la derecha española. La legitimidad democrática de origen no ha sido garantía de permanencia en el cargo, sino todo lo contrario
Antonio Hernández Mancha y Pablo Casado han sido las dos únicas personas que han llegado a ser presidentes del partido de gobierno de la derecha española, AP/PP, mediante una elección democráticamente competitiva.
Hernández Mancha competiría con Miguel Herrero Rodríguez de Miñón en el congreso extraordinario convocado por el PP tras las elecciones generales de 1986, en las que el presidente fundador Manuel Fraga entendió que había alcanzado su “techo electoral” y que el partido necesitaba un nuevo presidente para poder competir con éxito en unas elecciones generales. Estuvo apenas dos años en la presidencia, siendo destituido por Manuel Fraga a principio de 1989, quien a continuación designaría como su sucesor en la presidencia a José María Aznar, que sería formalmente elegido en el congreso de Sevilla, en el que AP se refundaría como PP.
Pablo Casado tendría que competir con Soraya Sáenz de Santamaría y María Dolores de Cospedal en el congreso extraordinario que se convocaría tras el éxito de la moción de censura encabezada por Pedro Sánchez contra Mariano Rajoy en 2018. Todavía en este momento continúa siendo presidente, aunque este martes se va a convocar un congreso extraordinario para aclamar o ratificar, más que para elegir, a Alberto Núñez Feijóo como presidente.
La elección de manera democrática del presidente del partido ha sido la excepción y no la norma en el partido de gobierno de la derecha española. La legitimidad democrática de origen no ha sido garantía de permanencia en el cargo, sino todo lo contrario. Han sido los candidatos que han heredado el cargo los que se han mantenido en el mismo de manera prolongada, sin que se haya puesto en cuestión su autoridad nunca.
El partido de gobierno de la derecha española, AP/PP, ha sido, en consecuencia, un partido “sustancialmente resistente a la democracia” en su funcionamiento interno. Formalmente es un partido democrático. Materialmente lo ha sido de manera muy defectuosa. De los 45 años que van desde 1977 hasta 2022, los presidentes democráticamente elegidos lo han sido durante seis años, mientras que los que han heredado el cargo lo han sido durante 39.
Consciente, sin duda, de esta trayectoria de AP/PP Núñez Feijóo ha resistido la tentación de aceptar su designación como presidente antes de que tenga lugar el Congreso en el que tiene que ser elegido. Su declaración hace unos días de que la presidencia no está vacante y de que el congreso no está todavía convocado, no pudiendo en consecuencia, considerarse a sí mismo como candidato, es una buena expresión de reflejos democráticos.
Pero el problema permanece. Núñez Feijóo va a ser presidente porque se ha producido una suerte de “rebelión” contra el presidente Casado por parte de la presidenta de la Comunidad de Madrid, fuertemente secundada por los medios de comunicación de la derecha española, a la que se han acabado incorporando todos los presidentes regionales.
Se trata, además, de una rebelión en la que la sombra de la corrupción ocupa un lugar muy destacado. Por lo que se va sabiendo, los indicios de corrupción en la conducta de Isabel Díaz Ayuso y su entorno familiar van siendo cada vez más consistentes. La finalidad de la rebelión no ha sido otra que la de impedir que la investigación de la conducta de la presidenta pudiera materializarse. De ahí la urgencia para poner fin a la presidencia de Pablo Casado. En cuestión de días la posición de la presidenta de la Comunidad de Madrid podía volverse insostenible. Tenía que liquidar a Casado de manera fulminante.
En las semanas que quedan hasta la celebración del congreso, aunque no parece que la investigación del Ministerio Fiscal haya alcanzado una conclusión relevante, sí es posible que la investigación por los medios de comunicación avance de manera significativa y que se invierta en la opinión pública el juicio sobre las conductas de Casado y Díaz Ayuso en este turbio asunto.
En todo caso, las circunstancias en las que Núñez Feijóo va a acceder a la presidencia del PP no son las mejores. No es como consecuencia de un proceso democrático limpio, sino de un oscuro golpe contra el presidente Casado para tapar la posible corrupción de la presidenta de la Comunidad de Madrid y su entorno, como va a llegar a la dirección del partido.
Antonio Hernández Mancha y Pablo Casado han sido las dos únicas personas que han llegado a ser presidentes del partido de gobierno de la derecha española, AP/PP, mediante una elección democráticamente competitiva.
Hernández Mancha competiría con Miguel Herrero Rodríguez de Miñón en el congreso extraordinario convocado por el PP tras las elecciones generales de 1986, en las que el presidente fundador Manuel Fraga entendió que había alcanzado su “techo electoral” y que el partido necesitaba un nuevo presidente para poder competir con éxito en unas elecciones generales. Estuvo apenas dos años en la presidencia, siendo destituido por Manuel Fraga a principio de 1989, quien a continuación designaría como su sucesor en la presidencia a José María Aznar, que sería formalmente elegido en el congreso de Sevilla, en el que AP se refundaría como PP.
Pablo Casado tendría que competir con Soraya Sáenz de Santamaría y María Dolores de Cospedal en el congreso extraordinario que se convocaría tras el éxito de la moción de censura encabezada por Pedro Sánchez contra Mariano Rajoy en 2018. Todavía en este momento continúa siendo presidente, aunque este martes se va a convocar un congreso extraordinario para aclamar o ratificar, más que para elegir, a Alberto Núñez Feijóo como presidente.
La elección de manera democrática del presidente del partido ha sido la excepción y no la norma en el partido de gobierno de la derecha española. La legitimidad democrática de origen no ha sido garantía de permanencia en el cargo, sino todo lo contrario. Han sido los candidatos que han heredado el cargo los que se han mantenido en el mismo de manera prolongada, sin que se haya puesto en cuestión su autoridad nunca.
El partido de gobierno de la derecha española, AP/PP, ha sido, en consecuencia, un partido “sustancialmente resistente a la democracia” en su funcionamiento interno. Formalmente es un partido democrático. Materialmente lo ha sido de manera muy defectuosa. De los 45 años que van desde 1977 hasta 2022, los presidentes democráticamente elegidos lo han sido durante seis años, mientras que los que han heredado el cargo lo han sido durante 39.
Consciente, sin duda, de esta trayectoria de AP/PP Núñez Feijóo ha resistido la tentación de aceptar su designación como presidente antes de que tenga lugar el Congreso en el que tiene que ser elegido. Su declaración hace unos días de que la presidencia no está vacante y de que el congreso no está todavía convocado, no pudiendo en consecuencia, considerarse a sí mismo como candidato, es una buena expresión de reflejos democráticos.
Pero el problema permanece. Núñez Feijóo va a ser presidente porque se ha producido una suerte de “rebelión” contra el presidente Casado por parte de la presidenta de la Comunidad de Madrid, fuertemente secundada por los medios de comunicación de la derecha española, a la que se han acabado incorporando todos los presidentes regionales.
Se trata, además, de una rebelión en la que la sombra de la corrupción ocupa un lugar muy destacado. Por lo que se va sabiendo, los indicios de corrupción en la conducta de Isabel Díaz Ayuso y su entorno familiar van siendo cada vez más consistentes. La finalidad de la rebelión no ha sido otra que la de impedir que la investigación de la conducta de la presidenta pudiera materializarse. De ahí la urgencia para poner fin a la presidencia de Pablo Casado. En cuestión de días la posición de la presidenta de la Comunidad de Madrid podía volverse insostenible. Tenía que liquidar a Casado de manera fulminante.
En las semanas que quedan hasta la celebración del congreso, aunque no parece que la investigación del Ministerio Fiscal haya alcanzado una conclusión relevante, sí es posible que la investigación por los medios de comunicación avance de manera significativa y que se invierta en la opinión pública el juicio sobre las conductas de Casado y Díaz Ayuso en este turbio asunto.
En todo caso, las circunstancias en las que Núñez Feijóo va a acceder a la presidencia del PP no son las mejores. No es como consecuencia de un proceso democrático limpio, sino de un oscuro golpe contra el presidente Casado para tapar la posible corrupción de la presidenta de la Comunidad de Madrid y su entorno, como va a llegar a la dirección del partido.
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